jueves, 21 de marzo de 2024

El devenir del oficialismo

En La Nueva Mirada
El gobierno no logra salir de la agenda de la “crisis de seguridad”, ni argumenta demasiado que la tasa de homicidios disminuyó en 2023 y que el caso del militar venezolano asesinado fue resuelto de manera rápida y profesional. Tampoco se explican con énfasis suficiente los avances y dificultades de los controles de fronteras y las expulsiones administrativas de inmigrantes irregulares, especialmente cuando no se cuenta con la colaboración de los países de origen, por ejemplo para identificar a los menores de edad. Y que el gobierno trabaja intensamente en estas materias, en un contexto de ausencia de colaboración efectiva y formalizada entre las policías y órganos de justicia y seguridad del continente. 
La que sí existe es una crisis manifiesta de los mandos policiales, lo que sorprendentemente no se ha enfrentado con los correspondientes reemplazos rápidos, como si la remoción necesaria de las jerarquías cuestionadas fuera decisión de ellos y no de la autoridad. Frente a la nueva realidad delincuencial marcada por el crimen organizado e internacionalizado, no emergen propuestas de reforma de las policías, aunque su urgencia es cada día más evidente. Esto permite a la oposición mantener al gobierno a la defensiva y sin salida en los temas de seguridad, de modo de desgastarlo cotidianamente. Y, además, le permite seguir bloqueando en el parlamento la agenda económico-social, casi sin costos. 
¿Serán los próximos dos años unos de una falta de narrativa oficialista propia, pues muchos de sus componentes prefieren tomar el enfoque conservador en materia de seguridad y ofrecer concesiones en materia de impuestos, pensiones, seguros de salud y así sucesivamente, en medio de un clima electoral polarizado? Esto plantea interrogantes sobre la próxima etapa política para el oficialismo que, entretanto, no ha logrado mejorar su cohesión interna.
Ha sido el presidente de la DC, Alberto Undurraga, quien ha planteado una propuesta para acordar dos candidaturas presidenciales en 2025, una del Frente Amplio y del PC y otra del “Socialismo Democrático” y de la DC, junto a una lista parlamentaria común “para darle soporte a quien gane en primera vuelta». Este enfoque permite ir delineando un esquema de unidad y diversidad. Pero hay varios problemas.  Primero, que el esquema también debe aplicarse hoy para fortalecer el trabajo del gobierno frente al viraje a la derecha de los desprendimientos de la DC y para construir una lista común para las elecciones territoriales de este año. Segundo, Undurraga no es muy claro en comprometerse a votar en segunda vuelta por una lista FA-PC si ésta pasara a esa instancia. Si gano me apoyas, si no gano no te apoyo. ¿Qué acuerdo puede resultar de semejante propuesta? Tercero, se sitúa en una perspectiva que llama de «renovar la centroizquierda». Pone al PS como parte de una corriente de ese tipo, aunque es un partido que no ha dejado de ser de izquierda (lo ha corroborado su reciente congreso de 2023) y por eso concurrió a la elección de consejeros de mayo pasado en una lista con el Frente Amplio, el PC, los regionalistas. los liberales y acción humanista, y no en la lista con la DC, los radicales y el PPD, esta última de muy magros resultados, por lo demás. No eligió a nadie.
Sin horizontes en debate, la democracia pierde su sustancia y vitalidad. Esta no puede ser solo un conjunto de procedimientos de regulación del acceso al poder y de su ejercicio por las fuerzas organizadas que representan ideas e interesesLo que tiene sentido hoy para enfrentar a la derecha aliada a la extrema derecha es consolidar una «izquierda plural reagrupada y abierta al centro». Si el PS recupera su rol articulador, podrá ayudar a un mejor desenvolvimiento de la actual administración, después de haber parecido sumarse, o al menos algunos de sus parlamentarios, a un intento de coalición chica de sello anti-frente amplio, con socios poco habilitados para construir mayorías ni orientar transformaciones. Se alude la idea de reeditar un supuesto “eje histórico” DC-PS que existe sólo en la imaginación de algunos. Entre otras cosas, el PS fue decisivo en formar la Concertación en 1989, pero hasta 2006 compitió siempre con la DC dentro de los pactos de coalición, en alianza con el PPD y en ocasiones con el PR y el PH, en sub-listas distintas a nivel municipal y parlamentario. Lo propio hizo a nivel presidencial, con la excepción de 1989. Por ello Ricardo Lagos y Michelle Bachelet fueron presidentes. 
En todo caso, en la realidad política actual, no se avizora por qué habría que volver a mirar hacia atrás, a los años 1990. En el actual gobierno se cristaliza, poco a poco, un nuevo tipo de coalición, una de izquierda plural, que debiera ser de largo aliento, y abrirse a la DC, para representar en la sociedad chilena un bloque por los cambios que exprese al mundo del trabajo y de la cultura y a las clases medias.
En esa perspectiva, el socialismo chileno tiene un rol insustituible para aportar su experiencia gubernamental y de conformación de coaliciones amplias, además de un horizonte de construcción de una sociedad de mayor democracia, igualdad social y libertades individuales. Esto requiere minimizar en sus filas la tentación de la estadolatría y del clientelismo y volver a articular su raigambre nacional-popular en la defensa de los intereses de la mayoría social con el horizonte emancipador de su proyecto de sociedad. Se trata de la emancipación de la tradicional dominación oligárquica para terminar con los privilegios y asimetrías de poder de clase y posición social, mediante la expansión de la igualdad de derechos y oportunidades, empezando por los de las mujeres, el respeto de los pueblos originarios y de las diversidades, el fin de la primacía del dinero en las elecciones y en los medios y la construcción de instituciones fuertes, probas y territorialmente participativas basadas en el autogobierno y la cautela de la seguridad colectiva. Y también se trata, simultáneamente, de la emancipación de los trabajadores de la subordinación mediante el trabajo decente, la negociación colectiva de sus derechos y la puesta del esfuerzo productivo, de las nuevas tecnologías y de la innovación al servicio de la equidad social y de la democracia económica. Se agrega el imperativo de orientar con urgencia la vida en común según las exigencias de la sostenibilidad y la resiliencia de los ecosistemas, pues en este siglo está en juego la propia supervivencia de la especie humana. Una plataforma de este tipo puede volver a insuflar un espíritu de innovación y de futuro a un gobierno hasta hoy sumido, por el bloqueo de la derecha, en los avatares del corto plazo.

domingo, 17 de marzo de 2024

Preguntas sobre la seguridad pública

 En El Clarín

Algunos alcaldes oficialistas se sumaron a los cantos de sirena de la militarización de la lucha contra la delincuencia e inclinaron por fórmulas efectistas en un clima de reelección. Piensan que así crean la imagen de “una autoridad que actúa”. Como si asumir el discurso militarista y autoritario, aquel de la “mano dura” para el cual solo las dictaduras y la fuerza bruta pueden mantener el orden, no fuera una inepcia y una inutilidad práctica.

No se discute qué se hace con los 400 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, según el INE, ni se reflexiona sobre en qué puede mejorar la situación de seguridad ciudadana la presencia de militares en el corazón de las ciudades, que están entrenados para atacar o aniquilar objetivos enemigos, no para perseguir delincuentes. ¿Para disuadirlos? ¿Qué delincuencia va a cesar porque se ponen militares de punto fijo o patrullas en estaciones de metro, de trenes, terminales de buses, hospitales, centros de salud familiar, malls, como «colaboradores de las fuerzas policiales regulares», según el alcalde Carter, utilizando, según el gobernador Orrego, que no se anda con recomendaciones menores, «blindados, helicópteros, drones e inteligencia»? ¿La del Tren de Aragua, del crimen organizado e internacionalizado, del narcotráfico, de la trata de personas, de las extorsiones y secuestros? Por lo demás, ¿qué fuerza militar podrá funcionar con un mínimo de eficacia bajo el mando operativo de policías? Si las fuerzas militares devienen en órganos de patrullaje y puntos fijos de orden público en las ciudades, no ya en Estados de emergencia o elecciones, sino por mero decreto presidencial, más se consagrará una impresión de desborde y se aumentará el miedo. Y sobre todo se pondrá en manos de eventuales gobernantes sin criterio o derechamente autoritarios una fuerza coercitiva sin control, cubierta además por las nuevas leyes represivas que la protegen en caso de abusos de autoridad. ¿Alguien puede asegurar que no se producirán incidentes que después los mismos que piden la intervención militar lamentarán y propondrán castigar?

