Los compromisos climáticos siguen por debajo de los objetivos del Acuerdo de París

En El Mostrador

Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord en 2020. El 25 de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que "la abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año pasado, y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del período 2011-2020". De acuerdo con esta agencia de la ONU, la desaceleración económica causada por el COVID-19 "no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones".

La concentración de dióxido de carbono (CO2), el más abundante de los seis gases con efecto invernadero, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa en el 149% de los niveles preindustriales. Como el dióxido de carbono (CO2) es un gas de larga vida, "el nivel de temperatura observado actualmente persistirá durante varias décadas aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar el nivel de cero neto". En cuanto al metano (CH4) y al óxido nitroso (N2O), sus concentraciones equivalieron, respectivamente, al 262% y al 123% de los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra.

Si se mantiene el actual crecimiento de la concentración de gases con efecto invernadero, el incremento de la temperatura a finales de este siglo superará por lejos el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 o máximo 2 °C por encima de los niveles preindustriales.

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha declarado, el 26 de octubre, que se deja al mundo en camino a un aumento de temperatura global de al menos 2,7 °C para este siglo, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021. El informe señala que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas y demás compromisos voluntarios asumidos para 2030 (las metas obligatorias por grupos de países del protocolo de Kyoto fueron abandonadas en 2015 en el Acuerdo de París), solo evitan un 7,5% adicional de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) pronosticadas para 2030, en comparación con la anterior ronda de compromisos. Para mantenerse en la ruta hacia el objetivo de 2 °C del Acuerdo de París, se necesitan reducciones de emisiones del 30% desde las cerca de 60 GtCO2e actuales. Y del 55% para alcanzar el objetivo de 1,5°C. Según el PNUMA, las promesas de alcanzar la neutralidad de emisiones son todavía imprecisas e inconsistentes con la mayoría de las NDC para 2030.

El gobierno de Piñera expuso también el 26 de octubre sus metas en la materia, las que deberán ser revisadas, evidentemente, en marzo. Al 2025, plantea el retiro del 65% de la generación a carbón de la matriz nacional, sumar entre 10.000 a 15.000 hectáreas de humedales urbanos protegidos, establecer un ecoetiquetado de reciclabilidad obligatorio y que el 100% de las áreas marinas protegidas pre 2020 cuenten con planes de manejo. Al 2030 plantea que un 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables, el aumento en el 50% de la red de estaciones de glaciares, implementar flotas cero emisiones en la gran minería y que el 100% de la población urbana tenga acceso a servicios sanitarios. Al 2040, plantea que se retiren o reconviertan la totalidad de las centrales a carbón, que el hidrógeno verde sea el 20% de la matriz de combustibles del país, que el 100% de los buses, taxis y colectivos sean cero emisión y se reduzca en un 40% el ingreso de residuos en mares y playas. Al 2050 postula que la matriz energética sea en un 100% cero emisiones, se reduzca en 70% las emisiones de la industria y minería y que un 30% a 50% de especies amenazadas cuente con Planes de Recuperación.

Este plan es insuficiente, aunque tiene el mérito de existir. El corazón del tema en Chile es que la mayor parte de la electricidad la siguen generando las centrales a carbón –las que más emiten CO2 a la atmósfera– mientras el transporte y diversas actividades siguen basadas en el uso de hidrocarburos. Las centrales a carbón deben salir del sistema ojalá en 2025 y en todo caso no más allá de 2030, y no hacia 2040 como plantea el gobierno, lo que requerirá fuertes inversiones en los sistemas de transmisión para permitir una mayor incidencia de la energía solar y eólica, e invertir en geotermia para asegurar la estabilidad del sistema.

Debe acelerarse, por otro lado, la generación eléctrica distribuida en los hogares para uso domiciliario, la electrificación del transporte público y privado, así como el uso de baterías basadas en hidrógeno verde en la minería y otras actividades de transporte, junto con aumentar el reciclaje de residuos y la disminución del uso de los bienes con residuos no reciclables, incluyendo evitar el consumo de bienes con obsolescencia programada. Lo que está en juego es transitar a una nueva estrategia de desarrollo que permita un mayor bienestar equitativo y sostenible de las actuales generaciones y la propia supervivencia, en las condiciones actualmente conocidas, de las futuras generaciones.

Una barrera sanitaria contra la ultraderecha

En La Mirada Semanal

Frente a un candidato de marcado signo ultraderechista, se debe establecer un cordón sanitario sin distinción de corrientes políticas democráticas para impedir su legitimación o, peor aún, que llegue al gobierno, y apoyar, en el caso que Kast llegue a la segunda vuelta, a cualquier demócrata que pueda derrotarlo.

Kast se propone reforzar el carácter autoritario del Estado, incluyendo establecer un Consejo de Seguridad Nacional de carácter permanente, ocupar militarmente la Araucanía, autorizar la violación de la correspondencia y establecer lugares de detención distintos de las cárceles, es decir campos de concentración o lugares secretos de detención, como indica su programa. Se propone derogar la ley de aborto por tres causales, terminar con el Ministerio de la Mujer, con el "lenguaje de género", con el Convenio 169 que establece la consulta indígena, derogar leyes de reparación por violaciones a los derechos humanos, indultar a los criminales presos por esta causa, dictar una "ley de punto final" y cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Siendo hijo de un inmigrante nazi que llegó a Chile con papeles falsos y que participó en el asesinato de campesinos en 1973, se propone perseguir la inmigración, construir una insólita zanja en el norte, expulsar extranjeros eliminando los recursos judiciales y administrativos y "sancionar" a las ONG que presten apoyo a los inmigrantes ilegales.Niega el cambio climático y quiere mantener las centrales a carbón. Es partidario de la versión más extrema del libremercadismo y de bajar impuestos y reforzar a las AFP, la legislación laboral y toda la legislación económica que protege al gran empresariado. Y así sucesivamente, incluyendo privatizar CODELCO, con un programa extremo que es simultáneamente autoritario y neoliberal.

Pero lo más grave es que Kast ha insinuado que la Convención Constitucional es ilegítima, augurando una grave confrontación civil en el país en caso de que su tesis prevalezca entre los poderes fácticos.

Frente a un candidato de marcado signo ultraderechista, los que creemos en la democracia, cualquiera sea nuestra legítima adscripción a una corriente política que concursa para llegar al poder mediante elecciones periódicas, debemos establecer un cordón sanitario para impedir su legitimación como un candidato más.  Y debemos apoyar, en el caso que Kast llegue a la segunda vuelta, a cualquier demócrata que pueda derrotarlo.

Es evidente que una postura auténticamente republicana no es la que está adoptando la derecha en Chile. Está dispuesta una vez más a apoyar el triunfo de la ultraderecha y a empujar al país a un retroceso autoritario que llevaría otra vez a una confrontación política y social de gran escala. Esto lo muestra Francisco Chahuán, presidente de RN, quien señala “que el candidato que va a pasar a segunda vuelta va a ser Sebastián Sichel, en caso contrario claramente votaremos siempre por el candidato del sector”. Lo que refrendan todos los voceros de la UDI, que en realidad son más cercanos a Kast que a Sichel.

Esta actitud de la derecha consistente en considerar a la ultraderecha autoritaria “como parte del sector“, puede llevarla otra vez al escenario del que no ha querido o sabido salir, aunque algunas de sus figuras lo hayan intentado: la confrontación entre un modelo de neodictadura que se remite a defender los intereses oligárquicos y un modelo de democracia en forma, en la que los ciudadanos determinan, a través de sus representantes o directamente mediante votación plebiscitaria, las orientaciones de gobierno y la legislación que rige la vida colectiva en el marco de un Estado de derecho y de separación de poderes que garantice los derechos individuales. De más está decir que la ultraderecha intentará plantear que el dilema es ellos o el chavismo, lo que es una evidente falsedad. Las fuerzas políticas representativas de la mayoría social que no está dispuesta a ningún retroceso en materia de libertades junto al avance de nuevos derechos sociales son sólidas y están llamadas a seguir colaborando.

