sábado, 27 de mayo de 2023

El PPD

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Hace ya tiempo que observo con consternación lo que ocurre con el PPD. Formé parte del pequeño grupo que tomó la decisión de impulsarlo en la etapa final de la lucha contra la dictadura, no sin dudas, y se instaló en un vieja casona en Bellavista para ese propósito. Para derrotar a Pinochet en el plebiscito de 1988, junto a llamar a la inscripción masiva en los registros electorales, se debía legalizar un partido instrumental que permitiera controlar los resultados en las mesas de votación, junto al PH que había hecho lo propio con la recordada Laura Rodríguez, y al PDC, que también lo hizo por su cuenta. Nuestra idea original en el PS dirigido por Ricardo Núñez era inscribir un solo partido instrumental de toda la oposición. De ahí el nombre de Partido por la Democracia. El PS no podía legalizarse, pues fue declarado inconstitucional y Clodomiro Almeyda fue proscrito, lo que incluso no le permitió posteriormente ser candidato presidencial o parlamentario. Aunque nuestro diseño original amplio había fracasado, en diciembre de 1987 decidimos inscribir contra viento y manera una opción propia que expresara, con presencia significativa de fuerzas de izquierda, nuestra voluntad de provocar una salida política a la dictadura, pues la opción militar no tenía en nuestra opinión ninguna viabilidad, en el contexto de buscar la más amplia unidad opositora. Un equipo que encabecé con Didier de St Pierre terminó de revisar una por una las miles de fichas de inscripción de ese partido en el verano de 1988 (un 10% venía con problemas), recolectadas en plena dictadura en muy breve tiempo en todo Chile por diversos colectivos, y las llevó al Servicio Electoral. Culminó así su nacimiento en un esfuerzo épico. 

En ese proceso estuvo, junto al Mapu y sectores ex radicales y ex comunistas, el liderazgo creciente de Ricardo Lagos, que nunca se sintió cómodo en partido alguno pero entonces expresaba una voluntad de lucha contra la dictadura de la que algunos siempre le estaremos agradecidos, mientras sus ideas provenían entonces con más frecuencia desde su hemisferio izquierdo. Y el soporte organizado fue el PS dirigido por Núñez y Alvarado, y Arrate en el exterior, y al que también pertenecía Lagos, no sin tensiones.  Ese conjunto estuvo en el origen de la idea de intentar derrotar a la dictadura en el plebiscito de 1988, después que las protestas de 1983-86 y el atentado a Pinochet en 1986 no lo lograron. Como se sabe, esa estrategia rompió la cadena del miedo, movilizó y unificó al pueblo tras la bandera de la democracia y fue exitosa, con un recuento paralelo de votos mesa por mesa que nos habilitó a disputar hasta el último rincón de Chile el triunfo que Pinochet no anticipaba, quiso desconocer y finalmente tuvo que reconocer, pues no hacerlo implicaba para él riesgos aún mayores. Se iniciaba así una azarosa transición, con sus luces y sombras.

En 1989, el PS se reunificó (en diálogos finales muy cordiales entre Clodomiro Almeyda y Jorge Arrate de los que fui testigo) e ingresó de lleno al gobierno, al caer el muro de Berlín e iniciarse la transición democrática, luego de haber estado dividido entre un sector que reivindicaba su carácter nacional-popular y democrático y otro que se alineó con el Partido Comunista, la lucha armada y el bloque soviético, con sede en Berlín Oriental. Ricardo Lagos, Erich Schnake, Victor Barrueto, Jorge Schaulsohn, Carolina Tohá, Guido Girardi, María Antonieta Saa, Sergio Bitar, entre otros, decidieron transformar al PPD de partido instrumental en un partido, digamos, de centro con guiños a la izquierda, que no se hiciera cargo sobre todo de lo que entendían era el peso negativo de la izquierda histórica. Ricardo Lagos propuso que el PS se disolviera en el PPD, lo que éste no aceptó, dada su larga historia y su voluntad de reivindicar al allendismo. Pero se mantuvo una bancada parlamentaria PS-PPD. 

A algunos desde el PS unificado, por el que optamos, nos pareció que este proceso fue mal resuelto y que dividía a una izquierda que debía ser plural pero tenía que actuar en conjunto ante los grandes desafíos de la sociedad chilena, a lo que se agregaba la fractura con el PC de Gladys Marín, que estaba en posiciones rupturistas, a pesar del acuerdo presidencial y parlamentario de 1989. La década DC de 1990 estuvo, entonces, marcada por la ausencia de capacidad de alteración del statu quo, a pesar de muchos esfuerzos diversos. Procuramos una unificación progresiva entre el PS y el PPD, por la vía de una federación, que no resultó, pero que logró elegir a Ricardo Lagos presidente sin romper la coalición con la DC, lo que se hizo ganando una primaria y una estrecha segunda vuelta presidencial frente a la derecha. Después de haber estado inicialmente en el Ministerio de la Presidencia, salí al descampado y bajo mi conducción el PS en 2003-2005 constituyó una comisión política conjunta con el PPD, dirigido por Victor Barrueto. Actuamos de manera estrechamente coordinada (con Schaulsohn y Tarud incluidos), junto a rearmar, lo que no fue nada de fácil, una alianza con el PDC dirigido por Adolfo Zaldívar.  Y procuramos, por otro lado, abrir poco a poco el campo de entendimiento hacia el PC. Un proyecto más a la izquierda no tenía todavía espacio en el escenario político y fui derrotado en el intento de conformar una fuerza coherente e institucional que lo apoyara, saliendo de la lógica de corrientes, de lo que no me arrepiento para nada, pues en la actualidad ese proyecto está, aunque con 25 mil problemas, en desarrollo.

