Y ahora las primarias
¿Se reproducirá en la elección presidencial el esquema de la Región Metropolitana? Es posible, en un escenario en que la derecha permanezca con un candidato de baja votación, el Partido Socialista apoye a una candidadtura de la Democracia Cristiana y pase a segunda vuelta Provoste y una candidatura de izquierda (Jadue o Boric). Pero nunca en política los precedentes son mecánicos.
Ya se han cumplido las primeras etapas de este año 2021 de una gran densidad electoral y política, con las elecciones municipales, de gobernadores y de constituyentes del 15 y 16 de mayo y con la segunda vuelta de gobernadores del 13 de junio. En este último caso, la derecha solo logró triunfar en La Araucanía, confirmando su fuerte retroceso electoral y sellando el fracaso del gobierno de Piñera II. Los datos principales son que Unidad Constituyente eligió en total diez gobernadores (cuatro DC, cuatro PS y dos independientes), Apruebo Dignidad dos (Frente Amplio) y los Ecologistas uno (independiente). Hay dos independientes fuera de lista (Bío-Bío y Atacama).
En la Región Metropolitana, se produjo la significativa victoria de Claudio Orrego, que logró el 52,6% de los votos válidos, y la derrota de Karina Oliva, que obtuvo el 47,4%. En la primera vuelta, Claudio Orrego había obtenido el 25,5% y Karina Oliva el 23,4% de los votos, con 1,46 millones de votos totales, a comparar con los 2,66 millones emitidos en primera vuelta en la Región Metropolitana. La suma de los partidos tradicionales de centroizquierda y el apoyo de la derecha -que quedó sin otra opción- logró una resonante victoria, con una baja participación, en la principal región del país. En Las Condes, votó un 42% de los 270 mil votantes. En Puente Alto, lo hizo solo un 21% de los 400 mil votantes. Esto explica la derrota de Karina Oliva. Además, en el enfoque de conectar mundos y de no poner demasiado por delante el mundo propio (la lógica de los “partidos-atrápalo- todo”), Claudio Orrego lo hizo muy bien en su despliegue de campaña. Aquello de “creo en Dios y qué”, por ejemplo, quedó atrás y logró recoger votos de derecha, centro e izquierda, con un campo amplio de alianzas políticas y con llegada a espacios sociales diversos. Esto es fruto de una larga acumulación, lo que es su mérito, que ahora le rindió frutos, no como en la primaria presidencial en que Orrego participó contra Bachelet.
Este resultado ayudará a la centroizquierda a recomponerse, especialmente a la Democracia Cristiana, después de su magro resultado en la elección de convencionales (3,7%). Pero para el PS-PPD (que sumó 7,4% en convencionales) la situación sigue siendo precaria, pues es una fuerza política que está siendo invitada por la DC a declinar su candidatura presidencial y a no someterla a una primaria auto-organizada. En todo caso, ésta debiera realizarse antes de la inscripción de candidaturas presidenciales en agosto, mientras las primarias de la derecha y del bloque de izquierda Apruebo Dignidad se realizarán el 18 de julio. Si la DC y el PS-PPD no llegan a acuerdo, habrá en primera vuelta tres candidaturas de centroizquierda, incluyendo la de la DC, el PS-PPD y el Partido Radical.
Pero es muy posible que la centroizquierda logre evitar ese suicidio político. Lo que plantea otra interrogante: ¿se reproducirá el esquema de la Región Metropolitana en las elecciones presidenciales de fin de año? Es posible, en un escenario en que la derecha permanezca con un candidato de baja votación (Lavín), el PS permanezca aliado a la Democracia Cristiana, sobre la base de declinar su candidatura o de una derrota en primarias auto-organizadas, y que pase a segunda vuelta una candidatura DC (Provoste) y una candidatura de izquierda (Jadue o Boric). Se repetiría así, de alguna manera, el escenario de 1964. Pero nunca en política los precedentes son mecánicos. Falta el hito de las primarias y el de la primera vuelta presidencial, y sobre todo la evolución futura de la participación electoral.
La participación en las elecciones de mayo fue de 40%. En la de gobernadores en junio fue de 25% en Santiago y de 15% en regiones. Eso tiene que ver, en parte, con que el cargo de gobernador regional recién se inaugura y poca gente sabe bien para qué sirve. Y también con la pandemia. Pero hay que constatar una tendencia de largo plazo: la persistencia de la masiva desmovilización electoral que viene agravándose desde 1997 en el país. La representación política está desprestigiada por los bloqueos persistentes de la democracia transicional y está en una manifiesta crisis, lo que en parte explica la rebelión social de 2019.
Esta desmovilización abarca también los barrios altos, pero con menos intensidad, pues los intereses del mundo privilegiado se movilizan con más persistencia y conciencia de sí mismos que los intereses más fragmentados del mundo popular y de los sectores medios emergentes y tradicionales. Sus representaciones de mundo y culturas son más plurales y diversas.
La movilización alrededor de figuras convocantes (y de los proyectos e intereses que están detrás), o que expresan una idea de mal menor de amplio espectro, parece tener un rol cada vez más relevante en el resultado de las elecciones. Esto tiene como trasfondo el voto voluntario (aunque restablecer el voto obligatorio no va a solucionar todo el problema) y los cambios culturales propios del nuevo paisaje mediático y de las nuevas modalidades en las interacciones individuales de nicho. Y también, no hay que olvidarlo, tiene como sustrato una situación estructural de orden socioeconómico signado por desigualdades y precariedades de inserción social agravadas por la prolongada pandemia de COVID-19.
En suma, en una coyuntura sanitaria y de empleo especialmente dura para el mundo popular, este persistió mayoritariamente en no creer que las instituciones políticas -en este caso las regionales- pueden modificar su situación y por tanto se abstuvo en una alta proporción mayor a la usual. La tarea para la izquierda que optó por privilegiar sus propios contornos programáticos (Apruebo Dignidad) y su propia alternativa, es ser ahora cada día más creíble y convocante para movilizar y convencer que desde la política se pueden cambiar cosas relevantes de la vida cotidiana y al mismo tiempo es posible darle una orientación democrática e igualitaria al funcionamiento de la sociedad.