2017: el año estelar de la derecha

En Voces La Tercera

En el plano político, 2017 será recordado como el año en que el candidado presidencial de la derecha logró ganar una segunda elección presidencial desde la vuelta a la democracia electiva en 1990. Piñera reunió eficazmente al electorado tradicional de su sector, aquel que vota por un candidato de sus ideas cualquiera éste sea, motivado por sus intereses, convicción ideológica y visión de mundo, electorado que no es menor a alrededor de un 40% de los votantes en el Chile de hoy, es decir los sectores de altos ingresos y buena parte de los sectores medios y populares conservadores. Y también logró la adhesión de cerca de un 15% adicional del electorado, constituido por aquel voto fluctuante que no encontró en la candidatura de Guillier una alternativa creíble y/o quiso expresar un voto de protesta frente al desempeño del gobierno en materia de empleo, educación, salud, seguridad y probidad, sin adscribir necesariamente a la derecha y habiendo votado en muchos casos por parlamentarios de otros sectores.

El curriculum de un presidente con amplios conflictos de interés, ex ministros encausados por cohecho y manejo de su fortuna desde paraísos fiscales, que suele no impresionar mucho al electorado de derecha, tampoco impactó al votante fluctuante. Este electorado sin grandes definiciones ideológicas al parecer privilegió la idea de que un gran empresario, aunque tenga eventuales conductas límites desde el punto de vista del interés público, está en mejores condiciones de empujar a la economía y sus intereses cotidianos que un senador independiente que proviene del periodismo con una coalición dividida. En efecto, el hecho que la Nueva Mayoría en el gobierno se presentara al electorado con dos candidaturas y sin primarias, proyectó una imagen de desorden que se agregó a la imagen de debilidad en la gestión de gobierno, más allá de los avances en diversas áreas. El contraste fue grande con una derecha que expresó su diversidad y divisiones, por momento rudas, pero también mostró capacidad de confluir alrededor del candidato común Piñera y del interés de volver al gobierno.

En materia económica, la política seguida por la actual administración no fue capaz de empujar el crecimiento, que fue sistemáticamente inferior al potencial de la economía, mostrando una notoria impericia en la conducción macroeconómica y en la capacidad de diseñar y explicar reformas en las que muchas de las autoridades simplemente no creían y que eran sin embargo indispensables para el propio crecimiento del país a largo plazo y para su cohesión básica. El Banco Central no colaboró mucho, pues como suele hacer reacciona tarde y poco frente al deterioro de la actividad, terminando el 2017 con apenas 1,5% de crecimiento del PIB y una inflación de 1,9% anual, muy por debajo de rango meta de 3%, lo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de su mandato legal, que no es enfriar sistemáticamente la economía en detrimento del empleo y de las condiciones de vida de las mayorías. La consecuencia de esta política deflacionista ha sido un estancamiento del empleo asalariado y crecimientos fluctuantes de las remuneraciones que enfriaron el primer motor de la economía, el consumo. El segundo motor, la inversión, experimentó una fuerte caída desde 2013, empujada por la inversión minera por razones externas y por la construcción por razones internas, la que inexplicablemente no fue compensada con aumentos contracíclicos de la inversión pública, que disminuyó en los dos últimos años. Un déficit fiscal algo más amplio, financiable a bajo costo, habría sostenido una mayor actividad y, con cierta probabilidad, evitado la rebaja de la nota crediticia chilena provocada por el bajo crecimiento. El tercer motor de la economía, las exportaciones netas, sufrió de un contexto externo que no mejoró hasta 2017. Se consagró así una morosidad económica que fue contrastando con una percepción de buen desempeño del empleo y de las remuneraciones en 2010-2013, lo que favoreció mucho a Piñera. Aunque ese desempeño fue empujado por altos precios del cobre y por las políticas fiscales expansivas post crisis de 2009, el ciudadano de a pie no tiene por qué hacer estas disquisiciones: la situación fue mejor en estos aspectos en 2010-2013 que en 2014-2017, sin discusión.

Estaban así reunidos todos los ingredientes para una nueva derrota de la presidenta Bachelet en la proyección de su campo político. Evitarlo requería una atención mayor de su parte hacia los partidos y la representación parlamentaria que en teoría debía apoyarla. Y nombrar ministros en los puestos claves que creyeran en una política fiscal contracíclica y en reformas estructurales de diversificación productiva, de sustentabilidad ambiental y de disminución de la desigualdad. No lo hizo ni en el plano político ni en el económico-social tanto en su primera (recordemos que el neoliberal Andrés Velasco hoy en la derecha fue su ministro de Hacienda) como su segunda administración. Increiblemente, tuvo que sacar del gobierno el año pasado a un ministro del Interior que la desafiaba abiertamente desde posiciones conservadoras y en agosto de este año a todo su equipo económico por una ortodoxia antiambiental inconducente que no daba para más. Por otro lado, pequeños cambios regulatorios demostraron que Chile puede enfrentar una rápida transición energética a bajos costos, en la que sus ministros no creían demasiado, obsesionados con políticas “procrecimiento” que siempre han confundido con políticas que favorezcan las utilidades rentistas de corto plazo de las grandes corporaciones. En política y en economía, en nombre de las astucias, no se puede señalizar para un lado y doblar para el otro sin consecuencias, porque eso termina en el rechazo de los ciudadanos al desorden y la incoherencia que inevitablemente provocan. El hecho que la presidenta no haya avanzado nada en materia constitucional, más allá de unos interesantes debates, y aún no se conozca su proyecto de nueva Constitución a pocas semanas de dejar el cargo, expresa bien esta situación de falta de coherencia entre los dichos y los hechos en temas cruciales de la agenda pública comprometidos por ella misma.

A pesar de la victoria contundente de Sebastián Piñera en la elección presidencial, fue electo por solo el 26,5% de los habilitados para votar, mientras la derecha no triunfó en la elección parlamentaria. Los chilenos que votaron (un 48% de los habilitados) le dieron a Piñera un voto de mayor confianza relativa, pero sin otorgarle los instrumentos legislativos para un gobierno que vuelva atrás, por ejemplo, en el aborto por tres causales, la reforma tributaria y la laboral, por limitadas que sean. O bien el nuevo gobierno de Piñera busca ampliar su arco parlamentario, lo que parece bastante difícil, o bien abandona esas promesas de campaña, como ya lo hizo en parte en materia de gratuidad educacional. Dicho sea de paso, esto no le resultó tan difícil pues la política del gobierno actual terminó en un gigantesco subsidio injustificado a universidades privadas e institutos de calidad cuestionable, con un alto costo fiscal, en vez de haber fortalecido la educación escolar y universitaria pública, que recibirán mucho menos dinero adicional que varias universidades de negocio.

El hecho es que hoy existe una nueva situación político-partidaria. La Fuerza de Mayoría (PS, PPD, PC, PR) obtuvo en la elección de diputados, dato que mide el estado de las adhesiones públicas a los partidos, un 24% de los votos. El Frente Amplio, un 16,5%. Los partidos Progresista y País, un 3,9%. El MAS e Izquierda Ciudadana un 0,4%. Estas expresiones políticas de izquierda sumaron el 45% del electorado participante. Cabe considerar, además, a la emergente Federación Regionalista Verde, con un 1,9% de los votos, y a la Democracia Cristiana, que reunió el 10,3% de los votos. La derecha tradicional (Chile Vamos) obtuvo el 38,7% de los mismos y la neoderecha (Amplitud y Ciudadanos) el 1,6%, sumando un poco más del 40% del voto expresado, con un premio en la representación parlamentaria por haber ido más unida que sus contendores y dada la mecánica levemente mayoritaria de la cifra repartidora con pocos escaños a repartir que es propia del nuevo sistema electoral. En resumen, entre los que participaron en el voto parlamentario, la izquierda es más que la derecha y bordea la mayoría absoluta. El centro tradicional es hoy muy minoritario. Y la abstención sigue siendo la mayoría absoluta…

La principal fuerza parlamentaria son los tres partidos conservadores agrupados en la coalición Chile Vamos, que obtuvieron 72 de los 155 escaños en disputa en la Cámara de Diputados, a 6 de la mayoría absoluta, y 12 senadores de los 23 en disputa. Pero como el Senado se renueva cada 4 años en la mitad de las 15 regiones, sumó 19 senadores de 43, no logrando tampoco la mayoría absoluta. Le sigue la Fuerza de la Mayoría, que eligió 43 diputados (19 de los cuales del Partido Socialista y 8 de cada uno de los tres partidos restantes, el PC, el PPD y el PR) y 7 senadores, sumando 15 miembros de la cámara alta.

No está claro como evolucionará la oposición. Tal vez se contituya de modo permanente el bloque PS-PC-PPD-PR que apoyó a Guillier en primera vuelta, por razones prácticas de elegibilidad futura o bien adicionalmente buscando dotarse de una identidad de izquierda histórica y reformadora, especialmente si la Democracia Cristiana, con sus 14 diputados y 6 senadores, persiste en una proyección propia a la que es difícil que renuncie. Eventualmente este bloque podría llegar a acuerdos de oposición parlamentaria y social con el Frente Amplio, manteniendo una relación de colaboración parlamentaria y política con la DC, con la Federación Regionalista-Verde y el PRO-País. ¿Se unificará la oposición y avanzará a una renovada fuerza de cambio (un “bloque por los cambios”) con un programa creíble de no retroceso en las reformas, de cambio constitucional y de cambios antineoliberales en educación, salud y pensiones y en cobre, litio y pesca?. No lo sabemos, aunque en esta ocasión, gracias a las reformas del financiamiento de campañas aprobadas en el actual gobierno, el peso del poder económico tendrá, en teoría, menos capacidad de influir en la oposición como lo hizo en el primer gobierno de Piñera, y de manera bastante vergonzosa en el caso del royalty minero y la ley de pesca.

