Postura de Chile tras el fallo de La Haya

Hemos escuchado incansablemente, por parte de la mayoría de los analistas y juristas chilenos sobre los temas de las demandas peruana y boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que la mayor instancia jurídica internacional debe fallar en derecho -lo que es una obviedad (¿qué tribunal no falla a sus ojos en derecho?)-, y que por tanto sólo le cabe aceptar la posición chilena, lo que los hechos han desmentido una y otra vez. Tanto en el caso peruano sobre límites marítimos, como en el caso boliviano sobre admisibilidad de la demanda sobre obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar, la Corte no le ha dado la razón a la parte chilena.

Caben dos posibilidades: o la Corte no falla en derecho y mantiene una animadversión arbitraria hacia Chile –en cuyo caso hay que denunciar a la Corte Internacional y salirse del Pacto de Bogotá de 1949 que Chile suscribió y que compromete a los países suscriptores a que los diferendos de límites se diriman por la vía jurídica en la Corte Internacional de Justicia como alternativa a la guerra entre naciones- o los analistas y juristas chilenos de marras están equivocados.

El autor de estas líneas no es jurista, pero procura razonar más allá de lo que digan o  no las opiniones convencionales o las encuestas frente a los hechos de la esfera pública. Y el primer razonamiento que se le ocurre hacer es que el propio nombre de la Corte Internacional indica que está para impartir justicia, y no para aceptar sin más los argumentos de alguna parte demandada según la cual su posición sobre límites no admite controversia y es intangible, como ha sido invariablemente la posición chilena y que manifiestamente no convence a nadie. ¿Es menester recordar que este camino lleva sólo a una conclusión, la de terminar a la larga sustituyendo la diplomacia por la guerra? ¿Y que la Corte Internacional de Justicia procura establecer soluciones justas para las partes involucradas en controversias territoriales que eviten la solución de la guerra?

En el caso de los límites con Perú, Chile debe actuar -luego del fallo sobre límites marítimos- dando por cerrado el tema de la frontera norte, lo que Perú formalmente no cuestiona. Aparentemente sólo permanece una controversia sin resolver que involucra el llamado “triángulo terrestre” de 3,7 hectáreas de arena al borde del mar, aunque es posible que permanezca como trasfondo la conjetura según la cual la subyacente postura peruana es la de mantener conflictos de cualquier índole en vistas a procurar recuperar soberanía sobre Arica en algún momento en el futuro.

Esta postura no es expresamente formulada por la diplomacia peruana, aunque fue insinuada en su respuesta al acuerdo de Charaña de 1975 cuando puso como condición para aceptar un pacto entre Chile y Bolivia que permitiera a nuestro vecino acceder al mar en condiciones de soberanía en la frontera sur del Perú, que se estableciera un área territorial bajo soberanía compartida entre los tres países, aunque aceptaba la cesión de una franja desde la frontera boliviano-chilena hasta el tramo de la carretera Panamericana que une Tacna y Arica.

En el caso de Bolivia, lo sensato frente al reciente revés en la Corte, es tomar iniciativas unilaterales constructivas. En vez de denunciar el Tratado de Bogotá y poner todo tipo de dificultades, como les gustaría a los chauvinistas irredentos, nuestro país debe facilitar aceleradamente el libre tránsito establecido en los tratados entre Chile y Bolivia en todos los aspectos, lo que ayudaría grandemente a mejorar nuestra imagen internacional, hoy bajo la sospecha de ser un país militarista y obtuso.

Esa imagen que transmite Chile no predispone a juez o gobierno alguno a escuchar con benevolencia la posición chilena sobre intangibilidad eterna de los tratados emanados de guerras de conquista, y a poner el tema dónde debe estar: en la negativa de Perú de aceptar una presencia boliviana en su frontera sur. Recordemos lo señalado en el acuerdo de Charaña, en la versión del ex embajador Demetrio Infante: “la propuesta chilena era un corredor de aproximadamente siete kilómetros al sur del Punto de la Concordia y era un corredor que no solamente daba playa, costa, mar, sino que unía hasta Bolivia mismo. Además le entregábamos el aeropuerto de Arica, pues quedaba en la franja, pero bueno, se tasaba y se entregaba. También le entregábamos el ferrocarril Arica-La Paz, por lo que había que valorarlo y cobrar un justo precio por ello”. Esto se acompañaba de la construcción de un túnel para el tránsito de personas y mercancías entre Chile y Perú.

Si la dictadura de Pinochet estuvo dispuesta a hacer estas cesiones de territorios chilenos, con una  compensación equivalente de territorios bolivianos, la democracia chilena del siglo XXI debe estar dispuesta a entregar unilateralmente facilidades de libre tránsito mayores a las pactadas hasta ahora con Bolivia, aunque el tema de la soberanía quede en suspenso mientras el Perú se niegue a otorgársela a Bolivia por el único lugar por el cual es concebible una salida soberana al mar para este vecino país. Nadie debe tener dudas sobre el hecho que es impensable, y un eventual factor de permanente inestabilidad futura, cualquier partición del territorio chileno en dos a través del antiguo territorio boliviano, lo que seguramente Bolivia está en condiciones de admitir.

Chile no debe seguir en la ofuscación, la negación y el nacionalismo estrecho, sino manifestar claros signos y expresiones de voluntad de ayudar a Bolivia en todo lo que esté en sus manos para superar su situación de enclaustramiento y ser un factor de contribución a la integración latinoamericana, haciendo posible a la brevedad el más completo libre tránsito de los bolivianos, incluyendo nuevas facilidades de transporte y logística en la franja al sur de la línea de la Concordia.

Nuestros pueblos tienen muchos otros temas de los que preocuparse que de eternos conflictos de fronteras agitados por gobernantes preocupados de ganar popularidad interna antes que de avanzar en el desarrollo común, que es lo que debiera interesarnos como nación moderna con vocación de progreso.

Lecciones del caso Rossi

En Voces La Tercera

El senador Fulvio Rossi decidió suspender su militancia en el PS luego que reconociera que pidió a SQM que financiara candidaturas municipales de su preferencia. Esto admite al menos dos reflexiones.

La primera es que avanza en el PS la doctrina según la cual cuando uno de sus miembros es objeto de investigación judicial fundada, cabe suspenderle la militancia. Y si se establece una verdad judicial que pruebe la existencia de acciones reñidas con la ética pública, se debe proceder a la expulsión del partido de la persona involucrada. Desgraciadamente el Tribunal Supremo del PS no esperó en el caso de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos que se pronunciara la justicia y estableció un veredicto -sin publicidad- de expulsión del partido. En el caso de Rossi, el buen procedimiento debiera implicar ratificar la suspensión de militancia por el tribunal interno, sin pronunciarse sobre el asunto de fondo hasta que la justicia ordinaria dictamine si se ha cometido o no delitos o faltas contra la ética pública.

La segunda reflexión es de fondo. El senador ha declarado que pidió estos recursos a SQM porque esa era la regla del juego. Aunque la legalidad de la petición está siendo indagada por la fiscalía, la pregunta que los ciudadanos de a pie seguramente se hacen, porque es de sentido común, es si este tipo de financiamiento por empresas privadas (y en este sentido da lo mismo si se trata o no de un pariente de Pinochet, de empresas privatizadas durante Pinochet o de empresas nacionales o extranjeras sin ninguna de estas características) condiciona la conducta y el voto de parlamentarios o autoridades locales electos por el pueblo a la hora de tomar decisiones que involucren intereses de sus financistas.

La respuesta obvia es que se debe presumir que  nunca una empresa privada otorga donaciones por  amor al arte. O lo hace para influir en las decisiones públicas a su favor, o para mejorar su reputación frente a interlocutores críticos. Las empresas privadas no son la Cruz Roja. Y menos si la donación es a un parlamentario en particular, para fines particulares. Distinto es si un partido político pide financiamiento a empresas para financiar sus campañas, pero a la larga el partido en cuestión también puede quedar condicionado por intereses particulares, salvo que las donaciones sean muy diversificadas y provengan de entidades con intereses contradictorios. Pero esta puede ser una figura muy poco frecuente y difícil de establecer.

