Incitación al odio

En La Mirada Semanal

Gabriel Zaliasnik contraviene el espíritu de concordia entre comunidades intentando descalificar a un candidato presidencial motejándolo de antisemita. No es ser antisemita rechazar la ocupación ilegal de los territorios palestinos y condenar la violencia sistémica que allí de ejerce por los gobernantes del Estado de Israel.

Sobre la candidatura de Daniel Jadue se han vertido todo tipo de descalificaciones. Pero tal vez la más grave es la reiterada por Gabriel Zaliasnik, que le imputa a Daniel Jadue padecer de “judeofobia”. Argumenta de manera falaz del siguiente modo en una columna: “pero envuelve una enseñanza sobre el absurdo del antisemitismo, atingente en momentos que se conoce la biografía de Daniel Jadue elaborada por sus compañeros del Liceo Alemán (…) Lo anterior no pasaría de una racista y discriminadora burla si lo que los amigos advertían, no hubiera sido luego una constante en la vida pública de Jadue. En efecto, era un afinado prólogo de su trayectoria vital. El anuario ha sido actualizado recientemente por la organización internacional de Derechos Humanos Centro Simón Wiesenthal (…). Pero ¿qué impide a muchos distinguir los claros trazos de judeofobia que ya manifestaba Daniel Jadue al egresar del Liceo Alemán? La apatía general no puede explicarse solo en el paso del tiempo ni tampoco relativizarse a la luz de las características propias de un anuario juvenil. En palabras de Magris, la ambigüedad es un pretexto de los débiles para disimular su incapacidad de discernir, tal como un daltónico que ve en la hierba y en las amapolas colores indistinguibles”.

Se trata de una injuria y una calumnia construida por el defensor de Penta, SQM, Moreira y Fujimori con la peor mala fe, usando un anuario escolar escrito por terceros y los infundios de un centro que fue admirable pero que hoy está al servicio de la ultraderecha israelí. Es una abierta incitación al odio hacia una persona que juega hoy un rol público relevante y que, entre muchas otras cosas, defiende los derechos conculcados de su comunidad de origen. ¿O esos derechos no están conculcados de manera dramática? Y es una crítica falaz a los que no lo seguimos en su odiosidad, y que somos calificados de “débiles” sin “capacidad de discernir”.

Es importante consignar lo que un grupo de su propia comunidad ha declarado: “como judías y judíos, rechazamos tajantemente las acusaciones de antisemitismo/judeofobia que ha hecho en contra de Daniel Jadue la dirigencia de la Comunidad Judía «oficial» – asociada hoy en día a los sectores de derecha y extrema derecha de Chile – las que provienen claramente del interés político de obstaculizar los grandes cambios que requiere nuestro país”.

Los dirigentes o ex dirigentes de la comunidad judía oficial no debieran jugar con algo que muchos aspiramos sea un consenso en la sociedad chilena: el rechazo a todo racismo y discriminación, y especialmente a todo antisemitismo. Este ha sido una lacra terrible en la historia de la humanidad. El antisemitismo (que algunos autores han preferido denominar “judeofobia”) concentra las pulsiones de odio hacia el distinto y el extranjero. Pero no se encuentra en Daniel Jadue nada que se parezca a, por ejemplo, la definición de antisemitismo que el Parlamento Europeo (junio de 2017) pide compartir a sus Estados miembros: “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede manifestarse por un odio a su respecto. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo apuntan a individuos judíos o no y/o sus bienes, a instituciones comunitarias y a lugares de culto.”

Pero por las mismas razones que cabe rechazar el antisemitismo, no se puede justificar la opresión sobre el pueblo palestino que hoy ejerce el Estado israelí, contraviniendo de manera reiterada y sistemática las resoluciones de Naciones Unidas. Y recordemos la posición oficial chilena fijada al reconocer el Estado Palestino en 2011: “El Estado de Chile ha apoyado en forma permanente y consistente el derecho del pueblo palestino a constituirse como un Estado independiente, coexistiendo en paz con el Estado de Israel. Asimismo, ha respaldado plenamente el derecho del Estado de Israel a existir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Para el logro de estos objetivos, el Gobierno de Chile apoya resueltamente y considera indispensable reimpulsar el proceso de negociaciones entre ambas partes, con el apoyo de la Comunidad Internacional, con miras a alcanzar un acuerdo de paz pleno, definitivo y satisfactorio, conforme con las Resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas. En este contexto, el Gobierno de Chile ha decidido hoy otorgar su reconocimiento a la existencia del Estado de Palestina, como un Estado libre, independiente y soberano“.

Gabriel Zaliasnik contraviene el espíritu de esta postura intentando descalificar a un candidato presidencial motejándolo de antisemita. No es ser antisemita rechazar la ocupación ilegal de los territorios palestinos y condenar la violencia sistemática que allí se ejerce por los gobernantes del Estado de Israel, así como su reiterada negativa a permitir la existencia de un Estado Palestino viable, como se estableció en la creación de Israel por las Naciones Unidas en 1948. En ese caso seríamos muchos los antisemitas, lo que es un absurdo y debilita la propia causa que dice defender.

Agrego que los que formamos parte de las culturas de izquierda mal podríamos ser antisemitas, dado que entre sus filas se encuentran tan connotados judíos como Carlos Marx, Rosa Luxemburgo, León Trotsky, Georg Lukács y tantos otros, como en Chile el fundador del PS Natalio Berman o el dirigente comunista Volodia Teitelboim. Y así sucesivamente. Nunca debemos olvidar que hay 20 chilenos judíos desaparecidos o ejecutados por la dictadura de Pinochet, como Diana Arón, Carlos Berger, David Silberman, Luis Guendelman, Juan Carlos Perelman o Raul Pellegrín, los que merecen nuestro reconocimiento por su consecuencia y sacrificio.

Gabriel Zaliasnik merece, en cambio, un profundo repudio. Esperemos que su pasión ultraderechista y la de los que lo siguen no termine por oradar la convivencia entre las comunidades chilenas de palestinos y judíos. Estas han entregado mucho a Chile y han sido un ejemplo en innumerables ocasiones de concordia y de buena convivencia. Es de esperar que sus representantes sigan siendo un aporte al espíritu de tolerancia y de respeto por la diferencia, aquella que los conservadores ultramontanos de distintas obediencias se empeñan todos los días en oradar en su afán irredento de considerarse dueños de Chile.

Un programa de cambios para un nuevo Chile

En La Tercera digital, con Fernando Carmona.

El programa de Daniel Jadue ha sido objeto de ataques múltiples basados en tergiversaciones variadas, incluyendo las realizadas por ministros de Estado. En su temor autoalimentado, el ministro Ossa lo calificó de “realmente terrorífico”. Ignacio Walker ha planteado lo suyo y señalado, por ejemplo, que “la condonación gradual del CAE tiene un costo de US$ 10.000 millones”, que según él se restarían de los más de 30 mil previstos para financiar el programa.

Precisemos que si se pagara la deuda de manera instantánea, habría que restar ese monto del presupuesto de gasto de un año, no de los cuatro años de gobierno. Pero aquí hay un problema no solo de comprensión aritmética sino que también lectora: Daniel Jadue no ha propuesto condonar esa deuda de una vez, sino que de manera “gradual”, como menciona el propio Walker. Se partirá con aquellos estudiantes que han abandonado sus estudios y mantienen una pesada deuda. La condonación se ampliará a otros grupos según el comportamiento de la economía. Como se observa, se trata de algo bastante diferente. Y así con cada una de las observaciones de Walker, que sería muy largo detallar.

Todos estos ataques y distorsiones son tal vez atribuibles a que Daniel Jadue presentó un programa (bases programáticas a ser enriquecidas por el debate, en realidad) que todo el mundo entiende va a poner en práctica si obtiene el apoyo ciudadano en las urnas. Personas de buena fe, por su parte, consideran inviable el programa o que requiere de plazos más largos para ponerse en aplicación. Por nuestra parte, sostenemos que es un programa necesario para abordar los desafíos inmediatos de la sociedad chilena y para producir un vuelco hacia un nuevo modelo de desarrollo dinámico, equitativo, feminista, descentralizado y sostenible.

La política es mirar la realidad y construir herramientas que le den respuesta, el voluntarismo es suponer que con una recaudación adicional de 5 puntos del PIB o menos se podrá resolver los profundos problemas del país. Es seguir insistiendo en el camino que nos llevó a la revuelta social del 18 de octubre, lo que ya no solo es imprudente sino indolente.

El costo de las reformas propuestas es del orden de 11 puntos porcentuales del PIB. El nuevo gasto está asociado a la ampliación de derechos sociales, lo que incluye un nuevo sistema nacional de cuidados, la remuneración parcial del trabajo doméstico, el aumento de las pensiones, el fortalecimiento de la salud y la educación públicas y la construcción de 100 mil viviendas al año, entre otros programas. Y también sustentará un nuevo rol del Estado en la economía, que incluirá un salto en la inversión en investigación y desarrollo y en infraestructura productiva y verde, entre otros aspectos. Los principales incrementos se producirán en las áreas de fomento productivo, científico y tecnológico (incluyendo la difusión masiva de Internet 5G), con un aumento del gasto equivalente a un 3,5% del PIB, mientras el gasto en pensiones subirá en 2,3% del PIB y el gasto en salud, educación y vivienda aumentará en torno a 2,5% del PIB. Además, se aumentará el salario mínimo, se introducirá la negociación colectiva por rama, se fortalecerá el pago de gratificaciones sobre utilidades y se impedirán las rentas monopólicas en la fijación de tarifas de los servicios básicos.

Tomando en cuenta esta priorización y los necesarios ajustes de los gastos actuales, que incluirán reducciones en programas y partidas que no se justifiquen, el nuevo gasto permanente estará financiado con ingresos permanentes adicionales, como corresponde a una política económica seria. Estos sumarán entre 8% a 10% del PIB al final de los cuatro años de gobierno. Saltos semejantes de recaudación tributaria en cuatro años para afianzar el Estado de bienestar fueron realizados sin consecuencias mayores en la producción y el empleo por países como Dinamarca, Suecia, Islandia e Italia en el pasado reciente. Es importante evaluar los efectos del alza de impuestos de acuerdo a la base actual de 21% del PIB, que es una de las más bajas en la OCDE, y tener en cuenta que llegaremos a un 31%, aún por debajo del 34% promedio en la OCDE.

