La deriva del Banco Central

En La Mirada Semanal

Persistir en una política recesiva para bajar una inflación de origen externo en vez de acomodar sus efectos económicos y distributivos y evitar una caída de la actividad y del empleo, es un error técnico o una directa intencionalidad política para dificultar el cambio institucional democrático y las reformas que el actual gobierno se propone emprender.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) percibe signos fuertes que anticipan una importante ralentización de la economía chilena, a la vista de sus Indicadores compuestos avanzados publicados el 14 de junio. Estos se proponen anticipar los signos de inflexiones del ciclo económico, El dato promedio de Chile lleva más de un año a la baja y cayó en mayo en 0,39 puntos, hasta 98,15 puntos, el segundo mayor descenso de los países miembros. Para el conjunto de la OCDE, la disminución fue de 0,11 puntos en mayo, hasta 99,88 puntos. 

A su vez, en su informe semestral de Perspectivas Económicas publicado la semana pasada, la organización calculó que el producto interno bruto de Chile crecerá este año un 1,4%, con la mayor corrección a la baja para un miembro desde el anterior estudio publicado en diciembre, con 2,2 puntos porcentuales menos. La OCDE señala en este informe que "el atraso en la recuperación del empleo y los más altos precios globales de los alimentos y la energía requerirán un soporte fiscal focalizado y temporal a los hogares más vulnerables”, y agrega adecuadamente que “una reforma fiscal que atienda los ingresos públicos estructuralmente bajos de Chile y la baja progresividad de los impuestos es necesaria para abordar las necesidades de infraestructura y sociales apremiantes. Más inversión en renovables, acopladas con una aceleración de la salida de las plantas a carbón, puede ayudar a reducir la dependencia energética y los costos. El banco central debe continuar restringiendo para asegurar que la inflación vuelva a la meta, pero a un ritmo más bajo dada la desaceleración económica".

Con matices, es lo que hemos venido sosteniendo en esta columna semanal.

Por su parte, el Banco Central postula ahora la necesidad de una recesión hasta el año próximo. Rosanna Costa declaró que “es absolutamente necesario el ajuste de la economía que vamos a tener el 2023 para que (...) converja la inflación”. El BC prevé -0,5% de PIB en 2023 y le parece perfecto. Al mismo tiempo, Costa reconoce que la aceleración reciente de la inflación es de origen externo: "a este escenario ya complejo se ha sumado un conjunto de shocks de gran magnitud, mayor persistencia y la mayoría, en lo más reciente, de origen mayoritariamente externo". Pero llega a una conclusión extraña: "por lo tanto, lograr la convergencia de la inflación en el horizonte de política exige hoy un esfuerzo adicional respecto a marzo". 

El "por lo tanto" no tiene ningún fundamento si se considera que los precios de alimentos y combustibles no van a seguir creciendo en los próximos 24 meses, salvo una catástrofe mundial que no está en el horizonte previsible. A lo más quedarán en su nivel actual o algo superior en ese lapso. Al mismo tiempo, la demanda interna está disminuyendo. Pero sobre todo, los eventuales mayores precios de bienes importados no podrán ser evitados subiendo las tasas de interés en Chile. Pretender hacerlo deprimiendo la economía es simplemente un absurdo que no se veía desde la crisis de 1929.

Dice Costa: "necesitamos resolver desbalances macroeconómicos muy importantes que siguen pendientes y tomarán más tiempo". ¿Cuáles desbalances? La economía cae, los salarios reales caen, el consumo disminuye y la inversión también (ver mi columna anterior y el informe de política monetaria del Banco Central de junio). 

El déficit en cuenta corriente es el problema más preocupante. Ha aumentado en los últimos dos trimestres (en buena parte por el incremento de las remesas de utilidades mineras al exterior), pero está financiado y no ha provocado grandes déficits en la balanza de pagos o el uso masivo de reservas (son mayores en mayo de 2022 que en 2019). La deuda externa total sobre PIB disminuyó en el último trimestre. Por su parte, la devaluación del peso respecto a su nivel de 2019, más allá de las fluctuaciones de corto plazo, irá mejorando la balanza comercial, junto a la progresiva normalización de los soportes logísticos del comercio internacional.

El BC se equivoca en dos cálculos en su apreciación de la coyuntura. Primero, la capacidad instalada no está sobre-utilizada en diversas actividades de producción de bienes, si se compara los niveles actuales de producción sectorial con los previos a la crisis, mientras la provisión de servicios ha aumentado pero no tiene techos productivos rígidos en el corto plazo como la producción de bienes. Segundo, sobreestima la inflación de demanda de origen interno, al no separar los impactos de los precios externos de "segunda vuelta" (especialmente las alzas de los combustibles y los cereales). Hay un primer impacto en el IPC por el aumento del precio del bien importado repercutido de inmediato al consumidor y luego un segundo impacto al trasladarse esa alza desde el productor que lo utiliza al consumidor (es el caso de casi toda la producción de bienes que utiliza el petróleo y derivados y la producción de alimentos que utilizan harinas, aceites y azúcares), especialmente en mercados con poca competencia. En todo caso, existe la "elasticidad-precio de la demanda" y la "elasticidad-ingreso de la demanda": habrá bienes que no dejarán de ser consumidos aunque sus precios suban y/o aunque los ingresos de los hogares bajen (es el caso en buena medida del pan y los combustibles), salvo en el caso de una pérdida drástica de los ingresos familiares. ¿Esa es la intención del Banco Central con su política de alza insólita de tasas de interés?

Persistir en una política recesiva para bajar una inflación de origen externo y que es inevitable (ver el análisis de Paul Krugman), en vez de acomodar sus efectos económicos y distributivos y evitar una caída de la actividad y del empleo (como hacen los bancos centrales en EE.UU y la UE), es ya sea un error técnico o bien una construcción conceptual con una directa intencionalidad política para dificultar las reformas que el actual gobierno se propone emprender. El argumento del consejero Pablo García, según el cual el Banco Central chileno se adelantó correctamente al resto en su política restrictiva, es una falacia. Lo que ha hecho es sumar por adelantado e inútilmente una inflación inevitable y temporal con una caída del crecimiento, precisamente cuando el país debe pronunciarse sobre el mayor cambio institucional de su historia reciente. Esto es reprobable desde el ángulo que se le mire. 

Más ampliamente, esta visión ultraortodoxa anuncia una dificultad de largo plazo: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra la inflación externa, y si es posible por anticipado. Es de esperar que la incorporación de nuevos miembros al consejo del Banco Central, y los nuevos aspectos que debe considerar en su política monetaria previstos en la nueva Constitución, puedan corregir esta deriva una vez que entre en vigencia.