La oposición debiera invitar a la derecha a establecer el mencionado cordón sanitario contra la ultraderecha. El propio Sichel se vio obligado a tomar distancia de los partidos de la derecha por su vuelco evidente hacia Kast.

Si la derecha no lo acepta, quedará en evidencia que sus convicciones democráticas no son sino de papel y cabrá ponerla frente a sus responsabilidades ante el futuro democrático de Chile y el bienestar de las nuevas generaciones.

La autonomía del Banco Central

En El Mostrador

En estos días en que Sebastián Piñera renovó el mandato de Mario Marcel a la cabeza del Banco Central, se escuchó con frecuencia el concepto de independencia de la autoridad monetaria, en circunstancias que su definición constitucional en Chile es la de autonomía. Quienes quisieran adquirir esa independencia expresan una típica pretensión de algunos jefes de entidades públicas que quisieran no estar sometidos al control de nadie, empezando por los ciudadanos y sus representantes elegidos. O la pretensión de los portadores de tesis dogmáticas en economía que no aceptan debatir sus ideas, las que, por lo demás, han mostrado ser con frecuencia bastante equivocadas precisamente porque son dogmáticas.

El trasfondo es atribuirle a "la política" y a "los políticos" una conducta de tontorrones irresponsables que solo piensan en su interés de corto plazo, y detrás de ellos a los ciudadanos y ciudadanas, de los que la política económica debiera estar protegida mediante su gestión por "técnicos" inspirados en el "pensamiento económico". Es decir, la suma del neoliberalismo (que considera inconducentes las intervenciones de política monetaria y fiscal contracíclicas) y de los prejuicios antidemocráticos (“la democracia protegida”) en acción.

El problema es que no hay tal cosa como "técnicos" neutros en economía, ni "pensamiento económico" consensual, sino opciones analíticas y de política diversas, más o menos rigurosas según los casos y más o menos capaces de interpretar las realidades y de inspirar acciones que permitan mantener los equilibrios macroeconómicos, incluyendo la estabilidad tendencial de precios y el pleno empleo en condiciones sostenibles.

Ninguna de esas opciones es neutral desde el ángulo que se le mire, y son fruto de ideas siempre controvertidas y de valores e intereses frecuentemente en conflicto, y deben ser consideradas y deliberadas como tales. Lo peligroso de consejos del Banco Central homogéneos es la ausencia de deliberación contradictoria sobre las opciones que toma la autoridad monetaria, las que son ampliamente discutibles. Y en ocasiones muy equivocadas, como en 1999 y 2008, situaciones en las que la política monetaria restrictiva frente a episodios inflacionarios no permanentes precipitó recesiones evitables y explosiones de desempleo de las que no se rindió cuenta a nadie. El actual aumento de las Tasas de Política Monetaria, con el argumento de llegar a la brevedad a una quimérica tasa "neutral" de 1% real, y detener expectativas inflacionarias que el mismo consejo del Banco Central ha contribuido a crear, está incrementando el peligro, según la opinión que algunos tenemos, de otra recesión en 2022 o al menos de un estancamiento evitable.

¿Qué dirían los que suelen rasgar vestiduras en nombre de la seriedad técnica si alguien propusiera que las autoridades de gobierno pudieran acusar ante la Corte de Apelaciones a un miembro del Consejo del Banco Central por estar favoreciendo intereses particulares? Con toda seguridad, que esto es un acto de populismo inadmisible que atentaría contra la necesaria independencia del Banco Central. Pues bien, esta figura está descrita en el artículo 15 de la actual ley.

¿Qué dirían los mismos si alguien propusiera que el gobierno pudiera destituir al presidente del Banco Central si así lo pidieran 3 consejeros y la mayoría del Senado? ¿O destituir a alguno o la totalidad de los consejeros con acuerdo del Senado? Horror, otro atentado contra la independencia del Banco Central. Pues bien, esta figura está incluida en los artículos 16 y 17 de la actual ley.

¿Qué dirían si alguien propusiera que el gobierno tuviera el derecho de suspender la aplicación de cualquier acuerdo o resolución que adopte el Consejo hasta por quince días, para su rediscusión, incluyendo subir la tasa de interés, salvo que la totalidad de los consejeros insista en su aplicación? Eso si que no: definitivamente se pondría en peligro la independencia del Banco Central. Pues bien, otra vez esta figura está incluida en el artículo 19 de la actual ley.

Algunos utilizan estadísticas que correlacionan sin causalidad demostrada las autonomías de la política monetaria –muy variadas según cada arreglo institucional– y descensos de la inflación, sin considerar la "varianza" en esa correlación: hay casos para todos los gustos. Otros radicalizan el argumento y tratan de establecer una correlación entre independencia del Banco Central del poder político y crecimiento elevado. El argumento es en ese caso todavía más pueril: ¿alguien tiene alguna duda que el caso más resonante de crecimiento acelerado y sostenido en las últimas décadas es China? En ese país no hay nada que se parezca a un Banco Central independiente o siquiera autónomo.

Se cita con frecuencia el caso de Estados Unidos como uno en el que la política monetaria estaría al margen de toda interferencia política de corto plazo. El excelente libro de Binder y Spindel (2017), The Myth of Independence: How Congress Governs the Federal Reserve, muestra que la situación es la inversa: lo que ocurre en la práctica es una creciente interdependencia entre las autoridades responsables de los distintos componentes de las políticas económicas. El propio expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y reconocido economista académico, sostiene una postura que debiera inspirar las normas que rijan en el futuro al Banco Central en Chile: “En ningún caso abogo por la independencia incondicional para los bancos centrales. (…) Los objetivos de política deberían ser puestos por el gobierno, no por el banco central en sí mismo; y el banco central debe demostrar con regularidad que cumple con los objetivos conferidos por mandato".

Consignemos también que, según el Acta de 1998, el Banco de Inglaterra puede recibir directivas en forma unidireccional del Departamento de Gobierno de Gran Bretaña: “El Tesoro, luego de consultar con el gobernador del Banco, puede darle órdenes a su dirección bancaria respecto de la política monetaria si ellas son requeridas por el interés del público y por las extremas circunstancias económicas”. Esas órdenes también deben ser aprobadas por el Parlamento dentro de un plazo de 28 días. Un mecanismo de este tipo debe ser contemplado en la futura legislación chilena.

En el caso de Japón, se mantiene un alto grado de coordinación con el gobierno en su legislación: “En reconocimiento del hecho de que la moneda y control monetario es un componente fundamental de la política económica, el Banco de Japón deberá mantener un contacto cercano con el gobierno y Ministerio de Economía, de manera que la moneda y el control monetario y la postura del gobierno en materia de política económica puedan ser mutuamente armoniosos”.

La razón es muy sencilla: la política fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos debe ser un todo coherente para ser exitosa. Esa ausencia de coherencia institucional en la Unión Europea –que carece de coordinación entre la política fiscal de los gobiernos y la monetaria de la Unión– y un cierto dogmatismo doctrinario y traumas históricos de algunos de los países que la conforman, explica que el desempeño del BCE haya sido poco eficaz en buena parte de la crisis de 2008, aunque mejoró con Draghi y su política de compra indirecta de bonos públicos, cuestionada por los ordodoxos, y con Lagarde, que se propone ampliar el rol del BCE al financiamiento de las acciones contra el cambio climático, rompiendo con el dogma de la neutralidad sectorial de la política monetaria.

La pretensión de independencia del Banco Central, suponemos que al estilo de la que se garantiza al Poder Judicial, es exhibida en Chile por los economistas del sistema, y los políticos conservadores que los apoyan, como una supuesta verdad tecnocrática. Pero en realidad no es más que una pretensión indebida de irresponsabilización democrática. Las autoridades económicas deben llevar a cabo una política coordinada con objetivos explícitos y coherentes –con estudios acuciosos sobre las situaciones existentes y sobre las trayectorias posibles y sus efectos– y responder por ellos periódicamente ante los ciudadanos y sus representantes elegidos.

