Bloqueo en Francia

En El Clarín de Chile

El partido de extrema derecha de Marine Le Pen alcanzó en Francia un 37% del electorado en las elecciones europeas del 9 de junio, con más de 60% de apoyo entre los obreros, que tomaron, junto a parte de la población de provincias, progresivamente el camino del rechazo al extranjero árabe y subsahariano como bandera frente a su debilitamiento social y sentimiento de abandono. Este resultado se confirmó el 30 de junio, con un apoyo de 35% a la extrema derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas que siguieron la disolución de la Asamblea. Esta fue decidida impulsivamente por el presidente Macron luego de la elección europea, cuyo segundo mandato de cinco años expira en 2027. La izquierda sumó en esa primera vuelta un total de 31% de los votos, el macronismo un 22% y la derecha tradicional un 10%, lo que en Francia se denomina el «arco republicano» que reivindica la revolución francesa de 1789 y la resistencia a los nazis y al régimen cómplice de Pétain, que está en el origen de la actual extrema derecha.

Esta fue refundada a inicios de los años 1970 por pro-nazis y ex oficiales de la guerra de Argelia, con vocación nacionalista y xenófoba. En un principio permaneció en la marginalidad, pero ha logrado un avance sistemático en los últimos 30 años, en medio de la globalización que aumentó la prosperidad promedio pero provocó nuevas desigualdades, la desertificación de los espacios rurales (y las protestas de los llamados “chalecos amarillos” de 2018-19) y una desindustrialización que cambió el mundo del trabajo. Este terminó, en medio de largos períodos de desempleo masivo, alejándose de una izquierda ahora asentada preferentemente en los sectores medios y en la población de origen inmigrante. La izquierda es fuerte en Francia y gobernó con Mitterrand, Jospin y Hollande desde los años 1980, en alternancia con la derecha tradicional de Chirac y Sarkozy. Pero el desgaste y giro hacia políticas liberales en nombre de la competitividad en la presidencia de Hollande (2012-2017) dio lugar luego a la actual presidencia de Macron. El ex ministro de Economía del último presidente socialista apareció como hombre providencial, supuestamente ni de izquierda ni de derecha, para impedir el avance de la extrema derecha y como promesa de eficacia económica y de integración europea. Con un apoyo propio no superior al 24% del electorado en 2017 y al 28% en 2022, favoreció el quiebre a su izquierda -emergieron los «insumisos» liderados por Mélenchon, una neoizquierda radical escindida de los socialistas que obtuvo un 22% en la elección presidencial de 2022, en medio del desplome de los socialistas- y también fracturó a la derecha gaullista, en beneficio propio y, a la postre, del crecimiento de la extrema derecha.

La segunda vuelta en las elecciones legislativas se realiza en Francia entre los que suman más de 12,5% de los electores. La del 7 de julio dio curso a un nuevo rechazo al partido de Le Pen, a través de desistimientos generalizados de los candidatos pertenecientes al campo de la izquierda y del macronismo que llegaron terceros. A este «frente republicano» no se sumó la derecha tradicional, aunque recibió los votos del resto, cuando era necesario en alguna circunscripción para cerrarle el paso a la extrema derecha. Esta conducta permitió relegarla al tercer lugar en número de escaños (143), muy lejos de la mayoría absoluta (289) que induce al presidente a nombrar al primer ministro que obtiene el apoyo de la mayoría de la Asamblea. Esto es propio del sistema bicéfalo de autoridades ejecutivas del sistema político francés, que da una autoridad mayor al presidente en política exterior y defensa, lo que se extiende al resto de materias cuando tiene mayoría en la Asamblea Nacional (el Senado es una cámara revisora con pocas facultades). En caso contrario, se produce una mayoría relativa inestable del campo presidencial, como la del segundo mandato de Macron hasta la reciente elección, que legisló con frecuencia recurriendo al artículo 49-3 (que permite al primer ministro aprobar una ley sin voto, siempre que no sea objeto de una moción de censura exitosa), o bien una mayoría opositora que da lugar a la «cohabitación» entre fuerzas políticas de signo distinto, como le ocurrió a Mitterrand y Chirac en parte de sus mandatos.

El resultado de la segunda vuelta del 7 de julio permitió hacer emerger una primera mayoría relativa de la izquierda, reagrupada en el «Nuevo Frente Popular» con candidaturas comunes en las 577 circunscripciones, después de un fuerte enfrentamiento en la elección europea entre listas separadas que volvió a dar a los socialistas (14%) la preeminencia sobre los «insumisos» (10%). Este frente suma, además, a ecologistas (6% en las europeas) y comunistas (2% en la misma elección). Pero la mayoría relativa (182 electos NFP más otros 13 de izquierda) no es suficiente para sostener un primer ministro en el sistema francés. Esto solo podría ocurrir mediante un pacto entre la izquierda y la segunda fuerza, el macronismo (168 electos).

El primer problema es que los «insumisos» se niegan a cualquier pacto con otras fuerzas y, además, rechazan cualquier primer ministro del Nuevo Frente Popular que no sea propio o cercano a ellos, y exigen que en todo caso no sea socialista, los que cuentan ahora con un grupo parlamentario comparable. Esto no lo aceptan los otros tres miembros del frente de izquierda por considerar que un “insumiso” o cercano no obtendría la nominación por Macron o bien sería objeto de una censura en la Asamblea a los pocos días. Esto llevó al no apoyo del PS y los ecologistas al nombre, propuesto por los otros dos partidos, de la ex diputada comunista y cercana a los «insumisos» Huguette Bello, que preside el territorio de ultramar de La Réunion, la que declinó su opción. Los tres partidos distintos de los «insumisos» han propuesto luego a la independiente Laurence Tubiana, una mujer de izquierda y ecologista que fraguó el Acuerdo de Paris de 2015 sobre cambio climático, nombre que fue rechazado por los «insumisos». La izquierda ha entrado, después de una gran performance unitaria en las legislativas, en una crisis de vetos mutuos hasta ahora sin salida.

El segundo problema es que el ala derecha del macronismo, proveniente del conservadurismo tradicional, se niega a cualquier pacto con «insumisos» y ecologistas y solo lo aceptaría con los socialistas, lo que no alcanza a fraguar una mayoría. La falta de acuerdo en la izquierda sobre una figura común para primer ministro la pone en un derrotero en el que no podrá obligar a Macron a nombrar a un jefe del gobierno de sus filas que se proponga evitar una mayoría en su contra.

Frente al vacío, se produciría la continuidad del repudiado macronismo mediante un pacto de geometría variable por un año (hasta que pueda disolverse otra vez la Asamblea Nacional) ya sea con el gobierno saliente que administre los asuntos corrientes sin legislar o con un primer ministro que cuente con el apoyo del macronismo y la derecha y la abstención de la extrema derecha. Pero esto produciría probablemente una división del macronismo. En suma, Francia se encuentra con una situación política inextricable en perspectiva por al menos un año.

 

El sentido de la lucha contra la extrema derecha

En El Clarín de Chile

La extrema derecha tiene una raigambre histórica y cultural entre quienes se caracterizan por defender los intereses de oligarquías a partir de una idea de «jerarquía humana natural», ya sea porque se pertenezca a ellas, se aspire a hacerlo o se les suponga un rol dominante en la sociedad predeterminado por creencias culturales o religiosas.

