Diciembre
1993
A pocos meses de finalizar el período constitucional
del actual gobierno, puede afirmarse que, a pesar de los éxitos en la normalización
del clima democrático, en la vigencia de un estado de derecho, en el crecimiento económico, en la
expansión del gasto social, en algunas reformas laborales, en la democratización
y descentralización de la administración territorial, en la reinserción internacional,
no ha terminado la transición: no vivimos aún en un régimen plenamente
democrático.
Los episodios de resistencia del ejército a
subordinarse a la autoridad civil, el bloqueo parlamentario en el senado para
terminar con los enclaves autoritarios, las dificultades para ejercer justicia
en materia de violaciones a los derechos humanos, la persistencia de episodios
de censura cultural, así lo demuestran.
Estos factores hacen indispensable una reflexión sobre
los desafíos para el próximo período de la concertación y su futuro como
coalición del centro y la izquierda democrática, y para el socialismo, en particular, como fuerza del cambio y la
justicia social.
1.
EL PROBLEMA DE LA AMNISTIA
No es posible
aceptar la idea de una amnistía general. No ha existido expresión alguna de reconocimiento
-siquiera política o moral- de los personeros del régimen de Pinochet de su responsabilidad
en el rompimiento de la legalidad democrática, en la mantención de una
dictadura de 17 años y en la violación múltiple y grave de derechos de las
personas. Por ese sólo hecho resulta impensable apoyar una expresión legal de
extinción de responsabilidad.
Aunque muchas de
las víctimas sobrevivientes experimenten eventualmente sentimientos
individuales de perdón, legítimos, lo que la sociedad no puede perder de vista
es que las víctimas lo fueron en su condición de militantes de la izquierda o
de la oposición y en manos de una represión organizada, calculada,
institucional y estatal. Es esta la gravedad histórica del problema.
La tesis de la
guerra es insostenible, pues los agentes del Estado actuaron frente a personas
con frecuencia simplemente inermes o con medios de resistencia irrisorios, sin
respetar por lo demás las leyes de la guerra en materia de tratamiento de los prisioneros.
Lo que existió fue un operativo de exterminio de seres humanos por razones
ideológicas, con una amplia gama de métodos crueles, lo que el derecho internacional
de la postguerra caracteriza como "crímenes contra la humanidad". Que
una sociedad admita para sí misma que esos hechos no deben tener una sanción
social, en nombre de una reconciliación que muchos conciben como la política
del avestruz, puede tener a la larga los peores efectos para la convivencia y
la paz civil, incluyendo la prolongación de una acción terrorista de ultra
izquierda que quisiera ver en una renuncia moral semejante una fuente de
legitimidad. Paz o justicia es en este sentido un falso dilema.
Otra cosa es
enfrentar situaciones de hecho del mejor modo posible. No existen las mayorías institucionales
que permitan derogar la amnistía de 1978 y por tanto el objetivo a lograr es
avanzar todo lo que se pueda en las investigaciones y obtener la responsabilización
de quien corresponda en el caso de los desaparecidos. Mientras tanto, debemos
seguir sosteniendo la existencia de un delito que permanece. A su vez, el caso
Letelier, excluido de la mencionada amnistía, puede ser aquel que haga efectiva
la responsabilidad criminal del aparato de la DINA y tener un valor más allá de
su mérito específico, al poner en evidencia todo un sistema de represión. En relación
a lo posterior a 1978, los juicios deben culminar en las sanciones correspondientes previstas por las leyes.