La economía, el empleo y la ortodoxia

En La Mirada Semanal

En todo el mundo se debate sobre una política de estabilización de precios que no produzca una nueva caída de la economía después de la recesión de 2020. En Chile, en cambio, se discute sorprendentemente mucho de lo primero y apenas de lo segundo, en circunstancias que el pleno empleo es uno de los mayores bienes públicos a ser defendidos en cualquier sociedad.

El mundo vive una etapa de crecientes incertidumbres, con la guerra de Ucrania superponiéndose a los efectos todavía persistentes de la pandemia de COVID-19. El primer impacto sanitario de 2020, que se tradujo según el FMI en una caída de -3,1% del PIB mundial, fue seguido por un crecimiento de 6,1% en 2021 y una proyección de expansión de 3,6% para este año. Una vez normalizada buena parte de la producción a escala global, se verificaron efectos inflacionarios temporales por restricciones de la oferta en diversas cadenas de suministros, en el contexto de una mayor demanda de bienes y de políticas de apoyo gubernamental a empresas y hogares (ver Brad DeLong). Se agregó desde febrero un brusco desequilibrio en el mercado de las energías fósiles y de los cereales, oleaginosas y fertilizantes por la invasión rusa a Ucrania, con importantes incrementos de precios. Estos alcanzaron en mayo un 64,9% anual en el caso del petróleo WTI y un 37,9% en el de los cereales.

En todas partes se debate ahora sobre la mejor política de estabilización. En Estados Unidos, se discute si las metas inflacionarias previas son o no pertinentes. Paul Krugman (2022), premio Nobel de economía, señala: “cualquier interesado en la política económica debiera saber que la historia de cómo se llegó a que el 2% defina la 'estabilidad de precios' es peculiar, y que el argumento para mantener esa meta está menos basada en una recta teoría económica que en casi metafísicas consideraciones acerca de la credibilidad". Agrega Krugman que “si la Fed hubiera de aplicar los estándares que prevalecieron en los años 1980, consideraría que la actual inflación es aceptable y cantaría victoria. En cambio, está poniendo una restricción en los mercados de crédito y arriesgando al menos una recesión leve para llevarnos a 2% desde el 4%. ¿Por qué? No porque haya un caso económico ineludible. Tal como Blanchard y sus coautores preguntaron en 2010: ¿son los costos netos de la inflación mucho mayores con, digamos, 4 por ciento que con 2 por ciento? No existe evidencia real de ese efecto".

Olivier Blanchard -ex economista jefe del FMI- y el propio Krugman proponen que la meta de inflación, sin los productos volátiles, se aumente a 4% en Estados Unidos y la Zona Euro, para evitar políticas contractivas sin sentido, lo que otros rechazan en nombre de la credibilidad. Lo paradojal es que los grandes bancos centrales han construido una nueva credibilidad mediante políticas no convencionales para enfrentar las dos más graves recesiones desde 1929, la de 2008-09 y la de 2020, como muestran Bhattaray y Neely (2022), con el trasfondo del “estancamiento secular” como principal problema económico de más largo plazo. Han sido, además, reacios a decidir aumentos bruscos de la tasa de interés.

En el caso de Chile, no existe ningún argumento racional -dada la fuerte exposición a los impactos de los precios externos por el grado de apertura de la economía- para que la meta de inflación (sin bienes volátiles) no sea también de 4% en un horizonte de 24 meses. Hoy la meta de inflación en Chile ya es discrecionalmente de 3%, y no de 2%, como en Estados Unidos y la Zona Euro, precisamente por esa razón. En todo caso, no le corresponde al Banco Central establecer las metas de inflación, que deben ser congruentes con las de empleo, de modo de no precipitar a la economía en frecuentes recesiones. Le corresponde fijar las metas de inflación a la autoridad democráticamente electa, la que debe responder por ellas, como ha subrayado el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, quien agrega que "el banco central debe demostrar regularmente que está persiguiendo apropiadamente sus metas mandatadas". A este solo le corresponde formular y ejecutar autónomamente la política monetaria para contribuir a alcanzar esas metas.

En los últimos meses destaca la ortodoxia del Banco Central en el manejo de la recuperación. Se ha producido una sorprendente reacción frente a los hechos medulares de la coyuntura, es decir los aumentos de precios por interrupciones temporales en algunas cadenas globales de suministro y luego una crisis aguda de los precios internacionales de los combustibles y de los alimentos. Esta inflación importada inevitable ha sido tratada como si fuera una inflación de origen interno por exceso de demanda, la que requeriría una recesión correctiva y no una corrección específica de sus efectos distributivos. No hay evidencia de una “economía sobrecalentada”, pues la producción de bienes se encuentra en promedio en abril de 2022 por debajo de la de 2018. Los servicios han experimentado una expansión importante, pero muestran menos límites de capacidad instalada para su provisión.

Si bien la inflación alcanzó en mayo un 11,5% anual, aumentaron en 14,0% los precios de los bienes sujetos al comercio internacional en la canasta de consumo. La tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 9,0% anual, lo que se explica en parte porque los aumentos de precios de los combustibles, a pesar del aplazamiento de su efecto por el mecanismo de estabilización, han impactado en toda la economía. El fuerte efecto en el consumo en 2021 de los retiros de fondos de AFP y de los ingresos de emergencia están, por su parte, en retirada y no alimentarán la inflación futura, mientras los salarios reales vienen cayendo desde octubre pasado (en abril la variación anual fue de -2,3%).

Índices Trimestrales Móviles de Actividad Económica y Ocupación (enero 2019=100), enero 2020-abril 2022

Fuente: a partir de Banco Central e INE.

El resultado es que tendremos con una alta probabilidad otra recesión evitable en 2022. Esto ocurrirá gracias a los aumentos sistemáticos de las tasas de interés de política monetaria por el consejo del Banco Central (pasaron de 0,5% a 9% en un año). La entidad considera sin matices que deben seguir subiendo, pues "la economía está retrocediendo a una velocidad menor que la esperada, ligado a un consumo que se ha mantenido en niveles elevados”. Esta afirmación es sorprendente si se considera que el consumo desestacionalizado de los hogares ha variado en -0,6% en el cuarto trimestre de 2021 y en -0,3 en el primer trimestre de este año. Un segundo factor recesivo es el ajuste fiscal de -25% (-8% del PIB) programado para 2022 por el gobierno anterior, una "política de shock" a lo Milton Friedman que no tiene justificación alguna. Esta combinación de políticas no logrará controlar la fuerte inflación importada que durará, desgraciadamente, durante un cierto tiempo por los avatares de la situación internacional, pero terminará por afectar de manera importante la actividad e impedir una aún incompleta recuperación del empleo.