Pero agrega otros elementos al conservadurismo tradicional y, en nuestro caso, a la «cultura de la hacienda». Es una opción que busca el apoyo del mundo popular y que radicaliza la desvalorización del derecho a la dignidad e integridad de toda persona, mientras valida formas de represión contra quienes rechazan su concepción jerárquica del orden por sobre las diversas formas de cooperación social. El mundo de la extrema derecha mantiene, además, una conducta social discriminatoria, en la que se produce un síndrome de conducta machista, antifeminista, homofóbica y transfóbica. Pero su fobia preferente es contra los extranjeros, constituidos en chivos expiatorios responsables de todos los males, empezando por la delincuencia, y que quisieran ver expulsados de la nación. Hubo quienes quisieron o quieren sacarlos de la faz de la tierra con genocidios como el exterminio nazi de judíos y gitanos, la expresión más desgarradora de esta pulsión contra el otro transformada en crimen masivo, con rasgos que se evidenciaron, bajo la bandera de la defensa propia, en las masacres turcas contra los armenios a principios de siglo XX y se reproducen en la actual masacre de palestinos por el ejército israelí, por mucho que se trate de una reacción contra otra masacre inaceptable, que a su vez se origina en anexiones y cercos ilegales en una espiral sin fin.

Lo propio de la extrema derecha es no respetar las libertades ciudadanas y sociales conquistadas en duros procesos históricos, incluyendo revoluciones, y la soberanía de las naciones. Su esquema político preferido es el Estado autoritario, o en el mejor de los casos manipular las democracias, manteniendo sus formas electorales pero intervenidas por el poder económico y mediático y, de ser posible, con expresas exclusiones ideológicas. El objetivo es evitar la soberanía popular y los contrapesos a los poderes fácticos existentes. Se incrementa su incidencia, además, cuando no se producen respuestas alternativas suficientes en las ideas y proyectos sociales igualitarios y democráticos, por haberse éstos desconectado de la voluntad mayoritaria, privilegiado intereses particulares de sus liderazgos o por conductas alejadas de la «decencia común», en la expresión de George Orwell. Se produce una pérdida general de confianza, en circunstancias que, en palabras de David Brooks, «la confianza es la fe en que otras personas harán lo que deben hacer. Cuando no hay valores morales y normas compartidas, la confianza social se desploma. Las personas se sienten alienadas y bajo asedio, y, como observó Hannah Arendt, las sociedades solitarias se vuelven hacia el autoritarismo. La gente sigue ansiosamente al gran líder y protector, aquel que liderará la lucha entre nosotros y ellos, que parece darle sentido a la vida». No se puede dejar de mencionar, además, que en el siglo XX, con prolongaciones en el presente, se produjeron grandes contradicciones con su sentido original de revoluciones sociales que consagraron métodos despóticos, heredados de los sistemas políticos que combatían, y que terminaron sirviendo los intereses de nuevas oligarquías en sociedades también jerárquicas.

La extrema derecha niega en todas partes las realidades históricas. La migración es tan ancestral como las sociedades humanas. Las primeras de ellas, las cazadoras-recolectoras, fueron esencialmente nómades, terminaron por recorrer y asentarse en casi todos los rincones del mundo en decenas de miles de años y practicaron desde siempre las mezclas entre grupos humanos para, entre otras cosas, preservar la diversidad genética de una población poco numerosa antes de esparcirse por el mundo. En América Latina, los avatares de la historia han hecho a sus habitantes esencialmente mestizos, con pueblos originarios diversos y con migrantes de potencias coloniales con antepasados tanto de distintas partes de Europa como árabes y africanos subsaharianos, que fueron secuestrados para ser esclavizados por los conquistadores, como es el caso español y portugués. Sin ir más lejos, hay cerca de 5 mil palabras árabes en el idioma español.

La pulsión primitiva contra los extranjeros y los diferentes se vincula, en nuestro caso, a la influencia del clasismo oligárquico y del supremacismo blanco, que desprecia al pueblo llano y a quien se salga de su norma. Un ejemplo reciente: la senadora UDI Ebensperger, como si ella no tuviera un apellido de origen extranjero y no fuera una inmigrante de otra generación, afirmó de manera bastante delirante que «ya los extranjeros nos ganaron los jardines infantiles, tienen prioridad por sobre los chilenos, los niños que están sin colegio hoy día son chilenos, no migrantes, y ahora que ellos hagan lo que quieran con los derechos políticos, si no quieren no van a votar, aunque el voto sea obligatorio, y la multa y la consecuencia la pagan los chilenos, que sí debemos cumplir la ley». El clasismo termina siendo un espejo de conductas discriminatorias que se proyecta hacia los extranjeros, incluso por parte de quienes se inclinan a sentirse superiores o privilegiados respecto de otros, aunque su propia posición social carezca de todo privilegio.

Contrasta con los hechos ya bien establecidos por la ciencia, de la que la extrema derecha desconfía, así como de los intelectuales culpables de contradecir sus prejuicios, el reflejo pulsional frente a nuevas olas de inmigración. Algunas derivan de regímenes en descomposición, como los de Haití y Venezuela, de lo que Chile no puede sustraerse totalmente, aunque quisiera. No obstante, tiene el deber de canalizarlas racionalmente para evitar la multiplicación de tensiones sociales, así como combatir con dureza el crimen transnacional. Pero sin tomar, por tentación populista, ni el lenguaje ni la actitud propias de la xenofobia.

El hecho es que en todos los países los «nativos puros» son una mera ficción, pues el género humano y la especie homo sapiens tienen un mismo origen biológico y, además, geográfico. Es uno que está situado en África, lo que los racistas nunca quieren escuchar: el color de la piel es un mero proceso evolutivo de adaptación a los distintos medios naturales. Hay más diversidad genética al interior de cada «raza» que entre grupos con distinto color de piel o rasgos físicos o culturales comunes. Los homo sapiens no somos idénticos, pero sí muy parecidos (ver http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext…). Esa es la base de la reivindicación moderna de la igualdad en dignidad y derechos de hombres y mujeres de cualquier rincón del planeta, que por lo demás tiene una filiación con la muy antigua idea cristiana y de otras culturas de la semejanza de los humanos entre sí («Dios creó al ser humano tal y como es Dios, a su semejanza, al hombre y a la mujer») y del universalismo de su condición.

En los países de altos ingresos y también en América Latina, la extrema derecha ha ganado ahora más fuerza. La influencia de la extrema derecha se expande y radicaliza cuando las instituciones democráticas no producen resultados para las mayorías, se levantan las barreras de lo aceptable en la esfera pública y, como trasfondo, se amplían las diferencias sociales que polarizan las condiciones de vida.

Globalmente, la evolución desde los años 1980 hacia el dominio de un capitalismo financiarizado y con producción en cadenas fragmentadas espacialmente, basada en conocimientos y crecientemente en robots e inteligencia artificial, ha cambiado el predominio de la clase obrera fabril, tanto en los centros dominantes como en las periferias, reemplazada por un precariado amplio y difuso, asalariado y por cuenta propia, con predominio del poder económico y de las “clase creativas” integradas a los circuitos de creación de altos ingresos. La extrema derecha ha logrado con frecuencia cambiar el foco del descontento social desde las desigualdades de clase y entre centros y periferias a la inseguridad y la inmigración. Muchas zonas del mundo se encuentran en una fase turbulenta con un fuerte aumento de las desigualdades sociales después de la crisis de 2008-2009 y de las disrupciones de la pandemia de Covid-19, en el contexto de nuevas disputas estratégicas entre las grandes potencias y efectos crecientes de los desarreglos climáticos en las migraciones.

No obstante, la historia también produce contra-tendencias, las que vienen del pueblo llano y de las «multitudes», en la expresión de Toni Negri, y también de intelectuales y creadores y de patricios rebeldes. Sus hitos fundantes fueron las experiencias iniciales de la Grecia antigua y revoluciones como la norteamericana y francesa en el siglo XVIII, después de múltiples luchas nacionales y sociales que condujeron a la idea de los Estados democráticos y sociales actuales.

Los señoríos feudales, las monarquías hereditarias y más tarde los fascismos en el caso europeo, junto a las dictaduras latinoamericanas, asiáticas y africanas, son parte de un mismo tronco del que proviene la extrema derecha actual y sus expresiones en Trump, Bolsonaro, Milei, Meloni, Le Pen o Kast.

