Los partidos, los independientes y Michelle Bachelet

En La Mirada Semanal 

Criticar a los partidos es parte del estado de la esfera pública de hoy. No se trata de criticar lo que hacen o no, sino que se llega crecientemente a cuestionar su existencia en tanto tales. Es bastante sorprendente ver en estos días que personas que se agrupan por afinidad de ideas políticas se autodenominen independientes. Pero en realidad no debiera sorprendernos tanto, dado que esto viene desde bastante atrás, con unos supuestos gremialistas agrupados en el partido más poderoso del país, pero que se autodenominan independientes (lo de demócratas es necesariamente materia de discusión). Cuando se es parte de un grupo con ideas políticas compartidas que se presenta a elecciones, por definición se renuncia a una parte de la independencia personal y se está en una organización política. Decir que eso no es un movimiento o partido político es publicidad engañosa, simplemente.

Otro tema distinto es el de la representación política directa que buscan organizaciones sociales, lo que es del todo legítimo, aunque también hay un problema. Si se remiten a representar sus intereses específicos, entonces no asumen alguna idea del interés general que es indispensable en la redacción de una nueva constitución, por ejemplo, o en cualquier legislación. A contrario sensu, si trasciende los intereses particulares, entonces una organización social se transforma en una organización política propiamente tal, dotada de alguna idea de sociedad. Así nacieron, por lo demás, buena parte de los partidos de izquierda en Europa y América Latina.

Pero el hecho es que hoy la idea de la representación colectiva está en una profunda crisis. Ser independiente (yo y mis circunstancias) es un atributo, ser miembro de un movimiento o partido político (compartir colectivamente un proyecto de sociedad) es un estigma. Convengamos que el tema viene de muy lejos. Los liderazgos en la sociedad chilena siguen teniendo un sello caudillista, en la antigua tradición hispánica (la cultura política española y europea actual es, en cambio, predominantemente partidaria) y latinoamericana, y procuran distanciarse de cualquier partido.

Por ejemplo, Michelle Bachelet declaró en un reciente seminario que "si yo no hubiera sido ministra de Defensa jamás hubiera estado en la retina de la población chilena para ser una candidata a la Presidencia y si no hubiera estado en la retina de la población chilena, jamás mi partido me hubiera llevado como candidata a la Presidencia, siendo yo miembro del Comité Central, de la comisión política de mi partido, teniendo una larga historia política". Michelle Bachelet reconstruye la historia a su manera, poniendo el acento en que ella se impuso a los partidos políticos desde el pueblo, empezando por el suyo, lo que simplemente no es cierto, pues hubo una interacción entre el partido al que pertenecía, el sistema de partidos y el entorno en el que se desenvolvía la sociedad civil. Y es sorprendente su afirmación según la cual “yo tuve grandes dificultades al comienzo. Más que de discutir mis ideas se preocupaban de cómo me vestía, de si el zapato se me quedaba enterrado en no sé dónde, de si se soltaba alguna cosa del chaleco”. Esto tampoco es cierto.

No es correcto criticar innecesariamente a otros si lo que se quiere es afirmar algo fundamental: los méritos y deméritos del liderazgo de Michelle Bachelet se deben exclusivamente a ella y a nadie más en lo principal y tuvo que batallar intensamente contra una política y una sociedad machistas. Pero puedo testimoniar que muchos discutimos con ella en el PS ampliamente sobre sus ideas para el futuro, aunque no siempre estuviéramos de acuerdo, con respeto y la debida consideración que merece el debate de ideas. Y que ese era el sello principal del desafío original. Y que en el PS si había feministas -mujeres y hombres- que la apoyaron desde el principio en todo lo que pudieron con una audacia “irrealista” que contrastó con el posterior pragmatismo de su ejercicio gubernamental. Y que la dirigencia principal del PS desde mucho antes de que fuera ministra de Defensa le propuso la candidatura presidencial, por sus convicciones, capacidades y trayectoria y para que por primera vez hubiera una mujer presidente de Chile, dijeran lo que dijeran las encuestas y los prejuicios sobre una mujer al mando del Estado. Por supuesto que más de alguno o alguna pudo haber tenido motivaciones subalternas -cuando no- pero en lo principal hubo un colectivo que aceptó el desafío de innovar en el tipo de liderazgo, lo que no era para nada evidente. La lectura hecha una vez que los hechos ocurrieron siempre será muy distinta y parecerá obvia.

Para muchos de nosotros, ella era el mejor liderazgo del que disponían los socialistas, a lo que se contraponía la idea de que una mujer no podía dirigir el país “todavía”. Ayudó a que ese prejuicio perdiera fuerza poco a poco el que en la DC la candidatura para suceder a Ricardo Lagos fuera la de Soledad Alvear. En el PS, se descartó expresa y tempranamente la candidatura de José Miguel Insulza (2001) y se planteó la de Michelle Bachelet cuando solo empezaba a tener un reconocimiento público, a la vez que el gobierno de Ricardo Lagos tenía mucho tiempo por delante. A la postre, la declinación de José Miguel Insulza se hizo de buena manera y con elegancia. Luego la idea de la primera mujer (socialista) presidenta fue avanzando al afianzarse la popularidad de Bachelet y consolidarse la de Lagos. La asumió también tempranamente el conjunto del PPD (2003), luego de muchas conversaciones con los socialistas, y más tarde de manera decisiva el propio Ricardo Lagos. Y hasta que yo dirigí el PS (2005) ningún responsable político le habló a Michelle Bachelet -anecdóticamente habrá habido el que nunca falta - sobre su vestimenta ni nada semejante, sino que se puso a su disposición en lo que necesitara. Y así lo hizo, con todas las imperfecciones del mundo, incluyendo un reemplazo de la dirección a meses de la elección, pero así lo hizo. Incluso una de las discrepancias que sostuvimos es que ella no quería que el apoyo del PS fuera muy visible, porque entendía que eso restringía su convocatoria, mientras nosotros sosteníamos que debíamos consolidar el espacio propio de apoyo para que no hubiera dudas respecto a su partido, lo que era indispensable para buscar otras adhesiones, como efectivamente ocurrió. Cuando proclamé públicamente su candidatura en el aniversario del PS en abril de 2004, ella no estuvo de acuerdo y aceptó con dificultades estar presente en el Estadio Chile ante miles de personas. Yo asumí la responsabilidad en nombre de la dirección -para eso están las direcciones- de expresar ese apoyo sin condiciones, lo que se tradujo en un distanciamiento durante semanas. Entonces no es que el PS no la apoyara, sino que ella no quería demasiado su apoyo.

