Apoyos, retiros y autopréstamos

 Columna en La Tercera

Hay personas y familias que enfrentan carencias permanentes y graves. Para estas situaciones de pobreza y marginación existen apoyos estatales. Es el mundo de la priorización para tender puentes de integración. A su vez, existen las emergencias colectivas, que requieren respuestas y apoyos cuando se producen. Una situación distinta es la que enfrentan casi todas las familias a lo largo de sus vidas en caso de enfermedad, accidentes, pérdida del trabajo o disminución de fuentes previas de ingresos. Es el mundo de la universalidad de la cobertura de riesgos, que cuando no existe hace entrar a las sociedades en crisis, lo que el enfoque neoliberal nunca ha querido entender.

La respuesta de la responsabilidad individual frente a los riesgos es dotarse de reservas económicas mediante el ahorro y su capitalización. El problema es que la propensión al ahorro (o la posibilidad práctica de no consumir todos los ingresos) existe solo para una parte de la población y la contratación de seguros tiene muchos problemas de “asimetrías de información”.

Esto lleva a la intervención de los Estados, que organizan coberturas compulsivas de esos riesgos, interrumpiendo la “soberanía del consumidor” y obligando a las personas a ahorrar y/o a recurrir a sistemas de seguro con primas no voluntarias en los ámbitos de la enfermedad, los accidentes, el desempleo y los ingresos en la vejez. Estas primas socializan el riesgo y usualmente se componen de aportes del trabajador como proporción de su salario y del empleador. Es lo que inauguró la Alemania del muy conservador canciller Von Bismarck a fines del siglo XIX, que ya tuvo que habérselas con los primeros sindicatos.

En nuestro caso, las políticas de seguridad social se intensificaron desde los años 1920, con las primeras rupturas del orden oligárquico, hasta que desde los años 1980, en una situación de dictadura militar con fuerte influencia de economistas ultraliberales, se transitó en las pensiones al ahorro obligatorio administrado en cuentas individuales por entidades privadas con fines de lucro. Cuando la pandemia de Covid-19 paralizó buena parte del empleo y los aportes a las familias se restringieron a 65 mil pesos, la situación de desesperación de muchos llevó a que el Parlamento sobrepasara al gobierno y aprobara por dos tercios, bajo la ficción de una reforma constitucional, el uso de parte de los ahorros para la pensión. Se aplicó aquello de más vale un pájaro en la mano que cien volando y el consumo presente antes que futuro. Ya se vería qué pasaría con las pensiones, que de todas maneras son provistas mayoritariamente con complementos estatales.

Nuevos retiros de fondos de pensiones no tienen sentido, pues esos recursos no están para atender urgencias, sino complementar la jubilación garantizada. Solo tendría sentido autorizarlo para situaciones de enfermedad terminal, como aporte reembolsable de ahorro inicial para la vivienda o como “autopréstamo” de bajo monto y recuperación en plazos breves para enfrentar alguna crisis individual, como propone el proyecto del gobierno. Pero estos mecanismos no pueden sustituir, en medio del desorden y la improvisación como en 2020-21, tanto las políticas públicas permanentes de apoyo a las familias como las situaciones de emergencia. Estas tienen su propia lógica y financiamiento, las que podrán ser fortalecidas con la reforma tributaria.

Un balance del rebrote inflacionario de 2022

En La Mirada Semanal

La inflación parece haber entrado en una senda de desaceleración, con un 0,3% en diciembre, la más baja del año junto a la de febrero, antes de la invasión rusa a Ucrania. Pero permanece el debate sobre sus causas y las políticas para contenerla.

La inflación del año llegó a 12,8%, luego de cifras de 7,2% en 2021 y de 3% en 2020. El momento más álgido fue el de agosto, cuando la inflación anual alcanzó un 14,1%. 

El primer gráfico muestra el origen predominantemente importado del brote inflacionario (en rojo se muestran los precios de bienes transables internacionalmente) y su fuerte aceleración desde marzo de 2022. Estos llegaron a aumentar en 17,3% anual en agosto. 

El segundo gráfico reseña, entre los bienes importados, la variación de los precios volátiles de los alimentos, que llegó a 25,6% anual en diciembre (en rojo en el gráfico) y que llevó la inflación anual de alimentos y bebidas a 24,7%, así como la variación de los precios volátiles de la energía, con un récord de 24% anual en septiembre (en verde en el gráfico), que llevó la inflación anual en el transporte a 18,3%. 

Ambas categorías de bienes tuvieron un gran impacto en el presupuesto de la mayoría de las familias, que habría sido mayor sin la contención de alzas a los precios de los combustibles a través del mecanismo de subsidio y estabilización Mepco y el nuevo suplemento de la asignación y subsidio familiar para compensar las alzas en la canasta básica de alimentos. Sus precios de base (petróleo y gas, así como cereales, oleaginosas, carnes y lácteos) se fijan en el exterior, con diversas interferencias de poder de mercado que inciden en la remuneración relativa de los agentes presentes en las cadenas domésticas de suministro al consumidor.

También contribuyó a acelerar el aumento de precios el brusco aumento de la demanda interna en 2021 por los retiros inorgánicos de fondos de pensiones, es decir 18 mil millones en el curso de un año a partir de agosto de 2020 con el primer retiro y otros 15,5 mil millones a partir de diciembre de 2020 con el segundo retiro. Si se agregan los 14,7 mil millones sacados desde las cuentas de AFP a partir de mayo de 2021 en el tercer retiro, la suma es de más de 49 mil millones de dólares (del orden de 8% del PIB de dos años, lo que desestabiliza potencialmente cualquier economía), cifra mucho más amplia que la pérdida de ingresos de las familias por efectos de la pandemia. Esa mayor liquidez presionó la demanda de consumo, aunque una parte fue inicialmente ahorrada o mantenida en cuentas corrientes. Se sumó, por su parte, un inusitado déficit fiscal (-7,7% del PIB) en 2021 que financió transferencias a las familias y empresas. Pero la inflación de 2021 provino sobre todo de los desajustes de las cadenas globales de suministro y la de 2022 del fuerte aumento de los precios de los alimentos y la energía. Los combustibles, en especial, producen impactos en los costos en todas las cadenas productivas domésticas, junto a la vasta gama de insumos importados, fenómeno que se agravó con la devaluación del peso frente a un dólar fortalecido internacionalmente. Estos últimos elementos no tienen nada que ver con la expansión del consumo de 2021, que por lo demás cae en 2022 según se observa en el tercer gráfico, y han sido decisivos en el rebrote inflacionario. 

Por eso la política de aumentar las tasas de interés de manera desmedida ha sido tan nociva, pues equivoca el diagnóstico, no contribuye a disminuir la inflación importada de manera significativa y, de mantenerse, provocará una recesión prolongada y sin justificación. Lo propio puede decirse de la política fiscal, que al parecer terminó el año con un superávit presupuestario cercano a 2% del PIB. Un ajuste fiscal en un año de cerca de 10% del PIB no tiene parangón ¡en el mundo! Fue conseguido a costa de una caída de -24,5% del gasto público, un ajuste fiscal brutal sin justificación programado por el gobierno anterior y no revertido por el actual. 

Como se observa, la política macroeconómica ha oscilado entre impulsos erráticos y una gran sobrevaloración ideológica de la ortodoxia fiscal, que no es lo mismo que un saludable rigor fiscal contra-cíclico. Una lógica de gradualidad era evidentemente mucho más aconsejable para lograr un aterrizaje suave de la economía después de la sobre-expansión de 2021. Este aterrizaje era indispensable por la pérdida de gobernabilidad económica durante Piñera II y la expansión de la demanda de consumo, pero se transformó en una desaceleración brusca e innecesaria, con intencionalidad política desde marzo. 