Los tiempos en los que hoy toca vivir requieren en todas partes de resistencias y respuestas con capacidad de seguir construyendo democracias políticas, defenderlas y extenderlas hacia las esferas sociales, económicas y culturales. No hay demasiada pólvora que inventar sino redefinir las acciones sociales emancipadoras -la condición humana a defender de opresiones y subordinaciones ilegítimas permanece en el tiempo, aunque cambien sus condiciones de vida- ante las nuevas circunstancias y el acelerado cambio tecnológico y cultural, que incluye la multiplicación de los medios digitales de desinformación y el estímulo de las conductas egocentradas e insolidarias.

Los avances hacia la configuración democrática y social de las instituciones están siempre en peligro de regresión, lo que se observa en Chile permanentemente por la acción de las oligarquías dominantes, incluyendo su formalización en el proyecto constitucional del llamado Partido Republicano (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/…/un-proyecto…) derrotado, en buena hora, en diciembre de 2023. Nada garantiza la supervivencia y proyección de las democracias sin luchas colectivas persistentes en los espacios locales, nacionales y globales. Esto toma tiempo, en múltiples procesos colectivos de prueba y error. Ese tiempo será menor si prevalece en quienes orientan esos procesos un espíritu de responsabilidad por sobre improvisaciones, ocurrencias y retóricas no razonadas, sobre todo si, además de incongruentes, son divisivas del campo democrático o conducentes a tentaciones autoritarias. Las emociones radicalizadas per se o la mera racionalidad tecnocrática no son el camino, sino el de la persistencia de la energía, la racionalidad y las emociones democráticas y de mayorías. Estas son las que pueden producir, si son consistentes, resultados en beneficio de quienes sufren las consecuencias del patriarcado, del trabajo subordinado, de las desigualdades y las crisis, en base a su propio protagonismo.

Los enfoques emancipadores se oponen, como siempre, a los despotismos políticos y a la dominación económica depredadora del trabajo y la naturaleza, y ahora también le toca hacerlo frente a la nueva ola reaccionaria. Brasil, Colombia, México, España, Gran Bretaña y ahora Francia, con sus respectivas especificidades, han ido mostrando en el último tiempo al menos un camino con respuestas capaces de detener a la extrema derecha y preservar las democracias, condición necesaria para proyectar los nuevos avances sociales y las reducciones de desigualdades ilegítimas a que aspiran las mayorías.

 

China y la economía mundial

En La Nueva Mirada

China, la segunda economía en el mundo, lucha por mantener un crecimiento de al menos un 5% al año, después de décadas de crecimiento a un ritmo que solía ser el doble del actual. El menor crecimiento se consolidó con la recesión mundial de 2008-2009 y luego la pandemia y ha sido inferior al de la India, aunque siempre muy superior al de los países del G7. 

China está experimentando una caída en la construcción de viviendas desde 2022, que junto a la producción de acero, vidrio y otros materiales fue, además de las exportaciones industriales, el mayor impulsor del crecimiento durante décadas, con una muy elevada tasa de inversión.  Docenas de desarrolladores insolventes o casi insolventes luchan por terminar las viviendas que han prometido a los compradores. Ahora China necesita un consumo robusto para reducir el desempleo juvenil y ayudar a las empresas a lidiar con su endeudamiento. Entretanto, los hogares mantienen importantes niveles de ahorro para enfrentar contingencias, mientras ha habido pocas disposiciones concretas del gobierno para persuadirlos que reviertan una desaceleración prolongada del gasto.

Para estimular el crecimiento, se están aplicando las recetas ya probadas, es decir invertir fuertemente en el sector manufacturero, con apoyo de la banca estatal. Esto incluye una avalancha de nuevas fábricas que han ayudado a impulsar las ventas de paneles solares, autos eléctricos y otros productos vinculados a la transición energética en todo el mundo. China está dominando masivamente esos mercados. La prensa estatal alaba en particular las “tres novedades”: la energía fotovoltaica, las baterías y los vehículos eléctricos, en oposición a las “tres antigüedades”: la ropa, los muebles y los electrodomésticos de baja gama. El país está acelerando la instalación de campos de paneles solares en su territorio a un ritmo sin precedentes, tanto para salir de la dependencia del carbón como para absorber su producción: en 2023, China ha sumado 216 gigavatios de paneles fotovoltaicos, más que toda la capacidad instalada en Estados Unidos.

El nuevo programa chino tiene el lema, impulsado por Xi Jinping, de crear “nuevas y cualitativas fuerzas productivas”. Se trata de impulsar la innovación y el crecimiento a través de grandes inversiones en manufactura, particularmente en alta tecnología y energía limpia, así como un gasto robusto en investigación y desarrollo. La manufactura representa una gran parte de la economía del país, más del doble de la proporción vigente en Estados Unidos. Un 31% de la manufactura mundial proviene hoy de China, contra un 20% en 2010.

La economía china creció más de lo esperado en los primeros meses del año 2024, con un ritmo vertiginoso de inversiones en fábricas y fuertes exportaciones, luego de un cierto debilitamiento desde 2022. Esta apuesta de China por las exportaciones de manufacturas ha preocupado a muchos países y empresas extranjeras. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet L. Yellen, advirtió que inundar los mercados con exportaciones chinas perturbaría las cadenas de suministro y amenazaría a las industrias y los empleos. El canciller Olaf Scholz de Alemania ha expresado preocupaciones similares, en un contexto en que, por ejemplo, Volkswagen, la principal empresa automotora del mundo, está desarrollando fuertes inversiones en China para su producción de nuevos modelos de autos eléctricos antes que en Alemania o Europa del Este. Estados Unidos y la Unión Europea han establecidos fuertes aranceles para proteger su mercado, pero dado que los autos eléctricos cuestan la mitad en China que su precio de exportación, se mantienen competitivos disminuyendo sus márgenes. Muchas empresas chinas han estado recientemente compitiendo por reducir los precios de exportación y ganar una mayor participación en los mercados globales, incluso cuando significa incurrir en grandes pérdidas, lo que representa una gran diferencia con la maximización de utilidades de corto plazo propia del capitalismo occidental financiarizado.

¿Qué implican estos procesos para los exportadores latinoamericanos como Chile? Un primer efecto fue la caída del precio del litio, componente clave de las baterías para autos eléctricos, pero su demanda futura seguirá al alza, así como la del cobre. A su vez, las empresas que han dependido de la venta de materias primas a China para la construcción de viviendas e infraestructuras han estado observando el renovado énfasis en la manufactura de alta tecnología, pero concluyen que China inevitablemente continuará gastando mucho en infraestructura, incluidas carreteras, líneas ferroviarias y puertos.

La situación estructural es una en que tres cuartas partes de los productos importados de los que dependen América Latina, el Sudeste Asiático y África provienen de China. En Estados Unidos, afecta a más productos que las otras grandes economías (22 % de los bienes importados, frente al 14 % para la Unión Europea) debido a la desindustrialización más pronunciada y su déficit exterior persistente, permitido por el papel internacional del dólar. La mayor parte de este ascenso ocurrió durante los años 2000, alimentado por masivos flujos de inversiones extranjeras y la integración en la Organización Mundial del Comercio en 2001, con un desempeño comercial excepcional. En una década, se convirtió con creces en el primer exportador de bienes manufacturados, a niveles que solo Estados Unidos había alcanzado en la posguerra. 

Pero no se debe perder de vista que la realidad principal de la economía mundial es la interdependencia. En una globalización basada en cadenas de valor fragmentadas, la dependencia respecto a China en diversas manufacturas tiene como contrapartida una dependencia de China de insumos europeos, estadounidenses o de Asia oriental para los más avanzados, y de otros insumos y materias primas provenientes del resto del mundo, incluyendo América Latina. Aunque ya no es solo un destino de ensamblaje, China a menudo sigue siendo la última etapa antes de la entrega del producto terminado hacia el resto del mundo. Además, existen muchos otros canales de interdependencia como los intercambios de servicios, las inversiones y los conocimientos, en los que Estados Unidos y Europa mantienen fortalezas.

Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, ha presentado lo que desearía fuera un nuevo consenso en medio del ascenso de China, la crisis climática y el enojo políticamente desestabilizador de las clases medias y populares en las economías avanzadas: “en un mundo transformado por la transición energética, el dinamismo de las economías emergentes y la búsqueda de la resiliencia en las cadenas de suministro, el juego ya no es el mismo”. Adiós a los acuerdos comerciales, bienvenidos los “socios innovadores” que dan prioridad a la protección de los trabajadores, las energías y tecnologías verdes… y las ayudas estatales. Como subraya Silvie Kauffmann en Le Monde, este discurso podría haber sido escrito en Bruselas, ya que refleja preocupaciones importantes para los europeos, que no apreciaron la dimensión proteccionista de la Ley de Reducción de la Inflación, el plan estadounidense de ayuda a la transición energética en violación de las reglas de la OMC. Jake Sullivan también se dirige a China, siempre con un deseo de apaciguamiento, señalando que Estados Unidos no busca «desacoplar» las economías de ambos países sino «des-arriesgar», citando a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. 

Un tema se vuelve prioritario y más consensual entre los occidentales: la seguridad económica, que exige aminorar las dependencias tecnológicas y de materiales críticos, para no reproducir con China la trampa de la dependencia energética respecto a Rusia. Queda por determinar qué sectores deben ser protegidos. Washington, que bloquea las exportaciones de semiconductores a China -cuya producción está, en todo caso, concentrada en Taiwán y Corea del Sur- y Bruselas, no necesariamente tienen el mismo enfoque, aunque ambos han puesto elevados aranceles a la importación de autos eléctricos chinos. 

Los tres grandes actores económicos del planeta que son Estados Unidos, la Unión Europea y China buscan su lugar en los reacomodos estratégicos, sabiendo que solo pueden hacerlo en función de los otros dos. Europa no quiere estar a igual distancia entre Pekín y Washington, pues forma con Estados Unidos una alianza que la agresión rusa a Ucrania ha ayudado a fortalecer. Pero eso no impide que los europeos busquen definir su propia línea con respecto al tercer actor, China, cuyo comportamiento en la escena mundial está en parte relacionado con su rivalidad con la primera potencia, Estados Unidos. 

La rentabilidad parasitaria de las AFP

En El Clarín de Chile

Un estudio encargado por el Centro de Competencia de la UAI al economista Salvador Valdés concluye que las altas comisiones que cobran las AFP les permiten obtener una rentabilidad superior a la de casi cualquier otra actividad privada (tal vez con la sola excepción de la minería en los yacimientos más productivos). Según sus cálculos, la rentabilidad sobre patrimonio de las AFP triplica la de la banca. El retorno sobre activos de los accionistas y acreedores alcanzó un 33,3% en 2017-2022, a comparar con el promedio de 12,5% de las empresas grandes y medianas. Solo en Chile ocurre que en tres años se pueda recuperar la inversión en una actividad de seguridad social, basada en cotizaciones obligatorias de los que trabajan impuestas por el Estado. Es el llamado «modelo chileno» en acción, en realidad un capitalismo rentista que permite construir posiciones dominantes ultra-concentradas, las que en este caso abusan de los usuarios del sistema de pensiones.

En efecto, el monto de las comisiones cobradas a los usuarios alcanza a US$754 millones anuales, según los datos de 2023 recopilados por Valdés. La inercia de los afiliados -que suelen no cambiarse a la AFP con menor comisión, en un caso en el que la competencia no funciona con señales de precios como teóricamente debiera según los textos convencionales de economía- es una barrera a la entrada para nuevos competidores. Ésta podría reducirse, en opinión de Valdés, licitando periódicamente una parte de la cartera de cotizantes, lo que, conjetura, llevaría a disminuir la comisión promedio a la mitad. Dicho de otro modo, hoy se cobra en beneficio de las AFP el doble de lo que se debiera cobrar.

El proyecto del gobierno propone, por su parte, establecer un recaudador único de las cotizaciones que baje los costos para los afiliados (incluyendo los de publicidad y ventas, que no crean valor alguno) y sea de cargo fiscal. Además, propone aumentar el número y variedad de agentes inversores privados y públicos de los fondos de pensiones, a disposición de la decisión de cada afiliado, con una función que no incluiría la de recaudar y que disminuiría las barreras a la entrada en un mercado oligopólico de muy pocos actores.

El objetivo gubernamental es terminar con las utilidades excesivas. El nuevo esquema, dicho sea de paso, podría incorporar el sistema de licitaciones periódicas propuesto por Valdés, y así evitar la persistencia de la inercia frente a ofertas con menores costos en el nuevo servicio competitivo de inversión.

El gobierno también propone que la cotización adicional de 6% que prevé establecer la reforma de pensiones complemente en parte las cuentas individuales, pero en este caso alimentadas por un fondo de inversión colectiva, y también ayude a compensar los menores salarios y tiempos de cotización de las mujeres, junto a financiar un aumento de las pensiones actuales con un aporte adicional parejo de 3 UF a cada jubilado. Este factor de solidaridad se sumaría a la pensión garantizada financiada por impuestos que cubre al 90% de los mayores de 65 años, mejorando la tasa de reemplazo del último salario por la pensión. Cabe recalcar que el 6% de cotización adicional sería de cargo del empleador y no del trabajador, que mantendría la cotización para capitalización individual de 10% de su salario bruto, con un tope, más el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia destinado a mantener ingresos de los trabajadores que se accidentan o enferman, y de sus entornos en caso de fallecimiento.

Este es un esquema de reforma moderada, que no es radical como podría ser postular un sistema de reparto para la cotización del 10% -similar al que existe en Estados Unidos y en muchos otros países- pero que la derecha sigue bloqueando en el parlamento. Lo que propone la derecha es que todo, o lo principal, siga en manos de las AFP, pero ahora en un esquema expandido al incluir la cotización adicional, lo que aumentaría sus utilidades parasitarias. Una vez más, este es un caso notorio de preservación de intereses creados altamente concentrados originados en las imposiciones de la dictadura militar. Éstos mantienen inexorablemente una alta influencia en el sistema político, como también ocurre con los seguros privados de salud, las concesiones mineras y pesqueras y la actividad forestal en territorio mapuche, cuya defensa con argumentos usualmente falaces, hasta ahora exitosa, reúne a un cierto espectro no demasiado involucrado con el interés general.

 

Actividad económica: malas noticias en el trimestre marzo-mayo

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El Índice Mensual de Actividad Económica, calculado por el Banco Central, corregido de efectos estacionales y comparado con el mes anterior, cayó en -0,4% en mayo. Ya lo había hecho en -0,3% en abril y en -0,6% en marzo.

La actividad registrada en marzo-mayo fue un -0,4% inferior a la de febrero-abril, lo que constituye una tendencia preocupante. A la vez, el dato del más reciente trimestre móvil fue un 1,3% superior a la del último trimestre de 2023, gracias al crecimiento que se produjo en los dos primeros meses de 2024.

El crecimiento promedio mensual de la actividad en los primeros cinco meses es de 0,3%, es decir un 3,3% anualizado, una cifra aún positiva. No obstante, la cifra se reduce a un 0,1% sin considerar el sector minero, que es el que más ha crecido en lo que va de 2024 (un 1,6% mensual), junto a los servicios (un 0,2%) y la industria (un 0,1%). En cambio, han disminuido su actividad el comercio (-0,1% mensual) y el resto de bienes (-0,4%), que incluye la construcción.

La prensa privilegia presentar el dato del mes más reciente comparado con el de hace 12 meses, que arroja un aumento de 1,1%. Pero es preferible considerar los datos del promedio trimestral desestacionalizado, dato que pondera las fluctuaciones mensuales eventualmente volátiles y que despeja las variaciones estacionales.

Lo que cabe recalcar es que las caídas consecutivas de la actividad económica entre marzo y mayo son preocupantes. No está resultando fácil salir de la secuencia de "desborde de la demanda" de 2020-21, que empujó el crecimiento, y luego de "ajuste ultra- ortodoxo", con resultados bajos en 2022, de estancamiento en 2023 y aún inciertos en 2024.