Hay dogmas que tienen larga vida, en este caso el que lleva a rechazar la idea que las economías pueden funcionar sin graves costos con un cierto nivel de inflación temporal, con las debidas compensaciones a la pérdida de poder adquisitivo de las personas y grupos de menos ingresos. El suplemento de la asignación familiar que compensa el aumento del precio de los alimentos básicos decidido por el gobierno actual va en la línea adecuada, así como la distribución en el tiempo del aumento de los precios de los combustibles y de la electricidad, junto a congelar la tarifa de transporte público.

Una recesión interna no va a evitar el aumento de los precios importados. Es un error técnico o una intencionalidad política considerar sin más trámite que es necesario debilitar la actividad productiva y provocar efectos negativos en las pymes y en el empleo. El argumento de la necesidad de “desanclar” las expectativas de una espiral de salarios-precios es válido, pero siempre y cuando se observen síntomas en la materia. No es el caso en el Chile actual. La ocupación suma en febrero-abril de 2022 unas 280 mil personas menos que en el trimestre de mayor actividad previa en 2020 (y 165 mil menos en el caso de las mujeres). Los desempleados totales suman 1,5 millón de personas. El empleo informal es de 27,2% y abarca 2,4 millones de personas, según el INE.

La ortodoxia ya provocó en 1999 y 2009 (y en otras circunstancias en 1975 y 1982-83) caídas evitables de la actividad económica. Lo que subyace es el postulado de "la necesidad de un ajuste después de los excesos de gasto", en este caso después de los retiros de ahorros previsionales y los ingresos de emergencia que estimularon fuerte pero temporalmente el consumo. Se encuentra muy pocas razones técnicas válidas y mucho de una apreciación elitaria y moralizante sobre las circunstancias que enfrenta la economía y la sociedad en el Chile de hoy.

Lo que el país ha vivido es una crisis inédita en 2019 por la acumulación de las fracturas sociales, seguida de la grave pandemia que ha afectado al mundo, junto a un desborde institucional posterior que llevó a los retiros desde AFP y a fuertes déficits fiscales. La crisis llevó a la búsqueda de una redefinición del marco institucional y del pacto social, empezando por provocar una alternancia en el gobierno. Estos procesos deben ser protegidos y no obstruidos por políticas que podrían llevar a un nuevo clima de crisis social, lo que tiene sin cuidado al mundo de la ortodoxia. El consumo requiere de un aterrizaje suave y de la mantención de políticas redistributivas, no de deterioros bruscos e indiscriminados que afectan el empleo. Simplemente el pleno empleo no es relevante para este enfoque, aunque se trate de uno de los mayores bienes públicos a ser defendidos.

¡No lo permito!

En La Mirada Semanal

En estos días siguen divulgándose expresiones excesivas sobre la nueva constitución. Llama la atención que los calificativos más furibundos no necesariamente provengan de la derecha tradicional, sino de personeros que se suponía pertenecían a otros mundos. En definitiva, los conservadores de distintas tendencias se atrincheran, con amplio apoyo mediático, en el intento de mantener el veto minoritario sobre la voluntad popular.

Matías Walker, por ejemplo, habla de “autoritarismo constitucional”, “retroceso democrático” y que “lo que está saliendo de la Convención atenta contra los principios democráticos más básicos”, sin lo que se parezca a una sombra de argumento racional. Javiera Parada declara que “no he leído todavía el borrador”, lo que no le impide señalar que “creo que este borrador nos acerca más, lamentablemente, al nuevo constitucionalismo latinoamericano que es el constitucionalismo bolivariano que a una constitución moderna”. Y asegura que “cuando no quedan bien dibujados los sistemas políticos el riesgo del autoritarismo o de la ingobernabilidad permanente como vemos en el caso del Perú están a la vuelta de la esquina”.  Notable juicio de oídas sobre algo que no se ha leído (para qué decir estudiado). Una pequeña precisión: la constitución vigente en Perú es la de Fujimori, personaje no exactamente bolivariano. En todo caso, Parada deberá explicar cómo una ex activista de la Asamblea Constituyente (AC) terminará, como parece anunciar, votando por mantener la constitución actual, luego de haber criticado, con razón, un sistema de vetos de la voluntad mayoritaria que anula la vigencia de derechos sociales básicos, como ha subrayado con buenos argumentos y una nutrida experiencia en la materia Nicolás Eyzaguirre.

Por su parte, Jorge Correa opina que “este texto pone en riesgo la democracia, traba el crecimiento, hace improbable el buen gobierno y debilita la capacidad del Estado para enfrentar la violencia”. Nada menos. Como para salir arrancando. Pero el argumento es singularmente débil: “la Constitución se puede modificar en los mismos términos que una ley, salvo aquellas que alteren sustancialmente el régimen político, el periodo presidencial, el diseño del Congreso y su duración, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales y el capítulo sobre reforma constitucional”. Y agrega: “solo esos temas quedan blindados como propiamente debe ser en una Constitución porque se aprueban como una ley, pero deben ir a un referéndum a menos que sea aprobada por 2/3. Todo el resto del texto constitucional es, en lo sustantivo, una ley y se puede modificar igual que una ley”. Solo esos temas…En este caso, Jorge Correa deberá explicar por qué nada de lo catastrófico que enuncia fue considerado como tal en el largo recorrido de la Constitución de 1925, que contemplaba su reforma con “el voto conforme de la mayoría de los Diputados o Senadores en actual ejercicio”. Era una norma algo más exigente que el voto de mayoría de los presentes que incluye el actual proyecto constitucional, pero sin las excepciones de quórum más alto (2/3) o plebiscito en materia de derechos fundamentales y de estructura básica del Estado que contempla el borrador. El propio presidente Frei Montalva usó este mecanismo para reformar el derecho de propiedad en la Constitución y permitir la reforma agraria que llevó adelante en su gobierno.

El tema de fondo es que la constitución posiblemente dejará de ser una “máquina de prohibir” el ejercicio de la soberanía popular y de hacer inefectivo el principio de mayoría, como hasta ahora.

Esto viene de muy atrás. Permítaseme una pequeña digresión. La monarquía parlamentaria de Polonia – la primera en el mundo – estableció en 1573 el “liberum veto“, mecanismo de imposición del poder de la aristocracia sobre la representación ciudadana (por mucho que aún fuera bastante restringida). Este consistía en una modalidad de votación mediante la cual cualquier miembro del Sejm (senado de la aristocracia de Polonia-Lituania) podía oponerse a una decisión de la asamblea mediante veto o suspensión de las deliberaciones, declarando en alta voz la expresión polaca Nie pozwalam! (“¡no lo permito!”). Bastaba un solo voto de algún miembro de la aristocracia que participaba en el Sejm por derecho propio.