En todo caso, el presupuesto de 2023 contempla retomar el incremento del gasto público en algo más de 4%, lo que permite financiar las medidas sociales recién anunciadas que ampliarán algunos subsidios a las familias de menos ingresos (mayor bono marzo, continuidad del suplemento a la asignación-subsidio familiar e incremento de la misma, aumento de cobertura de la pensión universal). Lo adecuado es seguir por esa línea y fortalecer las transferencias a las familias dadas las holguras fiscales creadas, aumentando rápidamente a 250 mil pesos la pensión universal y ampliando más el monto y la cobertura de la asignación y subsidio familiar. Se debe también pensar en crear una asignación para las personas que realizan trabajo de cuidado doméstico y no solo deducciones tributarias como las que se acaban de aprobar en la Cámara de Diputados y Diputadas. 

La inflación bajará primordialmente en la medida en que no sigan aumentando los precios externos de alimentos y combustibles y que no haya devaluaciones masivas del tipo de cambio peso-dólar, y no por el encarecimiento del crédito o la restricción del gasto público. Salvo que se quiera hacer colapsar el consumo de las familias y la inversión, lo que es de esperar nadie esté deseando, por ejemplo por motivaciones de orden político. Este será otro año con elecciones, una a consejeros constitucionales y otra de sanción plebiscitaria de la nueva propuesta de Constitución. La política macroeconómica debe ser puesta en práctica pensando en el bienestar sostenible de la población, sea quien sea quien gobierne, y no con cálculos con sesgo político de instituciones supuestamente autónomas.

En todo caso, nuevos retiros de fondos de pensiones son equivocar el camino, pues esos recursos están para la jubilación y no para atender urgencias, salvo situaciones muy justificadas de enfermedad o de complemento de ahorro para la vivienda. Atender las urgencias sociales tiene su propio camino, y ese no es el del desorden y la improvisación producidos en el gobierno anterior.

¿Qué está pasando con el empleo y las remuneraciones?

En La Mirada Semanal

La ocupación experimentó una impresionante caída de dos millones de personas en el segundo trimestre de 2020, en el peor momento de la crisis. Al final de 2020 se había recuperado un millón de esos puestos de trabajo y hacia el segundo semestre de 2021 el empleo presentaba un importante dinamismo, pero desde entonces aumentó a un ritmo decreciente. La tasa de desempleo desestacionalizada subió en noviembre de 2022 por sexto mes consecutivo y cayeron las remuneraciones reales por octavo mes consecutivo.

Analizar las tendencias del empleo y de las remuneraciones supone aludir una serie abigarrada de indicadores cuantitativos, por lo que habrán de perdonarnos quienes leen esta columna.  Partamos por señalar que en noviembre de 2022, último dato disponible, se registró un 3,8% de incremento anual de la ocupación. Esta es una buena tasa de expansión, pero menor que la de los trimestres previos. La ocupación total alcanzó a 8,88 millones de personas, a comparar con los 8,56 millones de hace un año. No obstante, este volumen es todavía inferior al nivel previo a la crisis de la pandemia. Había 9,05 millones de personas ocupadas en noviembre de 2019 y 9,06 millones en febrero de 2020. En cambio, la producción recuperó su nivel previo ya en el cuarto trimestre de 2020.

Para entender mejor la evolución en curso, hay que acercarse a la composición de la ocupación. El empleo asalariado formal es la principal categoría de empleo en Chile (un 65% del total) y sumó en septiembre (últimas cifras disponibles) unos 5,77 millones de personas registradas como cotizantes dependientes por la Superintendencia de Pensiones. Este volumen es superior al de 5,41 millones de tres años atrás y al de 5,52 millones de febrero de 2020. En agosto de 2021, este tipo de empleo ya había recuperado su nivel previo a la crisis pandémica, con un dinamismo que persistió hasta el último trimestre del año. Pero en 2022 se evidencia una tendencia al estancamiento. Este indicador sigue muy de cerca el de la producción, como se observa en el gráfico.

Los ocupados por cuenta propia, en cambio, disminuyeron su número como consecuencia de la crisis. En el trimestre terminado en noviembre de 2019, se desempeñaban en esa condición 1,85 millón de personas, mientras tres años después lo hacían solo 1,81 millón. Es la evolución de este segmento, en el que se encuentra buena parte del trabajo informal, la que explica el retraso en la recuperación de la ocupación total en la economía chilena previa a la crisis. La ocupación informal ha disminuido de 29,1% del total en noviembre de 2019 a 27,3% en el mismo trimestre de 2022 y sumó 2,42 millones de personas. Los subsidios a la contratación establecidos durante la crisis han ayudado a contener la informalidad en el segmento de trabajadores asalariados, que sumó unas 835 mil personas en esta condición a noviembre. Pero en esta situación también ha influido la disminución del empleo por cuenta propia.

Por otro lado, el aumento reciente de la ocupación total ha sido menor que el de la fuerza de trabajo (ocupados más personas cesantes que buscan trabajo) y alcanzó un 4,3% anual en noviembre. Se siguen incorporando nuevos contingentes al mercado de trabajo, pues la población de más de 15 años crece al 1% al año y, a medida que el empleo crece, más personas inactivas desean trabajar. Pero este mercado, en el que la demanda de trabajo la constituyen las empresas, las administraciones públicas y las familias, no está siendo capaz de incorporarlos en la actualidad, lo que obliga a pensar en más programas de empleo al margen del mercado, por ejemplo en tareas de cuidado y de mejoramiento urbano y ambiental. En efecto, la tasa de ocupación (la relación entre la población ocupada y la población en edad de trabajar) bajó de 58,4% hace tres años a solo 55,1% en noviembre de 2022. A su vez, la tasa de ocupación femenina pasó de 48,4% a 45,8% en el mismo período.

Otra consecuencia de esta evolución es que, a pesar de la recuperación del empleo, el número de desempleados aumentó de 697 mil a 767 mil en un año, dado que más personas buscan ahora trabajo. Por su parte, el número de ellas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente (“fuerza de trabajo potencial”), pasó de 844 mil a 854 mil. La suma de los desempleados y de los trabajadores desalentados pasó en un año de 1,54 millones de personas a 1,62 millones, unas 80 mil personas adicionales, dato que evidencia el problema estructural y coyuntural de desempleo que afecta a la economía chilena. Hace tres años, la suma alcanzaba a 1,36 millones de personas.

Un segundo gran problema es que las personas de entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian (conocido como grupo NiNi) pasaron de 345 mil hace un año a 384 mil en el trimestre móvil terminado en noviembre de 2022, siempre según la encuesta de empleo del INE.

Como resultado de las tendencias descritas, la tasa de desempleo de la fuerza de trabajo (estacionalmente ajustada) aumentó de 7,6% en el trimestre final de 2021 a 8,2% en el trimestre terminado en noviembre. Se completó así un período de 6 meses de deterioros consecutivos de este indicador (desde el trimestre móvil terminado en junio). Entre los trimestres terminados en diciembre de 2021 y mayo de 2022, esta tasa se había mantenido estable en 7,6%, el nivel más bajo desde la salida de la crisis pandémica. Hace tres años, la tasa de desempleo desestacionalizada alcanzaba un 7,3% de la fuerza de trabajo.

Si se suma a los desocupados las mencionadas personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente, la “tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial” calculada por el INE alcanzó un 15,8% en el trimestre terminado en noviembre. Esta cifra es el doble de la tasa convencional de desempleo no desestacionalizada, que registró en el mismo período un 7,9% de la fuerza de trabajo. Hace tres años, antes de la crisis pandémica, esta tasa combinada alcanzaba un 14,2% de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, las remuneraciones reales, según la muestra del INE entre las empresas de más de cinco trabajadores, resistieron la etapa de marzo 2020 a enero 2022 sin grandes sobresaltos. Incluso al iniciarse 2022 estas eran un 1,1% superiores a las de dos años atrás, en la etapa previa al inicio de la crisis. Pero han experimentado un deterioro que ya suma -2,6% entre febrero y octubre de 2022 (última cifra disponible).