La primera fuente de ingresos adicionales provendrá de los sectores de mayores ingresos y patrimonio. La reforma incluye cambios en el impuesto a la renta (desintegración tributaria solo para las grandes empresas y aumento de la tasa marginal para los más altos ingresos de 40% a 50%), que permitirán una recaudación adicional de 1,4% del PIB; la eliminación de exenciones y privilegios tributarios, que contribuirán con 1,4% del PIB; la aplicación de una regalía minera, con un promedio de recaudación anual de 1% del PIB y de impuestos verdes por 0,5% del PIB; un nuevo impuesto a los patrimonios y modificaciones al impuesto a las herencias y donaciones por 1,7% del PIB. Debe hacerse notar que no se propone aumentos a la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas y que las pequeñas empresas no serán objeto de la desintegración tributaria. Más aún, recibirán subsidios para enfrentar el aumento del salario mínimo y apoyos para alargar el horizonte de pago de sus deudas, además de ayudas para cambio tecnológico e inserción en mercados.

La segunda fuente de ingresos adicionales provendrá de la reducción de la elusión y evasión tributaria, con una nueva norma antielusión y el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas. Se espera aumentar la recaudación por esta vía entre 2 y 4% del PIB.

Como muchos de los nuevos ingresos y gastos dependerán de leyes a aprobarse en el parlamento, la principal presión presupuestaria en el primer año será el aumento de la inversión pública de carácter productivo, la que por su intensidad en empleo permitirá aumentar en 500.000 los puestos de trabajo y generar las condiciones para ampliar y diversificar el tejido productivo. Estimamos que a mediados del segundo año estaremos en un nivel de gasto superior al de 2020 en 5% del PIB, lo que deberá pagarse recurriendo al uso de reservas fiscales y al endeudamiento externo a bajo costo hoy disponible. Chile puede escalar a una deuda del 50% del PIB sin consecuencias mayores en el riesgo país. La reforma tributaria en pleno funcionamiento permitirá abordar una consolidación fiscal que lleve el déficit estructural hacia una senda de equilibrio. Su velocidad dependerá en buena medida del precio del cobre de largo plazo y del crecimiento de la economía.

Este esfuerzo debe realizarse en medio de un vuelco ambiental sustancial. El compromiso de Chile de llegar a la carbono neutralidad en 2050 debe acelerarse. Esto dependerá de la velocidad de salida de las centrales a carbón en la generación de electricidad, en cuya matriz las energías renovables no convencionales debieran alcanzar un 50% en 2025 (hoy es un 21%). El compromiso de Daniel Jadue con el medio ambiente se expresa, entre otras medidas, en su voluntad de aumentar la tributación del diesel, el combustible más contaminante y peligroso para la salud humana, lo que no se ha escuchado mucho de otras candidaturas.

Entendemos que este camino de transformaciones no es fácil. Pero dejar las cosas como están o producir pequeños cambios contrasta con los cambios estructurales que la sociedad requiere. Los ataques y tergiversaciones no nos desviarán del propósito de ofrecerle al pueblo de Chile, con firmeza y racionalidad, la esperanza de la construcción participativa de un país mejor.

Contra los 2/3. Lo que ya es historia y lo pendiente

En La Mirada Semanal

Cuando ya se aproxima la instalación de la Convención Constitucional, la aprobación de normas por 2/3 ha sido y sigue siendo materia de controversia. Es un mecanismo antidemócratico. Una minoría de un tercio no puede imponerse a una mayoría de dos tercios. Eso es simplemente despotismo de una minoría disfrazado de democracia.

La evaluación de determinadas situaciones de hecho puede justificar tomar el riesgo de someterse al veto de una minoría en función de un bien mayor. Así ocurrió en la transición, con aciertos y errores desde el punto de vista del bien mayor de transitar a la democracia, como haber confiado en aquella parte de la derecha que terminó por no cumplir el compromiso de terminar a la brevedad con los senadores designados y con el sistema binominal, y haberse dejado llevar por la urgencia de desplazar a Pinochet del poder ejecutivo para terminar con la dictadura, sin resolver nudos democráticos cruciales que se dejaron para más adelante y crearon una democracia sin principio de mayoría en diversas materias durante décadas, lo que aseguró un prolongado dominio oligárquico en la economía y la sociedad que terminó por estallar en octubre de 2019.

Habida cuenta de esa experiencia, algunos consideramos que aceptar el 15 de noviembre de 2019, los 2/3 de aprobación de normas constitucionales y no una mayoría relativa o simple (50% más uno) -lo que solo existe para algunas cosas en la constitución de 1980- fue un retroceso respecto a la negociación de 1989. Y que se debiera haber sostenido esa noche, los días y semanas siguientes, la postura de establecer una regla de mayoría sin vetos. Hubo quienes diagnosticaron que eran los 2/3 o nada, una apreciación de hecho de carácter controversial que, por supuesto, debe ser considerada desde el ángulo de la evaluación de la relación de fuerzas, respecto de la cual nadie tiene una varita mágica. Los temas de paridad y pueblos indígenas, de hecho, tuvieron que ser agregados después, aunque la derecha lo negó al principio, en base a la fuerza de la movilización popular.

Que la derecha no llegara al tercio de miembros de la Convención Constitucional en mayo pasado ha sido un gran alivio. Pero consignemos que estuvo en peligro todo el proceso de cambio constitucional democrático. Recordemos que en concejales la derecha obtuvo en la elección del 15 y 16 de mayo el tercio que exigió para dar curso al plebiscito y a la Convención. Si esto se hubiera proyectado a los convencionales, el proceso se hubiera venido abajo. Recuerden la postura explícita de Longueira: si no hay un voto final de conjunto con un quórum de 2/3 establecido en el reglamento inicial de la Convención, no hay nueva constitución. Por ello algunos seguimos considerando que la concesión de los 2/3 pudo ser catastrófica para el futuro democrático del país, bajo una presión indebida de los poderes fácticos. Fue como tomar una curva en automóvil a 200 km por hora, y salvarse por azar sin volcamiento ni accidente. De no haberse producido el magro caudal de votos de la derecha por debajo del tercio en la elección de convencionales, se hubiera devuelto a la calle, con consecuencias impredecibles, el conflicto que se arrastra desde 1973 por el empecinamiento oligárquico en el control antidemocrático del poder.

Pero quienes le encontraron, incluso en la izquierda, mérito a la fórmula de 2/3 merecen una crítica de otra índole, porque tiene que ver con principios. Como alternativa al despotismo, el principio de mayoría surgió en el siglo XVII europeo después de las guerras de religión y de la lenta reivindicación de la tolerancia, como idea de “concordia con desacuerdo”. Hay todavía quienes defienden que se debe establecer mayorías calificadas (como los 2/3 de la elección del Papa por los cardenales), por lo que el debate continúa. Lo que se pretende con la defensa de los 2/3 es reemplazar el principio de mayoría como método efectivo, operativo (impide la parálisis) y legítimo de toma de decisiones en los asuntos públicos. Como señala Giovanni Sartori, “si se decide por mayoría, la mayoría decide, entonces también un sujeto colectivo como es el pueblo tiene manera de actuar y decidir“.

Para algunos, se trata de aproximarse al mito del consenso, a la pulsión de unanimidad, que puede tener sentido buscar en organizaciones con fines específicos, pero que no existe en sociedades con intereses estructuralmente contrapuestos entre sus grupos de miembros, salvo en aspectos y momentos puntuales. Son los que perciben el principio de mayoría en vez del de unanimidad o mayoría calificada como desunión, como pérdida de armonía. Se extiende este enfoque a la idea de “políticas de Estado”, que procura negar las controversias en la acción gubernamental o el trabajo legislativo. Pero incluso en los ámbitos frecuentemente citados para esas políticas, como la defensa y la política exterior, hay diferencias, en ocasiones agudas, que se deben resolver de alguna manera. El principio democrático para hacerlo es el principio de mayoría que emana del titular de la soberanía, el pueblo. Lo demás son variantes del despotismo. Una decisión de mayoría que respeta el derecho de la minoría a cambiarla en el futuro si se transforma en mayoría, en cambio, no es despótica, es democrática y permite el funcionamiento dinámico de la sociedad.

Una democracia que merezca ese nombre no puede funcionar con el poder de veto de una fuerza política particular en contra del principio de mayoría. Es de su esencia reflejar la titularidad del poder que emana de la soberanía popular en el ejercicio de ese poder, en el marco del respeto de los derechos fundamentales y de la protección de las minorías, incluyendo su derecho a procurar transformarse en mayoría. No olvidemos la definición de Sartori: “la democracia es un sistema pluripartidario en el cual la mayoría expresada en las elecciones gobierna en el respeto de los derechos de las minorías”.

Esto no implica, como pretenden algunos comentaristas conservadores en Chile sin ruborizarse, que en democracia la mayoría no debe mandar en nombre de la limitación de su poder para proteger a las minorías. Éstas deben ciertamente en democracia estar protegidas por los derechos fundamentales, cautelados por la separación de poderes, cuyas normas constitucionales deben tener una mayor estabilidad en el tiempo, por ejemplo, haciendo posible su modificación usual solo con el pronunciamiento de dos legislaturas sucesivas. Pero nada de eso incluye que una minoría se imponga sobre el resto en las tareas de gobierno y en la aprobación de la legislación. Esto se llama un régimen de veto minoritario, en la práctica en Chile un régimen de veto de la oligarquía económica ampliado por su influencia en las elecciones y en el parlamento a través del dinero (una plutocracia, en el lenguaje de la ciencia política), no un régimen democrático.

