El derrocamiento

Versión actualizada en septiembre de 2024 del artículo aparecido en Políticas Públicas.

_________

El 11 de septiembre de 1973 se produjo el derrocamiento de un gobierno democrático legítimo, seguido de una represión violenta en manos de una dictadura militar que duró cerca de 17 años. Esta fue apoyada por la derecha civil, la que incluso se propuso prolongarla al menos hasta 1997, con Pinochet a la cabeza. El intento de legitimación del dictador fue derrotado en el plebiscito de 1988 y en 1990 se inició un largo curso hacia una recuperación democrática. 

Los puntos de vista más serenos sobre el episodio de 1970-73, crucial y trágico de la historia de Chile, no han sido los más frecuentes. Más bien, siguen arreciando desde los sectores conservadores las descalificaciones del proyecto histórico del gobierno de Salvador Allende y la experiencia transformadora que llevó a cabo bajo una lógica de ampliación de la soberanía nacional y de redistribución democrática del poder. Y también los esfuerzos por negar la vigencia del ejemplo de consistencia y dignidad del presidente Allende. Para ese sector de la sociedad, es insalvable que, como el presidente Balmaceda en 1891, no se rindiera frente a la fuerza y señalara ante la historia "pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, y así lo hiciera. Los conservadores insisten en querer destruir su imagen y minimizar su trascendencia política, mientras los argumentos más ilustrados de ese sector (Mansuy, 2023) oscilan entre la idea del fracaso de Allende y la no vigencia de su proyecto. 

El plan de Allende

El plan de gobierno de Salvador Allende incluía realizar cambios económicos estructurales y respetar y ampliar la institucionalidad democrática (Garcés, 1976; Martner García, 1988). El compromiso con esa institucionalidad se mantuvo desde el primer hasta el último día de su administración. No obstante, hacia 1973 una mayoría del parlamento, y un poder judicial conservador y politizado, se sumaron a declarar lo contrario para precipitar un golpe de Estado, sin que, por lo demás, les pasara absolutamente nada. El hecho básico es que existió entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 un régimen de plenas libertades y de separación de poderes, en medio de un agudo conflicto social y político. Algunos reconocen este hecho, pero postulan que el propósito final del gobierno de Allende era terminar con la democracia y establecer un régimen pro-soviético, que era lo que supuestamente había que impedir mediante un golpe militar. Esto no tiene sustento en los hechos, aunque en la izquierda hubiera partidarios de acciones extra-legales. Pero no eran los que tomaban las decisiones gubernamentales.

Las transformaciones en la economía incluyeron, en primer lugar, completar la nacionalización del cobre, iniciada parcialmente bajo el gobierno de Eduardo Frei, aprobada por la unanimidad del parlamento en 1971. Su finalidad era que sus excedentes fueran utilizados en la industrialización del país y en un mayor bienestar social de sus habitantes, y dejaran de ser rentas transferidas al exterior. Este es uno de los logros históricos del gobierno de Salvador Allende, a pesar de su reversión parcial en la dictadura militar de 1973-1989 y en etapas posteriores. Y en segundo lugar, incluyó concluir la tarea iniciada por el gobierno de Eduardo Frei en 1967 para terminar con el latifundio y el inquilinaje semi-feudal, fuertemente resistida por la derecha representada por el Partido Nacional. Aunque permaneció en un sector de la sociedad la  “cultura de la hacienda”, heredada de la colonia, este tipo de organización productiva desapareció del mapa económico chileno. Pero no en beneficio del campesinado, que sufrió una represión generalizada después de 1973, sino de una revolución empresarial exportadora que décadas más tarde lograría un gran dinamismo. Estos son dos de los principales legados del gobierno de Salvador Allende, junto a un proceso de participación popular sin precedentes.

Lo que, en cambio, creó fuertes controversias fue la nacionalización de la banca mediante la compra de acciones en la bolsa y la creación de un sector industrial y de distribución estatal mediante intervenciones. Sus alcances no lograron tampoco un consenso al interior de la coalición de gobierno. El plan gubernamental, que demoró en ser definido, era la conformación de un sector acotado de 91 empresas públicas que sustentara un nuevo proceso de expansión productiva, como ya lo había hecho la creación de empresas por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO, fundada por el gobierno del Frente Popular en 1939) en el proceso de sustitución de importaciones desde 1940 en adelante. Tampoco buscaba eliminar los mercados, aunque utilizó controles de precios, sino afianzar una planificación de la inversión pública y de la expansión industrial para un mayor desarrollo de largo plazo. En el corto plazo, el aumento de los salarios debía impulsar el crecimiento de la economía usando las capacidades instaladas ociosas, ampliadas recientemente por los planes de estabilización anti-inflacionaria de la administración Frei. 

"Make the economy scream"

La reactivación salarial y de gasto público permitió una expansión productiva y una disminución del desempleo, lo que dio a las fuerzas de gobierno la mayoría de votos en las elecciones municipales de 1971, en un clima inicial favorable. Pero Allende debió actuar frente a un plan de derrocamiento interno y externo que se inició antes de su llegada al gobierno. Buscó prolongar un acuerdo con la Democracia Cristiana (DC) como el que le había permitido llegar a La Moneda el 3 de noviembre de 1970, con el voto ratificatorio de su primera mayoría relativa de 36,6% obtenida en las urnas el 4 de septiembre de 1970, en competencia con los candidatos de la derecha, Jorge Alessandri, y de la DC, Radomiro Tomic. El 24 de octubre obtuvo en el Congreso Pleno 152 votos contra 35 a favor de Alessandri. Este fue un logro obtenido contra la expresa intervención norteamericana, que buscó que la DC votara a favor de Alesandri, quien renunciaría y daría curso a una nueva elección, maniobra que fracasó (1). El entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que mantenía un drástico rechazo a la creación de "una segunda Cuba" en América Latina, y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, que preveía de manera bastante extravagante posibles efectos de la fórmula de Allende en Chile en la situación de Italia y Francia, consideraron inadmisible para sus intereses estratégicos la llegada de Allende al gobierno. Ordenaron crear las condiciones para su derrocamiento inmediato a través de un golpe de Estado militar, a pesar de informes de inteligencia que señalaban que "EE.UU. no tiene intereses nacionales vitales en Chile" (2). Su enfoque extremo de guerra fría los llevó a promover en octubre de 1970 el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, para provocar un golpe de Estado, lo que terminó con su asesinato por un comando de ultraderecha, en consonancia con la voluntad conspirativa de la derecha y, en alguna medida, del sector seguidor de Eduardo Frei en la Democracia Cristiana (DC). Este sector consideró que un golpe de Estado y un régimen militar breve eran un mal menor frente al mal mayor de caer en la esfera de influencia soviética y perder las libertades (sus razonamientos están descritos en Aylwin, 2023, quien sin embargo siempre negó una voluntad golpista activa, a pesar de dar un apoyo al golpe el 12 de septiembre y autorizar la participación de personeros DC en la etapa inicial de la dictadura). Parte de la DC se opuso a todo acuerdo, como el aproximado en 1972 sobre las áreas de propiedad, lo que se reafirmó cuando Frei recuperó el control del partido en abril de 1973, desplazando a su sector progresista más abierto a algún entendimiento. Esto le fue reprochado más tarde por otro líder histórico de la Democracia Cristiana chilena, Bernardo Leighton, quien fue exiliado y objeto de un atentado por el régimen de Pinochet (3). Eduardo Frei, con el tiempo, fue decantando una postura de oposición a la dictadura, lo que se tradujo en su pronunciamiento expreso contra la constitución de 1980. Su muerte se produjo en condiciones que podrían haber incluido un envenenamiento en 1982. 

Para el gobierno de Allende, estabilizar la economía después de los primeros cambios estructurales era fundamental en las condiciones chilenas de la época, con un gobierno sin mayoría parlamentaria, acosado desde dentro y fuera con efectos que amenazaban con ser devastadores. La economía chilena “gritó”, como fue la orden dada tempranamente en septiembre de 1970 ("make the economy scream") por Nixon a la CIA (4). El gobierno de Estados Unidos cortó el crédito externo propio y multilateral, estranguló las importaciones y dificultó la comercialización del cobre chileno en los mercados mundiales, como represalia por la expropiación del cobre, que incluyó un descuento en la indemnización por utilidades excesivas que las redujo a cero (5). No se produjo nada semejante a un apoyo externo sustitutivo como el proporcionado por la URSS a Cuba, cuya situación geo-estratégica era completamente distinta. La Unión Soviética no apoyaba sino en alguna medida a Allende, como éste pudo constatarlo en su visita a Moscú de fines de 1972, entre otras cosas porque su modelo era diferente al del régimen de partido único soviético y de completa centralización económica, más allá de la buena relación de esta potencia de la guerra fría con el PC chileno, al que apoyaba financieramente desde hacía décadas -según los archivos soviéticos (Uliánova & Fediakova, 2023)- y que era importante entre los PC occidentales.

