Posteos sobre el acuerdo constitucional

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¿Por qué inmiscuirse en el debate constitucional sin ser abogado ni constitucionalista? Cabe hacerlo en tanto ciudadano, lo que basta y sobra para estos efectos. Me remito, además, a la experiencia de haber participado en una reforma constitucional, en este caso la de 1991 sobre la organización territorial de los poderes del Estado.

Ya entonces, al preguntar a unos y otros expertos constitucionalistas sobre cómo abordar el tema, expresaban opiniones muy distintas sobre como avanzar. Pero había que hacerlo con un objetivo político irrenunciable: seguir avanzando para obtener a la brevedad la democratización de los municipios y la creación de los gobiernos regionales.

No quedó sino concluir rápidamente que no hay tal cosa como una "ciencia constitucional" sino "opciones de política alternativas según visiones y, en su caso, intereses". En materias públicas existen distintos criterios que expresan esas visiones e intereses, los que pueden ser construidos y expresados con mayor o menor lógica. Y la experiencia indica que ojalá lo sean con las mayores dosis posibles para evitar los callejones sin salida propios de las improvisaciones. Ese proceso avanzó, después de varios fracasos en reunir los votos necesarios, a través del acuerdo con las fuerzas políticas representadas en el parlamento -y en diálogo con múltiples expresiones de la sociedad civil- sobre un conjunto de normas institucionales y las diversas funciones y atribuciones de los poderes territoriales y las reglas básicas de asignación de recursos para comunas y regiones.

La mayoría de estas normas, sorprendentemente, prevalece hasta hoy. Han sido modificadas en diversos aspectos, pero mucho menos de lo que debían serlo a medida que avanzara el proceso político democrático. De ahí la convicción de que la actual discusión es tan importante, porque se hace solo cada ciertos años cuando se crean ciertas condiciones particulares.

El lunes 18 de noviembre 262 académicos de derecho y ciencia política firmaron una carta donde celebran el acuerdo del 15 de noviembre para una nueva Constitución y refutan los argumentos de los que consideran que el acuerdo tienen visos de ser un callejón sin salida y adolece de una ausencia notoria de interacción con el movimiento social. Cabe hacer un par de comentarios sobre esta declaración. La determinación de las políticas en una sociedad corresponde a la esfera social e institucional pública y a ninguna otra, y menos a una supuesta sapiencia de expertos. Los expertos están para diagnosticar y para ofrecer opciones más o menos coherentes e identificar los costos y beneficios de las distintas visiones, no para sustituirse a la deliberación y decisión democráticas. Los expertos no tienen un mandato, cumplen una función en la que no deben confundir análisis y juicios de valor propios, aunque sea difícil. Afirman los 262: "el quórum de 2/3 acordado busca que la nueva Constitución sea el producto de grandes acuerdos. En la Constitución de 1980 el quórum de 2/3 otorga un poder de veto al sector político que la redactó impidiendo que las mayorías democráticas la reformen. En contraste, en la constituyente el quórum de 2/3 hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías porque se parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular". Ocurre que esa afirmación es muy discutible, porque los 2/3 le dan ventaja al que no quiere proceso constituyente.

Esta mecánica de toma de decisiones puede llevar a un callejón sin salida y no a la indispensable nueva Constitución por primera vez emanada del pueblo, que es la aspiración primordial de los que no aceptan la legitimidad de la constitución del 80, incluso reformada por partes y de manera importante en 2005 (aunque se reconozca su vigencia práctica).

Para Enrique Navarro, un constitucionalista de derecha (porque los hay para todos los gustos), los 2/3 de aprobación es "alto" pero necesario "para que en definitiva entre todos consensuemos un texto", pues en caso de no llegarse a un acuerdo respecto a la nueva Carta Magna, "sigue rigiendo la actual Constitución". Consultado sobre la carta enviada por los profesores, manifestó no estar de acuerdo, ya que "en el fondo esto se va a aprobar en definitiva como un todo". Si no lo es, no hay nueva Constitución.

Esta opinión tiene una traducción política, a través de Andrés Allamand, influyente senador de derecha, con su brutalidad/franqueza acostumbrada: "si un tercio quiere que una determinada materia no aparezca en la constitución, el tercio opuesto puede forzar a que se incluya, ya que de lo contrario no presta su aprobación al resto del proyecto. Así, si dos tercios opuestos se bloquean recíprocamente, el resultado es que la convención fracasa". Y señala que "nunca fue la idea" que las normas constitucionales sin cuórum (se escribe con c y no con q según la RAE) de 2/3 quedaran fuera del texto y se tramitaran luego como leyes. Ena von Baer abundó en que “si un grupo radical se niega a incorporar una institución fundamental, es probable que no exista nueva Constitución, pues no se alcanzará el consenso necesario de 2/3”. JVR apoyó la tesis de Allamand.

Así va a operar el bloqueo de la derecha. En especial en materia de cuórum de leyes orgánicas y de reforma constitucional futura, y en especial en materia de mantención de un Tribunal Constitucional con capacidad de actuar contra las decisiones mayoritarias más allá de os derechos fundamentales. Y entonces los "moderados" van a aceptar lo que le interesa a los que están por mantener la sociedad de privilegios, con el argumento de "no hacer fracasar la nueva constitución" y en nombre del "realismo político". Se habrá avanzado poco, luego de tantos sacrificios. Ese es el problema con el acuerdo firmado.