Si no se producen transformaciones de las prácticas políticas (con apego a una estricta probidad e independencia del poder económico, rechazo al clientelismo, vuelta a la sociedad para representar sus intereses mayoritarios, vuelta a la centralidad del proyecto de transformación igualitaria, progresista y sustentable), no habrá una renovada fuerza de cambio que prepare una alternancia en cuatro años, ahora sin figuras providenciales. Habrá tal vez acuerdos por arriba, pero sin proyección ni credibilidad. Seguir igual que siempre prolongaría, con alta probabilidad, el predominio de la derecha en los próximos gobiernos. Poner por delante nuevas prácticas políticas tomará un tiempo, pero, como dice un buen amigo, los buenos días se dan en la mañana. No habrá tiempo que perder para el campo progresista.

Ganó Piñera, ¿y ahora qué?

En El Mostrador

Muchos nos estamos preguntando cómo seguir construyendo desde la izquierda luego de la derrota del domingo 17 de diciembre. Quedan en pie en el Parlamento –y más en general en la sociedad– dos grandes bloques, uno que no se reconoce como tal (PS, PPD, PR, PC) porque teme romper los puentes con la DC, aunque la autonomización de esta es ya un hecho de la causa, y que está más o menos dispuesto a colaborar con el Frente Amplio, y este último conglomerado, que no está dispuesto a colaborar mayormente, por el momento, con nadie. Y luego un esbozo interesante de proyecto regionalista-verde y proyectos personalistas alrededor de Marco y de Navarro. Y una DC que tiene que decidir si mantiene su vocación de reforma antioligárquica, que le dio origen en el siglo XX, o prevalece el anticomunismo, que también forma parte de su origen. O sea, un panorama bastante desolador, que es el que explica, junto al mal desempeño del Gobierno, buena parte de la derrota.

¿Como seguir? Las respuestas vendrán de múltiples debates y planteo a continuación una opinión personal –no pertenezco ya a ninguna organización, siguiendo la orientación de Marx (Groucho) según la cual "no quiero pertenecer a ningún club que me acepte como miembro"–. Lo hago aunque los hay a quienes no les gustan las opiniones de personas como el suscrito, porque vienen de "la élite", en este caso de aquel segmento de personas que leen libros y enseñan, o porque tienen una trayectoria política previa: lo siento, nadie es perfecto. Pero lo bueno con las opiniones personales es que no le hacen daño a nadie, salvo un eventual disgusto momentáneo y alguna réplica en las redes sociales. Vamos a lo nuestro.

Primero, es prioritaria la clarificación de las prácticas políticas. Nadie que se diga de izquierda puede tener un átomo de tolerancia con el todo vale en materia de financiamiento ilegal de la política, el lobbismo organizado y menos con el narcotráfico o bien cualquier delincuencia de cuello blanco. Diversos proyectos progresistas han sido acusados interesadamente por la derecha de corruptos, sin ninguna autoridad moral. El problema es que ha habido actos de corrupción, de tráfico de influencias y de financiamiento ilegal de la política, en nuestro caso cuando ya existían dispositivos públicos de financiamiento, y algunos a alto nivel, aunque los haya 50 veces más en la derecha. Ese no es el punto: la credibilidad del proyecto emancipador de la izquierda se derrumba ante el pueblo llano si resulta que somos lo mismo que los partidarios del "todo vale para mantener u obtener dinero y poder".

Esto no puede admitir discusión: en la izquierda no puede haber sino prácticas transparentes en materia de financiamiento de su actividad, y ninguna sujeción al poder del dinero. Si no, para qué ser de izquierda, digo yo, que por definición busca representar al mundo del trabajo y la cultura y a los carentes de poder y capital y no a los dueños de ese poder y capital: es más claro estar en el otro campo de una vez.

Segundo, una extensión de este principio es tener cero tolerancia con el clientelismo político, aquel que consiste no en buscar la adhesión a un proyecto emancipador y de cambio basado en la defensa de valores e intereses colectivos sino en obtener apoyo electoral a cambio de subsidios o favores del Estado o cargos públicos. "Es que la política es así", dirán algunos, tal vez muchos. Pues bien, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Esas adhesiones siempre terminarán migrando hacia los más eficaces en ese terreno y desde luego la derecha y su cultura paternalista de la hacienda. Y nuestro proyecto es el de establecer derechos sociales universales, no perennizar sistemas de reparto de granjerías estatales a poblaciones carenciadas para mantenerlas bajo control.

Tercero, la vuelta a la sociedad. La izquierda tradicional se estatizó en las últimas décadas. Muchos de sus militantes se transformaron en funcionarios públicos –digna profesión, por lo demás, a la que pertenezco como profesor titular de una universidad pública– o en aspirantes a serlo a través de los canales del clientelismo político, tal vez porque entendían que esa era la regla del juego ofrecida. Todo lo cual redundó en la idea del acceso al privilegio como fundamento de la pertenencia a un partido de Gobierno: "¿Qué me ha dado el partido?" se transformó en el leitmotiv, en vez de "¿qué puedo darle al partido?", entendido como espacio organizador de un proyecto colectivo.

Ningún partido debiera, por lo demás, estar en condiciones de repartir cargos públicos en una sociedad democrática basada en el mérito y la inclusión, y no hemos tenido el coraje de reformar el Estado para no hacer de este un botín, como ahora lo será de la derecha. El resultado fue la pérdida de vínculo con la sociedad organizada, como el mundo sindical, con los nuevos movimientos sociales y, más general y peligrosamente, con las nuevas generaciones. Uno de los tantos desafíos del Frente Amplio es no repetir este camino.

Cuarto, la vuelta a la centralidad del proyecto. Se trata de volver a constituir fuerzas con fundamento ideológico y que lo defienden, y no solo programáticas, cuando no pragmáticas. Ya se argumentó: el proyecto de la izquierda es cambiar la sociedad hasta terminar, a través de sucesivas transformaciones, por cambiar de sociedad. Y construir paso a paso una sociedad políticamente democrática, culturalmente abierta y diversa, socialmente justa, económicamente eficaz sobre la base del trabajo y de la reciprocidad, y abierta a la cooperación e integración entre pueblos y naciones.

La discusión en la izquierda sobre el proyecto emancipador suele ser enconada, porque tiende a alinearse con realidades nacionales de poder, como la URSS en el pasado, Cuba y Venezuela más tarde, o con intereses particulares. La izquierda nunca puede ser alineada con o desde los poderes, porque de nuevo pierde su razón de ser, aunque solidarice, coopere o, por último, comprenda otros procesos, en el límite, claro, de no desmentir sus propios valores y su propio proyecto emancipador del dominio de los autoritarismos, del patriarcado y del capital sobre los seres humanos.

Por nuestra parte, pero evidentemente existen muchos otros enfoques a discutir, proponemos recoger las experiencias del siglo XX y sostener que el horizonte del proyecto de la izquierda del siglo XXI sea igualitario, social y ecológico, para hacer posible que nadie deje de ejercer derechos fundamentales en el presente y que las nuevas generaciones puedan disponer de una biosfera que sustente establemente la vida humana en el futuro. Este principio conlleva el cuidado por los bienes públicos y los bienes comunes, junto al objetivo de disminuir sustancialmente las brechas de bienestar entre posiciones sociales e individuos y el acceso universal a umbrales suficientes de bienestar.

El principio de la maximización del interés individual y de la acumulación ilimitada debe y puede ser sustituido por el principio de solidaridad y de ejercicio de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con la perspectiva de que todos los miembros de la sociedad lleguen a estar dotados de las mismas oportunidades efectivas de prosperar, corrigiendo no solo las desigualdades de participación en la vida colectiva sino también las desigualdades que determinan la inserción social de inicio desde la familia, el género, la orientación sexual, el territorio y los sistemas educativos. Lograr estas nuevas capacidades de inclusión tiene una contrapartida: que todos contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen en un contexto de reciprocidad y de cooperación.

La creación de nuevas capacidades productivas, social y ecológicamente sustentables, requiere sostener los servicios ecosistémicos y contener las irreversibilidades ambientales mediante el uso intensivo y democratizado del conocimiento y la planificación de la diversificación productiva en una economía con mercados, pero no de mercado, en una inserción internacional no subordinada, con puentes de cooperación latinoamericana. Solo una economía basada en empresas descentralizadas, dinámicas e innovadoras, y no en las rentas del capital concentrado o de los recursos naturales –que en todo caso deben ser puestas a disposición de la colectividad para la expansión de los bienes públicos–, permitirá la progresiva reducción de las brechas entre posiciones sociales en materia de ingresos, género, pertenencia étnica o estatus.

El principio de solidaridad podrá tener un mayor sustento si progresivamente se acompaña de la expansión del principio de comunidad, entendiendo por tal el que promueve que a las personas les importen los demás y que, siempre que sea necesario y posible, cuiden de ellos y que, además, se preocupen de que a los unos les importen los otros, incluyendo las condiciones en que las nuevas generaciones podrán vivir en el planeta.

Cifras que no cuadran

En Voces La Tercera

En la etapa final de la campaña presidencial, los candidatos se han encontrado en el debate televisivo frente a la necesidad de corregir a miembros de sus equipos técnicos. Los equipos técnicos, ya sea en las campañas o en el gobierno, no son los que mandan y los que priorizan. Mandan y priorizan los presidentes, colegislando con el parlamento, que son los que reciben el mandato popular para ejercer la autoridad pública en el marco del Estado de derecho. Esto lo vivieron en carne propia los ministros de Hacienda y Economía en agosto recién pasado, cuando intentaron interponerse en una decisión de la Presidenta de la República y de su Comité de Ministros en materia de asuntos ambientales a propósito de la inversión en la Minera Dominga. Esta inversión presentaba problemas en la preservación de un ecosistema marino y no fue autorizada. Los ministros que quisieron mandar por sobre la Presidenta fueron reemplazados y no pasó nada.