Como señala la escritora mexicana de origen polaco Elena Poniatowska en el prólogo a su nueva novela, El amante polaco, “cualquier moción de un diputado a favor de las clases más olvidadas o del aumento de impuestos a los grandes señores era aniquilada por esta restricción. De todas las costumbres y tradiciones sármatas, ninguna peor que ese veto que mantenía a Polonia débil y anquilosada. Amparada por él, la nobleza conservadora olvidó enseñar a leer, proteger, curar y luchar contra plagas y epidemias, y se negó a dar oportunidades a los que nacían desheredados. Muchos polacos de la clase alta jamás abrían un libro, por lo tanto, su conciencia social no llegaba muy lejos y las reformas iniciadas por el joven rey Poniatowski —quien subió al poder a los treinta y dos años (Catalina a los treinta y tres)— irritaron a los nobles de la szlachta, los propietarios de tierras, castillos y privilegios feudales”. La crisis final de la monarquía polaca bajo veto aristocrático terminó con su supresión como nación independiente en 1795 en manos de Rusia, Prusia y Austria. Esa es una de las lecciones de la ceguera histórica de la nobleza polaca (de paso comento, para la pequeña anécdota de la que surge un interés por la historia polaca, ser descendiente, como Elena Poniatowska, de una de sus miembros, Alma Tomachevska, emigrada a Chile en 1880).

Como en Polonia, el veto de clase se ha expresado bajo múltiples formas en diversos regímenes políticos a lo largo de la historia. Su superación es lo que algunos en las elites dominantes en Chile no pueden concebir, bajo la larga influencia del “peso de la noche” portaliano y de la dictadura de casi dos décadas iniciada en 1973. Pero la fuerza de la historia ha estado marcando la necesidad del fin de los vetos de minoría y el inicio de una fase democrática en el que las mayorías periódicamente elegidas manden, junto a minorías que tengan sus derechos fundamentales protegidos, incluyendo el de procurar transformarse en mayoría con plenas garantías.

Nada de eso está amenazado por el proyecto de nueva Constitución. Sostener que atenta contra “los principios más básicos de la democracia” es una tergiversación sin fundamento alguno, marcada por una pasión furibunda y una falta de objetividad notoria.

En cambio, los balances iniciales con apreciaciones ponderadas de personas como Carlos Peña y Raphael Bergoeing debieran inspirar a tanto “amarillo” falto de serenidad.

Por lo demás, cabe tener presente que las definiciones constitucionales son importantes para la dinámica de las sociedades, pero no resuelven por sí mismas las fracturas históricas, las debilidades institucionales y los conflictos económicos, sociales, territoriales y culturales que las hacen difíciles de gobernar. Tampoco será el caso de Chile, cualquiera sea el resultado del proceso constituyente. Pero el nuevo proyecto constitucional, si es aprobado, ayudará a que las instituciones y el sistema político al menos estén en mayor sintonía con la voluntad popular y con las nuevas generaciones y su lenguaje. Y gocen de una renovada legitimidad, hoy por los suelos. Es lo mínimo que se puede pedir para avanzar a una gobernanza plural efectiva, de modo que el sistema político en Chile no termine por zozobrar en manos de lo que Máriam Martínez-Bascuñán llama “la impotencia de la democracia” frente a las estructuras de poder constituido. Lo que está en juego es un futuro que prolongará el divisivo orden oligárquico chileno vigente o bien abrirá la posibilidad de transitar a un orden más justo e inclusivo, y por eso más pacífico en el largo plazo.

Malas noticias: variación del Imacec desestacionalizado de -0,3% en abril

Se ha dado a conocer el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril. La prensa destaca, a pesar que el comunicado mensual del Banco Central entrega más información, solo la variación del índice de actividad entre el último mes registrado y el mismo mes del año anterior. Esta comparación intertemporal no refleja necesariamente la situación de la actividad, pues ambos meses pueden estar puntualmente fuera de la tendencia.

Por eso lo más recomendable es tomar el dato corregido de variaciones estacionales y hacer comparaciones mensuales y trimestrales respecto al período inmediatamente anterior para evaluar adecuadamente la evolución coyuntural de la economía. En un mes o en un trimestre el índice de actividad puede aparecer subiendo, pero darse el caso que en realidad ha estado bajando -o viceversa- si se toma en cuenta la variación estacional cíclica.

Vistas así las cosas, el Imacec desestacionalizado del primer trimestre del año mostró, con los datos actualizados, una caída de -0,7% respecto al último trimestre de 2021, empujada por una disminución en la producción de bienes y en el comercio (las cuentas nacionales del primer trimestre registraron una caída del PIB desestacionalizado trimestral de -0,8%, según fue comentado en https://gonzalomartner.blogspot.com/.../se-confirma-caida...). Por su parte, el índice de abril registró una caída de -0,3% respecto al mes previo debido a una disminución de la actividad minera e industrial y un estancamiento en la de servicios. La excepción fue un repunte del comercio.

En trimestres móviles, se observa un aumento de 0,2% en el de febrero-abril respecto al de enero-marzo, dado el aumento mensual de 1,4% en marzo y la caída de - 0,5 en febrero, que se agregan al dato de -0,3% de abril.

"Tengo una duda, ¿qué genera más pobreza, el capitalismo o el socialismo?"

En una red social se me ha formulado la pregunta mencionada, lo que da pie para reflexionar al respecto, más allá de razonamientos binarios. 

¿Dónde hay menos pobreza?

La evidencia muestra que los grupos sociales subordinados están en una mejor posición absoluta (niveles de ingreso y acceso a bienes y servicios) y relativa (nivel de desigualdad respecto a los grupos de altos ingresos) en la actualidad en economías de tipo mixto con sindicatos protagonistas de una negociación colectiva amplia de las condiciones de trabajo y elevados sistemas de tributación-transferencias, especialmente las nórdicas y otras europeas. Esto ha sido fruto de décadas de esfuerzos productivos y sociales y de avances, retrocesos y adaptaciones. Se trata de economías que han mantenido niveles salariales altos y sistemas de redistribución de ingresos y amplios servicios públicos sin que eso afecte su competitividad internacional. Esta articulación entre Estado, sociedad, mercados y economía mundial permite a los peor situados acceder a un mayor bienestar que el prevaleciente en los países del capitalismo salvaje, incluyendo una de las economías de más alto PIB por habitante como la de Estados Unidos (ver los indicadores de la OCDE y del PNUD). Por su parte, la superación reciente más rápida y vasta de la condición de pobreza absoluta de la mayoría de la población es la experimentada por China desde la década de 1980, mientras Cuba, en medio de penurias generalizadas, presenta indicadores sociales superiores a los de países capitalistas del mismo o mayor nivel de PIB por habitante.