Ahora Gabriel Boric dice que no es lo que firmó y que si es así hasta ahí no más llega. Y Fernando Atria señala que "estas declaraciones deben ser tomadas en cuenta. Y lo que hay que decir es claro: si ellos tienen razón, el acuerdo es un tongo". Plop. ¿No era que aprobaban y apoyaban todo, incluyendo el bloqueo mutuo de la "página en blanco" que evidentemente puede terminar en el colapso del proceso constituyente? Uno de los firmantes del apoyo al acuerdo, Diego Pardow, declaró que hay que hacer como en Sudáfrica, es decir plebiscitar los desacuerdos para desbloquear el proceso. Excelente idea. El problema es que no está en el acuerdo.

Ojalá entonces todos los que ahora empiezan a ver las consecuencias de lo que firmaron o apoyaron hagan lo que tienen que hacer: respaldar la urgencia de reformular el acuerdo para al menos reemplazar los 2/3 por un cuórum inferior o bien plebiscitar los desacuerdos en los temas fundamentales, junto a consagrar la paridad de género, la cuota indígena y las agrupaciones de independientes en los convencionales/constituyentes, así como el voto obligatorio a partir de los 16 años. Y que su número sea muy superior al actual Congreso para permitir la expresión de las distintas voces de la sociedad chilena. De otro modo, la radical separación entre el sistema político y la mayoría social va a permanecer y con ella la fractura de la sociedad chilena entre los privilegiados que concentran la riqueza y el poder y el resto.

Cuesta entender por qué la ex Concertación y la mayoría del Frente Amplio firmaron el "acuerdo de madrugada", que dicho sea de paso no es la mejor hora para acuerdos de esta trascendencia. Pero ahora se trata de que el proceso constituyente no termine siendo una parodia de la derecha con el fin último de mantener su poder de veto sobre el funcionamiento de las instituciones y obtener retrocesos en materia de derechos humanos, subordinación del poder militar a la autoridad civil y propiedad sobre los recursos naturales.

En todo caso, el acuerdo dio un respiro a Piñera y su empeño en conservar el modelo y las políticas neoliberales en contra de la expresión de la mayoría que se ha rebelado contra el orden político, económico y social existente desde el 18 de octubre.

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Según La Tercera digital (20/11), para el diputado Gabriel Boric “el quórum de 2/3 es para aprobar el articulado en particular sobre una hoja en blanco, y eso genera un incentivo a llegar a consenso sobre las instituciones fundamentales de un ordenamiento democrático, como el respeto a los derechos humanos, el funcionamiento de los Tribunales de justicia y otros órganos del Estado, la existencia de un Banco Central o el Régimen político. Pero todo lo que no sea consenso pasa a ser materia de legislación ordinaria con los quórums que defina la misma convención”.

Entonces el tema ya no es que si en la convención no hay acuerdo sobre algo, el tema pasaría a la legislación ordinaria con cuórum simple, como se había dicho por los que firmaron y apoyaron el acuerdo desde la izquierda. Se nos señala ahora que los desacuerdos irán a la ley con los cuórum que se acuerden por los 2/3 de la Convención. Por lo demás, es lo que dice la letra del acuerdo.

La pregunta ahora es: ¿la derecha va a permitir el cuórum simple para la legislación ordinaria? No hay indicios de que algo así vaya a ocurrir. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo sobre el cuórum de las leyes ordinarias? ¿Se bloquea todo? Al parecer, así será, y nos quedamos con la constitución actual. Algunos amigos parlamentarios y/o jurisconsultos dicen que eso no puede ser así, etc. Tal vez en los libros de texto o en alguna conversación de buena crianza. No en la ruda política, y menos negociando con Coloma, que viene inventando binominales y cuórum no mayoritarios desde que integraba el Consejo de Estado de Pinochet. El pensamiento mágico parece estar inundando el escenario político opositor.

Lo que va quedando más claro es que el acuerdo no incluyó que será la legislación ordinaria con mayoría simple la que resolverá los vetos mutuos, de lo que nos habían hablado a los escépticos en caso de falta de mayoría con cuórum de 2/3.

Todo esto se parece mucho a un callejón sin salida para el proceso constituyente. Hay que enmendar a la brevedad el acuerdo alcanzando por los actores políticos mayoritarios (en términos como los descritos en el posteo anterior), lo que debiera ocurrir en la tramitación de la ley de plebiscito en el Congreso. No hay que perder la esperanza de lograr un acuerdo sólido y duradero, a la altura de la rebelión social que estamos viviendo y del futuro del país.

Los temores frente a una salida democrática a la crisis

En La Tercera.com

Son recurrentes los temores del mundo conservador ante la idea de una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución. Este puede ser el mecanismo clave, construido a partir de las instituciones vigentes mediante un amplio acuerdo, para facilitar una resolución de la actual crisis de legitimidad del sistema político. Hay quienes no asumen que el país se encuentra en un estado de rebelión social multiforme, no desencadenado ni dirigido por nadie en particular, pero que debe buscar una vía de salida democrática.

Pero ese miedo no tiene sentido si se considera que la asamblea o convención constituyente es el más razonable mecanismo para construir un nuevo orden político legítimo. Que haya sido usado por Maduro u otros no lo descalifica como tal, del mismo modo en que no se descalifica el sufragio universal o la existencia de tribunales de justicia por el hecho que hayan sido utilizados por uno u otro régimen autoritario para fines no democráticos. Recordemos que quien aludió a la asamblea constituyente para reemplazar a la constitución de Pinochet fue Eduardo Frei Montalva en 1980.