Una parte de la izquierda consideró que los intentos de golpe de Estado serían recurrentes y que se debía “acumular fuerzas” para enfrentarlos, lo que incluía subir salarios, ampliar el número de empresas bajo control del gobierno y las explotaciones agrícolas expropiadas, incluyendo la recuperación de tierras históricamente expoliadas a las comunidades mapuches en la zona de Cautín (6). Si bien la presión redistributiva era legítima, y en todo caso una realidad, debía ser canalizada, orientada y compatibilizada con la estabilización de lo logrado en materia de redistribución de ingresos, reforma agraria y nacionalizacion del cobre, lo que suponía una conducción política en ese sentido de los partidos de gobierno. Pero estos se dividieron. El Partido Socialista y los partidos recientemente escindidos de la Democracia Cristiana (Mapu e Izquierda Cristiana), y desde fuera el Movimiento de Izquierda Revolucionaria -creado en 1965 en una postura crítica a la estrategia de conquista electoral del gobierno encabezada por Allende- estimularon la “revolución desde abajo” que derivó hacia presiones salariales y ocupaciones de unidades productivas, con secuelas de interrupciones de suministro, lo que llevó a controles generalizados de precios, a la escasez de productos básicos y al desarrollo del mercado negro. Esto hizo muy difícil lograr un ordenamiento económico luego del impulso transformador inicial de 1971, estabilización que era buscada por Allende y la mayoría de sus equipos de gobierno, pero con el apoyo de solo una parte de la coalición que le daba sustento, en este caso los partidos radical y comunista. 

Se ha puesto poco el acento en la magnitud de la “revolución desde abajo” en 1967-1973, en los gobiernos de Frei y Allende, como lo documenta el texto de Peter Winn (2013). Esta presión social se había intensificado con la reforma agraria iniciada en 1967 y se extendió a empresas de diverso tipo, empujada por aquella parte de la izquierda y de los grupos escindidos de la DC que hicieron equivaler como avances hacia el socialismo el poner cualquier empresa en manos del Estado, y en particular las sospechosas de boicot de suministro de bienes de consumo y desvío al mercado negro. Las intervenciones de empresas, que algunos justificaban bajo el concepto de "control obrero" y de construcción de un "poder dual", no respondían a diseños con alguna coherencia económica sectorial y de conjunto, y se realizaron en oposición a parte de los equipos de gobierno y al propio presidente Allende. La expansión inorgánica del "área de propiedad social" mediante tomas, seguidas de decretos de intervención legal provisorias para asegurar la continuidad del abastecimiento, produjo un desborde de la reactivación económica de corto plazo basada en una expansión salarial que debía ser gradual. La meta de participación de los salarios en el ingreso nacional programada para 1976 se alcanzó en 1971. Se llegó a del orden de 500 empresas bajo control del gobierno en 1973, en las cuales las planillas salariales se expandieron y fueron financiadas con emisión monetaria, lo que alimentó la inflación. La intervención de empresas de distinto tamaño no programada se constituyó en un factor de desequilibrio fiscal y monetario y de rupturas productivas, con una posibilidad limitada de sustituirlas por importaciones, en medio de un amplio aumento del consumo. Se sumaron reajustes salariales del sector público no financiados, dada la negativa de la oposición en el parlamento de permitir la recaudación de los ingresos respectivos. Aprobar gastos, pero no los ingresos propuestos por el gobierno para financiarlos, sería calificado hoy de populismo por todo el sistema político. Sin embargo, es lo que hizo de modo sistemático la oposición en el parlamento de la época. 

El presidente Allende y sus equipos se empeñaron en estabilizar la situación económica, pero sin renunciar a la nacionalización del cobre, a la reforma agraria y la creación de un núcleo de empresas industriales y de distribución socializadas que permitieran sostener un proceso de inversión y abastecimientos de bienes básicos que redundara en el largo plazo en aumentos del bienestar de la mayoría social. Su diagnóstico fue que se debía estabilizar el proceso de cambios, contener las desorganizaciones productivas que son propias de transferencias de propiedad de gran magnitud y evitar una «huelga empresarial» generalizada, como la pronosticada décadas antes por Michal Kalecki (1943) en situaciones de este tipo.

En el balance económico, la trayectoria del Producto Interno Bruto fue de un crecimiento inicial en 1971 de 9,6%, seguido de una caída de -0,7% en 1972 y otra de -5,0% en 1973. En el cuarto trimestre de ese año, la junta militar que tomó el poder aplicó una política recesiva. La producción minera, manufacturera, de la construcción y agrícola bajó (en cifras en todo caso inferiores a las registradas en las crisis de 1975 y de 1982-83), disminuyendo la capacidad de exportar y aumentando la demanda por importaciones de alimentos e insumos, lo que se tradujo en el desabastecimiento generalizado de productos. La inversión también disminuyó en los tres años, a pesar del inicio de la construcción de 120 mil viviendas. Pero el crecimiento promedio del PIB en 1971-1973 fue de un 1,3% y reflejó la expansión del consumo interno que no fue sostenible en los dos años siguientes. El Índice de Precios al Consumidor tuvo también un relativamente buen resultado en 1971, pero en 1972 se zanjó un debate interno con un nuevo equipo económico que decidió una política brusca de ajustes de precios que afectó los salarios reales. Los controles fueron eliminados luego del golpe de Estado y  la inflación llegó a 508% en 1973. La contrapartida positiva fue que el desempleo llegó a los niveles más bajos conocidos en la historia contemporánea de Chile, mientras las familias más pobres lograron acceder al consumo de bienes básicos como nunca antes. A pesar de la crisis de 1972-73, el PIB en 1973 era superior al de 1970, según las cifras actuales del Banco Central.

Datos macroeconómicos, 1967-1976

Fuentes: Banco Central de Chile y Dirección de Presupuestos.

El desenlace

El Presidente Allende fue un conductor político que actuó en una situación extremadamente adversa y realizó ingentes esfuerzos para hacer posibles cambios que consideraba indispensables en la sociedad chilena y, a la vez, estabilizarlos en los límites de la democracia. Allende buscó desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales que emprendió (Garcés, 2013), es decir extender la nacionalización del cobre, culminar la reforma agraria, conformar un área bancaria, industrial y de distribución de carácter estatal y aumentar la participación del trabajo en el ingreso nacional. En esa idea de estabilización a través de la legitimación democrática, su propio partido y el principal de su coalición, el socialista (PS), junto a los partidos Mapu e Izquierda Cristiana, no lo acompañaron. Tampoco apoyó un plebiscito el Partido Comunista (PC), salvo días antes  del 11 de septiembre de 1973, en este caso respecto al que había vuelto a proponer el presidente Allende como salida a la crisis política y que anunciaría precisamente el día del golpe  de Estado. 

No ayudó al esfuerzo político del presidente Allende la reticencia de la dirección de su propio partido, el Socialista, que no buscó acuerdos amplios ni ofreció una opción alternativa que no fuera una radicalización ante la perspectiva de un golpe de Estado, pero sin un soporte en alguna fuerza militar defensiva propia que tuviera alguna significación, aunque tampoco preparaba un asalto al poder. El sector más radical era, en cambio, crítico de la democracia parlamentaria y tenía como referencia a la  revolución cubana, a pesar de condiciones sustancialmente diferentes (7). Como conjetura de la izquierda radical, la idea de la acumulación de fuerzas frente al golpismo podía aspirar a construir milicias y apostar a una eventual división de las Fuerzas Armadas, la que no podía sino ser muy aleatoria y, acaso, desembocar en una guerra civil. Allende siempre se propuso evitar este escenario, en un país rodeado de vecinos hostiles gobernados por dictaduras militares, y con la intención manifiesta del gobierno de la principal potencia, Estados Unidos, de hacer todo lo posible por derrocarlo, sin contar con alguna ayuda internacional significativa. 

La “revolución desde abajo” y los embates opositores llevaron a que se excediera con creces el objetivo redistributivo buscado inicialmente por el gobierno y se produjera una espiral precios-salarios alimentada por un masivo boicot empresarial y por cuellos de botella productivos. A la postre, la espiral precios-salarios llevó a una situación paradojal: el consumo popular aumentó sustancialmente respecto a los años previos, pero su acceso se hizo en condiciones de racionamiento y de dificultad cotidiana en el abastecimiento, junto a percepciones de amenaza generalizadas en la pequeña y mediana empresa, con la consiguiente erosión del apoyo social y político al gobierno. Esta dinámica no ayudó a construir una alianza del mundo obrero, campesino y de la marginalidad urbana y rural, cuyos intereses procuraba representar el gobierno, con los sectores medios del funcionariado, los estamentos profesionales y técnicos, la pequeña y mediana empresa y alguna parte de la gran empresa vinculada al mercado interno. Dicha alianza era indispensable para enfrentar la reacción de los afectados por los cambios promovidos por el gobierno de la Unidad Popular. Antes que “acumularse”, las fuerzas gubernamentales se fueron “desacumulando”, proceso ayudado por la desorganización económica y la radicalización de una parte de la izquierda, con un soporte que solo podía tener como base los trabajadores que controlaran fábricas, campos y algunos territorios. No obstante, la adhesión al gobierno se mantuvo en 44,5% del electorado en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50,3% obtenido en la elección municipal de 1971 y el 36,6% logrado por Salvador Allende en la elección presidencial de 1970. 