Manipular el miedo de la población no conduce a ninguna parte, salvo a aumentar ese miedo. ¿Por qué no se integra de una buena vez la comprensión de que los países con menos delincuencia no son los más ricos ni los con más cárceles y penas más altas, como Estados Unidos -en contraste con Canadá, por ejemplo- o los países periféricos clasistas, racistas y excluyentes dominados por oligarcas sin escrúpulos, sino los que crecen con más prosperidad compartida y cohesión social, como muchos europeos, asiáticos y de Oceanía? Así lo muestran los datos mundiales de homicidios. Sobre el tema de El Salvador, el nuevo paradigma de los partidarios del Estado violento, basta con señalar que su tasa de homicidios en 2022 siguió siendo superior a la chilena, pero a un altísimo costo en arbitrariedades y violencias estatales de todo tipo.

A pesar de la penetración de una criminalidad más dura e internacionalizada en Chile (el 53% de los homicidios es por arma de fuego y el 17% contra extranjeros), la tasa de homicidios chilena es una de las más bajas de América Latina. ¿Qué sentido puede tener no subrayar que, luego de aumentos en la década pasada y en 2022, los homicidios disminuyeron en 2023 en Chile, según los datos de Carabineros y los de la Fiscalía hasta el primer semestre? ¿O no subrayar que en pocos días el sonado secuestro y asesinato de un refugiado ex militar venezolano fue esclarecido gracias a una inteligencia investigativa ágil y no políticamente sesgada, que dejó claro que era responsabilidad de un grupo delictual? Pareciera ser que se hizo sentido común que ponderar los hechos y ponerlos en perspectiva es una actitud de «débiles frente a poderes externos que intervienen en Chile y están fuera de control”. Nada está fuera de control, hay que decirlo con claridad.

Lo que hay es una actitud política opositora, para la cual todo acto de delincuencia, como si hubiera sociedades en que no existe,  es sinónimo de desborde y descontrol, para sacar réditos políticos dudosos y, sobre todo, buscar legitimidad para las opciones autoritarias.

El gobierno ha decidido jugar en la cancha del endurecimiento legislativo y no parece tener una estrategia que confronte la idea falaz de la “crisis de seguridad” y oriente el trabajo policial en base a la responsabilidad que le cabe a las instituciones. Mantener por dos años a un General Director de Carabineros que será imputado por violaciones a los derechos humanos durante la crisis social de 2019 y a un Director General de la PDI vinculado a los abogados de la UDI y que finalmente se descubre ha violado la ley para proteger a un anterior director acusado de corrupción, no parece haber sido la mejor opción.

Luego, ¿por qué no haber impulsado la reforma de las policías previamente comprometida? ¿No se requería reforzar la presencia territorial y la colaboración con las comunidades, especialmente las que están en riesgo social, y la cooperación con los municipios y órganos sociales del Estado? ¿Y reestructurar el trabajo de inteligencia contra el crimen organizado y el lavado de dinero para hacerlo mucho más fuerte y coordinado? ¿Por qué no fortalecer en Carabineros más unidades especiales de patrullaje y cuidado disuasivo de puntos críticos, en detrimento de unidades de represión en las calles que mostraron no estar a la altura de la disuasión y el desescalamiento de la violencia? ¿No se debe acaso reforzar lo hecho en materia de inteligencia policial, apoyada en capacidades técnicas, como en el caso del militar venezolano?

Mezclar el trabajo policial y la defensa nacional y la inteligencia civil y la militar no es la respuesta adecuada. No existe en ningún Estado serio, simplemente porque son funciones distintas. Cuando se alude la presencia militar en las calles contra el terrorismo integrista en otras partes del mundo, se está hablando de un fenómeno que no existe en Chile y que requiere de respuestas distintas de las policiales. Otra cosa es pensar a mediano plazo en una nueva institución como la Guardia Nacional de Estados Unidos, que colabore en las catástrofes y refuerce a las policías en situaciones de crisis, dejando a las fuerzas armadas en las tareas profesionales que no deben descuidar. Pero esa es harina de otro costal.

En democracia no se debe jugar con la lucha por mantener la plena seguridad de la ciudadanía ni hacer de cada acto delictivo un argumento partidista contra el gobierno, sea del signo que sea. Hacerlo es de irresponsables. La democracia es escuchar la voz del pueblo, pero eso no debe confundirse con plegarse a emociones sin racionalidad para parecer fuerte. Al contrario, al solicitarle a la ciudadanía segundas reflexiones y contener los impulsos y los miedos, es cuando se es verdaderamente fuerte, en beneficio de lo que rinde frutos: el trabajo policial profesional, serio y metódico, integrado a las comunidades y en un contexto de mejoras socio-económicas inclusivas.

domingo, 10 de marzo de 2024

¿Hay una perspectiva después del bloqueo?

 En El Clarín

Al cumplirse dos años de gestión del presidente Boric, prevalece la percepción de un gobierno bloqueado en sus iniciativas. A sus errores de instalación se sumó una política económica contractiva y luego el “empate plebiscitario” en 2022 y 2023 en materia constitucional. Logró avances en las 40 horas, el aumento del salario mínimo y la pensión básica, un nuevo mecanismo de compensación del aumento de  los precios de los alimentos y el cobro de las pensiones alimenticias, pero fracasó en su reforma tributaria y no ha logrado avances en su reforma de pensiones ni una resolución de la crisis de las Isapres que apunte a hacer emerger un seguro de salud universal. Abandonó la creación de la empresa estatal del litio en beneficio de un acuerdo de Codelco (cuya mala gestión baja y baja la producción de cobre) con la SQM de Ponce Lerou y se limitó a un pequeño aumento de la regalía minera (una cuarta parte de lo que debiera). No dispone de mayoría parlamentaria ni ha logrado un soporte suficiente en la sociedad para empujar las legislaciones cruciales, mientras no ha logrado salir del discurso de “crisis de seguridad”, a pesar de múltiples concesiones, que ha logrado imponer una oposición política y mediática  implacable.

Esta situación de bloqueo obliga a discurrir sobre la articulación de los dos años que quedan de gobierno de Boric y la preparación de una nueva mayoría de gobierno que pueda emerger de las elecciones de 2025. Una que sea alternativa a la derecha aliada a la extrema derecha y que relance los avances progresistas en la sociedad chilena.

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, ha hecho un planteamiento: «lo que propongo es que acordemos dos candidaturas presidenciales, una del Frente Amplio y del PC y otra del Socialismo Democrático y de la DC, además una lista parlamentaria común que enfrente a la derecha. Entonces, que diriman estas dos opciones en primera vuelta y sea la ciudadanía la que elija con una lista parlamentaria común para darle soporte a quien gane en primera vuelta». Pero hay dos problemas. El primero es que no se compromete claramente a votar en segunda vuelta por una lista FA-PC si ésta pasara a esa instancia. Si gano me apoyas, si no gano no te apoyo. ¿Qué acuerdo puede resultar de semejante propuesta? El segundo es que se sitúa en una perspectiva que Undurraga llama de «renovar la centroizquierda» y pone al PS como parte de una corriente de ese tipo. Pero ocurre que el PS es un partido que ha corroborado su adscripción a la izquierda en su reciente congreso de 2023 y que no concurrió en una lista de “coalición chica” con la DC, los radicales y el PPD a la elección de consejeros de mayo de 2023, sino en una lista con el Frente Amplio, el Partido Comunista, los regionalistas, los liberales y Acción Humanista.

El PS no dejó de ser de izquierda cuando construyó acuerdos para gobernar con presidentes de la DC entre 1990 y 2000 y luego con presidentes de sus filas entre 2000 y 2010 en la Concertación, un entendimiento de partidos de izquierda y de centro. Tuvo el sentido de permitir en la salida de la dictadura avances en derechos humanos, crecimiento, empleo, logros sociales e infraestructuras (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/…/sobre-critica-y…), en base a muchas luchas. Pero no se logró salir de todas las trampas que mantuvieron una democracia semi-interdicta y un modelo económico híbrido que disminuyó poco la desigual distribución del ingreso (https://drive.google.com/…/1CDflAeewAwl6OI34PaZWnA…/view) y aumentó la concentración y la fuga al exterior de la renta minera (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/…/la-renta-minera…). Esto obligaba a buscar nuevas perspectivas políticas.Mantener diluidas las identidades y los proyectos terminó por no servirle a nadie, lo que ocurrió equivocadamente después de 2006, especialmente en materia económica. 

