Más sobre el embate del gran empresariado: ¿qué hay de los indicadores básicos y de la productividad?
En el debate sobre el estado de la economía y la sociedad chilena que ha intentado suscitar parte del gran empresariado (“hoy somos más pobres que hace 10 años”), hay que distinguir entre plazos cortos y largos e intentar no nublar la mirada con datos parciales y circunstancias del momento. Lo que nunca es recomendable es buscar satisfacer sin consideración con los hechos las visiones a priori que se pueda tener sobre los modelos y políticas que se consideren mejores o peores. Son legítimas -cada cual tiene inevitablemente maneras propias de situarse en el mundo- y no hay tal cosa como la plena “objetividad” en la apreciación de las situaciones políticas, sociales y económicas, pero hay afirmaciones basadas en algún tipo de evidencia y otras que no lo son en absoluto. En este caso, todos los indicadores económico-sociales, sin excepción, revelan avances en la situación del país en la última década, aunque a cada cual le podrá parecer mucho, parcial o poco. Es la distinción necesaria entre juicios de hecho y juicios de valor.
Indicadores económicos y sociales, 2013-2023
Algunos hemos sostenido que el modelo “híbrido” chileno no es satisfactorio en diversos aspectos, especialmente en su dinamismo, hiperconcentración, distribución entre utilidades y salarios y capacidad redistributiva y de protección social. Y que la política macroeconómica en 2022-23 ha producido una desaceleración económica que se podría haber evitado, fruto de un mal diagnóstico técnico sobre las causas y alcances de la inflación y posterior desinflación desde 2021, política que el gran empresariado ha apoyado y de cuyas consecuencias ahora se queja. Pero eso no debe impedir tener a la vista las evoluciones positivas de más largo plazo, como las que se consignan en el cuadro.
Procurando considerar datos más estructurales, uno de los indicadores más significativos en materia de progreso económico es el de la producción por hora trabajada. En Chile suele sostenerse que la productividad está estancada, medida por la diferencia entre la cantidad adicional de trabajo y de capital que explica los avances en la producción, en contraste con lo que no es explicado por ese incremento en el uso de los factores de producción. Desde los trabajos de Solow, recientemente fallecido, y otros esa diferencia se denomina "productividad total de los factores", que en realidad es un residuo de significado conceptual discutible ("la medida de nuestra ignorancia", según Abramovitz). Es además de difícil cálculo, en especial cuando se trata de medir el stock de capital y su amortización periódica y de medir el aumento de la calificación del trabajo, aproximada imperfectamente por los años de estudio promedio de quienes trabajan.
Para evaluar la evolución de la productividad, algunos preferimos remitirnos a la producción por hora trabajada, que resulta de dividir el Producto Interno Bruto por el número de horas trabajadas en un año (dato más preciso que el número de personas que trabajan). Esto resume el aporte del trabajo calificado y no calificado, del capital acumulado y del progreso técnico en el resultado de la producción. Si se produce más por hora de trabajo, se refleja sin ambigüedades que ha aumentado la productividad agregada de la economía.
El cuadro adjunto reseña la información extraída de la base de datos de la OCDE para conjuntos de países y algunos países individuales, entre ellos Chile. Se observa que quien lleva la delantera (no hay datos para China) tanto en el período de 2013 a 2019 y luego en la crisis de la pandemia y su salida entre 2020 y 2022, es Corea del Sur, un país con un desempeño económico sobresaliente (y a la vez con un coeficiente de desigualdad de Gini de 0.33, uno de los más bajos del mundo, en vez del 0.40 de Estados Unidos y el 0.45 de Chile, siempre según la OCDE).
Productividad media del trabajo
PIB por hora trabajada a precios constantes, índice 2013=100
Fuente: OCDE.
En 2013-2019, el desempeño de Chile es más que honorable, similar al del promedio del G7, los siete países más relevantes de más altos ingresos por habitante (Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). En este promedio (preferimos remitirnos a ese grupo que al promedio OCDE, a estas alturas bastante heterogéneo), incide el mejor desempeño de Estados Unidos. El de Chile resultó ser superior al de Japón y al de la Zona Euro. La evolución comparada en la crisis y salida de 2020-2022 (último dato disponible) sitúa a Chile en una mejor posición aún. La progresión en la materia es notoria y superior a la del promedio del G7, debida en parte a la contracción durante la crisis del empleo por cuenta propia -de menor productividad y frecuentemente informal- y su más lenta recuperación posterior. Y es también, en esta etapa, superior a la de Estados Unidos.
Esto no quiere decir que el desempeño de Corea y otros países asiáticos no sea mucho más dinámico y que las brechas de productividad media del trabajo no sigan siendo muy amplias con el G7 (la producción por hora trabajada de Chile representa menos de la mitad que la de ese grupo de países de altos ingresos). Recordemos que la chilena es una economía dual de enclaves exportadores basados en recursos naturales que con frecuencia se sitúan en una frontera de alta productividad, acompañados por servicios modernos, pero combinados con producciones heterogéneas en condiciones promedio de menor productividad. Estas últimas constituyen el grueso del valor agregado y del empleo y en ellas predominan los servicios, que representaban el 69% del PIB y el 72% de la ocupación en 2023.
En suma, la brecha de producción por hora trabajada con los países de más altos ingresos se ha acortado, y no ampliado, en la última década, aunque esto no sea del gusto de los críticos neoliberales y del gran empresariado, embarcados -los unos por razones ideológicas y los otros por la defensa de sus intereses estamentales de corto plazo- contra todo lo que implique progreso social, redistribución y mayores recaudos ambientales, que en su visión se supone atentan contra la eficiencia y la productividad, aunque la evidencia no los acompañe.