La oposición logró movilizar activamente en su contra a amplios sectores medios, e incluso a sectores obreros en la minería nacionalizada, en un proceso de insurrección rampante, junto a una estrategia de parálisis progresiva del país, con centenares de atentados con bombas realizados por la extrema derecha civil (8), con apoyo de los servicios de inteligencia de la Marina, y con la paralización del transporte y los servicios junto a paros y huelgas estimulados por la cúpula empresarial y financiados en buena parte por las operaciones encubiertas de Estados Unidos. Esto terminó por debilitar social y políticamente al gobierno (9).

Allende y sus aliados pensaban que debían construirse fortalezas políticas e institucionales que aislaran el golpismo interno y externo y lo redujeran a expresiones minoritarias, expresiones que pudieran ser contenidas por las instituciones democráticas y por el constitucionalismo militar y  alianzas externas amplias. No debe olvidarse que Allende se empeñó hasta el final en lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito que no alcanzó a anunciar (Garcés, 1976), y que hubiera preservado, con una cierta probabilidad de éxito, la institucionalidad democrática chilena y, eventualmente, creado una dinámica de recomposición de la izquierda sobre la base de un procesamiento racional de las radicalizaciones en curso (10). Esto incluía la idea del reemplazo en el liderazgo del PS en marzo de 1974, en el siguiente congreso de ese partido, de lo que la división del Mapu en marzo de 1973 fue la antesala. Pero nunca se sabrá si la convocatoria a un plebiscito hubiera evitado el golpe militar, que la oposición tenía buenas opciones de ganar, y cuyos resultados el presidente Allende iba a aceptar, le fueran o no favorables. En caso de no serlo, hubiera implicado un adelantamiento de las elecciones presidenciales. 

Las  fuerzas que Allende enfrentó terminaron siendo más poderosas y lograron el derrocamiento violento de su gobierno, como habían intentado hacerlo desde noviembre de 1970. El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, como lo reseña el general Prats en sus memorias (1985), ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas. El mando militar había aceptado desde octubre de 1972 integrarse al gabinete de gobierno en cargos centrales, mando que fue atacado por la derecha y el sector cercano a Eduardo Frei en la DC (en especial a través de los generales Arellano Stark y Bonilla). La presión culminó en la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, el general Prats, el 23 de agosto de 1973 y en la posterior traición de Pinochet, nombrado como su sucesor por ser supuestamente constitucionalista.  Dos de los cuatro comandantes en Jefe, el  de la Armada, el almirante Montero, y el de Carabineros, el general Sepulveda Galindo, se mantuvieron hasta el 11 de septiembre leales a la Constitución y a su juramento de defenderla. En 1974, Pinochet mandó a asesinar a Carlos Prats en su exilio en Buenos Aires.

Lecciones

El gobierno de la Unidad Popular quedó preso de la lógica implacable de la guerra fría, mientras internamente no logró canalizar la dinámica social y política y evitar una crisis de transición al intentar de modo simultáneo una reactivación productiva, una redistribución de ingresos y una transformación de las estructuras de propiedad. La estabilización post 1971 era indispensable frente a la temprana decisión norteamericana de derrocar a Salvador Allende por todos los medios a su alcance. En materia económica, la expansión excesiva de la demanda no encontró respuestas en una oferta en plena reestructuración, sometida a una restricción externa promovida activamente por Estados Unidos. La política de reactivación salarial excesiva terminó en presiones inflacionarias y pérdidas de poder adquisitivo, lo que ayudó a la oposición de derecha, de la DC y de los gremios empresariales a movilizar a amplios sectores medios que prestaron apoyo social al golpe de Estado de 1973. Llevar a cabo “reformas estructurales transformadoras” debía tener límites que permitieran evitar los desbordes desestabilizadores y mantener una mayoría social y política que viabilizara la continuidad democrática. Cabe hacer notar, sin embargo, que la democracia también se derrumbó, por distintas razones, en la época en Uruguay y Argentina, mientras dictaduras militares de distintas duraciones y características prevalecían en Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador. En América del Sur, las formas democráticas solo se mantuvieron en Colombia y Venezuela.

El derrocamiento del gobierno de Salvador Allende tuvo consecuencias dramáticas en la historia de Chile. Fue seguido de una prolongada dictadura que provocó no solo miles de muertes sino también una restauración histórica del poder oligárquico, que venía siendo cuestionado por diversos impulsos progresistas y democratizadores desde los años 1920. Pero su derrota no llegó a constituir un fracaso del núcleo del proyecto de cambios que inspiraba al gobierno de Allende, el de una mayor soberanía nacional sobre los recursos naturales y sectores estratégicos y una socialización de vehículos de inversión para impulsar un desarrollo que beneficiara a las mayorías trabajadoras, redujera las desigualdades de ingreso, riqueza y oportunidades de prosperar y lograra una expansión de las políticas de cobertura social frente a la pobreza y la precariedad. Este proyecto siguió adelante bajo otras formas y ritmos y otras alianzas sociales y políticas, a partir de un espíritu de resiliencia y resistencia que se inscribe en las luchas sociales y democráticas que han sido, desde la independencia, parte recurrente de la historia de Chile. 

Después del golpe de Estado, la normalización productiva, seriamente afectada por las paralizaciones por razones políticas del transporte privado y de un amplio número de unidades productivas en todo el tejido económico, así como el fin del estrangulamiento del crédito externo, permitieron un crecimiento de 1,2% del PIB en 1974, pero todavía con una inflación de 376% anual. Luego, sobrevino en 1975 la peor crisis económica de Chile en su historia contemporánea, mucho más aguda que la de 1972-73. Hay quienes la atribuyen a secuelas de la Unidad Popular, lo que es tan erróneo como atribuir la recesión de 1972-73 a las secuelas de la previa gestión de Frei. Lo que ocurrió es que en 1975, frente a una inflación aún muy elevada, Pinochet le hizo caso a la recomendación que vino a darle personalmente Milton Friedman en marzo de 1975: “Existe solo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal” (11).  

El argumento fue llevado al extremo por el monetarismo de choque de los ministros "Chicago Boys" a los que Pinochet entregó todo el poder a partir de abril de 1975. Estos provocaron una depresión de gran magnitud, con una caída del PIB de -12,3% en 1975, fruto de una reducción de -19,9% de la demanda interna, provocada por el drástico recorte del gasto público y del crédito. Hacia 1976, el nivel del PIB era inferior al de 1973, tres años después del fin de la Unidad Popular, y similar al de 1969. Luego la economía chilena experimentó hasta 1981 un crecimiento, pero de nuevo mediante una fuerte expansión de la demanda interna y también de las exportaciones. A pesar de la política de choque de 1975, la inflación bajó de un dígito recién en 1981, pero gracias a la fijación del tipo de cambio nominal en 39 pesos en 1979 y la culminación de la apertura comercial y financiera al exterior. Esta política tuvo el costo de provocar otra gran depresión,  la de 1982 y 1983, con -11,5% y -5,6% de caída del PIB respectivamente. La recesión de 1972-73 fue significativa, pero menor a las dos depresiones provocadas por los Chicago Boys en dictadura, lo que ocurrió sin lograr disminuir las presiones inflacionarias sino por tiempos breves.  En 1990, al iniciarse la transición democrática, la inflación todavía era de 27,1% anual. Este tema estructural de la economía chilena, arrastrado por décadas, fue resuelto por los gobiernos democráticos en la última década del siglo XX con una política fiscal disciplinada y acuerdos de reajustes salariales entre gobierno, empresarios y organizaciones sindicales, las que abatieron las expectativas inflacionarias en un contexto de menor inflación externa y de una estabilidad cambiaria flexible.

Las fuerzas progresistas recogen ahora dimensiones adicionales como el énfasis igualitario en materia de género, el respeto a las disidencias y diferencias y el autogobierno de los pueblos originarios en el espacio nacional, junto a la tarea de avanzar a una sostenibilidad ambiental que permita la resiliencia de los ecosistemas. Pero no son dimensiones sustitutivas de las existentes en 1970-1973, en especial la aspiración colectiva a las libertades civiles y políticas en una democracia basada en la soberanía popular, la prevalencia de la voluntad de la mayoría con respeto de las minorías y la aspiración a una igualdad efectiva de oportunidades y derechos, junto a desarrollar la reciprocidad comunitaria y solidaria en la sociedad. El instrumento principal para los que comparten el objetivo de desplazar la concentración económica y las desigualdades sociales y de género tampoco ha variado mucho: la construcción estable de una coalición amplia que exprese a un bloque social y político por cambios progresivos, con vocación mayoritaria, capacidad de entenderse con el centro político y de proveer estabilidad política a lo largo del tiempo. 

La radical restauración del dominio oligárquico entre 1973 y 1989 tuvo que aceptar desde 1990 modulaciones híbridas que tienen la potencialidad de convertirse por acumulación en un Estado social de derecho. Por ello, lo medular de la pugna histórica chilena permanece, aunque el dominio oligárquico tradicional pasó de la hacienda y la minería con influencia en la banca a grupos financieros y productivos hiperconcentrados y más internacionalizados. 