Las caras del capitalismo

La evidencia también muestra que el capitalismo ha sido el sistema económico más dinámico de la historia, pero que se basa en una desigualdad estructural entre categorías sociales y en la depredación de la naturaleza. Es un sistema que se puede definir como el de predominio de la acumulación de capital (Wallerstein), con la consecuencia de una gran expansión productiva sujeta a ciclos y que, al mismo tiempo, produce una concentración económica en gran escala. Su característica principal es que subordina el trabajo (que no tiene control sobre sus medios y frutos), el bienestar colectivo y la resiliencia de los ecosistemas a la búsqueda privada de utilidades y rentas. Este predominio ha sido históricamente morigerado con mayor o menor intensidad desde las luchas sociales y la construcción de poderes estatales compensatorios, las que han dado lugar a redistribuciones salariales y a políticas desconcentradoras mediante Estados de bienestar social, aunque periódicamente son puestos en cuestión por la presión de la acumulación de capital y la magnitud de su poder en las sociedades y los sistemas políticos. 

Diversas economías occidentales han sido moldeadas durante décadas por intervenciones de tipo socialdemócrata. Estas corrigen en parte la distribución desigual del ingreso y del poder económico propia del capitalismo, y en parte también favorecen su productividad mediante la socialización de la educación, las prestaciones de salud, el acceso a la vivienda y al transporte y a ingresos de reemplazo en caso de desempleo y enfermedad. La socialdemocracia clásica surgió de las prolongadas experiencias gubernamentales nórdicas de pacto social con sindicatos fuertes, de la influencia del laborismo británico en la posguerra y de las definiciones de Bad-Godesberg de la socialdemocracia alemana (el Estado donde sea necesario, el mercado donde sea posible) y su llegada al gobierno a partir de 1969, junto a la experiencia española de Felipe González. En los albores del siglo XXI, buena parte de la socialdemocracia derivó, sin embargo, hacia enfoques social-liberales, especialmente con Tony Blair en Gran Bretaña y Gerard Schröder en Alemania, que implicaron algunos retrocesos de los Estados de bienestar. La socialdemocracia clásica pudo funcionar en contextos de mercados laborales formales y de acuerdos entre agentes sociales representativos, con sistemas de cotizaciones obligatorias que sostienen la seguridad social. No es el caso de América Latina, con un empleo informal que va del 30% al 70% según los países, con sindicatos débiles en el sector privado y con financiamientos de las prestaciones sociales que deben provenir preponderantemente de los impuestos. Los sistemas políticos en el continente, bajo frecuente influencia oligárquica, suelen mantener impuestos bajos y regresivos (ver los datos comparativos de la CEPAL y la OCDE).

En paralelo, la división internacional del trabajo se fue orientando, desde el fin en los años 1970 de la edad de oro del capitalismo industrial fordista de posguerra (con aumentos de productividad acompañados de incrementos salariales que dinamizaron el consumo masivo), hacia la consolidación de cadenas globales de valor y más tarde la creación de un "capitalismo de plataformas" basado en las tecnologías de la información e internet. En esas cadenas globales se ha concentrado la expansión de la producción de bienes y abarcan hoy el 70% del comercio mundial. China logró desde los años 1980 una inserción industrial privilegiada en ese proceso de globalización en base a una combinación de planificación estatal, estímulo de la inversión extranjera, expansión de empresas públicas y apertura a los mercados internacionales, con una cierta liberalización de los mercados internos. Las grandes empresas estatales chinas se encuentran hoy entre las más importantes del mundo (incluyendo a tres de las diez mayores empresas globales por ventas, según Fortune). El resultado ha sido un aumento general de ingresos de la población de China en un tiempo histórico extremadamente breve y una salida masiva de la pobreza absoluta. Ya se habían desarrollado previamente capitalismos exitosos creados por un Estado intervencionista en diversos lugares de Asia, primero en Japón y luego Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Singapur, mientras posteriormente Vietnam ha seguido los pasos de China.

Por su parte, los capitalismos periféricos tradicionales en América Latina, Africa y Asia siguieron limitándose a la producción de materias primas y de insumos para las cadenas productivas globales, con frecuencia en base a bajos salarios, baja elaboración industrial y alta carga ambiental en la extracción de recursos naturales, con intervenciones estatales mínimas, especialmente en la etapa del neoliberalismo del Consenso de Washington de fines del siglo XX. Han sido mantenidos por grupos dominantes de conducta rentista en posiciones subordinadas en las relaciones centro-periferia, heredadas del pasado colonial o de la posguerra y luego reconfiguradas en la etapa de globalización financiarizada contemporánea. Dicho sea de paso, el capitalismo chileno se puede caracterizar hoy como un híbrido entre el social-liberalismo y el capitalismo salvaje, lejos de lógicas socialdemócratas con impuestos altos y sindicatos fuertes o Estados desarrollistas con políticas industriales activas de estilo asiático.

Las limitaciones de la centralización económica

Las experiencias de centralización económica a partir de la revolución rusa de 1917 -conocidas como socialismo real- permitieron progresos sociales en sus fases iniciales, pero sin dinamismo suficiente en el largo plazo, lo que provocó su colapso endógeno en la década de 1990. 

Karl Marx había definido el socialismo y el comunismo en el siglo XIX como un proceso en el que los trabajadores se asocian libremente al abolirse la propiedad privada de los medios de producción y desaparecer la condición salarial, con dos fases distributivas. La primera era aquella en la que la asignación de recursos debía regirse por la regla de "a cada cual según su trabajo". La segunda sería aquella en que la regla distributiva sería "de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades", una vez desarrolladas suficientemente las fuerzas productivas. Este enunciado genérico no se acompañó de una precisión mayor de sus mecanismos de aplicación, los que Marx entendía debían desarrollarse en las dinámicas históricas específicas. Esta manera de concebir una vida social emancipada resultó a la postre de difícil aplicación práctica y terminó bifurcando en la historia hacia regímenes burocráticos de partido único (cuya máxima expresión es hoy día la dinastía de Corea del Norte, mientras en el pasado lo fue la URSS) o hacia capitalismos reformados.

La URSS derivó, en efecto, en un capitalismo de Estado. Paul Mattick afirmó adecuadamente que "hay naturalmente diferencias entre el capitalismo de empresas privadas y el capitalismo de Estado. Pero involucran a la clase dominante, y no a la clase dominada, cuya posición social permanece idéntica en los dos sistemas". Para Cornelius Castoriadis, "la presentación del régimen ruso como 'socialista' -o como teniendo alguna relación con el socialismo- es la mayor mistificación conocida de la historia". Lo es aún más la simpatía de algunos con el capitalismo oligárquico de Putin, heredero de la URSS. Los actuales sistemas estatales de China y Vietnam, dirigidos por partidos comunistas sin competencia democrática, son en realidad regímenes de rasgos autoritarios que gestionan un capitalismo mixto dinámico.

