Más sobre el embate del gran empresariado: ¿qué hay de los indicadores básicos y de la productividad?

En El Clarín de Chile

En el debate sobre el estado de la economía y la sociedad chilena que ha intentado suscitar parte del gran empresariado (“hoy somos más pobres que hace 10 años”), hay que distinguir entre plazos cortos y largos e intentar no nublar la mirada con datos parciales y circunstancias del momento. Lo que nunca es recomendable es buscar satisfacer sin consideración con los hechos las visiones a priori que se pueda tener sobre los modelos y políticas que se consideren mejores o peores. Son legítimas -cada cual tiene inevitablemente maneras propias de situarse en el mundo- y no hay tal cosa como la plena “objetividad” en la apreciación de las situaciones políticas, sociales y económicas, pero hay afirmaciones basadas en algún tipo de evidencia y otras que no lo son en absoluto. En este caso, todos los indicadores económico-sociales, sin excepción, revelan avances en la situación del país en la última década, aunque a cada cual le podrá parecer mucho, parcial o poco. Es la distinción necesaria entre juicios de hecho y juicios de valor.

Indicadores económicos y sociales, 2013-2023

 Fuentes: Banco Central, INE, Casen, OCDE, Banco Mundial, CEPAL.

Algunos hemos sostenido que el modelo “híbrido” chileno no es satisfactorio en diversos aspectos, especialmente en su dinamismo, hiperconcentración, distribución entre utilidades y salarios y capacidad redistributiva y de protección social. Y que la política macroeconómica en 2022-23 ha producido una desaceleración económica que se podría haber evitado, fruto de un mal diagnóstico técnico sobre las causas y alcances de la inflación y posterior desinflación desde 2021, política que el gran empresariado ha apoyado y de cuyas consecuencias ahora se queja. Pero eso no debe impedir tener a la vista las evoluciones positivas de más largo plazo, como las que se consignan en el cuadro.

Procurando considerar datos más estructurales, uno de los indicadores más significativos en materia de progreso económico es el de la producción por hora trabajada. En Chile suele sostenerse que la productividad está estancada, medida por la diferencia entre la cantidad adicional de trabajo y de capital que explica los avances en la producción, en contraste con lo que no es explicado por ese incremento en el uso de los factores de producción. Desde los trabajos de Solow, recientemente fallecido, y otros esa diferencia se denomina "productividad total de los factores", que en realidad es un residuo de significado conceptual discutible ("la medida de nuestra ignorancia", según Abramovitz). Es además de difícil cálculo, en especial cuando se trata de medir el stock de capital y su amortización periódica y de medir el aumento de la calificación del trabajo, aproximada imperfectamente por los años de estudio promedio de quienes trabajan.

Para evaluar la evolución de la productividad, algunos preferimos remitirnos a la producción por hora trabajada, que resulta de dividir el Producto Interno Bruto por el número de horas trabajadas en un año (dato más preciso que el número de personas que trabajan). Esto resume el aporte del trabajo calificado y no calificado, del capital acumulado y del progreso técnico en el resultado de la producción. Si se produce más por hora de trabajo, se refleja sin ambigüedades que ha aumentado la productividad agregada de la economía.

El cuadro adjunto reseña la información extraída de la base de datos de la OCDE para conjuntos de países y algunos países individuales, entre ellos Chile. Se observa que quien lleva la delantera (no hay datos para China) tanto en el período de 2013 a 2019 y luego en la crisis de la pandemia y su salida entre 2020 y 2022, es Corea del Sur, un país con un desempeño económico sobresaliente (y a la vez con un coeficiente de desigualdad de Gini de 0.33, uno de los más bajos del mundo, en vez del 0.40 de Estados Unidos y el 0.45 de Chile, siempre según la OCDE).

Productividad media del trabajo

PIB por hora trabajada a precios constantes, índice 2013=100

Fuente: OCDE.

En 2013-2019, el desempeño de Chile es más que honorable, similar al del promedio del G7, los siete países más relevantes de más altos ingresos por habitante (Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). En este promedio (preferimos remitirnos a ese grupo que al promedio OCDE, a estas alturas bastante heterogéneo), incide el mejor desempeño de Estados Unidos. El de Chile resultó ser superior al de Japón y al de la Zona Euro. La evolución comparada en la crisis y salida de 2020-2022 (último dato disponible) sitúa a Chile en una mejor posición aún. La progresión en la materia es notoria y superior a la del promedio del G7, debida en parte a la contracción durante la crisis del empleo por cuenta propia -de menor productividad y frecuentemente informal- y su más lenta recuperación posterior. Y es también, en esta etapa, superior a la de Estados Unidos.

Esto no quiere decir que el desempeño de Corea y otros países asiáticos no sea mucho más dinámico y que las brechas de productividad media del trabajo no sigan siendo muy amplias con el G7 (la producción por hora trabajada de Chile representa menos de la mitad que la de ese grupo de países de altos ingresos). Recordemos que la chilena es una economía dual de enclaves exportadores basados en recursos naturales que con frecuencia se sitúan en una frontera de alta productividad, acompañados por servicios modernos, pero combinados con producciones heterogéneas en condiciones promedio de menor productividad. Estas últimas constituyen el grueso del valor agregado y del empleo y en ellas predominan los servicios, que representaban el 69% del PIB y el 72% de la ocupación en 2023.

En suma, la brecha de producción por hora trabajada con los países de más altos ingresos se ha acortado, y no ampliado, en la última década, aunque esto no sea del gusto de los críticos neoliberales y del gran empresariado, embarcados -los unos por razones ideológicas y los otros por la defensa de sus intereses estamentales de corto plazo- contra todo lo que implique progreso social, redistribución y mayores recaudos ambientales, que en su visión se supone atentan contra la eficiencia y la productividad, aunque la evidencia no los acompañe.