El desnudo
lenguaje de la fuerza –ilegítimo ciertamente- puede obtener tales o cuales
resultados. Lo que no debe poder obtener jamás es la anuencia de los
socialistas para toda operación de reivindicación de un golpe de estado y una
obsesión represiva de 17 años que sólo pueden ser calificados de régimen inútil
y como el más violento de la historia nacional por las .actuales y las futuras
generaciones. Del mismo modo los socialistas, a 20 años de septiembre de 1973,
con serenidad reiteraremos el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad
en la situación que permitió la crisis de la democracia. La historia recogerá
los errores de quienes no defendimos suficientemente la convivencia democrática,
no creímos a priori en que ésta iba a sobrevivir a la tentación golpista de la
derecha frente a nuestro proyecto de cambio e incluso enunciamos la tesis de la
inevitabilidad de la lucha armada en ese contexto, errores que pagamos
duramente y que somos los primeros en reconocer, pues la defensa de la democracia
debe hacerse siempre con los medios de la democracia. Pero la historia recogerá
sobre todo los horrores de quienes sepultaron nuestras tradiciones constitucionales
y que sólo dejaron el poder una vez que pudieron ser derrotados.
2. LAS REFORMAS POLITICAS
La próxima etapa
política de la concertación deberá mantener su voluntad de terminar con los senadores
designados, con la actual composición del consejo de seguridad nacional, con la
actual forma de generación de la corte suprema, con el rol de la justicia
militar, con la inamovilidad de los comandantes en jefe y con la legislación
que expresa la no sujeción de las FFAA al poder civil. Se deberá mantener la
tesis de disminuir los quorum de reforma de la constitución y de aprobación de
las leyes orgánicas constitucionales.
También deberá
mantenerse como compromiso programático y político concreto con nuestros socios
de coalición avanzar en la creación de condiciones de reforma del sistema
electoral para establecer uno de carácter proporcional y en el establecimiento
de un régimen semipresidencial. En
efecto, a medida que ha ido pasando el tiempo se hace más obvio el interés para
todo partido mayoritario de mantener el sistema actual, al sobrerepresentarlo en
el parlamento y al permitirle ponerse en situación inmejorable para obtener el
apoyo de la coalición a su propio candidato presidencial, el que, a su vez, más
allá de la buena voluntad de las partes, refuerza mecánicamente a los candidatos
del partido mayoritario. La mantención del compromiso de cambio del sistema
electoral debe ser una condición sine qua
non de la proyección de la coalición o en su defecto debe concordarse preparar
un sistema de varios candidatos presidenciales y una lista parlamentaria en los
eventos electorales posteriores a 1993.
Con fuerza
semejante debe plantearse el establecimiento de la responsabilidad de un jefe
de gobierno distinto del presidente frente al parlamento, encargado de llevar a
cabo un programa que cuente con mayoría en la cámara. Debe el presidente en un esquema
semipresidencial ejercer el mando en el carácter de jefe del estado, que tenga
potestades compartidas con el jefe de gobierno en materia de reformas
institucionales, de defensa nacional y de relaciones exteriores y que tenga la
facultad de disolver el parlamento. De este modo será posible lograr un sistema
más flexible y con más equilibrios institucionales que faciliten la tarea
gubernamental y la proyección de la actual coalición.
3. LOS CONTENIDOS DE LA POLITICA ECONOMICA y SOCIAL
Junto a la tarea
de culminar la redemocratización, no es posible soslayar que los socialistas
aspiramos a establecer una sociedad en la que prevalezcan niveles de justicia
social ampliamente superiores a los ya logrados. Chile debe consolidar una
economía solidaria, que combine un rol para el mercado y un rol para el Estado.
El mercado, con las debidas regulaciones antimonopólicas y protectoras del medioambiente
y de los derechos del consumidor, debe tener un rol activo en la producción de
bienes y servicios y ayudar a obtener una asignación eficiente y
descentralizada de los recursos con adecuadas señales a los productores y los
consumidores.
Es
universalmente aceptado que el mercado, sin embargo. no puede producir bienes
públicos ni corregir las desigualdades sociales, ni proteger el ambiente y que
el Estado debe proveer infraestructuras y servicios y asegurarle ingresos mínimos
a la población más pobre, interviniendo en los mercados de trabajo y de capital
para redistribuir los ingresos y orientar el crecimiento.
Chile debe
seguir avanzando hacia una economía solidaria, en la que el mercado opere donde
sea posible asignar descentralizada y eficientemente los recursos y el Estado
donde sea necesario actuar solidariamente en beneficio del interés general.