La existencia de mercados, por su parte, no es sinónimo de capitalismo, pues lo precede en la historia, como subrayó el historiador Fernand Braudel. Además, sociedades no capitalistas pero con mercados que asignan recursos en determinadas áreas son perfectamente concebibles. El socialismo moderno se puede definir hoy como aquel sistema en el que se produce desde la sociedad y el Estado una orientación de la economía hacia fines sociales y estructuras distributivas equitativas, conducentes a una igualdad efectiva de oportunidades de autorrealización. No tiene por qué definirse por la estatización de todos los medios de producción, en una lógica de mera oposición al capitalismo y al mercado, ni menos traducirse en un régimen de partido único (lo que los fundadores del socialismo nunca propusieron). Pero tampoco se puede asimilar a un capitalismo reformado que conserva estructuras de desigualdad y exclusión social. 

Hacia una economía del interés general

Se puede considerar superior a las distintas variantes de capitalismo y a los regímenes burocráticos aquel sistema social basado en un "ethos conductual de cooperación" (John Roemer) que pueda incluir a) un régimen político plural de democracia representativa para decidir ciertas cosas y directamente participativa para decidir otras, que garantice derechos fundamentales, sea paritario y respete la diversidad y b) un régimen de economía mixta de interés general, en el que cada cual pueda "vivir bien una vida buena", en la expresión de Ronald Dworkin. Esto requiere que prospere la vida de todo ser humano, sea cual fuere su condición, y se haga efectiva la responsabilidad que debe tener toda persona sobre su propia vida para conseguir que prospere, con resultados eventualmente distintos de acuerdo a las preferencias y opciones no socialmente condicionadas. Las acciones públicas deben permitir acceder a todos los miembros de la sociedad a una base de resultados en ámbitos de la vida humana como el acceso a un hábitat adecuado, a ingresos mínimos, a la atención de salud, al goce del medio ambiente y de los bienes comunes, a la educación, a la formación continua y a las diversas expresiones del conocimiento y de la cultura. 

Una agenda de igualdad efectiva de oportunidades debe incluir la corrección de las barreras que impiden la igualdad de acceso a distintas posiciones sociales, pero puede no ser una condición de justicia distributiva suficiente en la sociedad. Debe, siguiendo a Gerald Cohen, completarse con la reciprocidad comunitaria, definida como el principio “según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”. Esto requiere impedir la dominación de poderes privados asimétricos sobre el resto de la sociedad, como sostiene Philip Pettit, o de burocracias estatales que desvíen la acción colectiva en su propio beneficio, como sostiene Isaac Deutscher.

Una economía mixta de interés general es la que subordina la acumulación de capital a fines sociales y ecológicos en cada sociedad. El interés general se puede definir, siguiendo al jurista Didier Truchet, como una noción que "designa siempre las necesidades de la población, o para retomar la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 'la necesidad pública': es de interés general lo que esas necesidades comandan o permiten en un lugar dado y en un momento dado". En ese sentido, puede llegar a ser una superación del capitalismo como acumulación y concentración ilimitada de recursos económicos si incluye la participación de los asalariados en la empresa, en las que las utilidades se reparten entre el trabajo y el capital aportado. Y requiere contener en límites socialmente determinados las diferencias de ingreso y riqueza que resulten del proceso económico, mediante mecanismos de tributación-transferencias de redistribución y, como hemos postulado, limitando las grandes herencias. 

Una economía para el interés general debe ser mixta y plural en tanto incluya ámbitos socializados y otros regulados con mercados descentralizados. Debe proponerse hacer crecer ciertas cosas y decrecer otras, con una base productiva dinámica que incluya empresas públicas estratégicas, empresas privadas con fines de lucro, empresas privadas con fines múltiples y empresas y actividades de economía social y solidaria. A esta estructura de agentes económicos se le puede llamar democracia social y ecológica (ver el libro "Esto no para más") o economía del bien común -en la expresión del Nobel Jean Tirole- o como se quiera. Contiene elementos, experiencias y componentes que ya existen parcialmente en la actualidad o que en están en perspectiva de ser desarrollados, especialmente en las transiciones ecológicas y energéticas en curso. Las corrientes socialistas centralizadoras privilegiarán las empresas públicas, las socioliberales las empresas privadas reguladas y las sociodescentralizadoras la economía social y solidaria, en el entendido que el libre juego democrático permitirá que las corrientes liberales defiendan la desregulación de los mercados y su consecuencia, el predominio del capitalismo salvaje.

Este carácter mixto requiere de la planificación democrática, incluyendo la incidencia en precios clave de la economía como los salarios mínimos, las tasas de interés, el tipo de cambio, las tarifas de servicios básicos y el precio de emisión de gases con efecto invernadero, así como de la provisión estatal (aunque no necesariamente mediante producción estatal) de bienes comunes -ambientales, sociales y culturales- así como la de bienes de consumo colectivo o con efectos colectivos sustanciales (externalidades). Y también requiere de mercados que aseguren los múltiples intercambios descentralizados y desconcentrados necesarios para la producción de bienes y servicios útiles a la sociedad, en procesos que estimulen la innovación y la eficiencia con el límite de hacer posible un creciente bienestar equitativo y sostenible. Esto supone el análisis de "las situaciones en las que el interés individual es compatible con esa búsqueda del bienestar colectivo y aquellas en las que, por el contrario, constituye un obstáculo", en palabras de Tirole, dando lugar a las respectivas regulaciones públicas.

En todo caso, será indispensable planificar con lógica de economía de interés general (y no de "mano invisible del mercado") una acción sistémica de control del cambio climático que ha provocado el capitalismo (reitero, aquel sistema en el que predomina el capital concentrado en gran escala y su lógica de acumulación por sobre el trabajo, el bienestar colectivo y la resiliencia de los ecosistemas) progresivamente desde la revolución industrial, además de la polarización social que le es intrínseca. Y así evitar que la persistencia de la acumulación descontrolada de capital se transforme en un proceso catastrófico para la propia supervivencia humana.

Buenas noticias: aumentó el empleo en febrero-abril

La creación de empleo se mantuvo a un buen ritmo en el trimestre móvil de febrero-abril de 2022, según la encuesta de empleo del INE: se sumaron 157 mil puestos de trabajo en la economía en relación al trimestre final de 2021, un 0,4% más (y un 0,8% más descontando el efecto estacional). En un año, se han creado 731 mil empleos, un 9% más. Pero el empleo total es aún inferior en 280 mil personas al existente en el trimestre de mayor actividad previa en 2020 (y de 165 mil en el caso de las mujeres). 