Un progresismo que avanza a la unidad en la diversidad

 En La Nueva Mirada

El progresismo ha dado un importante paso al formalizarse un pacto municipal de 11 partidos (los de gobierno más uno “no opositor”, como la DC), que incluye candidaturas únicas para dirigir las alcaldías en la mayoría de las 345 comunas, con primarias abiertas a realizarse el 9 de junio en 48 de ellas. Eran 86 originalmente, pero se redujeron en el camino por problemas de inscripción y desistimientos y acuerdos de última hora. Por primera vez, las fuerzas políticas de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, que convergieron en la elección de segunda vuelta de Gabriel Boric en 2021, realizarán este tipo de primarias, incluidas en 2017 en la ley (anteriormente se habían realizado primarias “convencionales”, auto-organizadas por los partidos políticos en casos puntuales).  Así, más de 15 millones de mayores de 18 años están convocados a las urnas el 27 de octubre para elegir a los alcaldes y alcaldesas y a 16 gobernadores o gobernadoras regionales que ejercerán durante los próximos 4 años. Donde no haya primarias, el plazo de inscripción vence el 29 de julio. El acuerdo no se extendió formalmente a los gobernadores regionales, pero en esas elecciones existe un mecanismo de segunda vuelta (si nadie alcanza el 40% de los votos) lo que permitirá eventuales competencias el 27 de octubre próximo y apoyos mutuos posteriores.

Este compromiso llega después de importantes problemas de cohesión entre las fuerzas oficialistas, no muy justificados por temas que pudieran ser controversiales y de fondo sobre la gestión del gobierno (especialmente en materias económicas o internacionales, lo que es natural que ocurra entre actores políticos diversos) sino más bien por recelos mutuos y de competencia por crecer en un mismo espacio. En el espacio político del progresismo, que abarca a fuerzas de centro, centroizquierda y de izquierda, cada uno de sus componentes por separado no tiene capacidad de elegir autoridades sino en el margen ni de incidir decisivamente en los destinos del país. En el marco polarizado de la política chilena, siguen prevaleciendo dos grandes bloques. Esto lo demuestran los desprendimientos de «moderados» de la DC, el PR, el PPD y el PS hacia las agrupaciones de Demócratas y Amarillos, que terminaron, sin más, aliados a la derecha y en la irrelevancia, culminando un viraje de más largo aliento hacia posturas conservadoras. 

El acuerdo del 10 de abril de 2024 incluye una amplia diversidad, que podrá expresarse, simultáneamente, en las listas de concejales, que serán de agrupaciones de partidos (como la DC, el PPD y el PS, en un nuevo intento un tanto extemporáneo de revivir otras etapas) o de partidos individuales, como el Partido Comunista o el Frente Amplio (que acaba de reagruparse en un solo partido mediante un proceso de fusión orgánica). 

La consolidación política de la coalición de gobierno y del nuevo acuerdo de colaboración con la DC, tuvo otro éxito con la elección de la comunista de nuevo cuño Karol Cariola en la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas el 15 de abril. Por primera vez ese partido llega a ocupar el tercer cargo de la República, rompiendo una barrera simbólica que se le había negado hasta aquí al PC, a pesar de los acuerdos formales de 2022, rotos por los conservadores DC en 2023. No obstante, Cariola logró ganar por un solo voto, con el apoyo del oficialismo, de la DC y de un parlamentario de lo que queda del Partido de la Gente (PDG), ex miembro de Renovación Nacional y en su momento desaforado por injurias. La victoria de Cariola fue fruto, además, de la ausencia en la votación de tres parlamentarios más bien alineados con la derecha, y de lo que queda del mundo llamado “díscolo”, de tipo autorreferente, en este caso la diputada Pamela Jiles, que hace un año hizo fracasar nada menos que la reforma tributaria del gobierno, uno de los pivotes de la necesaria disminución de las desigualdades en Chile. 

Esta frágil elección es, sin embargo, un triunfo para el gobierno y para la inclusión plena del PC en el juego democrático, que siempre ha respetado, aunque persista en su apoyo a regímenes autoritarios como los de Putin, Ortega y Maduro, lo que no ayuda a consolidar sus credenciales en la materia, periódicamente puestas en cuestión. Y ocurre después del fiasco de las fuerzas de gobierno en el Senado, instancia en la que la ruptura de una parte de la DC hacia Demócratas y Amarillos alineados con la derecha, y la actitud poco institucional del PPD, cuyos egos e inconsistencias no le permitieron resolver sino en la hora undécima su candidato a la presidencia y sin ayudar a lograr una mayoría, permitieron que la derecha ganara la testera de la cámara alta. En este caso, también la UDI incumplió su acuerdo de 2022, que le permitió a Coloma presidir el Senado durante 2023 con votos de las fuerzas de gobierno, agregando otro punto negro a una lista ya nutrida. En suma, el deterioro de los acuerdos en el parlamento ha quedado consumado, aunque Cariola logró un triunfo ajustado pero alentador.

El nuevo impulso político debiera permitir a las fuerzas de gobierno enfrentar mejor la regresión autoritaria y el retroceso social que representa la coalición conformada por la derecha, la extrema derecha y las escisiones conservadoras y anticomunistas de la DC, como se demostró en la contienda constitucional de 2023. Esto se va a expresar a su manera en la elección municipal y regional. Existen estilos y énfasis diferenciados de gestión de los territorios en materia de infraestructuras, de servicios urbanos y rurales prioritarios, de políticas de acceso a la vivienda, a la salud y a la educación (en transición lenta hacia los servicios locales, que en realidad debieran ser regionales), de tipo de reforzamiento de la seguridad y de apoyo a la acción de las policías contra la nueva delincuencia y a la acción simultánea contra sus causas. Quien juzgará será, como corresponde, la ciudadanía, mediante el voto obligatorio de los mayores de 18 años en octubre próximo.

Tal vez algunos temas por resolver puedan ahora abordarse en un mejor clima. Se debiera producir el ingreso de la Democracia Cristiana al gabinete de Gabriel Boric y el fortalecimiento de su rol parlamentario, pues no tiene sentido que apoye muchas legislaciones y no comparta responsabilidades de gobierno para llevarlas a la práctica. También se debiera dejar de insistir en la idea de dos coaliciones, porque lo único que existe en la práctica es una coalición de gobierno entre los partidos que lo apoyan y del que forman parte, salvo que se quiera proyectar que unos lo apoyan más que otros, lo que tiene poco sentido. Eso no impide que cada partido cultive relaciones de mayor o menor cercanía con otros, pero la insistencia en la diferenciación termina inevitablemente por dificultar la gestión de cualquier gobierno. Un tercer tema es mejorar la calidad de esa gestión, acentuando la persecución de toda corrupción, de la escala que sea, y optando por fortalecer con más fuerza el carácter profesional de la administración en todos los niveles. Un cuarto tema es mejorar la orientación de las políticas de gobierno, sobre la base del programa de segunda vuelta firmado por los partidos que ahora han pactado candidaturas locales y regionales. Esto es responsabilidad de las autoridades de gobierno, en base a la deliberación y coordinación con sus fuerzas políticas de apoyo y también con los movimientos sociales cuyas reivindicaciones se proponga escuchar y canalizar.