Sería dramático para el futuro de Chile constatar que los conservadores solo buscan que el régimen político actual sea mantenido a toda costa para preservar lo que hasta ahora han logrado mantener y para ellos es esencial, es decir el derecho a veto de la derecha y las minorías económicamente dominantes sobre la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Y que siga funcionando el sustrato autoritario del orden político chileno. Recordemos que las constituciones de 1833, 1925 y 1980 nacieron de mecanismos no democráticos.

El país no tiene por qué repetir su pasado. Si lo que se quiere es concordar nuevas reglas del juego respetadas por todos como alternativa a la violencia para resolver los conflictos, el gobierno y el congreso deben actuar rápido. ¿Por qué no reformar la constitución para, mediante plebiscito o directamente habilitar una asamblea constituyente elegida en octubre de 2020 que redacte una nueva constitución que entre en vigencia junto con el próximo presidente en marzo de 2022? Es allí donde, por ejemplo, la propuesta de Andrés Allamand de establecer un régimen semi-presidencial debe ser discutida. Si se debate en el actual Congreso, con el derecho a veto de la derecha y el desprestigio generalizado de la actual representación política, la legitimidad de un eventual nuevo orden democrático partirá herida de muerte. La rebelión social estará siempre a la vuelta de la esquina porque la mayoría entiende que hoy el orden político protege las desigualdades injustas y los privilegios del poder. Es lo que se ha expresado en las calles desde el 18 de octubre.

Un nuevo pacto de la sociedad consigo misma, capaz de durar por varias generaciones, debiera definir que la soberanía reside en el pueblo, y que ésta se ejerce directamente mediante plebiscito y referendum o se delega en órganos de representación a través de procedimientos democráticos de elección, los que deben garantizar el principio de mayoría y de respeto de las minorías y su derecho a transformarse en mayoría. Debiera fijar las funciones y atribuciones del presidente, del gobierno, del parlamento y de los órganos de justicia y de control jurisdiccional de los actos administrativos, así como establecer el pacto territorial que vincula al Estado-nación con los territorios comunales y regionales y sus respectivas autonomías, junto al reconocimiento de los derechos propios de los pueblos originarios. El Tribunal Constitucional debiera remitirse a garantizar los derechos fundamentales y conformarse a partir de órganos emanados de la soberanía popular.

Así, la nueva Constitución debiera ser lo más simple y breve posible y consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”).

La nueva Constitución debiera consagrar las libertades civiles y políticas. Debiera establecer la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción. Debiera reconocer el derecho al trabajo, a la educación y a la atención de salud, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto incluye el derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general (con indemnizaciones justas en caso de limitación de ese derecho), junto a la creación de empresas públicas por ley simple y el derecho a la propiedad social y cooperativa. También debiera establecer el deber de contribuir equitativamente a las cargas públicas. La nueva Constitución debiera consagrar derechos culturales como la libertad de opinión, cátedra e investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas. Debiera consagrar el deber de contribuir al cuidado de la naturaleza y a la vida en el planeta y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto al carácter público del agua (cuyo acceso debe ser definido como un derecho humano), de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico. Estos derechos y deberes fundamentales debieran tener estabilidad en su vigencia mediante la ratificación de modificaciones posteriores por dos legislaturas sucesivas, pero sin reglas supra-mayoritarias de aprobación. Estas no deben existir (como fue el caso de la Constitución de 1925) pues anulan la soberanía popular.

La nueva Constitución debiera establecer un régimen semi-presidencial, una convocatoria a referéndums en la definición eventual de aspectos básicos de algunas políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales. La nueva Constitución debiera dejar a la ley, sin quórum supramayoritarios, la definición de las políticas económicas, sociales, ambientales y culturales (un detalle de algunos de estos aspectos se encuentra en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/14134.pdf), siempre en el marco del respeto y cautela de los derechos fundamentales.

Los escollos a evitar son, entonces, la pretensión, que la derecha debe definitivamente abandonar para ser parte de la legitimidad democrática, de mantener un poder de veto de minorías sobre las políticas públicas, cuya definición y ejecución deben tener el solo límite del respeto a los derechos fundamentales. En segundo lugar, se debe evitar la idea que la constitución sea la llamada a fijar las orientaciones o los mecanismos específicos de esas políticas, las que cabe definir a la ley y a la acción gubernamental y la de las administraciones territoriales autónomas en sus ámbitos respectivos de actuación y a través de autoridades electas democrática y periódicamente por los ciudadanos y ciudadanas.

El partido del orden tergiversa la historia

En El Mostrador

No soy de los que les gusta comentar a comentaristas. Pero en su columna de El Mercurio del 10 de noviembre, Carlos Peña vuelve a hacerse el adalid del partido del orden, cargando con virulencia inusitada contra los intelectuales que no querrían asumir como éxito propio la "modernización capitalista" que debieran aplaudir y que ahora unos vándalos están amenazando.

Y esto ocurre a pesar de que él le explica el supuesto éxito de la mentada modernización a estos intelectuales todos los domingos desde el medio emblemático de la derecha chilena.

Estos serían unos necios que no entienden que la "mejoría en el bienestar material de los chilenos ha sido resultado de las últimas décadas y, en especial, de los veinticuatro años de gobiernos de centroizquierda" bajo Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, "y sus abundantes ministros, embajadores, asesores" que "contribuyeron a ello".

Supongo que me encuentro entre los aludidos, pues soy doctor en economía, profesor titular de la Universidad de Santiago y autor de una decena de libros y muchos artículos, lo que infiero me daría credenciales de intelectual.

