Economía y política en tiempos de crisis
Primera versión en La Mirada Semanal
Cuando en cualquier sociedad la economía entra en una crisis severa y ésta se prolonga en el tiempo, se producen efectos de bienestar y distributivos que pueden llegar a ser dramáticos para los grupos sociales de menos ingresos y de inserción precaria en el empleo. Y suelen aparecer impactos políticos sustanciales. Algunos en la izquierda radical interpretan las crisis bajo el prisma de “cuando peor mejor”, en tanto favorecería reacciones de la mayoría social contra el dominio capitalista. Por nuestra parte, nos mantenemos en la lógica de que “cuando peor, peor”. En efecto, en una mirada larga, no debe olvidarse que la gran depresión económica de 1929 llevó a Hitler al poder en Alemania (luego de la trágica división entre liberales demócratas, socialdemócratas y comunistas, que terminaron todos presos o asesinados) y a una catástrofe mundial gigantesca, que debió resolverse en una guerra que puso en colaboración nada menos que a Estados Unidos con la Unión Soviética. Y no debe olvidarse que las secuelas de la crisis de 2008 ayudaron a consolidar los gobiernos de ultraderecha en Europa Oriental (y por un tiempo en Italia) y, a la postre, la emergencia de Trump. Esto se produjo cuando los perdedores de la globalización -una parte de la clase obrera industrial y los trabajadores no calificados dañados por el aumento de los ingresos del capital en relación a los del trabajo y la caída de sus ingresos por las externalizaciones y deslocalizaciones en las nuevas cadenas globales de producción- se volcaron a la demagogia de líderes patológicos y al nacionalismo xenófobo.
En América Latina, la gran recesión ayudó a poner en el gobierno a Bolsonaro, y también a Piñera. Cuando se fragmenta y debilita el nexo social principal que es el empleo y éste se hace más informal e inestable, no siempre se traduce en fortalecer las opciones progresistas partidarias de redes amplias de protección social (y tampoco a aquellas favorables a cambios revolucionarios), como pudiera pensarse a priori de manera simplista. Antes bien, en ocasiones fortalece a aquellas alternativas políticas de derecha que reclaman dureza contra la delincuencia, culpan a las élites (aunque paradojalmente son parte o están al servicio de las oligarquías económicas) y convocan al pueblo en su contra estimulando impulsos primarios de rechazo al distinto, a algunos grupos étnicos, a los intelectuales, al pobre y al inmigrante y de sujeción a liderazgos autoritarios y primitivamente agresivos que generan efectos de manada. Este esquema de acción política ha demostrado ser trágicamente efectivo en algunas circunstancias históricas.
En Chile, después del impresionante rechazo popular del 25 de octubre a mantener la actual constitución, los efectos de una contracción económica de proporciones acompañará el calendario político próximo. Por ello, analizar lo que ocurrirá con la economía es relevante.
Los últimos datos disponibles indican que en septiembre se registró un cuarto mes de mejoría de la actividad económica luego del desplome acumulado de –16,2 en el trimestre marzo-mayo respecto a febrero (en términos desestacionalizados). El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) publicado el 2 de noviembre mostró un incremento de 5,1% de la actividad productiva en septiembre respecto al mes previo (siempre descontando las variaciones estacionales).
En octubre de 2019, ya se había producido una caída mensual de -5,8% en el contexto de la rebelión social, pero seguida de una rápida recuperación en los meses siguientes, que llevó la actividad más allá de la caída inicial. En cambio, la recuperación hasta los niveles de febrero -el mes de más alta actividad registrada hasta ahora- tomará mucho más tiempo. La caída histórica de marzo-mayo se explica por el choque del coronavirus y las restricciones de oferta derivadas de las prohibiciones de desplazamiento y aglomeración y las caídas en la demanda de consumo de los hogares y de la inversión privada y pública. En ya cuatro meses de recuperación, solo se ha recorrido la mitad del camino hasta volver a alcanzar el nivel de actividad de febrero. Al mismo tiempo, la evolución de la epidemia de coronavirus en Chile mantiene una amenaza latente sobre la economía.