Si se suma a los desocupados las mencionadas personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente, la “tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial” calculada por el INE alcanzó un 15,8% en el trimestre terminado en noviembre. Esta cifra es el doble de la tasa convencional de desempleo no desestacionalizada, que registró en el mismo período un 7,9% de la fuerza de trabajo. Hace tres años, antes de la crisis pandémica, esta tasa combinada alcanzaba un 14,2% de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, las remuneraciones reales, según la muestra del INE entre las empresas de más de cinco trabajadores, resistieron la etapa de marzo 2020 a enero 2022 sin grandes sobresaltos. Incluso al iniciarse 2022 estas eran un 1,1% superiores a las de dos años atrás, en la etapa previa al inicio de la crisis. Pero han experimentado un deterioro que ya suma -30% entre febrero y noviembre de 2022 (última cifra disponible).

Esto se explica por el nuevo choque inflacionario en materia de alimentos y combustibles provocado por la guerra de Ucrania, que se sumó a la inflación de 2021 originada en los problemas de oferta en las cadenas globales de suministro y en la fuerte expansión de la demanda interna estimulada por los retiros de fondos de pensiones y el déficit fiscal. Así, la inflación anual pasó de 3,0% en 2020 a 7,2% en 2021, pero con una inflación de bienes transables internacionalmente de 8,6%, que revela la importancia decisiva de la inflación importada en todo el período. A la inflación se agrega una situación general de débiles mecanismos de indexación salarial y el reseñado aumento del desempleo que debilita la capacidad negociadora de los asalariados en las empresas.

Lo ocurrido con las remuneraciones reales ha contribuido a la desaceleración de la economía y de la creación de empleo en 2022, empujada por el encarecimiento del crédito desde junio de 2021 y la caída de -25% del gasto público en 2022. Este contexto general se ha traducido en la disminución de la actividad en -0,1% en el trimestre móvil terminado en noviembre. Un nuevo dato negativo del Imacec en diciembre implicará que la economía chilena habrá entrado en “recesión técnica” al completar caídas del PIB en los dos últimos trimestres del año.

La recesión y la inflación

En La Tercera digital

La actividad económica cayó en -0,8% en noviembre respecto a octubre en términos desestacionalizados. Esta es una mala noticia, luego del cese de la secuencia de caídas de producción entre abril y julio y el buen crecimiento promedio que se verificó entre agosto y octubre. Esta tendencia había permitido abrigar alguna esperanza de una mayor resiliencia de la economía frente al encarecimiento del crédito y la política de brusco ajuste fiscal en aplicación durante 2022.

La cifra se explica en buena medida por una caída de -4,3% de la minería en noviembre, luego de un fuerte crecimiento de 6,9% en el mes previo. Este es un sector internacionalizado y de enclave, con una oferta que se programa a mediano y largo plazo pero que está sujeta a fluctuaciones de corto plazo por las contingencias técnicas y sociales de las faenas de extracción. Pero también la actividad industrial se ha contraído, en este caso por segundo mes consecutivo. En contraste con esta preocupante trayectoria en la producción de bienes (su nivel conjunto es hoy inferior al de 2018), el suministro de servicios sigue mostrando un cierto dinamismo. Pero si el Imacec de diciembre fuera otra vez negativo, se completarían dos trimestres de caída de la producción (el tercero y el cuarto del año 2022), lo que configuraría una “recesión técnica”.

¿Sequirán manifestándose en los meses venideros los efectos en el consumo, la inversión y las exportaciones de las alzas de las tasas de política monetaria del Banco Central, de las caídas de los salarios reales, de la disminución del gasto público de -25% en 2022 y de una coyuntura internacional incierta? ¿O bien el crecimiento del gasto público de 4,2% previsto para 2023, un eventual fin del deterioro de los salarios reales ayudados por una revaluación del peso y una menor inflación externa, así como un mejor desempeño de China, permitirán acaso una recuperación de la economía y evitar una recesión prolongada? La resiliencia mostrada por el suministro de servicios es por ahora el único factor de cierto optimismo.

En todo caso, con el Banco Central no se puede contar para una política antirecesiva que incluya disminuciones prontas de la tasa de interés, pues esta entidad sostiene que una recesión es necesaria para bajar la inflación, a pesar de su origen predominantemente importado. Este es el caso directamente de los bienes que son objeto de comercio exterior y cuyos precios se fijan fuera del país, que aumentan en pesos adicionalmente en episodios de devaluación de la moneda nacional, o indirectamente al aumentar los costos de producción -especialmente los combustibles- de los bienes y servicios no transables internacionalmente.

El premio Nobel Joseph Stiglitz ha descrito recientemente lo que se podría denominar el “síndrome del martillo” en la conducta de los bancos centrales: “es bien conocida la frase del psicólogo Abraham Maslow según la cual, ‘si lo único que tienes es un martillo, todos los problemas te parecen clavos’. Que la Reserva Federal de los Estados Unidos tenga un martillo no quiere decir que tenga que salir a destruir la economía a martillazos”.

El martillo en este caso es la fijación de la tasa de interés de refinanciamiento del crédito de la banca que compete a la autoridad monetaria y su utilización como herramienta de control de la inflación. Un crédito más caro disminuye la demanda de inversión y de consumo en caso de un exceso de ambas en relación a la oferta disponible de bienes. El problema es que la inflación no solo se produce por un exceso de demanda, también puede provenir de presiones y ajustes de costos y de tasas de utilidades que se repercuten sobre el consumidor, lo que depende de situaciones sectoriales y de los poderes de mercado de los agentes económicos en los procesos periódicos de adaptación de los precios relativos, además de eventuales cambios en las preferencias de los consumidores. Es decir, de otros clavos que no están al alcance del martillo del Banco Central.

La política monetaria interna debía, en la salida de crisis, hacerse más restrictiva y buscar contener con moderación y cautela el exceso de demanda proveniente de los retiros inorgánicos de fondos de pensiones y del enorme déficit fiscal del segundo semestre, en pleno período electoral. Pero hacer pasar la tasa de política monetaria de 0,5% en junio de 2021 a 5,5% en febrero de 2022 estuvo en el límite de la imprudencia. Y lo que se situó fuera de toda lógica racional fue el incremento totalmente excesivo de la tasa de interés y llevarla mes a mes hasta 11,25%, una vez que se produjo el inesperado efecto de la guerra de Ucrania sobre los precios de los combustibles y los alimentos a partir de marzo de 2022. Entre tanto, la demanda de consumo y de inversión se habían moderado en el país, sin ya constituir una presión inflacionaria mayor frente a la expansión de las capacidades de suministro de servicios y la más lenta recuperación de la producción interna de bienes, con capacidades productivas excedentarias en muchos sectores de la economía. Esperemos que el martillo deje de ser usado a la brevedad, pues evitar una recesión prolongada es posible y ciertamente deseable.

¿Hacia un Estado democrático y social de derecho?

 En La Tercera

Ya se tramita en el Congreso la reforma constitucional que permitirá abrir un nuevo proceso constituyente. Allí se incluye unas “bases constitucionales” a las que la nueva entidad elegida deberá atenerse, con definiciones como la que “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”, con el límite de “la dignidad de la persona humana y los derechos humanos”. Ahora se agrega como uno de los fundamentos de la República el que Chile sea “un Estado democrático y social de derecho”. Esta noción es menos conocida y estará sujeta a más interpretaciones y controversias.

El “Estado democrático de derecho” es el punto de partida y es el que consagra mediante la ley la vigencia de la igualdad de trato y de libertades para todos los miembros de la sociedad sin discriminaciones de clase, etnia o género (derechos civiles). Al mismo tiempo, extiende la esfera de los derechos y de la igualdad ante la ley del dominio civil al dominio político y establece la primacía de las normas por sobre la mera voluntad de las personas que ejercen cargos de autoridad. El Estado democrático establece un orden político basado en procedimientos en los que las autoridades son seleccionadas por el pueblo entre distintas opciones alternativas, mediante sufragio universal y según el principio de mayoría y del derecho periódico de las minorías a transformarse en mayoría. Cualquier persona con derechos de ciudadanía puede ser elegida para ejercer las funciones públicas electivas. Las autoridades ejecutivas pueden actuar solo en el marco de la ley, emanada de representantes constituidos en poder legislativo o directamente mediante referéndum (derechos políticos). El reino de la ley se expresa también a través de un poder independiente encargado de aplicarla (el poder judicial). El Estado de derecho y la democracia se articulan así de manera complementaria.