Con los años, se ha agravado una distorsión en Chile. Los economistas ortodoxos tienen una tendencia crecientemente inapropiada y carente de fundamento a creerse dueños de la verdad y a considerar que la dirigencia política no es competente. Y a tildar de populista todo lo que se mueve. Solo ellos no lo serían y se auto-atribuyen una especie de mandato mesiánico de preservación del orden por sobre los demás mortales.

Las realidades económico-sociales son complejas y requieren de miradas multidisciplinarias desde el punto de vista de los saberes y diversas desde el punto de vista de los intereses a considerar, articulando el corto con el largo plazo. El tecnócrata clásico suele ser de mirada limitada y corta. Es cada vez menos capaz de entender la complejidad y de recomendar buenas decisiones de política, es decir que tengan una dirección precisa, pocos efectos colaterales indeseados y consenso suficiente. Aquí, lo supuestamente mejor suele ser enemigo de lo bueno. El gobierno de los expertos o “de los que saben”, alguna vez recomendado por los pensadores griegos clásicos, simplemente no forma parte de los cánones democráticos. Gobiernan en la modernidad democrática aquellos que son elegidos por el pueblo, por períodos delimitados de tiempo, en una dinámica en que la mayoría orienta las decisiones, con contrapesos institucionales que eviten arbitrariedades que conculquen los derechos fundamentales, y con el derecho de las minorías a procurar transformarse en mayoría en la siguiente elección periódica. Los expertos en esto tienen poco que ver. Es un asunto de los ciudadanos y de la sociedad y de las ideas y valores que profesan y de los intereses que sostienen. En democracia todas las materias de la esfera pública son en esencia debatibles y ojalá sean objeto de buenas deliberaciones contradictorias, aunque esto moleste a los espíritus simples y dogmáticos.

Dicho lo anterior, el intento de Sebastián Piñera de aparecer corrigiendo en el debate televisivo a Alejandro Guillier en materia de cifras económicas fue poco ecuánime y arrogante al insistir en la caída del promedio de actividad del año 2009. Alejandro Guillier afirmó que Sebastián Piñera tomó una economía en crecimiento y la dejó en desaceleración. Esto es totalmente cierto: en el tercer y cuarto trimestres de 2009 la economía creció en términos desestacionalizados en un 1,4% en cada período, una muy buena cifra, y se detuvo temporalmente en el primer trimestre de 2010 por el  devastador terremoto, luego de que en los tres trimestres anteriores al segundo semestre de 2009 el PIB desestacionalizado había caído como fruto de la crisis internacional y una reacción tardía de la política monetaria y fiscal. Los primeros tres años del gobierno de Piñera se beneficiaron del plan reactivador de Bachelet en 2009 y del impulso fiscal provocado por el terremoto, junto a un muy buen precio del cobre. En el cuarto trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014, al terminar el gobierno de Piñera, la economía creció solo en 0,5% y 0,1% en términos desestacionalizados, impactada por el inicio de la caída de la inversión minera a raíz del nuevo ciclo internacional negativo de precios del cobre. A mayor abundamiento, el déficit fiscal efectivo fue -0,5% del PIB, con el correspondiente incremento de los pasivos estatales. Nada de esto fue, a sabiendas, mencionado por Piñera.

Sebastián Piñera hizo en el debate presidencial televisivo, además, un descubrimiento tardío: luego de afirmar que Guillier no tenía programa, ahora no solo el programa existía sino que además lo había estudiado. Y descubierto que valía cuatro veces más que lo calculado por sus autores, poniendo a sus economistas de turno a abundar sobre este intento de construir una post-verdad a última hora, al estilo Trump. El hecho es que el programa de Guillier está dimensionado en 10 mil millones de dólares adicionales en los cuatro años de su eventual gobierno. La condonación de la deuda del CAE y del Fondo Solidario del Crédito Universitario tendría un costo del orden de 250 millones de dólares adicionales por año. Nada que ver con los cuarenta mil millones de dólares literalmente inventados por Piñera y su equipo.

En cambio, lo que todavía nadie explica es desde dónde ni cómo se van a reasignar siete mil millones de dólares del presupuesto para financiar la mitad del programa de Piñera, suponiendo que la otra mitad se la financia el crecimiento. Esto es, adicionalmente, bastante discutible, más aún si se considera el tema de la derogación de la desintegración parcial del impuesto a las utilidades de las empresas respecto del impuesto a la renta de las personas planteado por Piñera en caso de ganar la elección. No nos olvidemos que la reforma tributaria en curso va a aumentar la contribución tributaria del 1% más rico a partir de 2018, como, dicho sea de paso, ha postulado pertinentemente el Frente Amplio. Se trata del corazón de la reforma tributaria de 2015 que Piñera quiere, si llegara a ganar, derogar en beneficio de los más ricos, es decir de él mismo (aunque en realidad eso es bastante relativo porque maneja su fortuna desde paraísos fiscales) y del gran empresariado al que pertenece. Las cifras que no cuadran son las que Piñera ha mencionado para financiar sus promesas. Las que cuadran demasiado bien, de nuevo a lo Trump, son las que permitirían a los más ricos en la sociedad chilena –que lo son bastante y alimentan una de las desigualdades de patrimonio y de ingresos más grandes del mundo, según el Banco Mundial- beneficiarse de rebajas tributarias y de reversiones de la legislación laboral perfectamente injustificadas.

Los 600 mil empleos que promete Sebastián Piñera: algo no calza

El Mostrador

En el Gobierno de Piñera, entre marzo de 2010 y marzo de 2014, se creó –según los datos del INE– un total de 969 mil empleos, con un crecimiento de 14% en el período. El empleo se crea básicamente según aumente la producción. El PIB, de acuerdo al Banco Central, aumentó en 22.8% en el mismo lapso. La elasticidad producto/empleo (es decir, en la jerga del análisis económico, los empleos creados por cada unidad adicional de producto) fue de 0.61, una cifra superior al promedio de más largo plazo, que ronda por el 0.5.

En el Gobierno de Michelle Bachelet (para hacer posible la comparación de cuatro años tomamos el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2017, última cifra disponible) se han creado 531 mil empleos, es decir, crecieron en 6.8%. La economía creció en el mismo período en 7.9%. Por tanto, la elasticidad empleo/producto subió a 0.86. Dicho con otras palabras, el crecimiento se hizo más intensivo en empleo.

Paréntesis: parece una buena cosa que se creen más empleos para cada unidad del crecimiento de la producción. Y lo es ciertamente para las personas que han conseguido empleo. Pero, de nuevo para el análisis económico, ¡esto representa una caída de la productividad del trabajo! Se necesitan más trabajadores para producir lo mismo. Decida usted cuál de las dos caras de la moneda le parece más satisfactoria.

Lo razonable es sostener que en el corto plazo y en la parte baja del ciclo, por ejemplo, cuando la economía chilena ha sufrido un fuerte choque externo, como con la fuerte caída del precio del cobre entre 2012 y 2016, y un desplome de la inversión minera (pasó de 8% a 2% del PIB) durante todo el Gobierno de Michelle Bachelet, es bueno que el empleo no se haya resentido en demasía.

Se podría haber hecho más con una política monetaria menos rígida y una política fiscal más contracíclica (sobre todo no haciendo retroceder la inversión pública durante dos años seguidos), pero no se vino abajo la creación de empleo a pesar de que el crecimiento anual promedio del PIB bajó a menos de la mitad. En el largo plazo, más vale aumentar la producción por trabajador, porque así se incrementa la probabilidad de ampliar los ingresos de la mayoría. Esta probabilidad es mayor si existen mecanismos no asimétricos de negociación salarial periódica entre empleadores y trabajadores y además mecanismos redistributivos a través del sistema de impuestos-transferencias.

Sigamos. Piñera ha dicho que el empleo en su eventual futuro Gobierno va a crecer en 600 mil puestos de trabajo. Aclaremos, en primer lugar, que el empleo público (plantas y contratas) es el 3% del empleo total, de modo que no va a ser el Gobierno el que va a crear esos nuevos puestos de trabajo, sino los demás agentes económicos, es decir, básicamente las empresas (contratando personas) y las familias (mediante empleo familiar no remunerado, por cuenta propia o contratando servicio doméstico).

Piñera ha dicho que durante su eventual futuro Gobierno la economía crecerá más o menos como durante su mandato de 2010-14. Con una elasticidad producto/empleo de 0,5% y un crecimiento de 5%, se debieran crear cerca de 850 mil puestos de trabajo, y no 600 mil.

Entonces pueden estar pasando dos cosas: o bien Piñera calcula una fuerte caída de la intensidad de la creación de empleo, respecto de lo cual no se avizoran factores que la justifiquen, o bien sus cálculos reales de crecimiento son más cercanos al 3-4%.

Sería interesante que se nos aclarara este punto, porque, si no, se debe concluir que la promesa de reactivación fácil de la economía y de vuelta al crecimiento del ciclo alto del precio del cobre en la primera parte de su Gobierno, por las expectativas que Sebastián Piñera crearía, no son las que están consideradas en sus propios cálculos de creación de empleo.

Recordemos que la estimación de crecimiento potencial para los próximos años que calcula el Banco Central es de 2.5%. La economía se reactiva en el corto plazo, en tanto haya capacidad ociosa de producción, aumentando el consumo y la inversión mediante la política monetaria y fiscal, para lo cual hay un margen en la actualidad. Pero en el largo plazo la economía y el empleo solo crecen aumentando esa capacidad de producción, con más inversión pública, más investigación y desarrollo tecnológico, más inversión privada y un tipo de cambio real alto, lo que además debe hacerse cautelando el medioambiente y la calidad del empleo. Nunca por arte de magia ni por las solas virtudes del mercado, como parece creer Piñera.

Aumentar el crecimiento y hacerlo inclusivo y sustentable no es una tarea que se resuelva con la especulación.