La autonomía del Banco Central debe remitirse, en la doctrina de Bernanke, a escoger los medios técnicos para obtener resultados fijados por la autoridad gubernamental, no a sustituirse a esa autoridad en la fijación de esos objetivos. La Contraloría General es autónoma para verificar la legalidad de las actuaciones públicas. Pero no es independiente ni menos determina la orientación de esas actuaciones públicas, lo que corresponde a las autoridades elegidas por el pueblo. Y si la coherencia no existiera o se perdiera en alguna crisis, como en la actualidad, no será un grupo de cinco personas, por honorable que sea pero que pudiera creer que no debe responder ante nadie, el que esté en condiciones de obtenerla o restablecerla, sino el conjunto del sistema de decisiones públicas en el seno de las instituciones democráticas, a las que ningún órgano público debe sustraerse. 

David Card y los salarios mínimos

En La Mirada Semanal

Es una buena noticia que se le haya otorgado a David Card, de la pública Universidad de California en Berkeley, el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, establecido en 1969. La entidad premió a Card junto a Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens por procurar “utilizar experimentos naturales”, es decir “situaciones que surgen en la vida real que se asemejan a experimentos aleatorios”, las que son muy poco frecuentes en la vida económica y social.

David Card y Alan Krueger (ya fallecido) mostraron en la década de 1990, utilizando datos comparativos de los estados de New Jersey y Pennsylvania en Estados Unidos -los que fijan su propio salario mínimo- que su aumento en una situación comparable no provoca desempleo. El libro que reseña esta investigación se llama sugestivamente “Mito y medición” (ver https://archive.org/details/mythmeasurement00davi), la que fue pionera entre las muchas que han derribado los mitos liberales con estudios empíricos rigurosos. La medición de Card y Krueger contradijo el análisis neoclásico típico de la interacción entre precios y cantidad demandada en el “mercado de trabajo”, según el cual el aumento del salario mínimo (precio) disminuiría la demanda de trabajo de las empresas, creando desempleo.

Como sabemos, la soberbia infundada de la academia convencional es bastante frecuente. El propio David Card testimonia que se alejó por un tiempo de la investigación sobre el tema por la hostilidad de sus colegas. Pero su metodología fue replicada en diversos casos por varios autores, en estudios en los que se compara la evolución del empleo en territorios en los que se ha aumentado y no aumentado el salario mínimo en el mismo período de tiempo. Se confirmó que ese incremento aumenta los ingresos de los trabajadores más pobres (ver https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20170085), sin efectos mayores en otras variables económicas, empezando por el empleo.

Este resultado no es banal si se considera la creciente pérdida de la participación relativa de los salarios en la distribución funcional del ingreso en el capitalismo contemporáneo. Según Jan Eeckhout, por ejemplo, la relación entre utilidades y planilla de salarios en Pfizer subió de 41% en 1980 a 210% en 2019, mientras tanto en el caso de Apple como de Facebook ese coeficiente es actualmente superior a 300%. Estas hiper-empresas han acumulado un impresionante poder de mercado que inhibe la entrada de nuevos competidores y la difusión de la innovación, mientras les permite un creciente control de los medios de comunicación y, en diversos casos, una fuerte influencia sobre el sistema político. 

David Card también estudió el efecto de la ola migratoria desde Cuba hacia Miami en 1980, mostrando que no provocó una ola de desempleo ni una baja de salarios, como el análisis convencional hubiera esperado. En estudios posteriores, refrendó la idea que la migración no provoca un mayor desempleo de los nativos de baja calificación (en https://web.archive.org/…/econ/conf/immigration/card.pdf).

Ahora el trabajo de Card es reconocido y recompensado por una entidad, el Banco Central de Suecia, que no es exactamente una ONG vanguardista. Los que postulan que debe mantenerse salarios mínimos bajos defienden intereses (contener los costos salariales es sostener altas utilidades), lo que es explicable desde su punto de vista. Pero ya no se puede aludir tan fácilmente la defensa de un eventual interés general (evitar el aumento del desempleo) para mantener remuneraciones legales mínimas bajas e impedir la negociación colectiva del salario con sindicatos fuertes. Esto ya lo había establecido Keynes -ver la reseña de economistas del FMI en https://www.imf.org/…/ft/fandd/spa/2014/09/pdf/basics.pdf- desde el punto de vista macroeconómico (los salarios bajos mantienen una demanda agregada insuficiente y un “equilibrio de subempleo”), pero los trabajos de Card y otros lo han demostrado con estudios empíricos en situaciones comparativas reales en escala microeconómica. Esto lo hizo acreedor del reconocimiento sueco y, esperamos, ayudará a disminuir la intensidad de las afirmaciones perentorias, pero no por eso menos equivocadas, de los economistas convencionales, los que suelen aludir un supuesto pensamiento económico no controversial que es simplemente inexistente.

La necesidad de una nueva regulación frente al sobreprecio del gas y otros bienes de consumo básicos

En El Mostrador

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha publicado un estudio –respecto del cual el Gobierno no ha dicho nada relevante– que concluye que existen sobreprecios del orden de un 15% en el suministro de gas licuado (mercado oligopólico con pocos oferentes) y de 13 a 20% en el de gas natural de cañería (mercado monopólico con un solo oferente). La FNE calcula que los distribuidores mayoristas de gas licuado han aumentado su margen anual de un 35% a un rango de entre 50% y 55% entre 2014 y 2020, unos US$ 261 millones anuales que se sustraen del bolsillo del consumidor.

Ya la FNE había concluido en enero de 2020 que muchos medicamentos se siguen vendiendo con sobreprecios y que “una reforma estructural a este mercado podría traducirse en ahorros en torno a 40% en los precios de estos productos”.

También, planteó que “las farmacias por regulación deban dispensar el producto más barato dentro de una categoría de medicamento clínico, y que el precio de este sea fiscalizable y compuesto por el costo efectivo que la farmacia pagó por el mismo más una suma fija única en pesos que cobraría la farmacia por su labor como intermediario respecto de cualquiera de los productos médicos que dispense”.

Es decir, una fijación de utilidad máxima, lo que rompe con el dogma del libre mercado, sin que el Gobierno hiciera nada al respecto. Los consumidores siguen esperando, por lo que la próxima administración gubernamental y el Parlamento deberán actuar a la brevedad en la materia. Otra prueba de que el libre mercado es problemático en diversas situaciones ha sido el tema del examen de PCR para identificar el COVID-19, en el que el Gobierno tuvo que fijar un precio máximo: la realidad resultó más fuerte que el dogma frente a los abusos de precios que empezaron a producirse al iniciarse la pandemia.

A partir de marzo próximo, la FNE y las superintendencias respectivas debieran avanzar rápidamente en el análisis de otros dos mercados de servicios básicos en los que se puede presumir tarifas públicas que permiten ganancias monopólicas privadas injustificadas: el suministro de electricidad y de agua.

El tema es simple: donde hay monopolios naturales, es decir, en el caso en que los costos fijos son de gran magnitud, por lo que no se justifica más de un productor, dado que los costos unitarios caen a medida que aumenta la producción, deben existir tarifas públicas que permitan a los operadores cubrir los costos de producción y distribución pero impidan utilidades monopólicas en detrimento de los consumidores. Es el caso de la electricidad, el agua, el gas de cañería y la telefonía fija.

Donde hay oligopolios en el suministro de bienes de consumo básico –pocos oferentes que tienden a administrar los precios sin competencia–, es decir, al menos en el gas licuado, algunos medicamentos y algunos alimentos, debe existir una vigilancia e información pública de los precios, además del cobro de un impuesto a las sobreutilidades sobre el capital invertido (un parámetro razonable es el 5%), las que se originan en colusiones de precios. En el caso del gas licuado, es apropiada la recomendación de la FNE de impedir que los mayoristas intervengan en el mercado minorista, vale decir, prohibir la integración vertical. La banca debe también ser objeto de una vigilancia más estricta respecto a las comisiones cobradas y también ser objeto de un impuesto a las sobreutilidades.