Es la idea democrática de la igual libertad de los individuos, por su parte, la que ha llevado necesariamente desde el Estado de derecho liberal al “Estado social”. Siguiendo a Hermann Heller, el jurista alemán que fundamentó esta noción a principios del siglo XX, si acaso la sociedad permanece como aquella de un Estado y el Estado es aquel de una sociedad, y si la ley es la forma jurídica en la que se juega el sistema de interacción y de mediación entre el Estado y la sociedad civil, entonces el Estado no puede sino ser un Estado social. La democracia debe constituirse en un “Estado de derecho social” para realizarse plenamente e incluir libertades y derechos fundamentales con mecanismos que los hagan efectivos y no solo declarativos. En particular, debe impedir el dominio de un poder plutocrático sobre la sociedad, es decir el control del gobierno y de las instituciones por una minoría formada por sus miembros más ricos y, en esa condición, más influyentes.

El Estado social resulta así de la premisa según la cual los seres humanos no son individualidades que gozan de una libertad aislada, sino que ésta presupone la existencia de una comunidad que garantiza su ejercicio. Este no es el caso de la concepción del Estado subsidiario, en donde la comunidad y el Estado que la representa deben actuar solo cuando existen límites objetivos en la capacidad individual de interacción con otros. Además, el Estado social asume que el individuo pertenece necesariamente a diversas esferas de identidad y acción colectiva, a las que deben reconocerse derechos para que cada cual logre el pleno desarrollo de su personalidad, las llamadas entidades intermedias.

El Estado social reconoce, entonces, que el ciudadano es miembro de una comunidad y que tiene derecho a un lugar digno y económicamente seguro en ella. Como señala el jurista Walter Wefers, “esto es lo esencial del principio (del Estado social), cuya perfección depende del progreso practicado por la legislación particular” y de su capacidad material de sustentar ese lugar digno y seguro.

Así, a los deberes de abstención (libertades) y a los marcos de acción (primacía del derecho y elección periódica de autoridades) impuestos constitucionalmente al Estado, deben agregársele “deberes de prestación positiva” para asegurar ciertas condiciones de existencia a todos los miembros de la sociedad. Que estos deberes de abstención, de acción y de prestación sean llevados o no a la práctica y en qué condiciones y alcances, dependerá de la dinámica política y económico-social de cada sociedad. Pero su existencia normativa es al menos un punto de partida indispensable para el logro de una mejor vida en sociedad. La nueva constitución chilena está llamada, en este sentido, a establecer el marco en el que la libertad económica y la propiedad privada, que se garantizan en el acuerdo de “bases constitucionales”, tendrán como límite el interés general.

El Estado social incluye en términos prácticos la protección social, las regulaciones en materia de negociación colectiva y de acceso y ejercicio del trabajo, los servicios públicos y las políticas económicas de apoyo a la actividad y al empleo, así como su dimensión ambiental para preservar el interés de las futuras generaciones. Esto no excluye que el Estado pueda delegar la producción de elementos necesarios para la provisión pública en entidades privadas y remunerarlas por ello, o someterse cuando es recomendable y posible a la competencia de entidades privadas con o sin fines de lucro para contrarrestar su eventual burocratización o captura por intereses particulares.

Su fundamento jurídico y valórico primordial es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Esa Declaración Universal establece que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. Aunque la Declaración señala que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, se infiere que el “derecho a la propiedad” incluye la propiedad privada tradicional y también formas de propiedad social y solidaria o de carácter estatal.

Sin perjuicio de las normas y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la suscripción posterior de acuerdos internacionales en otros campos, en especial de derechos de la mujer, de los pueblos indígenas, de los migrantes y en contra de las discriminaciones arbitrarias, junto a los compromisos en materia de protección del ambiente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Convención Americana de 1969 deben ser tomadas, en tanto constituyen tratados internacionales vigentes suscritos por Chile, como la base constitucional del futuro Estado social, dado que la reforma constitucional en tramitación los preserva expresamente.

Proceso constitucional: ¿permitirá el acuerdo de diciembre llegar a puerto?

 En La Nueva Mirada

Ya avanza en el Senado el proyecto de reforma constitucional que consagra el acuerdo del 12 de diciembre que relanza el proceso constituyente. Sus barrocos mecanismos, empujados por la derecha, están destinados a disminuir el carácter soberano de la nueva entidad constituyente. Pero dado el rol determinante para los elegidos por el pueblo, es difícil negarle al proceso un sentido democrático en última instancia, aunque con un manifiesto aroma de intento de interdicción de la soberanía popular.

Según la Real Academia Española, el barroco es un estilo arquitectónico o de las artes plásticas “opuesto al clasicismo y caracterizado por la complejidad y el dinamismo de las formas, la riqueza de la ornamentación y el efectismo". Esta denominación deriva del vocablo "verruca" o "berrueco", que evoca una "perla irregular deforme". Algo así se puede decir del acuerdo constitucional del 12 de diciembre, que contiene varias deformidades y efectismos inútiles destinados a satisfacer a la derecha. Esta controla la mitad del Senado y casi la mitad de la Cámara y se considera ampliamente reforzada por el rechazo de un 62% a la propuesta de la Convención Constitucional. Esta situación la llevó a una extemporánea regresión hacia un nuevo intento de imposición de órganos políticos que incluyan a miembros no elegidos por el pueblo, sin lograrlo en definitiva. Lo decisivo es que el acuerdo preserva potencialmente, con una legitimidad democrática básica, la posibilidad de lograr una mejor constitución que la actual en materia de derechos fundamentales y libertades y de funcionamiento de las instituciones representativas. Por ello es defendible, aunque en el límite, para volver a encaminar el proceso constituyente.

La reforma constitucional en discusión tiene como clave asegurar un cuerpo de 50 constituyentes elegidos (as) por el pueblo que tiene la potestad final de aprobar una nueva constitución por 3/5, sujeta a ratificación en un plebiscito. Lo serán en las 16 circunscripciones senatoriales actuales, con las reglas de elección vigentes para los senadores, pero con una composición de género paritaria en candidaturas y personas elegidas. Habrá, además, representantes de los pueblos originarios, pero en condiciones de elección muy exigentes. Las candidaturas indígenas serán individuales, sin poder agruparse en listas, lo que contradice el derecho de asociación. Si la suma de votantes válidos del padrón indígena en una nueva figura de “circunscripción nacional indígena” alcanza al menos un 1,5% de los votos válidos, entonces se elegirá 1 representante de esta condición. Serán 2 si el voto indígena alcanza al menos un 3,5% del voto total, mientras por cada 2% adicional se asignaría otro escaño.

Por su parte, no habrá “expertos” con derecho a voto o con un rol equivalente al de los constituyentes elegidos, salvo en una circunstancia particular de desacuerdo entre propuestas de los “expertos” y constituyentes en una «comisión mixta» que es de esperar no se presente. El rol de los 24 “expertos” nominados por el congreso (12 por la Cámara y 12 por el Senado, que se repartirán tal vez por mitades entre los bloques de gobierno y de derecha o bien con una leve ventaja para éste último) será redactar un anteproyecto de Constitución a partir de “bases constitucionales” fijadas por la reforma constitucional aprobada por el Congreso por 4/7 de los votos e intervenir con “proposiciones” a los constituyentes en diversas fases del proceso de aprobación de las nuevas normas. Los constituyentes partirán aprobando, modificando o rechazando con un quórum de 3/5 las normas propuestas por la “comisión experta” también por 3/5. La “comisión experta”, de composición paritaria, podrá “formular observaciones que mejoren el texto” y hacer nuevas propuestas a los constituyentes. Estos podrán aprobar esas propuestas por 3/5 o rechazarlas con un quórum de 2/3. Ahí se abre un proceso bastante extraño con aquellas que no alcancen el quórum de aprobación o de rechazo mencionados, pues serían resueltas por una “comisión mixta”, con una votación que incluye a los “expertos”, lo que es un sinsentido democrático. Es de esperar, en todo caso, que derechamente esta situación no se presente y que todas las normas se consoliden desde el principio con una mayoría estable de 3/5, sin lo cual el proceso se llenará de incoherencias o eventualmente fracasará.