Lo que se intenta expulsar por la puerta suele volver por las ventanas y las rendijas. En 2019-2021 se vivió la secuencia de una nueva "revolución desde abajo". Más allá de la explosión social de octubre de 2019 y meses siguientes (hasta el inicio de la pandemia de Covid-19), se llegó incluso al desborde del modelo de seguridad social privada mediante amplios retiros de ahorros individuales de los fondos de pensiones, refrendados por 2/3 del parlamento. Así como ocurrió con los reajustes salariales empujados por las ocupaciones de empresas y la no aprobación de fondos por la oposición para financiar los reajustes del sector público bajo la Unidad Popular, el gobierno de Sebastián Piñera perdió parte del control de la política económica, además de aumentar fuertemente el déficit fiscal. En 2021, en el año de salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares se expandió en nada menos que en 21% y el consumo de gobierno en 14%, mientras la demanda interna lo hizo en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB de 12%. Según la base de datos del Banco central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. Como se observa, la criticada política económica de la UP en medio de un agudo conflicto político no alcanzó a tener la intensidad expansiva del desbordado último año de Piñera II. La diferencia crucial es que el bloqueo externo en 1971-73 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad, y produjo rupturas de abastecimiento de bienes básicos y alimentó una espiral de inflación. Esto reafirma la importancia del bloqueo externo en el desenlace del gobierno de la Unidad Popular y de la necesidad de mantener hoy una inserción externa estable y diversificada como condición para llevar a cabo cualquier proyecto progresista, en el marco de alianzas sociales y políticas internas amplias con vocación transformadora, pero también con capacidad de construir mayorías sociales y parlamentarias para los procesos de cambios estructurales. 

Notas

(1) Ver el informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del 18 de noviembre de 1973, en https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc01.pdf.

(2) En el memorándum secreto de la CIA del 7 de septiembre de 1970, en https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve16/d18, se lee: "La expansión de la presencia soviética en Chile podría ocurrir de muchas maneras diferentes, pero creemos que el establecimiento de una presencia militar soviética permanente de gran envergadura es improbable, aunque no imposible. También creemos que Allende probablemente —y casi con certeza durante el período en que intenta consolidarse— evitaría los riesgos de una subversión chilena discernible en otros países. En cuanto a las amenazas a los intereses de EE.UU., concluimos que: 1. EE.UU. no tiene intereses nacionales vitales en Chile. Sin embargo, habría pérdidas económicas tangibles. 2. El equilibrio militar mundial no se vería alterado significativamente por un gobierno de Allende. 3. Una victoria de Allende, no obstante, generaría considerables costos políticos y psicológicos: a. La cohesión hemisférica se vería amenazada por el desafío que un gobierno de Allende representaría para la OEA, y por las reacciones que provocaría en otros países. Sin embargo, no vemos una amenaza probable para la paz de la región. b. Una victoria de Allende representaría un claro revés psicológico para EE.UU. y un avance psicológico definido para la idea marxista."

(3) En palabras de Bernardo Leighton, en una carta a Eduardo Frei (1975), "para ti el golpe resultaba inevitable, al paso que para mí siempre fue evitable y nos obligaba a hacer lo inhumano por evitarlo". Leighton sostuvo que "las conversaciones oficiales del Gobierno con la DC, por iniciativa del primero, en el invierno del año 72, sobre el área de propiedad social, la participación laboral, las intervenciones en las empresas, las empresas de trabajadores, etc., en base a proposiciones del Gobierno y nuestras, llegaron a concretarse en acuerdos que, en opinión de la Comisión que nombramos para el trabajo respectivo, cubrían más del setenta por ciento de las materias en debate" y que "a pesar de todo, después del fracaso de las conversaciones Allende-Aylwin, se reiniciaron conversaciones privadas, con conocimiento y aceptación de Patricio (quien no puede haber dejado de informarte), entre personeros del Gobierno y de la DC. Renán y yo estuvimos como interlocutores, fuera de dirigentes, universitarios, profesionales y gremiales pertenecientes a la DC. Mediante estas conversaciones, en que participó con singular empeño Carlos Briones, se lograron soluciones en el problema del Mineral del Teniente, en la huelga de los médicos, en el conflicto del Canal 9 de TV, en las dificultades producidas en el escalafón del Ministerio de RR.EE., y se adelantó una fórmula para la promulgación de la reforma constitucional y para la dictación de la ley sobre distribución alimenticia. Como es lógico, de los hechos precedentes tuvieron conocimiento, según el caso, el Consejo Nacional del Partido, y Patricio Aylwin". Concluye Leighton: "Cuando te pedí que fueras a hablar con Allende, alrededor de unos diez días antes del golpe, yo conocía las condiciones que habías puesto en mayo, para celebrar una entrevista con él. No es el momento de discutir si fueron o no las más adecuadas. Sólo que en septiembre las circunstancias se habían tornado bien diferentes y Allende y tú por las funciones que desempeñaban y el ambiente público que influenciaban, eran las únicas dos personas en el país, capaces de hacer con éxito el supremo esfuerzo para evitar lo peor. Quizás, Allende debió dar el primer paso; pero, yo en lugar tuyo no lo habría esperado. Lo que estuviste de acuerdo que hiciera Aylwin, pudiste haberlo hecho tú, seguramente en condiciones cien veces más cargadas de posibilidades de éxito".

(4) Notas tomadas por Richard Helms, director de la CIA, en reunión con Richard Nixon el 15 de septiembre de 1970, en https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc26.pdf. Un recuento de la documentación desclasificada sobre la intervención de Estados Unidos en Chile contra el gobierno de Allende se encuentra en Kornbluh (2023).

(5) Informe del Senado de Estados Unidos, Covert Action in Chile. 1963-1973, 1975, en https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf.

(6) El autor de este texto contaba en 1973 con 16 años, y discutía con su padre, colaborador desde los años 1950 y ministro de Planificación del presidente Salvador Allende entre 1970 y 1973, con el argumento de tipo hipotético-deductivo, que consideraba irrebatible, según el cual se produciría inevitablemente un golpe de Estado, dados los cambios impulsados por el gobierno y los intereses que afectaba. Pensaba que solo quedaba prepararse para enfrentarlo por sobre cualquier otra consideración y que no resultaría intentar estabilizar el proceso democrático. Gonzalo Martner García fue uno de los que concibió una secuencia gradual de cambios económicos en un horizonte de seis años. Construyó las bases de un acuerdo con la DC en el parlamento sobre el área de propiedad social en 1972, luego desechado por Eduardo Frei y la directiva DC. Fue uno de los redactores del discurso presidencial nunca pronunciado que llamaría a un plebiscito sobre las áreas de propiedad social (la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba) el 11 de septiembre de 1973, como se detalla en Martner Fanta (2023).

(7) No por casualidad Ernesto Guevara tuvo para Chile y Uruguay un diseño de construcción de bases logísticas, pero nada que se pareciera a que en estos países entonces democráticos se produjeran procesos de lucha armada como los que promovía en el resto del continente (Bustos, 2007).

(8) La casa familiar del autor de este texto también fue atacada, dada la posición en el gobierno de Allende de su padre, con una bomba de alto poder destructivo puesta por el grupo de ultra derecha Patria y Libertad en la noche del 2 de septiembre de 1973.

(9) El film La Spirale, de Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel y Valérie Mayoux (1976), describe bien ese proceso. 

(10) Salvador Allende se reunió en los días previos al golpe con Miguel Enríquez, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la principal fuerza de izquierda extra-parlamentaria de la época. Le expuso su plan de salida de la crisis a través de un plebiscito y le solicitó no interferirlo, lo que Enríquez aceptó y comunicó a los dirigentes de su organización. Esta es la razón por la cual el MIR no se encontraba en estado de alerta el 11 de septiembre de 1973, como lo había estado en los meses previos. Previamente, en la noche del 29 de junio, luego de un intento fallido de golpe, soldados de la base aérea de El Bosque ofrecieron al MIR sustraer una importante cantidad de armas, a lo que Enríquez se negó por considerar que, si llegara a ser un operativo exitoso, existía el alto riesgo de desencadenar el temido golpe de Estado en medio de una amplia disparidad de fuerzas si no se producía un quiebre del Ejército. En su opinión, en ese momento la salida a la crisis no podía basarse solo en la acción de milicias armadas reforzadas, como las pocas que su organización había logrado crear, y por eso no se cruzó a la salida plebiscitaria pensada por Allende. Pero llegado el momento, Enríquez resistió el golpe con la pequeña fuerza de la que disponía, se negó a salir del país y fue acribillado en el asalto a su casa clandestina el 5 de octubre de 1974, mientras el MIR sufrió 579 víctimas de desaparición forzada y ejecuciones durante la dictadura.

(11) Carta de Milton Friedman a Pinochet, 21-04-1975, en https://www.economiaysociedad.cl/la-carta-de-friedman-al-presidente-pinochet.

Referencias

Aylwin, P. (2023). La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973. Debate.

Bustos, C. (2007). El Che quiere verte. Javier Vergara Editor.

Garcés, J. (1976, 2013). Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política. Siglo XXI.

Kalecki, M. (1943). “Political aspects of fulI employment”. Political Quarterly, vol. 14, 1943, pp. 347-356.

Kornbluh, P. (2023). Pinochet Desclasificado. Editorial Catalonia.

Leighton, B. (1975). Carta a Eduardo Frei Montalva. https://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_Bernardo_Leighton_a_Eduardo_Frei_Montalva_(26_de_junio_de_1975). 

Mansuy, D. (2023). Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular. Taurus. 