Para todos estos temas existe una solución: construir una muralla china entre el financiamiento de la política y el dinero empresarial. La legislación debe avanzar a la brevedad en este sentido, de modo que en 2016 ya esté plenamente vigente la prohibición absoluta del financiamiento de campañas electorales o de partidos por empresas y la pérdida inmediata del escaño por quien o quienes se hayan beneficiado de financiamientos de este tipo. La ley debe calificarlos como tramposos y contrarios al ordenamiento democrático, pues en las decisiones de los órganos públicos debe prevalecer el interés general por sobre el interés de toda corporación económica.

El clientelismo

Entrevista en CNN Chile
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/09/03/martner-por-rossi-lo-podriamos-denominar-la-practica-del-clientelismo-politico

Comedia de equivocaciones

En Voces La Tercera

¿Por qué destituyó el gobierno a Francisco Huenchumilla?¿Para dar una señal desde la autoridad a los dueños de camiones y terratenientes de que se actuaría con “mano dura” frente a las acciones de violencia contra propiedades y medios de transporte atribuidas a grupos mapuche en La Araucanía? Si esa fuera la interpretación adecuada, no sirvió de mucho. Escuchar a los dirigentes “multigremiales”de La Araucanía y ver los tuits de Andrés Allamand y las declaraciones de Hernán Larraín nos terminaron trasladando igual, por momentos, al pasado conflictivo del Chile de décadas atrás.

La historia de la República es, contrariamente a la leyenda, una historia con muchos componentes de violencia, incluyendo guerras civiles sangrientas y guerras étnicas aún más sangrientas. Las clases terratenientes tradicionales se constituyeron en base a la ocupación por la fuerza de territorios que no les pertenecían, ya sea por ser parte ancestral de los espacios en que evolucionaron por siglos las etnias originarias o bien por haber sido reconocidos como tierras indígenas mediante títulos otorgados por el Estado de Chile en el siglo XIX, y luego desconocidos o expoliados. Ese es el origen de la violencia actual en La Araucanía: la extrema violencia fundacional del Estado de Chile al servicio de minorías privilegiadas que ocuparon y recibieron tierras para una explotación económica en propio beneficio. Que algunos aún pretendan que la actual violencia atribuida a grupos mapuche -centrada en provocar perjuicios económicos antes que personales, aunque algunos episodios han afectado a personas de un modo que sólo merece una inequívoca condena- se origina en las políticas de restitución de tierras aplicadas desde 1990, es una grave ceguera intelectual y una actitud racista de violencia pura y simple contra los pueblos originarios.

Cuando la Presidenta Bachelet nombró intendente a Francisco Huenchumilla no estaba simplemente nombrando a un “agente natural e inmediato” del gobierno central, como señala la Constitución. Estaba también nombrando a un líder regional representativo, controvertido como todo líder. Al cabo de un año y medio, el gobierno y el nuevo ministro del Interior prefirieron, al parecer, volver a nombrar a un intendente que sea exclusivamente un agente del gobierno central. Es evidente que la destitución de Huenchumilla va a enervar todavía más a aquel segmento juvenil radicalizado del pueblo mapuche que reivindica la creación de una nación que los represente. En suma, un error político de la dupla Burgos-Aleuy.

Ahora bien, no resultó muy edificante la tragicomedia gubernamental de ayer, con un gobierno que amanece con gran dureza contra trece camiones en vez de garantizar su derecho de manifestación pacífica de manera racional, pero que termina diluida en un retroceso total en la noche. ¿Será mucho pedir al Ministerio del Interior un poco de equilibrio entre la mantención del orden público y el derecho a manifestarse, que se podría haber traducido simplemente en autorizar desde el inicio el paso de los famosos 13 camiones, y atenerse a esa regulación legítima en vez de idas y venidas que no ayudan mucho a prestigiar al gobierno? La esperanza es lo último que se pierde.

Un presidencialismo que no funciona

En Voces La Tercera

La discusión sobre el régimen político que nos rige gira alrededor de un equívoco sobre lo que sería su antítesis, el régimen parlamentario. En nuestra historia se conoce como tal a aquel régimen que funcionó entre la guerra civil de 1891 y la puesta en vigencia de la constitución de 1925, que daba al Congreso facultades para aprobar “leyes periódicas” y censurar ministros, en un juego de influencias de los caciques oligárquicos y sus intereses particulares, condicionando el voto de cada ley en el parlamento. Se trataba más bien de un presidencialismo clientelizado antes que un verdadero régimen parlamentario, que terminó en una crisis política y sucesivos golpes de Estado.

Este modelo tiene poco que ver con los regímenes parlamentarios propiamente tales. En ellos, más allá de sus diversas variantes, cuando un partido tiene mayoría en el parlamento, nombra al primer ministro y debe sostener sus proyectos de ley, especialmente el presupuesto,  bajo pena de que el gobierno caiga en caso de indisciplina de voto y se deba llamar a nuevas elecciones. Es lo que está ocurriendo con Syriza en Grecia en la actualidad, partido que probablemente se dividirá y pondrá al primer ministro Tsipras en minoría en el parlamento griego, que deberá llamar a nuevas elecciones. Cuando se trata de coaliciones, pactan su programa de acción y el contenido específico de los cambios legales que promoverán en la legislatura que es objeto de pacto de gobierno. Si el ejecutivo no reúne mayorías para aprobar las legislaciones pactadas, el gobierno cae, con eventual recomposición de la anterior coalición, la configuración de una nueva o bien la realización de elecciones anticipadas. El parlamentarismo (o el semi-parlamentarismo, con un presidente que puede o no tener mayoría en el parlamento, pero en este segundo caso debe nombrar un primer ministro del partido o coalición mayoritaria en el parlamento, aunque no sea la suya) no es sinónimo de inestabilidad política o de ingobernabilidad. Todo lo contrario.

El régimen presidencial fue criticado hace algunas décadas desde la ciencia política (Linz y otros) como potencial factor de crisis cuando difieren las orientaciones del presidente y del congreso. Hoy se puede mencionar que ese funcionamiento no necesariamente produce crisis sistémicas, pero si crecientemente parálisis gubernamental, especialmente cuando se amplía la distancia en las orientaciones de política del presidente y de la oposición mayoritaria en el congreso, como es el caso de Estados Unidos hoy, que produce frecuentes crisis presupuestarias y parálisis de políticas sectoriales de diversa índole.

En el Chile de hoy la presidenta Bachelet en la práctica no cuenta con una mayoría en el congreso para sus políticas. Una parte de la Democracia Cristiana no comparte ni la filosofía general ni las políticas específicas que la presidenta comprometió realizar en su segundo gobierno. Este grupo ha girado hacia una defensa de enfoques conservadores en la agenda pública y de aproximaciones sistemáticas con la derecha, que producen muy malos resultados de política pública. El ejemplo paradigmático ha sido la reforma tributaria aprobada en el parlamento prácticamente por unanimidad en septiembre pasado, y que hoy no recibe la defensa de nadie, por lo incongruente de la combinación de cuatro sistemas de impuestos a la renta de las empresas y su insuficiente recaudación.

El grupo DC conservador, que entre otras cosas le encuentra grandes méritos a la constitución de 1980, parece tener  la pretensión, como en el seudo parlamentarismo oligárquico de antaño, de determinar con un puñado de parlamentarios la orientación del gobierno y someter a sus socios de coalición y a la institución presidencial a una suerte de interdicción. Esto obligó a la presidenta a señalar en su entrevista del domingo pasado en La Tercera nada menos que “si la lectura hubiera sido que los nuevos ministros llegaron para cambiar el rumbo que la Presidenta defina, hubiera sido una lectura equivocada” y “yo creo que decir que aquí había un giro al centro del gobierno era lo más parecido a un wishful thinking”. Fuertes palabras.

Se ha desatado así una suerte de mini crisis que pudiera escalar, pues se trata de una situación insostenible: o los DC antireformistas se pliegan a lo definido en el pacto original de 2013 o la presidenta renuncia a concretar sus compromisos, con una ruptura más o menos lenta o rápida de su coalición, pero ciertamente con una irritación adicional hacia la dirigencia política de la Nueva Mayoría y de paso hacia el sistema de representación en su conjunto, ya deslegitimado lo suficiente por el financiamiento ilegal de campañas y la pérdida de popularidad de la presidenta.

