Los opciones del gobierno y la izquierda

En El Clarín

Los dos primeros años del actual gobierno han sido muy difíciles. Lo que supone, para el campo político que se opuso con éxito a los conservadores en la elección de 2020 y el plebiscito constitucional de 2023, reflexionar constructivamente al respecto, y sobre lo que razonablemente debe ser mejorado para no terminar con la extrema derecha en el gobierno en 2026, como en Argentina.

Partamos por el principio: existe la necesidad primordial de que el gobierno mantenga con solidez una visión amplia de un futuro democrático, igualitario y sostenible. Como señala Daniel Innerarity, “muchos defectos de las democracias actuales tienen que ver con la mala calidad del futuro que proyectan. El modo como divisemos el futuro condiciona nuestro afecto a la democracia. Detrás de mucho desapego hacia ella no hay otra cosa que un futuro frustrado. La democracia tiene la función de articular futuros deseables y no puede vivir sin esa promesa. Si esa promesa deja de ser plausible, también deja de serlo la democracia. Tarde o temprano la desconfianza respecto del gobierno se convierte en desprecio al “sistema” para acabar siendo desafecto hacia la democracia. La democracia está en crisis porque lo está su futuro”.

Por razones que resultan poco comprensibles, en marzo de 2022 se produjeron nominaciones cruzadas que terminaron con una funcionaria de Libertad y Desarrollo a cargo del Banco Central, la que se empeñó en precipitar, hasta lograrlo, una recesión para combatir una inflación esencialmente importada. Hubiera sido mucho mejor que Mario Marcel siguiera a cargo de la autoridad monetaria, con Nicolas Grau u otra persona en Hacienda. Se agregó el error de no distinguir entre la necesaria rebeldía generacional, sin la cual las sociedades no avanzarían y que la ciudadanía apoyó para salir de un gobierno de derecha fracasado, y el manejo de los asuntos públicos con perspectiva de largo plazo y a la vez consistencia, en lo que la edad no tiene mayor relevancia. Los países no se manejan exitosamente con improvisaciones y ocurrencias entre amigos y redes de generación, sino con grupos dirigentes deliberativos que defienden la política comprometida ante la ciudadanía y se anclan en el interés general. Junto al bloqueo legislativo de la oposición a reformas como la tributaria, de pensiones y de salud, se ha alimentado un clima político muy adverso para el gobierno actual. Esto incidió en el rechazo a la nueva constitución en septiembre de 2022, lo que fue una derrota de proporciones para la actual administración y para largos procesos de lucha por el cambio constitucional promovidos por la izquierda.

Lo anterior se ha combinado con algo que viene desde mucho más atrás. Se trata de la simplista y genérica idea anti-elite que ha ido dejando de lado un requisito indispensable de la gestión pública al servicio de la ciudadanía: poner a cargo de su dimensión ejecutiva a las personas más idóneas y competentes, aunque no sean las más cercanas. En el caso de la izquierda, se requiere una mirada puesta en la mayoría social y sus aspiraciones, para lo cual el desarrollo de sus políticas debe, cuando conduce órganos del Estado, cautelar cuerpos de gestión pública profesionales, aquellos que cuesta mucho construir y muy poco desbaratar.

Especialmente dañinos para el interés público son los copamientos clientelares de los órganos ejecutivos de gobierno y de los municipios, que es el gran punto débil de las administraciones en América Latina. Esta es una herencia de su pasado colonial y de la prolongada concepción del Estado como botín. De ella debe alejarse siempre la izquierda, en base a sus tradiciones sociales y anti-burocráticas al servicio de quienes viven de su trabajo o en condiciones de exclusión, marginalidad económica y discriminación. Es precisamente la parte de la sociedad que más requiere de servicios estatales probos y eficaces para garantizar el acceso universal a condiciones básicas de vida digna y contribuir a crear un entorno de seguridad pública y económica consistente para desarrollar, con los mayores grados de libertad posible, los proyectos de vida individuales y colectivos de su preferencia.