Martner, García G. (1988). El gobierno del Presidente Salvador Allende, 1970-1973. Una evaluación. Ediciones LAR.

Martner Fanta, G.D. (2023). “Pagaré con vida la lealtad del pueblo”. A 50 años del derrocamiento de Salvador Allende. LOM Ediciones.

Prats, C. (1985). Memorias. Testimonio de un soldado. Editorial Pehuén.

Uliánova, O. & Fediakova, E. (2023). "Algunos aspectos de la ayuda financiera del Partido Comunista de la URSS al comunismo chileno durante la Guerra Fría". Estudios Públicos, julio 2023, 109-146. DOI:https://doi.org/10.38178/07183089/199872113.

Winn, P. (2013). La revolución chilena. LOM Ediciones.

Lecciones de una derrota evitable

En El Mostrador

Luego del plebiscito de 1989, el cambio constitucional permaneció largamente inconcluso en Chile, a pesar de diversas reformas posteriores, como la del sistema municipal y regional. En ese año, la entonces oposición –sin el PC, todavía defensor de la lucha armada– pactó con la dictadura militar el inicio de una salida política hacia un horizonte de democracia, luego de derrotarla en las urnas. Ese pacto no estuvo exento de limitaciones significativas en materia de afirmación del principio de mayoría, en medio de amplias dificultades y sacrificios luego de las álgidas protestas de 1983-86 y la exitosa y unitaria movilización en el plebiscito de 1988.

Se trataba de un pacto temporal, pero que a la postre mantuvo vigente un entramado de candados institucionales contra la voluntad popular, los que solo fueron cayendo lentamente. La coalición de gobierno conformada por el centro y la izquierda no comunista fue, no obstante, un éxito en materia de adhesión ciudadana y logró mantenerse por 20 años en el gobierno.

En este largo proceso se produjeron tanto un fuerte crecimiento económico inicial como variados avances sociales, pero acompañados de frustraciones acumuladas en materia de desigualdad de condición y de oportunidades y de abusos del poder corporativo en la vida cotidiana. La lentitud del cambio político-institucional y una conducta adaptativa consistente en hacer de necesidad virtud por parte de un sector de la coalición de gobierno, terminó por identificarla con ese entramado transicional. Se volvió cada vez menos apta para adaptarse y persistir en las demandas de la sociedad, lo que no cambió mucho con la agregación del PC en 2014.

Su consecuencia política fue la aparición desde 2011, consolidada en 2017, de una fuerza política generacional autónoma, al margen del centro y de la izquierda tradicional y mucho más significativa que las emergidas en los años 1960 desde el PS y la DC. Al punto que esa fuerza llegó a liderar el gobierno en 2022, aunque sin disponer de mayoría parlamentaria para llevar a cabo su programa pactado con el resto de las fuerzas progresistas en la segunda vuelta presidencial de 2021. Este notorio éxito en tan breve tiempo creó hasta hoy inconducentes resquemores de desplazamiento en las fuerzas tradicionales.

El inmovilismo del sistema político frente a la persistencia de las desigualdades y abusos tuvo una consecuencia social y sistémica de gran significación: una rebelión inorgánica de la mayoría social y del “bajo pueblo” en octubre de 2019, desencadenada por un aumento de la tarifa del transporte, de una magnitud y persistencia desconocidas. También tuvo como consecuencia fortalecer, como reacción conservadora, a la extrema derecha autoritaria.

En la historia democrática reciente de Chile, frecuentemente se habían articulado las demandas populares con representaciones políticas y sociales institucionalizadas, lo que en este caso fue desbordado. La pertinacia antidemocrática de la derecha y el anquilosamiento de la coalición de centro e izquierda dio así lugar a una salida del prolongado conflicto constitucional a través de un desencadenante extrainstitucional. En el intento por reinstitucionalizarlo, de nuevo se cometieron errores de diseño, en especial en el acuerdo de noviembre de 2019. Al menos dos fueron de importancia.

Primero, aceptar un distinto electorado al elegir un nuevo poder constituyente (escorado a la izquierda inorgánica con el voto voluntario) y a la salida para su aprobación plebiscitaria (necesariamente más conservador con el voto obligatorio). Segundo, aceptar una regla de aprobación de la propuesta de nueva Constitución con un quórum de 2/3, que obligó a pactar a los grupos centrales (que con 4/7 hubieran tenido una mayoría estabilizadora) temas variados, pero no con la derecha –como esta pretendió con esa imposición– sino con grupos radicalizados y particularistas.

Se terminó el 4 de septiembre de 2022 en una reprobación del proyecto de Constitución de la Convención elegida en mayo de 2021 con más de 60% de los votos obligatorios. Esta derrota del cambio constitucional fue fruto de la suma de la reacción negativa ante las retóricas particularistas, tema por tema en sectores variados de la sociedad, en el contexto de una economía en recesión, fruto de un ajuste radical después de una pandemia de efectos devastadores. El plebiscito de salida adquirió así un carácter de protesta contra un nuevo gobierno con variadas dificultades de instalación y de narrativa.

Junto a los conductores del gobierno, los participantes del proceso constituyente tienen una gruesa responsabilidad ante la historia democrática del país, pues se dio un sello retórico y programático indebido a la nueva propuesta constitucional.

No se privilegió uno centrado en consolidar reglas del juego esenciales que tenían un amplio consenso en la sociedad, es decir, un conjunto articulado de derechos fundamentales y de protección soberana de los recursos naturales, junto a permitir la expresión de la voluntad mayoritaria en las instituciones y, simultáneamente, garantizar a las minorías el derecho a procurar transformarse en mayorías en elecciones libres y periódicas.

Estas mayorías, alternadas o no período a período, eran las llamadas a deliberar y zanjar programas de gobierno, no la Constitución. Se miró al espejo guzmaniano de la Constitución partisana de 1980, pero al revés. Lo propio hizo la extrema derecha en el proceso constitucional de 2023, con la mayoría que logró usando el sistema electoral antidemocrático del Senado, otro error de diseño del progresismo, por lo que la nueva propuesta constitucional también fue rechazada ampliamente por la sociedad.

El país se ha quedado así con una Constitución remendada, pero ahora reformable por 4/7 y con leyes orgánicas que se pueden aprobar con la mitad más uno de los miembros del Parlamento, aunque aún permanece un Tribunal Constitucional potencialmente disruptivo de la voluntad mayoritaria.

El país se debate ahora en el tema de cuántos avances podrá lograr el actual gobierno, principalmente en materia previsional, tributaria, laboral y de salud, hoy bloqueados por la oposición. Mientras, persiste la duda de si se consolidará una alianza de izquierda abierta al centro para abrir una nueva etapa de prosperidad compartida e innovadora, feminista y ecológica de largo aliento. No obstante, se trata de la única alternativa posiblemente mayoritaria frente al retorno de la derecha al gobierno, ahora aliada a una extrema derecha fortalecida. Esta está dispuesta más que nunca a volver al neoliberalismo duro y a debilitar las libertades, prolongando su victoria de 2022, lo que hasta ahora no ha logrado.

Que no lo siga logrando dependerá de la consolidación política del espacio democrático comprometido con el principio de mayoría con protección de las minorías, con la justicia distributiva, con la sostenibilidad ambiental y con la lucha contra todas las discriminaciones. Es una tarea de las nuevas generaciones, las que habrán de dejar conductas endógenas o bien meramente adaptativas y eclécticas, y recoger la experiencia acumulada de las anteriores para evitar una regresión autoritaria y social de envergadura.

La actitud política del gran empresariado

En La Nueva Mirada

En el debate sobre el estado de la economía y la sociedad chilena, el gran empresariado oscila entre la oposición frontal al gobierno y frases altisonantes (“hoy somos más pobres que hace 10 años”). Incluso un reciente seminario de un grupo financiero se permitió denominarse “La urgencia de actuar”, invitando solo a un economista de derecha, a un ex jefe de la policía colombiana y …a la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei. Sin nadie del gobierno o partidario de él, para no romper la endogamia. Por supuesto, cada quien tiene derecho a hacer los seminarios que quiera e invitar a quien le plazca pero digamos que, dado que seguramente entre los accionistas del grupo y sus clientes no solo habrá personas de derecha, no es un enfoque demasiado prudente de comunicación corporativa.

Pero constatemos que alguien habrá actuado si todos los indicadores económico-sociales, sin excepción, revelan avances en la situación del país en la última década, aunque habrá a quienes les podrá parecer mucho o poco, haciendo la distinción necesaria entre juicios de hecho y juicios de valor.

Indicadores económicos y sociales, 2013-2023

Algunos hemos sostenido en diversos textos que el modelo económico “híbrido” chileno no es satisfactorio en diversos aspectos, especialmente en su dinamismo decreciente, la hiperconcentración de los mercados, la distribución desequilibrada de los ingresos entre utilidades y salarios y una limitada capacidad redistributiva de la protección social y del sistema de impuestos-transferencias. Y que la política fiscal en 2022 y la política monetaria en 2022-23 produjo una desaceleración económica que se podría haber evitado, fruto de un mal diagnóstico sobre las causas y alcances de la inflación, predominantemente externa, y la posterior desinflación desde 2021, política que el gran empresariado ha apoyado y de cuyas consecuencias ahora se queja. Recordemos, además, que la chilena es una economía dual de enclaves exportadores basados en recursos naturales que con frecuencia se sitúan en una frontera de alta productividad, acompañados por servicios modernos, pero combinados con producciones heterogéneas en condiciones promedio de menor productividad. Estas últimas constituyen el grueso del valor agregado y del empleo y en ellas predominan los servicios, que representaban el 69% del PIB y el 72% de la ocupación en 2023. Pero eso no debe impedir tener a la vista las evoluciones positivas de más largo plazo, como las que se consignan en el cuadro.