De otro modo, se mantendrá el abuso de sobreprecios que penalizan a los consumidores y a los usuarios. Los libremercadistas pondrán otra vez el grito en el cielo. Pero su ideología no justifica el sistemático perjuicio al ciudadano común que monopolios y oligopolios producen en la prestación de servicios indispensables y de amplio consumo.

A dos años. Los significados del 18 de octubre de 2019

 Primera versión en La Mirada Semanal

Se discutirá por mucho tiempo sobre las causas de la rebelión popular de 2019. Pero entre éstas se cuenta el desfase institucional respecto a las demandas de la sociedad y la pérdida del rol de representación del mundo del trabajo y de la cultura por parte de la izquierda histórica.

Al cumplirse dos años del inicio de la rebelión popular el 18 de octubre de 2019, volverán a ofrecerse múltiples interpretaciones sobre sus causas y proyecciones. Esta rebelión no fue un episodio puntual sino un terremoto social. Duró más de tres meses, se generalizó con intensidad en todo el territorio chileno y tuvo hitos como el de los 1,2 millones de personas de todas las generaciones en las calles de Santiago y cerca de tres millones en todo Chile el 25 de octubre.

Se atribuye a Zhou Enlai haber respondido al ser preguntado sobre el significado de la revolución francesa que aún era muy temprano para saberlo. Desde luego, los múltiples libros que se publicaron a la rápida sobre el tema de la rebelión de octubre no han dejado un gran recuerdo. Pero puede aventurarse que hay al menos dos grandes causas y sus respectivas proyecciones que deben destacarse.

La primera es el desfase institucional respecto a las demandas de la sociedad. Existe una amplia literatura, a partir de Samuel Huntington, sobre la explosión de expectativas y demandas en contextos de crecimiento económico en “países en desarrollo”, que dio lugar a una interpretación autocomplaciente de las tensiones sociales acumuladas desde 1990: eran inevitables y no había mayor cosa que hacer que no fuera desplegar paciencia y habilidad política en la búsqueda de consensos. No obstante, no se consideró lo suficiente lo afirmado por el propio Huntington, en el sentido que el retraso en el surgimiento de las instituciones políticas apropiadas para permitir el cambio social y económico ponía en peligro el desarrollo democrático. La necesidad de pasar con rapidez a un régimen político que expresara la voluntad popular mayoritaria y que acudiera al pronunciamiento popular en las situaciones de crisis se dejó progresivamente de lado en la coalición de gobierno por falta de interés de su sector derechista.

Esto ocurrió a pesar del esfuerzo de quienes fuimos puestos en minoría en ella en beneficio del acomodo a una situación de veto oligárquico en las instituciones, que permitía mantener una relación no demasiado conflictiva con el poder económico, devenido con el tiempo en subordinación y complicidad parcial considerada no solo necesaria, sino que deseable. Al mismo tiempo, el acomodo a la constitución de 1980 y sus insuficientes reformas de 1989 -solo en parte morigeradas en las de 2005 con el término de los senadores designados y el restablecimiento de las potestades del presidente sobre las fuerzas armadas- permitía al sector derechista de la coalición de gobierno endosar a las trabas institucionales heredadas la ausencia de avances económicos y sociales sustantivos.

Se generó una conducta generalizada de desesperanza aprendida en los partidos de izquierda de gobierno y el deslizamiento al clientelismo al estilo del PRI mexicano, junto a connivencias financieras indebidas con el gran empresariado. Y finalmente al triunfo de Piñera en dos ocasiones. La integración social no se sustentó en redistribuciones de ingresos suficientes ni en la construcción de un Estado de bienestar con derechos sociales consagrados, sino en el crecimiento prolongado del empleo (aunque precario y sin negociación colectiva con sindicatos fuertes), de las remuneraciones (aunque menor que el incremento de la productividad), de gastos sociales (aunque muy por debajo de la proporción media en la OCDE en relación al PIB) y de un mayor acceso a la educación (al costo de un endeudamiento de los estudiantes y sus familias que financió establecimientos privados de baja calidad y que desplazó la educación pública).

Estos son logros paradojales y parciales, junto a la expansión del acceso al consumo masivo y el aumento de las infraestructuras, a los que no cabe quitar relevancia. Pero, junto a las contradicciones en los avances logrados,  las pensiones y la atención de salud permanecieron peligrosamente rezagadas y privatizadas, mientras los servicios básicos se mantuvieron en manos de monopolios privados con regulaciones débiles en un cuadro de desigualdad de acceso y de aguda concentración de la riqueza. La derecha ejerció sin contemplaciones su derecho a veto nacido de la persistencia de los senadores designados, del sistema electoral binominal y los altos quórum de aprobación de las leyes y reformas constitucionales, es decir con un  fraude institucional generalizado desde el punto de vista democrático.

¿Podían la desesperanza y la integración subordinada permanecer eternamente como cimiento del cuerpo social y de un sistema político con soberanía popular vetada? Evidentemente no. La resignación terminó por dar a lugar a una rebelión inorgánica, aunque precedida de múltiples luchas sociales organizadas o espontáneas, desencadenada por un aumento del pasaje del metro bajo la consigna directamente política de “no son 30 pesos, son 30 años”. El “esto no prendió muchachos” se transformó en la mayor rebelión social desde las emblemáticas protestas de 1983-1986 y sus barricadas, que permanecían en la memoria colectiva y en la transmisión intergeneracional mucho más de lo que la sociología convencional postulaba, convertida, por otro lado, en sociología de mercado y en acción de lobby empresarial.

Una segunda causa de la rebelión de 2019 fue la pérdida del rol de la izquierda en darle perspectiva política a las luchas sociales. Probablemente algún grupo pequeño quemó estaciones de metro, pero lo esencial del fenómeno fue su carácter espontáneo y masivo, aunque haya devenido con el tiempo en parte en una movilización minoritaria alentada por grupos ultra radicalizados. Buena parte de las distintas variantes de la izquierda había dejado de representar los intereses de la mayoría social y no había logrado pesar para establecer siquiera algún tipo de "pacto socialdemócrata" propiamente tal, que funcionó solo en ocasiones puntuales durante 30 años. La auto-atribución de la apelación de socialdemócrata por la izquierda reformadora devenida en izquierda reformada y acomodada (el bloque PS-PPS-PR), es simplemente una ironía frente a la realidad de su renuncia práctica a representar los intereses del trabajo y de la cultura y la promoción de una sociedad igualitaria y libertaria, y a luchar de manera organizada y persistente por ellos.

El primer resultado fue la pérdida de conexión con las generaciones jóvenes que se autonomizaron con razón a partir de 2011. Y luego con el resto de su mundo social de origen. Algo similar ocurrió con la cultura socialcristiana, nacida de la reivindicación de la promoción popular, la reforma agraria y la chilenización del cobre. Las llamadas fuerzas progresistas, como en otras partes, terminaron descompuestas por el largo acomodo a un poder burocrático subordinado al poder económico, o en todo caso sin voluntad suficiente de cuestionar su hegemonía.

El socialismo debiera haber constatado que ya no tenía nada que hacer en una coalición que terminó siendo el soporte político de una semi-democracia dominada por un capitalismo hiperconcentrado y gobiernos amarrados a políticas sociales débiles y a la carencia de regulaciones sólidas de los mercados y sus efectos sociales y ambientales negativos. No tenía sentido que el socialismo permaneciera instalado en concesiones y acomodos con el control oligopólico de la banca, la distribución y muchas actividades productivas, incluidas  la industria, la pesca y la agricultura de exportación; la entrega a capitales privados y a transnacionales de la minería nacionalizada en 1971; la persistencia de la privatización del agua y de los servicios básicos; la privatización de la educación y de una parte la atención de salud; la mantención de las pensiones en manos de las AFP y la persistencia de relaciones laborales asimétricas y precarias favorables al capital concentrado. El mérito de una coalición amplia que sirvió para terminar con la dictadura, no se extendió ni a la voluntad de terminar con los amarres institucionales antidemocráticos ni a establecer una economía regulada, sostenible y con derechos sociales efectivos. Para evitar la completa desnaturalización de su proyecto histórico, el socialismo debió haber reinstalado en la izquierda hace mucho tiempo su ubicación en el espectro político, lo que suponía redefinir su relación con el centro y dejar de hacer concesiones programáticas en nombre del realismo político. No lo hizo, por lo que la rebelión de 2019 también se produjo en parte contra los abandonos de la izquierda histórica.