Los partidos progresistas han tenido demasiados defectos en la historia reciente como para agregar unos que no tuvieron. En cambio, sí tuvieron el mérito de apoyar con éxito y colaborativamente en dos ocasiones a una mujer destacada para que fuera presidente de Chile, cambiando en parte la historia para las nuevas generaciones de mujeres en el país y para la sociedad en su conjunto. En ese apoyo no faltó nadie. Como dirigente socialista en una parte de esa época, no me arrepiento en absoluto de lo que se hizo. El mérito principal es de ella, incluyendo haber obtenido el apoyo de los partidos progresistas, pactado coaliciones y obtenido mayorías electorales contundentes. Pero más de algún rol le cupo a estos partidos (el papel de Victor Barrueto en el PPD fue muy relevante), al presidente Lagos y al mundo social que representaban y, además, a personas importantes de la DC, que también fueron decisivos en sus dos victorias.

Otra cosa es la apreciación que se tenga sobre su gestión gubernamental, que yo por ejemplo he criticado -a pesar de la confianza que me expresó al pedirme que fuera por un año embajador al terminar su primer gobierno, lo que en mi visión no incluía dejar de tener una opinión propia- por preferir por razones pragmáticas un enfoque neoliberal en lo económico y permitir compromisos regresivos de su coalición -cada vez más dividida- en materia tributaria y laboral. También critiqué la ausencia de diseño constitucional (presentar una nueva constitución una semana antes de dejar el cargo en su segundo gobierno no es algo digno de un gran recuerdo) y su política hacia la Araucanía, en medio de la corrupción y descontrol policial. Otra cosa es también la apreciación que se tenga sobre la lamentable evolución burocrática -luego de una prolongada exposición al poder gubernamental- de los partidos progresistas tradicionales, que se desconectaron del mundo social y cultural que representaban y perdieron todo empuje transformador en aras de la presencia clientelista en el Estado. Estos factores llevaron después de 20 años a dos victorias de la derecha, la última de las cuales terminó por desencadenar la crisis actual en la que el conjunto del sistema de representación está en el suelo. Pero, en la expresión consagrada, esa es harina de otro costal, en la que la clave es que no se discute sobre los gobiernos de Bachelet con el prisma de que era una mujer, sino bajo el prisma de lo que quiso o no quiso hacer o sobre lo que pudo o no pudo hacer, como respecto a cualquier otro gobierno. Ese es el legado principal de la ex presidenta, que rompió una barrera cultural que parecía infranqueable, por lo que los que tenemos convicciones igualitarias le estaremos siempre agradecidos, aunque ella no valore demasiado el rol de los partidos igualitarios. En su descargo, es la opinión muy mayoritaria de la sociedad chilena, lo que no por eso deja de entrañar un peligro latente para su futuro. Las regresiones autoritarias suelen empezar con el derrumbe de los partidos políticos democráticos.

“El capitalismo puede salvar el día, pero solo cuando el gobierno ejerce su poder”

En La Mirada Semanal.

Existen en las sociedades contemporáneas riesgos de gran magnitud que solo puede abordar la acción colectiva del Estado. Neil Irwin ha sostenido en un reciente artículo en el New York Times que ”los nueve meses de la pandemia han mostrado que en un Estado moderno, el capitalismo puede salvar el día, pero solo cuando el gobierno ejerce su poder de guiar la economía y actúa como última instancia de absorción del riesgo”. 

Cabe hacer consideraciones algo más complejas sobre el capitalismo, como por ejemplo que el mercado como mecanismo de asignación descentralizada de recursos con agentes económicos que no fijan los precios sino que los reciben de la interacción entre consumidores y productores es algo distinto al capitalismo. El mercado tiene una función necesaria en cualquier economía moderna, en la que solo algunos precios y cantidades claves pueden planificarse con razonable probabilidad de éxito. En cambio, el capitalismo está lejos de ser necesario, aunque sea el horizonte de nuestro tiempo. Como señala Fernand Braudel, el capitalismo no es el mercado, sino un sistema específico de concentración económica en el que los mercados se encuentran predominantemente intervenidos por monopolios y oligopolios, tanto en las transacciones de bienes como de capital y en el acceso al trabajo. Y agreguemos que las economías deben evolucionar hacia algo más que salvar el día, que ya es importante, como por ejemplo hacia un modelo de prosperidad compartida en el que prevalezca una igualdad efectiva de derechos y de oportunidades.

Pero el hecho es que, en efecto, las respuestas descentralizadas de mercado y el capitalismo de plataformas lograron mantener la cadena de aprovisionamiento de alimentos y otros bienes básicos, con pocas excepciones, en la crisis de 2020. En el mundo industrializado -pero no en Chile- diversas empresas reorientaron con rapidez su producción para fabricar ventiladores y material de protección sanitaria. En materia de vacuna contra el COVID-19, aunque todavía no se llega a resultados finales, se está muy cerca, gracias a los logros de compañías de biotecnología y farmacéuticas de diversas partes del mundo. En Estados Unidos, como indica Irwin, “la Operación Warp Speed usó una mezcla de incentivos financieros para llevar al sector privado a invertir en el desarrollo de vacunas en una escala y velocidad que no podría haber abordado por sí solo. El Congreso autorizó una legislación para apoyar a millones de pequeñas empresas, muchas de las cuales hubieran cerrado de otro modo, y canalizó dinero a americanos comunes y corrientes para ayudar a prevenir un colapso en el gasto. La Federal Reserve anunció que permanecería presta para comprar cientos de miles de millones en bonos y otros activos, asegurando que las grandes compañías tuvieran acceso al capital incluso en una situación de colapso del mercado”. Aunque el manejo sanitario de la pandemia por Trump fue lamentable y perdió la elección, los acuerdos con los demócratas han permitido una acción importante del Estado en la crisis.