La tasa de interés de política monetaria alcanzó a 11,25% en 2022 y parte de 2023. Desde el 19 de junio de 2024, luego de rebajas sucesivas, se sitúa en 5,75%. Dado que la inflación está anclada en un horizonte no superior a 3% anual y la economía enfrenta un riesgo de recesión, el Banco Central debiera acelerar la baja de la tasa. Esto es especialmente relevante para las constructoras y para las pymes, afectadas por la política monetaria restrictiva vigente. Junto a la baja ejecución de la inversión pública, esto llevó a la economía chilena al estancamiento en 2023 que es de esperar no prolongue en 2024.

Empleo: ¿avance o deterioro?

En El Clarín De Chile

La encuesta del INE sobre ocupación en marzo-mayo, publicada el 28 de junio, registró un aumento del empleo de 3,3% anual, a comparar con el 3,7% en el trimestre móvil anterior. Se produjo un aumento desestacionalizado de 0,1% en la creación de empleo respecto al trimestre móvil previo y de 1,7% respecto al último trimestre de 2023. Estas siguen siendo buenas cifras. No obstante, de los 297 mil empleos adicionales creados en un año, unos 157 mil fueron informales.

Los datos administrativos sobre el empleo formal que paga cotizaciones, que no son una estimación a través de una encuesta sino un dato directo, se publican con dos meses de rezago respecto a la encuesta de empleo del INE. La estadística más reciente registrada por la Superintendencia de Pensiones revela que en el primer trimestre de 2024 se produjo una caída anual del empleo formal de 0,7%, unos 48,7 mil puestos de trabajo menos. Esto indica que se está produciendo en la coyuntura un mayor dinamismo de creación de empleos en el sector informal de la economía que en el sector formal.

No obstante, las personas ocupadas informales representaron en el primer trimestre, siempre según la encuesta de empleo del INE, un 28,1% y en marzo-mayo un 28,2% del empleo total. Esta tasa alcanzaba un 29,1% en el trimestre previo a la pandemia en 2020. Los empleos informales disminuyeron en la pandemia, pues fueron los primeros afectados, y luego se recuperaron al normalizarse parcialmente el mercado de trabajo. Pero cabe recalcar que la informalidad es hoy inferior a la existente antes de la crisis del COVID-19.

Por su parte, como consecuencia de un aumento de la fuerza de trabajo de 3,1% en marzo-mayo, inferior a la del empleo, la tasa de desocupación alcanzó un 8,3% de la fuerza de trabajo, una leve caída respecto al 8,5% del mismo trimestre del año pasado. Si los datos se corrigen de las variaciones estacionales, la tasa de desocupación pasó de 8,9% de la fuerza de trabajo en el cuarto trimestre de 2023 a 8,3% en febrero-abril.

La tasa de desocupación había registrado un 7,0% de la fuerza de trabajo en 2019, antes de la crisis social y de la pandemia. Acercarse al pleno empleo supone al menos bajar del umbral de 5%. El empleo no ha crecido al mismo ritmo del PIB y su recuperación no ha sido aún suficiente para volver a una tasa de desocupación como la existente antes de la pandemia.

A su vez, en marzo-mayo la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar (el total de ocupados en relación a la población de 15 años y más) alcanzó a un 57,0%, a comparar con el 56,7% en el cuarto trimestre de 2023 y el 58,2% antes de la pandemia. Persiste un rezago significativo que abarca a un 1,2% de los mayores de 15 años, un déficit de 196 mil personas empleadas. Si se mantienen las tasas de creación de empleo actuales durante un año, lo que no es fácil, ese rezago podría absorberse. Un hecho a destacar es que la tasa de ocupación de las mujeres, que sigue siendo inferior a la masculina, alcanzó un 47,9% y está próxima a recuperarse respecto a los niveles anteriores a la pandemia.

Estos datos muestran tendencias buenas y otras regulares, lo que no impide a un diario de la plaza titular el 29 de junio: «Deterioro del mercado laboral: mujeres siguen siendo las principales afectadas con el aumento del empleo informal». En ningún país normal un crecimiento de 3,3% anual del empleo, unas 297 mil personas adicionales, y una disminución de la tasa de desempleo, serían calificados de «deterioro». Tampoco es necesariamente una mala noticia que más mujeres encuentren un trabajo y recuperen una tasa de participación en el empleo como la existente antes de la pandemia, sin perjuicio de que sería mucho mejor que esos puestos de trabajo fueran formales o se formalizaran a la brevedad. Esto supone una Dirección del Trabajo mucho más fuerte, no más débil o no sujeta a la autoridad de gobierno, como quiere la oposición, que también quiere debilitar el Servicio de Impuestos Internos. Es la mala fe manifiesta del militantismo conservador, cuyo fin es atacar al gobierno y, de paso, proteger los intereses de los que no cumplen con la ley en materia de formalización del empleo y de pago de impuestos.

Los opositores afirman de manera equivocada, por otro lado, que la creación de empleo se concentraría en la administración pública. Según la encuesta del INE de marzo-mayo, se crearon ahí 88 mil puestos de trabajo en un año, un 29,6% del total. Más de dos tercios de los empleos se crearon, por tanto, fuera del sector público.

En suma, no hay un «deterioro» del mercado de trabajo, sino una resiliencia del empleo frente a la política ultra restrictiva del Banco Central y todavía muchos avances por lograr. Esto supone, en especial, que sigan bajando las tasas de interés de política monetaria y aumente la demanda agregada para dinamizar la creación de empleo formal, especialmente en las pymes y la construcción.

¿Sistemáticas o graves y masivas?

En Facebook

Discutir nimiedades es parte de la costumbre nacional para no ir al fondo de los asuntos: ¿qué diferencia sustancial pudo haber entre "sistemáticas" y "graves y masivas" violaciones de derechos humanos en 2019? Esta última es la expresión utilizada por el consejo del Instituto de Derechos Humanos en la época. Para algunos, lo sistemático indicaba una voluntad de gobierno que a su juicio no existía. Pregunto: ¿como podría existir algo "grave y masivo" en materia pública por generación espontánea? ¿Nadie fue responsable? Es evidente que el gobierno de Sebastián Piñera fue responsable administrativa y políticamente de una represión "grave y masiva". Existió una cadena de mando que ordenó -o al menos permitió- disparar al cuerpo y la cara balines (que fueron retirados mucho después) y bombas lacrimógenas (de lo que fui testigo personalmente), violentando el derecho a la integridad física de las personas. Este es un derecho humano que debe ser respetado. Solo oficiales podían en Carabineros realizar esos disparos, que fueron innumerables.

En realidad, los que niegan el mentado carácter sistemático de la represión, sujeto a una cadena de mando precisa, han señalado que supuestamente estaba en curso una insurrección para tomar La Moneda, promovida por algún grupo extremo marginal -que nunca falta en el paisaje, pero no por eso deja de ser marginal- y por tanto insinuado que la represión ilegal fue un mal menor necesario.

Lo que corresponde es no negar que las violaciones de derechos de los manifestantes y las agresiones violentas a personas que no participaban en nada, como la actual senadora Fabiola Campillai -que se dirigía a su trabajo al momento de ser violentamente agredida- fueron "graves y masivas". Y que debían y deben ser condenadas sin excusas ni pretextos por toda persona civilizada, más aún cuando se autodenomina demócrata. La mantención del orden público nunca debe ser equivalente a una acción policial que escala -en vez de desescalar- los desbordes callejeros y la destrucción de propiedad pública y privada, siempre condenables e inaceptables y que deben ser contenidas y en su caso reprimidas de manera proporcional. La policía no está legalmente autorizada para responder de cualquier manera a una agresión, aunque por supuesto tiene el derecho, en su caso, a la legítima defensa. En la mayoría de los casos, no se trató de legítima defensa de los policías, sino de ataques al derecho a manifestarse y de agresiones injustificadas.