Pero esa rebelión ha sido fecunda en sus efectos, aunque ha pagado altos costos represivos. Ha sido el punto de partida de la reconstrucción por etapas de un bloque de izquierda plural, capaz de llegar al gobierno en marzo próximo para sostener un proyecto de transformación social, cuya vigencia es evidente frente a la magnitud de las desigualdades y los abusos, del dominio patriarcal y de la depredación de la naturaleza. Y que, además, deberá hacerse cargo de los desastres de la gestión de Piñera en materia económica, social y sanitaria. Y sobre todo ha sido el punto de partida de un proceso constituyente único en la historia de Chile, cuya fuerza y profundidad es irreversible y dará lugar a la construcción, salvo errores graves en el camino, de una institucionalidad democrática basada en la soberanía popular, la que tendrá la potencialidad de dejar atrás el dominio oligárquico sobre la sociedad.

Piñera y la moralidad pública

En La Mirada Semanal

Debe producirse una señal histórica de la sanción de la violación del pacto republicano según el cual los ricos y los poderosos no usan el Estado a favor de sus intereses económicos o los de su familia ni eluden pagar impuestos.

Las nuevas publicaciones por la prensa internacional de documentos de estudios jurídicos que operan en paraísos fiscales revelan la profundidad de los mecanismos globales de evasión y elusión tributaria. En efecto, es extendido el uso de países o territorios con baja o nula tributación a los que los dueños de fortunas -bien o mal habidas- trasladan sus capitales. En ellos realizan transacciones sin mediar una actividad propiamente tal en el lugar, con una total ausencia de transparencia que asegura el secreto de la identidad de las personas y dueños finales de las empresas involucradas. En ocasiones, se trata de operaciones internacionales legítimas, pero las más de las veces existe la motivación de esconder ingresos y/o evadir o eludir los impuestos que deben pagar empresas y personas en los países en que realizan sus operaciones y extraen sus utilidades. En Europa se calcula en un 10% del PIB los recursos que los paraísos fiscales restan a las arcas gubernamentales.

El control de los paraísos fiscales ha avanzado por parte de diversas instituciones multilaterales y compromisos de los países. El Common Reporting Standard fue elaborado como mecanismo de intercambio automático de información financiera entre administraciones por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la evasión de impuestos y rige desde 2018.

A cada país le corresponde, en todo caso, sancionar la evasión de impuestos y terminar con el uso de paraísos fiscales para eludir su pago. Establecer una norma general antielusión con estándar OCDE es la primera tarea en Chile, pues hoy su ausencia impide investigar a cabalidad los ingresos de empresas y personas y hacer efectivo el pago de los impuestos correspondientes. Se debe, además, terminar con un secreto bancario extemporáneo que contribuye a la evasión del pago de impuestos.

Pero el hecho más dañino para la fe pública en Chile es que se ha confirmado que el propio presidente Piñera ha operado al menos como mandante en paraísos fiscales, figura que él mismo condenaba públicamente en 2016. Además, ha quedado en evidencia nada menos que la venta de un activo de una sociedad de familiares constituida mediante donaciones de su parte -venta que produjo altas utilidades- sujeta a una cláusula contractual de no modificación de regulaciones públicas en las que Sebastián Piñera tenía una alta incidencia. Señalar que el presidente no estuviera al tanto de ese contrato no parece una situación muy creíble.

La actuación recientemente conocida del presidente Piñera debe ser objeto de sanción política, pues su gobierno no declara hasta el día de hoy la protección ambiental -para la que existe una solicitud formal- de una zona que alberga un ecosistema marino único y en la que se planea inversiones mineras vinculadas a sus hijos y amigos. El parlamento debe hacer efectiva la responsabilidad de Sebastián Piñera y decidir la destitución de su cargo. El hecho que debe ser sancionado políticamente es que el gobierno ha insistido en hacer posible una inversión minera que daña el ambiente marino y en la que han estado involucrados negocios familiares del presidente y de amigos cercanos, con pagos asociados a mantener la normativa ambiental que está su cargo.

Esta debe ser la señal histórica, en momentos de refundación institucional, del cese de la violación por el actual presidente del pacto republicano según el cual los ricos y los poderosos no usan el Estado a favor de sus intereses económicos o los de su familia ni eluden pagar impuestos. En efecto, sin financiamiento suficiente de las instituciones y de los servicios públicos, no hay estabilidad social posible ni puede hacerse efectiva cualquier idea de igualdad de oportunidades en la sociedad. Además, debe legislarse con urgencia pasar al régimen general de impuesto a la renta los ingresos por herencia o donación, o su pago mediante transferencia de activos a un fondo patrimonial público que financie la desconcentración de la propiedad y la diversificación productiva. La contribución de los herederos a la prosperidad colectiva es simplemente igual a cero.

El escenario de marzo: “después de mi el diluvio”

En La Mirada Semanal

Un presupuesto en caída libre y un período presidencial recortado no es precisamente el marco adecuado para responder a las difíciles circunstancias que vive el país después de la rebelión social y de la pandemia, por lo que se debe construir con urgencia un horizonte de cambio con estabilidad. 

Quien quiera sea elegido para gobernar a partir de marzo próximo, se va a encontrar con un presupuesto fuertemente disminuido respecto al de 2021, de acuerdo al proyecto de ley recientemente enviado al parlamento. Según el gobierno, el presupuesto para el año 2022 alcanza a 82 mil millones de dólares “con una baja de 22,5% comparado con el gasto fiscal efectivo de este año, producto de la disminución del estímulo fiscal extraordinario y retornando a niveles de gasto en línea con la meta de convergencia”. Esto significa que ya no habrá IFE Universal, IFE Laboral, créditos subsidiados para pymes FOGAPE, bono pyme, prohibición de corte de servicios básicos ni post-natal de emergencia. A su vez, se habrá extinguido buena parte del efecto de los retiros desde los fondos de pensiones, que han alimentado la demanda de consumo de los hogares y generado presiones inflacionarias internas, pero con un efecto solo temporal. Una parte importante de la inflación de 2021, sin embargo, es de origen externo. Los retiros desde las AFP nada tienen que ver con la inflación de costos que proviene del sustancial aumento internacional del petróleo y de la devaluación del peso. Esta ha sido provocada por salidas de capitales y aperturas de cuentas en dólares, cuya persistencia no necesariamente se prolongará en el tiempo. 

El gobierno prevé dejarle un margen de nuevo gasto a la futura administración de 700 millones de dólares, una cuarta parte de lo que cuesta el IFE actual... al mes. Esto implica que el gobierno de Piñera busca dejar de herencia un ajuste de gasto del orden de 8% del PIB en un año, es decir una brutalidad propia de Sergio de Castro.

Recordemos que el proyecto de ley de presupuesto debe ser despachado antes del 30 de noviembre por el Congreso, sin que éste tenga la posibilidad de subir el monto total del gasto (solo puede mantenerlo o bajarlo) ni tampoco su composición, según las actuales reglas constitucionales de tramitación del presupuesto de la Nación. Esto tendrá, inevitablemente, efectos macroeconómicos. El gobierno y el Banco Central proyectan un crecimiento del orden de 2,5% en 2022, en circunstancias que no menos de medio millón de personas seguirán desempleadas por sobre el nivel de desocupación prevaleciente antes de la crisis, (otras 700 mil personas), pero se puede desencadenar una bola de nieve recesiva con la suma del ajuste fiscal y de aumentos de la tasa de interés de política monetaria hacia un quimérico nivel “neutral” de 1% real, en la doctrina actual del Banco Central. 