No olvidemos, además, que la base de la industria farmacéutica es la protección estatal de patentes, aunque con una lógica bastante discutible desde el punto de vista del interés público, en tanto en ocasiones subsidia utilidades gigantescas y genera sobreprecios para los usuarios limitando su rol sanitario y contrariando las políticas de salud. Pero el hecho es que sin la intervención estatal las vacunas y muchos medicamentos no existirían, a la vez que dependen fuertemente de la investigación en ciencia básica (en especial en biología y química molecular) desarrollada en laboratorios y universidades públicas o subsidiadas en todo el mundo.

En nuestro país, la política monetaria reaccionó rápido, pero sin modificar la asimetría de poder en el sector bancario, que hizo poco ágil el acceso al crédito de emergencia y algunos casos simplemente no funcionó, sacando a muchas empresas pequeñas y riesgosas del mercado y generando una enorme crisis de empleo.

¿Qué se ha dicho en otras partes?: "Lo más grave es la pérdida de empleos. Es un riesgo sobre el tejido social, el ingreso de los hogares, la demanda y el crecimiento". ¿Es este otro pronunciamiento de algún economista de izquierda azorado por la crisis y sus efectos sobre la ciudadanía de a pie y que insiste en que actuar con apoyos a los afectados por la crisis es una política racional y necesaria? No, es lo que declaró Christine Lagarde, que proviene de la derecha francesa y hoy es presidenta del Banco Central Europeo, el 19 de octubre. Y agregó: "los gobiernos de la zona euro debieran estar extremadamente atentos al respecto. Nos parece esencial que las redes de seguridad presupuestaria puestas en funcionamiento por los gobiernos en esta crisis no sean retiradas prematuramente".

En momentos en que el gobierno en Chile decidió terminar con el Ingreso Familiar de Emergencia -en nombre de un subsidio al empleo que abarca a 160 mil personas en vez de los 8 millones del IFE- y no se toman medidas de reforzamiento del seguro de desempleo en un contexto de 2,8 millones de cesantes, la voz del Banco Central no se escucha para nada. El BCE no solo no propugna contenciones presupuestarias, mientras en Chile el presupuesto 2021 no crecerá en términos reales y el BCCh no dice nada, sino que su presidenta Lagarde, frente a la pregunta sobre la magnitud del apoyo presupuestario a los países que por primera vez se puso en práctica por 750 mil millones de euros en 2020, contestó: "desde abril había insistido sobre la necesidad de un plan consecuente, rápido, flexible, pero también focalizado sobre los países y sectores que más lo necesitaban. Según nuestras cifras, esto correspondía a un gasto entre 1.000 a 1.500 miles de millones de euros". Se agregó a los ya significativos planes nacionales un plan para 2021 de 5% del PIB europeo, que Lagarde defendió se ampliara hasta 10% del mismo.

¿Se imaginan al Banco Central chileno planteándole al gobierno que gaste hasta el doble del presupuesto anticrisis establecido?

Sería tomado como una humorada. Nuestros economistas oficiales le tienen pánico a que su acción sea acusada de populista y los que tienen un origen en la izquierda se sienten obligados a dar explicaciones y mostrar credenciales neoliberales. Viven en el planeta de los supuestos automatismos de mercado, de los intereses del capital financiero por sobre cualquier otra consideración y de la inacción frente a una crisis de producción y empleo que, si no ha sido mayor, se debe al uso de los ahorros de los trabajadores que la sociedad y el parlamento le han impuesto al gobierno.

El dogmatismo ultraliberal de los economistas chilenos -influenciados por décadas por la escuela de Chicago y sostenidos por la gran empresa y las cadenas de prensa- no ha permitido que en la cabeza del actual gobierno -y en otros temas en los anteriores- se haya querido utilizar las capacidades construidas por el Estado de Chile para enfrentar el riesgo de colapso macroeconómico. Y menos ha actuado para generar una capacidad industrial nacional en materia de equipamientos médicos y vacunas, salvo pequeñas iniciativas sin impacto.

De modo que en Chile ni siquiera es pertinente la discusión sobre la propiedad intelectual de las vacunas o las innovaciones en tecnología médica, porque el apoyo público casi no existe (se gasta en investigación y desarrollo el 0,4% del PIB) ni tampoco el empresariado privado dispuesto a asumir riesgos. Todo se compra afuera, a altos precios, con las divisas que vienen de la explotación de materias primas o la exportación agro-forestal o pesquera, en la que pocos grandes empresarios -cada vez más con inversión extranjera en gran escala de por medio - tienen utilidades por sobre la media. El resultado del “modelo económico” ha sido, entre otros efectos, los altos precios de insumos básicos que pagan los "consumidores", es decir la ciudadanía de a pie que recibe salarios bajos por su trabajo o accede a empleos inestables o derechamente precarios e informales.

En materia de gestión macroeconómica, se cambió en 2020 en medio de la crisis la ley del Banco Central para permitir la compra indirecta de bonos públicos en mercados secundarios en caso de colapso financiero. Hasta ahora la ley impedía absurdamente que el Banco Central adquiriera documentos emitidos por el gobierno y financiara el gasto público con créditos, supuestamente para evitar que la política monetaria estuviera guiada por la contingencia política, en otro de los enclaves contra-mayoritarios de la constitución de 1980. Pero de manera también absurda se impidió la compra directa de bonos por el Banco Central, como en Estados Unidos, y se restringió al mercado secundario. Esto quita márgenes de acción en situaciones críticas y además generará utilidades financieras privadas en la intermediación en caso de crisis de liquidez para financiar actividades públicas de apoyo a las empresas y las personas.

El colapso económico se ha evitado por otra vía: el masivo retiro de los fondos previsionales (nada menos que un 7% del PIB), contra la opinión del gobierno, y por el uso de las cuentas personales del seguro de cesantía (cerca de 1% adicional). El retiro de fondos de AFP y el agotamiento de las cuentas individuales del seguro de cesantía no son las medidas más pertinentes desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad, pues es el gobierno el que está en mejores condiciones de apoyar a los más afectados y sostener la demanda agregada utilizando sus reservas y capacidad de endeudamiento a bajo costo, esfuerzo sin el cual el desempleo se mantendrá por largo tiempo. El parlamento ha forzado autorizar a recurrir a los ahorros de las personas porque los economistas de rutina en Chile no han estado a la altura y no han querido utilizar las fortalezas construidas durante décadas precisamente para intervenir en estas ocasiones.