Como es la fuerza política del presidente Boric, al Frente Amplio le cabe mejorar sustancialmente su capacidad de conducción y de iniciativa. El que el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, desconociera a horas de alcanzado el acuerdo municipal y saliera apoyando a un candidato independiente distinto del confirmado en el pacto, en este caso nada menos que en Concepción, no es una buena expresión de esa capacidad, la que también se complicó en Valparaíso. Esta debe incluir un alto grado de consistencia y persistencia frente a la amenazante arremetida ultraconservadora, y evitar perjudicar, mediante el apoyo a aventuras individuales, al conjunto de las fuerzas progresistas, que han reencontrado en buena hora el camino de la unidad en la diversidad.

La economía y la oposición apocalíptica 

04-04-24 La Nueva Mirada

La interpretación dispar de los datos económicosLa economía y la oposición apocalíptica 04-04-24 La Nueva Mirada La interpretación dispar de los datos económicos

La economía y la oposición apocalíptica

En La Nueva Mirada

Los más recientes datos económicos son positivos, lo que indispone a la oposición apocalíptica que busca arrinconar al gobierno, acompañada por algunos economistas descentrados.  Un distinguido diario de la plaza agregó en su titular respecto al buen dato de febrero que habría un “dispar desempeño de sectores”. Solo que la disparidad es que a unos sectores les ha ido todavía mejor que a otros.

El Índice Mensual de Actividad Económica registró un crecimiento en febrero de 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. El indicador corregido de efectos estacionales y comparado con el mes anterior creció en 0,8%. Siempre en términos desestacionalizados, las cifras corregidas por el Banco Central muestran que ya había crecido en 2% en el primer mes del año, luego de una caída de -0,6% en diciembre. El positivo aumento por segundo mes consecutivo fue empujado por la producción de bienes (minería, industria, construcción) con un 1,7% y también, en menor grado, por la expansión de 0,4% del comercio y de 0,5% de los servicios. 

No obstante, el dato de un mes es insuficiente para apreciar una tendencia, pues puede ser una excepción. La perspectiva trimestral suele ser más ilustrativa. Si se compara el promedio trimestral del Imacec terminado en febrero con el del año pasado, el índice muestra un aumento de 1,9%. Si se considera el promedio del trimestre terminado en febrero, el índice es también un 0,8% superior al trimestre móvil terminado en enero. En términos anualizados, es decir si se mantuviera por todo 2024, el crecimiento sería de 3,4%, un dato muy positivo. Estos registros se agregan a los buenos indicadores de empleo de febrero (0,4% de crecimiento trimestral, corregido de efectos estacionales). La economía parece encaminarse a una senda de mejoría respecto al año pasado.

Los muy buenos datos de inicio de 2024 contrastan con un deficiente 2023. No está de más poner en perspectiva el desempeño económico de Chile, más allá de la contingencia y de la secuencia de «desborde de la demanda» de 2020-21, que a la postre produjo buenos resultados comparativos en materia de crecimiento, y luego de «ajuste ultra- ortodoxo«, con resultados todavía buenos en 2022 y de estancamiento en 2023. Se supone que este tipo de ajuste extremo era necesario para corregir los desequilibrios inflacionarios y de la cuenta corriente de la etapa previa y preparar una nueva etapa expansiva. Esto es bastante discutible, dado el origen externo del brote inflacionario y el fin de los mecanismos que propulsaron por una vez el aumento de la demanda interna y de las importaciones en 2021 (ver mi texto al respecto). Chile se situó en 2019-2021 en un desempeño equivalente al del mundo, en uno bajo en 2022 y en uno muy bajo en 2023, superado no solo por China sino también por Estados Unidos y el promedio de América Latina y el Caribe. 

Para una evaluación de más largo plazo, el indicador pertinente es el del PIB por habitante, con todas sus limitaciones, para lo cual se dispone de la serie del Banco Mundial desde 1960 hasta 2022. 

El gráfico adjunto muestra que entre 1961 y 1973 la economía chilena creció menos por habitante que el promedio mundial y el de América Latina y el Caribe, y menos que Estados Unidos y China, en medio de grandes reformas estructurales que culminaron en un gran conflicto que incluyó la reforma agraria, la nacionalización del cobre y la ampliación sustancial del sector de empresas estatales, con una crisis política y económica que derivó en una prolongada dictadura restauradora del dominio oligárquico (ver mi libro de 2022). En la etapa dictatorial entre 1974 y 1989, de orientación económica ultraliberal, el crecimiento por habitante fue apenas algo superior al del período previo (pasó de 1,7% a 1,9% anual promedio), pero siempre inferior al de Estados Unidos, que venía en declinación, y especialmente al de China, que iniciaba su impresionante despegue. No obstante, fue superior al de América Latina, que cayó a menos de la mitad en esta etapa de la crisis del petróleo y de inicio de la globalización.

La etapa de la vuelta a la democracia a partir de 1990 es la de mayor expansión económica por habitante que conozca la historia de Chile, especialmente en los 20 años que siguieron a 1990 (3,9% anual), muy por encima del resto del mundo, aunque siempre muy lejos del desempeño de China, cuyo punto de partida era muy bajo. El crecimiento fue inferior en la década de 2011-2020 (0,9% anual, período que incluye la crisis de la pandemia), pero siempre muy superior al de América Latina y cercano al de Estados Unidos. 

Si se toma en conjunto el período 1990-2022, la producción por habitante creció mucho más (3,1% anual) que en la etapa de la dictadura (1,9% anual), bajo lo que hemos llamado un «modelo híbrido» (ver mi libro de 2007), con mayor intervención estatal, pero sin un Estado social en forma. Los nostálgicos del libre mercado sin límites y del bloqueo a todo avance hacia un Estado social debieran recordar estos datos.