Desde otro ángulo de análisis, el empleo es inferior en 187 mil personas respecto al volumen del trimestre de mayor actividad corrigiendo los efectos estacionales (julio-septiembre de 2019). Por su parte, la tasa de ocupación, es decir la población ocupada en relación a la población en edad de trabajar, alcanzó a 55,1%, mientras el mejor registro previo a la crisis de la pandemia de COVID-19 (noviembre 2019-enero 2020) fue de 58,6%. En el caso de las mujeres, los datos respectivos son de 45,4% y de 48,9%. Este es el mejor indicador sintético de la situación del empleo y revela la persistencia de un retraso en la normalización después de la crisis, para no mencionar metas más exigentes de aproximación al pleno empleo, que debe ser siempre el horizonte principal de la política macroeconómica.

Estructura del empleo

El empleo dependiente ha crecido en 560 mil empleos adicionales en un año. El empleo independiente creció en 166 mil unidades.  Los sectores que siguen creando empleo en 2022 son de los de servicios como los de restaurantes y hoteles, las actividades financieras, inmobiliarias y profesionales, la salud y el servicio doméstico. No es el caso de la producción de bienes, salvo algo en la minería.

El empleo asalariado formal alcanzó unos 5,87 millones de personas en diciembre-febrero, último dato disponible del registro administrativo (a cargo de la Superintendencia de Pensiones) de dependientes cotizantes en la seguridad social. Este tipo de empleo representa unos 2/3 del empleo total y creció en 0,1% respecto al trimestre previo. Ya se había recuperado totalmente a partir del primer semestre de 2021 y ha experimentado incluso un incremento de 321,3 mil unidades respecto al nivel previo a la crisis hace dos años.

Por su parte, el empleo informal sumó el 27,2% del total de 8,84 millones de personas ocupadas, según el INE. 

El desempleo

La tasa de desempleo desestacionalizada permanece en 7,6% desde hace cuatro trimestres móviles (los terminados en enero hasta abril). La tasa de desempleo ampliada pasó de un 15,3% en el último trimestre de 2021 a un 15,2% en el trimestre febrero-abril de 2022. Esta incluye a las personas que desean trabajar aunque no estén buscando activamente un empleo. Es una tasa más representativa que la de desempleo, que solo considera a los desempleados que buscan trabajo. Había alcanzado un 30% en el momento más álgido de la crisis y experimentó luego una caída persistente.

La población desempleada sumó 742 mil personas, mientras las personas inactivas pero dispuestas a trabajar (la llamada fuerza de trabajo potencial) sumaron otras 794 mil, totalizando más de 1,54 millón de personas en situación de desempleo. Hace dos años, antes de la crisis, la cifra alcanzaba a 1,46 millón de personas. Este desempleo afecta hoy a unas 800 mil personas adicionales y explica la presión que ejerce el comercio ambulante informal en las calles, entre otros fenómenos.

Los pagos por Seguro de Cesantía beneficiaron a 152,1 mil personas en marzo (último dato disponible), número inferior al de 160,9 mil personas de febrero. Se ha producido una caída sistemática de estos pagos desde que alcanzó cerca de 600 mil en septiembre de 2020, con una fuerte disminución desde septiembre de 2021. Este dispositivo mantiene, como se observa, una baja cobertura del universo de desempleados.

Constitución y políticas económicas

En La Mirada Semanal

El debate sobre la nueva Constitución en materias económicas ha ido bajando de decibeles y la mayor parte de los comentaristas internacionales saluda que Chile haya encaminado una salida a la profunda crisis social y política de 2019 mediante un proceso constituyente participativo.

Este ha dado lugar a un borrador de texto constitucional que no contiene medidas extremas o que no se conozcan en otros ordenamientos institucionales democráticos en el mundo. No obstante, persisten voces empresariales internas, y de los representantes de sus intereses, que insisten en la “incertidumbre” que sobrevendría de aprobarse la nueva Constitución. Uno se pregunta: ¿no es acaso la economía de mercado esencialmente incierta? ¿Quién sabe a cabalidad cuál será el valor del dólar, o del cobre, o de las tasas de interés, o de los salarios reales o de la inflación externa e interna en unos meses más? ¿O de los retornos empresariales y del trabajo en cualquier horizonte de futuro que se quiera analizar? A lo más se puede conjeturar escenarios. Dado lo importante que son las expectativas en economía, más vale hacerlo de manera razonada. Tiene poco sentido ensombrecer sistemáticamente los panoramas futuros e insuflar miedo a la población con el objeto de crear un clima adverso a los cambios. Esto se revierte a la postre contra sus propios intereses. ¿Y no consiste acaso la democracia en que no se sabe cuánto durará un gabinete, qué políticas se llevarán a cabo exactamente frente a coyunturas sobrevinientes o quién gobernará en el próximo período, en los llamados peyorativamente “gobierno de turno”? Menos mal que lo son, pues si no estaríamos en presencia de una dictadura.

También aparecen tergiversaciones desde fuera. En esto destacan las del Wall Street Journal. En la prensa conservadora actual se suele hacer afirmaciones sin fundamento, incluyendo la internacional. En este caso, se afirma que “si la campaña del “no” (del rechazo) fracasa, la economía chilena de alto rendimiento de las últimas tres décadas podría encaminarse a un nivel de mediocridad similar al de sus vecinos Bolivia y Argentina“.

La evidencia (en este caso tomada del World Economic Outlook Database del FMI) muestra que la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1990 y 2019, en los 30 años anteriores a la pandemia, fue similar en Chile (4,5%) y Bolivia (4,1%), y agreguemos también en Perú (4,2%). En cambio, si no se considera la década de 1990, entre 2000 y 2019 este crecimiento fue superior en Bolivia (4,2%) que en Chile (3,7%). Lo propio ocurrió entre 2010 y 2019 (4,7% para Bolivia y 3,2% para Chile). Recordemos que en la última década predominaron en Chile los años de Sebastián Piñera y que en Bolivia gobernó Evo Morales entre 2006 y 2019. Para registro.

Por otro lado, en las dos últimas décadas la evidencia indica que Perú creció bastante más que Chile, aunque esto contradiga el prejuicio según el cual se supone que Chile es superior a Perú en todo y para qué decir que Bolivia, en donde además gobernó un indígena que nada menos que nacionalizó el petróleo y el gas, entre otras heterodoxias que le permitieron recanalizar socialmente la renta proveniente de los recursos naturales del país y al mismo tiempo impulsar un persistente crecimiento.