Y es de esperar que más generalmente los (as) expertos (as) se comporten como tales, es decir que sometan opciones alternativas, con sus costos y beneficios respectivos razonablemente ponderados, a los depositarios de la soberanía popular, que son los llamados a decidir. Un experto, si es un buen experto, evalúa opciones, no decide sobre las opciones posibles.

Por su parte, las “bases” serán vigilados por una figura bastante insólita llamada “comisión de admisibilidad” de “juristas” nombrados por el congreso, encargados de resolver requerimientos de los convencionales o los expertos contra propuestas que consideren “fuera de bases”. Esto probablemente dará lugar a más de alguna controversia que opondrá la legitimidad democrática directa y actual de los constituyentes con una legitimidad “derivada” de un congreso que incluye senadores electos hace cinco años. O bien será una instancia que se comportará con prudencia, es decir será básicamente inútil. Las infracciones al procedimiento serán reclamables a la Corte Suprema por un quinto del Consejo Constitucional o dos quintos de la comisión experta, completando así el proceso de “vigilancia” de la entidad constituyente elegida por el pueblo.

El “borde” esencial definido es que “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo” con el límite de “la dignidad de la persona humana y los derechos humanos” y que ”Chile es un Estado democrático y social de derecho”, lo que es un punto de partida aceptable para una nueva constitución desde una postura democrática, aunque el procedimiento de limitar al poder constituyente elegido sea cuestionable. Estas definiciones fueron pactadas en un preacuerdo interpartidario refrendado el 12 de diciembre, el que debe ser aprobado como “bases constitucionales” en la reforma en tramitación, como el resto del acuerdo, por ambas cámaras y por 4/7 de los votos. Su interpretación por los vigilantes nombrados por el Congreso será crucial, como se comentó, frente a enunciados que son generales.

De más está reseñar que el Senado quedó preservado -su existencia no podrá ser discutida por los nuevos constituyentes, aunque sí sus atribuciones- y el mandato de los senadores ya elegidos no podrá ser acortado: los electos en 2021 durarán hasta marzo de 2030, lo que es una duración perfectamente extemporánea. En este caso se vuelve a aplicar aquello de que nadie está mejor servido que por sí mismo.

Los constituyentes, finalmente, darán el visto bueno a un texto de salida, de nuevo con 3/5 de los votos, el que será sometido a plebiscito a fines de 2023 (probablemente diciembre). En caso de no alcanzarse el quórum para el texto final o en caso de nuevo rechazo en las urnas, otra vez no hay nada previsto. Cabe recalcar que se disminuyó el inaceptable quórum de 2/3 -que inexplicablemente seguía promoviendo el Frente Amplio con su doctrina de la hoja en blanco basada en una curiosa teoría del veto mutuo que poco tiene que ver con la deliberación y decisión democrática- a uno de 3/5, más usual para los textos constitucionales. Nótese que desde agosto se puede reformar la constitución vigente con una cifra más cercana a la mayoría simple, es decir 4/7 de los votos de los parlamentarios, concesión hecha por la derecha en su campaña para ampliar las fronteras del rechazo a la propuesta de la Convención.

Todo hubiera sido más fluido y transparente sin el inusitado proceso introducido en la derecha por el “peso de la noche” portaliano, que echó abajo la propuesta inicial de RN y el acuerdo entre el presidente Boric y el jefe de la UDI, que incluían nuevos constituyentes 100% electos. Para ese efecto se usó a los «amarillos«, que buscaron interferir la decisión democrática proponiendo que la constitución no la redactara nadie elegido para el efecto, sino solo “expertos”. Su alineación en posiciones autoritarias a lo Jaime Guzmán los ha desacreditado y explica sus dificultades para inscribirse como partido.

No está de más recalcar que un número de representantes más amplio hubiera recogido mejor la realidad y diversidad del país. Los escaños de constituyentes a elegir por región irán de dos a cinco, con una notoria sub-representación de las regiones más pobladas, lo que de democrático tiene poco y de manipulación electoral mucho. El mecanismo de elección de la Cámara de Diputados y Diputadas es mucho más representativo y se acerca a la idea esencial de la democracia, según la cual una persona igual un voto y una similar capacidad de elegir representantes. En el modo de elección del Senado, los votos de cada persona valen muy distinto en términos de representación obtenida según la región que se habite (en la elección senatorial pasada, en Magallanes se podía elegir un representante con 17 veces menos votos que en la Región Metropolitana). Pero prevaleció aquello de alejarse todo lo posible del proceso de la Convención, en realidad alejarse de la idea misma de una soberanía popular autodeterminada.

Siguen rondando en los ambientes de la política los aires de la derrota de la propuesta constitucional de la Convención en septiembre pasado. Es de esperar que se vayan disipando conforme pase el tiempo, a lo que ayudaría mucho que el gobierno dinamice su actividad y capacidad de respuesta a los temas sociales y de seguridad del día a día, que es la temporalidad en la que se conforma la opinión pública en las sociedades actuales. En ellas reinan sin contrapeso el tiempo presente y sus emociones contingentes, se quiera o no se quiera, lo que requiere que los gobiernos actúen en consecuencia. Esto implica que las fuerzas de gobierno, si quieren en esta ocasión sacar adelante la tarea de lograr una nueva constitución mejor que la actual,  deberán ahora aumentar su capacidad de articulación política, incluyendo emitir mensajes más claros y convocantes y asumiéndose como una coalición gobernante en forma. Sus representantes en el proceso constituyente no deberán pasar de las radicalidades innecesarias a hacer concesiones indebidas a la derecha en materia de principios democráticos y económicos y sociales en la nueva propuesta, siguiendo una lógica de vaivenes circunstanciales -o derechamente de influencia de poderes fácticos- demasiado presente en la política nacional.

Por su parte, el gobierno debiera dejar atrás de una vez sus "divertimentos experimentales" y consolidar su capacidad de acción en materia de orden público -pero sin caer en la tentación de la militarización– así como contribuir a evitar una recesión el año próximo, de modo que no se encuentre de nuevo con un muy mal clima de seguridad y una situación económica con una inflación no compensada en los grupos de menos ingresos, los salarios a la baja y el desempleo al alza a la hora de sufragar, conducente a un nuevo voto de castigo al gobierno por razones que nada tienen que ver con el tema constitucional.

Proceso constitucional: ¿Permitirá el acuerdo de diciembre llegar a puerto?

En La Mirada Semanal

Ya avanza en el Senado el proyecto de reforma constitucional que consagra el acuerdo del 12 de diciembre que relanza el proceso constituyente. Sus barrocos mecanismos, empujados por la derecha, están destinados a disminuir el carácter soberano de la nueva entidad constituyente. Pero dado que en definitiva habrá un rol determinante para los elegidos por el pueblo, es difícil negarle al proceso acordado un sentido democrático en última instancia, aunque con un manifiesto aroma de intento de interdicción de la soberanía popular.