Cabe consignar que el Índice de Desarrollo Humano, que permite capturar mejor la evolución del bienestar y de las dimensiones distributivas, se calcula por el PNUD solo desde 1990. Este arroja, en todo caso, mejorías importantes para Chile en las últimas tres décadas, aunque queda un largo camino por recorrer para alcanzar un bienestar equitativo y sostenible más cercano a los países de más altos ingresos y mejor distribución de la riqueza. El país enfrenta múltiples dificultades y no termina de delinear un camino de futuro equitativo y sostenible, luego de haber entrado en una crisis social profunda en 2019. Pero en una mirada más larga, el retorno a la democracia se ha acompañado de un progreso humano como nunca antes en la historia nacional.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó su reporte de desarrollo humano 2023-24 con los datos de 2022 para 193 países y territorios. En su versión más sintética, los indicadores que pondera por tercios este índice compuesto son a) la esperanza de vida al nacer, que resume la situación promedio de salud de las personas; b) los años de escolaridad y las expectativas de años de formación, que reflejan la cobertura de la educación, y c) el ingreso por habitante, que expresa la capacidad promedio de adquirir bienes. Se calcula desde 1990 y busca ser alternativo o complementario al PIB, al centrarse en las condiciones de vida básicas promedio de la población.

Chile lidera en la región latinoamericana y del Caribe el Índice de Desarrollo Humano y ocupa el lugar 44 en el mundo (a comparar con el lugar 63 en el PIB por habitante a paridad de poder de compra, según el Banco Mundial). Subió su puntaje de 0,856 en 2021 a 0,860 en 2022 (siendo 1 el máximo en cada indicador). Lo encabezaron en 2022 Suiza (0,967), Noruega (0,966), Islandia (0,959), Hong Kong (0,956) y Dinamarca (0,952). El promedio del mundo es de 0,739 y el de América Latina y el Caribe de 0,763. 

En Chile, la expectativa de vida alcanzó 79,5 años en 2022 (6,9 años más que en 1990), mientras los años de escolaridad esperados llegaron a 16,8 (4 años más) y el promedio de años de escolarización alcanzó a 11,1 (2,7 años más). El ingreso nacional bruto (INB) per cápita, ajustado por la paridad de poder adquisitivo, llegó a US$24.431 anuales, un aumento de 163,6% respecto a 1990.

Argentina es el país de América del Sur que sigue en la clasificación del IDH, con el puesto 48 y un índice de 0,849, y luego se sitúan Uruguay (52 y 0,830), Ecuador (83 y 0,765, Perú (87 y 0,762), Brasil (89 y 0,760), Colombia (91 y 0,758), Guyana (95 y 0,742), Paraguay (102 y 0,731), Venezuela (119 y 0,660), Bolivia (120 y 0,698) y Surinam (124 y 0,690). México ocupa el lugar 77, con un índice de 0,781. El listado de 193 países y territorios lo cierran en América Latina cuatro países centroamericanos: El Salvador (lugar 127 y un índice de 0,674), Nicaragua (lugar 130 y 0,669), Guatemala (lugar 136 y 0,629) y Honduras (lugar 138 y 0,624). En el Caribe, lo hace Haití, en el lugar 158 y un índice de 0,552. En el mundo, el país peor situado es Somalia, con un índice de 0,380. 

Por su parte, las tasas de aumento anual promedio del IDH han tendido a disminuir, con la década de 1990 como la de mayor dinamismo. Pero la comparación de Chile con América Latina y el Caribe y la OCDE es bastante favorable. En 1990-2000, la tasa fue de 0,79% anual en Chile, 0,74% en el continente y 0,56% en el promedio de países de la OCDE. Luego bajó en 2000-2010 a 0,64%, 0,69% y 0,42% y en 2010-2022 a 0,47%, 0,31% y 0,26%, respectivamente. 

Una versión más avanzada del IDH incluye la desigualdad (también la posición de género, la pobreza y la carga ambiental de manera menos completa). Si se considera los indicadores chilenos de desigualdad, incluyendo las diferencias en esperanza de vida y educación y la distribución del ingreso, el Índice de Desarrollo Humano baja de 0,860 a 0,704. Esto implica que pasa a niveles inferiores a los de Argentina y Uruguay, países menos desiguales que Chile y al lugar 61 en el mundo, perdiendo 17 posiciones y volviendo a un rango similar al del PIB por habitante.

En materia de desigualdad, el coeficiente de Gini (que va de 0, una distribución perfectamente igualitaria, a 1, en que un hogar concentra todo el ingreso) pasó de 0,57 en 1990 a 0,43 en 2022, según el Banco Mundial, y de 0,48 en 2017 a 0,51 en 2020 y a 0,47 en 2022 según el gobierno chileno, con metodologías algo diferentes de procesamiento de la encuesta de ingresos CASEN. No obstante, se mantienen en niveles más altos que los de países como Argentina (0,42) y Uruguay (0,41) y los de altos ingresos, empezando por los escandinavos (entre 0,26 y 0,29), pero también en el resto de Europa (entre 0,24 y 0,33) y Estados Unidos (0,40). 

El desafío de crecer redistribuyendo y protegiendo el ambiente, pues no se logra aún desacoplar el crecimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero, sigue estando presente en la agenda pública chilena de mediano y largo plazo.

Fuente: Banco Central de Chile.

Fuente: Banco Mundial.

Fuente: Banco Mundial.

La persistencia de una democracia polarizada

En El Clarín de Chile

El semanario británico The Economist realiza un estudio anual de la situación democrática en 165 Estados. En su edición de 2024, mantiene a Chile muy cerca de las democracias de mejor calidad, pero fuera de las 24 “democracias plenas”, grupo del que solo forma parte ahora Uruguay en América Latina. La primera posición vuelve a ser ocupada por Noruega, en un listado tradicionalmente encabezado por los países escandinavos, como también es el caso de los índices de bienestar.

El informe distingue cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Según la puntuación media obtenida, un país puede ser clasificado como “democracia plena”, “democracia defectuosa”, “régimen híbrido” o “régimen autoritario”. Portugal, Argentina, Bélgica o Italia tienen sistemas defectuosos. Los de Turquía o El Salvador son híbridos, mientras China, Arabia Saudí o Nicaragua son regímenes autoritarios. Corea del Norte, Myanmar y Afganistán son, según esta clasificación, los Estados más autoritarios del mundo.