Fui además subsecretario en La Moneda de Aylwin y Lagos, dirigente y presidente de un partido de Gobierno y embajador del primer mandato de Bachelet.

Aquí viene la acusación: "Pero los mismos intelectuales que fungieron de funcionarios de esos gobiernos —y que no dijeron palabra mientras ayudaban a que lo que hoy llaman neoliberalismo se construyera— ahora descubren que todo eso, nada menos que dos décadas y media de gobiernos, fue un gigantesco error, un error moral que pareciera justificar las demasías de estos días".

En mi caso, por lo menos, es mentira aquello de "no dijeron palabra" y "ahora descubren". Escribí, por ejemplo, un texto en 1993 –hace 26 años– siendo subsecretario de Aylwin, y que a él no le gustó pero que entendía era parte de un debate legítimo, llamado La Transición Inconclusa, en el que afirmaba que no ha terminado la transición y recalcaba que no se había hecho una justicia necesaria en materia de violación de los Derechos Humanos.

Añadía que en "la próxima etapa política de la Concertación deberá mantener su voluntad de terminar con los senadores designados, con la actual composición del Consejo de Seguridad Nacional, con la actual forma de generación de la Corte Suprema, con el rol de la Justicia Militar, con la inamovilidad de los comandantes en jefe y con la legislación que expresa la no sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. Se deberá mantener la tesis de disminuir los quorum de reforma de la Constitución y de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales. También deberá mantenerse como compromiso programático y político concreto con nuestros socios de coalición avanzar en la creación de condiciones de reforma del sistema electoral para establecer uno de carácter proporcional y en el establecimiento de un régimen semipresidencial".

Concluía que es "universalmente aceptado que el mercado no puede producir bienes públicos ni corregir las desigualdades sociales, ni proteger el ambiente y que el Estado debe proveer infraestructuras y servicios y asegurarle ingresos mínimos a la población más pobre, interviniendo en los mercados de trabajo y de capital para redistribuir los ingresos y orientar el crecimiento. Chile debe seguir avanzando hacia una economía solidaria, en la que el mercado opere donde sea posible asignar descentralizada y eficientemente los recursos y el Estado donde sea necesario actuar solidariamente en beneficio del interés general".

Escribí un libro en 1999, hace 20 años, que abundaba en estas posturas y que llamé "Gobernar el Mercado" y en 2007 otro que llamé "Remodelar el Modelo" e innumerables artículos a lo largo del tiempo en el mismo sentido.

Al asumir como presidente del PS hace 15 años, en 2003, señalé: "Dice la UDI: Senado sin designados, porque ya sirvieron lo suficiente sus intereses, y con sistema binominal, para que todo esté siempre empatado. Una vez más para que no puedan gobernar las mayorías, sino que mantengan el poder de veto las minorías privilegiadas de Chile. ¡Como si la gente no se diera cuenta que a la derecha le interesa mantener ese poder de veto para defender los privilegios de los más ricos y que la sociedad no pueda decidir democráticamente de qué manera quiere vivir y solucionar sus problemas cotidianos!".

Y agregué: "Más allá de que es posible introducir mucha eficiencia en el desempeño del sector público, no cabe duda que deberá aumentar el gasto público en la próxima década hasta no menos de un tercio de la economía si no queremos sufrir brutalmente las consecuencias de la inestabilidad del mundo y mantener la impresionante desigualdad que permanece entre nosotros".

Ese gasto público sigue siendo hoy de solo 23% del PIB, en vez del 33% que los socialistas de entonces reclamábamos.

Pues bien, muchos seguimos pensando lo mismo que se expresó en el debate entre "autoflagelantes y autocomplacientes" hace décadas. Chile, a pesar de un leve progreso medición a medición, está en el rango de mayor desigualdad en la distribución de ingresos en el mundo, como otros países latinoamericanos, y su sistema de impuestos y transferencias no la disminuye, como es el caso de casi todos los países de la OCDE.

La pertinacia de la derecha en mantener un sistema político que no hace efectivo el principio de mayoría y que ha sido intervenido de manera corrupta por el poder económico ha terminado por deslegitimarlo por completo. Esto se explica por sus resultados en materia de extrema concentración de la riqueza, con un crecimiento que benefició mucho más a los privilegiados que a la mayoría social y una prosperidad plagada de inseguridades cotidianas y de falta de movilidad social para sectores medios tradicionales y emergentes, junto a la persistencia de un 20% que vive en la pobreza multidimensional (según los datos oficiales), es decir, en la precariedad y la exclusión.

Esos resultados, que muchos venimos previendo y criticando desde hace décadas, y que intentamos remodelar desde dentro sin éxito, tienen una consecuencia inequívoca: se requiere ahora de un nuevo pacto constitucional propiamente democrático que contenga un nuevo pacto social y de sostenibilidad ambiental.

Peña llama a que los intelectuales vean los hechos. Aquí va: el hecho básico es que Chile no ha logrado tener una democracia que deje de lado el veto de la minoría que representa el poder económico en el Parlamento y, por lo mismo, no ha podido aplicar políticas económicas de "crecimiento con equidad" como las postuladas en el programa de Gobierno de 1989 o las de "crecimiento con igualdad" del programa de 1999, en cuya redacción participé.