La fórmula inicial cumplió su ciclo y su prolongación terminó en un gran distanciamiento con la ciudadanía en temas de orientación de su política y de método de gobierno. Esto dio lugar, entre otras cosas, a la emergencia de nuevas fuerzas partidarias ante la frustración social creciente, especialmente de los jóvenes. Después de 20 años, la derecha llegó democráticamente al gobierno en 2010, lo que no ocurría desde 1958. Un primer intento de salir de la impasse fue agregar al PC a una nueva coalición, lo que permitió gobernar a la Nueva Mayoría en 2014-2018, pero sin cambiar la situación fundamental de ausencia de acción consistente tras un proyecto transformador, agravada por una gran falta de cohesión. Y se produjo la vuelta de la derecha al gobierno y la grave y cuestionadora ruptura social de 2019 y luego la pandemia, con sus turbulencias y el giro de la ciudadanía hacia el apoyo a una nueva generación progresista. Esta creó esperanzas, pero fracasó en su mandato primordial de lograr una nueva constitución y de reorientar el modelo de desarrollo, dando lugar a un avance de la extrema derecha. Esto es lo que ahora no tiene sentido prolongar, y lo que hace valioso el esfuerzo de Undurraga.

Pero no se requiere de una «centroizquierda» conectada a los grupos que se aliaron a las oligarquías económicas. Algunos rompieron con sus partidos y crearon unos nuevos situados a la derecha (“demócratas “ y “amarillos”, que cuentan  con ex dirigentes de la DC, el PR, el PPD y el PS que terminaron por transparentar sus posiciones). Son los que procuraron desviar un amplio apoyo social a cambios y transformaciones postuladas por las fuerzas mayoritarias de centro y de izquierda. Su objetivo ha sido, y sigue siendo, preservar un modelo liberal y elitario que requiere de una democracia limitada para sostenerse. Contrariamente a lo que equívocamente postulan, se trata de un esquema totalmente distinto a uno de tipo socialdemócrata (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/…/quo-vadis…). Y que no difiere en temas fundamentales de los postulados de Matthei y Kast. Por eso están ahora aliados con ellos.

Lo que podría volver a dinamizar cambios progresistas en Chile es consolidar una «izquierda plural reagrupada y abierta al centro progresista» o un «centro progresista reagrupado y abierto a una izquierda plural», según la perspectiva de cada cual, en vez de intentar repetir una idea forzada de «centroizquierda» que terminó en una crisis social y política de grandes proporciones.

 

jueves, 7 de marzo de 2024

¿Era evitable la recesión de 2023

En La nueva mirada

Se produjo una recesión de -0,2% de la actividad económica en 2023, lo que será refrendado más adelante con la publicación de las cifras de PIB por el Banco Central. Es el comercio el que, con una caída de -3,2% de su actividad respecto a 2022, explica sectorialmente la recesión, signo de un problema en el consumo de los hogares. La producción de bienes aumentó, en promedio, en 0,9% y la provisión de servicios en 1,1%. La caída de la recaudación tributaria por la menor actividad (las recesiones nunca son buenas para las finanzas públicas, contrariamente a lo que sostiene la ortodoxia) y por menores ingresos desde la minería estatal y privada, derivó en un déficit fiscal de -2,4% del PIB. Este ayudó, en parte, a empujar como “estabilizador automático” la demanda interna y el empleo en la segunda parte del año -la menor actividad hace caer los ingresos y, a gasto constante, un mayor déficit aumenta el impulso fiscal al gasto agregado en la economía- aunque la inversión pública en 2023 fue muy poco dinámica, con solo un 82% de ejecución, lo que revela un problema de gestión.