Según la Real Academia Española, el barroco es un estilo arquitectónico o de las artes plásticas “opuesto al clasicismo y caracterizado por la complejidad y el dinamismo de las formas, la riqueza de la ornamentación y el efectismo". Esta denominación deriva del vocablo "verruca" o "berrueco", que evoca una "perla irregular deforme". Algo así se puede decir del acuerdo constitucional del 12 de diciembre, que contiene varias deformidades y efectismos inútiles destinados a satisfacer a la derecha. Esta controla la mitad del Senado y casi la mitad de la Cámara y se considera ampliamente reforzada por el rechazo por un 62% de la propuesta de la Convención Constitucional. Esta situación la llevó a una extemporánea regresión hacia un nuevo intento de imposición de órganos políticos que incluyan a miembros no elegidos por el pueblo, sin lograrlo en definitiva. Lo decisivo es que el acuerdo preserva potencialmente, con una legitimidad democrática básica, la posibilidad de lograr una mejor constitución que la actual en materia de derechos fundamentales y libertades y de funcionamiento de las instituciones representativas. Por ello es defendible, aunque en el límite, para volver a encaminar el proceso constituyente.

La reforma constitucional en discusión tiene como clave asegurar un cuerpo de 50 constituyentes elegidos (as) por el pueblo que tiene la potestad final de aprobar una nueva constitución por 3/5, sujeta a ratificación en un plebiscito. Lo serán en las 16 circunscripciones senatoriales actuales, con las reglas de elección vigentes para los senadores, pero con una composición de género paritaria en candidaturas y personas elegidas. Habrá, además, representantes de los pueblos originarios, pero en condiciones de elección muy exigentes. Las candidaturas indígenas serán individuales, sin poder agruparse en listas, lo que contradice el derecho de asociación. Si la suma de votantes válidos del padrón indígena en una nueva figura de “circunscripción nacional indígena” alcanza al menos un 1,5% de los votos válidos, entonces se elegirá 1 representante de esta condición. Serán 2 si el voto indígena alcanza al menos un 3,5% del voto total, mientras por cada 2% adicional se asignaría otro escaño.

Por su parte, no habrá “expertos” con derecho a voto o con un rol equivalente al de los constituyentes elegidos, salvo en una circunstancia particular de desacuerdo entre propuestas de los “expertos” y constituyentes en una "comisión mixta" que es de esperar no se presente. El rol de los 24 “expertos” nominados por el congreso (12 por la Cámara y 12 por el Senado, que se repartirán tal vez por mitades entre los bloques de gobierno y de derecha o bien con una leve ventaja para éste último) será redactar un anteproyecto de Constitución a partir de “bases constitucionales” fijadas por la reforma constitucional aprobada por el Congreso por 4/7 de los votos e intervenir con “proposiciones” a los constituyentes en diversas fases del proceso de aprobación de las nuevas normas. Los constituyentes partirán aprobando, modificando o rechazando con un quórum de 3/5 las normas propuestas por la “comisión experta” también por 3/5. La “comisión experta”, de composición paritaria, podrá “formular observaciones que mejoren el texto” y hacer nuevas propuestas a los constituyentes. Estos podrán aprobar esas propuestas por 3/5 o rechazarlas con un quórum de 2/3. Ahí se abre un proceso bastante extraño con aquellas que no alcancen el quórum de aprobación o de rechazo mencionados, pues serían resueltas por una “comisión mixta”, con una votación que incluye a los “expertos”, lo que es un sinsentido democrático. Es de esperar, en todo caso, que derechamente esta situación no se presente y que todas las normas se consoliden desde el principio con una mayoría estable de 3/5, sin lo cual el proceso se llenará de incoherencias o eventualmente fracasará.

Y es de esperar que más generalmente los (as) expertos (as) se comporten como tales, es decir que sometan opciones alternativas, con sus costos y beneficios respectivos razonablemente ponderados, a los depositarios de la soberanía popular, que son los llamados a decidir. Un experto, si es un buen experto, evalúa opciones, no decide sobre las opciones posibles.

Por su parte, las “bases” serán vigilados por una figura bastante insólita llamada “comisión de admisibilidad” de “juristas” nombrados por el congreso, encargados de resolver requerimientos de los convencionales o los expertos contra propuestas que consideren “fuera de bases”. Esto probablemente dará lugar a más de alguna controversia que opondrá la legitimidad democrática directa y actual de los constituyentes con una legitimidad “derivada” de un congreso que incluye senadores electos hace cinco años. O bien será una instancia que se comportará con prudencia, es decir será básicamente inútil. Las infracciones al procedimiento serán reclamables a la Corte Suprema por un quinto del Consejo Constitucional o dos quintos de la comisión experta, completando así el proceso de “vigilancia” de la entidad constituyente elegida por el pueblo.

El “borde” esencial definido es que “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo” con el límite de “la dignidad de la persona humana y los derechos humanos”, y que” Chile es un Estado democrático y social de derecho”, lo que es un punto de partida aceptable para una nueva constitución desde una postura democrática, aunque el procedimiento de limitar al poder constituyente elegido sea cuestionable. Estas definiciones fueron pactadas en un preacuerdo interpartidario refrendado el 12 de diciembre, el que debe ser aprobado como “bases constitucionales” en la reforma en tramitación, como el resto del acuerdo, por ambas cámaras y por 4/7 de los votos. Su interpretación por los vigilantes nombrados por el Congreso será crucial, como se comentó, frente a enunciados que son generales.

De más está reseñar que el Senado quedó preservado -su existencia no podrá ser discutida por los nuevos constituyentes, aunque sí sus atribuciones- y el mandato de los senadores ya elegidos no podrá ser acortado: los electos en 2021 durarán hasta marzo de 2030, lo que es una duración perfectamente extemporánea. En este caso se vuelve a aplicar aquello de que nadie está mejor servido que por sí mismo.

Los constituyentes, finalmente, darán el visto bueno a un texto de salida, de nuevo con 3/5 de los votos, el que será sometido a plebiscito a fines de 2023 (probablemente diciembre). En caso de no alcanzarse el quórum para el texto final o en caso de nuevo rechazo en las urnas, otra vez no hay nada previsto. Cabe recalcar que se disminuyó el inaceptable quórum de 2/3 -que inexplicablemente seguía promoviendo el Frente Amplio con su doctrina de la hoja en blanco basada en una curiosa teoría del veto mutuo que poco tiene que ver con la deliberación y decisión democrática- a uno de 3/5, más usual para los textos constitucionales. Nótese que desde agosto se puede reformar la constitución vigente con una cifra más cercana a la mayoría simple, es decir 4/7 de los votos de los parlamentarios, concesión hecha por la derecha en su campaña para ampliar las fronteras del rechazo a la propuesta de la Convención.

Todo hubiera sido más fluido y transparente sin el inusitado proceso introducido en la derecha por el “peso de la noche” portaliano, que echó abajo la propuesta inicial de RN y el acuerdo entre el presidente Boric y el jefe de la UDI, que incluían nuevos constituyentes 100% electos. Para ese efecto se usó a los "amarillos", que buscaron interferir la decisión democrática proponiendo que la constitución no la redactara nadie elegido para el efecto, sino solo “expertos”. Su alineación en posiciones autoritarias a lo Jaime Guzmán los ha desacreditado y explica sus dificultades para inscribirse como partido.

No está de más recalcar que un número de representantes más amplio hubiera recogido mejor la realidad y diversidad del país. Los escaños de constituyentes a elegir por región irán de dos a cinco, con una notoria sub-representación de las regiones más pobladas, lo que de democrático tiene poco y de manipulación electoral mucho. El mecanismo de elección de la Cámara de Diputados y Diputadas es mucho más representativo y se acerca a la idea esencial de la democracia, según la cual una persona igual un voto y una similar capacidad de elegir representantes. En el modo de elección del Senado, los votos de cada persona valen muy distinto en términos de representación obtenida según la región que se habite (en la elección senatorial pasada, en Magallanes se podía elegir un representante con 17 veces menos votos que en la Región Metropolitana). Pero prevaleció aquello de alejarse todo lo posible del proceso de la Convención, en realidad alejarse de la idea misma de una soberanía popular autodeterminada.