Es de esperar que no se siga con la defensa del principio de los 2/3 en la toma de decisiones políticas, puesto que es simplemente una norma antidemocrática que impide el ejercicio de la soberanía popular. Y entretanto, reunir 2/3 en la Convención Constitucional para cada norma va a ser un desafío muy difícil, que esperemos no sea paralizante. Y si lo es, habrá que prever que zanje la ciudadanía en el plebiscito final las materias controvertidas en que no se alcanzó el quórum de dos tercios. No hay ahora que dejar que se naturalice lo que es una inaceptable construcción defensiva y oligárquica de preservación ilegítima de palancas de poder. Y, sobre todo, no hay que dejar que se inscriba nada semejante en la nueva Constitución. Recordemos que la reforma de la Constitución de 1925 era por mayoría simple y así debe volver a ser.

Y ahora las primarias

En La Mirada Semanal

¿Se reproducirá en la elección presidencial el esquema de la Región Metropolitana? Es posible, en un escenario en que la derecha permanezca con un candidato de baja votación, el Partido Socialista apoye a una candidadtura de la Democracia Cristiana y pase a segunda vuelta Provoste y una candidatura de izquierda (Jadue o Boric). Pero nunca en política los precedentes son mecánicos.

Ya se han cumplido las primeras etapas de este año 2021 de una gran densidad electoral y política, con las elecciones municipales, de gobernadores y de constituyentes del 15 y 16 de mayo y con la segunda vuelta de gobernadores del 13 de junio. En este último caso, la derecha solo logró triunfar en La Araucanía, confirmando su fuerte retroceso electoral y sellando el fracaso del gobierno de Piñera II. Los datos principales son que Unidad Constituyente eligió en total diez gobernadores (cuatro DC, cuatro PS y dos independientes), Apruebo Dignidad dos (Frente Amplio) y los Ecologistas uno (independiente). Hay dos independientes fuera de lista (Bío-Bío y Atacama).

En la Región Metropolitana, se produjo la significativa victoria de Claudio Orrego, que logró el 52,6% de los votos válidos, y la derrota de Karina Oliva, que obtuvo el 47,4%. En la primera vuelta, Claudio Orrego había obtenido el 25,5% y Karina Oliva el 23,4% de los votos, con 1,46 millones de votos totales, a comparar con los 2,66 millones emitidos en primera vuelta en la Región Metropolitana. La suma de los partidos tradicionales de centroizquierda y el apoyo de la derecha -que quedó sin otra opción- logró una resonante victoria, con una baja participación, en la principal región del país. En Las Condes, votó un 42% de los 270 mil votantes. En Puente Alto, lo hizo solo un 21% de los 400 mil votantes. Esto explica la derrota de Karina Oliva. Además, en el enfoque de conectar mundos y de no poner demasiado por delante el mundo propio (la lógica de los “partidos-atrápalo- todo”), Claudio Orrego lo hizo muy bien en su despliegue de campaña. Aquello de “creo en Dios y qué”, por ejemplo, quedó atrás y logró recoger votos de derecha, centro e izquierda, con un campo amplio de alianzas políticas y con llegada a espacios sociales diversos. Esto es fruto de una larga acumulación, lo que es su mérito, que ahora le rindió frutos, no como en la primaria presidencial en que Orrego participó contra Bachelet.

Este resultado ayudará a la centroizquierda a recomponerse, especialmente a la Democracia Cristiana, después de su magro resultado en la elección de convencionales (3,7%). Pero para el PS-PPD (que sumó 7,4% en convencionales) la situación sigue siendo precaria, pues es una fuerza política que está siendo invitada por la DC a declinar su candidatura presidencial y a no someterla a una primaria auto-organizada. En todo caso, ésta debiera realizarse antes de la inscripción de candidaturas presidenciales en agosto, mientras las primarias de la derecha y del bloque de izquierda Apruebo Dignidad se realizarán el 18 de julio. Si la DC y el PS-PPD no llegan a acuerdo, habrá en primera vuelta tres candidaturas de centroizquierda, incluyendo la de la DC, el PS-PPD y el Partido Radical.

Pero es muy posible que la centroizquierda logre evitar ese suicidio político. Lo que plantea otra interrogante: ¿se reproducirá el esquema de la Región Metropolitana en las elecciones presidenciales de fin de año? Es posible, en un escenario en que la derecha permanezca con un candidato de baja votación (Lavín), el PS permanezca aliado a la Democracia Cristiana, sobre la base de declinar su candidatura o de una derrota en primarias auto-organizadas, y que pase a segunda vuelta una candidatura DC (Provoste) y una candidatura de izquierda (Jadue o Boric). Se repetiría así, de alguna manera, el escenario de 1964. Pero nunca en política los precedentes son mecánicos. Falta el hito de las primarias y el de la primera vuelta presidencial, y sobre todo la evolución futura de la participación electoral.

La participación en las elecciones de mayo fue de 40%. En la de gobernadores en junio fue de 25% en Santiago y de 15% en regiones. Eso tiene que ver, en parte, con que el cargo de gobernador regional recién se inaugura y poca gente sabe bien para qué sirve. Y también con la pandemia. Pero hay que constatar una tendencia de largo plazo: la persistencia de la masiva desmovilización electoral que viene agravándose desde 1997 en el país. La representación política está desprestigiada por los bloqueos persistentes de la democracia transicional y está en una manifiesta crisis, lo que en parte explica la rebelión social de 2019.

Esta desmovilización abarca también los barrios altos, pero con menos intensidad, pues los intereses del mundo privilegiado se movilizan con más persistencia y conciencia de sí mismos que los intereses más fragmentados del mundo popular y de los sectores medios emergentes y tradicionales. Sus representaciones de mundo y culturas son más plurales y diversas.

La movilización alrededor de figuras convocantes (y de los proyectos e intereses que están detrás), o que expresan una idea de mal menor de amplio espectro, parece tener un rol cada vez más relevante en el resultado de las elecciones. Esto tiene como trasfondo el voto voluntario (aunque restablecer el voto obligatorio no va a solucionar todo el problema) y los cambios culturales propios del nuevo paisaje mediático y de las nuevas modalidades en las interacciones individuales de nicho. Y también, no hay que olvidarlo, tiene como sustrato una situación estructural de orden socioeconómico signado por desigualdades y precariedades de inserción social agravadas por la prolongada pandemia de COVID-19.

En suma, en una coyuntura sanitaria y de empleo especialmente dura para el mundo popular, este persistió mayoritariamente en no creer que las instituciones políticas -en este caso las regionales- pueden modificar su situación y por tanto se abstuvo en una alta proporción mayor a la usual. La tarea para la izquierda que optó por privilegiar sus propios contornos programáticos (Apruebo Dignidad) y su propia alternativa, es ser ahora cada día más creíble y convocante para movilizar y convencer que desde la política se pueden cambiar cosas relevantes de la vida cotidiana y al mismo tiempo es posible darle una orientación democrática e igualitaria al funcionamiento de la sociedad.

Carta de Arrate, Correa y Martner

El siguiente es el texto de la carta difundida por los ex presidentes del Partido Socialista (PS), Jorge Arrate, Germán Correa y Gonzalo Martner donde abordan elementos de la historia de esa colectividad, el relacionamiento con el Partido Comunista, las alianzas, el rol de Salvador Allende y aspectos de la actual coyuntura:

A ochenta y nueve años de la República Socialista de 1932: una respuesta.

Las últimas décadas del acontecer mundial y nacional son las más exigentes que hayamos vivido quienes somos militantes de la causa socialista. Nunca como ahora nuestras convicciones habían sido tan desafiadas.

Coincidimos con otros tres ex presidentes del PS, que aún militan en sus filas (Andrade, Escalona y Núñez), en que el PS a través de su existencia hizo un aporte decisivo a las conquistas de la clase trabajadora y de los sectores más explotados y discriminados del país. Esa historia  no sólo enorgullece a sus militantes sino también a toda la izquierda chilena. Muchas de esas conquistas las logramos luchando codo a codo con los compañeros del Partido Comunista: en el Frente Popular en los años 30, en el Frente de Acción Popular en los 50 y los 60, en la Unidad Popular en los 70 y en la resistencia a la dictadura en los 80.

La historia de relaciones entre el PC y el PS está jalonada de momentos donde predominaron las diferencias y hasta la confrontación y de momentos, los más, donde primó la unidad, sin que ninguno de los dos reclamara primacía o intentara ejercer subordinación. Porque ambos partidos entendíamos que sólo juntos, cada cual con su perfil, podíamos hacer avanzar la causa de los más explotados y desposeídos. Fue la base del gran movimiento popular que condujo a Allende a la victoria y que llevó adelante un proyecto socialista de trascendencia universal, fundado en la indisoluble vinculación entre democracia y socialismo.

El Partido Socialista atraviesa hoy por uno de sus momentos más difíciles. Repudiado, junto al resto de los partidos por el pueblo movilizado, acusado de haberse comprometido con el modelo neoliberal y con una alianza centrista que lo desperfila y aparta de su trayectoria histórica, ha perdido a cientos y miles de valiosos y valiosas  militantes. Se ha transformado en una organización clientelar donde predominan los intereses personales de la oligarquía dirigente, habiendo renunciado por su práctica política al proyecto histórico de terminar con el capitalismo salvaje y construir una nueva sociedad que deje atrás la explotación y los abusos y en la que prevalezcan los principios socialistas de la libertad basada en la solidaridad y la justicia social y en la democracia política y también económica. Y hoy su dirigencia se va alejando definitivamente de las convicciones anticapitalistas y revolucionarias que le dieron origen y lo arrastran a la definitiva irrelevancia política. Su dirigencia, ciegamente, insiste en mantener su alianza con las fuerzas centristas, que en su momento fue necesaria por el contexto histórico determinado por la dictadura y la permanencia de muchas de sus reglas del juego. Pero esa etapa ha sido superada por la historia. El pueblo de Chile está marcando nuevos rumbos, muchos más cercanos a nuestros sueños históricos, y es con ellos que los socialistas deben identificarse.

