Leemos en la prensa que ninguna empresa del Transantiago -entiéndase bien, ni siquiera una- “alcanza el nivel mínimo de calidad exigido por el gobierno”, y que se constatan caídas en los índices de frecuencia (cantidad real de buses dispuestos por cada empresa en sus recorridos) y regularidad (cumplimiento del intervalo entre buses de un mismo recorrido). Este es un servicio público regulado por el Estado y profusamente financiado por éste, además del pago de una elevada tarifa por el usuario, pero que no cumple con un nivel mínimo de calidad.
El necesario cambio que debía hacerse al sistema de transportes de Santiago se diseñó sobre la base de dos dogmas: no debía subsidiarse y el transporte de superficie debía dejarse en manos de privados. El primer dogma murió de muerte natural a breve plazo, pero el segundo persiste. Y es un ejemplo emblemático del milagro del “liberalismo subsidiado”.
¿No tenía acaso más sentido reformar el sistema de transporte público fortaleciendo el Metro (empresa estatal) y ampliando su sistema de Metro-Bus, primero en los grandes ejes viales, y luego en la capilaridad de la ciudad, evitando los sufrimientos del cambio de un día para otro, y el inmenso y creciente costo del sistema para las arcas fiscales sin asegurar calidad? El propio ex coordinador de Transantiago de Piñera, Raimundo Cruzat, declara que el último cambio de contratos, realizado en 2012, pudo influir en el empeoramiento: “los indicadores que teníamos en los contratos antiguos eran mejores que los que rigen hoy -más estrictos- y tenían a las empresas de cabeza para funcionar mejor. Se trató de relajar las multas y penas a la frecuencia y regularidad de buena fe, porque si no quebraban los concesionarios, pero se hace necesario mejorarlos”. Más claro echarle agua. A propósito, ¿se publica rigurosamente las cifras de rentabilidad de las empresas del Transantiago? Porque en el liberalismo subsidiado las empresas están siempre al borde de la quiebra, se fija usted. No vaya a ser cosa que se deje de ganar dinero con semejante sacrificio de servicio a los más pobres.
Un sistema de buses enteramente estatal de calidad, y que prepara su transición a motores eléctricos no contaminantes en plazos breves, existe, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Pongo este ejemplo para que nadie piense que el suscrito es partidario de lo que se hace en Pyongyang. O que su criterio se basa sólo en la experiencia de Paris, Madrid o Berlín, es decir, de ciudades de la “decadente y estatista Europa” en la visión de los neoliberales chilenos, pero con notables sistemas de transporte público al servicio de los ciudadanos, claro está.
Una situación del mismo orden se presenta en el caso de la actividad privada minera y pesquera. Los recursos que explota no le pertenecen (o al menos eso dice la Constitución vigente, y además lo hace el análisis razonado) y lo obtiene con un pago muy inferior a su valor. Con ello se embolsa lo que la teoría económica denomina una “renta de escasez” y las subsecuentes inmensas utilidades ilegítimas. Bien elaborados “royalties” debieran minimizarlas -o regalías en castellano, pero esto no suena moderno, aplicadas a la extracción de las viejas materias primas, hoy “commodities”-, por ejemplo por encima de márgenes de explotación superiores al 15%.
Pero en Chile recuperar la inversión en un par de años a partir del uso de un recurso escaso que pertenece a todos los ciudadanos no le llama la atención a nadie mayormente. Por ejemplo, en el Congreso, que acaba de votar la mantención de la invariabilidad tributaria a la inversión extranjera, que entre otras cosas garantiza que no se cobre regalías a la altura del valor de los minerales. A propósito, ¿cómo avanza en el Congreso la “agenda de probidad” que debiera prohibir el aporte de empresas privadas a las campañas electorales? No se escucha mucho al respecto.
Y ni hablemos de AFP e isapres, con sobreutilidades permanentes obtenidas al recoger cotizaciones obligatorias impuestas por el Estado (la totalidad en el primer caso, y aquella parte que proviene de ingresos altos, y de jóvenes y sanos en el segundo, si no quieren ir a hospitales públicos subfinanciados). El suscrito defiende desde hace mucho tiempo en esta materia un liberalismo a secas: que AFP e isapres se ganen los porotos compitiendo en el mercado para ofrecer prestaciones complementarias a los usuarios, pero sin recoger cotizaciones obligatorias que debieran alimentar servicios públicos solidarios de pensiones y salud.
¿Es esto Corea del Norte? No, es lo que ocurre en los estados de bienestar occidentales, que se proponen cubrir con sistemas públicos, y lo logran razonablemente, los principales riesgos individuales. Y una palabrita para los bancos: en este sector abundantemente regulado, las utilidades en Chile son muy superiores a las del grueso de los sectores a los que prestan dinero. Las filiales de bancos extranjeros en Chile tienen utilidades muy superiores a las de las casas matrices en los países capitalistas maduros de origen. Curioso. Pero que en todo caso contribuye a explicar el interés de grandes bancos internacionales de comprar entidades financieras en Chile, incluidas AFP.
Ahora se propone extender el liberalismo subsidiado a más universidades privadas. Muchas de ellas presentan una combinación que parece las hace merecedoras de generosos recursos públicos: mala formación, nula investigación y utilidades a través de mecanismos que desvirtúan la ley. Es que atienden a los más pobres, ¿ve usted? Como si los pobres no se merecieran una buena educación.
¿No es francamente más razonable, antes de avanzar a la gratuidad universitaria ampliada, expandir la matrícula estatal, que recibe una fuerte preferencia de los postulantes, empezando por los más pobres? ¿Y establecer con las universidades privadas que deseen recibir más subsidios de todos los chilenos un compromiso de servicio público que asegure pertinencia, pluralismo y excelencia en la enseñanza e investigación? Pero sin limitaciones dogmáticas impuestas, como es el caso, por algún Estado extranjero, porque no nos olvidemos que el Vaticano es un Estado extranjero y las universidades pontificias dependen directamente de él. Lo que no les impide pedir todo tipo de subsidios del Estado laico, pero sin renunciar a cercenar la libertad de enseñanza e investigación y negar el respeto por el pluralismo de las ideas. Es que deben ser “autónomas”, no para financiarse, claro está, sino para hacer lo que quieran, incluida la represión de la libertad de expresión y de cátedra -que es la esencia de las universidades-, con recursos de todos los chilenos.
El punto es que se paga caro servicios públicos incompletos y de baja calidad producidos por privados que obtienen altas utilidades con dineros de todos los chilenos, o que los desvían para otros fines. Y que el Estado se financia sobre todo con el IVA que pagan pobres y sectores medios, con impuestos a la renta que no son suficientemente progresivos (la tasa marginal a la renta ha pasado desde 50% en 1990 a 35% en la actualidad) ni con pago suficiente de los privados por acceder a recursos naturales que no les pertenecen.
Esta es la tendencia creciente en el Chile de hoy: privados que no cumplen con requisitos mínimos de calidad de servicio, pero que se aseguran altas rentabilidades mediante ingentes subsidios fiscales en la actividad de producir servicios públicos que nunca debieran haber salido del dominio gubernamental. Se trata del “capitalismo subsidiado”, o si se prefiere, del “liberalismo subsidiado”. O sea del “modelo chileno”. Ese que además de garantizar una de las mayores desigualdades del mundo, crece en los últimos diez años menos que el promedio de América del Sur. Un verdadero milagro.
Comentarios