Siguen rondando en los ambientes de la política los aires de la derrota de la propuesta constitucional de la Convención en septiembre pasado. Es de esperar que se vayan disipando conforme pase el tiempo, a lo que ayudaría mucho que el gobierno dinamice su actividad y capacidad de respuesta a los temas sociales y de seguridad del día a día, que es la temporalidad en la que se conforma la opinión pública en las sociedades actuales. En ellas reinan sin contrapeso el tiempo presente y sus emociones contingentes, se quiera o no se quiera, lo que requiere que los gobiernos actúen en consecuencia. Esto implica que las fuerzas de gobierno, si quieren en esta ocasión sacar adelante la tarea de lograr una nueva constitución mejor que la actual, deberán ahora aumentar su capacidad de articulación política, incluyendo emitir mensajes más claros y convocantes y asumiéndose como una coalición gobernante en forma. Sus representantes en el proceso constituyente no deberán pasar de las radicalidades innecesarias a hacer concesiones indebidas a la derecha en materia de principios democráticos y económicos y sociales en la nueva propuesta, siguiendo una lógica de vaivenes circunstanciales -o derechamente de influencia de poderes fácticos- demasiado presente en la política nacional.

Por su parte, el gobierno debiera dejar atrás de una vez sus "divertimentos experimentales" y consolidar su capacidad de acción en materia de orden público -pero sin caer en la tentación de la militarización- así como contribuir a evitar una recesión el año próximo, de modo que no se encuentre de nuevo con un muy mal clima de seguridad y una situación económica con una inflación no compensada en los grupos de menos ingresos, los salarios a la baja y el desempleo al alza a la hora de sufragar, conducente a un nuevo voto de castigo al gobierno por razones que nada tienen que ver con el tema constitucional.

Acuerdo sobre biodiversidad y adaptación verde de la economía chilena

 En La Mirada Semanal

Unos 195 países adoptaron el 19 de diciembre en Montreal, en la cumbre de biodiversidad de la ONU, el mejor regalo de pascua para la humanidad: un acuerdo histórico para revertir la prolongada destrucción ambiental que amenaza las especies y los ecosistemas en todas partes del mundo.

En efecto, está en curso un gigantesco proceso de extinción que amenaza a un millón de las alrededor de ocho millones de especies vegetales y animales conocidas del planeta. Cuatro años después del último acuerdo, los miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica, una instancia intergubernamental equivalente a la existente respecto del cambio climático, concordaron un marco de acción propuesto por China, el país que preside la cita de Montreal (la reunión debía realizarse originalmente en Kunming, China, pero no fue posible por la pandemia), con la única oposición de República Democrática del Congo.

El compromiso principal adoptado es que en 2030 el 30% de las “zonas terrestres, aguas continentales y costeras y marinas” se “conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas” y que “al menos el 30% de las áreas de ecosistemas terrestres, de aguas continentales y costeros y marinos degradados” estén restaurados o en el proceso para estarlo, un objetivo global aclamado como el equivalente a los 1,5 grados del clima. Según la última evaluación de Naciones Unidas, solo alrededor del 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina están bajo protección.

Los objetivos más importantes del acuerdo de Kunming-Montreal para 2030 son:

– Proteger al menos el 30% de las tierras, aguas continentales, zonas costeras y océanos del mundo.

– Restaurar completamente (o estar en proceso de conseguirlo) el 30% de los ecosistemas terrestres, continentales y costeros y marinos degradados del planeta.

– Reducir el desperdicio mundial de alimentos a la mitad y reducir significativamente el consumo excesivo y la generación de residuos.

– Reducir a la mitad tanto el exceso de nutrientes como el riesgo general que representan los pesticidas y los productos químicos altamente peligrosos.

– Eliminar o reformar progresivamente los subsidios que dañan la biodiversidad en al menos 500.000 millones de dólares cada año para 2030.

– Movilizar al menos 200.000 millones de dólares para 2030 al año en financiación nacional e internacional relacionada con la biodiversidad de fuentes públicas y privadas.

– Aumentar los flujos financieros internacionales de los países desarrollados hacia los países en desarrollo hasta por lo menos 20.000 millones de dólares anuales para 2025 y hasta los 30.000 para 2030.

– Prevenir la introducción de especies exóticas invasoras prioritarias y reducir al menos a la mitad la introducción y el establecimiento de nuevas especies exóticas invasoras. Y erradicarlas o controlarlas en las islas y otros sitios prioritarios.

El acuerdo también menciona la necesidad de apoyo a los pueblos indígenas, guardianes del 80 % de la biodiversidad de la Tierra.

En el caso de Chile, será necesario un esfuerzo adicional al ya realizado. Actualmente, el país cuenta con 100 áreas silvestres protegidas, que incluyen 36 Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales, que cubren una superficie aproximada de 14,5 millones de hectáreas. Esto representa un 20% del territorio nacional, superficie protegida que se concentra en las regiones más australes, recientemente ampliada por el decisivo aporte de las donaciones de Douglas Tompkins y Kristine McDivitt. El sistema a cargo de CONAF es, no obstante, insuficiente para conservar la biodiversidad de las regiones del Chile central, donde la sustitución de bosques nativos por plantaciones forestales ha sido generalizada en las últimas décadas. Deberá, por tanto, aumentarse el esfuerzo de preservación de la biodiversidad ampliando las áreas protegidas terrestres en el territorio que carece de ellas en magnitudes suficientes.

A su vez, en el país existen cuatro tipos de Áreas Marinas Protegidas: los parques y las reservas marinas, esencialmente acuáticas, y los santuarios de la naturaleza y áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos, que pueden incluir zonas terrestres. Estas áreas son declaradas para la conservación y gestión sustentable de la biodiversidad marina. Su superficie cubre cerca de un tercio de la zona económica exclusiva, y por tanto se sitúa en principio por sobre la nueva meta internacional.

Chile cuenta con grandes ventajas para acelerar su transición hacia la sostenibilidad y puede transformarse en una economía con “sello verde” mucho antes que otras. El país debe trabajar por hacer de esta característica no solo un valor en sí mismo, incluyendo la transformación de los hábitos alimentarios, sino también una ventaja competitiva. Es, además, lo que se proyecta en la evolución de los mercados internacionales. La Unión Europea ha alcanzado el 12 de diciembre un acuerdo para imponer una tasa a las importaciones de los productos más intensivos en dióxido de carbono (CO₂) para proteger su industria e impulsar a la vez la lucha contra el cambio climático. Este arancel climático —el primero de este tipo en el mundo— empezará a aplicarse gradualmente desde octubre de 2023 y afectará la importación de productos como el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes y también a la electricidad y el hidrógeno, tema en el que Chile está buscando una presencia futura de amplia envergadura. El plan de lucha contra el cambio climático del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también plantea crear una tasa parecida.

Deberá acelerarse en el horizonte de 2030, en consecuencia, la transición en Chile a la descarbonización energética y acelerar en todos los sectores productivos y de servicios la restricción del uso del diésel, la generalizada electrificación del transporte y la salida de las centrales a carbón del sistema de generación eléctrica. A la vez, deberá hacerse una revisión amplia de los procesos productivos en la agricultura, pesca, minería, industria, construcción y transporte para que cautelen mucho más rigurosamente la resiliencia de los ecosistemas locales en que se desenvuelven, con los debidos apoyos fiscales y crediticios. El mejoramiento de la calidad del aire en las ciudades será, probablemente, el desafío más urgente a abordar, dadas sus amplias consecuencias sobre la salud humana.

Perú: destitución, autogolpe y presidencialismo

En La Mirada Semanal

Perú es un país clave en el contexto sudamericano. 33 millones de habitantes y fronteras con cinco países. Es la quinta economía sudamericana medida por el PIB (después de Brasil, Argentina, Colombia y Chile) y tiene un fuerte sector minero y agrícola. Lo que ocurra en Perú, como sucede ahora con su inestabilidad política, será siempre de importancia para Chile.

La constante discordancia entre el signo político del gobierno y el del congreso, la dispersión del sistema de partidos e instituciones con fragilidades diversas en medio de una alta desigualdad social y territorial, constituyen una realidad sociopolítica que ha conducido a una recurrente inestabilidad política en el Perú, aunque el crecimiento económico ha permanecido estable y es mayor al de Chile (4% promedio entre 2010 y 2021, a comparar con 3,3% en nuestro caso, según los datos del FMI).