Dicho sea de paso, ¿cuando declinó la violencia callejera en las ciudades? Cuando cambió el gobierno, y no porque los violentos simpatizaran mucho con el nuevo presidente, sino porque se le terminó de quitar toda legitimidad a sus desbordes y se recalibró la acción policial. Esa esa la manera de actuar frente a las violencias urbanas, abordando las causas y en su caso con una acción policial eficiente y proporcional, que contenga y no amplifique las violencias. Carabineros sabe hacerlo, salvo cuando tiene otras órdenes.

La única conclusión válida, si se es demócrata, es que las violaciones de derechos humanos deben ser condenadas y no excusadas y ser objeto de las sanciones judiciales correspondientes. De ello depende que se vuelvan o no a repetir.

Una posición internacional coherente

 En La Nueva Mirada

La política exterior chilena ha sido y debe ser de no alineación activa, es decir de no alineación con alguno de los bloques hegemónicos mundiales y simultáneamente activa en la defensa del multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos y controversias y la prevalencia del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

El presidente Boric ha mantenido una política internacional coherente en los hechos recientes. Ha exigido que se respete íntegramente la frontera por parte de Argentina en el incidente de los paneles solares en el sur, de modo de no dar lugar a precedentes y a nada distinto del control por parte de Chile del Estrecho de Magallanes, como ocurre desde el siglo XIX. Un control conjunto ha sido insinuado por Argentina, cuyos sectores nacionalistas, hoy fortalecidos, al parecer intentan nuevamente una proyección de ese país hacia el Pacífico. 

Por su parte, la posición chilena respecto a la situación del Medio Oriente -que no nos es tan lejana por la importancia de la comunidad de origen palestino y también en menor medida la de origen judío- ha sido de condenar los asesinatos de civiles y secuestros de rehenes por el grupo fundamentalista Hamás de octubre pasado, destinados a provocar terror en la población israelí -por mucho que su objetivo haya sido intentar cambiar el tablero de la anexión rampante de los territorios de Palestina ocupados ilegítimamente por Israel- y la violenta respuesta del gobierno israelí desde entonces, que incluye recurrentes crímenes de guerra. Chile reconoció al Estado Palestino como uno libre, independiente y soberano en 2011 y se ha sumado a la solución de paz entre dos Estados. El presidente Boric, a su vez, concurrió a la cita sobre Ucrania en Suiza en junio. La guerra en esta parte de Europa afecta los precios de los alimentos y de los hidrocarburos que consumimos, y en general el entorno en que se desenvuelve nuestra economía, por lo que tampoco nos es ajena. Esa presencia fue un paso para promover la paz, aunque no contara con la participación de la Federación Rusa, que se niega por el momento a retirarse de los territorios ocupados y a anular las anexiones de territorio ucraniano en violación del derecho internacional. Chile ha condenado, como corresponde, esta violación de la soberanía y firmó la declaración final que lo reafirma, aunque otros no quisieran hacerlo. Esto no constituye ninguna adhesión a la OTAN o a la política norteamericana, sino al derecho internacional y al respeto de las fronteras internacionalmente reconocidas. Es el mismo principio que se está defendiendo en el incidente reciente con Argentina y que funda el sistema internacional vigente. De más está recalcar que un sistema internacional basado en la ley del más fuerte no es exactamente lo más conveniente para un país pequeño (0,2% de la población y 0,3% de la economía mundial) y remoto como el nuestro.

Lo que no sería coherente sería condenar las invasiones y anexiones violentas en Palestina o los bloqueos a Cuba y Venezuela y no hacerlo cuando esas invasiones e intervenciones las hace Rusia, porque está confrontada con Estados Unidos. Si una potencia busca reconstituirse, en este caso reestableciendo los contornos del imperio zarista de siglos atrás, no tiene por qué producir adhesión alguna de la política exterior chilena. 

Por lo demás, la declaración oficial del PC chileno sobre la materia, aunque diversos de sus miembros piensen otra cosa, no contradice esta postura cuando afirma que “como fuerza de izquierda desde siempre el factor internacional es parte de nuestra política; permite ratificar como firmes partidarios del desarrollo de la cooperación internacional, el multilateralismo y la paz mundial, así como el respeto a la soberanía y autodeterminación de cada pueblo.” Eso es precisamente lo que está en juego en Ucrania: el respeto de los principios de soberanía y autodeterminación, por sobre consideraciones de restauración geo-estratégica o de reedición de lógicas de confrontación entre bloques propia de la guerra fría. Desde la URSS de Lenin en los años 1920, Ucrania ha sido un país nominalmente independiente, con representación propia en la ONU después de 1945, lo que se transformó en independencia efectiva, como la de los países bálticos y diversas repúblicas asiáticas, a raíz de los tratados firmados por Rusia después del fin de la URSS en 1991.

Esto ocurrió a cambio de la devolución a la nueva Federación Rusa del arsenal nuclear establecido en territorio ucraniano. No hay razones válidas para revertir esa independencia, en las fronteras internacionalmente reconocidas tanto por la URSS -incluyendo Crimea- como luego por la Federación Rusa. Por lo demás, la acción rusa contra Ucrania, y previamente contra Georgia, se ha traducido en la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, lo que es un retroceso estratégico para Rusia y su actual régimen conservador, autocrático y de capitalismo oligárquico, pues es toda Europa del Este y Nórdica la que teme por su independencia. El futuro dirá si habrá o no una integración de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea, y más remotamente a la OTAN, así como una paz de hecho, más o menos en las posiciones respectivas actuales de los ejércitos ruso y ucraniano a la espera de un tratado de paz, como ocurre desde el armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 1953. Pero ese debe ser un acuerdo entre las partes. Mientras, lo que corresponde es el apoyo a la autodeterminación y soberanía de Ucrania, como a la de cualquier otro país del mundo que sea sometido a una agresión militar externa en violación del derecho internacional. Este debe ser sobre todo el caso si incluye el secuestro de unos 20 mil niños, lo que ha llevado a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de detención contra Putin, e innumerables víctimas civiles de bombardeos indiscriminados y destrucciones de infraestructura en el territorio de Ucrania, lo que ha llevado a una orden de detención de esa misma Corte para los dos principales generales rusos responsables. Nunca debe confundirse, o ponerse en el mismo plano, al agresor y al agredido.

En el tema de Venezuela, que enfrenta una elección presidencial crucial el 28 de julio próximo, el presidente Boric ha considerado que existe un deterioro de las instituciones en ese país. No hace más que constatar que el poder judicial y el poder electoral están hoy alineados con decisiones del gobierno de Maduro que no corresponden a criterios democráticos consagrados, por decirlo suavemente. Y alude también a que el fiscal general de Venezuela rebatió la tesis de la fiscalía chilena según la cual los autores del asesinato de un exmilitar venezolano en Chile serían ciudadanos también venezolanos, hoy fugados a ese país sin ser habidos, conjeturando que «pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros» en «una operación de falsa bandera que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela«. Estas especulaciones no parecen demasiado propias de una autoridad judicial.

Hay quienes en la coalición de gobierno, específicamente el Partido Comunista, postulan que no se debe opinar sobre la situación interna de Venezuela. Uno puede preguntarse si eso incluye no opinar sobre la destitución por el régimen de Maduro de la dirección del Partido Comunista de Venezuela, que al manifestarse crítica del gobierno fue objeto de la imposición de una dirección de reemplazo favorable al régimen, al margen de sus decisiones internas. O bien no opinar sobre la inhabilitación de prácticamente todos los candidatos presidenciales opositores, dejando vigente solo la candidatura de un diplomático desconocido apoyado como último recurso por la oposición. La defensa de la democracia no debe reconocer fronteras.