Uno de los indicadores más significativos en materia de progreso económico es el de la producción por hora trabajada. En Chile suele sostenerse que la productividad está estancada, medida por la diferencia entre la cantidad adicional de trabajo y de capital que explica los avances en la producción, en contraste con lo que no es explicado por ese incremento en el uso de los factores de producción. Desde los trabajos de Solow y otros esa diferencia se denomina «productividad total de los factores«, que en realidad es un residuo de significado conceptual discutible («la medida de nuestra ignorancia«, en la expresión de Abramovitz). Es además de difícil cálculo, en especial cuando se trata de medir el stock de capital y su amortización periódica y de medir el aumento de la calificación del trabajo, aproximada imperfectamente por los años de estudio promedio de quienes trabajan.

PIB por hora trabajada a precios constantes, índice 2013=100

Para evaluar la evolución de la productividad, algunos preferimos remitirnos a la producción por hora trabajada, que resulta de dividir el Producto Interno Bruto por el número de horas trabajadas en un año (dato más preciso que el número de personas que trabajan).  Esto resume el aporte del trabajo calificado y no calificado, del capital acumulado y del progreso técnico en el resultado de la producción. Si se produce más por hora de trabajo, se refleja sin ambigüedades que ha aumentado la productividad agregada de la economía.

El cuadro reseña la información extraída de la base de datos de la OCDE para conjuntos de países y algunos países individuales. Se observa que quien lleva la delantera (no hay datos para China) tanto en el período 2013- 2019 y luego en la crisis de la pandemia y su salida en 2020-2022, es Corea del Sur, un país con un desempeño económico sobresaliente (y a la vez con un coeficiente de desigualdad de Gini de 0.33, uno de los más bajos del mundo, en vez del 0.40 de Estados Unidos y el 0.45 de Chile, siempre según la OCDE). En 2013-2019, el desempeño de Chile es más que honorable, similar al del promedio del G7, los siete países más relevantes de más altos ingresos por habitante (Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). La evolución comparada en la crisis y salida de 2020-2022 sitúa a Chile en una progresión notoria y superior a la del promedio del G7. Y es también, en esta etapa, superior a la de Estados Unidos. Entretanto, las brechas de productividad media del trabajo siguen siendo muy amplias con los países de altos ingresos (la producción por hora trabajada de Chile representa menos de la mitad que la del G7).

En suma, aunque debiéramos mirar más a los modelos asiáticos, la brecha de producción por hora trabajada de Chile con los países de más altos ingresos se ha acortado, y no ampliado, en la última década, aunque esto no sea del gusto de los críticos neoliberales y del gran empresariado, embarcados -los unos por razones ideológicas y los otros por la defensa de sus intereses estamentales de corto plazo- contra todo lo que implique una política industrial activa, mejores servicios públicos, una redistribución social y mayores restricciones ambientales, que en su visión se supone atentan contra la eficiencia y la productividad, aunque la evidencia diga todo lo contrario. Los países con mayor bienestar son los que cuidan la equidad y la sostenibilidad.

Desenlace en Francia

El presidente Emmanuel Macron nombró a un primer ministro de derecha, Michel Barnier, un conservador que fue parlamentario, ministro de Chirac y Sarkozy y ocupó altos cargos en la Unión Europea. Tomó posición en el pasado a favor de la "inmigración cero" planteada por Jean Marie Le Pen y votó, en su momento, en contra de la despenalización de la homosexualidad en la Asamblea Nacional.

Este nombramiento viene más de dos meses después que los apoyos de Macron quedaran como tercera fuerza con 22% de los votos en la primera vuelta de las elecciones anticipadas de la Asamblea. Estas fueron convocadas de manera sorpresiva y arriesgada por Macron, luego de la derrota del partido presidencial (15%) frente a la suma de la extrema derecha (37%) y la suma de los 4 partidos de izquierda (32%) en las elecciones europeas del 9 de junio. En el particular sistema político francés, de tipo semi-presidencial, es el presidente el que nombra al primer ministro, sin necesariamente contar con la aprobación de los diputados, como ocurre en los sistemas propiamente parlamentarios del resto de Europa. El primer ministro puede incluso, en este caso, aprobar leyes sin voto en el parlamento, como ocurrió con la reforma de las pensiones (no para reemplazar el sistema de reparto sino para retrasar la edad de jubilación en el marco de ese sistema) pero, a la vez, puede ser destituido en cualquier momento por una mayoría de diputados a través de una moción de censura. Los diputados se eligen en distritos uninominales, en dos vueltas entre los que reúnen más de 12,5% del electorado, siempre que nadie obtenga el 50% en la primera vuelta. La izquierda había nombrado a un candidato común por distrito, lo que Macron calculó no ocurriría al disolver la Asamblea, y pasó a ser la primera mayoría relativa en escaños luego de la segunda vuelta, relegando al macronismo a ser la segunda fuerza parlamentaria y la extrema derecha la tercera. Esta obtuvo en conjunto un 35% de los votos en la primera vuelta del 30 de junio, pero solo un 25% de los escaños en la Asamblea en la segunda vuelta del 7 de julio, lo que ocurrió porque la izquierda y el macronismo llamaron a votar por el mejor situado, incluso si fuera de derecha, para derrotarla. Es lo que se conoce como el "frente republicano", que permitió a la izquierda y a las "fuerzas centrales" de Macron superar a la extrema derecha. El Nuevo Frente Popular de izquierda sumó en esa primera vuelta un 31% de los votos y finalmente el 32% de los escaños, mientras el macronismo logró solo un 22% de los votos y un 29% de los escaños. A ese resultado contribuyeron las políticas de regresión social de Macron, muy resistidas, en nombre de aumentar la competitividad de Francia. El presidente desde 2017 -una figura liberal centrista con rasgos individualistas que estuvo asociado al Partido Socialista después de pasar por la banca y que fue ministro de Economía de François Hollande- terminó de consagrar la deriva conservadora de los últimos siete años. Esta ha incluido rebajas de impuestos a los más ricos, desregulaciones laborales, endurecimientos frente a la inmigración y restricciones al acceso a las pensiones y al seguro de desempleo, junto a políticas liberales como consagrar en la constitución -por primera vez en el mundo- el derecho al aborto. El macronismo se constituyó en la elección presidencial de 2017 con expresiones de la derecha tradicional, como la del ex primer ministro Édouard Philippe, o provenientes antes de esa fecha del Partido Socialista, como el primer ministro saliente Gabriel Attal (hoy jefe del grupo parlamentario macronista).

Ahora Macron ha establecido una suerte de alianza precaria entre el centro, la derecha y la extrema derecha. Se había negado a lo más esperable: dar curso a la nominación como primer ministra de Lucie Castets, propuesta por el bloque de izquierda compuesto por socialistas, "insumisos" (escindidos del PS en 2008), ecologistas y comunistas que, si bien ha logrado más escaños que el resto de bloques de partidos, está lejos de la mayoría (182 de 577, 193 con independientes). La opción de la izquierda ha tenido en contra la hostilidad de Macron y el argumento de que sería censurada a poco andar por una pinza entre el bloque presidencial (166 escaños), el de Marine Le Pen (142 escaños) y el de la derecha tradicional (47 escaños).

No llama tanto la atención que el primer ministro no sea nombrado entre el primer grupo de partidos emergido de la elección, pues eso puede ocurrir en los sistemas parlamentarios cuando nadie obtiene la mayoría absoluta. Es el caso de España, por ejemplo, donde gobiernan los socialistas del PSOE y no el PP de derecha, que logró más diputados pero sin conseguir una coalición mayoritaria. Lo que llama la atención es que se nombre a un representante del cuarto bloque político en número de diputados (quinto entre los partidos individuales), la derecha tradicional, con solo un 10% del electorado y de los escaños, aunque controla un Senado sin potestades equivalentes a la Asamblea. Es el precio a pagar por la anuencia de la extrema derecha, al menos inicial, al nuevo primer ministro.

Con su decisión, Macron ha roto el "frente republicano" al nombrar al conservador Barnier, que no participó del bloqueo a la extrema derecha ¿Será esta una nueva coalición que permita a Macron terminar su mandato en 2027? ¿O es una maniobra de corto plazo que no permitirá evitar nuevas crisis y una nueva elección parlamentaria en 10 meses más, cuando el presidente puede volver a disolver la Asamblea? La palabra la tendrá la extrema derecha.

Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

 En Facebook

Cada 30 de agosto se celebra el día internacional de los detenidos-desaparecidos. Muchos de mi generación en la izquierda tenemos en la memoria a cercanos en esa condición. Los míos tienen que ver con la militancia en el MIR entre 1972, cuando me sumé con 15 años a actuar en favor de la idea de una revolución social necesaria frente a la magnitud de las desigualdades existentes, y 1976, cuando fui destituido en el exilio por discrepancias variadas sobre métodos y fines y me integré a la convergencia socialista.

