En Facebook La sociedad chilena se vio sacudida en 2019 por el rechazo generalizado a lo que se denominó "abusos" desde el mundo empresarial privado y a la corrupción de funcionarios y actores públicos por agentes privados. La respuesta legislativa, de perfil relativamente bajo, pero no por eso menos importante, fue la de delinear un nuevo conjunto de "delitos económicos", lo que terminó en una ley promulgada en agosto de 2023, cuya persecución pondrá a prueba al sistema de regulación y la capacidad sancionatoria del poder judicial en defensa de la ciudadanía común y corriente. La ley establece cuatro categorías de delitos económicos. En primer lugar agrupa a los que inciden en la regulación de los mercados , como la colusión, la negociación incompatible, falsear u ocultar información solicitada por la Fiscalía Nacional Económica y la corrupción entre privados. Dicho sea de paso, permanece la lentitud de este organismo frente a la presunción visible de inflación po