Entrevista en El Ciudadano

Entrevista en El Ciudadano

Gonzalo Martner fue presidente del Partido Socialista en 2004 y dejó de ser militante de esa colectividad en 2016, en pleno gobierno de Michelle Bachelet, por considerar que el PS había “renunciado a su rol histórico”: “impulsar las transformaciones” y no boicotearlas, señala. Luego fundó el Partido País junto al también ex socialista Alejandro Navarro. Al poco andar abandonó igualmente ese buque y hoy engrosa las filas de los “socialistas sin partido”, como el también ex figura del PS, Jorge Arrate. Plantado en este escenario de reconfiguración del tablero de la política, que ha generado una serie de movimientos de alto impacto entre la primera y la segunda vuelta presidencial, apunta sus dardos a la derecha. A propósito de la sugerencia de “fraude electoral” de parte de Sebastián Piñera y la posterior insistencia de José Antonio Kast, el académico de la Usach dispara: “Este episodio da cuenta de que en la derecha política chilena no hay estrategia”.

Luego de salirte del Partido Socialista, formaste junto a Alejandro Navarro el Partido País. Después, en agosto, apoyaste a Guillier para la primera vuelta. ¿En qué estás políticamente?

Efectivamente, luego de salirme del Partido Socialista fundamos, junto a Navarro, País. Sin embargo, a lo largo del año Navarro fue radicalizando su discurso pro Maduro (presidente de Venezuela), lo que generó distancia. Ello implicó que yo anunciara mi respaldo al senador Alejandro Guillier en primera vuelta. No comparto los delirios autoritarios, mucho menos en las experiencias de los socialismos reales; he sido anti estalinista toda la vida, mucho menos voy a respaldar a alguien que se quiere eternizar en el poder. No renuncié formalmente, porque ahora País se va a disolver.


¿Pretendes moverte hacia alguna de las alternativas que se van configurando?


Actualmente se puede observar una necesidad de renovación de liderazgos que tenemos que preocuparnos de estimular, y los que tuvimos roles en el pasado, tenemos que asumir esta nueva situación y no ponernos en la primera línea, sino más atrasito. Creo que se puede producir una situación de colaboración entre la vieja y nueva izquierda. La vieja, conformada por los partidos que respaldaron a Alejandro Guillier en la primera vuelta y que, en conjunto de la elección parlamentaria, representan el 25%; y el Frente Amplio, que representa el 16,5% a nivel parlamentario. Esa suma, junto al resto de quienes no votaron por la derecha, resultan en un 45% del electorado que debe colaborar y no seguir confrontándose.


La primera vuelta ofreció una imagen, pero esa imagen no es estática y ha corrido mucha agua bajo el puente en muy poco tiempo, tanto por el lado derecho como el izquierdo. ¿Qué impresiones tienes al respecto?


En primer lugar, hay un fracaso como nunca de las encuestas, que produjeron en los diversos campos políticos una gran sorpresa. La derecha no se esperaba estar bajo un 37% y que, sumado con Kast, no superara el 45%. Por otro lado, nadie esperaba el 20% presidencial del Frente Amplio, o el 16,5% a nivel parlamentario. Por estos motivos, las respuestas han sido totalmente improvisadas. Piñera se ha dispuesto a operar una unificación de su campo con José Antonio y Felipe Kast, y Manuel José Ossandón. Tres figuras bastante incompatibles. Uno golpista, otro liberal y otro social. Eso ha generado confusión en el discurso y se ha ido mostrando desesperación en el sentido de que, además de juntar su 45% (Piñera+Kast), debe sumar un 5% más 1 voto para ganar. En ello ha trastabillado. Este episodio del fraude da cuenta de que en la derecha política chilena no hay estrategia. No han sabido manejar esta situación.

En el caso del diálogo entre Guillier y el Frente Amplio se ha ido dando un proceso interesante. La declaración del FA -que parece una adivinanza- era finalmente votar por Guillier. Yo hubiera pensado que tenía más sentido que se produjera una reunión formal y con quienes lo apoyan, y se hubiesen procesado convergencias y divergencias. Esto no se trata solo de entregar o no apoyo, sino que se trata también de cuatro años de gobierno. Esa reunión se va a producir igual, porque el Parlamento está así constituido. Son tres fuerzas que estarán procesando los temas. En el ámbito constitucional también.

El propio escenario político ha ido generando las confluencias para derrotar a la derecha, que es el primer objetivo; luego, el gobierno progresista y las transformaciones.


¿Cómo querrías que se proyectara la segunda vuelta, más allá de la definición de uno u otro candidato?

En vista de que Beatriz Sánchez ha tomado la opción de apoyo a Guillier, y que la mayoría de los liderazgos del Frente Amplio han hecho lo mismo, creo que una reunión que selle ese espíritu de colaboración sería útil. Si no es posible, me quedaría con la idea de que, en los hechos, Guillier está generando unidad al concitar apoyo.
También es interesante lo que pasa en la Democracia Cristiana. Se produjo una decisión de apoyo incondicional a Guillier, por supuesto que señalando sus propios puntos de propuesta. En el programa de Carolina Goic hay cuestiones interesantes desde el punto de vista progresista; creo que no hay impedimento para establecer una conversación. Favorecería un gobierno de coalición que incluya a la DC y al FA.

Ahí hay algo que no entiendo del Frente Amplio. Uno no puede decir que sí o sí se opondrá a un gobierno, a menos que fuese un gobierno de derecha. Si hay medidas positivas, por qué no apoyarlas. Si se avanza en gratuidad, en royalty, en un fondo universal para la salud primaria, no veo por qué oponerse. Y qué mejor que ser parte de la elaboración de esas políticas. Pero entiendo un apoyo parcial. No es lo que hicieron con Bachelet estando en un ministerio parcial. No se ha hecho una evaluación de eso. Creo que es mejor estar en el corazón de la elaboración de las políticas.

Tengo la impresión de que Guillier querría proponer una máxima amplitud. Y lo que no se logre hoy, quizás sí más adelante. Aquí se abre un proceso nuevo porque se termina de reconfigurar el escenario político.

Desde comienzo de año que se da la carrera ganada a Piñera, pero parece que la situación cambió…


Siento que el fin de semana pasado en todas las casas de Chile se dio vuelta una resignación: padres e hijos, amigos, amigas, me da la impresión de que mantuvieron una conversación favorecida porque Piñera dijo que iba a echar atrás la gratuidad, que iba a desarmar las reformas; pero, además, se acompaña de una derecha dura, cuasi golpista. Cuando Piñera dice que hay fraude, que hay votos que favorecieron a Alejandro Guillier y a Beatriz Sánchez, y uno de sus voceros dice “es evidente que hubo fraude”, pareciera que están preparando un eventual desconocimiento de los resultados de la elección. Eso genera una sensación de que hay que ir a votar.

¿Y ahora qué hacemos?

Comentario del 1-12-2017

La resolución del Frente Amplio expresa una indefinición, una falta de acuerdo, lo que nunca es bueno en política. Pero no debe entenderse como dramático ni desanimar el camino final de la agrupación de fuerzas detrás de Guillier para derrotar el retorno de la derecha. Por un lado, han estado los que querían llamar a votar por Alejandro Guillier (eventualmente con ciertas condiciones programáticas) porque, aunque desconfían de él y de las fuerzas que lo apoyaron en primera vuelta, consideran que hacerlo es la única manera de evitar que Piñera sea el próximo presidente y que ese es un valor en sí mismo para evitar regresiones sociales y mayores conductas autoritarias del Estado. Y eventualmente que un acuerdo con Guillier, que es un independiente que no viene del corazón de la Nueva Mayoría, pudiera dar lugar a una agenda legislativa que viabilice cambios progresistas que el actual gobierno no estuvo dispuesto o no pudo llevar a cabo. Por otro lado, se situaron los que consideraron que ambos candidatos de segunda vuelta expresan a los poderes existentes y que deben ser rechazados por igual, por lo que la conducta a adoptar es la abstención y concentrarse en proyectar una futura mayoría autónoma del Frente Amplio sin alianzas, en una estrategia de camino propio. Las explicaciones que resultan de esta indefinición no son fáciles de entregar a la opinión pública, según se ha visto en estas horas. Los electores, incluyendo los numerosos votantes del Frente Amplio, de todas maneras van a determinar su conducta según su propio discernimiento, pues es efectivo que en democracia nadie es dueño de los votos de nadie. Pero las fuerzas políticas por definición buscan convocar a algo y a definirse frente a los hechos de la esfera pública orientando a sus adherentes y procurando ampliar su número. En este sentido esta es una ocasión perdida para el Frente Amplio.

Pero hay que considerar y comprender que su rápido recorrido desde que se constituyó hace un año sobre una base generacional y federativa, ha estado centrado en ser oposición al centro y a la izquierda tradicionales, con bastante razón pues estas fuerzas políticas han devenido desde hace ya bastante tiempo en una plataforma de poder burocrático llamada "centroizquierda" con cada vez menos credibilidad y eficacia. Su tema no ha sido hasta ahora constituirse en una opción efectiva de manejo de los asuntos de la sociedad. No se conciben como tal, sino como oposición a lo existente. La paradoja es que una parte sustancial del país está disponible para una nueva alternativa de izquierda y progresista dirigida por jóvenes, pero que esos jóvenes, entre otras cosas por serlo, no han hecho aún el natural recorrido, que no puede forzarse, de constituirse en alternativa de gobierno capaz de convocar a distintas generaciones, valorar la historia y las diversidades sociales y territoriales, en un nuevo bloque histórico para cambiar una sociedad aun económicamente extremadamente desigual, socialmente excluyente y depredadora del medio ambiente.