En suma, la dispersión PS-PPD y la fractura con el PC hizo débil a las izquierdas en la larga transición. Esta última recién se logró superar en 2014 y dio lugar al gobierno de Bachelet II, lo que es un mérito de la ex presidenta. Su lucha por reconquistar el principio de mayoría, disminuir la desigualdad, aumentar los derechos sociales y obtener el control nacional de los recursos naturales, no tuvo fuerza suficiente desde 1990 frente a la derecha y la mayoría institucional que forzó por décadas, con un centro dubitativo en sus opciones y cada vez más debilitado en la sociedad. 

Más aún, una parte del PPD y del PS no mantuvo una postura firme en materia de derechos humanos, aunque si lo hizo la mayoría del PS y sus líderes, y otra parte fue cooptada tempranamente por los intereses del gran empresariado, con propuestas como privatizar las empresas sanitarias, entregar Codelco a las AFP y flexibilizar aún más las relaciones laborales. Ambos partidos perdieron todo interés activo por los temas económico-sociales propios de la izquierda, aunque pugnaron por hacer avanzar, con éxito, los derechos civiles. 

La dispersión política, con sus respectivas ambiciones personales,  creció y obtuvo respuestas autoritarias, lo que dio lugar al fenómeno de los díscolos de diversa índole. Con el tiempo, en algunos sectores urbanos, caudillos comunales se asociaron con el narcotráfico local para obtener recursos y aumentar su influencia interna en los partidos, mostrando signos de corrupción, los que también ocurrieron con los financiamientos irregulares de campañas y la gestión de algunos servicios públicos. Esto afectó el ethos del PS y el PPD y su imagen ante la sociedad. La falta de convicción de parte de su dirigencia actual en el combate a estos flagelos nos llevó a muchos a alejarnos, en mi caso del PS en 2016 después de más de 30 años de militancia y de haber sido su presidente. Pero hay momentos en que subjetivamente no se puede más, y se privilegia los valores fundamentales y la independencia de acción. El impacto de estos fenómenos en la sociedad dio lugar al nacimiento del Frente Amplio, que es sociológicamente y en las ideas principales muy similar al PS-PPD, pero de una generación de jóvenes que no quiso sumarse, con razón, a la historia narrada.

El PS ha disminuido a la mitad su influencia electoral, pero ha seguido un camino favorecido por la fuerza de su historia y se ha sumado a la tarea del actual gobierno. El PPD se fue transformando, en cambio, en una organización clientelar meramente adaptativa (una expresión más suave que la de, digamos, orientada por el oportunismo político, que también le sería aplicable) que fue de crisis en crisis por su gestión interna altamente vertical y con un liderazgo clientelar dominante encabezado por el ex senador Girardi. Su líder natural,  Ricardo Lagos, se disoció de su suerte y ha terminado promoviendo partidos  de derecha como Amarillos o haciendo gestos a ex DC de derecha como Jaime Ravinet, en un curioso abandono tardío de su crítica  a los intereses que representa esa parte del espectro político. 

Pero lo peor ha sido la hostilidad de una parte del PPD con la ministra Carolina Tohá, que no tiene otra explicación que una cruda falta de solidaridad entre los miembros de un mismo partido, algunos de los cuales ya solo están en política para disputar espacios de poder descalificando y buscando derribar al resto, por lo demás en espacios cada vez más menguados. Esto se ha traducido en los ataques al gobierno y a la ministra jefa de gabinete del Presidente Boric. La motivación de quienes cuestionan a Tohá carece de lógica: se trata de alejarse del gobierno para "no pagar costos", pero al mismo tiempo ser parte de él (vaya uno a entender), y reivindicar una identidad de "centroizquierda" tal vez más "distinguida", como diría Bourdieu, que la de los "monos peludos" (¿el mundo popular?) y de los que asumen "la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras" (¿el feminismo y la diversidad sexual?), que nadie sabe muy bien en qué consiste. Salvo, tal vez, en acercarse a los intereses dominantes y a simpatizar con el statu quo institucional vigente. Como si terminar siendo solo el 3% del electorado, sin que nadie se tome la molestia de asumir responsabilidades políticas, no indicara que más vale compartir la suerte del gobierno, de su coalición bastante más amplia y, sobre todo, de sus objetivos de transformación de la sociedad, por los que vale la pena trabajar, aunque sea en medio de grandes dificultades. 

Salvo que se quiera compartir la suerte de la derecha, ahora dominada por la extrema derecha. Pero eso si que ya no tiene nada que ver con lo que inspiró la fundación del PPD, en momentos dramáticos y decisivos de la historia de Chile.