Hace un año escribíamos aquí que la Nueva Mayoría era una coalición “en el gobierno” pero no “de gobierno”, pues no tiene reglas de funcionamiento que aseguren la estabilidad y coherencia de la acción gubernamental. Es una coalición con pequeñas y grandes discrepancias no zanjadas y acuerdos que no se sabe hasta dónde llegan y si son o no de verdad. En estas semanas hemos visto que ahora incluso se tolera que haya ministros que maniobran día a día contra las orientaciones de la presidenta a vista y paciencia de todo el mundo. Pero este método de gestión política sigue siendo inevitablemente fuente de anomia social y de explosiones disruptivas.

La gran reforma de la política chilena debe de una vez tener como prioridad terminar con el ejercicio de aprobar programas sin intención de cumplirlos porque son inviables, porque no se cree en ellos o porque se declina la voluntad política de llevarlos a cabo en nombre de la resignación seudo realista. El presidencialismo chileno sin un pacto preciso y detallado de gobierno ya no funciona. En vez de cónclaves que no resuelven nada, el gobierno y su coalición debieran abocarse a construir un nuevo pacto hasta 2018 antes de que crezca todavía más el deterioro del sistema político. Porque el nuestro no tiene las válvulas regulatorias propias de los regímenes parlamentarios, como la conformación de una nueva coalición mayoritaria en el parlamento o la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas. Mecanismos que una nueva constitución debiera incorporar para una mejor gestión de los asuntos públicos.

El milagro del liberalismo subsidiado

Leemos en la prensa que ninguna empresa del Transantiago -entiéndase bien, ni siquiera una- “alcanza el nivel mínimo de calidad exigido por el gobierno”,  y que se constatan caídas en los índices de frecuencia (cantidad real de buses dispuestos por cada empresa en sus recorridos) y regularidad (cumplimiento del intervalo entre buses de un mismo recorrido). Este es un servicio público regulado por el Estado y profusamente financiado por éste, además del pago de una elevada tarifa por el usuario, pero que no cumple con un nivel mínimo de calidad.

El necesario cambio que debía hacerse al sistema de transportes de Santiago se diseñó sobre la base de dos dogmas: no debía subsidiarse y el transporte de superficie debía dejarse en manos de privados. El primer dogma murió de muerte natural a breve plazo, pero el segundo persiste. Y es un ejemplo emblemático del milagro del  “liberalismo subsidiado”.

¿No tenía acaso más sentido reformar el sistema de transporte público fortaleciendo el Metro (empresa estatal) y ampliando su sistema de Metro-Bus, primero en los grandes ejes viales, y luego en la capilaridad de la ciudad, evitando los sufrimientos del cambio de un día para otro, y el inmenso y creciente costo del sistema para las arcas fiscales sin asegurar calidad? El propio ex coordinador de Transantiago de Piñera, Raimundo Cruzat, declara que el último cambio de contratos, realizado en 2012, pudo influir en el empeoramiento: “los indicadores que teníamos en los contratos antiguos eran mejores que los que rigen hoy -más estrictos- y tenían a las empresas de cabeza para funcionar mejor. Se trató de relajar las multas y penas a la frecuencia y regularidad de buena fe, porque si no quebraban los concesionarios, pero se hace necesario mejorarlos”. Más claro echarle agua. A propósito, ¿se publica rigurosamente las cifras de rentabilidad de las empresas del Transantiago? Porque en el liberalismo subsidiado las empresas están siempre al borde de la quiebra, se fija usted. No vaya a ser cosa que se deje de ganar dinero con semejante sacrificio de servicio a los más pobres.

Un sistema de buses enteramente estatal de calidad, y que prepara su transición a motores eléctricos no contaminantes en plazos breves, existe, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Pongo este ejemplo para que nadie piense que el suscrito es partidario de lo que se hace en Pyongyang. O que su criterio se basa sólo en la experiencia de Paris, Madrid o Berlín, es decir, de ciudades de la “decadente y estatista Europa”  en la visión de los neoliberales chilenos, pero con notables sistemas de transporte público al servicio de los ciudadanos, claro está.

Una situación del mismo orden se presenta en el caso de la actividad privada minera y pesquera. Los recursos que explota no le pertenecen (o al menos eso dice la Constitución vigente, y además lo hace el análisis razonado) y lo obtiene con un pago muy inferior a su valor. Con ello se embolsa lo que la teoría económica denomina una “renta de escasez” y las subsecuentes inmensas utilidades ilegítimas. Bien elaborados “royalties” debieran minimizarlas -o regalías en castellano, pero esto no suena moderno, aplicadas a la extracción de las viejas materias primas, hoy “commodities”-, por ejemplo por encima de márgenes de explotación superiores al 15%.

Pero en Chile recuperar la inversión en un par de años a partir del uso de un recurso escaso que pertenece a todos los ciudadanos no le llama la atención a nadie mayormente. Por ejemplo, en el Congreso, que acaba de votar la mantención de la invariabilidad tributaria a la inversión extranjera, que entre otras cosas garantiza que no se cobre regalías a la altura del valor de los minerales. A propósito, ¿cómo avanza en el Congreso la “agenda de probidad” que debiera prohibir el aporte de empresas privadas a las campañas electorales? No se escucha mucho al respecto.

Y ni hablemos de AFP e isapres, con sobreutilidades permanentes obtenidas al recoger cotizaciones obligatorias impuestas por el Estado (la totalidad en el primer caso, y aquella parte que proviene de ingresos altos, y de jóvenes y sanos en el segundo, si no quieren ir a hospitales públicos subfinanciados). El suscrito defiende desde hace mucho tiempo en esta materia un liberalismo a secas: que AFP e isapres se ganen los porotos compitiendo en el mercado para ofrecer prestaciones complementarias a los usuarios, pero sin recoger cotizaciones obligatorias que debieran alimentar servicios públicos solidarios de pensiones y salud.

¿Es esto Corea del Norte? No, es lo que ocurre en los estados de bienestar occidentales, que se proponen cubrir con sistemas públicos, y lo logran razonablemente, los principales riesgos individuales. Y una palabrita para los bancos: en este sector abundantemente regulado, las utilidades en Chile son muy superiores a las del grueso de los sectores a los que prestan dinero. Las filiales de bancos extranjeros en Chile tienen utilidades muy superiores a las de las casas matrices en los países capitalistas maduros de origen. Curioso. Pero que en todo caso contribuye a explicar el interés de grandes bancos internacionales de comprar entidades financieras en Chile, incluidas AFP.

Ahora se propone extender el liberalismo subsidiado a más universidades privadas. Muchas de ellas presentan una combinación que parece las hace merecedoras de generosos recursos públicos: mala formación, nula investigación y utilidades a través de mecanismos que desvirtúan la ley. Es que atienden a los más pobres, ¿ve usted? Como si los pobres no se merecieran una buena educación.

¿No es francamente más razonable, antes de avanzar a la gratuidad universitaria ampliada, expandir la matrícula estatal, que recibe una fuerte preferencia de los postulantes, empezando por los más pobres? ¿Y establecer con las universidades privadas que deseen recibir más subsidios de todos los chilenos un compromiso de servicio público que asegure pertinencia, pluralismo y excelencia en la enseñanza e investigación? Pero sin limitaciones dogmáticas impuestas, como es el caso, por algún Estado extranjero, porque no nos olvidemos que el Vaticano es un Estado extranjero y las universidades pontificias dependen directamente de él. Lo que no les impide pedir todo tipo de subsidios del Estado laico, pero sin renunciar a cercenar la libertad de enseñanza e investigación y negar el respeto por el pluralismo de las ideas. Es que deben ser “autónomas”, no para financiarse, claro está, sino para hacer lo que quieran, incluida la represión de la libertad de expresión y de cátedra -que es la esencia de las universidades-, con recursos de todos los chilenos.

El punto es que se paga caro servicios públicos incompletos y de baja calidad producidos por privados que obtienen altas utilidades con dineros de todos los chilenos, o que los desvían para otros fines. Y que el Estado se financia sobre todo con el IVA que pagan pobres y sectores medios, con impuestos a la renta que no son suficientemente progresivos (la tasa marginal a la renta ha pasado desde 50% en 1990 a 35% en la actualidad) ni con pago suficiente de los privados por acceder a recursos naturales que no les pertenecen.