El presidente del Perú elegido en 2021, Pedro Castillo, enfrentó el 7 de diciembre un tercer intento de destitución desde que inició su gobierno. Los opositores debían sumar más de 2/3 de los votos del congreso unicameral para lograrlo, lo que no era claro que ocurriera. En las dos ocasiones previas habían fracasado en su intento.

El congreso usó una norma constitucional frecuente en los sistemas presidencialistas, incluyendo Estados Unidos y también Chile, concebida en principio para situaciones excepcionales de abuso de poder presidencial o de pérdida de condiciones de ejercicio del cargo, en este caso una “vacancia” por “incapacidad moral“. La diferencia es que en Perú el uso de este mecanismo se ha vuelto un componente usual del conflicto político contingente.

El 7 de diciembre, Pedro Castillo se adelantó unas horas al nuevo intento de “vacancia” y proclamó, violando expresamente la constitución y sin siquiera el apoyo de su gabinete, la disolución del congreso, la intervención de los poderes del Estado y el establecimiento de un gobierno personal por decreto, lo que el partido que lo llevó a la presidencia condenó de inmediato y calificó de golpe de Estado, junto a las demás fuerzas políticas del arco parlamentario. Castillo, en una maniobra que hasta ahora no encuentra una explicación convincente -más allá de conjeturar un diseño previo de espera de un momento de crisis para utilizar la institución presidencial y poner fin a la influencia del congreso- terminó siguiendo un remedo del esquema golpista de Alberto Fujimori en 1992. Este logró en ese momento un respaldo militar y de opinión que en este caso no existió en absoluto.

El congreso respondió al autogolpe presidencial procediendo a la destitución de Castillo, con una mayoría reforzada. Fue reemplazado (y luego detenido por la policía) mediante sucesión por la vicepresidenta, Dina Boluarte, de su mismo signo político. Ésta no cuenta, sin embargo, con el apoyo sólido de ninguna fuerza parlamentaria y su presidencia es de transición por definición, por lo que pareció extemporáneo su anuncio inicial de completar el período de cinco años de Pedro Castillo, hasta 2026. Las manifestaciones callejeras en todo el Perú, reclamando nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, derrumbaron rápidamente esta perspectiva y llevaron al anuncio de elecciones por Boluarte para 2024, lo que podría terminar siendo una fecha demasiado lejana.

Se completó, aunque siguiendo las normas constitucionales, una secuencia que ha llevado al Perú a tener tres destituciones o renuncias presidenciales y seis presidentes desde 2018. El fondo del asunto parece ser un sistema de partidos fragmentado, como en muchas otras partes del continente, pero con la particularidad del rol de un partido caudillista de derecha heredero del ex dictador Alberto Fujimori. Éste se mantuvo en el poder durante una década y fue portador, sin provenir de la oligarquía tradicional (y habiendo derrotado a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta presidencial con el apoyo de la izquierda), de una alternativa de restablecimiento del orden tradicional, acompañado de un esquema de clientelismo populista. Anudó una alianza corrupta con las fuerzas militares y justificó su régimen autoritario por la necesidad de enfrentar a uno de los grupos armados más irracionalmente violentos que haya conocido el continente latinoamericano, Sendero Luminoso.

Este grupo ultradogmático, de curiosa inspiración maoísta, había iniciado una lucha armada sin contemplaciones justo cuando el Perú recuperó la democracia en 1980, y causó miles de muertes. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de un total de 69 280 víctimas fatales en el proceso de violencia, Sendero Luminoso habría provocado la muerte de más de 30 mil personas hasta que fue desarticulado.

El fujimorismo actual, aunque su fundador esté en prisión desde 2005 y haya sido condenado a 25 años de cárcel como responsable de asesinatos, mantiene una importante fuerza electoral en el mundo popular, liderado por la hija del exdictador. Pero no gana las elecciones presidenciales, si bien estuvo muy cerca de lograrlo en 2011, 2016 y 2021 y obtiene periódicamente una amplia influencia en el Congreso. Este es un factor permanente de condicionamiento y desestabilización frente al hecho que los presidentes no fujimoristas de distinto signo (nacionalista con Humala, de derecha liberal con Kuczynski y ahora de una izquierda ortodoxa con arraigo sindical y campesino), reúnen relativamente pocos votos en la primera vuelta presidencial y luego forman coaliciones heteróclitas para ganar por corta distancia en segunda vuelta, pero sin fuerza gobernante suficiente.

Hechos de corrupción sobrevinientes o previos han dado pábulo a las “vacancias“, con coaliciones destituyentes de 2/3. Esto le ocurrió a Kuczynski en 2018, en base a la acusación de sobornos de una empresa brasileña especializada en corromper gobernantes para obtener obras públicas en casi toda América Latina, lo que ya era el caso del expresidente Alan García, que se suicidó antes de ser detenido, y de Keiko Fujimori, que estuvo en prisión preventiva por recibir fondos ilegales de Odebrecht para su campaña. Luego su vicepresidente y sucesor Martín Vizcarra fue acusado de corrupción en su gestión previa como gobernador regional y destituido. Después de Vizcarra, el Congreso nombró dos presidentes, hasta que se realizaron nuevas elecciones en 2021. En ellas resultó victorioso por estrecho margen Pedro Castillo, un profesor rural y sindicalista que representó a las provincias postergadas en medio de un crecimiento significativo en la última década, pero socialmente polarizado.

Con una orientación popular y campesinista sui generis, culturalmente conservadora, fue objeto de sistemáticos ataques clasistas y racistas, y también de acusaciones de corrupción de miembros de su círculo cercano. Con un soporte parlamentario débil y una inusitada rotación de equipos de gobierno, en ruptura con el partido que lo llevó a la presidencia, finalmente se inclinó por la aventura del autogolpe, la que terminó en su destitución. Logró durar solo un año y medio en el cargo.

El sistema presidencialista, atenuado en este caso con un primer ministro que debe ser ratificado por el Congreso, pero sin mayor poder frente al presidente, debiera ser objeto de un debate. Un parlamento con una mayoría que no es responsable de gobernar tiene, en la particular configuración política del Perú, todos los alicientes para desestabilizar al presidente en ejercicio, y eventualmente destituirlo, reemplazarlo por sucesión vicepresidencial por figuras más débiles y precipitar nuevas elecciones, en un ciclo que ha terminado siendo demasiado frecuente y termina por corroer la legitimidad del sistema democrático.

Tal vez ha llegado el momento de pensar en nuestros países en la eventual pertinencia de un régimen propiamente parlamentario, con un presidente(a) que garantice el funcionamiento de las reglas del juego y vele por el respeto del Estado de derecho, pero donde el gobierno se origine en una mayoría parlamentaria y lo ejerza un primer ministro (o primera ministra) que cuente de manera directa con su confianza, aunque no cuente con la del presidente(a). Si esta confianza parlamentaria se pierde mediante un voto de censura (que debe presentarse con una mayoría alternativa para nombrar a un nuevo jefe(a) de gobierno), en un sistema parlamentario bien concebido, que incluya un porcentaje mínimo de votos para que los partidos estén representados en el parlamento, se produce un reemplazo que no implica una crisis política general y la consiguiente realización de elecciones mucho antes de completarse la legislatura respectiva.

Los regímenes parlamentarios suelen tener mala prensa por su aparente proclividad a las crisis y reemplazos de liderazgo (como acabamos de observar en el Reino Unido, aunque allí el proceso de recambio en el partido conservador fue impecable), pero aseguran una mejor gobernanza y absorción de crisis que en los regímenes presidenciales. Éstos son en América Latina una copia extemporánea del de Estados Unidos, que nació en una configuración sociopolítica muy distinta. Pero calzan demasiado bien con la tradición que pone a caudillos en el centro de la vida pública, propia de la cultura iberoamericana de la que formamos parte, y que nada tiene que ver con alguna idea razonable de modernidad política.