jueves, 18 de mayo de 2023

La actividad del primer trimestre creció en 3,4% anual


Hoy el Banco Central ha publicado las Cuentas Nacionales del primer trimestre, que revelan que la economía creció en 0,8% en términos desestacionalizados respecto al trimestre final de 2022 (ver el primer gráfico). El Producto Interno Bruto (PIB, que registra las transacciones de mercado en consumo, inversión y exportaciones e importaciones y los gastos de gobierno y es la suma del valor bruto de producción de bienes y servicios menos los consumos intermedios en cada rama) registró un crecimiento anualizado de 3,4%, una muy buena cifra. El PIB no registra el bienestar de la población en muchos aspectos ni su distribución, pero es un indicador indispensable del nivel de actividad económica de mercado.
Los datos actualizados confirman que en los tres primeros trimestres de 2022 se produjeron caídas del PIB, así como un leve repunte en el último trimestre del año. Este ahora se consolida.
Desde el lado productivo, la evolución reciente ha sido heterogénea en el caso de los bienes. Se registraron en el primer trimestre de 2023, respecto al trimestre previo y sin efectos estacionales, aumentos en la pesca (9,2%), la producción industrial (3,4%) y la construcción (0,6%), mientras hubo caídas en agricultura (-4,5%), la minería (-1,6%) y la electricidad, gas y agua (-0,1%). En los servicios, también se observaron situaciones contrastadas, pero globalmente con un buen dinamismo. Aumentó la actividad del comercio (0,2%), de modo importante la de restaurantes y hoteles (8,0%) y fuertemente la de transportes (18,3%), junto a los servicios de vivienda (0,9%), los personales -salud y educación- (1%) y la administración pública (0,2%). Solo cayeron los servicios financieros y empresariales (-1,7%) y se mantuvieron los de comunicaciones.
Los datos del primer trimestre alientan la expectativa de que no se produzca una recesión este año y, por tanto, que no se deterioren el empleo y las remuneraciones reales, que es lo que afecta a la mayoría social. Esta recesión ha sido expresamente programada por el Banco Central, pues considera que se debe comprimir la demanda interna para combatir la inflación, desestimando su fuerte componente importado. Esta se encuentra en vías de normalización, dada la evolución reciente de los precios externos que provocaron el brote de 2022: el IPC promedio de los últimos 6 meses es solo un 4,4% superior al de los 6 meses previos.
Es evidente que no existe en la actualidad tal cosa como un "exceso de demanda", como se observa en el segundo gráfico. Hemos subrayado en estos posteos que, ante el fuerte incremento de la demanda en 2021, la reacción de la oferta de bienes ha sido elástica dado el grado de apertura de la economía (lo que se reflejó en un gran aumento de las importaciones en 2022 y un mayor déficit en cuenta corriente, pero no en incontrolables presiones inflacionarias endógenas, como señala la narrativa oficial). También ha sido el caso de los servicios, que han ampliado su suministro sin provocar mayores presiones inflacionarias por incapacidad de aumentar la oferta. En la educación hubo aumentos importantes de precios, pues los privados aumentaron sus matrículas y sus márgenes, pero en comunicaciones los precios disminuyeron.
En todo caso, la demanda interna alcanzó su máximo nivel en el cuarto trimestre de 2021, a raíz de una explosión del consumo por la suma de retiros de fondos de pensiones y las transferencias de emergencia a las familias, en plena coyuntura pandémica y electoral. Desde entonces, la demanda interna se sitúa por debajo de ese nivel. El dato más reciente indica que ha caído en -1,5% en enero-marzo de 2023 respecto al trimestre anterior, en términos desestacionalizados, y ha disminuido en -8,0% en doce meses. La caída trimestral se explica tanto por un deterioro de -2,5% del consumo de las familias (como se comprenderá, esto no ayudó demasiado al gobierno en el resultado del 7 de mayo pasado) y de -0,9% de la inversión (formación bruta de capital fijo).
Estas cifras hacen todavía más evidente y más urgente que el Banco Central debe bajar las tasas de interés. El gobierno debiera acelerar, por su parte, su gasto de inversión en vivienda, urbanismo e infraestructura (de preferencia procurando facilitar la transición energética verde y la mitigación del cambio climático) y aumentar las transferencias a los sectores más vulnerables vía suplemento de asignación familiar (bolsillo familiar electrónico).
Dicho sea de paso, esta es la alternativa racional a los retiros desde cuentas de ahorro previsional cuando las familias enfrentan caídas de sus ingresos reales, siempre que tenga una cobertura más amplia y se explique como una política de compensación por pérdidas de ingresos financiada por la solidaridad nacional y no por cada cual desde sus cuentas de pensiones, si acaso conservan aún recursos en ellas. No haber actuado con más claridad y contundencia en la materia es una de la razones que, al parecer, generó un amplio rechazo al presidente Boric el 4/9 y el 7/5. La mayoría entendía que el diputado y candidato había aprobado sin más los retiros antes de acceder al primer cargo de la nación, y que luego no mantuvo su postura. Esto se interpretó por muchos como una promesa incumplida, la que merecía un castigo en las urnas, junto a una campaña mediática arrasadora que buscó crear la imagen de un desborde en materia de seguridad e inmigración y de falta de capacidad de gobierno.
Volviendo a la economía, subrayemos que ha sido el buen comportamiento de las exportaciones (y de unas importaciones que bajaron considerablemente en 2022 y sobre todo en lo que va de 2023) lo que ha permitido la mencionada recuperación del PIB. Pero se trata de un factor frágil, dada la evolución reciente de la economía china. El FMI proyecta que el crecimiento mundial pasará de 3,4% en 2022 a 2,8% en 2023.
Como se observa, para evaluar la coyuntura económica trimestral a través de las Cuentas Nacionales, nos fijamos en la evolución desestacionalizada del PIB y de los sectores productivos respecto al trimestre anterior, así como en los componentes que en el corto plazo lo determinan por el lado de la demanda, es decir el consumo, la inversión y las exportaciones netas de importaciones.
Nos parece menos pertinente la comparación con un año atrás. La prensa tradicional se empeña en presentar una imagen negativa de los resultados comentados. El aumento del PIB de 0,8% respecto al trimestre previo se transforma en una caída de -0,6% en 12 meses, aunque ha habido un cambio de tendencia desde hace ya dos trimestres. Tiene más sentido, como se hace en Estados Unidos y la Unión Europea, tomar los datos trimestrales respecto al período previo y anualizarlos, lo que hacemos en estos posteos.

sábado, 13 de mayo de 2023

¿Reposicionamiento estratégico o recurrencia de la crítica a los años 1990?

