Preguntas sobre la seguridad pública

 En El Clarín

Algunos alcaldes oficialistas se sumaron a los cantos de sirena de la militarización de la lucha contra la delincuencia e inclinaron por fórmulas efectistas en un clima de reelección. Piensan que así crean la imagen de “una autoridad que actúa”. Como si asumir el discurso militarista y autoritario, aquel de la “mano dura” para el cual solo las dictaduras y la fuerza bruta pueden mantener el orden, no fuera una inepcia y una inutilidad práctica.

No se discute qué se hace con los 400 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, según el INE, ni se reflexiona sobre en qué puede mejorar la situación de seguridad ciudadana la presencia de militares en el corazón de las ciudades, que están entrenados para atacar o aniquilar objetivos enemigos, no para perseguir delincuentes. ¿Para disuadirlos? ¿Qué delincuencia va a cesar porque se ponen militares de punto fijo o patrullas en estaciones de metro, de trenes, terminales de buses, hospitales, centros de salud familiar, malls, como «colaboradores de las fuerzas policiales regulares», según el alcalde Carter, utilizando, según el gobernador Orrego, que no se anda con recomendaciones menores, «blindados, helicópteros, drones e inteligencia»? ¿La del Tren de Aragua, del crimen organizado e internacionalizado, del narcotráfico, de la trata de personas, de las extorsiones y secuestros? Por lo demás, ¿qué fuerza militar podrá funcionar con un mínimo de eficacia bajo el mando operativo de policías? Si las fuerzas militares devienen en órganos de patrullaje y puntos fijos de orden público en las ciudades, no ya en Estados de emergencia o elecciones, sino por mero decreto presidencial, más se consagrará una impresión de desborde y se aumentará el miedo. Y sobre todo se pondrá en manos de eventuales gobernantes sin criterio o derechamente autoritarios una fuerza coercitiva sin control, cubierta además por las nuevas leyes represivas que la protegen en caso de abusos de autoridad. ¿Alguien puede asegurar que no se producirán incidentes que después los mismos que piden la intervención militar lamentarán y propondrán castigar?

Manipular el miedo de la población no conduce a ninguna parte, salvo a aumentar ese miedo. ¿Por qué no se integra de una buena vez la comprensión de que los países con menos delincuencia no son los más ricos ni los con más cárceles y penas más altas, como Estados Unidos -en contraste con Canadá, por ejemplo- o los países periféricos clasistas, racistas y excluyentes dominados por oligarcas sin escrúpulos, sino los que crecen con más prosperidad compartida y cohesión social, como muchos europeos, asiáticos y de Oceanía? Así lo muestran los datos mundiales de homicidios. Sobre el tema de El Salvador, el nuevo paradigma de los partidarios del Estado violento, basta con señalar que su tasa de homicidios en 2022 siguió siendo superior a la chilena, pero a un altísimo costo en arbitrariedades y violencias estatales de todo tipo.

A pesar de la penetración de una criminalidad más dura e internacionalizada en Chile (el 53% de los homicidios es por arma de fuego y el 17% contra extranjeros), la tasa de homicidios chilena es una de las más bajas de América Latina. ¿Qué sentido puede tener no subrayar que, luego de aumentos en la década pasada y en 2022, los homicidios disminuyeron en 2023 en Chile, según los datos de Carabineros y los de la Fiscalía hasta el primer semestre? ¿O no subrayar que en pocos días el sonado secuestro y asesinato de un refugiado ex militar venezolano fue esclarecido gracias a una inteligencia investigativa ágil y no políticamente sesgada, que dejó claro que era responsabilidad de un grupo delictual? Pareciera ser que se hizo sentido común que ponderar los hechos y ponerlos en perspectiva es una actitud de «débiles frente a poderes externos que intervienen en Chile y están fuera de control”. Nada está fuera de control, hay que decirlo con claridad.

Lo que hay es una actitud política opositora, para la cual todo acto de delincuencia, como si hubiera sociedades en que no existe,  es sinónimo de desborde y descontrol, para sacar réditos políticos dudosos y, sobre todo, buscar legitimidad para las opciones autoritarias.

El gobierno ha decidido jugar en la cancha del endurecimiento legislativo y no parece tener una estrategia que confronte la idea falaz de la “crisis de seguridad” y oriente el trabajo policial en base a la responsabilidad que le cabe a las instituciones. Mantener por dos años a un General Director de Carabineros que será imputado por violaciones a los derechos humanos durante la crisis social de 2019 y a un Director General de la PDI vinculado a los abogados de la UDI y que finalmente se descubre ha violado la ley para proteger a un anterior director acusado de corrupción, no parece haber sido la mejor opción.

Luego, ¿por qué no haber impulsado la reforma de las policías previamente comprometida? ¿No se requería reforzar la presencia territorial y la colaboración con las comunidades, especialmente las que están en riesgo social, y la cooperación con los municipios y órganos sociales del Estado? ¿Y reestructurar el trabajo de inteligencia contra el crimen organizado y el lavado de dinero para hacerlo mucho más fuerte y coordinado? ¿Por qué no fortalecer en Carabineros más unidades especiales de patrullaje y cuidado disuasivo de puntos críticos, en detrimento de unidades de represión en las calles que mostraron no estar a la altura de la disuasión y el desescalamiento de la violencia? ¿No se debe acaso reforzar lo hecho en materia de inteligencia policial, apoyada en capacidades técnicas, como en el caso del militar venezolano?

Mezclar el trabajo policial y la defensa nacional y la inteligencia civil y la militar no es la respuesta adecuada. No existe en ningún Estado serio, simplemente porque son funciones distintas. Cuando se alude la presencia militar en las calles contra el terrorismo integrista en otras partes del mundo, se está hablando de un fenómeno que no existe en Chile y que requiere de respuestas distintas de las policiales. Otra cosa es pensar a mediano plazo en una nueva institución como la Guardia Nacional de Estados Unidos, que colabore en las catástrofes y refuerce a las policías en situaciones de crisis, dejando a las fuerzas armadas en las tareas profesionales que no deben descuidar. Pero esa es harina de otro costal.

En democracia no se debe jugar con la lucha por mantener la plena seguridad de la ciudadanía ni hacer de cada acto delictivo un argumento partidista contra el gobierno, sea del signo que sea. Hacerlo es de irresponsables. La democracia es escuchar la voz del pueblo, pero eso no debe confundirse con plegarse a emociones sin racionalidad para parecer fuerte. Al contrario, al solicitarle a la ciudadanía segundas reflexiones y contener los impulsos y los miedos, es cuando se es verdaderamente fuerte, en beneficio de lo que rinde frutos: el trabajo policial profesional, serio y metódico, integrado a las comunidades y en un contexto de mejoras socio-económicas inclusivas.