En 2023 la ocupación promedio anual, según la encuesta del INE, aumentó en 2,4%. Así, el empleo mostró una importante resiliencia frente a la caída de la actividad económica medida por el Imacec. El aumento fue, no obstante, inferior al 6,7% de 2022 y al 5,5% de 2021, después de la fuerte caída de -12,3% del empleo en 2020. A los 258 mil empleos netos adicionales se sumó que el número total de horas trabajadas se incrementó en un 2,6% anual. No obstante, la tasa de desocupación alcanzó en el cuarto trimestre de 2023 un 8,5% de la fuerza de trabajo, cifra un 0,6 punto porcentual superior a la de hace un año. Antes de la crisis de la pandemia, la tasa fue de un 7,1% y hace una década de un 5,8% de la fuerza de trabajo. La diferencia es significativa. Las personas ocupadas informales, a su vez, aumentaron un 3,5% en el año, especialmente las mujeres, con un incremento de 7,2%. Por sector económico, aumentó especialmente la informalidad en el alojamiento y servicio de comidas (21,9%) y en el comercio (4,2%).
El crecimiento y la recuperación del empleo desde la segunda parte de 2020 ya no habían sido suficientes para volver a una tasa de ocupación de la población en edad de trabajar (15 años y más) al menos equivalente al nivel previo a la crisis de la pandemia de Covid-19. La recesión de 2023 no ayudó en la tarea. La tasa de ocupación sobre la población en edad de trabajar alcanzó solo a un 56,6% en el cuarto trimestre de 2023, a comparar con el 58,6% en el mismo trimestre de 2019. 
El frenazo de 2022 y la recesión de 2023 no eran en absoluto indispensables para bajar la inflación y fueron fruto de una política monetaria restrictiva y de una política fiscal primero de ajuste brutal (-24%) y luego de baja expansión del gasto público (1%) que terminaron dañando el consumo y la inversión. La disminución de la inflación se produjo por los mismos factores que la habían causado primordialmente, es decir primero el aumento en 2021 y parte de 2022 y luego la disminución en 2023 de los precios externos claves de alimentos y combustibles. El aumento de la demanda interna de 2021 se debió a factores que ya no existieron desde 2022, los retiros y subsidios de emergencia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en diciembre de 2023 en doce meses un aumento de 3,9%, en contraste con el aumento de 12,8% a diciembre de 2022. El promedio semestral del IPC mensual se situó en 0,3% en la segunda parte del año, un 3,7% anualizado (el promedio era del doble en marzo). Si consideramos el IPC sin alimentos y energía (SAE), de mayor volatilidad, es decir la «inflación subyacente» que usualmente toma en cuenta de manera prioritaria la política monetaria, la inflación alcanzó un promedio semestral de 0,15% mensual, un 1,8% anualizado. El IPC de los bienes no transables internacionalmente, esencialmente servicios, llegó a solo un 0,25% mensual promedio, un 3% anualizado, evidenciando adicionalmente la ausencia de presiones de demanda interna.
Se completó así en 2023 un proceso de «desinflación» en Chile (es decir un menor ritmo de incremento de los precios, a no confundir con una «deflación» constituida por una caída general de los precios). El peor momento fue la inflación anual de agosto de 2022, con un registro de 14,1%, después del impulso inflacionario iniciado en el primer semestre de 2021 por los impactos de la salida de la crisis Covid en las cadenas de suministro y el transporte internacional, y luego su aceleración por la invasión a Ucrania en febrero de 2022. El mayor impacto acumulado de los aumentos de precios desde enero de 2021 se concentró en las divisiones de alimentos, restaurantes y hoteles y en el transporte, con un nivel de precios que es un 36-37% superior al previo al brote inflacionario. Estas divisiones están altamente influenciadas por los precios de bienes finales o insumos importados. En contraste, el IPC general aumentó en 25%.
Las remuneraciones nominales lo hicieron a un ritmo mucho menor al del IPC de los alimentos y el transporte, creando la percepción de pérdida de poder adquisitivo en la población, aunque las remuneraciones reales, con oscilaciones, aumentaron en 2023 en 1,9%. Esto es positivo para los asalariados, pero también para la economía en su conjunto, pues contribuye al consumo de las familias, el principal componente de la demanda agregada, de la que depende en el corto plazo la producción y el empleo. Las remuneraciones reales no habían disminuido en la crisis de la pandemia (crecieron en 0,6% en 2020) y luego presentaron un aumento (1,0% en 2021). El brote inflacionario produjo una caída (disminuyeron en -1,8% en 2022), lo que se revirtió en la primera parte de 2023 con la menor inflación y los pactos salariales.
El Banco Central de Chile ha mantenido una política monetaria altamente restrictiva desde marzo de 2022 y llevó la tasa de interés de política monetaria desde el 5,5% en esa fecha hasta un 11,25% en noviembre de 2022, buscando deprimir la demanda interna. Empezó a relajar este exceso a partir de agosto de 2023 y ha llevado la tasa hasta un 8,25% en diciembre, con una inflación subyacente (SAE) que se sitúa nada menos que desde septiembre pasado por debajo del 3% anual, que es la meta del Banco Central a 24 meses. Hubo un sobreajuste cuya consecuencia es que creció muy poco la economía en 2022, ayudada por una política fiscal de fuerte restricción a la baja, y se estancó en 2023. Si bien las decisiones del Banco Central y de la autoridad económica poco pueden hacer frente a las variaciones de los precios externos, salvo estabilizar algunos por un tiempo, en cambio inciden fuertemente en el nivel de actividad interna. 
El alza de tasas fue una respuesta estándar frente al fuerte crecimiento de la demanda interna en 2020-21, aunque la reacción de la oferta funcionó bastante bien ante este aumento súbito, superior al de 1971. Incluso el sector de servicios de comunicaciones expandió sus ventas y al mismo tiempo bajó sus precios. Situaciones parecidas de respuesta de la oferta que contribuyeron a la desinflación se registraron en Estados Unidos (Konczal, 2023). 
Más generalmente, Gagnon y Sarsenbayev (2022) sostienen, con abundante evidencia empírica, que ha habido 25 años de exceso de desempleo en las grandes economías por una equivocada estimación de la brecha de producto y políticas monetarias excesivamente restrictivas ante estimaciones erróneas de la capacidad de respuesta de la oferta, mientras Girardi, Meloni y Stirati (2020) sostienen que los impulsos de demanda han sido decisivos para explicar las dinámicas de expansión de la oferta, lo que postulan los economistas postkeynesianos (por ejemplo Taylor, 2021).
En el caso de Chile, la presión de demanda y su efecto en el consumo provino de los tres retiros de los fondos de pensiones y del déficit fiscal y las ayudas a las familias por la pandemia, y fueron fenómenos transitorios. Su progresiva desaparición se acompañó del efecto contractivo de los propios aumentos de precios dada la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. El aumento de los precios externos también fue originado por efectos transitorios en los precios de alimentos y combustibles. Si este es el diagnóstico, la tasa de inflación hubiera disminuido como en el resto del mundo, incluso si el Banco Central no hubiera subido la tasa de interés más allá del nivel de marzo de 2022 y si no se hubiese forzado un tan drástico ajuste fiscal como el programado por el gobierno anterior y no corregido por el actual.
El brote inflacionario interno tuvo como causa principal el traslado directo de aumentos de precios externos a los consumidores y luego el impacto en los costos de los insumos importados. Estos también fueron traspasados con el correr de los meses a los consumidores. Luego, la caída de los precios internacionales de alimentos y energía produjo la correspondiente desinflación. Este impacto alcista «de segunda vuelta» se produce con todos los insumos importados, pero en particular en el caso de los combustibles, que son un insumo difundido en la producción de todo tipo de bienes y servicios y que termina por aumentar los costos y repercutir con mayor o menor intensidad en los precios de todos ellos, pues como mínimo requieren transporte, además de energía importada en las diversas fases de sus procesos de elaboración y distribución. En mercados con demanda muy elástica al precio, el oferente puede decidir mantener sus precios o bien aumentarlos poco y disminuir sus utilidades para evitar así disminuciones de ventas. Otra situación posible es la del aumento de los precios al consumidor más allá de los incrementos de costos, ampliando los márgenes empresariales, especialmente en los mercados oligopólicos (con pocos actores que dominan el mercado) con demanda poco elástica al precio. 
La política oficial del Banco Central de mantener la inflación en 3% en un horizonte de 24 meses tiene un soporte en que ninguna expectativa está hoy anclada a una inflación futura alta. Dicho sea de paso, diversos economistas defienden una tasa de horizonte de inflación de hasta 4%, la que en todo caso debiera ser fijada por las autoridades electas y no por el Banco Central, como sostiene el ex presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke (2010): “En ningún caso abogo por la independencia incondicional para los bancos centrales. (…) Los objetivos de política deberían ser puestos por el gobierno, no por el banco central en sí mismo; y el banco central debe demostrar con regularidad que cumple con los objetivos conferidos por mandato«. 
La lección, en palabras del premio Nobel Paul Krugman (2023), es que «si nos aferramos a una visión de la economía que ha sido refutada por los acontecimientos recientes es más probable que metamos la pata y sometamos la economía a una recesión que ahora resulta que no necesitábamos, ni necesitamos, para controlar la inflación. El argumento pesimista original era que la Reserva Federal necesitaba crear mucho desempleo para reducir la inflación. El argumento actual es que, al actuar con dureza, la Reserva Federal convenció a la gente de que la inflación bajaría, y que esto fue una profecía autocumplida. Que yo sepa, no hay absolutamente nada que pruebe esta afirmación». Concluye Krugman: «aquí percibimos algunos ecos históricos. Hace aproximadamente una década, algunos economistas y responsables políticos insistían en que, si se recortaba el gasto público, se aumentaría el empleo, al propiciar una mayor inversión; yo me burlé de este punto de vista, que resultó ser totalmente erróneo, refiriéndome a él como fe en el Hada de la Confianza. Lo que estamos viendo ahora podría denominarse fe en el Hada de la Credibilidad. Ninguna de las dos creencias está respaldada por la evidencia. ¿Se ha ganado definitivamente la guerra contra la inflación? No. Pero la recesión parece un riesgo mayor que el repunte de la inflación. Y me preocupa que este riesgo aumente si los responsables políticos escuchan a personas que se resisten a admitir que se equivocaron respecto a la inflación y se aferran a una teoría falsa sobre cómo hemos logrado que baje
En el caso de Chile, se requiere un impulso monetario y fiscal que vuelva la economía a una senda de crecimiento, priorizando la reanimación de la inversión y especialmente la construcción, que se encuentra en una crisis artificialmente provocada, y el apoyo a quienes más han sufrido el impacto de la inflación de alimentos a través de una extensión del mecanismo de «bolsillo familiar electrónico» que conduzca una devolución del IVA de la canasta básica de alimentos a las familias de menos ingresos. 

viernes, 1 de marzo de 2024

Los opciones del gobierno y la izquierda

En El Clarín

Los dos primeros años del actual gobierno han sido muy difíciles. Lo que supone, para el campo político que se opuso con éxito a los conservadores en la elección de 2020 y el plebiscito constitucional de 2023, reflexionar constructivamente al respecto, y sobre lo que razonablemente debe ser mejorado para no terminar con la extrema derecha en el gobierno en 2026, como en Argentina.

Partamos por el principio: existe la necesidad primordial de que el gobierno mantenga con solidez una visión amplia de un futuro democrático, igualitario y sostenible. Como señala Daniel Innerarity, “muchos defectos de las democracias actuales tienen que ver con la mala calidad del futuro que proyectan. El modo como divisemos el futuro condiciona nuestro afecto a la democracia. Detrás de mucho desapego hacia ella no hay otra cosa que un futuro frustrado. La democracia tiene la función de articular futuros deseables y no puede vivir sin esa promesa. Si esa promesa deja de ser plausible, también deja de serlo la democracia. Tarde o temprano la desconfianza respecto del gobierno se convierte en desprecio al “sistema” para acabar siendo desafecto hacia la democracia. La democracia está en crisis porque lo está su futuro”.

Por razones que resultan poco comprensibles, en marzo de 2022 se produjeron nominaciones cruzadas que terminaron con una funcionaria de Libertad y Desarrollo a cargo del Banco Central, la que se empeñó en precipitar, hasta lograrlo, una recesión para combatir una inflación esencialmente importada. Hubiera sido mucho mejor que Mario Marcel siguiera a cargo de la autoridad monetaria, con Nicolas Grau u otra persona en Hacienda. Se agregó el error de no distinguir entre la necesaria rebeldía generacional, sin la cual las sociedades no avanzarían y que la ciudadanía apoyó para salir de un gobierno de derecha fracasado, y el manejo de los asuntos públicos con perspectiva de largo plazo y a la vez consistencia, en lo que la edad no tiene mayor relevancia. Los países no se manejan exitosamente con improvisaciones y ocurrencias entre amigos y redes de generación, sino con grupos dirigentes deliberativos que defienden la política comprometida ante la ciudadanía y se anclan en el interés general. Junto al bloqueo legislativo de la oposición a reformas como la tributaria, de pensiones y de salud, se ha alimentado un clima político muy adverso para el gobierno actual. Esto incidió en el rechazo a la nueva constitución en septiembre de 2022, lo que fue una derrota de proporciones para la actual administración y para largos procesos de lucha por el cambio constitucional promovidos por la izquierda.

Lo anterior se ha combinado con algo que viene desde mucho más atrás. Se trata de la simplista y genérica idea anti-elite que ha ido dejando de lado un requisito indispensable de la gestión pública al servicio de la ciudadanía: poner a cargo de su dimensión ejecutiva a las personas más idóneas y competentes, aunque no sean las más cercanas. En el caso de la izquierda, se requiere una mirada puesta en la mayoría social y sus aspiraciones, para lo cual el desarrollo de sus políticas debe, cuando conduce órganos del Estado, cautelar cuerpos de gestión pública profesionales, aquellos que cuesta mucho construir y muy poco desbaratar.