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El debate sobre lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es fundamental para el futuro de la democracia y para la izquierda en Chile (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../hacia-un...). En ese contexto, vale la pena abordar las siempre estimulantes, pero no por eso menos controversiales, opiniones de Carlos Ruiz, hoy calificado en una entrevista en LT como "ex mentor" del Frente Amplio.
Carlos Ruiz sostiene que "el gobierno está actuando como si fuera el último gobierno de la Concertación, pero de una Concertación agónica” y califica al actual como "un gobierno de fuerzas que se ofrecían como transformadoras y terminan naturalizando la política como administración. Dejaron de atender la construcción de fuerzas sociales, y el propio Frente Amplio, que nació en la universidad, abandonó las universidades. Y para qué hablar de otros sectores de la sociedad. En el gobierno, el problema del diálogo, de la construcción del consenso por otras fuerzas sociales, está absolutamente vacío".
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Primero, cabe hacer notar que las dos derrotas electorales catastróficas del actual gobierno son básicamente cosecha de sus responsables, pues son los que están al mando, y parecen ser fruto de una incapacidad de acción suficiente frente a la decepción con lo que se percibe como una nueva expresión de una política alejada de los intereses de las personas y familias de ingresos medios y bajos, que viven múltiples precariedades. Y con lo que se percibe como "ausencia de firmeza" con la delincuencia y la inmigración, un típico tema exitoso de la extrema derecha en muchas partes, a pesar de un gobierno que por momentos pareció actuar como sheriff del condado. Todo esto se tradujo en un masivo voto de castigo en septiembre y en mayo. Hay mucho de "injusto" en ese juicio, pues la acción del gobierno ha existido en múltiples planos y en varios de ellos ha sido exitosa, mientras está condicionada, en parte, por circunstancias que escapan a su control y frente a las cuales hace buena o malamente, según los casos, lo que puede.
Pero en todo esto la Concertación francamente no tiene nada que ver. Sus partidos no representan ya sino el 15% del electorado, y cayendo, y el actual gobierno no se parece en gran cosa a lo que fue esa coalición. Llama la atención la relación de las nuevas generaciones con la Concertación. En más de una ocasión he comentado a mis interlocutores que en 1970 los que nos incorporábamos a la política considerábamos al Frente Popular, que gobernó 30 años antes, como parte de los libros de historia. El tiempo que media entre la creación del Frente Amplio y la Concertación es precisamente de 30 años. Esta última coalición de partidos de centro e izquierda se creó en 1989 y dejó de existir en 2006-2010. Ya debe ser considerada como una parte de la historia nacional, con sus luces y sombras (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../treinta-anos...), aunque la actual generación de izquierda se construyera subjetivamente en su contra y tal vez necesite referirse a ella una y otra vez.
Convengamos que el tema de hoy es la salud, viabilidad y proyección de la coalición que gobierna. Es la que progresivamente armó el Frente Amplio y que algunos consideramos bastante barroca, al no buscar de partida llevar al gobierno la alianza de la segunda vuelta presidencial (que pactó incluso un programa detallado), para luego enfrascarse en purgas internas, buscar entenderse primero con la disidencia del PS antes que con su directiva, dejar de lado sin más trámite al liderazgo contendor en las primarias presidenciales en vez de integrarlo, con formas que no fueron las mejores, o bien dejar a la DC fuera para más tarde insinuar su integración al gobierno en medio de una crisis partidaria. El caso es que fue poco a poco quedando claro que las fuerzas del Frente Amplio, las de sus aliados de Apruebo Dignidad y las de algunas de sus amistades en el PS y el PPD, no podían ser suficientes ni en el parlamento ni en la sociedad para lograr un buen gobierno. Todo este proceso es, entonces, de cosecha de quienes lo lideran, y de nadie más.
Por lo demás, si el Frente Amplio y Apruebo Dignidad son, con las últimas cifras, el 12% y el 23% del voto, sumar el 6% del PS , así como el 9% de los partidos de centro, tiene mucho sentido. Esto no es aritmética simple, es construir un nuevo entendimiento entre las izquierdas, por una parte, y con el centro democrático, por otra, para gobernar como alternativa a las fuerzas de la derecha y la extrema derecha (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../tengo-una-duda...). Estas siguen expresando el proyecto de continuidad del dominio oligárquico en Chile (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../las-casitas-del...), trabajan para el rotundo fracaso del actual gobierno y bloquean sus iniciativas en el parlamento. Esto ameritaría, entre tanto, al menos una segunda mirada sobre adoptar un régimen semi-presidencial en el futuro. ¿Qué otra opción tiene, en todo caso, ésta u otra configuración política del arco de las izquierdas y del centro progresista? Pueden existir muchas otras ideas, pero no se observan demasiado en el horizonte. Más vale, entonces, que esa coalición funcione bien y pase de un "estado líquido" a un "estado sólido", en términos de Zygmunt Bauman, o algo más sólido al menos. Y que se proponga idealmente abordar de manera sistemática las transformaciones democráticas y equitativas que requiere Chile, en un marco de buen gobierno, que reclama un amplio espectro de la sociedad (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/2022/10/blog-post.html). Lo que no tiene ningún sentido es interpretar estos datos de la realidad política como repetir la Concertación en versión Y o Z. Esto se combina con que en una parte de la izquierda parece faltar aún una mayor reflexión sobre la realidad de la idea del "gran día" revolucionario, frente al cual todo lo demás es decepcionante, y sobre qué pasaría si, de llegar a producirse, no se enmarca en la lógica democrática de prevalencia de la soberanía popular y se traduce en un régimen autoritario de una supuesta vanguardia autoproclamada (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../las-revoluciones...). Y también sobre la preferencia por un Estado democrático y social de derecho (ver https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d5fa9c29-a8a7-3df1-91de-d5ee78f97e12).
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Segundo, la derrota del 7 de mayo se debe, entre múltiples otros factores, a haber desatendido "la política como administración", empezando por la dimensión regaliana -el núcleo básico estatal- de esa administración, respecto de la cual se produjeron divertimentos no muy aceptables y así percibidos por la opinión pública en los inicios del gobierno (en Interior, en Justicia, en Relaciones Exteriores y una lista bastante larga, desgraciadamente, lo que se comentó en https://gonzalomartner.blogspot.com/.../mas-alla-de-la...). Y también en la dimensión económica, con un brote inflacionario que fue abordado técnica y políticamente de manera equivocada e insuficiente, con un seguidismo respecto a un Banco Central que provocó nada menos que una recesión injustificada en medio del más amplio intento de cambio constitucional democrático en un siglo (lo que se comentó desde el inicio de 2022 en https://gonzalomartner.blogspot.com/.../se-confirma-caida...). Mario Marcel y Nicolás Grau hicieron una tarea desde su perspectiva, pero los gobiernos -ni éste ni ninguno previo- son conducidos por los ministros económicos. Sostener lo contrario es una simple leyenda. Un ejemplo: en el enfrentamiento de la crisis asiática de 1999, en plena elección presidencial, prevalecieron razonables criterios políticos con fundamento económico en materia de salario mínimo y de reforma laboral, por sobre los del Ministerio de Hacienda de Aninat-Marfán, que se opusieron a esas medidas y a otras desde el simplismo ortodoxo. De otro modo, Ricardo Lagos difícilmente podría haber sido elegido presidente, dado que lo fue por un margen muy estrecho.