Hechas estas definiciones,
es necesario clarificar con nuestros socios de coalición dos afirmaciones
cuestionables: "el gasto público no debe crecer como proporción del PIB"
y "se debe privatizar todo lo privatizable". Respecto al tema de las
privatizaciones, las 26 empresas públicas existentes son de las menos numerosas
del mundo, con lo cual insistir en su privatización es rayano en la majadería,
máxime cuando se ha seguido en diversos casos políticas de asociación con los
privados que les dan flexiblidad y capacidades de adaptación. El gran tema en
el fondo es Codelco, empresa que debe modernizarse aceleradamente so pena de
transformarse en un lastre pero que debe seguir siendo pública por ubicarse en
una actividad en la que no sólo existen utilidades empresariales sino también
rentas de un recurso natural que pertenecen a la colectividad y se expresan en
un sustancial aporte al presupuesto fiscal, sin considerar que por su tamaño es
una empresa que produce efectos externos de tal magnitud en la economía que su
control público es recomendable.
Por su parte, el
gasto público en Chile representa un 24% del PIB, cifra inferior a la de 1984 y
muy inferior a la de los países con políticas de protección social. Cabe
considerar que el gasto promedio de la CEE sólo en protección social es de 23%
del PIB (15% en EEUU y 12% en Japón), por lo demás con un ingreso por habitante
5 a 8 veces superior al chileno. Parece más sensato proponerse metas realistas
de crecimiento de la asistencia social y de la ayuda a la inserción (solventadas
por el presupuesto) y del gasto en seguridad social (solventado por cotizaciones
obligatorias) según cada coyuntura, antes que normas abstractas que en
cualquier caso condenarían al país a no alcanzar jamás criterios mínimos de equidad.
Volveríamos así al "crecimiento con chorreo" de triste recuerdo y nos
apartaríamos de la política de crecimiento con equidad.
Se ha logrado un
crecimiento del gasto social de 30% en 4 años, en un contexto de crecimiento de
la inversión pública de 38% y del PIB de 27%: ¿la vocación social de la
concertación debe quedar en esos límites? La distribución del ingreso ha permanecido
con pocas alteraciones. Una cosa es que seamos definidos partidarios de la
disciplina fiscal y que la renegociación de la reforma tributaria haya tenido
que hacerse mediante concesiones que establecen un límite a los ingresos
tributarios del próximo período, y otra muy distinta es no proponerse aprovechar
ninguna holgura futura y plantearse una norma de política fiscal perfectamente
cuestionable en sí y particularmente desde la perspectiva de la justicia social
de largo aliento.
Ello es tanto
más relevante si se piensa que es necesario mantener grados importantes de
flexibilidad laboral para hacer posible la mantención y aumento de la
competitividad de nuestras empresas. Proteger artificialmente a las empresas
puede permitir algunos alivios de corto plazo en algún sector productivo pero
no garantizar la prosperidad de nuestra economía como requisito esencial para
alcanzar mayor justicia social. Lo que no puede existir es un esquema en el cual
no haya mayor grado de protección a los trabajadores ni en el mercado laboral
ni en los mecanismos de seguridad social. Debemos afirmar que no renunciamos a construir
una estrategia económica orientada a establecer la superioridad social del
modelo de crecimiento con equidad respecto del modelo neoliberal en tres aspectos
claves:
- el grado de
seguridad que se ofrece a los ciudadanos contra los riesgos mayores como la enfermedad
y la cesantía;
-la reducción de
las desigualdades de ingreso y patrimonio y el modo como se corrigen las
exclusiones estructurales de los postergados;
- la existencia
de mayor movilidad social, es decir de más igualdad de oportunidades de mejoría
de las condiciones de vida personal y familiar y de acceso a los bienes
materiales y culturales que ofrece la modernidad.
4. LAS ORIENTACIONES DE LA POLITICA INTERNACIONAL
La normalización
global de las relaciones exteriores. los logros históricos en los acuerdos con Argentina
y Perú han dejado pendiente una definición más clara del tipo de inserción
política y económica internacional a la cual debe encaminarse el país.