También lo hice en la gestión de Gobierno para llevar adelante esos programas. Desde La Moneda experimenté en vivo y en directo el bloqueo derechista y la connivencia neoliberal de una parte de la coalición gobernante. Esto no fue fruto de las opciones de una sociedad que hubiera adherido al neoliberalismo, lo que nunca ha ocurrido, sino de bloqueos institucionales ilegítimos, ante cuyos resultados nos encontramos primero con una abstención masiva en los procesos electorales que permitió dos victorias electorales de la derecha, junto a los errores de los que entonces nos dirigieron, y ahora con una rebelión social que cuestiona directamente la legitimidad del orden político y económico existente.

Si muchos se resignaron a los bloqueos institucionales que permitieron una continuidad híbrida del neoliberalismo (la lista es larga), algunos no lo hicimos, aunque quedamos en creciente minoría y con pocos espacios de expresión. Así y todo, somos objeto de estos ataques furibundos, cuya agresividad sorprende, habida cuenta de lo menguado de las filas de los aludidos.

Lo más irrespetuoso es la apelación de Peña a un supuesto deber de lealtad con el derecho a veto empresarial y de la derecha consagrados por la actual Constitución y suponer que reclamar una nueva es atribuirles "a esos violentos actos callejeros la dignidad de un reclamo constitucional". Esta afirmación es el grado cero de la honestidad intelectual y simplemente una bajeza.

También lo es la afirmación según la cual "a la hora de señalar caminos para resolver la crisis, en vez de subrayar la función de las instituciones y el valor de la democracia (que consiste en permitir la competencia pacífica en base a normas) sugieren (imaginándose, sin duda, como miembros de una constituyente) que la salida consiste en restarles lealtad a las reglas hoy existentes retrocediendo a un punto cero donde todo podría reescribirse".

Sí, eso creemos muchos desde siempre, los que luchamos por la democracia, incluyendo en las calles y las barricadas (mientras usted guardaba el silencio contra la peor dictadura de la historia de Chile): hay que reescribir de cero una Constitución que resguarda un orden oligárquico y no expresa la soberanía popular ni el principio de mayoría que son la esencia de la democracia, junto al respeto de las minorías y de los derechos fundamentales.

Eso lo habrán de hacer, por supuesto, personas distintas a los que participamos de la transición. Y la desobediencia civil de estos días es enteramente legítima, la que nada tiene que ver con los actos de destrucción de grupos pequeños e irracionales y del lumpen que hemos condenado todos desde el primer momento.

Carlos Peña se retrata al no haber sido capaz de decir una palabra de condena a la violencia policial, que ha incluido heridas a bala, graves golpizas y vejaciones sexuales, ni al hecho de que cientos de jóvenes estén perdiendo sus ojos fruto de esa represión.

En estos días, cada uno ha tenido la ocasión de demostrar dónde se sitúa. Algunos, en la defensa –incluyendo la violación descarnada de los Derechos Humanos– del orden que nos rige. Otros, en su impugnación y la defensa de la necesidad urgente de iniciar un proceso constituyente, junto a amplias medidas sociales antineoliberales, para salir de la crisis provocada por el Gobierno de Sebastián Piñera y las consecuencias de larga data de un modelo económico excluyente y desigual.

La tragedia de Chile ha sido que este modelo se ha logrado perpetuar gracias a un sistema político que no refleja la voluntad popular, a pesar de los esfuerzos de muchos desde 1990. Voluntad popular que hoy se encuentra en la calle, dado que las instituciones le negaron el derecho a prevalecer sobre el veto de una minoría que concentra y abusa, pese a quien le pese.

Cambio constitucional y medidas sociales urgentes para salir de la crisis

Cooperativa.cl

La acción política debe producir resultados para los sectores sociales que se quiere representar y los proyectos de sociedad que se quiere defender, antes que remitirse a emociones justificables pero con baja probabilidad de modificar el orden existente. Los que creemos en la acción política transformadora y de izquierda por cauces democráticos debemos realizar algunas distinciones.

Siempre en un primer nivel debe estar la defensa por principio y en toda circunstancia de los derechos humanos. Por eso perseguir la responsabilidad judicial en las violaciones de los derechos humanos de estos días es indispensable.

Y también se debe perseguir la responsabilidad política, en particular la de quien estaba a cargo del orden público, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Una acusación constitucional es el camino, tal como se anuncia.

En segundo lugar, debe estar la búsqueda permanente de la traducción pendiente de los derechos democráticos fundamentales en el plano constitucional. Esto solo puede provenir de una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución. Debe elegirse a la brevedad y plantearse como una exigencia irrenunciable al gobierno de derecha como factor crucial de la salida a la crisis social y política actual.

No asumirlo, como demuestra ser hasta aquí la actitud de un gobierno a la deriva que ha anunciado de manera fallida un paquete social menor y un cambio de gabinete irrelevante, es simplemente prolongar la crisis o bien preparar nuevos estallidos sociales.

En tercer lugar, está la defensa de los avances en las condiciones de vida de las mayorías y de los grupos sociales de menores ingresos en la sociedad eminentemente desigual en la que vivimos. El horizonte de la transformación hacia una sociedad equitativa y sostenible es nuestra razón de ser. Esto está sujeto a restricciones de mayorías políticas en el parlamento y de recursos presupuestarios.

La clave de la acción política transformadora es buscar siempre crear las condiciones para que los avances se produzcan, incluso cuando se está en la oposición, apoyando la movilización social y articulando mayorías parlamentarias, una y otra vez, aunque se fracase coyunturalmente.