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Tercero, llama la atención aquello de "atender la construcción de fuerzas sociales" y que "en el gobierno, el problema del diálogo, de la construcción del consenso por otras fuerzas sociales, está absolutamente vacío".
¿Cuáles serían esas, aparte de las realmente existentes y constituidas, como las agrupaciones sectoriales y gremiales de intereses, los sindicatos de trabajadores y las representaciones territoriales de diversa índole? Da la impresión de que sigue subyaciendo en estos debates la idea de que el gobierno "construye" o "deconstruye" fuerzas sociales, en alusión a las afirmaciones de Edgardo Boeninger en un libro sobre un supuesto desarme desde arriba de la movilización social en los años 1990. Ahora se trataría de hacer lo inverso. Es cierto que la parte conservadora de la Concertación lo deseó, pero no lo provocó, porque simplemente no estaba al alcance de las meras decisiones gubernamentales, en un sentido u otro. Son afirmaciones equivocadas de Boeninger que estuvieron motivadas por la identificación de una parte de la Concertación con la búsqueda desequilibrada de una alianza con el gran empresariado para, en su visión, sostener el tránsito a la democracia y contener las asonadas militares. Aunque algunos hubieran querido que así fuera, no existió ni existe en La Moneda un botón que active o desactive la construcción de fuerzas sociales o su mayor o menor movilización. Eso responde a una visión maniquea o conspiracionista de las cosas.
La movilización social tiene su propia dinámica y sentido y no mantiene un correa de transmisión desde la política, aunque evidentemente mantiene nexos con la política y también, de modo crucial, con la economía. Hay una interacción entre estas dimensiones, pero no es solo desde la política que, por ejemplo, se desencadenaron las protestas de 1983 (de cuyo inicio se celebran 30 años en estos días) ni sus altibajos y la pérdida de intensidad hacia 1986, ni su reorientación al iniciarse un ciclo con predominio electoral, luego de años de arduos sacrificios colectivos que no lograron por si solos la caída de la dictadura.
Y tampoco es el caso de la movilización estudiantil de 2006 y 2011 y la rebelión social de 2019 y sus ritmos posteriores. No se ajustaron a cánones de activación o desactivación desde el Estado o los partidos de izquierda, aunque éstos influyan y les corresponde en teoría animar la vida democrática en las instituciones y además estar efectivamente presentes en la sociedad, sus organizaciones y territorios. Pero esa presencia tiene mayor o menor suerte y audiencia según las circunstancias y las evoluciones del espacio público y de la sociedad antes que de las decisiones de alguna comisión política y de las dinámicas militantes. Su deterioro actual no es, por lo demás, exclusivo del Frente Amplio, en tiempos de conducta política volátil gobernada por las emociones negativas y por redes sociales que en realidad son más bien conexiones en grupos cerrados que en muchos casos disminuyen el espacio público en vez de ampliarlo. Otra cosa es que el sistema político favorezca la plena libertad de expresión y manifestación. Y que otorgue un rol institucional a los interlocutores sociales en el espacio público democrático y en el diálogo económico-social, especialmente estableciendo negociaciones laborales colectivas con representación sindical. Pero esa es una agenda de otro orden.
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Tal vez en otra ocasión tendrá sentido profundizar en temas como el análisis sobre la demanda de autonomía individual, que sería según Ruiz una tendencia del siglo XXI, pero que en realidad viene al menos desde las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa y del liberalismo de la constitución de Cádiz de 1812, recorre las independencias latinoamericanas, el siglo XIX europeo y americano y, luego de los traumas de dos guerras mundiales en el siglo XX y la construcción de Estados de bienestar, terminó siendo la gran reivindicación del mayo de 1968 y sus extensiones, en versión moderna y progresista. Y constituye, llevada a extremos, parte de la cultura norteamericana (ver sus dimensiones mediáticas en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000099675_spa), la que ha extendido su influencia en Chile, aunque aquí la privatización y la "libertad de opción" en la política social se llevó a extremos no conocidos en otras partes del mundo, incluyendo el propio EstadosUnidos (una interesante reflexión sobre el tema a partir de Tocqueville se encuentra en https://www.scielo.cl/scielo.php...).
Y también profundizar más sobre el "nuevo pueblo". Que se califique casi todo de "nuevo" y desestime las tendencias largas de las sociedades y la recurrencia de sus desafíos ¿tendrá que ver con una auto-asignación de un rol de develar lo que los demás no conocerían o no entenderían? (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../en-defensa-de-la...?).
Y sobre la tesis de una sociedad actual que contrastaría con un siglo XX que habría contado con una burocracia pública y una clase obrera dominante que habrían estructurado el sistema político. Se puede pensar, en cambio, que después del neocolonial siglo XIX se produjo en el siglo XX una urbanización heterogénea, una industrialización precaria con un Estado relativamente débil (antes que un cierto mito del "Estado de compromiso") y la pérdida de influencia de la hacienda, es decir un cambio de la estructura social que produjo pocas continuidades y muchas disrupciones. Esto explica, y es en parte explicado, por los procesos de reforma de los años 1920, los de 1939 en adelante, el ibañismo y los intentos de cambios estructurales de 1964-73. La restauración oligárquica post 1973 reaccionó con brutalidad y violencia a esos cambios impulsados en democracia desde la sociedad y el sistema político. Buscó reforzar, con éxito, lo esencial de la sociedad tradicional y conservadora chilena: el dominio plutocrático sobre la economía y el Estado, ahora con una nueva base de acumulación y de poder financiero y una institucionalidad a su servicio, que se prolongó después de 1990 y que no aparece mucho en el análisis. Este sigue siendo el problema central de la sociedad chilena, tanto para el "viejo" como para el "nuevo" pueblo: su condición social subordinada a los intereses oligárquicos, sin posiciones institucionales de control del poder económico hiper-concentrado (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../la-clase-media-y...). Antes eran los dueños de las haciendas, los bancos y las industrias, frecuentemente subsidiados por los gobiernos. Ahora son los conglomerados modernos articulados con el capitalismo globalizado, que se proponen sostener un Estado mínimo centrado en el orden policial y una economía de extracción de materias primas para el mercado mundial y un mercado de servicios internos a las personas y empresas, con educación y seguridad social privada. El fondo estructural sigue siendo el mismo: la sujeción del trabajo y de la cultura al poder económico. Y también las convulsiones políticas y sociales que periódicamente genera esa sujeción, con flujos y reflujos como el actual. Como para otro debate.