Constituir un nuevo bloque histórico por los cambios sigue siendo el desafío. El desafío de la consolidación democrática, aunque nunca puede descuidarse, ya deja de estar en el centro de la escena política. Para ese desafío se constituyó la Concertación, la que incluyó a los que tenía que incluir. Para disminuir las desigualdades, pasar del Estado subsidiario a un Estado de bienestar moderno y dar un giro ambiental y descentralizador a la economía, es bastante evidente, al menos para quien escribe estas líneas y sin ánimo de descalificar a personas sino que de describir tendencias, que figuras que se identificaron con el progresismo como Correa, Tironi, Schaulsohn, Brunner, Marfán, Valdés, Velasco, Guilisasti y otros, o bien que se identificaron con el socialcristianismo, como Aninat, Santa Cruz, Walker, Perez Yoma, y demases, están hoy día más cerca del neoliberalismo y la sociedad de mercado que de su transformación progresista. Están en su derecho, y este no es un tema de personas sino que de opciones políticas, que es útil se clarifiquen para no producir gobiernos incoherentes, como desgraciadamente fue en buena medida el que termina, con adversarios de su programa manejando los órganos clave del gobierno.

Hoy existe una nueva situación político-partidaria. La Fuerza de Mayoría (PS, PPD, PC, PR) obtuvo, en la elección de diputados, un 24% de los votos. El Frente Amplio, un 16,5%. Los partidos Progresista y País, un 3,9%. El MAS e Izquierda Ciudadana un 0,4%. Estas expresiones políticas de izquierda representan el 45% del electorado. Cabe considerar, además, a la emergente Federación Regionalista Verde, con un 1,9%. La Democracia Cristiana, por su parte, reunió el 10,3% de los votos. La derecha tradicional (Chile Vamos) obtuvo el 38,7% y la neoderecha (Amplitud y Ciudadanos) el 1,6%, sumando un poco más del 40%. En resumen, entre los que participan en las elecciones parlamentarias, la izquierda es más que la derecha y bordea la mayoría absoluta y el centro es muy minoritario.

Esta nueva situación, en la que la izquierda tiene que meditar sobre su identidad y sobre su futuro, el Frente Amplio no la valoró lo suficiente. Como no valoró al constituirse en 2016 la incorporación de personas de otras generaciones provenientes de la izquierda tradicional que podrían haber ayudado a que, con una configuración más amplia y de mayor credibilidad gubernamental, hubiera llegado incluso a disputar la segunda vuelta de diciembre de 2017.

El hecho es que la candidatura de Guillier no se parece mucho a las de la Concertación y la Nueva Mayoría. Su programa es claramente progresista -convención constituyente, fin al monopolio de las AFP, 70% de gratuidad, condonación de CAE para 40%, fondo universal para salud primaria, etc.- pero además ya no estarán en el parlamento figuras insignes de la lógica conservadora y acomodaticia con los poderes fácticos como Walker, Zaldívar, Escalona, Andrade que contribuyeron a desdibujar el programa de Bachelet y a desprestigiar su gobierno. Las figuras conservadoras de la DC y la tecnocracia neoliberal DC y PPD se han negado a apoyar a Guillier, que tampoco le reconoce a esos sectores el poder de veto que han ostentado en las etapas políticas previas. En el PDC, el peso parlamentario de sus sectores progresistas es hoy determinante, en un contexto en que, en una decisión que honra a ese partido, decidió de inmediato apoyar a Guillier sin condiciones, confiando, como seguramente hará, en que incorporará sus temas programáticos en una convergencia no forzada, pues el PDC sigue siendo básicamente una fuerza de cambio.

Como nunca están dadas las condiciones para avanzar a una nueva constitución democrática que reconcilie a los chilenos con sus instituciones y para terminar de reconstruir la protección social al margen del mercado en Chile. No es poca cosa. Por eso hay que saludar el llamado del Frente Amplio a votar el 17 de diciembre y a impedir que Piñera gobierne, aunque faltó agregar que eso solo se logrará votando por Guillier. La victoria de Guillier, que ya parece ir configurándose en el ánimo colectivo, seguramente será seguida de la conformación de un gobierno coherente con la realización del programa comprometido. Este gobierno deberá incluir a sus fuerzas políticas de apoyo y probablemente también a independientes y a figuras jóvenes, ojalá al margen de cuotas pero seguramente con un sentido del equilibrio y al mismo tiempo de la eficiencia. Se abocará, por la fuerza de las cosas, a buscar acuerdos en el parlamento a partir de la Fuerza de Mayoría y de la DC y necesariamente con el Frente Amplio. Las legislaciones tributarias, laborales, presupuestarias, tendrán mayoría para aprobarse si se llega a esos acuerdos en beneficio de la mayoría social. La cuestión constitucional, en cambio, requerirá de un acuerdo con una parte de la derecha, la que tendrá que abocarse a un giro democrático si quiere volver a ser alternativa.

En suma, la regresión derechista es ciertamente negativa en sí, pero además una victoria de Piñera impediría producir los grandes avances que son posibles de concretar en los próximos cuatro años. Comprometerse a votar por Guillier o abstenerse es una gran responsabilidad, pues hacer lo uno o lo otro hará una gran diferencia para el futuro del país. Y del Frente Amplio.

La condonación del CAE para el 40% de las familias de menos ingresos

Comentario del 30-11-2017

Publicado en Voces La Tercera

El senador electo de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sostuvo, según reseña la prensa de hoy, que la propuesta de Alejandro Guillier sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado "se parece más a la propuesta de Piñera que a la nuestra. Siento que no le está hablando al electorado del FA" y que "les hablamos a miles de jóvenes y sus familias que están endeudados por el negocio de la educación superior, de los bancos, etc. Guillier las puede recoger, puede decir, mira me parece o puede decir los plazos en que él pretende abordar, puede que no sean los mismos que nosotros, que el FA. Eso está en mano suya pero por lo menos que las recoja".

La apreciación es un poco desconcertante: Piñera propone algo bien distinto a la condonación parcial y eventualmente temporal propuesta por Guillier para los deudores del CAE pertenecientes al 40% de familias más pobres. Piñera plantea un esquema general que incluye mantener una tasa de interés de 2% y un plazo máximo de pago de quince años, mientras Guillier plantea la mencionada condonación y para los que pertenecen a las familias del 60% de más altos ingresos en la sociedad una tasa de interés del crédito de 0% de interés y 10 años máximo de pago. ¿Cómo va ser lo mismo? Tal vez la interpretación surge porque Piñera también plantea que los bancos salgan del nuevo sistema de crédito para los que no accedan a la gratuidad en la educación superior y un esquema de pago de 0% a 10% del salario según la condición económica, lo que Juan Ignacio Latorre convendrá se parece a una mera concesión frente a su rechazo a la gratuidad, sin precisar mucho, además, los mecanismos de aplicación.

Pero no olvidemos lo principal. Piñera estuvo por dejar en el 50% de familias de menos ingresos la gratuidad de la educación superior y por no aumentarla a 60% en 2018 ni en el futuro. Luego se abrió a aumentarla por presión de Ossandón. Guillier se comprometió, en cambio, a aumentarla a al menos el 70%.

Pero el Frente Amplio insiste en la condonación total del CAE, con un costo de 8 mil millones de dólares, financiado con una tributación adicional al 2% más rico. Buena idea, que más bien debiera traducirse técnicamente en un aumento tanto de la tasa marginal del impuesto a la renta, que la reforma tributaria del actual gobierno bajó equivocadamente al 35% (recordemos que en 1990 era de 50%) como del Impuesto Territorial a las pocas propiedades inmobiliarias de muy alto valor. Pero esos recursos adicionales van a competir, por ejemplo, con el aumento del gasto en I+D en dos puntos de PIB para aumentar la productividad y la innovación; con el fortalecimiento de las Universidades estatales y la creación de Centros de Formación Técnica estatales en condiciones de gratuidad; con el aumento del gasto en infraestructura productiva y social restringiendo el sistema de concesiones que beneficia desproporcionadamente a sus operadores privados; con el aumento de las pensiones solidarias (recordemos que hoy son de 104.646 pesos al mes) en al menos otros dos puntos de PIB; con el fin del copago de las familias en el sistema escolar subsidiado (que permanece según la normativa actual hasta el año 2050) y la inyección de recursos en las escuelas públicas en todo el territorio; con la creación de un nuevo sistema de protección de la infancia para terminar con los abusos en el Sename; con el aumento de profesionales de salud y especialistas en el nivel primario y hospitalario para bajar urgentemente los tiempos y las listas de espera en la atención de salud, y así sucesivamente.

Que a los jóvenes profesionales que salen del 40% de menos ingresos se les pida que contribuyan a pagar una parte de su educación no es neoliberalismo ni piñerismo, sino apenas un poco de sentido de solidaridad. Los estudiantes graduados que por recibir educación vayan logrando mayores ingresos y estén en condiciones de contribuir a que otros estudien están llamados también a ser parte de un sistema de solidaridad basado en la progresividad de los aportes según los niveles de ingresos. Probablemente tenga sentido homologar la línea de pago a partir del 30% más rico hacia finales del próximo gobierno tanto la gratuidad como la exención de pagos del CAE y del fondo del crédito solidario, si los recursos van estando disponibles por el crecimiento y por los cambios tributarios de la reforma reciente y otros que resulten necesarios. No sé si afirmar esto es escuchar o no a los electores del Frente Amplio, pero si estoy seguro que estos son -como la gran mayoría de los chilenos y chilenas- solidarios y que aprecian que los cambios se hagan de modo de modo equitativo y progresivo para que perduren en el tiempo.

Piñera promete 600 mil empleos: algo no calza

Comentario del 29-11-2017

En el gobierno de Piñera, entre marzo de 2010 y marzo de 2014, se crearon, según los datos del INE, un total de 969 mil empleos, con un crecimiento de 14% del volumen de empleo en el período. El empleo se crea básicamente según aumente la producción. El PIB, según el Banco Central, aumentó en 22.8% en el gobierno de Piñera. La elasticidad producto/empleo (es decir, en la jerga del análisis económico, los empleos creados por cada unidad adicional de producto) fue de 0.61, una cifra superior al promedio de más largo plazo, que ronda por el 0.5.

En el gobierno de Michelle Bachelet (para hacer posible la comparación de cuatro años tomamos el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2017, última cifra disponible) se han creado 531 mil empleos, es decir crecieron en 6.8%. La economía creció en el mismo período en 7.9%. Por tanto, la elasticidad empleo/producto subió a 0.86. Dicho con otras palabras, el crecimiento se hizo más intensivo en empleo.