Compartí en la dirección de estudiantes secundarios de la que formaba parte, a cargo de los estudiantes particulares, con Luis Valenzuela Leiva y Mauricio Jorquera Encina, ambos del Instituto Nacional. Luis fue candidato del MIR a la FESES en 1972 y fue el jefe de la dirección de estudiantes secundarios del MIR en 1973. Leonidas, como le decíamos, era afable, tranquilo, muy capaz, organizado, y dirigía ese grupo de una manera cordial y dedicada. Fue detenido a los 21 años el 10 de enero de 1975. Nadie supo las circunstancias de su detención. Nadie lo vio más, salvo los agentes de la represión.

En esos meses prestábamos un apoyo crítico, en medio de una situación convulsionada, a la iniciativa de la Escuela Nacional Unificada, que habíamos discutido junto al representante de la Comisión Nacional Estudiantil del MIR, Sergio Riffo Ramos, una persona cálida y capaz, estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción. Permanece desaparecido, luego de ser detenido a los 23 años por la DINA el 25 de noviembre de 1974.

Mauricio Jorquera (el chico Pedro, como le decíamos) destacaba por su inteligencia, su oratoria y vehemencia tranquila, y también por su cordialidad. En el tráfago de actividades y tensiones, no lográbamos coordinar mucho, salvo ser parte de todas las movilizaciones. La derecha secundaria dirigida por Allamand y la DC por Salazar y Artaza estaban en la calle periódicamente y nosotros los confrontábamos e intentábamos impedir que los liceos y colegios se sumaran al paro indefinido conducente al golpe de Estado que promovían. En agosto de 1973, en la Alameda a la altura de la Iglesia San Francisco, avanzamos algunas decenas de militantes hacia un grupo de manifestantes de extrema derecha que ocupaba la calle a una cierta distancia. Sonaron disparos. A dos metros cayó baleado en el cuello Mauricio y rápidamente fue evacuado hacia la Posta Central. Se recuperó. Pero el 5 de agosto de 1974, cuando cumplía 19 años, Mauricio fue detenido en la calle por una delación de la "flaca Alejandra". Fue visto en Londres 38, Cuatro Álamos y José Domingo Cañas, en malas condiciones. Luego nadie que no fueran los agentes de la represión lo vio más. Mauricio fue parte de la lista de los 119 publicada en un vergonzoso montaje periodístico de La Segunda el 24 de julio de 1975.

Muchas veces nos movilizábamos alrededor de la Casa Central de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional, situaciones en las que veía con frecuencia a Alfonso Chanfreau Oyarce, de la dirección de estudiantes universitarios del MIR. El 30 de julio de 1974 fue detenido, entre otros por Osvaldo Romo, y torturado en Londres 38 y Villa Grimaldi. Desde el 13 de agosto, nadie que no fueran los agentes de la represión lo vio más. Alfonso fue parte de la lista de los 119.

Luego están mis compañeros y compañeras de la estructura territorial de la zona oriente en que militaba, diezmada por la DINA a partir de 1974, especialmente por Osvaldo Romo. Quien nos dirigía, el jefe del llamado G3, "Aníbal", Agustín Reyes Gonzalez, una persona cálida y afable, fue detenido y desaparecido el 27 de mayo de 1974, con 23 años. Anibal fue parte de la lista de los 119.

El Pampa y el Titín, Miguel Ángel Acuña Castillo y Héctor Garay Hermosilla, amigos y jóvenes de 19 años y alegres estudiantes del liceo 7, fueron detenidos y desaparecidos el 8 de julio de 1974, por entonces recién ingresados a la universidad. El 10 de julio también cayeron, a sus 20 años, la pareja conformada por Edwin Van Yurik y Bárbara Uribe, entusiastas y gentiles. Todos ellos fueron parte de la lista de los 119. Más tarde caería otro de los encargados del G3, apodado el "Topaloma", de una gran simpatía, Mario Maureira, detenido y desaparecido el 8 de agosto de 1976, con 23 años.

Con parte de ellos compartí los días posteriores al golpe y el intento de resistencia de tres días en la zona. Luego, dado que tenía 16 años y ninguna condición para permanecer clandestino, salí al exilio, con mi familia forzada a salir del país, para estudiar y luego volver a Chile, a fines de 1980. Desde entonces, trato de honrar con los mejores esfuerzos, en los distintos derroteros recorridos, la memoria de mis compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, como la de todos los demás caídos, en la lucha común por un mundo más libre y de iguales en dignidad y derechos.

¿Nada que proponer?

En La Nueva Mirada

Ya se va aproximando, una vez pasadas las elecciones territoriales, el tiempo de volver a discutir la orientación general del país y la elección del próximo liderazgo y la representación de la ciudadanía.

Luego de la derrota de la propuesta de nueva constitución en septiembre de 2022, los conservadores parecen estar viento en popa, según las encuestas, ayudados por pocos resultados en algunos campos de un gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria. Pero no debe olvidarse el fracaso de su propia propuesta constitucional en el plebiscito de diciembre de 2023, cuya consecuencia ha sido mantener la constitución reformada vigente, pero además volver a darle perspectivas a alternativas progresistas para el futuro del país.

Desde el inicio de la transición, los conservadores -la derecha liberal prácticamente no existe en Chile- han intentado, con éxitos y fracasos, que el camino de la izquierda y el progresismo se reduzca a un pasillo estrecho entre el acomodo al dominio oligárquico reinstaurado bajo la dictadura militar y la trampa de las alineaciones con ortodoxias autoritarias. Estas tienen poco eco en la izquierda (se remiten a parte del PC y a la ultraizquierda ortodoxa) y en general en la sociedad, pero tienen la virtud para los conservadores de operar como espantapájaros en la construcción de mayorías políticas favorables a la transformación social y ecológica con libertades, que deben incluir a todos sus componentes potenciales. El caso es que, para no desnaturalizarse en beneficio de nuevos despotismos, esa transformación debe ser democrática. Para ser viable, debe orientarse por el interés general por sobre los múltiples intereses particulares, considerando que no todo puede hacerse al mismo tiempo. En efecto, solo secuencias articuladas pueden hacer avanzar establemente los procesos de cambios, aunque signifique frustraciones temporales en una u otra dimensión de las aspiraciones presentes en la sociedad, a contrapelo de una época en que casi todo se rige por expectativas inmediatas. Esto hace más difícil, aunque nunca imposible, el ejercicio de la política de izquierda y progresista.

El tema de fondo es que los conservadores suelen ser defensores de valores tradicionales autoritarios y jerárquicos, pero sobre todo del poder económico constituido. Al igual, en este campo, que los liberales y neoliberales, impulsan una y otra vez la creación de un sentido común según el cual todo lo estatal sería ineficiente y corrupto. Sostienen que, por ende, se debería debilitar todo rol regulador o de provisión de bienes y servicios por parte de los poderes públicos. Su utopía es que reine la iniciativa privada en medio de mercados no regulados, los que asegurarían la armonía social y la prosperidad general a lo largo del tiempo.

Consideran, además, que el orden natural es el que resulta de la fórmula de mercado máximo y Estado mínimo, salvo en materias de orden policial y militar, aunque produzca precariedad (un 30% de las ocupaciones son informales) y marginalidad (un 17% de la población sufre de pobreza multidimensional), así como desigualdades estructurales de ingresos y oportunidades. Consideran un premio legítimo el que las utilidades empresariales y la riqueza sean concentradas por unos pocos y miran para otro lado incluso si provienen de rentas de monopolio o de la apropiación privada de recursos colectivos. También lo hacen con las barreras de acceso al empleo, las remuneraciones de los que viven de su trabajo inferiores a su aporte (especialmente las mujeres), la desconsideración del mérito y la subordinación general de la ciudadanía de a pie, junto a depredaciones crecientes de los recursos naturales. Llegado el caso, esos efectos a lo más deberían, en su enfoque, morigerarse focalizadamente, para no alterar la dinámica económica privada.

Algunos piensan que los parámetros tecnológicos y organizacionales de la producción han cambiado hacia redes y adaptaciones más flexibles e incluyentes. Pero los mercados funcionan más que nunca con una tendencia a favorecer poderes asimétricos entre sus participantes: existe un premio sistemático para las economías de escala y para los actores socialmente inescrupulosos. La iniciativa privada y el emprendimiento es factible solo para unos pocos: en Chile los empleadores son menos del 5%, mientras el 70% de la ocupación es asalariada.

La postura propiamente política de los defensores de un orden que no puede sino calificarse de oligárquico, concentrado en el 1% de los poseedores de riqueza, es que, si no queda otra opción que mantener formas democráticas, deben estar condicionadas por poderes mediáticos y fácticos bajo su control. La democracia debe ser limitada por contrapoderes institucionales y nunca reflejar la voluntad de las mayorías, la que se tacha de populismo, con o sin fundamento. Esta es una contradicción en los términos, pues la base de la democracia es el principio de prevalencia de la mayoría popular. El respeto de las minorías que le es consustancial no implica el gobierno de oligarquías dominantes que se impongan a la voluntad popular mayoritaria. 

