La discusión sobre la regalía minera
Primera versión en La Mirada Semanal.
Con los precios previsibles del cobre y aplicando la regalía aprobada por la Cámara de Diputados, se podría recaudar unos 6.500 millones de dólares anuales. Estos recursos debieran impulsar un fuerte esfuerzo de reconversión y diversificación productiva, incluyendo a las actuales regiones mineras.
El Senado ha iniciado el debate sobre el royalty a la minería (regalía en castellano) luego de la aprobación de una moción parlamentaria en la materia aprobada por la Cámara de Diputados. En lo fundamental, esta moción establece una regalía a las ventas de carácter progresivo según el precio del cobre. La tasa más baja es de 3% (hasta dos dólares la libra) y la más alta es de 75% (para las ventas provenientes de precios mayores a cuatro dólares la libra). Este esquema ha sido descalificado por doquier, sin mayores fundamentos. Algunos han cuestionado que la tasa inferior de 3% se aplique en situaciones de precios bajos, lo que dejaría fuera de producción a los yacimientos menos rentables. Pero ese es un costo adicional (la regalía es el pago por el acceso al recurso) bajo en relación a otros costos, que son los que dejarían a los yacimientos menos productivos fuera de producción a ese precio bajo. Y, a su vez, para los yacimientos altamente rentables permitiría una recaudación incluso en esa situación, lo que no es el caso con el esquema vigente sobre márgenes operacionales.
Otro argumento en contra es que la suma del impuesto a las utilidades, del impuesto específico a la minería y la nueva regalía, llevaría la tributación al 80% de las utilidades (según el gobierno) o a niveles entre 62% y 84% de la misma con diferentes supuestos (según el CEP). Este argumento no es válido, pues en primer lugar en el cálculo del gobierno y del CEP se mantiene el actual impuesto específico, el que solo se puede derogar por iniciativa del gobierno y por ello no está previsto en el proyecto aprobado, aunque supone su reemplazo. El impuesto vigente tiene el problema de basarse en márgenes operacionales que son objeto de manipulación contable, empezando por la verificación del contenido de mineral del concentrado por la Aduana y la imputación de diversos costos y precios de transferencia. El impuesto a las ventas disminuye fuertemente el potencial de evasión. En segundo lugar, con el supuesto de un costo de 169 centavos de dólar por libra de cobre producida (según un estudio recién publicado por Castillo y Valverde un tercio de la producción privada opera con costos operacionales sobre US$1.7/lb, mientras que el resto opera en promedio con costos operacionales en torno a US$1/lb), la tasa efectiva total del proyecto de ley varía según el precio entre un 46% y un 59%, considerando regalía e impuesto corporativo normal. Este es un monto razonable para una actividad privada que, cuando los precios son altos, puede tener utilidades sobre capital que permiten amortizar en un año o dos la inversión realizada a costa del uso de un recurso que no le pertenece y que el Estado chileno hoy prácticamente le regala. En todo caso, el proyecto en el Senado podría incluir desgravaciones del pago de la regalía en función de rangos diferenciales verificables de costos.
El esquema propuesto por la Cámara no llevaría a los inversionistas a salir del país, como se insinuó en un primer momento. Ahora se argumenta que estas tasas son superiores a las de otros países y que eso llevaría a inhibir nuevas inversiones o a desviarlas a esos países. Al parecer, Perú, cuyo eventual nuevo gobierno de izquierda prevé establecer impuestos a las ventas y a las sobreutilidades, no será ese destino. Tampoco está prevista ninguna nueva inversión en países africanos productores de cobre. Ni en ninguna otra parte del mundo, por lo demás, de acuerdo a los informes de la industria recogidos por la prensa especializada, dada la actual situación de la oferta y la experiencia de sobreproducción posterior a 2011. La ventaja competitiva chilena (que incluye calidad del mineral, costos, impuestos, facilidades logísticas y funcionamiento del Estado de derecho) permanecerá en caso de aprobarse este nuevo esquema. Lo que habrá que evitar es que por este argumento interesado se establezcan desgravaciones -como algunas que se propusieron en la Cámara- que hacen inefectivo el cobro de la regalía. El poder de la minería privada se expresa en influencias parlamentarias variadas.
El hecho es que con precios del cobre entre 3 y 4 dólares la libra y aplicando la regalía aprobada por la Cámara de Diputados, se podría recaudar unos 6.500 millones de dólares anuales. Estos recursos debieran impulsar un fuerte esfuerzo de reconversión y diversificación productiva, incluyendo a las actuales regiones mineras.
Se trata de realizar una planificación estratégica con políticas selectivas y horizontales para la transición a una economía circular diversificada. La economía circular debe avanzar en el tratamiento de los residuos mineros, de la escoria siderúrgica, de la ceniza volante y de la biomasa residual agrícola, forestal y pesquera y los residuos de la construcción. Sería un buen avance establecer una norma parecida a la Directiva de la Unión Europea 2008/98/CE, que regula la reutilización distinguiendo entre residuos destinados a la disposición y subproductos útiles en diversos procesos productivos. Se deberá, además, avanzar más en la clasificación de la basura domiciliaria y en el uso sostenible de embalajes, junto al encarecimiento (a través de aumentos diferenciados en el Impuesto al Valor Agregado) de los consumos dañinos para la salud y para los ecosistemas locales y la biosfera.
El hecho es que la especialización productiva en la extracción de recursos naturales sin o escasa elaboración llegó a su límite económico y ambiental, con la disminución de las leyes del mineral de cobre o los límites ambientales a la acuicultura como ejemplos emblemáticos. Avanzar a un modelo de desarrollo equitativo y sostenible debe tener como pilares un crecimiento basado en salarios y en inversión en nuevos sectores dinámicos, incluyendo la industrialización sostenible de recursos naturales en un esquema de economía circular y de encadenamientos hacia atrás (en servicios tecnológicos de punta y en industria metálica y sistemas de transporte especializados) y hacia adelante (en refinería y fundición de cobre y en baterías de distinta tecnología al servicio de la expansión de la electromovilidad), mejorando tanto la inserción en las cadenas globales de valor como la dinamización de las economías locales.
Un requisito de un cambio estratégico de este tipo es el fortalecimiento sustancial de la investigación y desarrollo tecnológico endógenos, junto a la fijación de precios sociales ambientales (a través de impuestos al daño ambiental y otros instrumentos) para asegurar la sostenibilidad del uso de recursos, la resiliencia de los ecosistemas y la preservación y ampliación de los bienes comunes de los que el país dispone. El gasto en Investigación y Desarrollo total ha venido declinando en Chile desde el 0,39% del PIB en 2013 hasta el 0,35% en 2018, último año para el que se dispone de datos homologados por la OCDE. Este gasto es casi enteramente gubernamental, a pesar de la desgravación de que gozan los gastos de I+D en la tributación de las empresas. El más alto gasto público realizado en este ámbito en países emblemáticos del sistema económico mundial es el de 1,3%, 1,1% y 1,0% del PIB en China, Corea del Sur y Noruega, respectivamente. Le siguen el 0,9% de Alemania y el 0,7% de Estados Unidos (que decidió recientemente incrementar ese gasto público para no perder capacidad tecnológica frente a China) y de Japón, con datos de la OCDE para 2018. El número de investigadores por cada mil ocupados es de 8,9 en promedio en la OCDE (y alrededor de 15 en Corea del Sur, Suecia y Finlandia, que lideran este indicador en el mundo), en contraste con solo 1,1 en Chile.