El acuerdo fiscal entre el ministro de Hacienda y algunos representantes políticos incluyó una cifra de 12 mil millones de dólares de gasto público en dos años, centrada en subsidios a las empresas, que el ministro de Hacienda trata de defender en estos días haciendo comparaciones abusivas para justificar su inacción en el momento en que termina con el IFE. Esta cifra es insuficiente para abordar la magnitud de la crisis, no utiliza todos los recursos disponibles y no prioriza a los más necesitados. Y además la conducta gubernamental tiene una pretensión insólita: supuestamente el acuerdo se aplicará hasta el primer año del próximo gobierno, para "amarrarlo", con la venia de senadores de la oposición.

Evidentemente eso no va a ocurrir, porque habrá un nuevo presidente y un nuevo parlamento, que seguramente aplicarán desde el primer día un plan de estímulo de gran envergadura liderado por extensiones de salarios y servicios y por la inversión pública, construyendo un equilibrio diferente en los roles del Estado, el mercado y la iniciativa social.

Nota económica: Bancos Centrales, retiros y vorágines

 "Lo más grave es la pérdida de empleos. Es un riesgo sobre el tejido social, el ingreso de los hogares, la demanda y el crecimiento". ¿Es esta otra declaración de algún economista de izquierda azorado por la crisis y sus efectos sobre la ciudadanía de a pie y que insiste en que actuar con apoyos a los afectados por la crisis es una política buena y racional? No, es lo que declaró Christine Lagarde, que proviene de la derecha francesa y hoy es presidenta del Banco Central Europeo, el 19 de octubre. Y agregó: "los gobiernos de la zona euro debieran estar extremadamente atentos al respecto. Nos parece esencial que las redes de seguridad presupuestaria puestas en funcionamiento por los gobiernos en esta crisis no sean retiradas prematuramente".

En momentos en que el gobierno en Chile decidió terminar con el Ingreso Familiar de Emergencia -en nombre de un subsidio al empleo que abarca a 160 mil personas en vez de los 8 millones del IFE- y no se toman medidas de reforzamiento del seguro de desempleo en un contexto de 2,8 millones de cesantes, la voz del Banco Central no se escucha para nada. Cero. 

El BCE no solo no propugna contenciones presupuestarias, mientras en Chile el presupuesto 2021 no crecerá en términos reales y el BCCh no dice nada, sino que su presidenta Lagarde, frente a la pregunta sobre la magnitud del apoyo presupuestario a los países que por primera vez se puso en práctica por 750 mil millones de euros en 2020, contestó: "desde abril había insistido sobre la necesidad de un plan consecuente, rápido, flexible, pero también focalizado sobre los países y sectores que más lo necesitaban. Según nuestras cifras, esto correspondía a un gasto entre 1.000 a 1.500 miles de millones de euros". Se agregó a los ya significativos planes nacionales un plan para 2021 de 5% del PIB europeo, que Lagarde defendió se ampliara hasta 10% del mismo.

¿Se imaginan al Banco Central chileno planteándole al gobierno que gaste hasta el doble de un plan presupuestario establecido?

Sería tomado como una humorada. Nuestros economistas oficiales le tienen pánico a que su acción sea acusada de populista y los que tienen un origen en la izquierda se sienten obligados a dar explicaciones y mostrar credenciales neoliberales. Viven en el planeta de los supuestos automatismos de mercado, de los intereses del capital financiero y de la inacción frente a una crisis de producción y empleo que, si no ha sido mayor, se debe al uso de los ahorros de los trabajadores que la sociedad y el parlamento le han impuesto al gobierno. Y a una inyección de liquidez que no ha sido rápida ni suficiente para obligar a la banca a apoyar a las pymes en la magnitud necesaria, pero que algo ha sostenido la situación de empresas en dificultades. 

El retiro de fondos de AFP y el agotamiento de las cuentas individuales del seguro de cesantía no son las mejores medidas desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad, pues es el gobierno el que está en mejores condiciones de apoyar a los más afectados y sostener la demanda agregada utilizando sus reservas y capacidad de endeudamiento a bajo costo, esfuerzo sin el cual el desempleo se mantendrá por largo tiempo. El parlamento ha forzado autorizar a recurrir a los ahorros de las personas porque los economistas de rutina en Chile no han estado a la altura y  no han querido utilizar las fortalezas construidas durante décadas, que siempre apoyé por la naturaleza del ciclo económico en Chile, precisamente para intervenir en estas ocasiones. 

El acuerdo entre el ministro de Hacienda y el Senado incluye una cifra de 12 mil millones de dólares de gasto público en dos años, centrada en subsidios a las empresas, que el ministro de Hacienda trata de defender en estos días haciendo comparaciones abusivas para justificar su inacción en el momento en que termina con el IFE. Esta cifra es insuficiente para abordar la magnitud de la crisis, no utiliza todos los recursos disponibles y no prioriza a los más necesitados. 

Y además la conducta gubernamental tiene una pretensión insólita: supuestamente el acuerdo se aplicará hasta el primer año del próximo gobierno, para "amarrarlo", con la venia de senadores de la oposición. Evidentemente eso no va a ocurrir, porque habrá un nuevo presidente y un nuevo parlamento, que seguramente aplicarán desde el primer día un plan de estímulo económico liderado por incrementos de salarios y la inversión pública. Pero esa pretensión de poder de una tecnocracia autocentrada e incompetente y de senadores "transversales" que la acompañan que a estas alturas es francamente abusiva, tiene una contrapartida: la creciente irresponsabilidad de  parlamentarios que consideran "letra chica" cobrar impuestos a los más ricos en los retiros de AFP. En el primer retiro se podía sostener que la omisión era parte de la vorágine y planteaba problemas de iniciativa parlamentaria inconstitucional. Pero en una segunda ocasión ya constituye un patrón de conducta irresponsable que debe detenerse, pues destruye el principio de progresividad de los impuestos, central para toda política fiscal progresista y eficaz. El país debe volver a recuperar racionalidad y serenidad, y hacerlo al servicio de la mayoría social y de los que sufren la crisis y no del halago a las pasiones del corto plazo.