Paréntesis: parece una buena cosa que se creen más empleos para cada unidad del crecimiento de la producción. Y lo es, ciertamente para las personas que han conseguido empleo. Pero, de nuevo para el análisis económico, ¡esto representa una caída de la productividad del trabajo! Se necesita más trabajadores para producir lo mismo. Decida usted cuál de las dos caras de la moneda le parece más satisfactoria. Lo razonable es sostener que en el corto plazo y en la parte baja del ciclo, por ejemplo cuando la economía chilena ha sufrido un fuerte choque externo como con la caída del precio del cobre entre 2012 y 2016 y un desplome de la inversión minera durante todo el gobierno de Michelle Bachelet , por razones estrictamente externas que nada tienen que ver con las reformas, es bueno que el empleo no se haya resentido en demasía. Y a pesar de que el crecimiento anual promedio del PIB bajó a menos de la mitad. En el largo plazo, más vale aumentar la producción por trabajador, porque así se incrementa la posibilidad de ampliar los ingresos de la mayoría. Esta posibilidad es mayor si existen mecanismos no asimétricos de negociación salarial periódica entre empleadores y trabajadores y además mecanismos redistributivos a través del sistema de impuestos-transferencias, y menor si no existen..

Sigamos. Piñera ha dicho que el empleo en su eventual futuro gobierno va a crecer en 600 mil empleos. Aclaremos en primer lugar que el empleo público (plantas y contratas) es el 3% del empleo total, de modo que no va a ser el gobierno el que va a crear esos empleos, sino los demás agentes económicos, es decir básicamente las empresas y las familias. Piñera ha dicho que durante su eventual futuro gobierno la economía crecerá más o menos como durante su gobierno de 2010-14. Con una elasticidad producto/empleo de 0,5%, se debieran crear unos 900 mil empleos, y no 600 mil. Entonces pueden estar pasando dos cosas: o bien Piñera calcula una fuerte caída de la intensidad de la creación de empleo, respecto de lo cual no se avizoran factores que la justifiquen, o bien sus cálculos reales de crecimiento son muy inferiores. Sería interesante que se nos aclarara este punto, porque si no se debe concluir que la promesa de reactivación de la economía por arte de magia ni siquiera está considerada en sus propios cálculos. La economía se reactiva en el corto plazo, cuando hay capacidad ociosa de producción, aumentando la demanda interna, y en el largo plazo aumentando esa capacidad de producción con más inversión pública y privada. Nunca por arte de magia.

El discurso de Guillier del 27 de noviembre

Comentario del 28-11-2017

En su discurso anoche Alejandro Guillier avanzó en sus definiciones: nueva constitución con convención constituyente y plebiscito si el Congreso la rechaza; reconocimiento de pueblos indígenas; condonación del CAE a 40% de familias más vulnerables; 80% de gratuidad en educación superior en su gobierno y 100% en educación superior técnica; 3% de cotización de salud para fondo universal en salud primaria (que habrá que articular con las garantías GES-AUGE para las patologías que requieren atención hospitalaria); fin del monopolio de AFP en pensiones y nuevo sistema contributivo solidario, junto a varios otros temas (comentario: no encuentro en internet en ninguna parte el texto del discurso que escuché anoche en el teatro para difundirlo; ¡plop!). Con esto se configura un camino de cambios para cuatro años muy sustancial.

Hay quienes dicen que serán oposición de todas maneras a cualquier gobierno futuro. ¿Como así? ¿También a estas medidas? ¿Renuncian a gobernar o a influir en el gobierno? No puedo creerlo.

Me da la impresión que sigue habiendo más bien una explicable desconfianza con los liderazgos que en el pasado reciente han señalizado para un lado y luego girado para el opuesto. Esa actitud de desconfianza es comprensible.

Solo llamo la atención que abstenerse es todo lo contrario de actuar y avanzar. Y que lo importante es hacer los balances para construir para adelante, en un contexto en que la derrota electoral de los emblemáticos de las posturas de la Concertación más conservadoras y acomodaticias con los poderes fácticos y los privilegios es evidente (Ignacio Walker, Andrés Zaldívar, Camilo Escalona, Osvaldo Andrade), que en la DC están primando posturas progresistas o al menos decantándose posiciones y que el Frente Amplio estuvo a dos puntos de pasar a segunda vuelta y tiene una bancada de parlamentarios más numerosa y sólida que los parlamentarios díscolos del pasado. Estas nuevas condiciones hacen posible -junto al avance en la sociedad de la idea de una nueva etapa de avances tranquilos sin vetos de los poderes fácticos- que las propuestas de Alejandro Guillier no sean palabras que se lleva el viento sino una plataforma de cambios efectivos y factibles. Que se hagan realidad no dependerá del espíritu santo ni de profecías ancestrales sino que requerirá primero ganarle a Piñera y estructurar después una agenda gubernamental y legislativa que avance desde el primer día en la dirección delineada ayer y la que emerja de futuros acuerdos y compromisos de todas las fuerzas progresistas. O sea de todos los que no están con la derecha, cada cual en sus respectivos roles y posiciones, pero cooperando y poniendo por delante en la acción política cotidiana lo principal respecto a lo secundario. Con un mínimo de buena fe y de confianza.

Los dilemas de la mayoría

En Voces La Tercera

La derecha obtuvo un 44,5% en la elección presidencial, lo que reitera su condición de minoría en la sociedad y también en la esfera electoral y en el parlamento, aunque haya aumentado levemente en la elección del 19 de noviembre su representación. Esto, dicho sea de paso, revela que sus temores poco democráticos de avanzar hacia un sistema proporcional eran infundados, como lo son sus temores con una asamblea constituyente de la que emane una nueva constitución. La tríada de posturas que la caracteriza -con variantes mayores o menores- de autoritarismo como modo de resolver los conflictos, de libremercadismo que lleva a la concentración del poder económico y de conservadurismo cultural que lleva a la intolerancia, no tiene el apoyo mayoritario de la sociedad.

No es una opción de mayoría en Chile, por ejemplo, querer resolver la violencia rural en los territorios mapuches llevando tanques ni, en los diversos planos en los que la sociedad enfrenta conflictos, reemplazar la lógica del diálogo por la de la imposición, ni actuar con firmeza contra la delincuencia sin intervenir sustancialmente en paralelo sobre sus causas, incluyendo una de las desigualdades más amplias del mundo.

No es mayoría reducir al Estado en la regulación económica a un rol todavía menor que el actual. Al revés, que el Estado cumpla un rol estratégico en una economía mixta, en particular aumentando la inversión pública en los territorios y en su tejido productivo para que se acelere el crecimiento y que este sea sostenible con una más rápida transición a las energías limpias que el país posee en abundancia, le parece a la mayoría un mejor modelo económico que el libremercadismo. Esto no es, por lo demás, en absoluto contradictorio con un marco de responsabilidad fiscal. Y no es tampoco mayoritario en la sociedad pensar que la manera de crear más empleos decentes y de mejorar los salarios para que todas las familias sigan avanzando sea, como plantea la derecha y el gran empresariado, disminuir los derechos de los trabajadores y los de los usuarios y consumidores. Al contrario, en muchas partes del mundo se ha demostrado que son compatibles y que, con buenas políticas, terminan alimentándose mutuamente.

No es mayoría en la sociedad mantener una salud dual, sino más bien apoyar una mayor protección de la salud de las familias con una integración de las cotizaciones para un acceso universal a las emergencias y a la salud primaria, primero, con más centros de salud, más especialistas y equipamiento para terminar con las listas de espera, y más adelante con un sistema de protección integral que cubra también la atención hospitalaria, expandiendo el sistema GES-AUGE. El país necesita una salud pública y privada que estimule a las familias a mantener conductas saludables y fortalezca la prevención. Y que también atienda a los ciudadanos de manera oportuna impidiendo que la cobertura de los seguros privados de salud siga basada en la letra chica y las exclusiones y protegiendo suficientemente a todas las familias ante las enfermedades, haciendo complementarios y no obligatorios los aportes a las Isapres.

No es mayoría en la sociedad mantener un sistema previsional que no asegura pensiones dignas y no agradece el esfuerzo de las generaciones que han contribuido a Chile con su trabajo. Si es mayoritario apoyar un mayor esfuerzo tributario y presupuestario para subir la pensión básica solidaria y extenderla a más familias, y a partir de ese piso complementarlo con un sistema que financie con las cotizaciones obligatorias sobre los salarios las pensiones futuras según los ingresos ganados y los años y meses cotizados, con aportes solidarios a las lagunas de empleo y a las mujeres. La cotización a las AFP debe dejar de ser obligatoria y ser solo voluntaria y complementaria. Las AFP deben salir del ilegítimo lugar que ocupan en la seguridad social.

Es mayoría en la sociedad mantener el esfuerzo solidario de aumento del acceso a la educación y no volver atrás en los avances en la gratuidad de la escuela y de la educación superior técnica y universitaria. La derecha postula, en efecto, volver a un esquema de endeudamiento de las familias y de los futuros profesionales, en vez de avanzar a un sistema de financiamiento sustentado en tributos progresivos, en el que los que más tienen contribuyen a la educación de los que menos tienen, pues bien sabemos que la educación tiene un costo importante si queremos que sea de calidad. Y es mayoritario ampliar las oportunidades educacionales de las nuevas generaciones y afianzar una educación pública en la que no se ejerzan discriminaciones en la enseñanza y la investigación por creencias particulares.

Es mayoritario, además, avanzar al matrimonio igualitario y fortalecer los derechos de la diversidad sexual, en vez de la búsqueda de imponer a la sociedad posturas conservadoras por encima de la voluntad colectiva de reconocer y respetar los derechos individuales en materia de opciones de vida.