Cuando se
exporta el 35% del PIB y se tiene por herencia histórica una situación
estratégica relativamente incómoda, estos temas no son secundarios.
En el mundo de
hoy se requiere estabilizar el acceso a los mercados más relevantes y buscar acuerdos
con EEUU puede ser beneficioso. Otra cosa es subordinar a ese objetivo -a todas
luces difícil de obtener a corto plazo-toda otra iniciativa comercial y de integración.
En este sentido, acentuar la búsqueda de acuerdos bilaterales y multilaterales
con los países más importantes de la cuenca del Pacífico, con la CE y sobre
todo con América Latina debe seguir siendo un propósito de la política exterior
chilena. Lograr crecientes esquemas de integración comercial y política con
Argentina y Brasil corresponde además plenamente a los intereses nacionales:
una nueva fase exportadora de mayor contenido industrial inevitablemente va a
sustentarse en la penetración de esos mercados con nuevos productos de mayor
valor agregado (como ya viene ocurriendo), a la vez que la relación con los
grandes bloques comerciales va a ser políticamente viable sólo si se refuerza
una coordinación latinoamericana, global y/o parcial, de mucho mayor
envergadura que la actualmente existente. Chile puede y debe jugar allí un rol
de gran relevancia.
5. EL CONSERVADURISMO CULTURAL
Un país logra
desarrollarse en la medida que dispone de representaciones colectivas que posibilitan
dinámicas internas y externas integradoras. De ello se deriva la necesidad de
una cultura asentada en la diversidad y complementariedad de los modos de vida
en los cuales se sustenta su sociedad, su economía y sus instituciones. Evitar
la fragmentación y el conflicto corporativo permanente supone afirmar una
cultura de la libertad, de la pluralidad, de la tolerancia. Esta sólo puede a
su vez obtenerse a través de la laicidad del Estado, esto es su neutralidad ideológica
y religiosa.
La neutralidad
ideológica debe entenderse en el sentido de que su acción esté sometida a las
reglas del juego democrático, en el que las mayorías gobiernan con respeto de
las minorías y de los derechos humanos universalmente consagrados, de modo tal
que todas las representaciones que buscan legitimarse ante la sociedad
dispongan de igualdad de oportunidades, incluyendo en los medios de
comunicación. La neutralidad religiosa implica que ninguna visión del hombre
prevalezca por sobre otra en la acción del Estado democrático. La censura a
acciones de política de salud pública o de expresiones artísticas en función de
convicciones particulares o la negación de la diversidad que subyace en la
existencia de diversas formas de racismo hacia los pueblos indígenas e incluso
hacia diversos pueblos latinoamericanos, requieren ser rechazados con una fuerza
mayor a la que hoy prevalece. Actuar en contra del conservadurismo cultural es
una tarea que no puede dejarse para consideraciones de menor alcance o como
prioridad adjetiva.
6. LAS OPCIONES POLITICAS DEL FUTURO
El reivindicar
la especificidad de las respuestas socialistas frente a los desafíos que
enfrenta nuestra sociedad es tal vez la principal tarea que enfrentamos.
No es dramatizar
sostener que transformar al PS en un partido más del poder, crecientemente vergonzante
de su historia y sus tradiciones, es precipitar su marginalización política y
dejar sin expresión política al mundo de los trabajadores y los sectores sociales
postergados que aspiran a una sociedad en la que sus intereses estén mejor
representados y mejor defendidos. Ello no implica en absoluto no perseverar en
nuestra política de inserción en una coalición democrática y progresista
amplia: sólo supone hacerlo desde lo que somos, reivindicando lo que somos y defendiendo
lo que somos. Nuestro compromiso con un nuevo gobierno de la concertación debe
ser sin ambigüedades, pero sobre la base de la suscripción de un contrato de
gobierno con contenidos claros y convenidos, en el que nuestras principales reivindicaciones
programáticas estén consideradas. Eso es lo que debemos asegurar en las semanas
que vienen y no la negociación de meras cuotas de poder.
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