Chile se sitúa en la posición 25, con una puntuación de 7,98 sobre 10 (Noruega suma 9,81 y Uruguay 8,66, en la posición 14), con el resto de países latinoamericanos mucho más atrás. El país obtiene una muy alta puntuación de 9,58 para «el sistema electoral y el pluralismo democrático» y un 9,12 para «las libertades civiles». El “funcionamiento del gobierno” obtiene una nota honorable de 8,21. En cambio, la “cultura política” se sitúa mucho más abajo, con una nota de 6,88, mientras resulta mal parada la  “participación política”, con 6,11. La vuelta al voto obligatorio probablemente mejorará este último indicador. Pero la “cultura política”, con un ambiente de descalificación creciente, con medios dominantes partisanos y polarizantes, requiere de un cambio mucho mayor para mejorar sus bajos niveles actuales.

Este se explica por un largo deterioro y porque la rebelión social de 2019 se recondujo por cauces institucionales mal concebidos. Una mayoría decidió, en un contexto de voto obligatorio, no aprobar una constitución que consagraba nuevos derechos y equilibrios territoriales, sociales y ambientales en septiembre de 2022, con una regla de aprobación de 2/3 en el órgano constituyente elegido por voto voluntario. Esto obligó a aceptar intereses particularistas y programáticos, que fueron sumando rechazos tema a tema. Un quórum menor hubiera facilitado acuerdos para una constitución no programática. La ciudadanía quiso, de paso, castigar al nuevo gobierno en medio de una contracción económica. Pero tampoco dio curso en diciembre de 2023 a la regresión autoritaria, conservadora y oligárquica que promovió la derecha, que incluía la limitación de las libertades, de la soberanía popular, de los derechos sociales y los de las mujeres.

Sorprendentemente, según la “Encuesta Postplebiscitos” del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) de la Universidad Adolfo Ibáñez, realizada en enero de 2024 (ver https://leas.uai.cl/2024/03/18/chile-post-plebiscitos/), aumentó la valoración de la democracia. Un 62% de los consultados se mostró de acuerdo con la afirmación según la cual “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Esta opción había sumado solo un 46% en diciembre de 2021, en una encuesta similar. Solo un 26% aprobó la frase “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”, cifra igual a la de 2021. La opción «da lo mismo», bajó de 21 a 12%. De paso, un 43% consideró que la actual constitución quedó «bastante o muy legitimada» tras el plebiscito y un 37% la considera «nada o poco legitimada», lo que sigue reflejando una fractura. En el debate constitucional de 2023, la derecha se había permitido incluso hablar de “verdaderos chilenos”, en confrontación con los que no lo serían.

¿Cuán polarizada quedó la sociedad chilena después de los procesos constitucionales? Se puede describir cuatro principales escenarios de polarización ideológica, siguiendo a Daniel Innerarity, Steffen Mau y otros.  El primero es el clásico conflicto socioeconómico sobre la distribución de los ingresos y la riqueza, alrededor del cual se articula el clivaje izquierda/derecha. Esto es notorio en Chile, donde no se aprecia un espacio común para el acuerdo en medio de grandes desigualdades de ingreso, como se ha visto con el rechazo a la reforma tributaria y de pensiones. Impedir un Estado de bienestar es un objetivo compartido por la derecha, que es predominantemente neoliberal, e incluso por una parte del llamado progresismo, aunque no sea hegemónica.

Un segundo ámbito de conflicto polarizador es el las desigualdades “centro/periferia”. Allí se confrontan distintas concepciones de la distribución del poder territorial y es un escenario de reclamo para obtener más recursos  públicos, lo que en Chile está presente pero con una intensidad relativamente baja, aunque persiste un Senado colegislador que sub-representa fuertemente a las regiones con más habitantes y favorece los cacicazgos cuasi-feudales.

Un tercer escenario de confrontación ideológica es el de las desigualdades “nosotros/ellos”, donde se desarrollan los conflictos de reconocimiento de la identidad, las discriminaciones de género y la diversidad sexual. Es el de la confrontación entre la idea de ciudadanía y una actitud clasista y supremacista contra los pueblos originarios y sus derechos colectivos. Se acompaña, además, de impulsos de xenofobia, en ocasiones de manera agresiva y mediando un afán de exclusión y de rechazo a la inmigración, la que se asimila impropiamente a la delincuencia. Esto es estimulado por la derecha conservadora y por diversos sectores políticos a la caza de electores. A su vez, la cultura conservadora no tolera el derecho de cada cual de vivir del modo que le parezca y a no ser objeto de exclusión y discriminación. Signos de una evolución positiva se produjeron cuando bajo Bachelet II se aprobó en 2017 el aborto por tres causales y bajo Piñera II se aprobó en 2021 el matrimonio igualitario, ampliando los derechos individuales. Pero parte de la derecha  sigue buscando su reversión, con ataques al feminismo y a las diversidades, mientras se expresa con virulencia contra la inmigración, a pesar que, en el caso de Venezuela, fue directamente promovida por Piñera y la UDI para buscar aumentar el electorado conservador en Chile.

Una cuarta dimensión es la de las desigualdades “presente/futuro” entre generaciones, con discusiones recurrentes sobre la protección del medio ambiente y la acción contra el cambio climático, que confronta con quienes valoran la sostenibilidad a negacionistas y a los que creen que el crecimiento económico debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración.

Si en Europa, según Daniel Innerarity, “lo que hoy tenemos es keynesianismo y nuevos derechos sociales, aceptado también por los conservadores y solo impugnado por la extrema derecha”, no es el caso de Estados Unidos y de buena parte de América Latina, con los Trump, Bolsonaro y Milei, y también con la derecha chilena de Matthei y Kast. Esta defiende a brazo partido el Estado mínimo, en lo que es minoritaria, por lo que busca hacerse mayoritaria promoviendo sus opciones autoritarias involucrando a los militares en materia de seguridad, creando sistemáticamente un clima de miedo y temor generalizado.

Es de esperar que en Chile en algún punto del tiempo, si no hay acuerdo sobre como disminuir los temores, mejorar las condiciones de vida de la población y aminorar las desigualdades y asimetrías de poder entre las categorías sociales, al menos lo haya sobre buscar una convivencia que disminuya la violencia física, simbólica y económica que hoy afecta la vida en común.