El futuro de las AFP

En La Tercera

Los fondos que administran las AFP serán materia en el futuro de más retiros, frente a la presión de las contingencias que afectan los ingresos de las familias. Ya está en trámite el segundo retiro COVID y aquel por enfermedad terminal, lo que consagra la pérdida de gobernanza del actual sistema de pensiones. Este debía solo acumular ahorros y rendimientos para financiar pensiones, lo que quedó cuestionado, paradojalmente, por su carácter individual y porque el primer retiro (aprobado por más de dos tercios del parlamento contra la voluntad del gobierno) no provocó ninguno de los problemas anunciados por los economistas que han hecho del sistema de AFP un dogma en vez de asumirlo como lo que es: una anomalía en las sociedades modernas. No habiéndose cumplido ni de lejos la promesa de una tasa de reemplazo de un 70% del salario previo (por el alto costo de administración que esconde utilidades sobrenormales y la inestabilidad del empleo que provoca lagunas previsionales), el sistema de AFP perdió legitimidad. No será incluido para administrar nada del 6% de cotizaciones adicionales que prevé la reforma previsional debatida en el parlamento. Con los retiros que disminuyen los fondos y sin cotizaciones adicionales, el sistema de pensiones basado exclusivamente en capitalización individual ya no es viable. Deberá resignarse a salir del corazón del sistema de pensiones y constituirse, como en muchas otras partes del mundo, en un sistema de ahorros complementarios y voluntarios.

Pero persistirá un grave problema en la sociedad chilena: ya dos millones de cotizantes quedaron sin recursos para la pensión autofinanciada y más quedarán en el futuro con nada o muy poco. Esto obligará a millones de personas adicionales a acudir a la pensión básica o a los aportes solidarios, financiados con impuestos. Lo sensato es que esos impuestos los paguen las personas del promedio hacia arriba de la distribución de ingresos y no los más pobres. Por ello, exceptuar de pagar impuestos a las personas de mayores ingresos que retiran fondos no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la equidad. Y tampoco si se considera el mayor esfuerzo que deberá realizar la sociedad chilena para financiar las pensiones solidarias. En efecto, habrá que extenderlas desde el actual 60% de las familias a una cifra lo más próxima posible al 100% de la población mayor de 65 años, como en Nueva Zelandia, además de aumentar su monto. Esa deberá ser una prioridad de cualquier gobierno futuro.

Permitir a las personas cesantes o endeudadas que salgan de la desesperación económica usando sus ahorros de las AFP es un recurso de última instancia, aunque hubiera sido mucho mejor que se recurriera a los ahorros y endeudamiento del Estado para financiar un Ingreso Familiar de Emergencia más prolongado y al menos en la línea de pobreza. Y un más amplio seguro de cesantía. Pero en julio se permitió que para las personas que no necesitan el retiro este se transformara en una posibilidad de inversión en ahorro previsional voluntario, con un premio tributario. Regalarle dinero público a las personas de más altos ingresos no parece ser exactamente la mejor política. Fue un error, que es de esperar se corrija en el segundo retiro. El futuro sistema deberá sostenerse mediante cotizaciones obligatorias para pagar pensiones según la historia laboral, con un monto base que corrija la discriminación de género y lagunas y con un fondo de capitalización colectivo como reserva frente al cambio demográfico y factor de ahorro doméstico. Pero una parte importante de ellas será de cargo fiscal. Esto obliga a fortalecer el impuesto progresivo a los ingresos en vez de debilitarlo.

¿Ingobernabilidad?

En La Mirada Semanal

El peso en la sociedad del repudio a la represión policial automática como método de relación con la conflictividad social, así como la conducta increíblemente parcial de Victor Pérez (total complacencia con la presión ilegal de los camioneros en las rutas y ninguna condena ni medida por la acción de Carabineros de empujar a un joven al Mapocho y seguir reprimiendo en las calles toda expresión de protesta social), empujó a una oposición vigorizada por el resultado del plebiscito a aprobar la acusación constitucional en la Cámara en su contra. 

La salida de Victor Pérez del Ministerio del Interior, la incapacidad del ministro Ignacio Briones de concordar un presupuesto que no crece en términos reales con la oposición, y el nuevo retiro de fondos desde las AFP -de nuevo en contra de la opinión del gobierno, con amplio apoyo de parlamentarios oficialistas y sin que la Cámara de Diputados apruebe que las personas de más altos ingresos paguen impuestos como debieran- revelan el estado de la dinámica política en el Chile de hoy. Se perciben elementos a lo menos parciales de ingobernabilidad, a poco menos de un año y medio del fin del período presidencial. Piñera gobierna con fuerzas de derecha dura en su interior, de las que Van Rysselberghe y Pérez han sido la expresión más característica, junto a Andrés Allamand, aliadas a fuerzas de derecha algo más moderadas pero incapaces de tomar iniciativas políticas que abran caminos de mayor entendimiento. El gobierno, aunque no tiene mayoría parlamentaria automática, en ciertos temas hasta aquí logra construirla, lo que parece cada vez menos posible. 

Piñera no podrá mantener las riendas del gobierno en tanto mantenga su subordinación a la derecha dura que fue derrotada ampliamente el 25 de octubre. El nuevo ministro del Interior UDI, Rodrigo Delgado, como alcalde de una comuna popular y perteneciente a una generación menos confrontacional que sus mayores -no se debe olvidar que el gremialismo UDI nació para hacer un golpe de Estado y barrer con violencia sín límites a la izquierda social y política y luego generar al cabo de décadas de dictadura una "democracia" vetada por ellos- tiene la oportunidad de hacer algo distinto. 

Ese algo distinto podría consistir en asumir tres definiciones cruciales: 1) que la sociedad debe regir su gobierno por la voluntad ciudadana expresada en elecciones periódicas de representantes y en consultas vinculantes bajo un principio de mayoría que respete los derechos fundamentales; 2) que exista una igualdad efectiva ante la ley y, por tanto, no haya privilegiados por la ley o por su aplicación; 3) que lo anterior debe admitir como única excepción que la ley proteja a los más débiles y se oriente a corregir las inaceptables disparidades injustas en la sociedad.

Esto significa que la derecha debe tomar decisiones de largo plazo. Debe renunciar a un modelo económico que genera una de las peores distribuciones del ingreso de América Latina y del mundo y un creciente estancamiento. En 2019, las grandes empresas concentraron en 2019 nada menos que el 86,9% de los ingresos por ventas, según el SII. Una sociedad con una economía así de oligopolizada no es sostenible. 