Hoy, cuando la movilización social ha abierto paso a la posibilidad cierta de cambiar esa camisa de fuerza constitucional y de abrir paso a un nuevo proyecto democrático popular para Chile, es vital la unidad de la izquierda. Eso significa procurar un amplio entendimiento con todas sus expresiones orgánicas actuales, incluyendo desde luego al Partido Comunista. Pero esta es una afirmación difícil de entender para los dirigentes del PS herederos de la “Constitución de Lagos”, aquella que según el ex presidente unía a todos los chilenos, haciendo caso omiso a que en su esencia continuaba siendo la misma trampa maligna neoliberal ideada por Guzmán, o para los que calificaban el reclamo de una Asamblea Constituyente como una alucinación causada por una droga.

La actual dirigencia socialista, por el contrario, alienta la derivación del PS hacia posiciones “socialdemócratas”, ajenas a su historia e identidad y le ponen el apellido “democrático” al socialismo de sello neoliberal que promueven. Desconocen con ello que para Salvador Allende, como para Eugenio González Rojas, redactor del Programa de 1947, y quienes nos identificamos con su legado político, el socialismo para ser tal debe ser la máxima expresión de la democracia, o no es socialismo. La ausencia total de reflexión de los dirigentes del PS sobre la naturaleza de la democracia a que aspiramos los mantiene donde están, estancados en la historia transicional e incapaces de asumir las nuevas realidades y nuevos caminos abiertos por nuestro pueblo. Chile demanda otra democracia, profunda, representativa y con mecanismos de democracia directa también, con real justicia social y económica. La izquierda es su principal arma política para establecerla. Por eso construir izquierda es un imperativo de esta hora y en ello debiéramos  comprometernos todos quienes abrazamos auténticamente las ideas socialistas.

Es también lamentable la ausencia de ideas de los compañeros “socialistas democrático-representativos” que firman la carta a que damos respuesta en cuanto a la naturaleza de las fuerzas políticas en la nueva democracia y la vinculación que deben tener con los movimientos y organizaciones sociales. El actual PS, con la honrosa excepción de algunos militantes que se han atrevido a levantar la voz a pesar de la persecución oficialista de la que son objeto, parece estar contento tal como es, a pesar de su erosión y de su distanciamiento del pueblo. Los socialistas, y la izquierda en general, debemos explorar formas innovadoras de organización y participación política que den efectiva influencia al militante y a las organizaciones sociales territoriales, que sean adecuadas para una redistribución del poder democrático y otorgue auténtico protagonismo a los ciudadanos. Chile despertó pero el PS sigue en su letargo y descomposición burocrática, con su dirigencia acomodada en sus privilegios y prebendas.

El país atraviesa por momentos de definiciones políticas cruciales. Existe la posibilidad cierta de que el pueblo chileno avance un paso gigantesco para tomar en sus manos la construcción del futuro. El Partido Socialista tiene una responsabilidad importante en todo lo acontecido en estos treinta años, tanto en los avances como en los fracasos. En especial debe reconocer, y asumimos la parte que nos corresponde en ello cuando lo lideramos, su limitada efectividad para ejercer su función de fuerza política de izquierda en la coalición de la que fue parte en esos años, y así contrabalancear a las fuerzas que en el seno de esa coalición se sentían cómodas o, más aún, apoyaban con entusiasmo el modelo neoliberal. Esta tarea, compleja en los gobiernos de los años 90, en que Pinochet seguía siendo personaje poderoso, debió ser asumida con más fuerza en la primera década del siglo XXI cuando hubo gobiernos de liderazgo “progresista” o socialista. Sin embargo, la profundización neoliberal siguió adelante y, como corolario, destacados dirigentes del PS establecieron estrechas relaciones con grupos empresariales y más tarde se hicieron parte, sin tapujos, de los directorios de las empresas de los grupos económicos que monopolizan el poder en Chile. La adhesión conservadora y la pasiva o activa complicidad del “progresismo” se unieron al final en un mismo propósito, con las consecuencias conocidas.

En la reciente carta de tres ex presidentes del PS -Andrade, Escalona y Núñez-, que ejercieron sus  cargos en estos treinta años, no hay una palabra de autocrítica verdadera. Su única preocupación es la defensa malentendida de una dignidad partidaria que estaría siendo vulnerada por juicios emitidos por dirigentes del PC respecto al papel de la alianza de centroizquierda de la que el PS es parte. Como socialistas, nos importan esas críticas porque se refieren a nuestras propias conductas como dirigentes del PS en aquellos años y nos obligan a mirarnos de manera más profunda y auténticamente autocrítica y no a reaccionar desde una falsa dignidad. Pero mucho más que las opiniones de dirigentes del PC, son las críticas de nuestro propio pueblo las que más impactan nuestra conciencia, porque enrostran al PS debilidades e inconsecuencias que lo han llevado a su lamentable condición actual, que sus dirigencias en ejercicio no son capaces de enfrentar.

Por nuestra parte, seguiremos intentado contribuir a la recuperación del legado de Allende y del socialismo chileno, para que nuevas generaciones puedan enriquecerlo, renovarlo y fortalecerlo y lograr hacer realidad los sueños de tantos y tantas que han entregado su vida a esta noble causa.

Jorge Arrate, Presidente del Partido Socialista de Chile (1990-1991)

Germán Correa, Presidente del Partido Socialista de Chile (1992)

Gonzalo Martner, Presidente del Partido Socialista de Chile (2003-2005)

Santiago de Chile, 10 de junio de 2021.

La discusión sobre la regalía minera

 Primera versión en La Mirada Semanal.

Con los precios previsibles del cobre y aplicando la regalía aprobada por la Cámara de Diputados, se podría recaudar unos 6.500 millones de dólares anuales. Estos recursos debieran impulsar un fuerte esfuerzo de reconversión y diversificación productiva, incluyendo a las actuales regiones mineras. 

El Senado ha iniciado el debate sobre el royalty a la minería (regalía en castellano) luego de la aprobación de una moción parlamentaria en la materia aprobada por la Cámara de Diputados. En lo fundamental, esta moción establece una regalía a las ventas de carácter progresivo según el precio del cobre. La tasa más baja es de 3% (hasta dos dólares la libra) y la más alta es de 75% (para las ventas provenientes de precios mayores a cuatro dólares la libra). Este esquema ha sido descalificado por doquier, sin mayores fundamentos. Algunos han cuestionado que la tasa inferior de 3% se aplique en situaciones de precios bajos, lo que dejaría fuera de producción a los yacimientos menos rentables.  Pero ese es un costo adicional (la regalía es el pago por el acceso al recurso) bajo en relación a otros costos, que son los que dejarían a los yacimientos menos productivos fuera de producción a ese precio bajo. Y, a su vez, para los yacimientos altamente rentables permitiría una recaudación incluso en esa situación, lo que no es el caso con el esquema vigente sobre márgenes operacionales. 

Otro argumento en contra es que la suma del impuesto a las utilidades, del impuesto específico a la minería y la nueva regalía, llevaría la tributación al 80% de las utilidades (según el gobierno) o a niveles entre 62% y 84% de la misma con diferentes supuestos (según el CEP). Este argumento no es válido,  pues en primer lugar en el cálculo del gobierno y del CEP se mantiene el actual impuesto específico, el que solo se puede derogar por iniciativa del gobierno y por ello no está previsto en el proyecto aprobado, aunque supone su reemplazo. El impuesto vigente tiene el problema de basarse en márgenes operacionales que son objeto de manipulación contable, empezando por la verificación del contenido de mineral del concentrado por la Aduana y la imputación de diversos costos y precios de transferencia. El impuesto a las ventas disminuye fuertemente el potencial de evasión. En segundo lugar, con el supuesto de un costo de 169 centavos de dólar por libra de cobre producida (según un estudio recién publicado por Castillo y Valverde un tercio de la producción privada opera con costos operacionales sobre US$1.7/lb, mientras que el resto opera en promedio con costos operacionales en torno a US$1/lb), la tasa efectiva total del proyecto de ley varía según el precio entre un 46% y un 59%, considerando regalía e impuesto corporativo normal. Este es un monto razonable para una actividad privada que, cuando los precios son altos, puede tener utilidades sobre capital que permiten amortizar en un año o dos la inversión realizada a costa del uso de un recurso que no le pertenece y que el Estado chileno hoy prácticamente le regala. En todo caso, el proyecto en el Senado podría incluir desgravaciones del pago de la regalía en función de rangos diferenciales verificables de costos. 

El esquema propuesto por la Cámara no llevaría a los inversionistas a salir del país, como se insinuó en un primer momento. Ahora se argumenta que estas tasas son superiores a las de otros países y que eso llevaría a inhibir nuevas inversiones o a desviarlas a esos países. Al parecer, Perú, cuyo eventual nuevo gobierno de izquierda prevé establecer impuestos a las ventas y a las sobreutilidades, no será ese destino. Tampoco está prevista ninguna nueva inversión en países africanos productores de cobre. Ni en ninguna otra parte del mundo, por lo demás, de acuerdo a los informes de la industria recogidos por la prensa especializada, dada la actual situación de la oferta y la experiencia de sobreproducción posterior a 2011. La ventaja competitiva chilena (que incluye calidad del mineral, costos, impuestos, facilidades logísticas y funcionamiento del Estado de derecho) permanecerá en caso de aprobarse este nuevo esquema. Lo que habrá que evitar es que por este argumento interesado se establezcan desgravaciones -como algunas que se propusieron en la Cámara- que hacen inefectivo el cobro de la regalía. El poder de la minería privada se expresa en influencias parlamentarias variadas.

El hecho es que con precios del cobre entre 3 y 4 dólares la libra y aplicando la regalía aprobada por la Cámara de Diputados, se podría recaudar unos 6.500 millones de dólares anuales. Estos recursos debieran impulsar un fuerte esfuerzo de reconversión y diversificación productiva, incluyendo a las actuales regiones mineras. 