Esta es la tendencia creciente en el Chile de hoy: privados que no cumplen con requisitos mínimos de calidad de servicio, pero que se aseguran altas rentabilidades mediante ingentes subsidios fiscales en la actividad de producir servicios públicos que nunca debieran haber salido del dominio gubernamental. Se trata del “capitalismo subsidiado”, o si se prefiere, del “liberalismo subsidiado”. O sea del “modelo chileno”. Ese que además de garantizar una de las mayores desigualdades del mundo, crece en los últimos diez años menos que el promedio de América del Sur. Un verdadero milagro.

La paradoja de las reformas

En una encuesta sobre valores sociales que realizamos a principios de año en la Universidad de Santiago se constató que existía una amplia proporción de respuestas afirmativas a la pregunta de si  es necesaria una reforma tributaria (67% de la muestra se mostró a favor), una reforma educacional (86% a favor) y una reforma laboral (80% a favor). Sin embargo, simultáneamente un 43% le puso una nota muy baja (1 a 3 sobre 7) a la reforma tributaria aprobada. Un 45% hizo lo mismo con la reforma educacional en proceso y un 40% con la reforma laboral presentada por el gobierno.

¿Por qué esta paradoja? Por nuestra parte enunciaremos tres tipos de hipótesis para procurar interpretar lo que reflejan estos datos.

La primera apunta a que en la sociedad chilena se estaría manifestando una aspiración mayoritaria genérica a ser un país más igualitario, en la que opera un “principio de satisfacción” orientado a que los procesos distributivos se articulen de una manera en la que la gran empresa y los sectores de altos ingresos paguen más impuestos, los trabajadores puedan negociar en condiciones más equilibradas el reparto de los ingresos que genera el proceso económico, y al mismo tiempo sea posible un acceso más extendido tanto a los sistemas de seguridad social para enfrentar los grandes riesgos como a la educación y al emprendimiento para alcanzar una mayor movilidad social. Este tipo de preferencias son efectivamente registradas en la encuesta USACH y en diversas otras que han realizado preguntas semejantes. Pero cuando la aspiración genérica a una sociedad más satisfactoria es contrastada con procesos de cambio específicos que generan inevitablemente dosis de conflicto, la percepción tiende a cambiar en una parte importante de la sociedad. Esto parece ser especialmente el caso cuando los partidarios de mantener el statu quo y los que defienden intereses creados emiten mensajes de generación de temor que logran su objetivo. La voluntad de cambio -y su sustrato, el “principio de satisfacción”- se transforma en ambivalencia frente a incertidumbres difíciles de sobrellevar y procesar para muchas personas, lo que provoca a la postre la emergencia de impulsos de autoconservación propios del “principio de realidad”. Esto también se evidencia en la mencionada encuesta y en otras cuando se registra una baja apreciación de las reformas que efectivamente se ponen en marcha, aun cuando se siguen deseando en abstracto.

La conclusión es aquí que debe reconocerse la ambivalencia y mantener la voluntad reformadora subrayando sus potenciales beneficios una vez que estén en funcionamiento los nuevos mecanismos.

Una segunda hipótesis, en un plano de interpretación más inmediato, es  que aparentemente una proporción mayoritaria de  la opinión pública considera que las reformas deben hacerse, pero castiga simultáneamente el modo específico en que se han desarrollado, es decir los procedimientos de elaboración en los ministerios respectivos, el tipo de diálogo previo con los interlocutores sociales, la tramitación y debate en el Congreso, así como el tipo de defensa que ha hecho de las reformas el gobierno en los medios de comunicación. La conclusión es aquí que debe mejorarse la gestión política y técnica.

Una tercera hipótesis alternativa es que la impopularidad creciente del gobierno desde el segundo semestre de 2014 terminó provocando un rechazo genérico a sus iniciativas controvertidas, en una especie de saturación de la opinión frente al gobierno –y desde hace bastante tiempo al sistema político en su conjunto, incluyendo al parlamento- que no le permite valorar ninguna de sus acciones específicas, aunque de modo abstracto las considere positivas. La conclusión es aquí que debe reconocerse el rechazo y emitir mensajes de autoridad y de referencia al mandato de origen y a los beneficios futuros en una lógica de “sangre, sudor y lágrimas”.

Cualquiera sea la interpretación que se privilegie, el hecho es que el   gobierno de Michelle Bachelet no ha logrado suscitar una adhesión mayoritaria a la  reforma tributaria (que convengamos difícilmente puede terminar siendo popular ni en éste ni en ningún país del mundo, especialmente cuando su expresión tangible e inmediata fue el aumento del valor de las bebidas, los alcoholes y el tabaco), a la reforma de la escuela –de la reforma universitaria todavía no se sabe mucho- y a la reforma de la negociación colectiva.

Y parece ser que en definitiva el gobierno está optando por replegar la voluntad reformadora, incluyendo ahora aquella referida a la elaboración de una nueva constitución. Se da a entender, con ese estilo tan curioso que cultiva el equívoco por parte de diversas autoridades gubernamentales,  que se quiere postergar para el próximo período de gobierno este tema. Parece ser que ante las dificultades –que recordemos provienen principalmente de la crisis de confianza y legitimidad del sistema político por las revelaciones de sistemático financiamiento ilegal de campañas por grandes grupos económicos, revelando su influencia indebida- las reformas se considerarían  ahora “irrealistas”, cuando no vinculadas al mismísimo pecado, es decir serían “refundacionales”. ¡Como si correr las fronteras de lo posible no fuera la tarea esencial y permanente de la izquierda y también de los partidarios de transformaciones de diverso horizonte que componen la actual coalición de gobierno! Ya lo decía un tal Miguel de Cervantes: “la peor locura es ver la vida tal como es y no como debiera ser”.

Pero, además, no hay nada que sea políticamente más ineficiente y provoque más caídas de adhesión –lo que es válido para todas las organizaciones en general- que la pérdida de credibilidad de los líderes cuando no asumen sus propios compromisos o no explican con claridad, apelando a la inteligencia de los interlocutores, en este caso los ciudadanos, qué circunstancias sobrevinientes impedirían hacerlo. Y por favor, que no se aluda la situación económica que, siendo difícil y desafiante, está lejos de ser catastrófica como la quieren pintar los que nunca han estado de acuerdo con las reformas, ya sea que estén fuera o dentro de la actual coalición de gobierno. Ni menos como para impedir reformas sociales e institucionales razonables y democráticamente puestas en práctica. Si de pretextos se trata, más vale buscar uno mejor, pues pintar de negro la economía más allá de lo razonable no es francamente el mejor método que tienen las autoridades gubernamentales para contribuir a reactivar el consumo y la inversión.      

Esperemos que nada de esto se confirme y sea sólo un mal momento invernal. Si se consagra un giro conservador, sería una triste constatación, pues gobernar no es seguir los estados de ánimo que registran  las encuestas. Gobernar es hacer avanzar el país hacia nuevas etapas, de acuerdo a ciertos valores y convicciones para los que se ha buscado, y en este caso obtenido con claridad, un determinado mandato ciudadano para un período de gobierno y mediante los procedimientos de la democracia. En este caso, el mandato de realizar reformas económico-sociales contra la desigualdad y la elaboración de una nueva constitución que emane de la voluntad de los ciudadanos y no de las armas. De esas armas que en su momento impusieron –el avance del juicio a los militares que quemaron vivos a dos jóvenes indefensos está ahí para recordarnos de qué estamos hablando- el prolongado veto y predominio ilegítimo de los intereses de una minoría oligárquica poderosa. Si una parte de la coalición de gobierno nunca estuvo de acuerdo con el programa comprometido, parece que sí estuvo dispuesta a ocupar altos cargos en el Estado, y de paso impedir, en la medida de lo posible, que se concretasen los objetivos gubernamentales iniciales.

Los que toman decisiones tendrán que considerar que lo que está en juego no es poco: ni más ni menos que mantener o remover anacronismos sociales e institucionales que nos impiden aspirar a ser un país moderno y democrático.

¿Crisis en la economía o ministro de Hacienda contra las reformas?