En este caso, se debe plantear un aumento sustancial de la pensión básica solidaria, llevándola a 200 mil pesos de inmediato, un ingreso mínimo de 500 mil pesos en un año y avanzar en cinco años a las 40 horas, junto a fijar precios de los medicamentos, fortalecer los presupuestos de la salud primaria y de los hospitales públicos y disminuir las tarifas del agua potable, electricidad y transporte, fijando rentabilidades máximas de 5% para todo operador de servicios básicos. Este es un terreno en el que las soluciones planteadas, que tienen un costo, tienen que ser justas y sostenibles. Por ello, es indispensable que la mayoría opositora obligue al gobierno a renunciar a mantener privatizada la seguridad social, a retirar la reintegración tributaria a los más ricos por 800 millones de dólares, a establecer una tasa de 50% en el impuesto global complementario (como existió en Chile hasta 1993) a los ingresos sobre 10 millones de pesos mensuales y avanzar a un impuesto al patrimonio sobre las personas que pertenezcan al 1% de mayor riqueza.

Lo que está en juego es empezar a revertir la gigantesca concentración del ingreso acumulada en Chile en las últimas décadas. Además se debe recuperar el control nacional sobre la renta de los recursos naturales, expandiendo el sector público cuprífero y creando una empresa nacional del litio, además de aumentar sustancialmente las regalías mineras.

En cuarto lugar, están las aspiraciones legítimas pero que tienen o bien una baja probabilidad de avanzar o una racionalidad discutible. Esto siempre es un tema de apreciación y por tanto eminentemente debatible para todo actor político y social.

La emocionalidad debe ser parte de los procesos de deliberación de este tipo, pero a la larga no debe ponerse en el centro de la acción política.

A todos nos gustaría que la derecha dejara el poder mañana en la mañana, pero eso solo sería posible con una insurrección que tendría un costo altísimo en vidas humanas, con una muy baja probabilidad de éxito y con la instauración de quizás qué régimen político, o bien con una acusación constitucional que requiere dos tercios del Senado, lo que hoy no existe.

Lo mismo puede decirse de una reforma constitucional para la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas, que tampoco contaría con las mayorías suficientes.

La exigencia de avanzar a un calendario concreto de elaboración de una nueva Constitución y tomar medidas sociales de envergadura en lo inmediato es lo que parece debiera mantenerse en el centro de la acción política de estos días.

La desobediencia civil es necesaria

En El Mostrador

Si se define la desobediencia civil como el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento, entonces es hoy indispensable practicarla en la situación chilena actual frente al Estado de emergencia que cercena nuestras libertades y da cobertura a una represión ilegal inaceptable.

Todo el problema político y social que asola a nuestro país es fruto de las secuelas de la dictadura y de la recuperación inconclusa de una democracia en forma en los años posteriores. Las clases privilegiadas lograron mantener hasta hoy su diseño de un sistema institucional destinado a que no se exprese la soberanía popular ni el principio de mayoría en las decisiones públicas. Se terminó consagrando en Chile el poder de veto sobre la sociedad de las minorías económicamente privilegiadas que retomaron el poder a través de un golpe de Estado en 1973. Solo se vieron obligadas a entregar el poder en 1990 por la desobediencia civil y social creciente expresada en las protestas y por el desborde exitoso logrado por las fuerzas democráticas en el plebiscito de 1988. Los militares poco a poco decidieron no seguir acompañando irrestrictamente a las clases privilegiadas en la mantención de sus intereses al observar que su rol de defensa nacional podía estar en riesgo en algún momento del futuro próximo. Pero a larga, hasta aquí, ha sido derrotado el intento de consagración de la democracia plena que estuvo en la base del acuerdo político inicial de las fuerzas que gobernaron desde 1990. El problema se remonta a que Jarpa y Allamand no respetaron sus compromisos con Patricio Aylwin en 1989 sobre realizar, una vez elegido el primer parlamento, las reformas políticas que restablecieran el principio de mayoría (esto está ampliamente documentado, por ejemplo en el libro de Carlos Andrade Geywitz, disponible en memoriachilena.gob.cl), argumento a partir del cual el entonces presidente del PDC convenció al resto de fuerzas de la Concertación de aceptar el pacto de transición inicial (que dicho sea de paso es totalmente público) para dar lugar a la elección de 1989. 

La democracia terminó por no funcionar, aunque se lograron avances importantes en crecimiento, en derechos humanos, en terminar con los senadores designados y, más recientemente, con el sistema binominal. Pero ahí sigue el éxito de la derecha y la debilidad del centro y la izquierda institucional en la mantención de los quorum supramayoritarios de formación de la ley y de reforma a la constitución y un tribunal constitucional militantemente contrario a la voluntad popular en todo lo que aumente derechos sociales o el rol del Estado en la economía. Los mea culpa no deben impedir recalcar una realidad básica: es la conducta sistemáticamente antidemocrática de la derecha la que terminó finalmente desacreditando a los representantes políticos en su conjunto a los ojos de la mayoría social, que acumuló frustraciones y la percepción de que un acuerdo de élites dominaba el país sin que el pueblo tuviera nada que decir. Hoy la derecha está pagando las consecuencias de su conducta pertinaz, aunque demuestra escasa capacidad de asumir esta realidad. 

La estructura institucional que anuló la soberanía popular y el principio de mayoría es la que ha permitido que se impida la puesta en práctica de políticas que muy probablemente son mayoritarias en la sociedad. Parte del problema es que justamente no sabemos exactamente si lo son o no porque la arquitectura de decisiones públicas prevaleciente no permite averiguarlo, provocan una mayor irritación pou¡pular, si cabe, frente a la falta de resolución democrática de sus demandas. Así, las clases privilegiadas han impedido el control público de los recursos naturales y de las rentas que generan, la negociación colectiva efectiva de las condiciones de trabajo en las empresas, terminar con el sistema de salud dual para ricos y pobres, terminar con las barreras a la igualdad de oportunidades en la educación o con un sistema de jubilaciones con altísimas utilidades de los operadores privados y con pensionados quebrados. Los poderes monopólicos se adueñaron de la economía y han consagrado una gigantesca concentración de la riqueza y los ingresos. 