Y también es mayoritaria en la sociedad la idea que Chile necesita nuevas instituciones que emanen del pronunciamiento ciudadano para que el país avance en temas como el reconocimiento de derechos sociales al margen del mercado, en las libertades y la separación de los poderes, en un gobierno semipresidencial que asegure coaliciones mayoritarias y estables de gobierno, en la descentralización, en la consagración de una función pública profesional y austera que sustente con eficiencia los servicios públicos y termine con el clientelismo. Esto solo lo podrá lograr una nueva Constitución, en acuerdo con el nuevo parlamento y con representantes directos de los ciudadanos para este efecto, para que esté representada la voz de los ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones de Chile en las nuevas reglas del juego del siglo XXI.

Estas ideas son mayoritarias en Chile. Nos lo demostró la elección del 19 de noviembre. Es ahora deber de las representaciones políticas que se identifican con ellas tomar nota del veredicto de las urnas y aunar esfuerzos para evitar que la derecha, más cohesionada y consciente de sus intereses, vuelva al poder por una división que lleve a la desmovilización y la derrota de una mayoría social que no comparte ni sus ideas ni sus intereses. Estas representaciones están hoy divididas por la historia reciente, por intereses de grupo y de capilla. En especial se ha producido un quiebre que adopta equivocadamente ribetes generacionales por las prácticas políticas condenables que se instalaron en décadas de ejercicio del poder por los partidos democráticos, algunos de cuyos miembros se subordinaron al poder del dinero en una transición que terminó por alejarlos de la sociedad y de los intereses mayoritarios. No es aceptable que persista, en particular, una seguridad social, una salud y una educación privatizadas como en ninguna parte del mundo, con excepción de Estados Unidos en materia de salud. El compromiso con la erradicación de la corrupción y el clientelismo debe ser el primer principio de un nuevo pacto de gobernabilidad progresista que recupere la confianza ciudadana. Y también de un pacto de gobierno entre los que estén dispuestos a enfrentar la siempre difícil pero ineludible tarea de encabezar las instituciones públicas para transformar a Chile, salvo que se prefiera la siempre más cómoda posición de la vereda de enfrente sin asumir compromisos distintos que la sola queja, por justificada que sea, sobre lo existente, o situarse en la inconducente lógica del todo o nada. Concordar tareas comunes para los próximos cuatro años, desde el gobierno y/o el parlamento, entre la Fuerza de Mayoría, el Frente Amplio, la DC y otras expresiones no derechistas es un deber para con la mayoría social que sigue aspirando a una sociedad más libre y más justa.

Los candidatos

En Voces La Tercera

Luego de los diversos debates, y el más reciente en televisión, cada cual tiene, probablemente, su guía de evaluación de candidatos. La mía incluye una trilogía: lo que el candidato/a dice, desde dónde lo dice y de qué manera lo dice.

En efecto, lo que el candidato/a dice y enuncia parece ser lo primero que debe tenerse en cuenta, en tanto refleja su visión de mundo y sobre los desafíos del país, es decir los programas que sustentan la candidatura.

En mi apreciación, en esta materia el eje izquierda-derecha (mayor o menor aceptación de la desigualdad en la sociedad, mayor o menor compromiso con la democracia como forma de gobierno, mayor o menor respecto de los derechos individuales) sigue siendo pertinente. José Antonio Kast y Sebastián Piñera proponen volver atrás en materia de aborto, no avanzar en gratuidad educacional, radicalizar la represión contra la delincuencia y las rebeliones mapuches, bajar impuestos a los más ricos, disminuir el Estado social y desregular todavía más las relaciones laborales. Kast agrega la defensa de los violadores de derechos humanos, el despliegue del Ejército en la Araucanía, el uso de armas de fuego en las casas, la enseñanza obligatoria de la religión. Piñera agrega una idea de protección social de la clase media acompañada de despidos en la administración pública. Todo esto conforma visiones y propuestas de extrema derecha y de derecha bastante precisas.

El centro, si es que esta categoría existe más allá de una idea general de equidistancia, busca ser ocupado por Carolina Goic, pero más como enunciado genérico que mediante medidas precisas, salvo su rechazo al PC, acompañado con la idea también genérica de que “se atreve” y de que sus posiciones serían socialdemócratas. Ni el socialcristianismo ni el conservadurismo católico es demasiado reivindicado, probablemente para buscar un electorado concertacionista más amplio.

Más a la izquierda, Guillier –representando la combinación de partidos que podríamos llamar de “Frente Popular”- ha desarrollado una visión de tipo socialista democrática reivindicando una nueva constitución con métodos participativos, más descentralización, el “fin de los abusos” económico-sociales con más avances en reformas sociales (restringir a las AFP, avanzar en gratuidad educacional y terminar con el CAE, conformar una cotización integrada para financiar el acceso universal a la salud primaria) y un nuevo royalty minero. Beatriz Sánchez y el Frente Amplio agregan una postura específica de Asamblea Constituyente, de sacar a las AFP del sistema de seguridad social, de establecer un fondo de cotización única de salud, de introducir propiedad pública en las principales empresas, con un costo programático bastante elevado financiado en parte con un impuesto patrimonial al 2% más rico. Alejandro Navarro postula temas parecidos, agregando la necesidad de más médicos especialistas y vacunas sin timerasol y pagar la deuda con los profesores que viene de los años ochenta para los que fueron traspasados a los municipios con endeudamiento público.

Marco Enríquez-Ominami ha sido ecléctico en materia de programa, que incluye medidas que van desde la eliminación de impuestos a la Pyme hasta mandar a jóvenes a reformatorios militares. Artés quiere un régimen de partido único, nacionalizar los medios de producción y restablecer la pena de muerte, en una orientación ideológica de tipo estalinista clásica.

Esta descripción se puede acompañar de una apreciación mucho más breve respecto a desde dónde se habla. Piñera habla básicamente desde los intereses del gran empresariado, es decir los suyos propios, incluyendo defender el uso de “empresas zombis” y de paraísos fiscales para eludir impuestos “porque son legales” y desde un gran ego (un ego superior al promedio es, sin embargo, parte usual del liderazgo político), aunque personalmente le doy el crédito de convicciones democráticas. Kast, Goic, Guillier, Sánchez, Navarro y Artés me parece que hablan desde sus respectivas convicciones y dosis particulares de ego. Enríquez-Ominami habla cada vez más desde el afán de lograr notoriedad comunicacional, más allá de convicciones.

Y en materia de formas republicanas, la incorrección ha corrido por parte de Kast y sus posturas de halago del uso de la fuerza, de Navarro y su gesto de tirar monedas, de Goic que sistemáticamente tergiversa las posturas de Guillier (“como me voy a poner de acuerdo sobre la base de la nada” y así sucesivamente), de Enríquez-Ominami y sus ataques virulentos y sin fundamentos a Guillier, incluyendo achacarle ser poco menos que el representante del narcotráfico.

Pero estas disquisiciones son, reconozco, bastante escolásticas. En realidad, todos tenemos nuestro candidato bastante definido desde hace un buen tiempo, por identificación con las ideas o por cercanía emocional con uno u otro. Pero tal vez mi trilogía pueda servir como argumento para alimentar una que otra de las conversaciones que en todos los espacios de la vida social se desarrollan en estos días sobre el tema, cada cual defendiendo a su candidato. Al final, esto se trata no solo de elegir, sino también de deliberar sobre las opciones en presencia.

La creciente urgencia ambiental

Publicado en El Mostrador

En estos días se inicia una nueva reunión mundial sobre cambio climático, esta vez en Bonn. Las noticias no son buenas.

Un indicador principal en materia de cambio climático es el de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el principal gas (entre seis) de efecto invernadero. Esta concentración pasó de un valor preindustrial de 270–275 partes por millón (ppm) a cerca de 310 ppm hacia 1950 y 380 ppm al iniciarse el siglo XXI, con la mitad del incremento, desde la Revolución Industrial, habiendo ocurrido en las últimas tres décadas.

La información para 2016 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indica que la concentración en la atmósfera ha alcanzado niveles récords, con 403 ppm, lo que representa el 145% de los niveles preindustriales anteriores a 1750. La OMM ha alertado que "la última vez que la Tierra conoció una cantidad de CO2 comparable fue hace entre tres y cinco millones de años: la temperatura era entre 2 y 3 grados más alta y el nivel del mar era 10 o 20 metros mayor que el actual".

No obstante, este organismo resalta que las emisiones de CO2 por la actividad humana se estancaron durante 2016 y que se ha detectado que esto ocurre desde 2013, lo que no ha supuesto que deje de aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, pues no existe una relación exactamente lineal entre emisiones y concentración. Esto se explica por los diversos procesos presentes en la atmósfera, como en el período reciente el fenómeno meteorológico de El Niño. La OMM concluye que “el constante aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante el período de observación, a partir de 1970 y hasta la actualidad, es consistente con el observado aumento de las temperaturas globales promedio en el mismo período”.

El año 2015 fue aquel en el que se superó por primera vez la barrera de los 400 ppm de CO2 en la atmósfera y en el que, al mismo tiempo, se firmó el pacto internacional que busca reducir los gases de efecto invernadero para evitar un catastrófico aumento de las temperaturas sobre la base de planes nacionales. De los 195 países que tomaron parte del Acuerdo de París, 169 lo han ratificado, pero Estados Unidos se retiró en 2017 (representa el 15% de las emisiones actuales y una proporción mucho mayor de las emisiones acumuladas).

El Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global a menos de 2°C sobre la etapa preindustrial y se ha planteado el objetivo más ambicioso de limitarlo a 1.5°C. El cumplimiento de estas metas reduciría la probabilidad de impactos climáticos severos que podrían dañar la salud humana, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo. No obstante, de acuerdo al Informe de octubre de 2017 de Naciones Unidas, “el Acuerdo de París promete solo un tercio de lo que se necesita para evitar los peores impactos del cambio climático”. Advierte ONU Medio Ambiente que la plena aplicación de los planes nacionales –condicionales e incondicionales– hace muy probable un aumento de la temperatura de al menos 3°C para el año 2100, lo que significa que los gobiernos deben hacer promesas mucho más fuertes en la revisión programada para 2020 .