Por otro lado, los que piden romper las relaciones diplomáticas con Venezuela no hacen más que hacer demagogia: las relaciones son entre Estados, más allá de los gobiernos. ¿Alguien se imagina un mundo en que los países con poder de destrucción nuclear, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Pakistán e India, por ejemplo, no tuvieran relaciones diplomáticas entre sí dadas sus diferencias y confrontaciones? Si cada gobierno rompe relaciones con aquellos con los que mantiene discrepancias de una u otra índole, por graves que sean y con la excepción de situaciones de guerra o de ataque a las embajadas, nadie tendría relaciones diplomáticas con nadie. La diplomacia existe precisamente para canalizar conflictos, no para agravarlos.

Siguen las terribles noticias desde Gaza

En Facebook

Sin avances en la negociación de un alto el fuego en Gaza y con una gran tensión adicional en la frontera entre Israel y Líbano, el gobierno israelí mantiene su incesante fuga hacia adelante después de 8 meses de la guerra asimétrica que se desencadenó con la masacre de judíos realizada por el grupo fundamentalista Hamás. Este organizó y justificó en nombre de la resistencia al invasor el asesinato indiscriminado de 1.200 personas ocurrido el 7 de octubre pasado en los bordes de la franja de Gaza, incluyendo sembrar el terror y la muerte en una fiesta de jóvenes de distintas nacionalidades y tomar 250 rehenes, de los cuales permanecen en esa condición unos 50.

El gobierno y las fuerzas militares israelíes tienen el plan declarado desde entonces de no solo restablecer la seguridad de sus ciudadanos en su territorio sino de eliminar completamente las capacidades para combatir y gobernar la Franja de Gaza del movimiento islamista Hamas y del grupo aliado de la Jihad Islámica, incluso al costo de la vida de los rehenes, lo que suscita crecientes protestas en las calles en Israel. Su líder interno, Yahya Sinouar, ha sido declarado "hombre muerto caminando", así como su responsable militar Mohammed Al-Masri o Deif, los que no han sido habidos por las tropas israelíes en estos 8 meses. Recordemos que el cheikh Ahmed Yassine, el fundador de Hamás en 1987, fue asesinado por Israel en 2004, y su sucesor un mes después.

La respuesta israelí al ataque de Hamás de 2023 se ha transformado en una masacre concebida como castigo colectivo, con ya al menos 37.551 mil muertos y 86 mil heridos, mediante una persecución con violencia extrema de las milicias islamistas en su entramado de túneles en medio de las ciudades y campamentos en la estrecha Franja de Gaza, conducente a asesinatos masivos e indiscriminados de civiles palestinos día a día.

Las autoridades de la ONU consideran que hay indicios de un genocidio ("exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad"), mientras la ultraderecha israelí apunta a una administración militar de la Franja de Gaza sin plazos, que conduzca a una salida de la población palestina y a una anexión -como ya ocurrió después de 1967 con Jerusalén y partes de Cisjordania y los Altos del Golán en Siria- en violación de la partición de Palestina de 1947 por la ONU, hasta entonces colonia británica, y de las fronteras previas a 1967, fecha hasta la cual la Franja de Gaza era administrada por Egipto. Hacia octubre de 2023, Gaza era la mayor prisión al aire libre del mundo para sus 2 millones de habitantes, cercada por Israel y administrada con grandes restricciones por el grupo fundamentalista Hamás, fundado en 1987 y que recibió en una primera instancia la ayuda de Netanyahu y su partido Likud, actual primer ministro de Israel que ya ocupó el cargo en 1996-1999 y en 2009-2021, para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. Esta fue desplazada por Hamás, dada la ausencia de resultados de los compromisos con Israel, primero en elecciones en 2006 y luego por la fuerza en 2007, aunque aún administra partes de Cisjordania.

En las últimas horas, el ejército israelí ha incrementado los bombardeos, en una de las oleadas más letales. Se ha informado de 101 muertos, incluyendo ataques en zonas residenciales y de refugiados en el norte y centro, con objetivos identificados como “sitios de infraestructura militar de Hamás”. En el sur de la franja, sus tropas intentan tomar toda la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, lo que ha implicado interrumpir casi todos los abastecimientos de agua y alimentos. Los milicianos palestinos tratan de frenar con lanzagranadas y explosivos el ingreso de los blindados israelíes a las dos zonas de Rafah que no controlan.

Se trata del mayor número de muertos desde el 7 de junio, cuando los bombardeos masivos para el rescate de cuatro rehenes cobraron 274 vidas en el campamento de refugiados de Nuseirat. Con el bombardeo el sábado en Al Shati, un campamento de refugiados en la capital de Gaza, los cazabombarderos dejaron 24 muertos. Otro ataque en el barrio de Al Tuffah causó otros 18 muertos. Este doble bombardeo se produce un día después de que la Media Luna Roja palestina informase de una matanza en una zona definida por Israel como humanitaria y a la que ordena dirigirse a la población, con al menos 25 víctimas mortales. El Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que su oficina en Al Mawasi, “rodeada por cientos de civiles desplazados que viven en tiendas de campaña”, resultó dañada por “proyectiles de gran calibre”. Israel es el único que los emplea. El ejército está “revisando” lo sucedido y niega “un ataque directo contras las instalaciones de la Cruz Roja Internacional”.

En Cisjordania, la tensión aumenta y un palestino herido atado a un vehículo militar israelí sirvió como escudo humano, como se observa en un video que circula por redes sociales. El ejército ha confirmado su veracidad y declaró que el incidente “será investigado y tratado en consecuencia” y que “la conducta de las fuerzas no se ajusta a los valores del ejército israelí”, pues vulnera las “órdenes y los procedimientos operativos estándar”. Los relatos y documentos gráficos en los territorios palestinos muestran el empleo de escudos humanos en redadas israelíes, pese a su prohibición.

Parece recrudecer la violencia operativa de las tropas israelíes, incluso más allá de sus propias normas, lo que le ha valido numerosas acusaciones de estar cometiendo crímenes de guerra. A la vez, ha aparecido una creciente confrontación pública entre el ejército y Netanyahu, pues los militares sostienen que debe crearse alguna forma de administración palestina en Gaza excluyendo a Hamás, mientras se ha desarmado el gabinete de guerra en Tel Aviv por la misma razón.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado el “caos” y “anarquía total” provocados por ocho meses de invasión israelí. “Tenemos ataques, bombardeos y luego las tropas se trasladan a otros lugares”, ha asegurado Guterres, mientras “Hamás vuelve a los lugares originales y hay un caos total en Gaza. No hay autoridad en la mayor parte del territorio”. Guterres ha lamentado el saqueo de “la mayoría de los camiones con ayuda humanitaria en Gaza”, porque “esta es una guerra diferente a cualquier otra”, en la que Israel “ni siquiera permite que la llamada ‘policía azul’ escolte los convoyes” de ayuda, lo que genera una “extrema dificultad” para distribuirla. Esos agentes de policía de la administración local son objetivo militar de Israel. Además de emplear el hambre como arma de guerra, el ejército israelí controla la mayoría de la Franja sin hacerse cargo de la protección de los convoyes ni reparte la ayuda humanitaria, que depende en gran medida de acuerdos con las comunidades locales. Impedir el abastecimiento de la población civil es considerado un crimen de guerra por el derecho internacional humanitario.

Según El País, "las tropas matan o arrestan a todo aquel que lleve la etiqueta de Hamás, como los agentes de la policía azul citada por Guterres, que tienen miedo a escoltar los convoyes porque Israel los identifica y bombardea. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu se opone al control civil de Gaza en manos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), a quien le correspondería por los Acuerdos de Oslo de 1993".