Soy de los que propició, y volvería a hacerlo, la desobediencia civil y una salida pactada a la dictadura, lo que requería compromisos necesariamente muy debatibles en 1989. Para muchos de nosotros se trataba de una etapa eminentemente transitoria, que debía evolucionar a la brevedad hacia la democracia plena y el establecimiento de un Estado democrático y social de derecho al servicio de las mayorías populares. 

Muchos apostamos a lo largo del tiempo a lograr un desborde democrático progresivo frente a este bloqueo institucional planteado por la derecha y su soporte, el gran empresariado, mediante las sucesivas elecciones de autoridades validadas por el voto ciudadano. Pero la falta de resultados económico-sociales generó el desgaste ante una ciudadanía que decidió abstenerse crecientemente desde 1997 de participar en las elecciones. Y provocó el alejamiento de muchos al observar que la Concertación no parecía ya comprometida con los cambios que prometió en sus luchas de 1988 y su programa de 1989. Al cabo de 20 años, afloraron además los acomodos frente al poder, diversas corrupciones y corruptelas, la aceptación del financiamiento de las campañas por el gran empresariado y su resultado principal, la captura del poder de representación por el poder económico. Además, se produjo un giro hacia el neoliberalismo de muchos actores políticos y tecnocráticos que se proclamaban progresistas o socialdemócratas. En realidad dejaron de serlo hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fueron, lo que se expresa en que no aceptan ninguna de las posiciones básicas de esa corriente (impuestos redistributivos altos, sindicatos fuertes, servicios públicos extendidos, regulación de la economía, promoción pública de la innovación). La creciente inconsistencia de las fuerzas que lucharon contra la dictadura llevó a su derrota en 2009 y a un primer gobierno de la derecha política y empresarial, que ya tuvo que experimentar un primer gran estallido social en 2011. 

La coalición de centro e izquierda se amplió al PC en 2013, pero el conservadurismo democratacristiano y los ministros económicos neoliberales se dedicaron con gran entusiasmo y éxito a boicotear el programa de Bachelet II, incluyendo los cambios constitucionales y sociales, lo que terminó en la descomposición e ilegitimación final de las fuerzas que gobernaron desde 1990. El nuevo gobierno de la derecha partió relativamente bien, pero sin mayoría parlamentaria y con solo un 27% del voto de los ciudadanos, lo que simplemente nunca entendió. Su voluntad contrareformista, y la pretensión de rebajar los impuestos a los más ricos y consagrar la privatización de la seguridad social, terminó en la actual explosión social. 

El gobierno decidió reprimir a la sociedad -más que a la delincuencia- con un estado de emergencia, militares en las calles, toques de queda y balas por doquier. No cabe la violencia ni la destrucción, que solo legitiman la regresión represiva, pero si la desobediencia civil ante las restricciones a las libertades y la represión ilegal, hasta que las primeras se restablezcan y las segundas cesen. Yo personalmente asisto como ciudadano común y corriente a manifestaciones a las que según la ley no debiera concurrir porque no están autorizadas. Y lo seguiré haciendo al margen de la “norma de la que se tiene obligación de cumplimiento” por fidelidad a los principios democráticos y en homenaje a las y los que han dejado su vida en su defensa. 

La gran tarea es terminar con la fractura social

En La Tercera Digital

El gobierno oscila entre la convicción presidencial de que está “en guerra contra un enemigo poderoso” que quiere desestabilizarlo y la necesidad de tomar iniciativas como las anunciadas el 22 de octubre, que tienen al menos el mérito de volver el debate al parlamento y atender en el margen algunas necesidades sociales, aunque sea poco y tarde. Esta opción es ciertamente mejor que la de la deriva autoritaria en la que se ha embarcado el gobierno desde el viernes 18 de octubre.

Más allá de aumentar a algo más de 130 mil pesos las pensiones solidarias y otras medidas menores de alivio, cabe hacer objeciones a la lógica de la respuesta gubernamental. Establecer un ingreso laboral básico subsidiado algo superior al salario mínimo no hará sino presionar a la baja los salarios en las empresas para hacer recaer la mayor proporción posible en el Estado. Mucho más sentido tiene un aumento sustancial de la asignación familiar, por ejemplo, a 25 mil pesos por carga. Por otro lado, no se retira la reintegración tributaria que rebaja los impuestos a los más ricos en 800 millones de dólares -aunque se establece un nuevo tramo de impuesto personal de 40% sobre 8 millones de pesos de ingresos mensuales, pero que rendirá solo 160 millones de dólares- ni la reforma previsional que mantiene a las AFP lucrando indebidamente con las pensiones. Se fortalece en algo los seguros de salud para enfermedades catastróficas, pero no se avanza a un fondo integrado que proteja de manera suficiente y universal a las personas frente a la enfermedad ni mecanismos ciertos de rebaja de los precios de los medicamentos. Nada se dice sobre la concentración económica y sobre los abusos en los servicios básicos, salvo retrotraer las recientes alzas de tarifas de transporte y electricidad. Ni sobre la inseguridad económica generalizada.