Como señala Daniel Innerarity, «el liberalismo, en muchas de sus actuales manifestaciones, tiene graves déficits democráticos y que está dando lugar a ciertas disfuncionalidades, como se pone de manifiesto en el crecimiento de los populismos o de la extrema derecha. Entiendo por democracia liberal no la simple separación de poderes o el rule of law, sino un diseño institucional que concede un gran poder a instituciones no mayoritarias, organismos no electos, agencias independientes, revisión judicial, un constitucionalismo cerrado o que dificultaba su modificación constituyente, es decir, que resuelve la tensión entre soberanía popular y primacía del derecho con un claro desequilibrio hacia este segundo término. Estamos presentando el liberalismo como una víctima inocente de las pulsiones iliberales y no consideramos la posibilidad de que haya una fuerza expansiva del liberalismo que limita la democracia«.

El diseño dominante para inhibir la democracia es mantener una sociedad del temor ante el futuro y de desconfianza con las libertades y con la acción colectiva, paralizada en el día a día por el miedo ante la precarización económica y la delincuencia, que por otro lado resultan de la desintegración social libremercadista. El delito se asocia erróneamente a la inmigración y a una supuesta debilidad de la democracia en el control del orden público. La guinda de la torta es la política post-moderna que hoy practica casi todo el espectro de partidos, de tipo mediático y frecuentemente demagógica, centrada en las emociones e intervenida por el dinero, la que dista de conducir a resultados socialmente significativos y termina por alejar aún más a la ciudadanía de la participación democrática.

De lo que se trata por parte de conservadores y neoliberales es de dar por obsoletos a la izquierda y al progresismo, en un argumentario reiterativo, o bien sostener que no tienen ideas que proponer. En realidad, temen a aquellas que son a la vez coherentes y conectan con el sentido común, por lo que buscan descalificarlas de raíz. Aquí van algunas a modo de ilustración, en la lógica de las economías mixtas contemporáneas y de un camino de transformación que es indispensable para los intereses de la mayoría social (el mundo del trabajo, de la cultura, del precariado) si su horizonte es el logro de grados crecientes de igualdad de derechos y oportunidades, de acceso a condiciones de vida y trabajo decentes y de bienestar equitativo y sostenible.

Si algunas empresas no aseguran la continuidad de servicios básicos como el eléctrico, de agua potable, de sanidad urbana o de transporte, la autoridad debe poner fin a su concesión. Y reemplazarlas con rapidez por otras, sin excluir a priori empresas públicas nacionales. El marco regulatorio debe estar al servicio del usuario y no de las empresas, las que deben ser sometidas a competencia allí donde es posible. Cuando no es el caso, las tarifas públicas deben cubrir los costos del servicio e incluir incentivos para reducirlos e impedir utilidades monopólicas. En particular, en la provisión de electricidad debiera establecerse un sistema en el que el generador de energía la ofrezca de manera competitiva a los usuarios finales, pagando una tarifa regulada de uso de la red de distribución. A su vez, la regulación del acceso a Internet debe ser también reforzado en su condición de servicio público a ser provisto por múltiples agentes en condiciones de competencia y de garantía de continuidad, dado su impacto en la vida cotidiana y en la marcha de la economía.

Si empresas de alta significación en la provisión de insumos cruciales para diversas cadenas de producción y con fuerte impacto en las economías regionales quedan temporalmente fuera de mercado, dadas las condiciones cambiantes de la economía mundial, la autoridad debe evitar su cierre con una toma rápida de decisiones contra la competencia desleal e incluso con participación pública hasta su normalización.

Si la economía no crece lo suficiente, el Estado debe actuar para aumentar la productividad y utilizar una parte mayor de la renta económica que proviene de los recursos naturales que pertenecen a todos, hoy en manos privadas y que salen del país en cantidades ingentes, o que son explotadas por empresas públicas no suficientemente eficientes y autonomizadas en exceso. Esta renta debe utilizarse para aumentar la innovación y la sostenibilidad a través de la inversión en investigación y desarrollo (que alcanza un 0,4% del PIB contra un 2,7% promedio en la OCDE), en infraestructuras y en la diversificación de la economía para avanzar en la frontera tecnológica, y también para apoyar a las empresas emergentes de menor escala, junto a un salto en la formación continua de capacidades humanas avanzadas.

Si la distribución del ingreso es altamente desigual, el Estado debe hacer más progresiva la tributación, terminar con los monopolios que abusan de los consumidores en beneficio de los ingresos del capital corporativo, asegurar una redistribución a través de asignaciones familiares más amplias y el uso del bolsillo familiar electrónico para devolver el pago de IVA a los alimentos y suministros básicos a las familias de menos ingresos, junto a fortalecer los programas de inserción en el empleo y así ampliar la acción contra la exclusión y la marginalidad y la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Si la relación laboral es desequilibrada y frecuentemente abusiva, deben fortalecerse los sindicatos y la negociación colectiva por rama de actividad, y compartirse los incrementos de productividad del trabajo sin dejar atrás el salario mínimo y la disminución de la jornada laboral para asegurar una mejor relación trabajo-calidad de vida.

Si las mujeres son discriminadas salarialmente, la legislación debe impedirlo con más rigor. Si existen dificultades para su inserción en el trabajo, se debe fortalecer la oferta de sistemas de cuidado, así como la continuidad de estudios y la formación profesional con perspectiva de género.

Si el acceso a la educación pre-escolar es de cobertura insuficiente y si las escuelas y universidades están segmentadas y la calidad promedio de la enseñanza es baja, entonces debe fortalecerse y financiarse la oferta pública de calidad y valorarse más el rol del profesorado, ampliando, además, el apoyo a todas las expresiones de la ciencia y de la cultura.

Si el sistema previsional privado de capitalización no asegura tasas de reemplazo del salario por la pensión adecuados, debe ser reemplazado por un sistema mixto que garantice mínimos, especialmente para las mujeres, que son las que viven más, financiados por mayores cotizaciones e impuestos.

Si los seguros de salud privados no garantizan coberturas de salud adecuados y el sector público tiene bajos recursos y capacidad operativa, entonces la cotización obligatoria debe ir a un fondo único de salud que aumente la garantía oportuna de las coberturas públicas y privadas y utilice el poder de contratación de insumos y servicios al mínimo costo. Los recursos deben invertirse más en la capacidad preventiva y resolutiva de la salud primaria y en el fortalecimiento de las infraestructuras de los hospitales públicos, con un uso más exigente y productivo al servicio de las personas y de la reducción de las listas de espera.

Si las mujeres tienen un bajo acceso a una salud reproductiva en condiciones de libertad y seguridad, debe aumentarse su capacidad de decisión, en especial en materia de despenalización del aborto antes de las 14 semanas.

Si el acceso a la vivienda se hace cada vez más difícil y el transporte privado congestiona las ciudades y las contamina, se debe fortalecer los programas de arriendo de vivienda social asequible y los de acceso a la vivienda propia y su mejoramiento, junto al de la infraestructura social en los barrios y los sistemas de transporte sostenible, como el metro y los buses eléctricos, facilitando el trabajo parcial a distancia.

Si la nueva delincuencia aumenta los temores cotidianos, debe reforzarse la acción de los cuerpos de seguridad contra las bandas organizadas y los tráficos ilegales y mejorar el sistema de cárceles para impedir su uso por ellas, junto a una mayor presencia policial de cercanía, mayores redes de colaboración entre vecinos y el fortalecimiento de la labor preventiva municipal y de todos los órganos públicos en la acción sistemática contra las causas sociales y culturales de la delincuencia.

Si se infiltran delincuentes de otros países y tráficos por la frontera norte, se debe establecer una nueva policía de fronteras bien equipada y mantener una inmigración constructiva de manera ordenada por vías regulares y sistemas de cuotas, según las posibilidades y necesidades del país.

Si los servicios públicos para lograr un horizonte de prosperidad compartida y sostenible están hoy desfinanciados -y lo estarían todavía más con las propuestas anteriores- y algunos se han sumido en una cultura de la clientelización, entonces deben fortalecerse con reformas que los conservadores en el parlamento no podrán bloquear eternamente. Éstas deben llevar la presión tributaria de los más ricos a los niveles de la OCDE, junto a una simultánea profesionalización generalizada de la función pública que implique el fin del acceso prebendario a los órganos de la administración, sin perjuicio de la responsabilidad política propia de los más altos cargos.

Parte de estas acciones públicas ya se realizan, se están iniciando o está prevista su puesta en práctica. Pero tienen una cobertura e intensidad insuficientes, lo que alimenta el malestar social recurrente, o están sometidas a bloqueos institucionales que incluyen los de la actual mayoría parlamentaria conservadora. Y también, en parte, a la falta de convicción y capacidad resolutiva de quienes están a cargo, pues no hay sociedad ni grupos dirigentes que funcionen de manera adecuada cuando mantienen inhibiciones desde los poderes fácticos y prácticas burocráticas de sostén clientelar o de tipo generacional. Esto solo se mejora con liderazgos y acuerdos colectivos que comprometan el cambio de esas prácticas.

Poco de esto tiene que ver con la falta de ideas. Los que sostienen que no las hay en la izquierda y el progresismo, en realidad no las comparten, lo que es legítimo en la deliberación democrática. Pero ese es otro debate.