Especialmente dañinos para el interés público son los copamientos clientelares de los órganos ejecutivos de gobierno y de los municipios, que es el gran punto débil de las administraciones en América Latina. Esta es una herencia de su pasado colonial y de la prolongada concepción del Estado como botín. De ella debe alejarse siempre la izquierda, en base a sus tradiciones sociales y anti-burocráticas al servicio de quienes viven de su trabajo o en condiciones de exclusión, marginalidad económica y discriminación. Es precisamente la parte de la sociedad que más requiere de servicios estatales probos y eficaces para garantizar el acceso universal a condiciones básicas de vida digna y contribuir a crear un entorno de seguridad pública y económica consistente para desarrollar, con los mayores grados de libertad posible, los proyectos de vida individuales y colectivos de su preferencia.

Los servicios públicos nunca deben debilitarse en aras del acceso de clientelas a empleos estatales al margen del mérito y la experiencia. Ni permitir que se orienten los subsidios y prestaciones según presiones corporativas inequitativas o, peor aún, desviar recursos comunes a fines particulares. Eso es destruir el apoyo de la ciudadanía y la base institucional del proyecto político anti-oligárquico e integrador de la izquierda. Del mismo modo, nunca se debe descuidar la expansión sistemática de la base material que permite redistribuciones, cautelando al mismo tiempo su capacidad de perdurar en el tiempo y controlando la inflación. Se debe evitar tanto las políticas ortodoxas recesivas como los desbordes inflacionarios. Sin base institucional y material para las transformaciones que promueve, no hay izquierda viable.

Los déficits anteriores se han combinado con una sorprendente concepción del mensaje del gobierno a la ciudadanía. Parece no tener importancia persistir en las ideas y el proyecto propio ni sostener el timón ante las dificultades. Se prefiere retroceder una y otra vez en las posiciones programáticas para, al parecer, hacerse más aceptable a los oídos de los grupos dominantes y su prensa. Esta se empeña en establecer al «socialismo democrático» como una sub-coalición entre PPD, PR y PS, en circunstancias que no se presentó de manera conjunta en la última elección, la de consejeros, y el reciente congreso del PS reiteró esa postura. Fueron en una lista conjunta frente-amplistas, socialistas y comunistas y otros grupos de la coalición de gobierno, frente de partidos llamado a consolidarse en el tiempo y en las elecciones territoriales de este año.

Con ese enfoque se desconcierta y desmoviliza a los que se representa. Se acentúa primero la idea que da lo mismo quien gobierne y luego se alimenta la frustración. Y se desencadena la tentación de remitirse, ya que la acción colectiva en defensa de los intereses de la mayoría social en empleo, salarios, pensiones, salud, vivienda, educación parece carecer de sentido, a las emociones primarias en favor del «orden». Se termina con la ampliación hasta el infinito del temor a la delincuencia propalado por los medios y se estigmatiza a la inmigración como causante de ella y de los problemas sociales. Temas que manipula con predilección, y con el éxito conocido, la extrema derecha.

Lo que cabe para la izquierda es retomar el discurso propio y la defensa de las condiciones de vida de la mayoría social, expresada en su lucha por la democratización del régimen político y por persistir en reformas de la tributación, de las relaciones laborales, de las pensiones, de la salud, de la educación, de la integración urbana y de la seguridad centrada en los barrios y el ataque efectivo al crimen organizado. No se ganan las batallas que no se dan. Y si una mayoría conservadora en el parlamento derriba las reformas, las responsabilidades quedarán claras para los pronunciamientos ciudadanos que vienen.

La política fiscal y de inversión pública debe, en todo caso, ser mucho más contundente y orientarse a la creación de empleo y a obtener mayores grados de seguridad económica de los hogares trabajadores y de los sectores medios. Las autoridades no deben hacer política de matinal y menos dejarse llevar por la histeria cotidiana en materia de delincuencia, sino que simultáneamente apoyar y reformar a la policías para aumentar fuertemente su eficacia frente a las nuevas amenazas. Y asumir que el conflicto en el Sur es histórico, social y político, aunque se deba actuar con firmeza frente a una violencia insurgente injustificada, lo que no supone mantener un estado de emergencia permanente.

Para todo lo anterior se debe consolidar el eje político de gobierno, es decir la alianza entre el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, abierto a otras fuerza de izquierda y al centro, para gobernar con cohesión, en vez de las chicanas menores a las que hemos asistido con demasiada frecuencia. Y proponerse ganar en 2024, en una fórmula de unidad en la diversidad, las elecciones territoriales y luego las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. El horizonte debe ser asegurar las mayorías suficientes para gobernar, y así proyectar el programa de segunda vuelta del actual gobierno con la suficiente cohesión interna, aquella que no se improvisa y construye a su debido tiempo.

sábado, 3 de febrero de 2024

Cotizaciones, impuestos y asados

En El Clarín 

Se ha puesto de moda afirmar con gran prosapia que las cotizaciones sean individuales y punto. Es aquello del «con mi plata no», salvo para alimentar con las comisiones que se pagan a las AFP sus utilidades insólitas o para financiar el perdonazo de la deuda contraída por las Isapres con sus cotizantes por cobros indebidos, con la protección de la mayoría derechista del Senado y de economistas al servicio de los intereses del gran empresariado.

Nada de igualar un piso básico para hombres y mujeres, por ejemplo. Se argumenta que, si de solidaridad se trata, se debe hacer a través de transferencias directas financiadas con impuestos. Estas transferencias son necesarias, claro, pero la mutualización justa de riesgos y la solidaridad entre cotizantes y prestadores de servicios independientes también tiene sentido.

Cada vez que un grupo establece una cuota para un asado, suele ser igual para todos si es más o menos homogéneo. Pero ¿no tiene acaso sentido eximir de pago o pedir una cuota menor a quien viva una situación más difícil? El tema con las cotizaciones no es muy distinto, especialmente en el caso de las mujeres que tienen menos «empleabilidad», tienen «lagunas» por maternidad y suelen recibir salarios inferiores por la misma función que realizan hombres.

Ocurre, además, que los impuestos tienen en el IVA un componente altamente regresivo, por lo que con mayor razón se debe introducir, como hace la reforma previsional propuesta por el gobierno, grados razonables pero significativos de solidaridad entre asalariados y prestadores de servicios, entre los que existen grandes diferencias de niveles de ingresos. Claro está, las diferencias son mucho mayores con los perceptores de ingresos del capital más ricos, pero estos pagan poco impuesto a la renta en nombre de exenciones para «favorecer la inversión» y se oponen a todo impuesto a la riqueza, como también propuso originalmente el gobierno y fue rechazado en la idea de legislar por la derecha.

Milton Friedman decía que él no dejaba pasar oportunidad de recomendar rechazar o bajar un impuesto, cualquiera éste fuera, dada su postura contraria a la intervención estatal en la economía. Es lo que hace la actual mayoría en el parlamento. Los que valoramos la equidad social, y que alcance al menos niveles de decencia básica, en cambio, pensamos que no se debe dejar pasar ninguna oportunidad de redistribuir desde los ingresos más altos hacia los más bajos, aunque se trate de ingresos de personas dependientes o por prestación de servicios.

Los que se oponen hacen gala de aquello que «con mi plata no». Pero no debe dejar de subrayarse que se trata de la expresión más febril de un individualismo desenfrenado, aquel que hace imposible la convivencia decente en cualquier sociedad, incluyendo en ocasiones en los asados.

viernes, 2 de febrero de 2024

Cotizaciones, impuestos y asados

Se ha puesto de moda afirmar con gran prosapia que las cotizaciones deben ser para fines individuales y punto. "Con mi plata no", salvo para alimentar las utilidades insólitas de las AFP con las comisiones o para financiar el perdonazo de la deuda contraída por las Isapres con sus cotizantes por cobros indebidos. En todo esto cuentan con la protección de la mayoría del parlamento, como se vio recientemente, y de economistas al servicio de los intereses del gran empresariado.