Se trata de realizar una planificación estratégica con políticas selectivas y horizontales para la transición a una economía circular diversificada. La economía circular debe avanzar en el tratamiento de los residuos mineros, de la escoria siderúrgica, de la ceniza volante y de la biomasa residual agrícola, forestal y pesquera y los residuos de la construcción. Sería un buen avance establecer una norma parecida a la Directiva de la Unión Europea 2008/98/CE, que regula la reutilización distinguiendo entre residuos destinados a la disposición y subproductos útiles en diversos procesos productivos. Se deberá, además, avanzar más en la clasificación de la basura domiciliaria y en el uso sostenible de embalajes, junto al encarecimiento (a través de aumentos diferenciados en el Impuesto al Valor Agregado) de los consumos dañinos para la salud y para los ecosistemas locales y la biosfera.

El hecho es que la especialización productiva en la extracción de recursos naturales sin o escasa elaboración llegó a su límite económico y ambiental, con la disminución de las leyes del mineral de cobre o los límites ambientales a la acuicultura como ejemplos emblemáticos. Avanzar a un modelo de desarrollo equitativo y sostenible debe tener como pilares un crecimiento basado en salarios y en inversión en nuevos sectores dinámicos, incluyendo la industrialización sostenible de recursos naturales en un esquema de economía circular y de encadenamientos hacia atrás (en servicios tecnológicos de punta y en industria metálica y sistemas de transporte especializados) y hacia adelante (en refinería y fundición de cobre y en baterías de distinta tecnología al servicio de la expansión de la  electromovilidad), mejorando tanto la inserción en las cadenas globales de valor como la dinamización de las economías locales. 

Un requisito de un cambio estratégico de este tipo es el fortalecimiento sustancial de la investigación y desarrollo tecnológico endógenos, junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos, la resiliencia de los ecosistemas y la preservación y ampliación de los bienes comunes de los que el país dispone. El gasto en Investigación y Desarrollo total ha venido declinando en Chile desde el 0,39% del PIB en 2013 hasta el 0,35% en 2018, último año para el que se dispone de datos homologados por la OCDE. Este gasto es casi enteramente gubernamental, a pesar de la desgravación de que gozan los gastos de I+D en la tributación de las empresas. El más alto gasto público realizado en este ámbito en países emblemáticos del sistema económico mundial es el de 1,3%, 1,1% y 1,0% del PIB en China, Corea del Sur y Noruega, respectivamente. Le siguen el 0,9% de Alemania y el 0,7% de Estados Unidos (que decidió recientemente incrementar ese gasto público para no perder capacidad tecnológica frente a China) y de Japón, con datos de la OCDE para 2018. El número de investigadores por cada mil ocupados es de 8,9 en promedio en la OCDE (y alrededor de 15 en Corea del Sur, Suecia y Finlandia, que lideran este indicador en el mundo), en contraste con solo 1,1 en Chile.

El estado de la nación

En La Mirada Semanal

Más allá de los anuncios zigzagueantes de Sebastián Piñera, la caída del empleo en febrero-abril y de la actividad económica desestacionalizada en marzo y abril no son buenas noticias. Y la evolución de la pandemia no augura un invierno de recuperación en materia sanitaria y económica. Los anuncios de última hora tendrán poco destino, salvo desconcertar todavía más a su coalición y dejar en marzo un país todavía más exhausto.

Sebastián Piñera terminó por ceder, después de más de un año, al anunciar un aporte por tres meses a las familias de cargo fiscal del nivel de la línea de pobreza ($177 mil para una persona) y con una cobertura potencial de 90% de la población. Días después la amplió a $400 mil mensuales para las familias de tres integrantes ($18 mil adicionales) y a $500 mil para las de cuatro personas ($33 mil adicionales), extendiendo el aporte hasta mediados de septiembre (en un 50%). Estamos lejos de los $65 mil por persona (y solo el primer mes) que anunció tardíamente a fines de mayo de 2020 para tres meses. El paquete actual costará más de 3,5% del PIB, cerca de la mitad de las reservas fiscales, en una especie de aceleración de la carrera final del actual presidente. Esta carrera incluye medidas como apoyar el matrimonio igualitario, abriendo un flanco con el mundo conservador que lo apoya, y crear un Ministerio de Seguridad (suena a Orwell) que desvincularía todavía más a las policías del territorio (lo que se asegura potencialmente con la dependencia del Ministerio del Interior) y del control civil (que debe reforzarse con un mayor rol de los municipios en la tarea policial preventiva y operativa), lo que lo aleja del mundo progresista. Estos zigzagueos de última hora tendrán poco destino, salvo desconcertar todavía más a todo el mundo, especialmente a su coalición de derecha, y dejar en marzo un país todavía más exhausto.

El estado de la nación está en primer lugar marcado por el hecho que todos los indicadores  de la pandemia de COVID-19 señalan una agravación de la situación. Las consecuencias de los contagios, es decir las hospitalizaciones en UCI y con ventilador mecánico y las muertes confirmadas por COVID-19 con test PCR (promedio de 7 días) siguen al alza. Las hospitalizaciones en UCI fueron en el momento más alto en junio del año pasado de 2.129 casos semanales. La última semana de mayo llegaron a 3.127 casos.

El problema principal no es tanto que los vacunados puedan desplazarse, siempre que lo hagan con las precauciones del caso, sino que a estas alturas es completamente incongruente que los niños no puedan ir a una plaza pero se llenen los malls con miles de personas autorizadas para estar en espacios cerrados o se abran lugares de aglomeración masiva. El transporte público no está cumpliendo los requisitos sanitarios. Estar durante un tiempo prolongado en lugares no ventilados permanentemente y sin distancia física suficiente es el principal factor de contagio de acuerdo a los estudios existentes, con variantes del virus que muestran ahora una mayor capacidad de contagio. El uso de mascarillas es indispensable, pero no basta. Las vacunaciones son indispensables, pero tampoco bastan, pues un 14% de los internados en UCI recibió las dos dosis, según el Ministerio de Salud. La vacuna de Sinovac tiene una efectividad no mucho mayor a 50% (dicho sea de paso, en algún momento el gobierno deberá explicar por qué optó y sigue optando por esta vacuna, lo que a estas alturas no parece haber sido la mejor opción). Los mensajes contradictorios han hecho que ya nadie escuche al gobierno y que las aglomeraciones indebidas se hayan multiplicado, con los resultados mencionados.

En materia económica, la actividad desestacionalizada cayó en marzo y abril, luego de nueve meses de expansión continua desde junio de 2020. Esta senda siguió a la brutal caída (-14,6%) producida entre marzo y mayo de 2020. La recuperación de la economía se ha detenido, a pesar de la inyección de recursos por el tercer retiro de fondos de las AFP desde el 3 de mayo (por un 4% del PIB aproximadamente). 

En materia social, el principal factor a considerar es la evolución del empleo. Producto de la pandemia de COVID-19 y la consiguiente paralización productiva, se perdieron 2,05 millones de empleos. Se pasó de 9,12 millones de ocupados en enero a 7,07 millones en julio, el peor momento en materia de empleo, con un desplome de -20,6% respecto al mismo período del año anterior. En los meses siguientes y hasta febrero de 2021, se produjo una lenta pero sistemática recuperación del empleo, especialmente en octubre y noviembre. Pero en abril de 2021 el empleo volvió a caer, corrigiendo los efectos estacionales en el cálculo. En el registro más reciente disponible, el del trimestre móvil febrero-abril de 2021, los ocupados sumaron 8,01 millones de personas, casi un millón de empleos más que en el peor momento de la crisis. Pero persiste 1,01 millón de personas ocupadas menos que en el momento de mayor ocupación en febrero de 2020. Esta cifra alcanza a -908 mil personas si se realiza el ajuste estacional. Así, se ha recorrido solo la mitad del camino de la recuperación de los puestos de trabajo. Por otro lado, para medir la evolución del empleo formal, se dispone de los datos administrativos directos con un rezago de dos meses respecto a los datos de la encuesta del INE. Los cotizantes dependientes en organismos de seguridad social registraron a febrero de 2021 un leve incremento en doce meses (7,2 mil empleos adicionales). En abril y mayo de 2020, estos empleos asalariados formales habían disminuido en 386 mil puestos de trabajo respecto a marzo. Así, menos del 20% de la pérdida total de empleos involucró al sector formal y su volumen se recuperó ya en diciembre de 2020 respecto a la situación previa a la crisis. Es el empleo informal y por cuenta propia el que ha permanecido rezagado.

En conclusión, la caída del empleo en febrero-abril y de la actividad económica desestacionalizada en marzo y abril no son buenas noticias. La evolución de la pandemia no augura un invierno de recuperación en materia sanitaria y económica. La tarea del gobierno que iniciará su ejercicio en marzo próximo será, como se observa, muy difícil y requerirá una mezcla hasta aquí no conocida: una línea transformadora clara y un apoyo social, ciudadano y político amplio. 

Por qué el salario mínimo debe aumentarse

 En La Mirada Semanal

Una meta de mediano plazo debiera ser llevar el salario mínimo pagado por la empresa a más de la mitad del promedio del ingreso imponible de los dependientes que cotizan en AFP. Subirlo a al menos 400 mil pesos líquidos en 2021 no es absurdo para acompañar la recuperación económica.

Desde el año pasado hay que fijarse tanto en el valor del Ingreso Mínimo Mensual (denominación oficial del salario mínimo) como en el Ingreso Mínimo Garantizado (del trabajo, habría que agregar). El salario mínimo bruto se sitúa en 326,5 mil pesos, suplementado por 40 mil pesos de subsidio fiscal para llevarlo al ingreso garantizado de 300 mil pesos líquidos. Este subsidio se dirige a los trabajadores dependientes con jornada superior a 30 horas con un salario de menos de 394 mil pesos mil brutos. Esta fue una de las respuestas de política del actual gobierno a la rebelión social de fines de 2019. Se basa en el postulado que el ingreso laboral mínimo deseable debe ser de cargo de la colectividad y no de cargo de las empresas (una idea desarrollada por el premio Nobel de economía Edmund Phelps). Las empresas disminuirían en toda circunstancia su demanda por empleo con un salario mínimo que aumenta.