La derecha debe empezar por renunciar a la sociedad del privilegio legal (incluyendo vetos de minoría en el parlamento e instituciones contra-mayoritarias como el Tribunal Constitucional y el Banco Central) y al privilegio oligárquico de los actores dominantes en la economía y en los medios de comunicación. Debe renunciar a un orden institucional que impida -como hasta ahora- que las políticas de gobierno, si así lo decide la mayoría, garanticen un nivel básico universal de vida digno y construyan condiciones para una igualdad efectiva de acceso a las distintas posiciones sociales. Debe resignarse a abrir paso en la Convención Constitucional a un Estado democrático, social, plurinacional, paritario y descentralizado de derecho o bien seguir confrontando a la mayoría social. Por treinta años ("no son 30 pesos, son 30 años") pensó que podía hacerlo sin mayores costos, domesticando a la mayor parte de la representación política de la llamada centroizquierda y manteniendo marginalizada a la organización sindical y social..

Sabemos que la derecha dura se propone lo contrario, insinuando (a través de Pablo Longueira) hacer colapsar la Convención o bien someterla rígidamente al veto de la minoría. El resto de la derecha, ¿hará lo mismo o concurrirá a conformar un nuevo orden político con reglas democráticas?

Este es el escenario que enfrenta Rodrigo Delgado, que debe fijar una postura que se proponga al menos morigerar la confrontación política permanente que ha cultivado el gobierno de Sebastián Piñera. Las preguntas cruciales ahora son: ¿podrá proponerse el nuevo jefe de gabinete una relación distinta con la oposición y llevar el último año de gobierno con políticas efectivas de control de la pandemia y de apoyo a las familias en dificultades y a los trabajadores cesantes, en vez de insistir en mantener la primacía de la actividad empresarial y subsidios concentrados en la gran empresa? ¿Podrá cultivar la lógica del diálogo y de la desescalada en vez de la represión al movimiento social? ¿Podrá asociar a una derecha moderada y contemporánea al proceso constituyente que la sociedad chilena decidió mayoritariamente emprender?

Nota económica: la discusión sobre el ahorro

En el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central se sostiene que: "Retirar fondos previsionales significa reducir el ahorro de los trabajadores (...). Una economía para crecer y no depender exclusivamente del financiamiento externo, tiene que tener ahorro doméstico".  

Es curioso que el ahorro doméstico prácticamente se reduzca, en el enfoque del Banco Central, al ahorro forzoso previsional de los asalariados. Este también está potencialmente constituido por el ahorro del resto de perceptores de ingresos, especialmente los ingresos del capital, ampliamente sobredimensionados en Chile. 

El INE acaba de publicar un informe que revela que la mediana de los ingresos de los ocupados es de 401 mil pesos en 2019. ¿Esos son los llamados a ahorrar para que las empresas hiperconcentradas sigan obteniendo financiamiento barato para seguir acumulando capital y enriqueciendo a un puñado de oligarcas? ¿En medio de una severa crisis de ingresos familiares de millones de personas por una explosión del desempleo? Es evidente que la prioridad hoy es sostener los ingresos de las familias. 

El tercer componente del ahorro interno, junto al que proviene de los ingresos del trabajo y del capital,  es el que constituye la diferencia entre los ingresos corrientes (impuestos) y los gastos corrientes del Estado, es decir el ahorro público. No hay ninguna razón para que en el futuro el Estado no incremente el ahorro público mediante una reforma tributaria que será inevitable y de la reducción de gastos superfluos, en vez de seguir manteniendo un modelo económico que funciona en base a bajos salarios y a ahorros forzados de esos bajos salarios. El Banco Central parece no haber caído en la cuenta que ese modelo de expansión del capital -que llaman crecimiento sin preguntarse de quién es el crecimiento- se agotó socialmente.

Retirar fondos previsionales significa que mucha gente puede salir de estrecheces económicas importantes, en ausencia de apoyos suficientes en ingresos y créditos de emergencia que el gobierno no ha querido pertinazmente activar a la altura de la crisis, estando en condiciones favorables para hacerlo. Si el gobierno hubiera actuado como corresponde, no habría razones para retiros de fondos previsionales.  

¿De dónde vendrá entonces el ahorro doméstico? Mala pregunta. El Banco Central no entiende lo suficiente que estos son tiempos de gasto, de sostenimiento de la demanda agregada para evitar un colapso económico. Solo una vez pasada la emergencia debe restablecerse una senda de incremento del ahorro. Pero no solo el de los trabajadores asalariados, como parece creer el Banco Central. También el de los perceptores de ingresos de capital, a través del estímulo de la reinversión y de ese otro ahorro forzoso que constituyen los impuestos al capital, que contribuyen al ahorro público.

Nota económica: las cifras de la concentración

Las cifras declaradas por los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) en la Operación Renta 2020 con información comercial del 2019, confirmaron la gran concentración  en las grandes empresas de las ventas (un total de US$ 913.000 millones) y el empleo dependiente (un total de 9.563.975 trabajadores). Aquí van las cifras.

Las 14.749 grandes empresas en la clasificación del SII (aquellas con ventas superiores a 100.000 UF al momento de la declaración, unos 3,.8 millones de dólares anuales a los valores de hoy) concentraron en 2019 nada menos que el 86,9% de los ingresos por ventas. 

Las 29.256  empresas medianas (aquellas con ventas entre 25 y 100 mil UF, entre 1,0 y 3.8 millones de dólares) representaron solo un 5,5% de las ventas. 

Las 206.313 pequeñas empresas (aquellas con ventas entre 2,4 y 25 mil UF, entre 92 mil dólares y 1 millón de dólares) representaron algo más, aunque sigue siendo una cifra muy baja, con un 5,9% de las ventas. 

Las 769.797 micro empresas (aquellas con ventas hasta 2,4 mil UF, equivalentes a unos 92 mil dólares o bien a 69 millones de pesos anuales) representaron apenas un 1,6% de los ingresos por ventas. 

Las grandes empresas declararon al SII que contrataron a 4,6 millones de personas, nada menos que un 48,1% del total. Las medianas emplearon a 1,4 millones de personas, el 14,9%. Las pequeñas empresas declararon 2 millones de dependientes, un 21% del total.  Las micro empresas emplearon a 722 mil personas, un 7,5% del total. Un dato curioso es que las empresas que no declaran ventas emplearon a 757 mil personas, el 7,9% del total.