Tal vez una inspiración desde fuera pueda ayudar. En estos días, el gobierno británico busca contener las formas de «extremismo» que hoy cruzan su convivencia, para lo cual acaba de proponer una definición de esta conducta como «la promoción o impulso de una ideología basada en la violencia, el odio o la intolerancia”, así como “negar o destruir los derechos y libertades fundamentales de otros».  Esta definición debiera ser parte de los valores cívicos básicos compartidos en Chile y ser una de las primeras en consagrarse constitucionalmente mediante las reformas por 4/7 del parlamento que desde 2022 son posibles. Nunca es tarde para persistir en la tarea de fortalecer la convivencia democrática y disminuir la polarización.

¿Prejuicios ideológicos?

En El Clarín de Chile

Desde Los Vilos, no tan lejano a Tongoy, el presidente Gabriel Boric declaró el 21 de marzo que “desde la política, yo invito a que nos despercudamos de viejos prejuicios generalizados hacia la empresa y las evaluemos en función de su desempeño y de sus obras. Y también invito a otros sectores, en particular empresariales, a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular”.

La presión mediática furibunda ha querido atribuir a la izquierda tener «prejuicios ideológicos». Ha puesto de moda aquellos que supuestamente tiene «contra el orden público» y “contra la empresa”, que son falsos. Lo que tiene la izquierda, o las izquierdas, si se quiere, pues hay mucha diversidad en su seno, son objetivos, aunque haya flexibilidad en los medios. Y hay uno que es central: lograr una sociedad más libre y por tanto necesariamente más justa, pues la libertad no puede ser solo la de un grupo privilegiado de propietarios que concentra el poder y la riqueza, y de paso depreda el ambiente. Debe ser una libertad ejercida por todos los miembros de la sociedad, los que deben disponer de medios de vida dignos basados en el trabajo y en la solidaridad. Este es, además, el modo estructural de hacer retroceder la delincuencia, sin perjuicio de combatirla en cada contingencia con energía. Este no es un prejuicio, es un juicio. Mantenerse en esa postura lleva con frecuencia a confrontar a los poderes constituidos, lo que requiere una actitud, una disposición a ir contra la corriente y a resistir las presiones, las subordinaciones, los lugares comunes dominantes y las modas.

En efecto, la izquierda tiene un enfoque de seguridad democrática, no uno meramente represivo, y se ha hecho cargo de la seguridad en momentos decisivos de la historia de Chile, que algunos olvidan. También se le atribuye una postura «contra la empresa». En ambos casos, hay quienes se dejan llevar por esos cantos de sirena.

En el tema de la empresa, existe una larga tradición en la izquierda mundial, tanto socialdemócrata como heterodoxa, que nunca ha defendido el modelo de centralización económica y de estatización generalizada en que resultó la experiencia de la URSS y la China maoísta. Y que, por el contrario, defiende que la empresa es el lugar de la producción y la fuente de la prosperidad colectiva, que debe tener la mayor productividad posible (producción por hora trabajada) en equilibrio con la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo que hacen posibles las redistribuciones y la sostenibilidad del bienestar colectivo. Su visión ha sido que repartir pobreza no tiene sentido.Lo que si existe en la izquierda es una visión crítica del «sistema capitalista», aquel que da todo el poder económico a pocos propietarios que maximizan utilidades, no respetan los derechos de los trabajadores y dañan el entorno y los ecosistemas, al punto de acentuar las desigualdades como nunca antes en la historia y poner en peligro la continuidad de la vida humana tal como la conocemos. Y que producen crisis periódicas con graves consecuencias sociales. Aclaremos que tampoco son aceptables empresas y servicios públicos bajo control de burocracias ineficientes y corporativas, y eventualmente corruptas, que constituyen monopolios que no dejan opciones disponibles de trabajo y consumo para la ciudadanía común.

Los que interesadamente ponen por delante el estalinismo soviético o el rentismo burocrático-autoritario de países como Venezuela debieran tomar en cuenta que el principal país que se declara socialista hoy en el mundo es China. Desde los años 1980, este país ha protagonizado la mayor expansión económica en el menor tiempo que conozca la historia humana, utilizando planificación y mercados, sin perjuicio de que los derechos de los trabajadores y el medio ambiente no siempre se cautelen suficientemente ni se deba compartir su régimen político de partido único, como es el caso de quienes consideramos que la democracia plural es insustituible para cualquier verdadero desarrollo equitativo y sostenible.

La mayor parte de la izquierda se empeña hoy en construir una alternativa al neoliberalismo (aquel que minimiza impuestos progresivos y gasto estatal, privatiza empresas y servicios públicos e impide regulaciones en beneficio del trabajo, del medio ambiente y del consumidor) a través de una economía mixta socialmente productivista que haga posible la prosperidad compartida y sostenible, haciendo declinar las actividades perjudiciales para el ambiente y la salud y expandiendo las que mejoran el nivel y la calidad de vida. Este tipo de economía incluye esferas socializadas y toda la inversión pública en infraestructuras e innovación tecnológica, las empresas estatales estratégicas y los servicios públicos que sean necesarios y posibles. Eso sí, siempre sujetos a control democrático de su probidad y resultados. Y también debe incluir a empresas privadas con y sin fines de lucro, o con motivaciones combinadas, en mercados social y ecológicamente regulados, con negociación colectiva, sindicatos y participación laboral en las utilidades. Además, debe incluir un fuerte sector social y solidario y de empresas de inserción, no basado en la rentabilidad privada, aunque con capacidad de sostenerse económicamente en el largo plazo, creador de empleo, cohesión social y territorial y diversidad cultural.

El tema es democratizar la economía y ponerla al servicio del bienestar de la mayoría, no ahogar a las empresas que producen bienes y prestan servicios en términos social y ambientalmente satisfactorios. Las economías mixtas con Estados de bienestar y promotores de la innovación productiva son las que han logrado en la historia la mayor prosperidad común, como es el caso de los países nórdicos y otras experiencias, no aquella que defiende y promueve el gran empresariado en Chile, basada en la concentración financiera y de los mercados y la explotación del trabajo. Este sector de la sociedad no defiende la empresa, defiende la concentración económica y los privilegios de una minoría oligárquica.

 

El devenir del oficialismo

En La Nueva Mirada

El gobierno no logra salir de la agenda de la “crisis de seguridad”, ni argumenta demasiado que la tasa de homicidios disminuyó en 2023 y que el caso del militar venezolano asesinado fue resuelto de manera rápida y profesional. Tampoco se explican con énfasis suficiente los avances y dificultades de los controles de fronteras y las expulsiones administrativas de inmigrantes irregulares, especialmente cuando no se cuenta con la colaboración de los países de origen, por ejemplo para identificar a los menores de edad. Y que el gobierno trabaja intensamente en estas materias, en un contexto de ausencia de colaboración efectiva y formalizada entre las policías y órganos de justicia y seguridad del continente. 