Como se observa, estamos frente a un intenso panorama de previsibles tensiones sociales que resultarán inevitablemente de un brusco ajuste presupuestario por el fin sin más consideraciones de las medidas tomadas por el actual gobierno -muchas de ellas tardíamente- durante la pandemia. Algo así como “después de mí el diluvio”, frase que se atribuye a Luis XV en los últimos años de su vida, cuando el descontento popular ya presagiaba amplias convulsiones sociales en Francia.

Si, además del panorama económico, se considera que el vice-presidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, del Frente Amplio, ha insinuado que la nueva Constitución puede acortar el próximo período presidencial, entonces el panorama para el hasta ahora más probable ganador de la elección presidencial de fin de año, Gabriel Boric, también del Frente Amplio, es el de un ejercicio de gobierno de, digamos, dos años.

Nada de esto es razonable. 

Lo que corresponde intentar frente a las difíciles circunstancias que vive el país después de la rebelión social y de la pandemia -en un mundo con muchas incertidumbres- es realizar cambios estructurales con estabilidad política. Esto nunca lo ha hecho ni podrá hacerlo un gobierno de dos años. La coalición Apruebo Dignidad, de la que emanará posiblemente el próximo presidente y será una de las con mayor representación parlamentaria, debe consolidar la relación entre sus componentes a partir de un diseño programático sólido para cuatro años. El paso siguiente, a fines de noviembre, debe ser conversarlo y concordarlo con mutuas concesiones con quienes estén dispuestos a apoyar al candidato en la segunda vuelta y, además, se comprometan a la realización efectiva de un programa común. Lo que supone no hablar de consignas, sino de políticas y programas precisos con sus financiamientos respectivos.

En marzo, el próximo gobierno debe enviar un proyecto de ley de corrección presupuestaria, como lo hizo el actual en abril de 2020 frente a la pandemia. Allí se debe establecer como prioridades un nuevo marco de ayudas a las pymes, de subsidios al empleo femenino y juvenil, de nuevos programas de servicio y cuidado a las personas y un nuevo monto de la pensión básica universal como soporte de las transferencias a las familias, junto a un fuerte programa de inversión verde. Esto implica tomar desde ya una opción política clara: no provocar una recesión con un brutal ajuste presupuestario y buscar una consolidación fiscal en el tiempo basada en una reforma tributaria suficiente y equitativa apuntando a un crecimiento de 3-4% y a un endeudamiento fiscal sobre el PIB no superior a 60% (la regla actual, ampliamente sobrepasada, de la Unión Europea).

Una nueva coalición de gobierno distinta a la derecha y sus concepciones neoliberales y capaz de hacer cambios favorables a las mayorías, pero de manera ordenada y firme, deberá ser el soporte para crear un horizonte político y económico adecuado para los próximos cuatro años. Otros enfoques en exceso especulativos pueden terminar por alimentar quimeras e inestabilidades que terminan por afectar a la mayoría social, que ya ha sufrido demasiado con la reciente crisis y con la precariedad estructural propia del modelo económico vigente. 

Un insuficiente aumento de la pensión básica

En La Mirada Semanal.

Frente a la presión social, el gobierno propuso un incremento de la pensión básica de bajo monto y la eliminación de algunas exenciones tributarias insuficientes frente al déficit fiscal de 2021. La reforma tributaria sigue pendiente.

El gobierno de Sebastián Piñera ha propuesto incrementar la pensión para personas mayores de 65 años que no tienen acceso a un sistema previsional y que están entre el 80% de menores ingresos. Su monto mensual aumentará de 164 a 179 mil pesos (ya aplicable a los más de 75 años), la línea oficial de pobreza, junto a extender el aporte complementario fiscal aplicable a pensiones basadas en cotizaciones previas hasta 520 mil pesos. En el proyecto de ley que acaba de enviar al parlamento propone eliminar parcialmente algunas exenciones como parte del financiamiento del aumento del aporte fiscal a las pensiones.

Esto incluye como componente más importante el inicio del fin de las exenciones de pagos de IVA en la construcción de viviendas de más de 2.000 UF y del impuesto territorial a partir de la tercera vivienda DFL-2, así como aplicar impuestos a los servicios como los de consultorías y otros. También incluye un muy bajo pago de 5% a las ganancias de capital. Entre estas normas de excepción se cuenta la exención del cobro de impuesto a la renta para las ganancias de capital en la enajenación de acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos con presencia bursátil. Solo que esto rendiría la suma de 56 millones de dólares, frente a un potencial de recaudación al menos 7 veces mayor si se eliminara la exención. Esta exención suma al menos unos 350 millones de dólares anuales de menores ingresos fiscales, según el SII, aunque es posiblemente mayor según los estimadores que se utilicen.

La posesión de acciones genera ingresos personales por los dividendos que distribuyen las empresas al obtener utilidades y por la ganancia de capital al venderlas. No existe ninguna razón válida para que ingresos personales provenientes de la posesión o de transacciones de capital bursátil no tributen bajo el régimen general de ingresos (impuesto global complementario). Lo mismo se puede señalar respecto al impuesto a las herencias, que debiera asimilarse al impuesto global complementario o permitir parte de su pago mediante transferencia de acciones al fisco, en vez de eliminar solamente la exención a los seguros de vida. Lo que correspondería por aplicación del principio de justicia tributaria y de progresividad es que todos los ingresos paguen los mismos impuestos según el tramo que corresponda (a más altos ingresos, mayores tasas).

Algunas exenciones se justifican por su efecto social o de difusión de impactos en la economía. Son pocas, como las del IVA a servicios sociales, del impuesto a la renta destinada al ahorro previsional o las que estimulan la capacitación, el gasto en investigación y desarrollo en las empresas o el uso de tecnologías no contaminantes. La mayoría, en cambio, no se justifica, pues favorece intereses particulares en detrimento del interés general. Según el Servicio de Impuestos Internos, las exenciones tributarias, es decir las excepciones a las reglas de general aplicación, sumaron en 2020 unos 9 mil millones de dólares, cerca de un 3% del PIB. Recordemos que el programa de Gabriel Boric plantea una reforma tributaria del orden de 8% del PIB (como en su momento el programa de Daniel Jadue) y el de Yasna Provoste una de 5% del PIB (y en su momento el de Paula Narváez una de 5-6% del PIB).

Y recordemos que los tributos en Chile representaban el 21% del PIB en 2019, a comparar con un 34% promedio en la OCDE, un 46% en Dinamarca y un 45% en Francia. Este tema es entonces parte necesaria -junto a la reducción de la evasión, la desintegración del impuesto a la renta personal y a las utilidades de las empresas, el impuesto a los súper ricos y la regalía minera – del debate para financiar las reformas redistributivas y de reconversión productiva sostenible que el país necesita con urgencia y que se van a dirimir en la próxima elección presidencial y parlamentaria.

La justificación que se alude con frecuencia es que no hacer tributar los ingresos del capital o hacerlo con tasas preferentes respecto a los ingresos del trabajo supuestamente incentivaría la inversión privada. Esa afirmación es discutible y en todo caso se efectúa al precio de hacer recaer el financiamiento de las cargas públicas en los ingresos del trabajo o en las compras de consumo de los hogares y personas, incluyendo las más modestas. Es el ambiente general de funcionamiento de la economía el que determina la expansión de la inversión privada antes que la exención del impuesto personal a las personas que invierten, aunque esto no suene bien a los oídos de los economistas neoliberales y de los intereses que defienden.

El caso Carozzi y la plutocracia

En La Mirada Semanal

El incidente Carozzi-La Red puso en evidencia la manipulación de lo medios por el dinero. Ahora cabe repensar el paisaje mediático chileno y crear nuevas instituciones y mecanismos de control democrático para terminar con la captura del poder político por la oligarquía económica.

La empresa privada (con fines de lucro, pero también eventualmente sin esos fines o con fines mixtos) cumple un rol necesario para producir bienes y servicios en economías complejas y dinámicas. Pero para que esa función sea socialmente útil, debe hacerlo centrando su actividad en el buen servicio a bajo costo con permanente innovación, y no en la extracción de rentas sociales o ambientales. Para ello debe  respetar los derechos laborales, la economía circular y la protección del entorno natural y de las comunidades en que se desevuelve, así como los derechos de los consumidores. Todo esto requiere de marcos regulatorios apropiados democráticamente establecidos.

