Acuerdo sobre biodiversidad y adaptación verde de la economía chilena
Unos 195 países adoptaron el 19 de diciembre en Montreal, en la cumbre de biodiversidad de la ONU, el mejor regalo de pascua para la humanidad: un acuerdo histórico para revertir la prolongada destrucción ambiental que amenaza las especies y los ecosistemas en todas partes del mundo.
En efecto, está en curso un gigantesco proceso de extinción que amenaza a un millón de las alrededor de ocho millones de especies vegetales y animales conocidas del planeta. Cuatro años después del último acuerdo, los miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica, una instancia intergubernamental equivalente a la existente respecto del cambio climático, concordaron un marco de acción propuesto por China, el país que preside la cita de Montreal (la reunión debía realizarse originalmente en Kunming, China, pero no fue posible por la pandemia), con la única oposición de República Democrática del Congo.
El compromiso principal adoptado es que en 2030 el 30% de las “zonas terrestres, aguas continentales y costeras y marinas” se “conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas” y que “al menos el 30% de las áreas de ecosistemas terrestres, de aguas continentales y costeros y marinos degradados” estén restaurados o en el proceso para estarlo, un objetivo global aclamado como el equivalente a los 1,5 grados del clima. Según la última evaluación de Naciones Unidas, solo alrededor del 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina están bajo protección.
Los objetivos más importantes del acuerdo de Kunming-Montreal para 2030 son:
– Proteger al menos el 30% de las tierras, aguas continentales, zonas costeras y océanos del mundo.
– Restaurar completamente (o estar en proceso de conseguirlo) el 30% de los ecosistemas terrestres, continentales y costeros y marinos degradados del planeta.
– Reducir el desperdicio mundial de alimentos a la mitad y reducir significativamente el consumo excesivo y la generación de residuos.
– Reducir a la mitad tanto el exceso de nutrientes como el riesgo general que representan los pesticidas y los productos químicos altamente peligrosos.
– Eliminar o reformar progresivamente los subsidios que dañan la biodiversidad en al menos 500.000 millones de dólares cada año para 2030.
– Movilizar al menos 200.000 millones de dólares para 2030 al año en financiación nacional e internacional relacionada con la biodiversidad de fuentes públicas y privadas.
– Aumentar los flujos financieros internacionales de los países desarrollados hacia los países en desarrollo hasta por lo menos 20.000 millones de dólares anuales para 2025 y hasta los 30.000 para 2030.
– Prevenir la introducción de especies exóticas invasoras prioritarias y reducir al menos a la mitad la introducción y el establecimiento de nuevas especies exóticas invasoras. Y erradicarlas o controlarlas en las islas y otros sitios prioritarios.
El acuerdo también menciona la necesidad de apoyo a los pueblos indígenas, guardianes del 80 % de la biodiversidad de la Tierra.
En el caso de Chile, será necesario un esfuerzo adicional al ya realizado. Actualmente, el país cuenta con 100 áreas silvestres protegidas, que incluyen 36 Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales, que cubren una superficie aproximada de 14,5 millones de hectáreas. Esto representa un 20% del territorio nacional, superficie protegida que se concentra en las regiones más australes, recientemente ampliada por el decisivo aporte de las donaciones de Douglas Tompkins y Kristine McDivitt. El sistema a cargo de CONAF es, no obstante, insuficiente para conservar la biodiversidad de las regiones del Chile central, donde la sustitución de bosques nativos por plantaciones forestales ha sido generalizada en las últimas décadas. Deberá, por tanto, aumentarse el esfuerzo de preservación de la biodiversidad ampliando las áreas protegidas terrestres en el territorio que carece de ellas en magnitudes suficientes.
A su vez, en el país existen cuatro tipos de Áreas Marinas Protegidas: los parques y las reservas marinas, esencialmente acuáticas, y los santuarios de la naturaleza y áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos, que pueden incluir zonas terrestres. Estas áreas son declaradas para la conservación y gestión sustentable de la biodiversidad marina. Su superficie cubre cerca de un tercio de la zona económica exclusiva, y por tanto se sitúa en principio por sobre la nueva meta internacional.
Chile cuenta con grandes ventajas para acelerar su transición hacia la sostenibilidad y puede transformarse en una economía con “sello verde” mucho antes que otras. El país debe trabajar por hacer de esta característica no solo un valor en sí mismo, incluyendo la transformación de los hábitos alimentarios, sino también una ventaja competitiva. Es, además, lo que se proyecta en la evolución de los mercados internacionales. La Unión Europea ha alcanzado el 12 de diciembre un acuerdo para imponer una tasa a las importaciones de los productos más intensivos en dióxido de carbono (CO₂) para proteger su industria e impulsar a la vez la lucha contra el cambio climático. Este arancel climático —el primero de este tipo en el mundo— empezará a aplicarse gradualmente desde octubre de 2023 y afectará la importación de productos como el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes y también a la electricidad y el hidrógeno, tema en el que Chile está buscando una presencia futura de amplia envergadura. El plan de lucha contra el cambio climático del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también plantea crear una tasa parecida.
Deberá acelerarse en el horizonte de 2030, en consecuencia, la transición en Chile a la descarbonización energética y acelerar en todos los sectores productivos y de servicios la restricción del uso del diésel, la generalizada electrificación del transporte y la salida de las centrales a carbón del sistema de generación eléctrica. A la vez, deberá hacerse una revisión amplia de los procesos productivos en la agricultura, pesca, minería, industria, construcción y transporte para que cautelen mucho más rigurosamente la resiliencia de los ecosistemas locales en que se desenvuelven, con los debidos apoyos fiscales y crediticios. El mejoramiento de la calidad del aire en las ciudades será, probablemente, el desafío más urgente a abordar, dadas sus amplias consecuencias sobre la salud humana.