jueves, 11 de mayo de 2023

Regalías mineras a la baja


El acuerdo sobre regalías mineras en el Senado recaudará un 0,45% el PIB, menos de una cuarta parte de lo que debiera. "Es lo que hay". Las tasas promedio y máximas de la regalía en el impuesto a las ventas y al margen de explotación en situaciones de precios muy altos del cobre, quedaron limitadas sin otra explicación que el peso legislativo actual de las empresas mineras privadas. Este funciona a través de su influencia directa en los parlamentarios de la extrema derecha, la derecha y diversos otros aliados. Entre otras cosas estas empresas hacen vastas campañas mediáticas, condicionando a la opinión y a los medios, sin venderle un gramo de cobre a ningún consumidor en Chile, como si fueran un detergente o una fábrica de galletas.
Todo esto deberá cambiar. El horizonte posible será desde ahora la elección de 2025, que podría dar lugar a un nuevo parlamento y un nuevo tratamiento tributario que no esté al servicio de las empresas transnacionales y privadas de la minería.
Esto no puede terminar aquí por el fondo del asunto: la perspectiva de altos precios del cobre en la próxima década. Este mayor valor económico de un recurso escaso y no renovable debiera revertirse al propietario del recurso, que es la nación chilena. Y no al operador privado de la extracción, cuya rentabilidad debiera limitarse a la normal de una inversión económica promedio, ajustada por los riesgos específicos de la actividad. El creciente valor de un recurso escaso como el cobre -que será clave en la futura electromovilidad- da lugar a un renta distinta a la utilidad normal que debiera ser apropiada íntegramente por su dueño, no por el extractor y refinador del recurso. Sus costos no cambian con el valor de venta del recurso, ni tampoco su decisión de inversión, que se decide con una expectativa de precio no muy distinto a 2 dólares la libra para cubrir esos costos. Con un precio superior, cambia el volumen del retorno de la inversión por sobreutilidades, la llamada renta desde Adam Smith y David Ricardo, que es distinta de la utilidad normal (ver https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites...). Es como si el monto que sube en el tiempo del arriendo de un bien raíz que tuviera una localización privilegiada, fuera captado por el corredor de propiedades que lo administra a cargo de una retribución normal y no por el propietario. La situación es exactamente la misma. Quien sea escéptico al respecto, le aconsejo leer la parte respectiva de cualquier manual de microeconomía.
Por otro lado, el argumento de la "competitividad internacional" en esta materia no tiene sentido. Es una competencia por quien se queda, las empresas o el Estado, con una proporción mayor o menor de una sobreutilidad que no determina necesariamente la decisión de inversión, que se basa en los costos de extracción comparados con un umbral mínimo de precios futuros y los impuestos respectivos, precios que serán altos para cualquier horizonte de inversión en la extracción de cobre en al me nos una década. Si empresas privadas deciden invertir en otra parte, siempre estará la empresa pública chilena para hacer esa inversión si es que su rentabilidad de base lo aconseja..
Por ello, cualquier acuerdo tributario inferior a la completa captación de esa renta -que no pertenece a los operadores privados- mediante regalías públicas con tasas crecientes ajustadas al precio, no es aceptable desde el punto de vista del interés nacional.

