En Voces La Tercera
La discusión sobre el régimen político que nos rige gira alrededor de un equívoco sobre lo que sería su antítesis, el régimen parlamentario. En nuestra historia se conoce como tal a aquel régimen que funcionó entre la guerra civil de 1891 y la puesta en vigencia de la constitución de 1925, que daba al Congreso facultades para aprobar “leyes periódicas” y censurar ministros, en un juego de influencias de los caciques oligárquicos y sus intereses particulares, condicionando el voto de cada ley en el parlamento. Se trataba más bien de un presidencialismo clientelizado antes que un verdadero régimen parlamentario, que terminó en una crisis política y sucesivos golpes de Estado.
Este modelo tiene poco que ver con los regímenes parlamentarios propiamente tales. En ellos, más allá de sus diversas variantes, cuando un partido tiene mayoría en el parlamento, nombra al primer ministro y debe sostener sus proyectos de ley, especialmente el presupuesto, bajo pena de que el gobierno caiga en caso de indisciplina de voto y se deba llamar a nuevas elecciones. Es lo que está ocurriendo con Syriza en Grecia en la actualidad, partido que probablemente se dividirá y pondrá al primer ministro Tsipras en minoría en el parlamento griego, que deberá llamar a nuevas elecciones. Cuando se trata de coaliciones, pactan su programa de acción y el contenido específico de los cambios legales que promoverán en la legislatura que es objeto de pacto de gobierno. Si el ejecutivo no reúne mayorías para aprobar las legislaciones pactadas, el gobierno cae, con eventual recomposición de la anterior coalición, la configuración de una nueva o bien la realización de elecciones anticipadas. El parlamentarismo (o el semi-parlamentarismo, con un presidente que puede o no tener mayoría en el parlamento, pero en este segundo caso debe nombrar un primer ministro del partido o coalición mayoritaria en el parlamento, aunque no sea la suya) no es sinónimo de inestabilidad política o de ingobernabilidad. Todo lo contrario.
El régimen presidencial fue criticado hace algunas décadas desde la ciencia política (Linz y otros) como potencial factor de crisis cuando difieren las orientaciones del presidente y del congreso. Hoy se puede mencionar que ese funcionamiento no necesariamente produce crisis sistémicas, pero si crecientemente parálisis gubernamental, especialmente cuando se amplía la distancia en las orientaciones de política del presidente y de la oposición mayoritaria en el congreso, como es el caso de Estados Unidos hoy, que produce frecuentes crisis presupuestarias y parálisis de políticas sectoriales de diversa índole.
En el Chile de hoy la presidenta Bachelet en la práctica no cuenta con una mayoría en el congreso para sus políticas. Una parte de la Democracia Cristiana no comparte ni la filosofía general ni las políticas específicas que la presidenta comprometió realizar en su segundo gobierno. Este grupo ha girado hacia una defensa de enfoques conservadores en la agenda pública y de aproximaciones sistemáticas con la derecha, que producen muy malos resultados de política pública. El ejemplo paradigmático ha sido la reforma tributaria aprobada en el parlamento prácticamente por unanimidad en septiembre pasado, y que hoy no recibe la defensa de nadie, por lo incongruente de la combinación de cuatro sistemas de impuestos a la renta de las empresas y su insuficiente recaudación.
El grupo DC conservador, que entre otras cosas le encuentra grandes méritos a la constitución de 1980, parece tener la pretensión, como en el seudo parlamentarismo oligárquico de antaño, de determinar con un puñado de parlamentarios la orientación del gobierno y someter a sus socios de coalición y a la institución presidencial a una suerte de interdicción. Esto obligó a la presidenta a señalar en su entrevista del domingo pasado en La Tercera nada menos que “si la lectura hubiera sido que los nuevos ministros llegaron para cambiar el rumbo que la Presidenta defina, hubiera sido una lectura equivocada” y “yo creo que decir que aquí había un giro al centro del gobierno era lo más parecido a un wishful thinking”. Fuertes palabras.
Se ha desatado así una suerte de mini crisis que pudiera escalar, pues se trata de una situación insostenible: o los DC antireformistas se pliegan a lo definido en el pacto original de 2013 o la presidenta renuncia a concretar sus compromisos, con una ruptura más o menos lenta o rápida de su coalición, pero ciertamente con una irritación adicional hacia la dirigencia política de la Nueva Mayoría y de paso hacia el sistema de representación en su conjunto, ya deslegitimado lo suficiente por el financiamiento ilegal de campañas y la pérdida de popularidad de la presidenta.
Hace un año escribíamos aquí que la Nueva Mayoría era una coalición “en el gobierno” pero no “de gobierno”, pues no tiene reglas de funcionamiento que aseguren la estabilidad y coherencia de la acción gubernamental. Es una coalición con pequeñas y grandes discrepancias no zanjadas y acuerdos que no se sabe hasta dónde llegan y si son o no de verdad. En estas semanas hemos visto que ahora incluso se tolera que haya ministros que maniobran día a día contra las orientaciones de la presidenta a vista y paciencia de todo el mundo. Pero este método de gestión política sigue siendo inevitablemente fuente de anomia social y de explosiones disruptivas.
La gran reforma de la política chilena debe de una vez tener como prioridad terminar con el ejercicio de aprobar programas sin intención de cumplirlos porque son inviables, porque no se cree en ellos o porque se declina la voluntad política de llevarlos a cabo en nombre de la resignación seudo realista. El presidencialismo chileno sin un pacto preciso y detallado de gobierno ya no funciona. En vez de cónclaves que no resuelven nada, el gobierno y su coalición debieran abocarse a construir un nuevo pacto hasta 2018 antes de que crezca todavía más el deterioro del sistema político. Porque el nuestro no tiene las válvulas regulatorias propias de los regímenes parlamentarios, como la conformación de una nueva coalición mayoritaria en el parlamento o la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas. Mecanismos que una nueva constitución debiera incorporar para una mejor gestión de los asuntos públicos.
Comentarios