En resumen, las llamadas Mipymes, que se supone son el nervio económico del país y a las que siempre se alude como aquellas que crearían el grueso del empleo, representan solo el 13,1% de las ventas y contratan solo al 43,9% de los trabajadores dependientes, menos de la mitad. Y las grandes empresas la cifra inversa, con no mucho más de tres actores principales en cada mercado sectorial.

Un poco de coherencia en materia de 10% y de impuestos progresivos

La Comisión de Constitución avanzó en el nuevo retiro del 10% de las AFP. El proyecto fue despachado a la sala de la Cámara ayer. El miércoles ya había aprobado en particular la indicación que permite el nuevo retiro en los mismos términos que el primer retiro del 10%. Pero el jueves la Comisión aprobó, adecuadamente, que paguen impuestos aquellas personas que decidan retirar fondos si tienen una renta imponible mensual superior a los $2,5 millones, en caso que el retiro sea superior a 35 UF ($1 millón).

Esta era una indicación de Chile Vamos, con la que estuvo en contra toda la oposición, con excepción del presidente de la Comisión, el diputado Matías Walker (DC). El diputado Walker actuó adecuadamente esta vez, aunque lo lógico es que se aplique simplemente el impuesto a la renta habitual, impuesto que paga solo el 25% de los chilenos y por tanto no afecta al 75% de menos ingresos. Es incomprensible, en cambio, que el resto de la oposición haya votado en contra.

Aquí está la razón: el retiro de los fondos de AFP hasta el agotamiento (ya es el caso de más de dos millones de personas) o su fuerte disminución, dejará a un número adicional considerable de chilenas y chilenos sin pensión autofinanciada o con una muy baja. Esto obligará a millones de personas adicionales a acudir a la pensión básica solidaria, financiada con impuestos. ¿De dónde deben venir esos impuestos? Es de esperar que de las personas de más altos ingresos, cualquiera sea el origen de esos ingresos (ya sea que provengan del trabajo o del capital o... de retiros de fondos de AFP). Exceptuar de pagar impuestos a las personas de mayores ingresos no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la equidad y desde el punto de vista del mayor esfuerzo que deberá realizar la sociedad chilena para financiar las pensiones básicas solidarias. En efecto, habrá que extenderlas desde el actual 60% de las familias a una cifra lo más próxima posible al 100% de la población mayor de 65 años, además de aumentar sustancialmente su monto. Esa debe ser una prioridad fundamental de cualquier gobierno próximo.

En el retiro del 10% de julio, que tuvo sentido en tanto los ahorros en las AFP se transformen en el futuro en una opción voluntaria a la que además de complementar pensiones se pueda acudir en caso de necesidad antes de la jubilación, se permitió que para las personas de altos ingresos el retiro del 10% (hasta cerca de 4 millones de pesos) se transformara en la posibilidad de invertirlos en APV (instrumentos de ahorro previsional voluntario) con un premio tributario. Regalarle dinero público a las personas de más altos ingresos no parece ser exactamente la mejor política tributaria. Fue un error.

Permitir a las personas en situación de cesantía o de alto endeudamiento que salgan de la desesperación económica que viven en la actualidad usando sus ahorros de las AFP es un recurso de última instancia que se justifica, aunque hubiera sido mucho mejor que se recurriera a los ahorros del Estado para financiar un Ingreso Familiar de Emergencia al menos en la línea de la pobreza y un más amplio seguro de cesantía, como hemos defendido desde el inicio de esta crisis y criticado por ello al gobierno. El precio de esta medida, porque en economía todo tiene un valor, es que el Estado deberá hacerse cargo del pago de pensiones de millones de personas adicionales. 

Yo no tengo nada en contra de esta evolución, por una serie de razones que escapan a este comentario. Pero si creo que debe tratarse en serio. Alguna franja parlamentaria parece empujar este tipo de medidas porque alivia a sus electores en el corto plazo, sin reparar demasiado en que este alivio proviene de sus propios recursos. ¿No tendría más sentido gastar al menos la misma energía en exigir al gobierno que se haga cargo del problema derivado de la pandemia, como es su deber?

En todo caso, el hecho de que las pensiones de la mayoría pase en el futuro a manos de un mecanismo público obliga a sostener su nivel básico mediante un fortalecimiento del pago del impuesto progresivo a los ingresos (sistema en el que los que ganan más pagan proporcionalmente más impuestos) y no de su debilitamiento. Otra parte de las pensiones deberá pagarse con cotizaciones obligatorias que dejen de ir a las AFP, que debieran solo recoger ahorros voluntarios en el futuro. La oposición debiera pensar mejor su postura para que no tengamos una situación en la que los más ricos se las siguen arreglando por esta razón o aquella para no pagar los impuestos con los que deben contribuir para financiar bienes públicos suficientes y redistribuir hacia las familias más necesitadas, incluyendo asegurar una pensión digna básica a los mayores como un derecho.

Economía y política en tiempos de crisis

Primera versión en La Mirada Semanal

Cuando en cualquier sociedad la economía entra en una crisis severa y ésta se prolonga en el tiempo, se producen efectos de bienestar y distributivos que pueden llegar a ser dramáticos para los grupos sociales de menos ingresos y de inserción precaria en el empleo. Y suelen aparecer impactos políticos sustanciales. Algunos en la izquierda radical interpretan las crisis bajo el prisma de “cuando peor mejor”, en tanto favorecería reacciones de la mayoría social contra el dominio capitalista. Por nuestra parte, nos mantenemos en la lógica de que “cuando peor, peor”. En efecto, en una mirada larga, no debe olvidarse que la gran depresión económica de 1929 llevó a Hitler al poder en Alemania (luego de la trágica división entre liberales demócratas, socialdemócratas y comunistas, que terminaron todos presos o asesinados) y a una catástrofe mundial gigantesca, que debió resolverse en una guerra que puso en colaboración nada menos que a Estados Unidos con la Unión Soviética. Y no debe olvidarse que las secuelas de la crisis de 2008 ayudaron a consolidar los gobiernos de ultraderecha en Europa Oriental (y por un tiempo en Italia) y, a la postre, la emergencia de Trump. Esto se produjo cuando los perdedores de la globalización -una parte de la clase obrera industrial y los trabajadores no calificados dañados por el aumento de los ingresos del capital en relación a los del trabajo y la caída de sus ingresos por las externalizaciones y deslocalizaciones en las nuevas cadenas globales de producción- se volcaron a la demagogia de líderes patológicos y al nacionalismo xenófobo. 