Los servicios públicos nunca deben debilitarse en aras del acceso de clientelas a empleos estatales al margen del mérito y la experiencia. Ni permitir que se orienten los subsidios y prestaciones según presiones corporativas inequitativas o, peor aún, desviar recursos comunes a fines particulares. Eso es destruir el apoyo de la ciudadanía y la base institucional del proyecto político anti-oligárquico e integrador de la izquierda. Del mismo modo, nunca se debe descuidar la expansión sistemática de la base material que permite redistribuciones, cautelando al mismo tiempo su capacidad de perdurar en el tiempo y controlando la inflación. Se debe evitar tanto las políticas ortodoxas recesivas como los desbordes inflacionarios. Sin base institucional y material para las transformaciones que promueve, no hay izquierda viable.

Los déficits anteriores se han combinado con una sorprendente concepción del mensaje del gobierno a la ciudadanía. Parece no tener importancia persistir en las ideas y el proyecto propio ni sostener el timón ante las dificultades. Se prefiere retroceder una y otra vez en las posiciones programáticas para, al parecer, hacerse más aceptable a los oídos de los grupos dominantes y su prensa. Esta se empeña en establecer al «socialismo democrático» como una sub-coalición entre PPD, PR y PS, en circunstancias que no se presentó de manera conjunta en la última elección, la de consejeros, y el reciente congreso del PS reiteró esa postura. Fueron en una lista conjunta frente-amplistas, socialistas y comunistas y otros grupos de la coalición de gobierno, frente de partidos llamado a consolidarse en el tiempo y en las elecciones territoriales de este año.

Con ese enfoque se desconcierta y desmoviliza a los que se representa. Se acentúa primero la idea que da lo mismo quien gobierne y luego se alimenta la frustración. Y se desencadena la tentación de remitirse, ya que la acción colectiva en defensa de los intereses de la mayoría social en empleo, salarios, pensiones, salud, vivienda, educación parece carecer de sentido, a las emociones primarias en favor del «orden». Se termina con la ampliación hasta el infinito del temor a la delincuencia propalado por los medios y se estigmatiza a la inmigración como causante de ella y de los problemas sociales. Temas que manipula con predilección, y con el éxito conocido, la extrema derecha.

Lo que cabe para la izquierda es retomar el discurso propio y la defensa de las condiciones de vida de la mayoría social, expresada en su lucha por la democratización del régimen político y por persistir en reformas de la tributación, de las relaciones laborales, de las pensiones, de la salud, de la educación, de la integración urbana y de la seguridad centrada en los barrios y el ataque efectivo al crimen organizado. No se ganan las batallas que no se dan. Y si una mayoría conservadora en el parlamento derriba las reformas, las responsabilidades quedarán claras para los pronunciamientos ciudadanos que vienen.

La política fiscal y de inversión pública debe, en todo caso, ser mucho más contundente y orientarse a la creación de empleo y a obtener mayores grados de seguridad económica de los hogares trabajadores y de los sectores medios. Las autoridades no deben hacer política de matinal y menos dejarse llevar por la histeria cotidiana en materia de delincuencia, sino que simultáneamente apoyar y reformar a la policías para aumentar fuertemente su eficacia frente a las nuevas amenazas. Y asumir que el conflicto en el Sur es histórico, social y político, aunque se deba actuar con firmeza frente a una violencia insurgente injustificada, lo que no supone mantener un estado de emergencia permanente.

Para todo lo anterior se debe consolidar el eje político de gobierno, es decir la alianza entre el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, abierto a otras fuerza de izquierda y al centro, para gobernar con cohesión, en vez de las chicanas menores a las que hemos asistido con demasiada frecuencia. Y proponerse ganar en 2024, en una fórmula de unidad en la diversidad, las elecciones territoriales y luego las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. El horizonte debe ser asegurar las mayorías suficientes para gobernar, y así proyectar el programa de segunda vuelta del actual gobierno con la suficiente cohesión interna, aquella que no se improvisa y construye a su debido tiempo.