Defensa de privilegios y retiros desde las AFP

En El Clarín de Chile

La política de la derecha, desde que logró que se rechazara la propuesta constitucional de 2022, es cada vez más una defensa desembozada de intereses particulares y de privilegios, sin considerar mayormente que su propuesta de 2023 también fue rechazada. Ahora, en materia de cumplimiento tributario, según reseña la prensa, la oposición busca cerrar un protocolo de acuerdo con el gobierno excluyendo el secreto bancario, la norma anti-elusión y la figura del denunciante anónimo. Se trata nada menos que de eliminar el corazón del proyecto destinado a disminuir la evasión tributaria de las personas de más altos ingresos.

En materia de reforma de pensiones, la proposición de Piñera de 2021 contemplaba un 6% de cotización adicional administrado en su totalidad por un ente público (Consejo de Administración de Seguros Sociales) y una distribución de 3% a cuentas individuales y 3% al ahorro colectivo, con apoyo de los parlamentarios de derecha. En el gobierno de Boric, lo rechazan terminantemente, así como la figura del recaudador único destinado a bajar los costos de administración del sistema, los aumentos de las pensiones actuales y un piso de pensión contributiva para las mujeres. Buscan, sin ambages, que no solo se mantengan las AFP, sino que además administren la totalidad del 6% adicional de cotizaciones obligatorias de los trabajadores y que obtengan las utilidades adicionales equivalentes. ¿Tendrá que ver esta postura con que el costo de funcionamiento de las AFP es inferior a la mitad de lo que recaudan con las comisiones que pagan los cotizantes? ¿Será que las AFP no quieren, con el apoyo parlamentario de la derecha, renunciar a ese negocio privado de rentabilidad ultraprivilegiada, basado en una obligación pública?

Por otro lado, se acaba de cumplir el año en que no se podían proponer en el parlamento nuevos proyectos de ley de retiros de fondos desde las cuentas de AFP, luego de haber sido rechazado el último hace 12 meses. Viene ahora una profusión de nuevas propuestas. El problema es que, si una reforma constitucional aprueba retiros amplios por 2/3 en fechas más próximas a las elecciones, ahora impactarían en la demanda agregada de un modo que empujaría la inflación hacia arriba, lo que no era el caso en 2020-21. En esa etapa, la demanda interna cayó fuertemente y debía ser reactivada, mientras la inflación tuvo un origen esencialmente externo.

A estas alturas, tal vez exista un método para evitar la tentación de muchos parlamentarios (no olvidemos que sumaron 2/3 de todo el espectro político durante la pandemia en tres ocasiones) de estar permanentemente, con gran apoyo popular, proponiendo sacar fondos acumulados para las pensiones futuras y usarlos hoy, en detrimento de esas pensiones. Se trata de la idea de terminar con las contribuciones obligatorias de los asalariados y permitir de modo permanente retiros por causales específicas, lo que estuvo en parte contemplado en el proyecto aceptado por el actual gobierno y que fue rechazado en la Cámara en abril de 2022.

Un sistema futuro que sea estable y financieramente viable debiera establecer como base de las jubilaciones la pensión garantizada universal (que siga cubriendo al 90% de los mayores de 65 años), pero de mayor magnitud, con referencia a, por ejemplo, el 80% del salario mínimo y un costo adicional del orden de 2% del PIB, y siempre financiada con los impuestos generales, los que deben hacerse más progresivos, como prevé la reforma tributaria en discusión.

¿No habrá llegado el momento de constatar que en el Chile de hoy, con las múltiples precariedades de los que viven de su trabajo o de pequeños ahorros y rendimientos de activos, las urgencias del día a día tendrán siempre más peso que asegurar ingresos futuros capitalizados, que además generan altas utilidades a las administradoras privadas de fondos? Ya sabemos que serán objeto recurrente de peticiones de retiro, las que llegaron para quedarse. Los fondos existentes y los nuevos que se puedan ahorrar voluntariamente debieran poder retirarse en un esquema permanente en caso de enfermedad, compra de una primera vivienda, dejar el país en forma permanente o enfrentar dificultades económicas como un desempleo de larga duración.

Si así se hiciera, las pensiones estarían basadas en la garantía universal para los mayores de 65 años y dependerían de los impuestos que se recauden y de una relación referencial con el salario mínimo. Esto estaría sujeto a la disponibilidad de la sociedad (y a la voluntad de sus representantes elegidos) para aprobar ingresos adicionales, pero tendría la gran ventaja de la transparencia, un bajo costo de administración y aseguraría un importante aumento de la tasa de reemplazo de los ingresos en la vida activa por la pensión, especialmente para los grupos de menos ingresos, contribuyendo a disminuir la alta desigualdad existente en Chile. Este esquema debiera complementarse con el estímulo de las diversas formas posibles de ahorro personal para la vejez y mantener incentivos tributarios equitativos al efecto, pero limitando las comisiones de los gestores de fondos y sin que estén sujetos al tira y afloja periódico de las peticiones de retiro y a la demagogia poco edificante que las acompaña.

Si se buscan referencias, se pueden encontrar en el sistema que existe en Nueva Zelandia desde hace más de un siglo, en el que la pensión garantizada para todos los mayores de 65 años residentes es un porcentaje del salario medio y cuesta un 5% del PIB, junto a complementos de pensión que provienen de la cotización contributiva y de los acuerdos de empresa de carácter voluntario. Nada de esto ha impedido a ese país alcanzar un PIB de unos 42 mil dólares por habitante en 2022, a comparar con los 24 mil de Chile. Los países con estados de bienestar amplios, bien gestionados y con menor desigualdad contribuyen a su prosperidad colectiva antes que a impedirla, contrariamente a la leyenda neoliberal.