El subsidio tiene la virtud de aumentar el ingreso mínimo del trabajo, pero tiene dos problemas. El primero es que si los impuestos son regresivos, como es el caso en Chile por el peso del IVA y otros impuestos indirectos, las personas que son más pobres pagan al consumir proporcionalmente más que los de más altos ingresos aquella parte del salario de los trabajadores menos remunerados que ahora es subsidiada, incluso en el caso de las empresas que generan altas utilidades para sus dueños. El segundo problema es que esto incentiva a las empresas a no aumentar sus salarios a los trabajadores peor pagados cuando necesitan retenerlos, lo que ahora en parte ha devenido en tarea del Estado.

En esta lógica, el gobierno propuso esta semana un Ingreso Mínimo Mensual a pagar por las empresas que pase de los actuales 326,5 mil a 337 mil pesos brutos y subir el subsidio adicional a 50 mil pesos, por lo que el mínimo líquido subiría a 314,5 mil pesos. Esto fue rechazado en la Cámara de Diputados.

En 2019, cerca de 6% de los asalariados ganaba el salario mínimo. A su vez, el ingreso imponible promedio del trabajo dependiente que cotiza en AFP fue en marzo de 2021 de 877 mil pesos. Una meta de mediano plazo debiera ser llevar el salario mínimo pagado por la empresa a más de la mitad de ese promedio. Subirlo, al menos, a 400 mil pesos líquidos en 2021 no es absurdo para acompañar la recuperación económica. Incentivar el trabajo de mujeres y jóvenes se puede hacer fortaleciendo los subsidios respectivos al empleo. A su vez, a futuro el subsidio asociado al trabajo debiera otorgarse por la vía de la Asignación Familiar, hoy muy baja, para remunerar el trabajo doméstico (el o la cónyuge como “carga familiar”, en un lenguaje que no es muy feliz) y el cuidado de los menores (la asignación familiar por hijo también como “carga familiar”), socializando por esta vía una parte de la remuneración del trabajo en el contexto de una reforma tributaria progresiva.

El enfoque ortodoxo de la derecha siempre se ha opuesto a aumentar el salario mínimo. Aplica de manera simplista las curvas de oferta y demanda: a mayor precio (en esto caso el salario como precio del uso de fuerza de trabajo), se produciría una menor demanda de trabajo por parte de las empresas. Desde Keynes este razonamiento es cuestionado pues no considera, en términos macroeconómicos, el efecto depresivo de salarios bajos en la demanda efectiva. Un salario más alto aumenta las ventas y las utilidades potenciales de las empresas que venden bienes a los asalariados y sus familias. En un modelo dominado por los intereses de los exportadores, la tendencia es a deprimir el salario mínimo aún más. Esto fue llevado al paroxismo hasta 1990, cuando bajo el imperio dictatorial de los Chicago Boys el salario mínimo llegó a ser extremadamente bajo. En contraste, el aumento del salario mínimo bajo Alejandro Foxley y Eduardo Aninat no produjo un efecto significativo en el empleo, como se criticó en la época.

La literatura económica contemporánea, desde Card y Krueger en 1995 y los estudios comparativos entre los estados federados en Estados Unidos que aumentan o mantienen salarios mínimos bajos (“experimentos naturales”), concluyen que el efecto es bajo o inexistente. Basada en esta evidencia, la administración Biden se propone aumentar sustancialmente el salario mínimo, lo que también debiera ocurrir en Chile. El premio Nobel de economía(2008) Paul Krugman declaró este 2021 que la lección de esta evidencia es que salvo que los salarios mínimos sean elevados de manera exagerada, “subir el mínimo no va a tener efectos negativos mayores en el empleo, pero tendrá beneficios significativos en términos de ingresos mayores y reducción de la pobreza”. Una economía que expanda la demanda de consumo de los hogares y aumente progresivamente el salario mínimo con las metas mencionadas, tendrá en las actuales circunstancias la capacidad de contribuir a cerrar la brecha de empleo existente antes que a aumentarla y a remunerar mejor los empleos peor pagados.

Chile necesita ser gobernado

En La Tercera Digital 

El actual gobierno fracasó en lograr los avances que la sociedad chilena necesita -en especial un régimen de mayor protección social y una diversificación productiva basada en el conocimiento- por una razón bastante simple: nunca se propuso hacerlo. Al no tener, además, una mayoría parlamentaria que le permitiera llevar a cabo su política liberal (como revertir la tímida reforma tributaria de 2014 y desregular más el mercado de trabajo), terminó sin capacidad de actuar de acuerdo a su propia orientación. Y le estalló una rebelión social de gran magnitud que se venía incubando desde larga data, la que terminó con las instituciones de la transición y su lógica contra-mayoritaria. Tampoco ayudó al actual gobierno su gestión deficiente de la pandemia de Covid-19.

El gobierno que le precedió, por su parte, no logró avanzar lo suficiente en los campos mencionados, a pesar del programa reformador de la Presidenta Bachelet. Una parte de su coalición se lo impidió y boicoteó un plan de reformas muy razonables por una razón bastante simple: no lo compartía. Todo esto amplificó el descrédito de las opciones políticas tradicionales y generó una creciente falta de capacidad de gobernar y de mantener una integración social básica para canalizar la convivencia colectiva por cauces pacíficos.

El próximo período será inevitablemente de cambios. Estos serán institucionales, ya consagrados por el proceso de formulación de una nueva Constitución, en el que la derecha fracasó en mantener su poder de veto sobre la mayoría. Y también será de cambios del orden económico-social, pues la sociedad ya no parece estar dispuesta a tolerar los actuales niveles de desigualdad. Esos procesos requieren ser gobernados. No podrán serlo adecuadamente, a partir de marzo próximo, si se vuelve a tener gobiernos sin mayoría parlamentaria o de composición incoherente. En este sentido, es posible que el esquema de primarias ya definido contribuya a clarificar las opciones ante la ciudadanía, con una primaria de la derecha tradicional y otra de la izquierda del cambio social (Frente Amplio, regionalistas y comunistas), mientras las fuerzas moderadas de centroizquierda presentarán una o varias opciones a la primera vuelta. Hacia el final de año, la izquierda y la centroizquierda deberán pactar un programa de gobierno para cuatro años, ya sea que se incorporen o no al nuevo gobierno, bajo el supuesto bastante plausible que la derecha no remontará su actual caudal electoral.

La ciudadanía dirá quién será el nuevo Presidente (a), probablemente en un esquema que requerirá la conformación de una mayoría parlamentaria con disciplina y que nombre a un jefe de gobierno y lo acompañe en su gestión. En paralelo, lo más probable es que se realicen cambios constitucionales que refuercen el carácter social de la propiedad privada (en la línea de “la propiedad obliga” de la Constitución alemana) y la limitación de la libre iniciativa económica por el interés general. ¿Espera a Chile algún chavismo o emulación de la revolución cubana? Cualquier persona que revise los propósitos de las fuerzas políticas principales en Chile sabe que eso no será así, incluso en el evento que gane la elección la fórmula de la izquierda que se propone transformaciones sustanciales del orden existente.

Lo que sí ocurrirá probablemente es que el nuevo orden público económico desarrollará diversas formas de democracia económica. En una democracia económica los agentes productivos son plurales y actúan sujetos a normas públicas y regulaciones democráticamente establecidas, evaluadas y controladas. El subsuelo, el mar, el agua, el espectro radioeléctrico son bienes públicos y su uso puede ser estatal o concesionado temporalmente en condiciones de respeto del interés público. La asignación de recursos combina modalidades centralizadas y descentralizadas con precios de mercado y con precios regulados (salarios mínimos, tasas de interés, rangos de tipo de cambio, tarifas de monopolios naturales). Es una alternativa a la economía de libre mercado en la cual la actividad de producción y satisfacción de necesidades está orientada a la maximización de la rentabilidad del capital y a su acumulación ilimitada, independientemente de sus resultados sociales, distributivos y ambientales.

En los próximos cuatro años se avanzará probablemente a una recaudación tributaria que se aproxime al promedio de los países de la OCDE (34%) desde el nivel actual (21%) para que la protección social pueda aumentar después de los estragos de la pandemia y se disminuya la desigualdad de ingresos. Esta recaudación será, dadas las propuestas existentes, predominantemente progresiva (las personas de mayores ingresos o activos deberán pagar proporcionalmente más que las de menos ingresos o activos). Probablemente se acompañará de una negociación colectiva efectiva de las condiciones laborales. Una regalía a las exportaciones mineras permitirá generar los recursos para una diversificación productiva progresiva que encamine a Chile hacia una mayor capacidad industrial, un mayor dinamismo en la generación de empleos creativos y equitativamente remunerados, en procesos de producción circulares y descarbonizados. Las tarifas de los servicios básicos deberán reflejar su costo y deberá terminarse con el esquema de servicios básicos entregados con rentabilidades privadas monopólicas que alimentan la concentración económica y retrasan la difusión tecnológica. Esos servicios deberán volver a una gestión estatal si las regulaciones efectivas no son posibles o implican subsidios a privados de alto costo sin suficiente calidad y extensión de la prestación a los usuarios.

El empresariado reacio a estos cambios debiera recordar que diversos países con modelos de este tipo se encuentran entre los de mayor PIB por habitante y calidad de vida. Y recordar lo que pasó con el plan de reformas y de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet: ayudaron a echarlo abajo y hoy muchos lo echan de menos. No deben dejar de considerar que, en medio de convulsiones y dificultades, la sociedad chilena ha ido buscando una salida civilizada a sus dilemas y cuenta con fuerzas transformadoras racionales. Los que desconfían de todo cambio debieran asumir que el país entró en una etapa distinta, la que no los amenaza como ciudadanos ni les impedirá seguir postulando su modelo de sociedad en condiciones democráticas, en las que manda la mayoría respetando a las minorías. Más aún, en su mejor interés, debieran contribuir al buen desarrollo de una nueva gobernanza democrática.

El derrumbe del poder de veto de la derecha

En La Mirada Semanal

El pueblo se ha pronunciado, en medio de la pandemia, con una participación de 43,3% (a comparar con el 50,9% en el plebiscito de octubre pasado). Los votantes fueron sabios para impedir un nuevo bloqueo institucional por parte de la representación política de una oligarquía dominante, la derecha. Evitando confrontaciones mayores, resultado de la persistencia del veto de los representantes del 10% más rico sobre la mayoría de la sociedad.