En El Mostrador

El crecimiento del PIB perdió fuerza desde el segundo semestre de 2013, en un contexto internacional desfavorable y de exportaciones netas estancadas, Al declinar el ciclo de inversión minera (que pasó de representar un1% del PIB en 2000 a 8% en 2013) y al agotarse simultáneamente los efectos del impulso fiscal de 2009 y el originado por el terremoto de 2010, perdieron dinamismo tanto la creación de empleo como el incremento de las remuneraciones reales. Esto provocó un menor crecimiento del consumo de los hogares en bienes no durables y servicios, mientras el consumo de bienes durables cayó todavía más en virtud de su mayor  volatilidad. Se produjo el fin de un ciclo de adquisición de estos bienes por sectores medios emergentes,  en buena medida en base al endeudamiento, quitando dinamismo a la economía. El principal componente de la demanda agregada en Chile es el consumo de los hogares, lo que suele olvidarse por muchos analistas que sólo consideran las variables externas.

La lógica de espiral recesiva que se anudó pudo ser revertida parcialmente por la política monetaria de abaratamiento del crédito aplicada desde fines de 2013 y por la política fiscal expansiva desde el último trimestre de 2014, junto a un tipo de cambio más competitivo que aumenta las exportaciones netas, pero que al mismo tiempo incrementa temporalmente la inflación e impacta negativamente sobre las remuneraciones reales, manteniendo la desaceleración.

La serie desestacionalizada del Imacec, que permite una apreciación de la evolución coyuntural respecto del mes inmediatamente anterior descontando los efectos estacionales en la actividad, mostró que ésta no mostró variación en abril y también en mayo, luego de caídas de -0,6% en febrero y -0,5% en marzo que habían anulado el incremento del índice de 0,9% del mes de enero. El segundo trimestre terminará con estancamiento o una leve caída. Dos trimestres seguidos de caída  de la actividad configuran una recesión. No estamos aún en esa situación. Así, el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) fue un 1,9% más alto en los primeros cinco meses de 2015 respecto de ese mismo período de 2014, es decir se mantiene la cifra de crecimiento del PIB de 2014.

Mientras no se recupere sustancialmente el consumo de los hogares  y la inversión (en construcción y maquinaria y equipos), la economía seguirá languideciendo, salvo que las exportaciones se constituyan en el motor del crecimiento, lo que no ha ocurrido en el último quinquenio (con exportaciones que han crecido menos que el PIB). El precio del cobre ha bajado sustancialmente, y no se espera que se recupere por sobre los tres dólares lalibra antes de 2017. El décit en cuenta corriente, que en los años de mayor expansión de Piñera (2010-2012) se había ampliado peligrosamente hasta cerca de -5% del PIB, ha vuelto al equilibrio a inicios de 2015 como fruto de la menor actividad y del encarecimiento de las importaciones, que entre otras cosas ha contribuido a la caída de la inversión y a que el consumo de los hogares crezca más lentamente.

Crecimiento anual de PIB, remuneraciones reales, empleo, consumo de hogares, inversión (FBCF) y exportaciones, en porcentajes

Año	PIB	Remuneraciones reales	Empleo	Consumo hogares	FBCF	Exportaciones
2010	5,8	2,2	6,6	10,8	11,6	2,3
2011	5,8	2,5	2,9	8,9	15,0	5,5
2012	5,4	3,3	1,8	6,0	11,6	0,1
2013	4,1	3,9	2,7	5,6	2,1	3,4
2014	1,9	2,4	1,4	2,2	-6,1	0,7
2015 (*)	1,9	2,1	1,2	1,6	-1,7	1,4

Fuentes: INE y Banco Central de Chile.  (*) Mayo respecto del mismo período del año anterior para PIB (Imacec) y remuneraciones, trimestre móvil marzo-mayo para empleo y trimestre enero-marzo para consumo, formación bruta de capital fijo y exportaciones.

La política fiscal ha mantenido  hasta hora una lógica contracíclica, pero esto parece hoy estar inexplicablemente en discusión. El balance del gobierno central registró en 2014 un déficit efectivo de -1,6% del PIB, mientras fue de un -0,6% en 2013 y hubo un superávit de 0,6 en 2012.  El presupuesto de 2015 se ha programado con un déficit efectivo de -2% del PIB, que el nuevo ministro de Hacienda actualizó el 6 de julio a  -3% (provocando una importante alarma pública, en circunstancias que hasta mayo la ejecución presupuestaria muestra un superávit) y un déficit estructural de -1,1% del PIB, cuya proyección se mantiene y es en definitiva lo relevante para la política macroeconómica reactivadora. El gobierno iniciado en marzo de 2014 reiteró la orientación contracíclica de la política fiscal, pero el nuevo ministro Rodrigo Valdés, nombrado en mayo, ha sido ambiguo al respecto, aparentemente en base a una visión más pesimista del crecimiento potencial que la establecida hasta aquí por el comité de expertos convocado todos años para el efecto por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central, que en septiembre pasado pronosticó un crecimiento de mediano plazo de entre 4 y 4,5% anual.

En cualquier caso, probablemente operarán en el resto del año mecanismos de “estabilización automática” con caídas de ingresos tributarios que lleven al déficit fiscal efectivo en 2015 más allá del 2% del PIB, empujando la demanda agregada. La pregunta que subyace es, sin embargo, si este proceso será suficiente para reanimar la economía y si no será necesario un mayor impulso fiscal combinado con una rebaja adicional de la tasa de interés de referencia. Recordemos que la crisis global y el terremoto de 2010 indujeron mayores gastos que los previstos (con incrementos del gasto público de 16,5% en 2009 y de 6,6% en 2010) y un sensato déficit estructural fuera de regla, ante la magnitud de la amenaza de recesión, de -3,1% del PIB en 2009 y de -2,1% en 2010. Este déficit se fue reduciendo a -1% en 2011, a  -0,4% en 2012 y a -0,6% en 2013 y 2014.

La situación fiscal chilena es una de las más sólidas del mundo para abordar un nuevo impulso fiscal. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) acumulaba en mayo US$14.487,4 millones, mientras que el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) acumulaba US$7.847 millones. Los Otros Activos del Tesoro Público y el Fondo para la Educación (FpE), registraron saldos de US$2.962,7 millones y US$3.699,2 millones, respectivamente. Los activos del Tesoro Público totalizaron así un 11,6% del PIB. La deuda bruta del gobierno central es de sólo 15,1% del PIB, mientras la deuda neta, gracias a las reservas fiscales acumuladas por la política de balance estructural, es en realidad una acreencia neta de 4,4% del PIB a diciembre 2014. Los activos netos del gobierno central/PIB son hoy mucho mayores que en 1990-2005. La deuda pública/PIB es la segunda más baja de la OCDE después de Estonia. Sería un grave error para el crecimiento y el empleo que el gobierno abandone la política fiscal contracíclica. El gasto público debe seguir determinándose por los ingresos a 5 años (PIB) y 10 años (cobre) y no por los del año presupuestario. No hay razones para que en un año baje sustancialmente la estimación de crecimiento de 4,3% del PIB Tendencial para el próximo quinquenio o de US$ 3,07 del cobre para la próxima década.

La política monetaria debiera volver a activarse, luego de los ajustes por el Banco Central de la tasa de referencia desde octubre 2013 a octubre 2014, cuando dejó la tasa de referencia en 3%, dado el deterioro de la coyuntura desde el segundo semestre de 2013 que no previó,y mantuvo desde entonces una actitud de no innovación. La política del Banco Central ha ayudado a devaluar el peso y mejorado la competitividad del sector exportador y el sustituidor de importaciones, pero debiera ahora contribuir algo más a aumentar la inversión y el consumo en tanto no se avizora que la inflación se acelere en exceso por efecto de la devaluación del peso.

La economía chilena no está en crisis, pero bajó a menos de la mitad su ritmo de crecimiento y languidece en torno al 2% anual en el último año y medio. Si el crecimiento potencial es superior a esa cifra, y nadie ha aventurado que sea menor al 4% en el mediano plazo, entonces la política económica debe actuar para volver al menos a esa senda de crecimiento, con autoridades que sean activas en señalar y sostener un camino de recuperación en vez de ensombrecer inútilmente el panorama. Salvo que su intención sea directamente política, y que la actual autoridad económica haya decidido sumarse a los que buscan, en la oposición y en la coalición de gobierno, detener las reformas, especialmente la laboral,  que la presidenta comprometió ante el pueblo chileno, tal vez porque nunca las ha compartido. Pero el principio de transparencia debiera llevar esta postura antireformista al dominio de la política democrática, en la que se evalúe su pertinencia y legitimidad, y no procurar mantenerla en el dominio de la gestión técnica de la economía, a la que simplemente no pertenece. 