En una entrevista el jueves, Netanyahu, que es objeto de una orden de detención de la Corte Penal Internacional -al igual que los líderes de Hamás- habló de una “administración civil” que cuente con “respaldo” y dinero de países árabes y que aplique “algún tipo de proceso de desradicalización, que comenzaría en las escuelas y las mezquitas para enseñar a esa gente un futuro diferente a aniquilar Israel y matar a todos los judíos del planeta”. Esto supondría acceder a un cese del fuego bajo una estrecha supervisión internacional, que incluya en primer lugar la liberación incondicional de todos los rehenes israelíes secuestrados por Hamas y el alivio inmediato de la hambruna de la población de Gaza, junto a encaminar nuevas conversaciones de paz en la perspectiva futura de dos Estados, dejando atrás el engranaje fatal de ocupación ilegal, desplazamiento forzado de poblaciones, odio antisemita y odio antiárabe que se reproduce sin límites.

No habrá construcción posible de dos Estados independientes y con fronteras seguras si Hamas persiste en su Carta fundacional, que cita un "hadiz" -lo que se entiende el Profeta Mahoma dijo o aprobó- según el cual "el Día del Juicio no se producirá hasta que los musulmanes peleen contra los judíos (matando a los judíos)". La Carta de Hamás alude la "usurpación de los judíos de Palestina" y los acusa de controlar los medios de comunicación del mundo y de estar detrás de la Revolución Francesa y las sociedades secretas y de controlar los países imperialistas. Un documento de 2017, que Hamas señala no sustituye la carta fundacional, acepta el establecimiento de un Estado palestino dentro de los territorios ocupados por Israel en la guerra de Oriente Medio de 1967, pero como una etapa "hacia la liberación de toda la Palestina al oeste del río Jordán".

Tampoco habrá paz posible con un Netanyahu que sostiene que "(la victoria) significa hacer una distinción moral entre el asesinato deliberado de inocentes y las bajas no intencionales que acompañan a toda guerra legítima” para justificar la masacre que conduce y que quiere extender al sur del Líbano. Ha llegado a comparar a los palestinos con los amalequitas, un pueblo confrontado con los judíos que habría sido exterminado por Dios según el Antiguo Testamento. Señala Netanyahu: "debéis recordar lo que Amalec os ha hecho, dice nuestra Santa Biblia. Nosotros lo recordamos y estamos luchando". El primer ministro de Israel alude a Samuel 15:1, donde se señala: “me acuerdo de lo que Amalec hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando Israel salió de Egipto. Ahora ve y hiere a Amalec, y destruye a hombres como a mujer, a niño como a lactante, a buey y oveja, camello y asno”.

Con semejantes referencias religiosas fundamentalistas y violentas no habrá paz posible en Medio Oriente, como en las guerras de religión en el medioevo. Las fronteras de 1967 son la referencia necesaria de una paz duradera con dos Estados, como la que se intentó en Oslo en 1993. Lo que Netanyahu y el partido Likud en Israel, así como Hamás y la Jihad Islámica en Palestina, han boicoteado con entusiasmo y éxito hasta el día de hoy.

Contraofensiva sobre el litio

 En El Clarín de Chile

En la legislación vigente y desde la nacionalización de 1971, el subsuelo pertenece a la colectividad nacional. Esto fue revertido en parte por la dictadura con concesiones mineras que se realizan sin plazos, lo que las hace prácticamente equivalentes a una privatización. Su origen es una de las más graves imposiciones económicas en la constitución de 1980, que no ha podido ser revertida desde 1990 por los bloqueos del sistema político, a pesar de ser manifiestamente contraria al interés nacional.

En efecto, la ley de concesiones mineras de 1982 ha permitido enormes utilidades ilegítimas a las compañías privadas del cobre, la mayoría de ellas transnacionales cuyos accionistas se benefician del acceso a bajo costo a un recurso que no les pertenece. A pesar de los esfuerzos por establecer una regalía minera, se ha regalado por décadas, o casi, la extracción del cobre, lo que ha impedido el uso de los excedentes de la renta minera para diversificar y desarrollar la economía chilena (ver Gabriel Palma, en https://www.ciperchile.cl/…/el-royalty-como-eje-de-una…/). Los esfuerzos políticos rindieron sus frutos para el cobre recién en 2005. En el gobierno de Ricardo Lagos se promulgó, después de una derrota por carecer de mayoría parlamentaria, la primera ley en la materia con un muy bajo gravamen de hasta 5% del margen operacional de las empresas mineras. Luego durante Piñera I se pasó a una tasa de 5 a 14% de ese margen para financiar la reconstrucción del terremoto de 2010. La nueva regalía aprobada en 2023, y que rige desde 2024, ha implicado otro paso y recaudará un 0,45% del PIB. Esta mantiene exenta a la pequeña minería (menos de 12.000 toneladas de producción), mientras para la mediana minería (menos de 50.000 toneladas) se establece una tasa progresiva de entre un 0,4% y un 4,4% según la producción anual. Sobre las 50.000 toneladas, la gran minería quedará sujeta por, primera vez, a un componente sobre ventas de un 1% y a una tasa progresiva de entre 8 y 26% del margen operacional. Pero se estableció, de nuevo por carecer de mayoría parlamentaria, una tasa impositiva máxima que beneficia a las grandes mineras, considerando todos las regalías y tributos, de 46,5 % del margen operacional.

No hay razones económicas para que, sin inhibir retornos razonables de la inversión, no haya una regalía progresiva según el precio y sin límites al total de tributos. La diferencia entre el costo de producción más una utilidad normal, que no debe ser superior al 15% en ningún caso, y el precio que se recibe, no pertenece a las empresas extractivas sino al dueño del recurso. Si el precio excede ese costo más una utilidad normal, constituye una sustancial «renta económica», que es el concepto económico aplicable desde David Ricardo. Debe beneficiar a quien posee el recurso, que es la nación chilena, y en estas condiciones la regalía debiera ser de un 20% del valor exportado, con desgravaciones a los yacimientos de mayores costos de extracción (Gino Sturla, https://radio.uchile.cl/2021/06/12/gino-sturla-por-royalty-minero-si-se-aplica-el-cobro-de-un-20-por-ciento-a-todas-las-ventas-no-afectaria-la-inversion/). Esto representa entre 2 y 3% del PIB según el precio promedio que se considere. En el futuro próximo, los ingresos no percibidos por Chile serán especialmente altos si se considera los precios del cobre más elevados que se prevé prevalezcan durante la próxima década en los mercados mundiales.

La extracción de litio quedó excluida de las concesiones mineras a privados durante la dictadura militar por razones estratégicas, como debiera haber ocurrido con todos los productos mineros. El litio hoy emerge como componente necesario de las baterías asociadas a la electromovilidad, junto al cobre como conductor de electricidad. En su caso, se puede establecer contratos con privados por parte del Estado para autorizar cuotas de extracción, pero siempre de duración determinada y con las condiciones que en cada caso se consideren necesarias, especialmente en materia de cobro de regalías por el acceso al recurso y su extracción, sin perjuicio de las normas ambientales y tributarias aplicables. El reciente acuerdo con SQM para después de 2030, a pesar de que podría haberse realizado una licitación -lo que no se hizo para privilegiar una expansión más rápida de la producción y de los excedentes para el Estado-, satisface esa condición al asegurar, en principio, que del orden de 85% del excedente quedará en manos del Estado.

Por ello es una “muy mala noticia para Chile”, como subraya el diputado Nelson Venegas, la aprobación el 13 de junio por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y Diputadas -por iniciativa de la oposición-  de la idea de legislar una moción parlamentaria que establece la concesibilidad del litio. Esto cambiaría totalmente el marco normativo a favor de las compañías privadas. Para Venegas, legislador socialista y miembro de la citada comisión, esta decisión “es grave, y no sólo por su naturaleza económica, sino que por el sentido estratégico que constituye este material. Por eso esta aprobación es una muy mala noticia para Chile”. Por el momento, la moción ha sido declarada inadmisible en la Cámara y es de esperar que no prospere. En todo caso retrata, una vez más, los intereses que defiende la oposición y que no son los del país. Lo que se requiere es reafirmar la propiedad pública del litio y del conjunto de los recursos mineros, junto a consolidar la eventual asociación del Estado con privados a través de contratos, como es la práctica usual en las industrias extractivas en el mundo.