Posteos sobre el acuerdo constitucional

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¿Por qué inmiscuirse en el debate constitucional sin ser abogado ni constitucionalista? Cabe hacerlo en tanto ciudadano, lo que basta y sobra para estos efectos. Me remito, además, a la experiencia de haber participado en una reforma constitucional, en este caso la de 1991 sobre la organización territorial de los poderes del Estado.

Ya entonces, al preguntar a unos y otros expertos constitucionalistas sobre cómo abordar el tema, expresaban opiniones muy distintas sobre como avanzar. Pero había que hacerlo con un objetivo político irrenunciable: seguir avanzando para obtener a la brevedad la democratización de los municipios y la creación de los gobiernos regionales.

No quedó sino concluir rápidamente que no hay tal cosa como una "ciencia constitucional" sino "opciones de política alternativas según visiones y, en su caso, intereses". En materias públicas existen distintos criterios que expresan esas visiones e intereses, los que pueden ser construidos y expresados con mayor o menor lógica. Y la experiencia indica que ojalá lo sean con las mayores dosis posibles para evitar los callejones sin salida propios de las improvisaciones. Ese proceso avanzó, después de varios fracasos en reunir los votos necesarios, a través del acuerdo con las fuerzas políticas representadas en el parlamento -y en diálogo con múltiples expresiones de la sociedad civil- sobre un conjunto de normas institucionales y las diversas funciones y atribuciones de los poderes territoriales y las reglas básicas de asignación de recursos para comunas y regiones.

La mayoría de estas normas, sorprendentemente, prevalece hasta hoy. Han sido modificadas en diversos aspectos, pero mucho menos de lo que debían serlo a medida que avanzara el proceso político democrático. De ahí la convicción de que la actual discusión es tan importante, porque se hace solo cada ciertos años cuando se crean ciertas condiciones particulares.

El lunes 18 de noviembre 262 académicos de derecho y ciencia política firmaron una carta donde celebran el acuerdo del 15 de noviembre para una nueva Constitución y refutan los argumentos de los que consideran que el acuerdo tienen visos de ser un callejón sin salida y adolece de una ausencia notoria de interacción con el movimiento social. Cabe hacer un par de comentarios sobre esta declaración. La determinación de las políticas en una sociedad corresponde a la esfera social e institucional pública y a ninguna otra, y menos a una supuesta sapiencia de expertos. Los expertos están para diagnosticar y para ofrecer opciones más o menos coherentes e identificar los costos y beneficios de las distintas visiones, no para sustituirse a la deliberación y decisión democráticas. Los expertos no tienen un mandato, cumplen una función en la que no deben confundir análisis y juicios de valor propios, aunque sea difícil. Afirman los 262: "el quórum de 2/3 acordado busca que la nueva Constitución sea el producto de grandes acuerdos. En la Constitución de 1980 el quórum de 2/3 otorga un poder de veto al sector político que la redactó impidiendo que las mayorías democráticas la reformen. En contraste, en la constituyente el quórum de 2/3 hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías porque se parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular". Ocurre que esa afirmación es muy discutible, porque los 2/3 le dan ventaja al que no quiere proceso constituyente.

Esta mecánica de toma de decisiones puede llevar a un callejón sin salida y no a la indispensable nueva Constitución por primera vez emanada del pueblo, que es la aspiración primordial de los que no aceptan la legitimidad de la constitución del 80, incluso reformada por partes y de manera importante en 2005 (aunque se reconozca su vigencia práctica).

Para Enrique Navarro, un constitucionalista de derecha (porque los hay para todos los gustos), los 2/3 de aprobación es "alto" pero necesario "para que en definitiva entre todos consensuemos un texto", pues en caso de no llegarse a un acuerdo respecto a la nueva Carta Magna, "sigue rigiendo la actual Constitución". Consultado sobre la carta enviada por los profesores, manifestó no estar de acuerdo, ya que "en el fondo esto se va a aprobar en definitiva como un todo". Si no lo es, no hay nueva Constitución.

Esta opinión tiene una traducción política, a través de Andrés Allamand, influyente senador de derecha, con su brutalidad/franqueza acostumbrada: "si un tercio quiere que una determinada materia no aparezca en la constitución, el tercio opuesto puede forzar a que se incluya, ya que de lo contrario no presta su aprobación al resto del proyecto. Así, si dos tercios opuestos se bloquean recíprocamente, el resultado es que la convención fracasa". Y señala que "nunca fue la idea" que las normas constitucionales sin cuórum (se escribe con c y no con q según la RAE) de 2/3 quedaran fuera del texto y se tramitaran luego como leyes. Ena von Baer abundó en que “si un grupo radical se niega a incorporar una institución fundamental, es probable que no exista nueva Constitución, pues no se alcanzará el consenso necesario de 2/3”. JVR apoyó la tesis de Allamand.