La que sí existe es una crisis manifiesta de los mandos policiales, lo que sorprendentemente no se ha enfrentado con los correspondientes reemplazos rápidos, como si la remoción necesaria de las jerarquías cuestionadas fuera decisión de ellos y no de la autoridad. Frente a la nueva realidad delincuencial marcada por el crimen organizado e internacionalizado, no emergen propuestas de reforma de las policías, aunque su urgencia es cada día más evidente. Esto permite a la oposición mantener al gobierno a la defensiva y sin salida en los temas de seguridad, de modo de desgastarlo cotidianamente. Y, además, le permite seguir bloqueando en el parlamento la agenda económico-social, casi sin costos. 

¿Serán los próximos dos años unos de una falta de narrativa oficialista propia, pues muchos de sus componentes prefieren tomar el enfoque conservador en materia de seguridad y ofrecer concesiones en materia de impuestos, pensiones, seguros de salud y así sucesivamente, en medio de un clima electoral polarizado? Esto plantea interrogantes sobre la próxima etapa política para el oficialismo que, entretanto, no ha logrado mejorar su cohesión interna.

Ha sido el presidente de la DC, Alberto Undurraga, quien ha planteado una propuesta para acordar dos candidaturas presidenciales en 2025, una del Frente Amplio y del PC y otra del “Socialismo Democrático” y de la DC, junto a una lista parlamentaria común “para darle soporte a quien gane en primera vuelta». Este enfoque permite ir delineando un esquema de unidad y diversidad. Pero hay varios problemas.  Primero, que el esquema también debe aplicarse hoy para fortalecer el trabajo del gobierno frente al viraje a la derecha de los desprendimientos de la DC y para construir una lista común para las elecciones territoriales de este año. Segundo, Undurraga no es muy claro en comprometerse a votar en segunda vuelta por una lista FA-PC si ésta pasara a esa instancia. Si gano me apoyas, si no gano no te apoyo. ¿Qué acuerdo puede resultar de semejante propuesta? Tercero, se sitúa en una perspectiva que llama de «renovar la centroizquierda». Pone al PS como parte de una corriente de ese tipo, aunque es un partido que no ha dejado de ser de izquierda (lo ha corroborado su reciente congreso de 2023) y por eso concurrió a la elección de consejeros de mayo pasado en una lista con el Frente Amplio, el PC, los regionalistas. los liberales y acción humanista, y no en la lista con la DC, los radicales y el PPD, esta última de muy magros resultados, por lo demás. No eligió a nadie.

Sin horizontes en debate, la democracia pierde su sustancia y vitalidad. Esta no puede ser solo un conjunto de procedimientos de regulación del acceso al poder y de su ejercicio por las fuerzas organizadas que representan ideas e intereses. Lo que tiene sentido hoy para enfrentar a la derecha aliada a la extrema derecha es consolidar una «izquierda plural reagrupada y abierta al centro». Si el PS recupera su rol articulador, podrá ayudar a un mejor desenvolvimiento de la actual administración, después de haber parecido sumarse, o al menos algunos de sus parlamentarios, a un intento de coalición chica de sello anti-frente amplio, con socios poco habilitados para construir mayorías ni orientar transformaciones. Se alude la idea de reeditar un supuesto “eje histórico” DC-PS que existe sólo en la imaginación de algunos. Entre otras cosas, el PS fue decisivo en formar la Concertación en 1989, pero hasta 2006 compitió siempre con la DC dentro de los pactos de coalición, en alianza con el PPD y en ocasiones con el PR y el PH, en sub-listas distintas a nivel municipal y parlamentario. Lo propio hizo a nivel presidencial, con la excepción de 1989. Por ello Ricardo Lagos y Michelle Bachelet fueron presidentes. 

En todo caso, en la realidad política actual, no se avizora por qué habría que volver a mirar hacia atrás, a los años 1990. En el actual gobierno se cristaliza, poco a poco, un nuevo tipo de coalición, una de izquierda plural, que debiera ser de largo aliento, y abrirse a la DC, para representar en la sociedad chilena un bloque por los cambios que exprese al mundo del trabajo y de la cultura y a las clases medias.

En esa perspectiva, el socialismo chileno tiene un rol insustituible para aportar su experiencia gubernamental y de conformación de coaliciones amplias, además de un horizonte de construcción de una sociedad de mayor democracia, igualdad social y libertades individuales. Esto requiere minimizar en sus filas la tentación de la estadolatría y del clientelismo y volver a articular su raigambre nacional-popular en la defensa de los intereses de la mayoría social con el horizonte emancipador de su proyecto de sociedad. Se trata de la emancipación de la tradicional dominación oligárquica para terminar con los privilegios y asimetrías de poder de clase y posición social, mediante la expansión de la igualdad de derechos y oportunidades, empezando por los de las mujeres, el respeto de los pueblos originarios y de las diversidades, el fin de la primacía del dinero en las elecciones y en los medios y la construcción de instituciones fuertes, probas y territorialmente participativas basadas en el autogobierno y la cautela de la seguridad colectiva. Y también se trata, simultáneamente, de la emancipación de los trabajadores de la subordinación mediante el trabajo decente, la negociación colectiva de sus derechos y la puesta del esfuerzo productivo, de las nuevas tecnologías y de la innovación al servicio de la equidad social y de la democracia económica. Se agrega el imperativo de orientar con urgencia la vida en común según las exigencias de la sostenibilidad y la resiliencia de los ecosistemas, pues en este siglo está en juego la propia supervivencia de la especie humana. Una plataforma de este tipo puede volver a insuflar un espíritu de innovación y de futuro a un gobierno hasta hoy sumido, por el bloqueo de la derecha, en los avatares del corto plazo.

Preguntas sobre la seguridad pública

 En El Clarín

Algunos alcaldes oficialistas se sumaron a los cantos de sirena de la militarización de la lucha contra la delincuencia e inclinaron por fórmulas efectistas en un clima de reelección. Piensan que así crean la imagen de “una autoridad que actúa”. Como si asumir el discurso militarista y autoritario, aquel de la “mano dura” para el cual solo las dictaduras y la fuerza bruta pueden mantener el orden, no fuera una inepcia y una inutilidad práctica.