Hacia un reposicionamiento estratégico

 En La Mirada Semanal

El resultado principal del 7 de mayo es que emergió una mayoría calificada del Consejo Constitucional para hacer la constitución que la extrema derecha quiera. Por primera vez en la historia contemporánea, además, un órgano electo es dominado por la derecha en Chile. Este es un gran fracaso político para las fuerzas de gobierno, y para las fuerzas democráticas en general, que requiere repensar su posicionamiento estratégico.

Un primer factor de la derrota es haber hecho precipitadamente un acuerdo en diciembre pasado que incluyó el sistema electoral cuasi-binominal del Senado para constituir el nuevo órgano constituyente con voto obligatorio, en una situación en que eran previsibles dos listas de las fuerzas de gobierno o cercanas al gobierno, además de la presencia de fuerzas de protesta que no podrían obtener representación y que se iban a inclinar por el voto nulo. El riesgo de un mal resultado era de suyo alto al relanzar un proceso electoral después de una derrota reciente por 62% y con mayor razón con los mecanismos electorales aprobados. La alternativa era programar el proceso constitucional simultáneamente con los hitos electorales regional/comunal de 2024 o el presidencial/parlamentario de 2025, haciendo madurar un mejor acuerdo constitucional una vez que hubiera frutos de la gestión del gobierno y una recuperación subjetiva de sus fuerzas de apoyo.

Un segundo factor ha sido una política de ajuste del Banco Central y una pasividad fiscal del gobierno solo recientemente revertida, que afectó a la mayoría trabajadora desde marzo de 2022, como hemos insistido una y otra vez, a pesar de mejorías recientes. Pero estas todavía requieren un recorrido para consolidarse y ser apreciadas como tales por la mayoría social. Esto contribuyó a un nuevo castigo masivo al gobierno después del de septiembre pasado, y en la misma proporción.

Un tercer factor, no menos importante, ha sido una situación de inseguridad subjetivamente acentuada por una campaña mediática aplastante que estimuló los miedos a la delincuencia y la incomodidad con una abrupta inmigración masiva desde 2015, sin respuesta positiva suficiente. Esto favoreció los temas de la ultraderecha y volcó a una parte sustancial de la población a apoyarla.

El resultado es que la resistencia oligárquica al cambio democrático ha tenido en 2022 y 2023 dos éxitos resonantes en su objetivo de mantener una institucionalidad que no incluya el principio de mayoría. Su ausencia en la formación de las leyes y en el sistema de toma de decisiones ha tenido, como sabemos, consecuencias estructurales como: 1) los recursos naturales son todavía básicamente explotados por empresas privadas internas y externas, que capturan su renta en detrimento del país y buscan someter al sistema político a sus designios e intereses; 2) la depredación ambiental y la pérdida de biodiversidad, con deterioro del suelo, contaminación de los cursos y napas de agua y del aire que se respira en las ciudades, prevalecen sobre regulaciones débiles a las empresas; 3) las relaciones del trabajo permanecen desequilibradamente favorables al capital por ausencia de negociaciones colectivas por ramas y territorios, con un sindicalismo debilitado en su capacidad de acción en la empresa individual, y con mujeres que son remuneradas un 30% menos que los hombres en puestos equivalentes; 4) la carga tributaria sobre el PIB se mantiene baja y tiene fuertes componentes regresivos, con un 1% más rico que paga proporcionalmente menos impuestos que el resto; 5) persiste un sistema de seguridad social, de salud y de educación que se cuenta entre los más privatizados del mundo y que permite altas utilidades a pocas empresas a costa de los usuarios; 6) se ha consolidado un ordenamiento espacial con ciudades socialmente segregadas, con desplazamientos desgastantes para los trabajadores, un transporte público insuficiente y una fuerte concentración de las actividades y decisiones en la región capital y 7) se ha constituido un paisaje audiovisual y de prensa con un dominio cuasi monopólico por algunos de los grupos económicos dominantes, sin un servicio público de información digno de ese nombre ni pluralidad mínima en los medios, proceso acompañado de una mercantilización generalizada de la cultura.

Es más que suficiente para un reposicionamiento estratégico de la izquierda contemporánea -aquella conglomeración plural de fuerzas que prefieren una sociedad democrática y abierta, igualitaria y sostenible antes que una conservadora, desigual y depredadora- plantearse revertir estas siete situaciones estructurales y su soporte constitucional principal, la capacidad de veto de la minoría. Debe, además, ampliar la acción contra todas las discriminaciones de género, seguir luchando por el reconocimiento de las autonomías de los pueblos originarios, mantener y expandir las libertades individuales y el respeto de la diversidad sexual. Este debiera volver a ser su núcleo programático, reagrupando a todo quien se reconozca en él, incluyendo el centro progresista, y ser la base de su comunicación y actitud política, en vez de dejarse llevar por los temas y la agenda de la derecha.

Este debiera volver a ser su núcleo programático, reagrupando a todo quien se reconozca en él, incluyendo el centro progresista, y ser la base de su comunicación y actitud política, en vez de dejarse llevar por los temas y la agenda de la derecha.