A estos marcos las oligarquías económicas se han opuesto y se oponen con frecuencia en todas partes. En Chile lo hacen férreamente, emulando la cultura de la hacienda heredada de la colonia. Por eso sus corrientes más conservadoras se esmeran en intervenir y controlar la democracia, o suprimirla, como en 1973, precisamente lo que reseñaba el documental La Batalla de Chile. En la actualidad, lo hacen tanto mediante mecanismos de veto minoritario a favor de sus representantes e intereses como a través de la creación de climas de opinión que les sean favorables a través de los medios de comunicación comerciales.

Lo hecho por la empresa Carozzi al retirar su publicidad de La Red por difundir un documental que no es de su gusto, es simplemente inadmisible desde el punto de vista de los principios democráticos y de la libertad de expresión, como antes lo fue el financiamiento ilegal de campañas por grupos económicos. Los principales dueños de Carozzi son la familia Bofill y la empresa sudafricana Tiger Brands. Forma parte de su directorio Carlos Cáceres, ministro del Interior de Pinochet.

Ya había actuado en el mismo sentido el señor Juan Sutil y su grupo empresarial retirando el avisaje a CNN Chile por la cobertura de la protesta social. Es la oligarquía económica en acción, usando sus recursos para pautear a los medios, cuando no los compra directamente, como los ex canales universitarios 11 y 13. Nos enteramos, además, que Carozzi es parte del generalizado irrespeto de los derechos de los trabajadores que caracteriza al “modelo chileno” que tanto defiende el gran empresariado. En efecto, de acuerdo a dirigentes sindicales entrevistados por Interferencia, “Carozzi ha insistido en generar prácticas antisindicales y amenazas, lo que ha generado que en diez años el sindicato que agrupaba a más de 500 personas hoy no tenga más de cinco socios oficialmente”. El sindicato no sometido a la gerencia cuenta con socios clandestinos, que esconden a la empresa su afiliación para evitar represalias: “muchos de los socios fueron despedidos y otros renunciaron al sindicato”. La familia Bofill es una de las principales donantes del candidato Sichel, dicho sea de paso.

¿Es una exageración sostener que la pretensión de la empresa Carozzi es la de prolongar la concepción de Eduardo Matte Pérez, parlamentario, ministro e hijo del fundador del Banco Matte, antecesor del actual grupo Matte? Recordemos que este sostuvo en 1892 la canónica frase según la cual “los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. Ha pasado desde entonces mucha agua bajo los puentes y los avances democráticos son considerables, fruto de sistemáticas luchas sociales y políticas. Estas hoy se han acelerado y dado lugar al proceso constituyente en curso. Pero para una parte de la oligarquía económica, la pretensión parece ser hoy la misma que en el siglo XIX, la que la Real Academia Española define como plutocracia:

la “situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado”.

El futuro orden constitucional y su respectiva legislación debieran, en primer lugar, hacer prevalecer el principio de mayoría en la toma de decisiones públicas para terminar con el poder de veto de las oligarquías. En segundo lugar, no someter más a la TV pública al financiamiento de empresas privadas, sino sostener su rol de sustento del pluralismo y de la promoción de la cultura y sus diversidades (junto a un sistema de radios públicas de calidad y educativas como en Gran Bretaña, Francia o España) con una tasa modesta aplicable a la compra de televisores, como en los mencionados países y otros europeos. Y sancionar expresamente en la ley el uso de la publicidad por los avisadores para censurar o discriminar contenidos en la TV privada. Cuando estos quieran hacer publicidad para sus productos, la legislación deberá establecer que su dinero no les da derecho a vetar ni promover contenidos.

Cabe considerar, por otro lado, que el cambio tecnológico será una buena ayuda para ampliar el paisaje audiovisual y su pluralidad. El futuro de la TV estará marcado por la televisión digital terrestre, ya en uso en condiciones “experimentales”. Esta ya incluye canales universitarios, algunos nuevos y otros que renacen después de haber sido abandonados y vendidos al mercado en las décadas pasadas, como lo fue en gran parte también TVN, obligada a vivir de la publicidad. Este es, junto a la política minera y la privatización de las empresas sanitarias, uno de los mayores errores de la transición, que los que pensábamos otra cosa no logramos evitar. Es una de las peores concesiones al poder económico privado de quienes se amoldaron al dominio oligárquico, y aseguraron así el financiamiento de sus campañas o bien el trabajo en grandes empresas después de pasar por el gobierno o por la política.

Con la televisión digital abierta se abrirá un mundo de más amplias posibilidades plurales de expresión audiovisual. La ley de 2014 y su reglamento de 2015 son un buen avance, perfectible en el futuro. El “apagón analógico“, que consagrará la generalización de este formato televisivo, estaba programado para 2020 y se amplió a 2025 por presión de los actuales canales. Ya existe en muchas otras partes. El nuevo gobierno debiera adelantar a 2023 su puesta en práctica. Este conjunto de procesos debieran considerarse como parte esencial del proceso constituyente que dará forma a una nueva República democrática y plural en Chile.

El desastre económico de Piñera

Con Karina Oliva, en El Mostrador

En estos días se debate sobre el cuarto retiro de fondos y de las medidas adoptadas por el Banco Central, sobre todo en los debates acalorados de Twitter que establecen barreras binarias entre “responsables fiscales” e “irresponsables fiscales”, entre los “pro-inflación” y los “controladores de la inflación”. Dicotomías que, por cierto, son profundamente falsas.

Quienes se oponen argumentan que esto potencia un ciclo inflacionario y aplauden el alza de la tasa de interés decretada por el Banco Central, que busca prevenir presiones inflacionarias de demanda por el aumento del consumo de los hogares. Por otra parte, hay quienes critican la medida y cuestionan su intento de influir en decisiones que exceden su competencia, como la necesaria reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, para dar una discusión seria en esta materia, tal como en el fútbol, debemos bajar la pelota al piso y plantear los términos del debate en su origen. Si no, estaremos debatiendo sobre cuán bueno es el remedio antes de averiguar a cabalidad cuál es la enfermedad.

Desde marzo de 2020, cuando se decretó la catástrofe sanitaria por la pandemia de COVID-19, el país entró en una vorágine de incertidumbre y una brusca caída de la producción y el empleo. La pérdida de dos millones de puestos de trabajo y de los correspondientes ingresos por la paralización de actividades, no fueron suficientemente compensados por el seguro de desempleo cuando era aplicable, mientras el trabajo informal quedó a la deriva. La suspensión de contratos sin despido fue financiada por los fondos de seguro de cesantía. El Ingreso Familiar de Emergencia se fijó en un nivel muy inferior a la línea de la pobreza, y abarcó a las familias del 40% más vulnerable y que estuvieran inscritas en el Registro Social de Hogares. Es decir, se puso en práctica una política hiperfocalizada. La medida fue un fracaso y llevó a la ciudadanía a exigir los retiros sucesivos de parte de sus fondos de pensiones para compensar la pérdida del empleo e ingresos. Esto fue de exclusiva responsabilidad de Sebastián Piñera y de la ausencia de una política capaz de sostener los ingresos de las familias y evitar su sobreendeudamiento o caída en la pobreza.

La encuesta Casen, aplicada a fines de 2020, reveló que la pobreza subió hasta abarcar a 2,1 millones de personas. No es menor que unas 940 mil mujeres perdieran su empleo por la crisis y que solo se hayan recuperado 420 mil, es decir, proporcionalmente menos que los empleos masculinos. La gran mayoría de ellas debió salir de la fuerza laboral por las tareas de cuidado. La situación es aún crítica, pero esto se vuelve más dramático ante la ausencia de políticas pro empleo, salvo algunos subsidios de cobertura insuficiente. La reactivación económica se ha centrado en la expansión del crédito y en la baja de las tasas de interés por el Banco Central, junto a políticas de crédito subsidiado (Fogape) con resultados en la recuperación del empleo formal. Pero aún faltan 900 mil puestos de trabajo informales y por cuenta propia para llegar al nivel de ocupación previo a la crisis. La fragilidad de las pymes, del empleo informal y de los cesantes es lo que empuja la demanda por un nuevo retiro desde los fondos de pensiones.