Reforma de la educación: la hora de las definiciones

En Voces La Tercera

El cambio de ministro de fines de junio dio cuenta de un problema en la gestión gubernamental de la reforma de la educación, sector puesto en una muy alta posición en la agenda pública desde 2011 y marcado como prioritario en el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Hoy el gobierno está en medio de conflictos con buena parte de los actores de la educación, lo que parece deberse en buena medida a la ausencia generalizada de definiciones en los fines, medios y plazos del proceso de reforma.

Este proceso, a pesar de las turbulencias y confusiones, no debe -de lo que apenas se habla- perder la prioridad en la infancia temprana, según recalca la literatura especializada. Esto implica la visibilización y proyección del programa de ampliación de la cobertura de salas cunas y jardines infantiles y su reorganización institucional en un solo servicio público que coordine la gestión descentralizada de los establecimientos estatales y la asignación de recursos y control de las entidades privadas sin fines de lucro a las que se encarga participar en esta tarea de interés público.

La escuela pública, por su parte, debe desmunicipalizarse porque la desigualdad y fragilidad de la administración comunal reproducen y amplifican la impactante polarización educativa existente, donde la clase social y el lugar en que se nace siguen marcando los destinos y proyectos de vida. Pero no parece una buena idea crear un centenar de nuevas administraciones educativas autónomas complejas de diseñar, y difíciles y lentas de poner en marcha. Parece más sensato que se transfiera las escuelas municipales a servicios de educación con base regional, con algunas excepciones, de modo semejante a los servicios funcionalmente descentralizados de Vivienda y Urbanismo (15), o a lo sumo de Salud (29).

La fragmentación y carencia de adscripción a un escalón administrativo constituido y formal puede hacer fracasar la reforma de la escuela pública y llevarla a su definitiva marginalización en entidades de las que nadie se hace cargo, frente a un sistema escolar particular subvencionado fortalecido, aunque en adelante sin fines de lucro. Un sistema escolar público que sólo se hace cargo de los niños con más problemas formativos y que nadie más recibe está condenado al fracaso y a la consagración de la discriminación social en la escuela.

Para que esto no ocurra, la educación pública no debe ser financiada por subsidio a la demanda, sino por subsidio a la oferta, es decir asumiendo los gastos de inversión y funcionamiento de establecimientos bien equipados, situados en todo el territorio, y con docentes bien formados y remunerados. Si en el corto plazo esto tiene como consecuencia muchos menos alumnos por profesor en las escuelas públicas, bienvenido sea para aumentar la “calidad” del proceso educativo, si es que esta noción tiene algún sentido, pues lo pertinente es fortalecer los insumos del proceso docente y mejorar los climas escolares con proyectos de establecimiento pertinentes basados en conductas cooperativas y dirigidos por equipos de gestión motivados.

La nueva escuela pública debe construirse con equipamiento de excelencia y una carrera docente que cuente con el compromiso del profesorado, hoy bloqueado por una manifiesta ausencia de voluntad de construir acuerdos por la anterior autoridad educacional y la ausencia de un proyecto movilizador de construcción de una nueva educación escolar pública, lo que ha terminado radicalizando al extremo las posiciones como nunca desde 1990 y fortaleciendo desdenes elitistas y defensas corporativas que se retroalimentan en vez de construir un proyecto común. El estilo dialogante de la nueva ministra parece avanzar por mejor camino.

Por su parte, no debe olvidarse que el sector de educación superior técnica será central para invertir la pirámide educativa basada en el privilegio de la universidad tradicional en el imaginario social. En los nuevos Centros de Formación Técnica estatales, bajo tuición de las universidades públicas, y en las entidades privadas sin fines de lucro acreditadas, muchas de ellas con amplia experiencia, debe llegarse a la brevedad a la gratuidad completa para la matrícula y aranceles de carreras acreditadas. Las entidades y carreras no acreditadas y con fines de lucro no deben recibir subsidios. Aunque en el corto plazo esto aparezca como un enfoque discriminatorio de los sectores de bajos ingresos que allí estudian, el objetivo debe ser salir del caos educativo prevaleciente en el que se la ha otorgado el rol de formar a los jóvenes desaventajados que salen de la escuela a entidades dedicadas al lucro y no a la educación, con competencias institucionales más que frágiles y sin regulación de la pertinencia de las formaciones que ofrecen.

El subsector debe articularse con la educación escolar técnica y con una inexplicablemente postergada redefinición del sistema de capacitación laboral, donde se juega la pertinencia de la formación continua de capacidades humanas en el país y que debe financiarse con una mezcla de subsidio parcial directo a las empresas y una participación privada sectorial a través de un sistema de premios y castigos tributarios ligados al gasto efectivo y con resultados medibles en la formación continua.

En materia de educación superior universitaria no se debe poner la carreta delante de los bueyes, es decir, la gratuidad antes de definir los fines de los distintos tipos de universidades. Se trata de evitar un potencial gigantesco despilfarro de recursos, pues la educación universitaria es cara. La mera antigüedad de las instituciones universitarias no es criterio suficiente para avanzar hacia una gratuidad en el acceso a formaciones de alto nivel. Lo que cabe definir es que la educación superior deje de ser un mercado.

En primer lugar, debe otorgarse roles públicos a las universidades estatales, hoy carentes paradojalmente de toda misión por una supuesta autonomía malentendida, que es en realidad un desinterés gubernamental prolongado hacia este sector estratégico, y financiarlas en función de esos roles. Un nuevo mecanismo debe incluir una dotación de docencia por alumno por tipo de carreras que asegure a la brevedad posible una amplia gratuidad en pregrado –no completa, en ausencia de un sistema tributario que asegure una mayor progresividad en el impuesto a la renta, es decir con un arancel diferenciado por ingresos familiares-, con una duración de carreras que en la mayoría de los casos debe disminuir a cuatro años y con un límite de tiempo excedible para terminar la carrera con subsidio (no más de 30%) y una combinación de becas y crédito subsidiado en los postgrados, así como una dotación para investigación y extensión fijadas en convenios de programación de al menos tres años concordados con el Ministerio de Educación (o mejor aún con un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior).

Estos convenios deben incluir objetivos de matrícula por área del conocimiento y tipo de formación profesional, es decir con una planificación indicativa de la oferta de carreras. Las universidades estatales regionales deben ser además dotadas de roles específicos en conexión con las estrategias regionales de desarrollo en convenios regionales de programación. El sistema de acreditación de las Universidades Estatales debe reemplazarse por estos nuevos convenios de programación, en los que el Estado asuma una responsabilidad explícita con la mejoría constante de sus universidades en base a objetivos claros periódicamente evaluados.

Una segunda categoría debe ser la de universidades de propiedad no estatal con fines públicos, acreditadas en materia de docencia (incluyendo la exigencia de pluralismo de la enseñanza), investigación (sin limitaciones extra científicas financiadas con recursos públicos) y extensión (sin proselitismo de credo o ideología). La gratuidad debe asegurarse en este espacio para los estudiantes de menos ingresos y complementarse con créditos subsidiados para el resto hasta que no se establezca una progresividad tributaria que haría justificable la extensión a todos, con regulación de los aranceles máximos y con fondos concursables de investigación y extensión.

Una tercera categoría, la de universidades privadas sin fines públicos, debe ser también regulada con acreditación periódica, no recibir subsidios públicos, obligarlas a ser propietarias de los inmuebles que usan y prohibir la terciarización de servicios pedagógicos para evitar transgresiones a la prohibición del lucro vigente en la ley.

La mera idea de gratuidad completa sin redefiniciones institucionales puede, paradojalmente, sólo abrir la puerta a más subsidios regresivos sin contrapartida que beneficien a intereses privados y aumenten la desigualdad de oportunidades, lo que no tiene nada de progresista y contribuye muy poco a una adecuada asignación de los siempre escasos recursos de todos los chilenos que administra el Estado.