No se discute qué se hace con los 400 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, según el INE, ni se reflexiona sobre en qué puede mejorar la situación de seguridad ciudadana la presencia de militares en el corazón de las ciudades, que están entrenados para atacar o aniquilar objetivos enemigos, no para perseguir delincuentes. ¿Para disuadirlos? ¿Qué delincuencia va a cesar porque se ponen militares de punto fijo o patrullas en estaciones de metro, de trenes, terminales de buses, hospitales, centros de salud familiar, malls, como «colaboradores de las fuerzas policiales regulares», según el alcalde Carter, utilizando, según el gobernador Orrego, que no se anda con recomendaciones menores, «blindados, helicópteros, drones e inteligencia»? ¿La del Tren de Aragua, del crimen organizado e internacionalizado, del narcotráfico, de la trata de personas, de las extorsiones y secuestros? Por lo demás, ¿qué fuerza militar podrá funcionar con un mínimo de eficacia bajo el mando operativo de policías? Si las fuerzas militares devienen en órganos de patrullaje y puntos fijos de orden público en las ciudades, no ya en Estados de emergencia o elecciones, sino por mero decreto presidencial, más se consagrará una impresión de desborde y se aumentará el miedo. Y sobre todo se pondrá en manos de eventuales gobernantes sin criterio o derechamente autoritarios una fuerza coercitiva sin control, cubierta además por las nuevas leyes represivas que la protegen en caso de abusos de autoridad. ¿Alguien puede asegurar que no se producirán incidentes que después los mismos que piden la intervención militar lamentarán y propondrán castigar?

Manipular el miedo de la población no conduce a ninguna parte, salvo a aumentar ese miedo. ¿Por qué no se integra de una buena vez la comprensión de que los países con menos delincuencia no son los más ricos ni los con más cárceles y penas más altas, como Estados Unidos -en contraste con Canadá, por ejemplo- o los países periféricos clasistas, racistas y excluyentes dominados por oligarcas sin escrúpulos, sino los que crecen con más prosperidad compartida y cohesión social, como muchos europeos, asiáticos y de Oceanía? Así lo muestran los datos mundiales de homicidios. Sobre el tema de El Salvador, el nuevo paradigma de los partidarios del Estado violento, basta con señalar que su tasa de homicidios en 2022 siguió siendo superior a la chilena, pero a un altísimo costo en arbitrariedades y violencias estatales de todo tipo.

A pesar de la penetración de una criminalidad más dura e internacionalizada en Chile (el 53% de los homicidios es por arma de fuego y el 17% contra extranjeros), la tasa de homicidios chilena es una de las más bajas de América Latina. ¿Qué sentido puede tener no subrayar que, luego de aumentos en la década pasada y en 2022, los homicidios disminuyeron en 2023 en Chile, según los datos de Carabineros y los de la Fiscalía hasta el primer semestre? ¿O no subrayar que en pocos días el sonado secuestro y asesinato de un refugiado ex militar venezolano fue esclarecido gracias a una inteligencia investigativa ágil y no políticamente sesgada, que dejó claro que era responsabilidad de un grupo delictual? Pareciera ser que se hizo sentido común que ponderar los hechos y ponerlos en perspectiva es una actitud de «débiles frente a poderes externos que intervienen en Chile y están fuera de control”. Nada está fuera de control, hay que decirlo con claridad.

Lo que hay es una actitud política opositora, para la cual todo acto de delincuencia, como si hubiera sociedades en que no existe,  es sinónimo de desborde y descontrol, para sacar réditos políticos dudosos y, sobre todo, buscar legitimidad para las opciones autoritarias.

El gobierno ha decidido jugar en la cancha del endurecimiento legislativo y no parece tener una estrategia que confronte la idea falaz de la “crisis de seguridad” y oriente el trabajo policial en base a la responsabilidad que le cabe a las instituciones. Mantener por dos años a un General Director de Carabineros que será imputado por violaciones a los derechos humanos durante la crisis social de 2019 y a un Director General de la PDI vinculado a los abogados de la UDI y que finalmente se descubre ha violado la ley para proteger a un anterior director acusado de corrupción, no parece haber sido la mejor opción.

Luego, ¿por qué no haber impulsado la reforma de las policías previamente comprometida? ¿No se requería reforzar la presencia territorial y la colaboración con las comunidades, especialmente las que están en riesgo social, y la cooperación con los municipios y órganos sociales del Estado? ¿Y reestructurar el trabajo de inteligencia contra el crimen organizado y el lavado de dinero para hacerlo mucho más fuerte y coordinado? ¿Por qué no fortalecer en Carabineros más unidades especiales de patrullaje y cuidado disuasivo de puntos críticos, en detrimento de unidades de represión en las calles que mostraron no estar a la altura de la disuasión y el desescalamiento de la violencia? ¿No se debe acaso reforzar lo hecho en materia de inteligencia policial, apoyada en capacidades técnicas, como en el caso del militar venezolano?

Mezclar el trabajo policial y la defensa nacional y la inteligencia civil y la militar no es la respuesta adecuada. No existe en ningún Estado serio, simplemente porque son funciones distintas. Cuando se alude la presencia militar en las calles contra el terrorismo integrista en otras partes del mundo, se está hablando de un fenómeno que no existe en Chile y que requiere de respuestas distintas de las policiales. Otra cosa es pensar a mediano plazo en una nueva institución como la Guardia Nacional de Estados Unidos, que colabore en las catástrofes y refuerce a las policías en situaciones de crisis, dejando a las fuerzas armadas en las tareas profesionales que no deben descuidar. Pero esa es harina de otro costal.

En democracia no se debe jugar con la lucha por mantener la plena seguridad de la ciudadanía ni hacer de cada acto delictivo un argumento partidista contra el gobierno, sea del signo que sea. Hacerlo es de irresponsables. La democracia es escuchar la voz del pueblo, pero eso no debe confundirse con plegarse a emociones sin racionalidad para parecer fuerte. Al contrario, al solicitarle a la ciudadanía segundas reflexiones y contener los impulsos y los miedos, es cuando se es verdaderamente fuerte, en beneficio de lo que rinde frutos: el trabajo policial profesional, serio y metódico, integrado a las comunidades y en un contexto de mejoras socio-económicas inclusivas.