Nada de igualar un piso básico para hombres y mujeres, por ejemplo. Se argumenta que, si de solidaridad se trata, se debe hacer a través de transferencias directas financiadas con impuestos. Estas transferencias son necesarias, claro, pero la mutualización justa de riesgos y la solidaridad entre cotizantes y prestadores de servicios independientes también tiene sentido.
Cada vez que un grupo establece una cuota para un asado, suele ser igual para todos si es más o menos homogéneo, suponiendo que nadie va acaparar en demasía lo que saldrá de la parrilla. Pero ¿no tiene acaso sentido eximir de pago o pedir una cuota menor a quien viva una situación más difícil? El tema con las cotizaciones no es muy distinto, especialmente en el caso de las mujeres que tienen menos "empleabilidad", tienen "lagunas" por maternidad y suelen recibir salarios inferiores por la misma función que realizan hombres.
Ocurre, además, que los impuestos tienen en el IVA un componente altamente regresivo, por lo que con mayor razón se debe introducir, como hace la reforma previsional propuesta por el gobierno, grados razonables pero significativos de solidaridad entre asalariados (y prestadores de servicios independientes), entre los que existen grandes diferencias de niveles de ingresos. Claro está, las diferencias son mucho mayores con los perceptores de ingresos del capital más ricos, pero estos pagan poco impuesto a la renta en nombre de exenciones para "favorecer el ahorro" y se oponen a todo impuesto a la riqueza, como también propuso originalmente el gobierno y fue rechazado en la idea de legislar por la derecha en marzo de 2023.
Milton Friedman decía que él no dejaba pasar oportunidad de recomendar rechazar o bajar un impuesto, cualquiera éste fuera, dada su postura contraria a la intervención estatal en la economía. Es lo que hace la actual mayoría en el parlamento. Los que valoramos la equidad social, y que todos accedan al menos a niveles de existencia decente, pensamos, en cambio, que no se debe dejar pasar ninguna oportunidad de redistribuir una proporción de los ingresos más altos hacia los más bajos, incluyendo los de las personas dependientes o provenientes de la prestación independiente de servicios.
Los que se oponen hacen gala de aquello que "con mi plata no". Pero no debe dejar de subrayarse que se trata de la expresión más febril de un individualismo desenfrenado, aquel que hace imposible la convivencia decente en cualquier sociedad, incluyendo en ocasiones en los asados.

jueves, 25 de enero de 2024

Lo que viene en 2024

En La Nueva Mirada

Después de haber sido derrotado el intento de los «verdaderos chilenos» de establecer una constitución de sesgo oligárquico y liberticida, el sistema político deberá abocarse en 2024 a la agenda económico-social con más intensidad, sin perjuicio de explorar cambios en el régimen político. Para esto último se cuenta con el borrador de consenso de los expertos del Consejo Constitucional, que hoy reivindica un grupo de parlamentarios de derecha, y lo que plantea la nueva ley del Ministerio de Seguridad. Ésta da un rol de jefatura de gabinete al Ministerio del Interior, que se podría extender a un requisito de confianza de las Cámaras a quien ocupe el cargo, junto a la aprobación de un programa de legislatura. Se podría así ampliar el apoyo parlamentario a los gobiernos y evitar las parálisis y crisis. De paso, se debiera terminar con la absurda figura de la acusación constitucional a ministros, conducente al hostigamiento permanente y a una muerte cívica por cinco años al margen de los tribunales de justicia.

Si de orientación socialdemócrata se trata, cabe tener en cuenta las más recientes medidas de gobiernos dirigidos por esas fuerzas en Europa, como los de Alemania y España, y que buscan fortalecer el Estado de bienestar y la distribución de ingresos al margen del mercado, junto a dinamizar la economía. En el caso de Alemania, se estableció en 2023 -y aumentó sustancialmente en 2024- un «sueldo ciudadano» para quienes no tienen empleo. En España, se prorrogaron compensaciones contra la inflación con la extensión de ayudas monetarias y bajas de IVA en energía, transporte y alimentación. Las medidas socialdemócratas tienen un sentido de justicia, pero también de eficacia económica, pues ningún fortalecimiento de la productividad de largo plazo puede sostenerse con una parte de la población, especialmente los jóvenes, con bajos ingresos o sin acceso a una formación profesional que conduzca al empleo. 

Recordemos que en Chile hay hoy, según el INE, 400 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan y que los subsidios a las familias se retiraron sin gradualidad en 2022. Se cambiaron por un aporte modesto para compensar los aumentos de precios de los alimentos básicos, aunque se aumentó el salario mínimo, que abarca del orden de 10% del empleo. ¿Habrá esto tenido que ver con que en 2022 y 2023 el gobierno chileno perdiera dos elecciones cruciales, mientras en España, con una política de mantención de apoyos sociales, la izquierda impidiera la victoria de la derecha aliada a la extrema derecha? El gobierno de Piñera hizo una ampliación de subsidios con fines electorales y aumentó el déficit fiscal, pero la derecha terminó igualmente derrotada, dado que prevaleció el liderazgo extremo de Kast. Ese déficit debía disminuirse, pero con gradualidad y prudencia. Se hizo lo contrario, llegándose a un desproporcionado ajuste fiscal que llevó a un injustificado superávit de 1,3% del PIB en 2022, acompañado de un insólito aumento de las tasas de interés por un Banco Central dominado por economistas ultraconservadores. Y con las consecuencias previsibles: se produjo una caída de la creación de empleo en medio de una baja de las remuneraciones reales empujada por la inflación externa. La combinación perfecta para recibir un voto de castigo y de advertencia. Las autoridades económicas debían haber contrarrestado, en vez de agravado, fenómenos que eran transitorios y llevado la demanda interna a un aterrizaje suave. Pero aquí no estamos para cosas que no sean de choque y de corte neoliberal para “obtener credibilidad”. Mi conclusión sin muchos matices: una cosa es ser populista y otra es ser miope, y hacerles caso a tecnocracias desconectadas de la sociedad y a “mercados” que tienen más capacidades de adaptación que lo que estas tecnocracias suponen. Tampoco contribuyeron mucho las improvisaciones del nuevo gobierno y asumir el discurso autoritario en materia de seguridad, en vez de poner el acento en una mayor eficacia de las policías, para lo que deben ser reformadas y modernizadas. En la retórica autoritaria la derecha siempre gana, pues la encarna mejor que nadie en el espectro político.

Después no hay que lamentarse de los votos de castigo que se recibe de parte de la sociedad. Un ex presidente de la UDI, criticando a su sector, declaró que “hay que tener talento para transformar un triunfo del 62% en una derrota del 44%”, refiriéndose al resultado del plebiscito de diciembre de 2023. Pero para ser justos, también hay que señalar que transformar un triunfo del 80% en 2020 en una derrota del 38% en 2022 tampoco había estado mal por parte del otro lado del espectro político. 

En la agenda de 2024 están en primer lugar las pensiones y los impuestos, además de la deuda de las Isapres. 

La izquierda gobernante ha cedido en su voluntad de establecer un sistema de pensiones mixto con amplios componentes de reparto intergeneracional y accedió a mantener las cuentas de capitalización individual para el 10% de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Eso sí, terminando con las sobre-utilidades de los administradores privados mediante un recaudador colectivo de bajo costo y más actores en la inversión de los fondos y límites a los márgenes de esa actividad.  Con las comisiones que cobran a los cotizantes, las AFP se llevaron en 2022 un margen de 55% sobre el ingreso total (120% más que los costos), según datos del Ministerio del Trabajo, equivalente a 644 millones de dólares anuales. El «con mi plata no» al parecer no incluye dejar de transferirle a las AFP todos los meses como utilidades más de la mitad de lo que recaudan de los cotizantes por comisiones de administración. Para engrosar las utilidades de las AFP, "con mi plata sí". Para mutualizar riesgos, nada.

Las AFP han criticado el “estatismo” de la propuesta del gobierno. Pero ¿no es acaso la solución de mercado que cada cual ahorre según sus preferencias a lo largo de la vida e invierta donde mejor le parezca para financiar su vejez? ¿Qué tienen que ver las cotizaciones obligatorias con el libre mercado? Nada. Todo lo que es distinto del ahorro voluntario individual es estatal en materia de pensiones, empezando por la obligación de cotizar. La sociedad presume que las personas individuales no lo harán de manera voluntaria. La teoría económica neoclásica más lúcida habla de «miopía del consumidor» y que se debe obligar a las personas a ahorrar para la vejez y también para cubrir accidentes del trabajo, pérdida del empleo o enfermedad. ¿Quién lo hace? El Estado, cada vez que hay un contrato de trabajo asalariado dependiente o una prestación independiente de servicios. 

En este caso, no se estatiza lo que ya es un sistema íntegramente sujeto a reglas estatales. Ni se hace “de reparto” aquello que en lo principal ya lo es, pues la pensión garantizada para el 90% de las personas mayores de 65 años se financia con recursos que se recogen todos los meses vía impuestos, y llegará a 250 mil pesos en diciembre de 2024, y que se “reparten” pagando pensiones garantizadas universales. Si las AFP no quieren Estado, que dejen entonces de administrar e invertir las cotizaciones obligatorias y los fondos acumulados para retiros programados. Deberían asumir que toda solución de mercado debe ser voluntaria, sin Estado en ninguna parte de la ecuación, o bien aceptar que todo inversor privado de fondos previsionales debe regirse por normas públicas de seguridad social, por “estatista” que les parezca.