Así va a operar el bloqueo de la derecha. En especial en materia de cuórum de leyes orgánicas y de reforma constitucional futura, y en especial en materia de mantención de un Tribunal Constitucional con capacidad de actuar contra las decisiones mayoritarias más allá de os derechos fundamentales. Y entonces los "moderados" van a aceptar lo que le interesa a los que están por mantener la sociedad de privilegios, con el argumento de "no hacer fracasar la nueva constitución" y en nombre del "realismo político". Se habrá avanzado poco, luego de tantos sacrificios. Ese es el problema con el acuerdo firmado.

Ahora Gabriel Boric dice que no es lo que firmó y que si es así hasta ahí no más llega. Y Fernando Atria señala que "estas declaraciones deben ser tomadas en cuenta. Y lo que hay que decir es claro: si ellos tienen razón, el acuerdo es un tongo". Plop. ¿No era que aprobaban y apoyaban todo, incluyendo el bloqueo mutuo de la "página en blanco" que evidentemente puede terminar en el colapso del proceso constituyente? Uno de los firmantes del apoyo al acuerdo, Diego Pardow, declaró que hay que hacer como en Sudáfrica, es decir plebiscitar los desacuerdos para desbloquear el proceso. Excelente idea. El problema es que no está en el acuerdo.

Ojalá entonces todos los que ahora empiezan a ver las consecuencias de lo que firmaron o apoyaron hagan lo que tienen que hacer: respaldar la urgencia de reformular el acuerdo para al menos reemplazar los 2/3 por un cuórum inferior o bien plebiscitar los desacuerdos en los temas fundamentales, junto a consagrar la paridad de género, la cuota indígena y las agrupaciones de independientes en los convencionales/constituyentes, así como el voto obligatorio a partir de los 16 años. Y que su número sea muy superior al actual Congreso para permitir la expresión de las distintas voces de la sociedad chilena. De otro modo, la radical separación entre el sistema político y la mayoría social va a permanecer y con ella la fractura de la sociedad chilena entre los privilegiados que concentran la riqueza y el poder y el resto.

Cuesta entender por qué la ex Concertación y la mayoría del Frente Amplio firmaron el "acuerdo de madrugada", que dicho sea de paso no es la mejor hora para acuerdos de esta trascendencia. Pero ahora se trata de que el proceso constituyente no termine siendo una parodia de la derecha con el fin último de mantener su poder de veto sobre el funcionamiento de las instituciones y obtener retrocesos en materia de derechos humanos, subordinación del poder militar a la autoridad civil y propiedad sobre los recursos naturales.

En todo caso, el acuerdo dio un respiro a Piñera y su empeño en conservar el modelo y las políticas neoliberales en contra de la expresión de la mayoría que se ha rebelado contra el orden político, económico y social existente desde el 18 de octubre.

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Según La Tercera digital (20/11), para el diputado Gabriel Boric “el quórum de 2/3 es para aprobar el articulado en particular sobre una hoja en blanco, y eso genera un incentivo a llegar a consenso sobre las instituciones fundamentales de un ordenamiento democrático, como el respeto a los derechos humanos, el funcionamiento de los Tribunales de justicia y otros órganos del Estado, la existencia de un Banco Central o el Régimen político. Pero todo lo que no sea consenso pasa a ser materia de legislación ordinaria con los quórums que defina la misma convención”.

Entonces el tema ya no es que si en la convención no hay acuerdo sobre algo, el tema pasaría a la legislación ordinaria con cuórum simple, como se había dicho por los que firmaron y apoyaron el acuerdo desde la izquierda. Se nos señala ahora que los desacuerdos irán a la ley con los cuórum que se acuerden por los 2/3 de la Convención. Por lo demás, es lo que dice la letra del acuerdo.

La pregunta ahora es: ¿la derecha va a permitir el cuórum simple para la legislación ordinaria? No hay indicios de que algo así vaya a ocurrir. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo sobre el cuórum de las leyes ordinarias? ¿Se bloquea todo? Al parecer, así será, y nos quedamos con la constitución actual. Algunos amigos parlamentarios y/o jurisconsultos dicen que eso no puede ser así, etc. Tal vez en los libros de texto o en alguna conversación de buena crianza. No en la ruda política, y menos negociando con Coloma, que viene inventando binominales y cuórum no mayoritarios desde que integraba el Consejo de Estado de Pinochet. El pensamiento mágico parece estar inundando el escenario político opositor.

Lo que va quedando más claro es que el acuerdo no incluyó que será la legislación ordinaria con mayoría simple la que resolverá los vetos mutuos, de lo que nos habían hablado a los escépticos en caso de falta de mayoría con cuórum de 2/3.

Todo esto se parece mucho a un callejón sin salida para el proceso constituyente. Hay que enmendar a la brevedad el acuerdo alcanzando por los actores políticos mayoritarios (en términos como los descritos en el posteo anterior), lo que debiera ocurrir en la tramitación de la ley de plebiscito en el Congreso. No hay que perder la esperanza de lograr un acuerdo sólido y duradero, a la altura de la rebelión social que estamos viviendo y del futuro del país.