Los estudiantes más pobres tienen derecho a recibir una educación gratuita y de calidad en carreras que tengan destino laboral cierto en entidades de educación superior estatales (para lo cual éstas deben aumentar sustancialmente una oferta pertinente de matrícula) o privadas sin fines de lucro que el Estado acredite con estrictez para cumplir fines públicos. Y el Estado tiene el deber de no dilapidar sus recursos transfiriéndolos a privados que se enriquecen con ellos y a estudiantes cuyas familias no pagan impuestos a la altura de su nivel de ingresos. La afirmación de que se debe permitir a los más pobres el acceso a la educación mediante subsidio a entidades con fines de lucro y escasos cuando no nulos fines educativos (porque las becas a los más pobres no son en definitiva sino transferencias a entidades educativas concretas) no es sino demagogia interesada.

Partidos al servicio de la democracia

En Voces La Tercera

A principios de los años noventa, un militante del Partido Socialista con vínculos con el gran empresariado, siendo yo a la sazón secretario general de aquel partido, me preguntó a cuánto ascendía el presupuesto mensual de la organización. Escuchada la respuesta, se sorprendió grandemente por la modestia de la cifra, obtenida básicamente de cotizaciones de los parlamentarios y funcionarios de gobierno, y yo todavía más con su posterior comentario: “con ese presupuesto a este partido, si estuviera  a la venta, se lo podría comprar cualquiera”. Con el correr del tiempo, he recordado más de una vez sus palabras.

Hacia fines de los años noventa, en el PS pudimos construir un sistema de relativa autonomía presupuestaria. Al recuperarse, -después de un largo y tortuoso proceso legislativo- los bienes acumulados por décadas de existencia legal, pero expropiados por la dictadura de Pinochet (que defendía la propiedad privada, con excepción de la de sus opositores), en el PS tomamos una decisión fuerte. No dedicaríamos -sino parcialmente- esos recursos a recomprar locales, por justo que fuese, sino a constituir un fondo cuyos excedentes se utilizaran por mitades a financiar los gastos corrientes del partido y el resto se acumulara para financiar las campañas electorales institucionales.

Esto le ha permitido al PS tener las condiciones para mantener su independencia de los poderes fácticos, lo que es una excepción en el sistema de partidos, y ha ocurrido desgraciadamente sólo hasta cierto punto por la falta de transparencia de la gestión del fondo, el peso creciente del financiamiento individual de las campañas parlamentarias por empresas, y por otras razones, como la tendencia a privilegiar el acceso a la administración del Estado a toda costa, dejando de lado todo proyecto de transformación de la sociedad, aunque esa es harina de otro costal.

Cuando hoy se discute en el parlamento sobre cambios a las normas legales que rigen a los partidos, vale la pena reflexionar sobre los fines del asunto (dicho sea de paso, hace tiempo que se discute cada vez menos en materia de políticas públicas sobre sus fines, a los que deben subordinarse los medios legítimos para alcanzarlos y no ser el centro de la discusión).

La clave es establecer principios orientadores, normas e incentivos en la ley para que los partidos políticos sean cada vez más espacios de asociación voluntaria de ciudadanos alrededor de a) valores sociales; b) ideas sobre la organización de la política, la sociedad, la cultura, la economía y la inserción internacional de la nación; c) la representación de intereses colectivos, y d) programas que expresen lo anterior a través de medidas de política pública formuladas con la mayor pertinencia y coherencia posibles, con las debidas capacidades para elaborarlas y sustentarlas.

Para perseguir estos fines, se necesita un financiamiento que no los condicione o transforme en lirismo irrelevante por ausencia de voluntad de concretarlos. Este financiamiento -como medio para alcanzar los mencionados fines inevitablemente- sólo puede estar constituido por un subsidio estatal de base para todos los partidos legales (que las indicaciones recientes del gobierno proponen establecer), más un componente según votación en la última elección, complementado por aportes de personas (empezando por los militantes, que debieran tener la obligación de hacerlo para ejercer derechos al interior del partido), pero por montos individualmente limitados, de modo que ninguna persona o entidad que exprese intereses particulares –o peor aun, la infiltración del crimen organizado en las instituciones, como se ha producido en partes de Europa, Estados Unidos y diversos países de nuestro continente-construya espacios de poder partidario porque dispone de dinero.

Así se podrá evitar, o al menos morigerar seriamente, la corrupción en los partidos políticos, junto al establecimiento -a cambio de recibir recursos públicos- de una absoluta y detallada obligación de transparencia en sus cuentas y en sus compromisos con grupos de interés. A su vez, para evitar el tráfico de influencias a través de los partidos políticos, cabe consagrar la extensión de las normas de penalización del cohecho y soborno a estas entidades.

Otro objetivo es combatir el clientelismo y el nepotismo caudillista. Uno de los medios para obtenerlo es establecer en los partidos la readhesión periódica obligatoria de sus miembros (en Europa suele ser anual), mediante mecanismos simples hoy facilitados por las redes sociales e Internet, junto al cumplimiento de requisitos de participación en el debate de ideas y los procesos de formación de militantes para ejercer derechos internos como la elección de autoridades partidarias o candidatos a instituciones públicas representativas.

Nunca más debe haber militantes que en realidad no lo son, sino  que se inscriben o son inscritos para votar por caciques locales a cambio de granjerías, en el mejor de los casos al club deportivo, centro de madres o junta de vecinos a las que pertenecen; o peor aun, a cambio de la promesa de beneficios individuales a través de subsidios estatales o simplemente  a cambio de la clásica entrega de bienes o pago de favores. Todo esto no es -en mi caso- análisis abstracto, sino referencia a hechos observados, y en su momento denunciados, y debe ser erradicado mediante prohibición expresa y sanción, tanto en el caso del que entrega como del que recibe dinero, especies o promesa de posiciones o favores a cambio de votos en las elecciones internas de los partidos políticos.

La política partidaria transcurre en la sociedad y sobre todo en la esfera del poder público, y por tanto se ejerce con frecuencia más que como adhesión y lucha por un proyecto de sociedad, como debiera ser, sino como constante búsqueda de acceso individual o grupal a la administración estatal y sus recursos. La lucha por el poder en general, y por el poder político en particular, suele desencadenar las partes más oscuras de la condición humana, siendo el nazismo y el estalinismo europeos, las dictaduras militares latinoamericanas y de otras latitudes, y las dictaduras teocráticas o ideológicas, su expresión moderna más palpable y en diversas dimensiones expresión intolerable de tiranía y horror.

Se requiere, en la esfera del poder político más que en otras, de controles, división de poderes y  regulaciones fuertes y claras que entre otras cosas tipifiquen y castiguen los delitos políticos y electorales -en lo que el proyecto de ley en discusión se queda corto- como condición de construcción de una sociedad civilizada y democrática. Y de modo contingente, para iniciar la recuperación de la legitimidad perdida de la membrecía a partidos políticos y de la representación ciudadana a través de ellos.

Se podrá trabajar así en mejores condiciones para recuperar la función esencial de los partidos políticos, la de organizar, canalizar y ejercer la participación democrática y la deliberación racional sobre los asuntos públicos. La ausencia de sistemas de partidos políticos o su desprestigio social y descomposición progresiva por la influencia del dinero y del clientelismo, termina siempre por consagrar el individualismo negativo generalizado, la personalización caudillista de la política, la degradación y oligarquización de la democracia, y finalmente la decadencia y conflictividad aguda de las sociedades.

En Vía Pública

http://www.24horas.cl/programas/viapublica/via-publica---lunes-6-de-julio-1717884

¿Hacia el fin de la captura del sistema político por el dinero?

En Voces La Tercera

El 22 de junio fueron formalizados dos parlamentarios en ejercicio de la UDI (Iván Moreira y Felipe De Mussy) y un ex candidato a serlo (Pablo Zalaquett) por sospechas de “falsificación y facilitación de boletas por servicios no prestados”, buscando obtener un financiamiento ilegal de campañas. Se presume que los imputados procuraron no sólo obtener dinero para este efecto al margen de la ley, sino que ellos y sus donantes defraudaron tributariamente al fisco. En medio de la vorágine de informaciones, tal vez vale la pena resumir los lamentables hechos que han dejado en tan mal pie al sistema político, y más en general la autoestima de un país que presumía de ser probo y de tener instituciones sólidas, y reflexionar sobre su significado. Pero antes de hacerlo, y para evitar toda suspicacia en el contexto de un clima de desconfianza generalizada, aclaro que el autor de estas líneas, aunque sin ser un político profesional, fue activo partícipe de la política nacional pero nunca ha emitido boletas a Soquimich ni a ninguna empresa privada para campaña alguna y no tiene contacto de ninguna índole con sus ejecutivos o dueños; en cambio, forma parte desde hace 20 años de una Fundación a la que, entre otras empresas y organismos variados, SQM compraba informes con cuya venta financia sus actividades de promoción de ideas, sobre los que no tenía incidencia alguna, mientras ha sido pública y permanentemente crítico de las pretensiones de SQM en la explotación de litio y propiciado su traspaso a Codelco.