La seguridad social consiste en que se contribuye obligatoriamente una parte del salario o de los honorarios a cambio de derechos de pensión según reglas que establece la sociedad. Es extender lo que ya existe en parte: «con mi plata» hoy en Chile, al pagarse el seguro de invalidez y sobrevivencia todos los meses, todos contribuimos a financiar a los actuales y futuros inválidos laborales o a las viudas/os de personas que fallecen siendo trabajadores/as. Podemos ser nosotros mismos. O no. Si no se tiene un problema de salud invalidante o no se fallece durante la vida laboral, el cotizante -ni nadie de su familia- recibirá un peso, a pesar de contribuir toda la vida. Mi cotización en este caso no es de mi propiedad privada, es propiedad de un arreglo social colectivo, que puede o no traducirse en un beneficio personal. Lo mismo se puede decir de los impuestos: los que pago tampoco son de “mi propiedad” y permiten financiar cosas de las que me beneficio: caminos, equipamientos urbanos, educación, salud, defensa, seguridad, justicia, apoyo a los más desvalidos. 

Lo que la reforma de pensiones quiere es que no siga existiendo una renta indebida de la que se apropian unos pocos privados que no agregan valor (el rendimiento de los fondos de las AFP no es muy distinto que cualquier índice internacional de valores financieros) a partir de una obligación estatal. Se busca organizar un sistema que asegure que todas las personas tengan un ingreso básico que las aleje de la pobreza una vez que cumplan 65 años, a través de la PGU, y que las cotizaciones obligatorias suavicen el cambio de ingresos que resulta de pasar del salario de la etapa final de la vida activa a una pensión que no sea demasiado inferior a 60-70% de ese salario. En ambos temas las AFP fracasaron rotundamente, precisamente porque no están adaptadas a un mercado laboral con alta informalidad, rotación y lagunas de cotizaciones, junto a una alta desigualdad salarial de la mujer, además del hecho biológico-social de su mayor longevidad, que lleva a rentas vitalicias menores para ellas porque están calculadas según su esperanza de vida promedio. 

El gobierno propuso originalmente que se calcule el monto necesario para que la «pensión autofinanciada» de la mujer sea igual a la de un hombre en iguales condiciones, que se pagaría a partir de los 65 años y cubriría pensiones hasta 15 UF. Se complementaría con un aporte por «tareas de cuidado», mediante un registro de hasta 24 cotizaciones por el salario mediano por el tiempo dedicado a cuidados no remunerados de personas con dependencia moderada o severa, para personas que estén en registro de cuidadores del RSH/MDS. Se contemplaba un complemento por maternidad, con un registro de 24 cotizaciones por el salario mediano por cada hijo/a nacido vivo o adoptado. Se incluía, asimismo, un complemento por «lagunas previsionales»: cada vez que se reciben beneficios del seguro de cesantía, se pagaría las cotizaciones del 10% y el 6% con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

Para aumentar las actuales pensiones, el gobierno propuso, además, que los pensionados reciban, financiado con parte del 6% de cotización adicional, una «garantía complementaria a la pensión», por un monto de 0,1 UF por año cotizado. Se entregaría a partir de los 65 años con un tope de 30 años cotizados (3 UF). Ahora el gobierno se ha abierto a que los retiros programados se complementen con un “seguro de longevidad”, que no debiera redundar en que los más pobres terminen financiando a los de ingresos más elevados, que en promedio viven cerca de una década más y son muchos menos. 

Por su parte, la reforma tributaria, hoy en discusión con el nombre más elegante de pacto fiscal, no avanza. Más aún, ya no solo los conservadores se oponen a cualquier impuesto a las grandes fortunas, a las transacciones financieras y al incremento de las tasas del impuesto a las rentas más altas, sino también a cualquier fortalecimiento de la capacidad de cobro de los impuestos existentes. Llegan incluso a poner en cuestión las estimaciones de evasión realizadas por el gobierno en materia de impuesto a la renta., la que alcanza nada menos que a un 50%. De nuevo, un acuerdo en la materia mínimamente equilibrado debiera al menos dotar al gobierno de las herramientas suficientes para cobrar los impuestos existentes y hacer cumplir la ley para disminuir fuertemente la evasión y la elusión, en momentos en que observamos conductas delictivas y fraudulentas de gran envergadura y de abogados connotados de la plaza especializados en el fraude al fisco.

La discusión sobre el pago de la deuda de las Isapres por cobros ilegales pasados, a su vez, enfrenta similares dificultades, pero no existe ninguna razón para que no se concrete íntegramente. Tal vez la mejor solución es la transformación de la deuda en capital accionario en manos de los afiliados. Lo que las Isapres no pueden pretender es que esa deuda no se pague.

La definición esencial es que la seguridad social y los impuestos son aquello que permite vivir en sociedad y alcanzar unos mínimos grados de bienestar y cohesión social, lo que a la oligarquía chilena le es indiferente. Por eso vive en confrontación permanente con los intereses de la mayoría social, lo que seguirá ocurriendo en 2024.

jueves, 18 de enero de 2024

Las tergiversaciones de las AFP

Según la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, con la reforma de pensiones y el 6% de cotización adicional “en el mediano y largo plazo, mujeres y hombres no recibirán ese seguro social, quedando esos fondos para el Estado”. Esto es completamente falso, pues cada nuevo peso recaudado irá a pagar pensiones en cualquier plazo que se considere. Y agrega: “es un impuesto al trabajo, perjudicando a los trabajadores formales que tienen empleador", lo que también es falso, pues se trata de aumentar una cotización obligatoria no destinada a fines generales, como los impuestos, sino exclusivamente para financiar pensiones

Es cierto, en cambio, que toda cotización adicional encarece el costo de contratar a una persona -en este caso en 1% al año en seis años, una cifra relativamente inocua en la estructura de costos e ingresos anuales de las empresas- como lo hace el resto de cotizaciones obligatorias para salud, accidentes y pérdida del empleo. Pero siguiendo esa lógica, ¿no debiera abaratarse los costos de contratación eliminando el 10% obligatorio para pensiones, más el porcentaje que se llevan las AFP como costo de administración? Ah, el detalle es que con las comisiones las AFP se llevan en promedio en 2022 un margen de más de 50% sobre el ingreso total (más de 100% del costo), según datos del Ministerio del Trabajo, equivalente a mil millones de dólares anuales. Nada de terminar con las cotizaciones obligatorias. O sea con el “estatismo”. ¿No es acaso la solución de mercado que cada cual ahorre según sus preferencias a lo largo de la vida e invierta donde mejor le parezca para financiar su vejez? ¿Qué tienen que ver las cotizaciones obligatorias con el libre mercado? Nada. 

Pero para las AFP y sus defensores lo que importa no es argumentar racionalmente su causa sino levantar el fantasma de la estatización y el “reparto”. Y hacer política contra el gobierno. De nuevo en palabras de Paulina Yazigi: "la creación de este sistema de reparto lleva a la reorganización del sistema, y esta reforma abre la puerta a la estatización de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras”, con un gran colofón espantapájaros: "en pocos años el Estado administrará gran parte de los ahorros previsionales de los trabajadores, con todos los riesgos políticos que esto conlleva". 

Argumentar como hacen las AFP es dispararse a los pies, pues todo lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones es estatal y “sujeto a riesgo político”. Dicho sea de paso, la empresa privada está “sujeta al riesgo de mercado”, razón por la cual, entre otras cosas, busca rentas de monopolio que debe regular nada menos que…el Estado. Las pensiones las inventaron los ejércitos para cubrir a sus inválidos y jubilados y evitar que cayeran en la miseria. Se generalizaron a todos los trabajadores desde el conservador Bismarck en 1880 en Alemania, con distintas modalidades, y en Chile en los años 1920. Es en ese universo directamente político, lo que siempre ha sido así, que se discute la reforma, no en el del libre mercado. Todo lo que es distinto del ahorro voluntario individual es estatal en materia de pensiones, empezando por la obligación de cotizar. La sociedad presume que las personas individuales no lo harán de manera voluntaria, contrariando, por lo demás, su propio interés de largo plazo. Por eso la teoría económica neoclásica más lúcida habla de "miopía del consumidor" y propicia suspender en este caso su sacrosanta “soberanía”. Hay que obligar a las personas a ahorrar para la vejez y también para cubrir accidentes del trabajo, pérdida del empleo o enfermedad. ¿Quién lo hace? El Estado, cada vez que hay un contrato de trabajo asalariado dependiente o una prestación independiente de servicios. Esto ocurre hasta en los planes de la Argentina hiper-súper--libremercadista de Milei, recientemente estrenado en Davos para desconcierto de los empresarios globales ahí presentes.