En la nueva etapa constituyente, se hará posible que la derecha no vete las nuevas normas. La derecha tuvo que aceptar el término de la dictadura militar, pero hizo todo lo posible, con un éxito prolongado mediante distintos mecanismos desde 1990, por mantener un poder de veto sobre la voluntad mayoritaria. Este persistió luego de la importante reforma de 2005, que al menos eliminó a los senadores designados y los enclaves militares. La eliminación del sistema electoral binominal se produjo recién en 2015 (se aplicó el sistema proporcional por primera vez en 2018), pero persisten hasta el día de hoy los altos quórum de aprobación de leyes claves y de reformas a la constitución, junto a un Tribunal Constitucional de cerrojo final de las voluntades mayoritarias expresadas en el parlamento.

Ahora la derecha fue castigada nuevamente, después de lo ocurrido en el plebiscito constitucional de octubre de 2020. No llegó al tercio en la Convención Constitucional, no eligió en primera vuelta ningún/a gobernador/a y elegirá a lo mejor a uno en segunda vuelta, mientras pierde comunas como Santiago, Maipú, Estación Central, Nuñoa, Viña del Mar, Temuco o Valdivia, a pesar de la dispersión opositora. No logró superar el voto por el rechazo que se manifestó en el plebiscito.

Por su parte, también fue castigada la Lista del Apruebo (ex concertación más PRO y Liberales), que sumó solo un 14,5% de los votos. Se derrumbaron en la elección de convencionales partidos de centro como la DC (elige 2 con un 3,7% de los votos), el PPD (elige 3 con un 2,6%) y el PR (elige 1 con 1,2%), mientras al PS le va mejor pero con pocos votos(elige 15 con solo 4,8%). El PRO se queda con 0,6% de los votos.

El Frente Amplio (elige 16, con 6,3%), el PC (elige 7 con 4,9%) y el FREVS (elige 4, con 1,8%) mantuvieron básicamente sus proporciones parlamentarias previas (sumando el 18,7%). Junto a los independientes que están por los cambios estructurales, están llamadas a unificarse, aunque eso demore todavía en ocurrir.

El PH de Pamela Jiles, por otro lado, sacó el 0,5% de los votos, a pesar de toda la farandulización post- moderna de la política que promovió con amplia notoriedad. La presencia de una amplia representación de independientes de izquierda radical tiene un significado histórico, porque asegura la presencia de sensibilidades emanadas directamente de la rebelión social de 2019, canalizándolas a un momento constituyente efectivo.

El resultado en concejales, no obstante, es bastante distinto que en convencionales. Los votos por los independientes fuera de listas de partidos fueron marginales en las municipales (1,5%) y muy significativos para la Convención (40,7%). La derecha llega en concejales a un tercio de los votantes, en vez del 20,6% en convencionales. La ex Concertación aumenta los suyos del 14,5% al 34,2%: el PS pasa del 4,8% al 8,7%, la DC del 3,7% al 11,5%, el PPD del 2,6% al 6,6% y el PR del 1,2% al 6,7%. El PC pasa del 5,0% al 9,2%. El FREVS casi duplica su porcentaje, llegando a 3,3%, y el PH lo multiplica por cinco, llegando a 2,5%.

Lo descrito refleja que el voto local está más apegado a las redes partidarias preexistentes y confía más en los representantes de partidos o asociados a ellos. El Frente Amplio, en cambio, pasa de 10,8% a 8,6%, por su implantación territorial más reciente e incompleta y con una caída respecto al 16,5% de la elección parlamentaria de 2017 por las escisiones que ha sufrido. En las municipales, el primer partido es RN, seguido de la DC, la UDI y el PC, seguido más atrás por el PS y los partidos del FA sumados. Luego vienen radicales y PPD.

En alcaldes, la derecha juntó 22,8%, la exconcertación suma 25,9% y las postulaciones variadas del FA, PC, regionalistas y ecologistas suman un 16,4%, mientras se eligen 100 alcaldes independientes, como una nueva expresión de rechazo a los partidos políticos constituidos y su fragmentación actual.

Más allá de todas estas variadas cifras, el voto a la Convención Constitucional expresó una opción más directamente política sobre el largo plazo en el país y un castigo a los partidos políticos nacionales y sus dirigencias. Esto se expresó en la alta votación a independientes, pero que son predominantemente de izquierda (no se conocen casos de convencionales independientes electos que sean de derecha) y sin trayectoria visible previa, junto a algunas figuras, pero solo en el margen, de los medios de comunicación.

Ahora lo que sigue es que el 18 de julio deberán realizarse las primarias. Deberá construirse un sólido compromiso previo de apoyo mutuo en la segunda vuelta presidencial de diciembre y sentar las bases de un gobierno coherentemente progresista y de transformación incluyente para una nueva etapa en la vida del país, a la altura de lo expresado por el pueblo en las urnas y previamente en las calles.

Pero por el momento, los vuelcos de última hora a la inscripción de las primarias revelaron que se está lejos de las conductas racionales como las mencionadas. Se siguió con bailes de máscaras como método político que terminaron en un desastre. En vez de reconocer diferencias entre la autodenominada centroizquierda (la DC y el PPD señalaron incluso hace poco que no votarían en segunda vuelta por ningún motivo por los candidatos del PC y el FA) y un bloque más radical en su voluntad de cambio liderado por Jadue y Boric, las que se pueden procesar y dirimir con el método democrático que permitiría pasar de múltiples candidatos a dos en primera vuelta y uno/a en segunda. Este sería un arbitraje por etapas en las urnas de quienes no adscriben a la derecha. Algo así ocurrirá, pero en el desorden y la dispersión – sin que se sepa qué hará el fisurado bloque de centroizquierda, que se quedó sin primarias – y en un clima de recriminaciones. Si prima la responsabilidad política, habrá de reemplazarse con paciencia por un debate constructivo sobre opciones programáticas como único camino para concretar el deber de construir una alternativa de gobierno a la derecha que, además, acompañe el histórico cambio constitucional.

El voto por convicción

 En La Mirada Semanal

Existe el voto emocional volátil, el voto identitario, el voto por abstención. Pero también existe el voto por convicción, que corresponde a una mezcla entre una apreciación más o menos razonada de los dilemas que enfrenta la política y las adscripciones estables a un campo de ideas. Este voto es más importante de lo que creen los cultores del marketing político porque difunde sentidos en la sociedad. Frente a la dispersión actual, después del 15 y 16 de mayo la responsabilidad de constituir un bloque de izquierda democrática transformadora probablemente no hará sino acrecentarse.

Después del fin de la larga era de la transición postdictadura y de sus restricciones y decepciones, especialmente para las nuevas generaciones, hemos entrado de lleno a la etapa de la construcción de un nuevo orden político en Chile. Este proceso -en el que ha quedado además establecido que cuando la derecha gobierna los problemas de la mayoría se agravan, incluyendo los de seguridad cotidiana- eventualmente desembocará en transformaciones en el orden económico y social. Esto pone en máxima tensión las luchas de intereses en este plano, especialmente cuando parte de aquellos intereses que son propios de la oligarquía económica dominante están en disputa abierta. Pensemos en las propuestas que adquieren una fuerza creciente en materia de royalty minero, impuesto a los super ricos, fin a las AFP y reformas de salud y educacionales orientadas a restringir el rol del mercado en las políticas sociales. 

Ahora que nos toca votar para conformar los municipios y elegir por primera vez al gobernador regional (ex Intendente) y a delegados para la Convención Constitucional, cabe recordar que hay distintos tipos de votos. 

El primero, sobre el que se puede ironizar a partir del gran humorista norteamericano Groucho Marx (1890-1977), al que se atribuye haber dicho “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”, es el voto fluctuante y emocional. Este funciona por simpatía más o menos circunstancial hacia personas, las que no se privan de buscar halagar los impulsos positivos o negativos de los que sufragan. En eso está convertida buena parte de la política hoy.  El más reciente ejemplo es el de sumarse sin rubor, luego del asesinato de un niño, a una natural indignación y promover reinstaurar la pena de muerte para ganar votos, aunque eso no sea posible por los compromisos internacionales asumidos por Chile.  Existe, por contraste, un voto identitario y estable por partidos a los que se adhiere, a veces incluso por transmisión familiar, aunque ese voto es menos frecuente hoy, especialmente cuando los partidos políticos se han vuelto esencialmente pragmáticos y circunscritos a la promoción de los intereses de sus miembros, lo que provoca, además, frecuentes divisiones y fragmentaciones. Por otro lado, está el caso más frecuente, el del voto por abstención, basado en el rechazo ideológico o emocional a la representación, y que tiene como consecuencia dejar que los demás decidan.  

También existe el voto por convicción, que corresponde a una mezcla entre una apreciación más o menos razonada de los dilemas que enfrenta la política y las adscripciones estables a un campo de ideas. Ese voto es visto como uno que no tendría importancia cuantitativa desde el “marketing político”, lo que es una equivocación sociológica: ninguna sociedad funciona sin representaciones y sentidos. El voto por convicción tiene importancia cualitativa y termina por influir, de manera más o menos extendida según los casos, en el propio voto emocional mayoritario, dado el contexto de las interacciones que son propias de los procesos electorales, por confusas que puedan llegar a ser (y hoy lo son abundantemente) esas interacciones.

Se puede pensar que el sábado 15 y el domingo 16 de mayo se reforzará o disgregará aún más la representación del mundo del trabajo y de la cultura cuya visión de mundo está anclada en los valores de igualdad de oportunidades y derechos y de la libertad real, es decir una libertad que sea accesible para todos/as porque se crean las condiciones materiales que lo permitan. Esa es más o menos la visión de mundo de la izquierda, que sostiene que las diferencias de ingresos y de propiedad de activos no deben entenderse como un hecho natural ('siempre ha habido pobres y ricos') sino fruto de una construcción social histórica modificable por la acción política. El eje izquierda/derecha es el de la diferenciación de posturas sobre la igualdad/desigualdad social. Como Chile es un campeón mundial de la desigualdad, pasará mucho tiempo antes de que ese eje deje de estar vigente. Negar ese clivaje es una manera de intentar evitar el debate sobre cuestiones cruciales de la sociedad y es una de las más exitosas estrategias del modelo neoliberal: relativizar lo ideológico y reducir todo al sentido común cotidiano y a las emociones. En ese eje también se inscriben las grandes batallas de la modernidad para alcanzar una vida autodeterminada, no sujeta a discriminaciones arbitrarias que limiten la libertad personal, con una dimensión civilizatoria central: la emancipación de la mujer del patriarcado.