La política fiscal ha sido llevada con gran impericia. En 2020, cuando arreciaba el desempleo, el grueso de las ayudas públicas y desgravaciones tributarias fueron hacia el gran empresariado, sin que se usaran las reservas fiscales con más apoyos a las pymes y a las familias. Fue solo después de las grandes derrotas electorales de la derecha de mayo de 2021 que Piñera decidió cambiar de política y establecer el IFE universal. Pero, de nuevo, con una gran irresponsabilidad: aumentó el gasto público en un tercio, lo que no tiene parangón en la historia de Chile, pero sin enviar el proyecto de ley que terminaba con diversas exenciones tributarias que comprometió para ayudar a su financiamiento, ni comprimir el gasto en áreas prescindibles. El déficit fiscal estructural será llevado a más de 10% del PIB en 2021, lo que es insostenible. O se baja el gasto público en 2022 en 25% o más, lo que dejaría al próximo gobierno en una situación crítica, o se realiza una reforma tributaria que restablezca los equilibrios.

Entre tanto, desde enero la inflación ha aumentado de 3,1% a 4,5% en ritmo anual. La aceleración de la inflación ha ocurrido por situaciones puntuales de escasez y por la devaluación del peso desde marzo, que encarece las importaciones, junto al gran aumento del precio del petróleo. Pero el IPC de los bienes no sujetos al comercio internacional ha aumentado solo de 2,1% a 3,0% anual, aunque el incremento de precios de frutas y verduras y otros productos de primera necesidad ha sido sensible. Aunque se trata de alzas transitorias, la política errática del gobierno ha llevado al Banco Central a aumentar las tasas de interés para actuar sobre las expectativas, pero al riesgo de dificultar la recuperación de las pymes y del empleo.

Por tanto, para ser precisos, es necesario reconocer que gran parte de la situación económica que actualmente vive el país es producto de la negligencia e improvisación del gobierno, la que, además, llevará a un frenazo de la economía en 2022. Los principales costos de la crisis económica han sido asumidos por las trabajadoras y los trabajadores. El problema principal es que el gobierno de Piñera persiste en negarse a una política de ingresos permanente y a una reforma tributaria que permita consolidar la situación fiscal y una distribución más equitativa de la riqueza. Esta es una tarea que deberán asumir el próximo gobierno y el próximo Parlamento.

Decisiones económicas cuestionables

En La Mirada Semanal 

La actividad económica se situó en el trimestre terminado en julio de 2021 (últimos datos disponibles) al mismo nivel que el terminado en enero de 2020, al iniciarse la crisis de la pandemia, aunque con diferencias sectoriales por la mayor o menor fluidez en las cadenas de suministros. Ha sido empujada por la demanda que proviene del consumo de los hogares y de la mayor liquidez de la que disponen. Más aún, en términos desestacionalizados, la producción agregada está por encima del nivel previo a la crisis.

No obstante, no estamos frente a un exceso generalizado de demanda. La capacidad instalada fue ocupada en el pasado reciente en niveles mayores. Nadie señaló que a fines de 2019 la economía estaba sobre calentada. Tampoco lo está ahora. Y la recuperación del empleo se ha quedado atrás respecto a la producción, especialmente el empleo del sector informal de baja productividad. Falta nada menos que crear 914 mil empleos para volver al nivel previo a la crisis.

Fuente: Banco Central

El aumento de la inflación en los últimos meses es fruto de la mayor demanda, pero sobre todo del tipo de cambio y del aumento de los combustibles, así como de una menor oferta temporal de algunos alimentos e insumos. El Banco Central atribuye las presiones inflacionarias sobre todo a los efectos producidos por aumentos de la demanda de los hogares, en una estimación cuya exactitud no es evidente por las interacciones de unos y otros efectos, como la inflación de costos “de segunda ronda” por el incremento del precio de los combustibles. Lo que es claro es que los bienes sujetos al comercio internacional están aumentando en 5,9% anual, mientras el resto lo ha hecho solo al 3% anual. La oportunidad de subir la tasa de interés en este contexto, junto a una tasa de desempleo combinada de quienes buscan trabajo y no lo encuentran y de quienes no lo hacen, pero están dispuestos a trabajar, que se mantiene en 19%,  y en medio de una caída mensual de la producción de bienes de -0,9%, es bastante discutible, por decir lo menos.

El aumento de la tasa de descuento del Banco Central del 0,75% al 1,5% encarecerá el crédito, lo que no es una buena noticia para sostener la producción lo suficiente como para absorber el empleo perdido e impedir más quiebras de mipymes, aunque tendrá algún efecto para bajar el dólar (al tender a traer más capitales golondrina desde fuera) y disminuir la inflación importada. El balance entre el efecto negativo en la actividad y el empleo en las empresas de menor escala (salvo que el gobierno aumente o prolongue los créditos Fogape subsidiados) y el efecto positivo en una inflación más baja, es de resultado incierto. Aquí se aplica lo señalado por Kaushik Basu, execonomista jefe del Banco Mundial en estos días: “Alguien que ve sus propias proyecciones como expresiones de ciencia pura es tan peligroso como alguien que se guía por la superstición. No hay manera de predecir con certeza qué ocurrirá mañana. Cuando se habla del futuro, no tenemos otra opción que usar nuestra intuición para decidir cuándo podemos extrapolar datos del pasado y cuando no podemos hacerlo. Es de esperar que como especie hayamos hecho evolucionar una intuición que sea al menos en alguna medida confiable. Un problema adicional es que la mezcla necesaria de ciencia dura e intuición o juicios tiende a diferir entre las especialidades económicas. En algunas ramas, como el diseño de subastas, la economía es cercana a la ingeniería, mientras en las de la política fiscal y monetaria depende sustancialmente de la percepción y el juicio”.

Aunque reaccionó bien y a tiempo en la crisis de 2020, es de esperar que ahora el Banco Central no esté preparando una nueva equivocación altamente costosa, como la 2008 con De Gregorio, al sobrerreaccionar frente a una inflación que tiene componentes temporales. Es cierto que el gobierno aumentó a destiempo en un tercio el gasto público en 2021 (nunca visto en la historia contemporánea de Chile), sin reestructurar gastos, eliminar exenciones ni proveer nuevos ingresos tributarios de largo plazo. Pero esto no debe llevar al Banco Central a un cambio drástico de política frente a lo que ve de manera apresurada como un peligro inflacionario permanente. Para seguir absorbiendo los empleos perdidos no se debe seguir aumentando la tasa de interés en los próximos meses, como ha anunciado el Banco Central, en base a un concepto tan vago como la “tasa de interés neutral”. Esta tasa está sujeta en el caso de Chile a muy diversas estimaciones. El Banco Central considera que es del orden de 1% mensual real. Esta estimación discutible podría llevarlo a alzas de la tasa de interés muy significativas (el nivel actual sigue siendo bajo). En cambio, el Banco Central no debiera desviarse del horizonte de 3% de inflación en 24 meses, como es su política declarada, y esperar más datos antes de diagnosticar un exceso generalizado de demanda. Desde luego, la inversión desestacionalizada se estancó en el segundo trimestre. Una política apresurada de alza de tasas puede tener un nuevo efecto negativo sobre las pymes, después del enorme impacto de la crisis de la pandemia en este segmento de la economía, además de encarecer el crédito al consumo, que afecta a los más pobres que el Banco Central dice querer defender de la inflación.

Se echa de menos el objetivo simultáneo de contener la inflación y lograr el pleno empleo, que es de esperar le asigne la nueva Constitución al Banco Central, como en Estados Unidos, en una coordinación estrecha con el Ministerio de Hacienda que permita tener una política económica coherente. Pero para eso se necesita un gobierno coherente, claro, no uno como el actual, que toma decisiones a destiempo e improvisadas.