Lo que la reforma chilena quiere es que no siga existiendo una renta indebida de la que se apropian unos pocos privados que no agregan valor (el rendimiento de los fondos de las AFP no es muy distinto que cualquier índice de valores financieros de largo plazo) a partir de una obligación estatal y aumentar sustancialmente las tasas de reemplazo del salario por la pensión, especialmente de las mujeres

Los eslóganes de las AFP está llegando a extremos ya sin sentido. No se estatiza lo que ya es un sistema íntegramente sujeto a reglas estatales y que se impuso a la fuerza bajo una dictadura...estatal. Ni se hace “de reparto” aquello que en lo principal ya lo es, pues la pensión garantizada para el 90% de las personas mayores de 65 años se financia con recursos que se recogen todos los meses vía impuestos y se “reparten” todos los meses pagando pensiones garantizadas universales. En 1989, la pensión asistencial creada con las AFP ya cubría el 8% de los mayores de 65 años, una proporción muy baja pero superior a cero. Tampoco se introduce una expropiación bolchevique con la que “me van a quitar mi plata” si se garantiza un piso de pensión contributiva para hombres y mujeres y si se mutualiza riesgos con una parte de las cotizaciones adicionales. Esto ya ocurre desde que nació el sistema de AFP en 1981 con el descuento obligatorio todos los meses para pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Todos los asalariados lo pagamos, aunque la mayoría no recibiremos nada a cambio, salvo si enfermamos gravemente o fallecemos en la vida activa. Y eso es de una gran ayuda para quienes enfrentan las consecuencias de esas contingencias. 

En eso consiste la seguridad social, cubrir riesgos que nos pueden llegar a todos, aunque no terminen necesariamente llegándonos a todos. Los sistemas de pensiones son un arreglo social que tiene como principal protagonista al Estado. Si las AFP no quieren Estado, muy bien, que dejen entonces de administrar e invertir las cotizaciones obligatorias y los fondos para los retiros programados. Asuman que toda solución de mercado debe ser voluntaria, sin Estado en ninguna parte de la ecuación. Pero no se atreven a plantearlo, porque es socialmente absurdo. Y, sobre todo, porque se les acabaría el negocio.

Lo que la reforma busca es organizar un sistema que asegure que todas las personas tengan un ingreso básico que las aleje de la pobreza una vez que cumplan 65 años, a través de la PGU, y que las cotizaciones obligatorias suavicen el cambio de ingresos que resulta de pasar del salario de la etapa final de la vida activa a una pensión que no sea demasiado inferior a 60-70% de ese salario. En ambos temas las AFP fracasaron rotundamente, precisamente porque no están adaptadas a un mercado laboral con alta informalidad, rotación y lagunas de cotizaciones, junto a una alta desigualdad salarial de la mujer, además del hecho biológico-social de su mayor longevidad, que lleva a rentas vitalicias menores para ellas porque están calculadas según su esperanza de vida promedio. Lo que no impide a las AFP lucrar abundantemente a pesar de ese fracaso. Por eso la necesidad imperiosa, más allá de aspectos específicos que son mejorables, de una reforma como la que propone el gobierno.

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Anexo: Más sobre el "impuesto al trabajo"

La regla de la teoría microeconómica neoclásica es que para contratar un nuevo trabajador, el costo de una unidad de empleo adicional debe al menos igualar el ingreso adicional que proporcionará a la empresa. A la inversa, si la última unidad de trabajo empleada en un momento dado empieza a producir un ingreso menor a su costo (por ejemplo porque el primero se mantuvo estable y el segundo aumentó), el empleador prescindirá de ella para no perder dinero, disminuyendo horas o despidiendo trabajadores hasta el punto en que al menos se iguale el costo de la última unidad utilizada y el ingreso que genera (el costo marginal iguala el ingreso marginal). Pero no habrá una menor contratación o una pérdida de empleo si el aumento del costo de la planilla salarial se acompaña de un aumento al menos equivalente del ingreso marginal, lo que es usual con una demanda en expansión y con un costo salarial que representa en promedio del orden de 20% de los ingresos de las empresas (aunque con muchas diferencias por sectores y tamaños). Y más aún en contextos de alto poder de mercado que genera rentas monopólicas (ver Jan Eeckhout, La paradoja del beneficio, 2022), cuya disminución no perjudica a nadie distinto del monopolista, como indica la propia teoría neoclásica de la renta monopólica.

Luego, siempre siguiendo el argumento de las AFP, todo salario que remunera adecuadamente lo que se produce “encarece el costo de contratar”, por lo cual el salario debiera ser lo más bajo que se pueda para que las empresas contraten, aunque no consigan personas que cumplan las funciones que requieren a cambio de esas bajas remuneraciones o, si lo logran por abundancia de la oferta de trabajo, paguen salarios que no permitan a esas personas vivir decentemente de su trabajo en contraste con altas utilidades del capital, haciendo imposible todo contrato social legítimo y estable. 

Aquí interviene, además, la dimensión macroeconómica, si agregamos un poquito de teoría keynesiana. Cuando una parte de las utilidades no se reinvierte en el circuito económico doméstico, entonces habrá menos creación de empleo que en la situación inversa. Si un aumento de la cotización implica disminuir utilidades no reinvertidas para pagar más por el uso de fuerza de trabajo, redundará en distribuir más ingresos en el mencionado circuito, en este caso a través de mejores pensiones. Entonces, lo demás permaneciendo constante, las empresas contratarán más horas y más personas para satisfacer una demanda adicional, alimentando un círculo expansivo virtuoso, siempre y cuando se acompañe de la capacidad de expandir la oferta con bajas presiones inflacionarias, pues los aumentos de precios por exceso de demanda harían perder valor real a esos ingresos del trabajo adicionales. Con utilidades que no se reinvierten suficientemente, entre otras cosas porque no hay a quien vender la producción potencial, y sin salarios que remuneren adecuadamente el aporte de la fuerza de trabajo, las empresas no conseguirán personas suficientemente productivas ni aumentar o mantener sus ingresos (salvo que logren exportar más, por ejemplo obteniendo un tipo de cambio favorable, pero disminuyendo los ingresos salariales reales domésticos al encarecer los bienes importados y con un juego de suma cero a nivel global). Para eso se necesita al menos contener en márgenes razonables la utilidad empresarial retirada del circuito doméstico de ingresos y que los salarios aumenten según la productividad del trabajo, junto a salarios mínimos significativos, participación salarial en las utilidades, sindicatos con capacidad negociadora y "estabilidad dinámica del empleo". Esto no implica impedir los ajustes de horas trabajadas y de plantilla en las empresas según el ciclo y cambios estructurales y tecnológicos, pero sí desincentivar una alta rotación laboral. Ésta es excesiva en Chile, lo que no ayuda a incrementar la productividad, que se construye en el tiempo formando y consolidando equipos de trabajo suficientemente remunerados y protegidos, sin perjuicio del necesario acicate de la competencia regulada. 

En el corto plazo, el consumo de las familias, que se financia básicamente con los salarios que obtienen mes a mes sus miembros, representa 2/3 de la demanda agregada y del PIB en la mayoría de las economías y determina lo principal de su mayor o menor dinamismo. Cuando no es acompañado de una dinámica suficiente de la oferta o de la capacidad de importar, puede alimentar procesos inflacionarios, por lo que la clave de la política macroeconómica es asegurar flujos estables de ingresos agregados compatibles con la expansión de la oferta, ni inferiores, pues eso tiene un costo en empleo, ni superiores, pues eso tiene un costo en inflación y pérdida de poder adquisitivo. Disminuir los ingresos salariales o no dejarlos crecer lo suficiente es lo que primordialmente atenta contra la creación de empleo, no un aumento razonable de las cotizaciones obligatorias que, por lo demás, las AFP también promueven desde hace años. Pero ahora descubrieron que son un "impuesto al trabajo" si no les son entregadas para mantener sus enormes utilidades ilegítimas que no se originan en la creación de valor o muy poco, y que alcanzaron, según la Superintendencia de Pensiones, nada menos que un 22% de rentabilidad neta sobre patrimonio en 2022, es decir un privilegio socialmente inaceptable.


Ingresos por Comisiones de las AFP y destino, año 2022 (millones de US$)

Fuente: presentación del Ministerio del Trabajo a la comisión de expertos de la reforma del sistema de pensiones.






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