Es posible que salgan fortalecidas después del 15 y 16 de mayo las expresiones plurales de una izquierda moderna que se haga cargo de disminuir la desigualdad mediante más reformas tributarias, laborales, territoriales y educacionales, con servicios públicos universales y un Estado fuerte para poder redistribuir recursos que provengan de una economía dinámica que no suprime el mercado pero si lo orienta hacia el interés mayoritario mediante políticas y regulaciones. Y que lo enmarca en una inserción internacional industrializadora y sostenible en una economía mixta. 

Lo que se parezca a una izquierda moderna de ese tipo también deberá asumir las otras dimensiones en debate en la sociedad chilena: la ampliación de las libertades individuales (con respeto de las minorías sexuales, aborto, diversidad cultural, libertad de pensamiento y expresión, laicidad del Estado) en contra del autoritarismo conservador, así como la defensa de los ecosistemas contra el productivismo irresponsable con las nuevas generaciones y la preservación de la biodiversidad, lo que supondrá en el futuro crecer en ciertas cosas y decrecer en otras. Y honrar la deuda histórica con los pueblos indígenas, respetando su cultura y autodeterminación en un Estado plurinacional basado en valores comunes y derechos universales.  

Se trata de la tarea histórica de la izquierda contra la desigualdad y por la consagración de derechos universales junto a la tarea histórica de la modernidad en favor de emancipar la condición humana y terminar con el patriarcado. Y siempre considerando que la democracia es el marco irrenunciable de la acción política de transformación y que su vocación es convencer poniendo por delante convicciones y proyectos antes que solo vencer en una elección, manipulando circunstancialmente las emociones de las personas. De salir fortalecidas las expresiones que asumen este tipo de causas, la responsabilidad de constituir un bloque de izquierda democrática transformadora no hará sino acrecentarse.

Nuevas medidas de un gobierno que improvisa

En La Mirada Semanal 

La pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. La economía ha vuelto a caer. Pero el gobierno insiste en tratar de salvar dos de los pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y la entrega cuasi  gratuita de la renta obtenida de la explotación privada de recursos mineros que pertenecen al país. 

Para sobrevivir hasta marzo próximo, y después del rechazo del Tribunal Constitucional a su intento de parálisis de un tercer retiro de ahorros de los fondos de pensiones, el gobierno se ha instalado en la improvisación. Entre tanto, la pandemia apenas muestra signos de mejoría después de la vacunación y las cuarentenas masivas. Como consecuencia, la economía ha vuelto a caer, aunque en la semana la noticia se presentó como una expansión del Índice Mensual de Actividad Económica de un 6,4% en marzo al compararse con el mismo mes del año pasado, cuando la economía empezaba a caer. En lo que hay que fijarse es en la evolución respecto al mes previo despejada de efectos estacionales. Ahí, el panorama es otro: el Imacec disminuyó en -1,6% respecto al mes precedente.  A esto se agrega la caída del empleo en -0,2% en el registro del primer trimestre respecto al trimestre móvil anterior. Frente a esta situación, el gobierno ha tomado día a día una serie de medidas cuya coherencia no se observa con claridad, mientras ha ofrecido un diálogo a la oposición. 

El ministro del Trabajo Melero anunció el 1º de mayo la creación de un nuevo subsidio para "impulsar la formalización del trabajo y garantizar el acceso a la seguridad social como salud y seguro de cesantía". El subsidio al empleo que se paga a las empresas desde fines de 2020, dotado de dos mil millones de dólares para 1,2 millones de personas, parece no haber ido mucho más allá de 500 mil personas, mientras por construcción favorece a las utilidades de las empresas. Tal vez por ello el gobierno ahora declara que, a diferencia de los subsidios ya existentes, este va "al trabajador: es él quien postula y quien lo recibe" y se entregará por seis meses a los trabajadores que hayan iniciado una relación laboral a partir del 1 de abril de este año y cuya renta no supere tres ingresos mínimos, es decir, alrededor de $980 mil. El costo fiscal será de US$248 millones y tendrá una cobertura potencial de 500 mil trabajadores y trabajadoras. Se trata de un suplemento de ingresos para quien consigue trabajo, lo que es bastante curioso, dado que los que no lo consiguen o están en cuarentena parecen ser una prioridad más evidente. Seguramente está detrás la visión empresarial de que habría una "escasez de mano de obra por los subsidios estatales que incitan a las personas a quedarse en la casa". Entonces, con este subsidio se incitaría a que los cesantes busquen trabajo. Es un caso más del prejuicio neoliberal sobre la conducta de los trabajadores. Tal vez el único beneficio de la medida es que formalizará empleos ya existentes. En buena hora. Pero la contracara es constatar otra vez que al parecer en Chile la obligación de cumplir la ley solo se hace efectiva si se paga por ella.

Además de ofrecer una especie de universalización del IFE en respuesta a la idea opositora de un ingreso universal transitorio y de terminar con parte de las exenciones tributarias, el gobierno se ha reafirmado en tratar de salvar dos pilares del modelo neoliberal existente: las AFP y cobrar muy poco por la renta de explotación minera privada. 

En el primer caso, ha obtenido increíblemente el apoyo unánime de la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para un proyecto que otorga un bono de $200 mil de cargo fiscal a quienes hayan quedado con saldo cero en sus cuentas de capitalización individual debido a los retiros del 10% (3.201.289 personas). El proyecto de ley establece, asimismo, una cotización adicional mensual de 1% de la remuneración imponible de cargo del empleador o del trabajador independiente. Esta cotización adicional debería realizarse a partir del primero de enero del año 2022. Además, se crearía una bonificación fiscal para los afiliados del sistema privado de pensiones de un 1% de cotización adicional por cada cotización que efectúen a su cuenta de capitalización individual, con un tope de 0,3 Unidades de Fomento.

Resulta insólito que esta operación de salvataje de las AFP- las que recibirán de aquí a un futuro indeterminado del orden de un 15% de los montos transferidos por el Estado por comisiones, las que se cobran por flujo y no por el monto acumulado- reciba votos de la oposición. El costo de los 200 mil por una vez será de 890 millones de dólares. El costo anual potencial de la bonificación del 1% adicional será de 640 millones de dólares en 2022. Dicho sea de paso, las AFP ya cobraron su comisión por los fondos recientemente retirados en el momento en que se depositaron originalmente. Por eso no se oponen a los retiros. Y todo reintegro, como el planteado por el gobierno, daría lugar a un nuevo cobro. ¿Por qué estos recursos no se entregan directamente a los pensionados al momento de jubilarse, sin pasar por las AFP? 

El gobierno que se inicie en marzo de 2022 -salvo que sea otro gobierno de derecha, lo que es perfectamente posible tal como están las cosas en la oposición- deberá proponer una reforma con sentido. Esta deberá incluir una pensión básica solidaria más amplia y cotizaciones que financien derechos de jubilación adquiridos en el trabajo durante la vida activa, es decir un sistema con un mínimo universal decente a partir de los 65 años (del orden del actual salario mínimo de 300 mil pesos), más una pensión contributiva que refleje lo trabajado y que compense el trabajo no remunerado de las mujeres. Y sin AFP, salvo como opción voluntaria de los que quieran ahorrar adicionalmente. 

En paralelo, el gobierno se ha empeñado en hacer campaña contra el royalty (regalía, en castellano) que deberá terminar de ser votado por la Cámara de Diputados. Según el ministro de Minería Jobet, el royalty a las ventas de cobre y litio que plantea el proyecto de ley de la oposición sería de 82% sobre las utilidades de las mineras privadas. Aunque la cifra no es la correcta, un 18% de utilidad por extraer un recurso que no les pertenece no estaría, en todo caso, nada de mal. El hecho es que el cálculo del gobierno suma el actual Impuesto Específico a la Minería, que sería sustituido por el proyecto en discusión, y no considera el pago del royalty como gasto para efectos del impuesto a la renta. Cuando esas dimensiones se incluyen, y considerando el caso de la minera Escondida y los costos que ha publicitado, la tasa sobre utilidades con el nuevo royalty que se discute el jueves en la sala de la Cámara de Diputados sería de 42% si el precio es de 280 centavos la libra de cobre o de 56% si es de 450 centavos la libra.

Con las utilidades después de impuestos que permanecerían después de la aplicación del royalty ningún inversionista con dos dedos de frente dejaría de invertir en Chile. Pero para Diego Hernández, de la SONAMI, "si se aplica tal como está aprobado afectará a toda la industria minera, lo que en la práctica significa una decisión de no tener más minería en Chile”. Los representantes del gran empresariado presente en Chile -en este caso capitales transnacionales- no parecen tener sentido del ridículo.

Recordemos que hoy el precio del cobre está en 453 centavos de dólar la libra, en circunstancias que las inversiones están calculadas con un precio inferior a 300. Esa diferencia debe ir en una proporción principal al dueño del recurso, la ciudadanía chilena, y no a quienes obtuvieron una concesión del Estado para explotarlo. El royalty sobre margen de explotación que a duras penas -con la oposición tenaz de la derecha- se logró establecer a partir de 2005, apenas captura una baja proporción de la renta minera que pertenece a la Nación. Por eso es tan importante que sea aprobado el proyecto de la Cámara de Diputados. Y por eso es tan importante que la derecha no obtenga un tercio de bloqueo en la Convención Constituyente para que el país recupere de manos de la oligarquía económica su soberanía en la determinación de sus políticas y en la protección del interés nacional.