¿Puede alguien pensar que en el futuro la mayoría social va a seguir a actores políticos sin propósitos definidos y que cada tanto tratan de situarse por encima del bien y el mal en vez de promover el cambio del orden existente en favor de la democracia, de los intereses del mundo del trabajo y de la cultura y del medioambiente? ¿O que aquella parte de esa mayoría social que primero se sumó al rechazo radical en las calles al orden existente y luego se ha sumado a la adhesión primaria al discurso del orden, fruto del miedo a la delincuencia y a la migración irregular, va a dejar de hacerlo sin una visión alternativa firme y clara de un país democrático, plural y seguro porque es equitativo, protector e integrador?

Una propuesta de reposicionamiento desde un ángulo de “centroizquierda” y una agenda de concesiones al Estado policial y al poder económico no asume que las alianzas de los años 1990 en adelante fueron en origen entre el centro y parte de la izquierda y que por eso funcionó para los desafíos de recuperación de la democracia en la época. Y que ahora una agenda «pragmática» pegada a los temas de la derecha la lleva a perder el soporte en la sociedad y a ser castigada electoralmente por ello. Los cuatro partidos que formaron la Concertación (PDC, PPD, PR, PS, que fue en la lista de la izquierda) y fueron mayoría por décadas, sumaron solo un 15% de los votos válidos, mucho menos que los votos nulos. El Frente Amplio obtuvo un 12%, el PC un 8% y el PS el 6%. La configuración política del Chile actual es simplemente otra.

No se trata de no valorar los avances de las últimas décadas en materia de libertades civiles, políticas y culturales y en materia de empleo, infraestructuras, educación, salud y pensiones públicas. Se trata de reconocer que son valiosas pero no han sido suficientes para conformar un Estado democrático y social de derecho propiamente tal. Y también que se impulsaron políticas que han profundizado una privatización oligopólica de gran magnitud en diversos sectores, en especial la educación y la minería, a pesar de la oposición de un sector de la Concertación. Se puede conjeturar que, paradojalmente, la hoy llamada centroizquierda está pagando el costo de haber derrotado y expulsado a sus sectores críticos, mal llamados en la época «autoflagelantes», con un desborde actual por su izquierda que la supera de manera abrumadora y que no impide el crecimiento de la extrema derecha.

La larga lucha política por revertir la restauración oligárquica y la situación estructural de alta concentración de los ingresos, de la riqueza y del poder económico sigue siendo el fondo del asunto, frente a lo cual no hay demasiada medianía y neutralidad posible. En esa tarea está contribuyendo el actual gobierno con los aumentos de la pensión universal y el salario mínimo, su política del litio, la jornada laboral de 40 horas, la reforma tributaria, los suplementos de asignación familiar, entre otras iniciativas, que deben profundizarse y ampliarse y ser concordadas cada vez que sea posible con las fuerzas sociales organizadas, y ser defendidas en el parlamento aunque no siempre logren los votos necesarios.

Las fuerzas políticas que podrían estar de acuerdo con un reposicionamiento estratégico de este tipo tendrían un lugar natural en el gobierno, incluyendo la Democracia Cristiana, como una sola coalición y con la contrapartida de defenderlo lealmente en el parlamento y en la sociedad.

El gobierno y su coalición no debieran consumirse en los aleas del consejo constitucional y dejar a los republicanos de Kast en el laberinto que ellos mismos han creado, dominando un órgano en el que no creen. Nada podrá ser distinto que un rechazo a fin de año a lo que salga de ahí.

El gobierno, en cambio, debiera centrarse en reactivar la economía, lo que supone que el ministro de Hacienda Marcel ponga más claramente en su lugar al Banco Central, se acentúe el empuje por la regalía minera, se haga avanzar la agenda laboral y previsional con la ministra Jara, se afinen las políticas sociales con el ministro Jackson y el permanente trabajo por equidad de género con la ministra Arellano, así como el impulso a la política del litio, el apoyo a las pymes y la defensa del consumidor con el ministro Grau. El gobierno debe pensar en poner en el centro de su agenda tanto la movilización por los mencionados objetivos nacionales, para lo que cuenta con el eficiente soporte comunicacional de la ministra Vallejo, como un reforzado énfasis territorial de sus acciones sectoriales, junto con mejorar la gestión cotidiana en todos los órganos de administración, desterrando el clientelismo.

Este énfasis territorial debe incluir, como es natural, la política de vivienda y de transformaciones urbanas, en este caso las impulsadas por el ministro Montes, y políticas de reorganización del ordenamiento territorial urbano-rural que podría encabezar el ministro Valenzuela. Y también nuevas acciones descentralizadoras y de reforzamiento de funciones y atribuciones de los gobiernos regionales, junto a un mayor fortalecimiento institucional de los municipios y de su vínculo con la participación a nivel local.

Estas tareas deben ser impulsadas por la ministra Tohá, que no debiera solo ocuparse de una seguridad pública que tiene un buen apoyo en el nuevo ministro de Justicia Cordero, y que es en lo esencial responsabilidad cotidiana de las policías y de gendarmería, sino también de los temas territoriales. La jefa política del gabinete los conoce bien y forman parte de sus competencias como Ministra del Interior. El Presidente debiera naturalmente conservar a sus colaboradores de confianza, como corresponde al régimen político vigente, mientras el resto del gabinete debiera ser reorganizado por él en su momento para hacer posible una coalición de gobierno competente, ampliada, dinámica y coherente con las realidades parlamentarias y los desafíos políticos del futuro próximo.

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