En América Latina, la gran recesión ayudó a poner en el gobierno a Bolsonaro, y también a Piñera. Cuando se fragmenta y debilita el nexo social principal que es el empleo y éste se hace más informal e inestable, no siempre se traduce en fortalecer las opciones progresistas partidarias de redes amplias de protección social (y tampoco a aquellas favorables a cambios revolucionarios), como pudiera pensarse a priori de manera simplista. Antes bien, en ocasiones fortalece a aquellas alternativas políticas de derecha que reclaman dureza contra la delincuencia, culpan a las élites (aunque paradojalmente son parte o están al servicio de las oligarquías económicas) y convocan al pueblo en su contra estimulando impulsos primarios de rechazo al distinto, a algunos grupos étnicos, a los intelectuales, al pobre y al inmigrante y de sujeción a liderazgos autoritarios y primitivamente agresivos que generan efectos de manada. Este esquema de acción política ha demostrado ser trágicamente efectivo en algunas circunstancias históricas.

En Chile, después del impresionante rechazo popular del 25 de octubre a mantener la actual constitución, los efectos de una contracción económica de proporciones acompañará el calendario político próximo. Por ello, analizar lo que ocurrirá con la economía es relevante. 

Los últimos datos disponibles indican que en septiembre se registró un cuarto mes de mejoría de la actividad económica luego del desplome acumulado de –16,2 en el trimestre marzo-mayo respecto a febrero (en términos desestacionalizados). El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) publicado el 2 de noviembre mostró un incremento de 5,1% de la actividad productiva en septiembre respecto al mes previo (siempre descontando las variaciones estacionales). 

En octubre de 2019, ya se había producido una caída mensual de -5,8% en el contexto de la rebelión social, pero seguida de una rápida recuperación en los meses siguientes, que llevó la actividad más allá de la caída inicial. En cambio, la recuperación hasta los niveles de febrero -el mes de más alta actividad registrada hasta ahora- tomará mucho más tiempo. La caída histórica de marzo-mayo se explica por el choque del coronavirus y las restricciones de oferta derivadas de las prohibiciones de desplazamiento y aglomeración y las caídas en la demanda de consumo de los hogares y de la inversión privada y pública. En ya cuatro meses de recuperación, solo se ha recorrido la mitad del camino hasta volver a alcanzar el nivel de actividad de febrero. Al mismo tiempo, la evolución de la epidemia de coronavirus en Chile mantiene una amenaza latente sobre la economía. 

La comparación de la actividad económica en los primeros 9 meses (enero-septiembre) de 2020 respecto al mismo período de 2019 registra una caída anual de -7,8%. Esto permite prefigurar una caída en 2020 inferior a esa cifra (dado el mal cuarto trimestre de 2019), pero muy superior a las dos más recientes recesiones, la de -0,4% en 1999 y de -1,6% en 2009 de caída del PIB. En los buenos datos de septiembre han incidido tanto la inyección de recursos por el retiro de ahorros desde las AFP como el retiro de recursos acumulados desde las cuentas del seguro de cesantía por haber perdido su empleo, visto suspendido su contrato o disminuida su jornada de trabajo (que representan un 6% y un 0,6% del PIB respectivamente). Al mismo tiempo, la demanda externa parece mejorar, pues en septiembre se registró un incremento de 3,7% de las exportaciones en doce meses, gracias a la recuperación china. No obstante, si el gobierno hubiera ampliado el gasto público en un 5% adicional del PIB, como lo ameritaba la situación, financiando un déficit también adicional perfectamente asumible con el uso de reservas fiscales y endeudamiento, la caída de la producción y el empleo hubieran sido mucho menores. El actual gobierno se niega a actuar sobre la demanda de consumo de las familias de menos ingresos a través de transferencias más importantes por Ingreso Familiar de Emergencia, Seguro de Cesantía y Pensión Básica Solidaria. Ha preferido concentrar los recursos en aliviar la situación tributaria de las empresas de mayor tamaño.

Peor aún, el gobierno anunció que terminará con el Ingreso Familiar de Emergencia. El 29 de octubre se inició el último pago de este subsidio, en este caso del sexto mes, para unos 8 millones de personas. Para familias con ingresos informales, el monto del subsidio ha dependido del número de integrantes, siendo en los primeros cuatro meses de $100.000 por integrante hasta un total de 4. Los pagos en los meses cinco y seis ascendieron a 70 y 55% por ciento de los montos asignados previamente. Para familias con ingresos formales, el monto del subsidio ha estado conformado como la diferencia entre el aporte que le correspondería a la familia si sólo tuviera ingresos informales y el total de los ingresos formales que percibe, monto no menor a $25.000 por integrante de la cada familia.

Este subsidio ha sido insuficiente, pues se sitúa por debajo de la línea de pobreza. Pero mucho peor será la situación ahora, especialmente para los 2,8 millones de personas que buscan trabajo y no lo encuentran (1 millón) o que desearían trabajar aunque no estén buscando activamente un empleo (1,8 millón), según los datos del INE para el tercer trimestre del año, y para todos los que están percibiendo escasos ingresos por causa de la crisis. 

Esta medida, que se agrega a no aumentar el salario mínimo, es justificada por el gobierno señalando que se concentrará en la creación de empleos. Pero no solo afectará a 8 millones de personas sino que también será un nuevo golpe al consumo de los hogares y a la demanda interna. Implicará, por tanto, nuevos despidos en las actividades que dependen de esta variable. Es un error no solo desde el ángulo de la protección social básica en la crisis sino también desde el ángulo de la reactivación macroeconómica. Y si la crisis del empleo se prolonga, pues el subsidio al empleo creará muy pocos nuevos puestos de trabajo y producirá un efecto de subsidio al costo salarial de las empresas que crearán esos empleos de todas maneras si se reactivan sus ventas, puede ser el caldo de cultivo para opciones “antisistémicas” y “anti-élites” de distinto origen y sentido. E incluso para opciones radicales de derecha que tomen impulso en medio de la hasta ahora observada división e incapacidad opositora de producir respuestas creíbles para la mayoría social ante la crisis.