De otro modo, según las predicciones científicas, el aumento de las temperaturas más allá de 2°C tendrá efectos sobre el aumento del nivel del mar, sobre la migración de especies en la tierra y los mares con consecuencias en cascada en ecosistemas completos, en particular, por la cadena alimenticia de las especies.

El efecto último sobre la biosfera del cambio climático acoplado con otros factores humanos (fragmentación del hábitat, especies invasivas, depredación) es un sustancial incremento de la tasa de extinciones de especies, con la consecuencia de que la actual ola de extinciones provocada por los humanos parece constituirse en el sexto gran evento de extinción que ha conocido la Tierra. A su vez, aumenta la acidificación de los océanos, que incidirá en la calcificación de organismos como los corales y arrecifes, aunque su respuesta biológica es compleja. Este solo factor puede cambiar sustancialmente los ecosistemas marinos.

Para alcanzar la meta de contener el aumento de las temperaturas promedio en 2ºC respecto al nivel preindustrial, habría que hacer caer las emisiones actuales de 52 gigatoneladas (Gt) de carbono, equivalente en 2016 a 42 Gt y a 36 Gt en 2030, si se quiere no superar los 1,5ºC. Estudios recientes citados por ONU Medio Ambiente indican que el umbral crítico a obtener es incluso menor, y se requeriría una disminución de emisiones de 24 Gt para evitar los desastres climáticos.

Al no estar disponible alguna forma de gobierno o de acción colectiva mundial capaz de establecer cuotas de disminución acompañadas de posibles transacciones de derechos de emisión de gases con efecto invernadero, solo cabe seguir por el momento la lógica de los planes y compromisos nacionales. ONU Medio Ambiente sostiene que “la adopción de nuevas tecnologías en sectores clave podría reducir las emisiones en hasta 36 gigatoneladas anuales para 2030 –con una inversión menor a USD 100 por cada tonelada de carbono–, más que suficiente para saltar la brecha estimada actualmente” y que ”la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, la acción sobre los contaminantes climáticos de vida corta y aumentar la ambición de las promesas del G20 para el año 2020, también pueden ayudar a minimizar los impactos climáticos” .

Este optimismo toma como base la constatación de que las emisiones mundiales anuales de CO2 provenientes de los recursos fósiles (carbón, petróleo y gas) y de la industria del cemento, que representan el 70% de las emisiones de gases con efecto invernadero, se han estabilizado desde 2014 en un nivel algo inferior a 36 Gt, lo que ocurre por un menor uso del carbón en China y también en Estados Unidos (que suman el 45% de las emisiones) y por la expansión de las energías renovables, especialmente las de tipo solar en China e India. No obstante, esta tendencia podría revertirse en caso de mayor crecimiento de la economía mundial. Y si se considera a los otros gases con efecto invernadero producidos por la agricultura,  la ganadería, los cambios de uso del suelo y la deforestación, se constata en 2016 un leve aumento de las emisiones totales respecto de los años anteriores.

Lo que se requiere es, a partir del mencionado diagnóstico, una ruptura en el uso de tecnologías y una reorientación de las inversiones hacia nuevas oportunidades de producción que disminuyan la huella de carbono. La solución más drástica, según ONU Medio Ambiente, consiste en dejar en el subsuelo entre un 80-90% de las reservas de carbón, la mitad de las de gas natural y cerca de un tercio de las de petróleo, lo que supone como prioridad no construir más centrales a carbón (desgraciadamente una decena de países –especialmente de Asia, incluyendo Japón, y potencialmente Chile, cuyo liberalismo energético no tiene justificación alguna, entre otras cosas porque produjo que la electricidad en nuestro país sea una de las más caras de América Latina– mantiene proyectos de nuevas centrales a carbón) y programar el cese de actividades de las 6.700 unidades actualmente en operación.

Si se actúa además en todos los sectores económicos, se podría disminuir las emisiones entre 30 y 40 Gt equivalentes por año. Solo la promoción de la tecnología solar y eólica, el mejoramiento de la eficiencia energética, el desarrollo de métodos de transporte alternativos, el cese de la deforestación y la reforestación podrían hacer caer las emisiones en 22 Gt. Las alternativas vinculadas al uso de la tierra presentan un potencial de reducción de emisiones hacia 2030 de entre 4 hasta 20 Gt de CO2 equivalente.

Esto supone establecer metas en cada sociedad, incluida la nuestra, de ahorro sistemático de energía y de calendarios de reconversión conducentes al control de las emisiones atmosféricas de la generación de energía basada en biomasa y el fin programado de la generación eléctrica sobre la base de combustibles fósiles o megarrepresas destructoras de los ecosistemas y su uso en los sistemas de transporte, valorizando las energías renovables no convencionales en redes descentralizadas y distribuidas.

Chile, en particular, está en condiciones de aprovechar su dotación y diversidad de recursos energéticos para establecer calendarios de salida del uso de hidrocarburos. El uso de energías renovables no convencionales no supone ya, en diversos casos y condiciones, sobrecostos de mercado directos de la energía, o bien requiere subsidios “socialmente rentables”, que lo son desde luego mucho más que los subsidios a los combustibles fósiles de gran volumen persistentes en muchas situaciones y lugares en la producción y consumo de bienes y servicios.

Un instrumento fundamental de reforzamiento de la reconversión productiva y de uso de energía es una actividad más intensa del sistema bancario y financiero, o al menos de los sistemas públicos, para que contribuya al financiamiento de circuitos cortos de producción/consumo saludable (que articulen, en espacios social y geográficamente próximos, la provisión de bienes y servicios para satisfacer necesidades cotidianas de las comunidades) y la economía circular (que utilice, repare, desmonte y recicle los recursos materiales), y ayudar a preservar la biodiversidad y servicios ecosistémicos con capacidad suficiente de reposición.

El cambio del régimen de uso del territorio está decisivamente vinculado al cambio productivo y energético. Un importante instrumento deben ser los programas territoriales de inversión verde que amplíen las zonas de preservación ecosistémica y fortalezcan la infraestructura urbana y rural que sustente bienes públicos, en especial en materia de transporte. Las instituciones gubernamentales y de la democracia local deberán ser las encargadas de encarecer –mediante mecanismos tributarios y tarifarios que no necesariamente implican “costos políticos” de corto plazo, si se insertan en estrategias globales de incremento del bienestar con alta visibilidad y deliberación pública participativa– y de reglamentar el uso individual del automóvil en beneficio de un transporte público que lidere la transición al uso generalizado de motores eléctricos (en vez de los de combustión interna a partir de combustibles fósiles) y que al mismo tiempo induzca la reconfiguración integradora y sustentable de las ciudades, incluyendo la generalización de las ciclovías.

Esto requiere de una planificación urbano-territorial competente en instituciones públicas no sujetas al clientelismo inmobiliario y que incluya a las zonas rurales o de baja densidad como parte de sistemas territoriales integrados. Esta planificación activa y con capacidad reguladora debe ser participativa, practicando el diálogo sistemático con los actores urbanos y de las comunidades territoriales diversas.

Su rol debe ser el de definir/redefinir los usos del suelo y sus especializaciones y orientar los sistemas de transporte público, de modo que no sigan pasivamente el influjo de uso del territorio que resulta de la actividad inmobiliaria con fines comerciales y de la construcción de vivienda social que solo considera el costo directo sobre la base de suelos baratos que configuran ciudades contaminadas, subequipadas y segregadas, con altos tiempos de desplazamiento de las personas, para fines laborales, educativos y recreativos.

Los ecosistemas y sus servicios están cercanamente interrelacionados con el bienestar humano. Las dimensiones del bienestar están llamadas a ser incluidas en las nuevas métricas que sirvan de base a los necesarios procesos de transformación social ecológica que hagan posible enfrentar los dilemas ambientales crecientes de nuestras sociedades, incluyendo Chile.

El crecimiento económico, o del PIB por habitante, no considera los crecientes costos ambientales locales y globales asociados a la expansión de la capacidad productiva y de las transacciones de mercado, ni menos la alteración negativa de las dimensiones cualitativas de la vida humana, el efecto colateral de una sociedad desarticulada y conflictuada sometida a la desigualdad, al mal vivir y a la desconfianza. Tampoco el desarrollo que se asocia solo al crecimiento del PIB es un fin en sí mismo si no es puesto al servicio de la “calidad de vida equitativa y responsable” de la sociedad en su conjunto.

Las nuevas métricas deben, en primer lugar, abandonar la pretensión de unicidad (como el PIB por habitante) y deben volcarse al diagnóstico lo más preciso posible de las brechas existentes en las esferas del bienestar social, con indicadores sintéticos flexibles y de acuerdo a las preferencias colectivas. En especial, deben ser privilegiados los indicadores sanitarios que influyen en la calidad de vida de la población y los indicadores de uso de recursos y de disminución-expansión del patrimonio natural.

Como se observa, todo lo anterior supone “una ética de la responsabilidad”, es decir, el compromiso, en lo que nos cabe, de legar un planeta viable a las nuevas generaciones, que se traduzca, con algo de “ética de la convicción” de por medio, en acciones colectivas eficaces en el corto plazo. Se requiere, en este tema como en muchos otros, tomar distancia del pragmatismo generalizado y de la defensa del individualismo pedestre que, se entiende, es la esencia de una supuesta “modernización capitalista” en curso, basada en el “esfuerzo propio distante del paternalismo” que desearía la mayoría de los chilenos.

Lo que se requiere, en cambio, es reconstruir una cierta idea del “interés general”, un cierto “nosotros” siempre presente en la sociedad, sin el cual, por lo demás, simplemente no podría funcionar en medio de la anomia privada y de la multiplicación de los males públicos (aquellos que nadie en particular puede evitar), cuya lista es larga.