Vamos al dramático recuento. Lo que ya había emergido a la luz pública y a la persecución de la fiscalía a partir del caso Penta (originado en una fraude al fisco de origen delictual) y las formalizaciones de ejecutivos y dueños del grupo financiero el 6 de marzo, fue un vasto sistema de donaciones a campañas presidenciales y de parlamentarios por parte de grandes empresas antes de los períodos establecidos por la ley, cometiendo delitos tributarios y utilizando boletas y facturas falsas. El aporte supuestamente anónimo de empresas a campañas es legal en Chile desde 2003 por expresa imposición de la UDI y RN en la negociación de la nueva legislación de financiamiento de campañas que siguió a la crisis del caso MOP-Gate, pero en los dos meses que duran legalmente las campañas, no antes ni después.

La violación de esta regla salió primero a la luz pública en el caso del grupo financiero Penta, históricamente vinculado al principal partido de la derecha, la UDI, incluyendo su diputado presidente Ernesto Silva, que debió renunciar. Los ex subsecretarios de la dictadura de Pinochet y ex parlamentarios de los partidos UDI y RN Jovino Novoa y Alberto Cardemil están también envueltos en el caso Penta y sus expedientes serán vistos el 6 de julio por el juez de garantía. Los dueños y administradores del grupo Penta estuvieron en prisión preventiva, y hoy permanecen en prisión domiciliaria, por delitos fiscales graves revelados por su ex gerente general, además de los aportes ilegales a campañas y cohecho de funcionarios públicos (el subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, Pablo Wagner, recibía una remuneración mensual del grupo).

A partir de marzo 2015, la investigación judicial y periodística se extendió a la empresa de minería no metálica Soquimich (de propiedad mayoritaria del ex yerno de Pinochet, quien se hizo de ella mediante una privatización cuestionada en los años ochenta). Soquimich ha financiado (por unos 20 millones de dólares en el último quinquenio) a casi todo el espectro político. Esto incluye nuevamente en primer lugar a la UDI, partido del que son cercanos buena parte de los directores de la empresa. Pero también recibieron pagos no justificados a ojos del Servicio de Impuestos Internos personas como Pedro Yaconi, que fue representante de la Fundación Frei. El mecanismo de SQM, según propia información, también incluyó aparentemente a hijos del actual presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, así como a cercanos de Marco Enríquez-Ominami en 2009 y a parte del equipo de campaña de la presidenta Bachelet en 2012-2013, a un senador socialista del norte y a dirigentes y recaudadores vinculados al Partido por la Democracia.

Sebastián Piñera apareció en el caso Penta y también en los de SQM y de Aguas Andinas. El ex presidente busca volver a La Moneda y las sospechas de que financió parte de su campaña de 2009 con aportes irregulares de empresas no van a facilitar su ambición, como tampoco la sospecha de que usó aportes de campaña de empresas para remunerar a ejecutivos de compañías suyas. El tema más grave en que se menciona a Piñera son operaciones de retrocompra con fines políticos que aseguran pérdidas contables para disponer de dinero líquido sin pagar impuestos, pero utilizado para pagar bonos a un ejecutivo de Chilevisión, entonces de propiedad de Piñera, cancelados con dineros de SQM y otras compañías que estaban destinados a la campaña electoral. Según el sitio de investigación Ciper Chile, causó indignación en los dueños de SQM el que la donación política para la campaña presidencial de Piñera en 2009, que habría sido gestionada ante el ex gerente general de SQM, hayan sido destinados en definitiva a pagar negocios personales del entonces candidato Piñera. En el caso de Aguas Andinas, de propiedad del grupo catalán Agbar, que también efectuó un pago de este tipo con destino a remunerar un empleado de Piñera, el presidente del directorio confirmó que la factura existe. El tema cuestiona a Aguas Andinas, pues se trata de una empresa regulada y cuyo directorio nunca ha aprobado donaciones políticas. Los actuales controladores de SQM debieron renunciar a los cargos ejecutivos luego ser cuestionados por el socio minoritario canadiense y pequeños accionistas, que han iniciado acciones legales en Estados Unidos, donde se transan acciones de la empresa.  

Mencionemos además pagos de SQM a empresas del ex presidente por servicios que no tienen respaldo en la contabilidad de esa minera y el financiamiento que entregó a la candidatura de Evelyn Matthei cuando era presidente y que, aunque se hizo por la vía legal del Servel, se ejecutó cuando había delegado la administración de sus negocios. A diferencia de Bachelet, el grueso de los fondos de Matthei (2.300 millones) provino de aportes reservados, superando incluso la recaudación reservada de Piñera en la elección de 2009 (2 mil millones).

El grupo Angelini también aparece mencionado en otra investigación por aportes irregulares al senador de la UDI, Jaime Orpis, a través de la pesquera Corpesca, reconocidos por éste. Pagos de grandes empresas pesqueras a otros parlamentarios forman también parte de las investigaciones en curso.

El gobierno de Michelle Bachelet se vio directamente afectado cuando se descubrió que un gestor de financiamiento de campañas, Giorgio Martelli, con la ayuda de un recaudador que es alto ejecutivo de una empresa regulada, Jorge Rosenblut (entonces presidente de Endesa, propiedad del grupo italiano Enel), creó una empresa ad-hoc para financiar a futuras autoridades de gobierno, incluyendo al futuro jefe de campaña y ministro del Interior Rodrigo Peñailillo mediante aportes de SQM y del grupo Angelini, entre otros, sin autorización de la actual presidenta.

El ahora ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, denunció el 22 de mayo que recibió presiones desde el ministerio del Interior para no investigar las faltas tributarias de la empresa Soquimich. No obstante, más allá de las dudas sobre los procedimientos a seguir (y la necesidad de definir hasta qué punto un aporte a la política constituye un delito tributario o bien una falta subsanable con multas) y demoras del Servicio de Impuestos Internos, las querellas a empresas y políticos profesionales fueron formuladas y todos los casos están siendo investigados por la fiscalía, que persigue delitos tributarios pero también eventuales infracciones a la ley electoral (aunque se encuentran prescritas), así como soborno y cohecho. A su vez, al conocerse que el recientemente nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza, era remunerado por informes a una empresa minera del grupo Luksic que realizaba cuando era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, tuvo que renunciar de inmediato, aunque considerase que su actividad no era reprochable, lo que era y es evidentemente insostenible.

El que la fiscalía esté realizando su labor aparentemente sin obstáculos y que en la esfera pública se consolide el rechazo al financiamiento ilegal de la política, es una señal de que la crisis de legitimidad de las instituciones podría empieza a retroceder. Pero el sistema político no puede seguir al ritmo de las rutinas de las instituciones judiciales.

Cabe al gobierno retomar con energía la agenda legislativa y el trabajo público centrado en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero también tomar la iniciativa de relegitimar las instituciones mediante un proceso constituyente democrático.  Urge iniciar un camino para dar vuelta la página del penoso fin de una institucionalidad carcomida por resabios autoritarios originados en una dictadura y por el poder desembozado del dinero. El parlamento, institución indispensable,  aumentaría mucho su hoy dilapidado y a estas alturas inexistente prestigio si apartara a los imputados y formalizados y facilitara transversalmente un pronunciamiento plebiscitario  de los chilenos sobre la modalidad a seguir para disponer de una nueva constitución.

¿Existe acaso otra salida a la crisis política actual que sea más democrática y capaz de dotar de legitimad auténtica a las instituciones representativas, a los derechos fundamentales y a las normas básicas que rijan a la sociedad en las próximas décadas?