La comparación de la actividad económica en los primeros 9 meses (enero-septiembre) de 2020 respecto al mismo período de 2019 registra una caída anual de -7,8%. Esto permite prefigurar una caída en 2020 inferior a esa cifra (dado el mal cuarto trimestre de 2019), pero muy superior a las dos más recientes recesiones, la de -0,4% en 1999 y de -1,6% en 2009 de caída del PIB. En los buenos datos de septiembre han incidido tanto la inyección de recursos por el retiro de ahorros desde las AFP como el retiro de recursos acumulados desde las cuentas del seguro de cesantía por haber perdido su empleo, visto suspendido su contrato o disminuida su jornada de trabajo (que representan un 6% y un 0,6% del PIB respectivamente). Al mismo tiempo, la demanda externa parece mejorar, pues en septiembre se registró un incremento de 3,7% de las exportaciones en doce meses, gracias a la recuperación china. No obstante, si el gobierno hubiera ampliado el gasto público en un 5% adicional del PIB, como lo ameritaba la situación, financiando un déficit también adicional perfectamente asumible con el uso de reservas fiscales y endeudamiento, la caída de la producción y el empleo hubieran sido mucho menores. El actual gobierno se niega a actuar sobre la demanda de consumo de las familias de menos ingresos a través de transferencias más importantes por Ingreso Familiar de Emergencia, Seguro de Cesantía y Pensión Básica Solidaria. Ha preferido concentrar los recursos en aliviar la situación tributaria de las empresas de mayor tamaño.
Peor aún, el gobierno anunció que terminará con el Ingreso Familiar de Emergencia. El 29 de octubre se inició el último pago de este subsidio, en este caso del sexto mes, para unos 8 millones de personas. Para familias con ingresos informales, el monto del subsidio ha dependido del número de integrantes, siendo en los primeros cuatro meses de $100.000 por integrante hasta un total de 4. Los pagos en los meses cinco y seis ascendieron a 70 y 55% por ciento de los montos asignados previamente. Para familias con ingresos formales, el monto del subsidio ha estado conformado como la diferencia entre el aporte que le correspondería a la familia si sólo tuviera ingresos informales y el total de los ingresos formales que percibe, monto no menor a $25.000 por integrante de la cada familia.
Este subsidio ha sido insuficiente, pues se sitúa por debajo de la línea de pobreza. Pero mucho peor será la situación ahora, especialmente para los 2,8 millones de personas que buscan trabajo y no lo encuentran (1 millón) o que desearían trabajar aunque no estén buscando activamente un empleo (1,8 millón), según los datos del INE para el tercer trimestre del año, y para todos los que están percibiendo escasos ingresos por causa de la crisis.
Esta medida, que se agrega a no aumentar el salario mínimo, es justificada por el gobierno señalando que se concentrará en la creación de empleos. Pero no solo afectará a 8 millones de personas sino que también será un nuevo golpe al consumo de los hogares y a la demanda interna. Implicará, por tanto, nuevos despidos en las actividades que dependen de esta variable. Es un error no solo desde el ángulo de la protección social básica en la crisis sino también desde el ángulo de la reactivación macroeconómica. Y si la crisis del empleo se prolonga, pues el subsidio al empleo creará muy pocos nuevos puestos de trabajo y producirá un efecto de subsidio al costo salarial de las empresas que crearán esos empleos de todas maneras si se reactivan sus ventas, puede ser el caldo de cultivo para opciones “antisistémicas” y “anti-élites” de distinto origen y sentido. E incluso para opciones radicales de derecha que tomen impulso en medio de la hasta ahora observada división e incapacidad opositora de producir respuestas creíbles para la mayoría social ante la crisis.