Sebastián Piñera persiste, además, en el craso error de mantener a los militares en la calle y el toque de queda en la mayor parte del país, lo que solo genera más violencias y alarma social. El control del lumpen ha fracasado sacando militares a la calle e instaurando el toque de queda, que obliga a un despliegue general de inmensos recursos humanos, en vez de focalizarlos en los actos de violencia. Para no hablar de la ausencia de toda referencia a la cuestión medular: un nuevo orden político que emane del pronunciamiento democrático y que consagre derechos fundamentales negados desde la dictadura a las chilenas y chilenos, y es especial el derecho a determinar su modelo de convivencia y el orden económico-social de su preferencia.

La fractura social chilena va a permanecer mientras el sistema político no se aboque a “terminar con el Estado subsidiario y establecer en plazos breves un Estado inversor, activo frente a los riesgos y solidario para disminuir las brechas sociales y territoriales que fracturan a Chile”, como escribí por ejemplo en 2016, para los que creen que estos temas no se vienen debatiendo desde hace mucho tiempo. Soy de los que opina públicamente desde los años 1980 que la fractura social chilena se debe a la instauración por la fuerza, como en casi ninguna otra parte del mundo, de una sociedad de mercado sin límites.

He escrito una y otra vez que, siguiendo el pensamiento igualitario, todo mercado, aunque sea irreemplazable para asignar recursos descentralizadamente en diversas esferas, es un sistema depredador en tanto está basado en la codicia de los participantes y en el temor (los demás son una amenaza al propio éxito). La paradoja del mercado “reside en que 1) recluta motivaciones bajas para 2) fines deseables; pero 3) también produce efectos no deseados, incluida una significativa e injusta desigualdad” (Gerald A. Cohen). La economía de mercado desregulada y su creciente financiarización es la fuente del capitalismo en tanto sistema en el que el que trabaja es desposeído de los medios para producir y de los frutos de su producción, sistema concentrador por definición y que constituye la base de la desigualdad moderna, como han demostrado los trabajos de Thomas Piketty. Y además es la fuente de la creciente destrucción ecológica del planeta.

Para superar la desigualdad y la insostenibilidad económica, que en el caso de Chile ha alcanzado ribetes paroxísticos, se debe transformar la sociedad y concebirla como el predominio de una red de provisión mutua basada en la reciprocidad en tanto “principio antimercado según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”. Reciprocidad que debe hacerse predominante (Serge Ch. Kolm) y acompañarse de la provisión estatal de bienes de consumo colectivo (Joseph E. Stglitz) y asegurar la preservasión de los bienes comunes (Guy Standing). Las empresas con fines de lucro pueden ser un motor económico parcial en tanto estén social y ecológicamente reguladas, mientras las empresas “mixtas”, que incluyen motivos de servicio a la sociedad y de bienestar de sus trabajadores y no solo el rendimiento accionario, están llamadas a expandirse junto a la economía social y solidaria y la provisión pública para alcanzar un bienestar crecientemente equitativo y sostenible.

El funcionamiento social de reciprocidad existe cotidianamente en muchas esferas, empezando por la familiar y del cuidado. Y se ha expresado en estos días en toda la solidaridad de los unos con los otros frente a la carencia de transporte y de abastecimientos o la vigilancia compartida frente al lumpen. No es una utopía, es el futuro necesario. La economía de mercado debe regularse de modo sistemático y restringirse a lo estrictamente necesario. La fractura social chilena no podrá ir cerrándose si el mercado no sale al menos y a la brevedad de la educación, la salud, las pensiones, el transporte público, los equipamientos colectivos y el acceso al empleo, a ingresos básicos y a financiamiento de actividades económicas de interés general. Ahí está el futuro y no en un neoliberalismo universalmente fracasado.

La lógica del mercado y su tendencia al monopolio y el predominio del afán de lucro hoy siguen prevaleciendo en nuestra sociedad porque el poder del dinero logró controlar el sistema político, aunque muchos nos resistimos sin éxito por dentro y por fuera de las estructuras de poder. Contra él en definitiva se rebeló el pueblo chileno en estos días. Estamos frente a una rebelión social y no frente a un “deseo de destrucción completa del orden social” (Kaiser), una “conmoción pulsional generacional” con “humo, ruido, furia” (Peña) o “un malestar adolescente tremendo, furibundo” que produce “un fenómeno destructivo, que los grupos políticos organizados canalizan en favor de sus propias convicciones” (Capponi) y otras banalidades que no quieren asumir el profundo conflicto de intereses presente en la sociedad chilena. Estos seudo intelectuales se remiten a una visión reaccionaria a lo Hobbes del orden social y a recomendar más represión. Si de simplificar se trata, quedémonos con Pierre Bourdieu y su énfasis en la importancia de la lucha y el conflicto en el funcionamiento de la sociedad, dados sus procesos de diferenciación en campos en los que se expresan jerarquías y oposiciones entre agentes dominantes y dominados.

Ahora que los dominados han entrado en rebelión contra los dominantes en Chile, el desafío colectivo de los primeros es dejar atrás la anomia que se traduce en inconsistencias como sustraerse de la participación política o en destrucciones y encauzar su lucha por derechos a través de los instrumentos de la movilización democrática persistente y plural. Y obtener una rearticulación de los agentes políticos dispuestos a representar los intereses de los dominados y dominadas que aspiran a superar las estructuras de desigualdad y el orden político y constitucional que las sostienen para mejorar sus condiciones de vida y su reconocimiento en el funcionamiento de la sociedad.