Por su parte, Argentina creció efectivamente menos que Bolivia y Chile, lo que se acentuó notoriamente en la última década. En buena parte de ella gobernó el liberal Mauricio Macri (2015-2019) con mediocres resultados, también para registro.

Tasas de crecimiento anual del PIB (%)

Fuente: World Economic Outlook, IMF.

Entonces, siguiendo la lógica que mide el progreso de los países a partir de las tasas de crecimiento del PIB, como hace el Wall Street Journal, al parecer lo conveniente para Chile sería “encaminarse a un nivel de mediocridad similar” al de Bolivia.

Convengamos, en cambio, que lo razonable es no analizar los temas económicos con prejuicios que dan la espalda a los hechos (el llamado “sesgo de confirmación”). Se debe partir por constatar el mejor desempeño económico relativo en materia de crecimiento del PIB de Bolivia -que parte de más abajo en el PIB por habitante- durante los gobiernos de Evo Morales en comparación con Chile y Argentina. Y más recientemente también con Perú. Y que Chile ha bajado su tasa de crecimiento en las últimas dos décadas, sin poder mantener el récord de la década de 1990 al retornar la democracia, por lo que requiere repensar su modelo productivo y crear nuevas palancas de aumento de la productividad y del bienestar colectivo. Eso es lo que sugieren los datos (los de PIB y otros, como los que acaba de compilar la OCDE para Chile en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030). A partir de ahí, se podrá opinar lo que se quiera, pero al menos considerando de qué se está hablando.

También se podrá constatar que la nueva constitución no es incompatible con políticas liberales -con excepciones más que razonables en algunas materias sociales, ambientales y de uso de recursos naturales- o bien social liberales, o socialdemócratas o transformadoras de las estructuras productivas y distributivas. Todo conjunto de políticas, cualquiera sea su orientación, se podrá canalizar por la vía de la ley, en tanto los gobiernos elegidos dispongan de mayoría parlamentaria. Si no es así, deberán componer sus legislaciones con el parlamento. Esto incluye reformas a la Constitución a partir de 2026, pues ya no será pétrea.

¿No es en mecanismos de gobierno de este tipo en lo que consiste la democracia? La perspectiva efectiva de Chile es que está cerca de lograr por primera vez en su historia un sistema de gobierno emergido de un proceso constituyente plural, democrático, paritario y con escaños reservados indígenas. De aprobarse, la mayoría del pueblo determinará en elecciones periódicas -con igualdad de oportunidades de competencia entre los distintos proyectos políticos- la orientación de la acción gubernamental, protegiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales de la ciudadanía y con una mayor autonomía territorial e indígena. No hay ni “autocracia”, ni “desmembramiento del Estado” ni “indigenismo”. Solo una democracia plural actualizada para el siglo XXI.

Esto es lo que en lo fundamental garantiza la nueva Constitución. Y es a lo que no se resignan los conservadores y sus aliados “amarillos”. No les resulta concebible que en un país como Chile, de tan arraigado y naturalizado dominio oligárquico, empiece a primar desde 2026 sin vetos de las minorías aquello que se denomina -desde la revolución francesa y las independencias latinoamericanas- la soberanía popular y nacional republicana.

Preguntas

¿Qué sentido puede tener balear un bus de trabajadores forestales en desplazamiento y dar muerte a uno de ellos, Segundo Catril Neculqueo? 

Si el proyecto del grupo que disparó fuera, supongamos, "resistir y derrotar al Estado chileno en nombre del pueblo mapuche", ¿por qué atacar con fuego nutrido a trabajadores mapuche indefensos?

¿Qué "control territorial" puede resultar de un acto de tamaña irracionalidad -del que se desliga la propia CAM, aunque lo promueva quiméricamente a través de sabotajes a las empresas forestales- y que no hace más que alimentar la campaña para mantener e incrementar una represión indiscriminada y violenta en la Araucanía o Wallmapu? ¿Y abonar la campaña contra la creación de entidades autónomas de los pueblos originarios y la consagración de sus derechos colectivos que contemplará la nueva Constitución si es aprobada? 

Tal vez llegó el momento de preguntarse: ¿para favorecer qué intereses actúan estos grupos armados constituidos alrededor de acciones irracionales que terminan siendo de índole criminal, sin proyecto político discernible que no sea el de hacer fracasar la construcción de una salida política e institucional a la secular situación de discriminación del pueblo mapuche? 

¿Por qué se empeñan en mantener una "estrategia de la tensión" desestabilizadora de la democracia y en darles pretextos s las amenazas golpistas como la del ex comandante en jefe de la Armada y de la ultraderecha civil? Cuando peor ¿mejor?

Maniobras

Es un tanto burda la idea de la UDI y de Elizalde y asociados de "abrirse" a terminar con los 2/3 para que el actual parlamento pueda reformar la actual y la nueva Constitución.

Esto ocurre en el momento en que se perfila en las normas transitorias de la Convención que se mantengan para el actual parlamento los 2/3 con los que el proceso constituyente tuvo que aprobar las nuevas normas. El propósito es que la nueva carta fundamental entre en vigencia plenamente sin intervención de los actuales parlamentarios -elegidos según las normas de la constitución vigente por órganos que van a cambiar de composición y roles- hasta 2026.

El objetivo de la UDI, Elizalde y compañía es, en cambio, trasladar desde la Convención al actual parlamento la redacción final de la nueva Constitución, si obtiene la mayoría el 4 de septiembre, y esto antes que entre plenamente en vigencia en 2026, y a pesar de haber sido aprobada por el pueblo. Los actuales parlamentarios podrían entonces anular -construyendo una coalición conservadora de amplio espectro, hoy mayoritaria en el actual Congreso- con mayoría simple todo lo hecho por la Convención por 2/3. Por parte de la UDI se entiende, pero lo de Elizalde ¿no es un poco mucho en su pertinaz intento de mantener a toda costa el Senado (contra la opinión histórica en la materia de la izquierda y el socialismo chileno) y su posición de corto plazo en él?

Lo lógico es que la nueva Constitución pueda reformarse por mayoría simple (o mediante plebiscito si no reúne 2/3 en las disposiciones fundamentales, según lo actualmente aprobado) desde que empiece a regir el nuevo parlamento. Las reformas que se quieran hacer a y con la nueva normativa, como será propio de la nueva dinámica democrática, deben poder producirse con un Congreso de los Diputados elegido en base a distritos que reflejen la igualdad del voto en proporción a la población, paritario y con escaños reservados, junto a la nueva Cámara de Regiones. Si no, todo lo hecho sería una simple pérdida de tiempo y un engaño manifiesto, con consecuencias sociales y políticas impredecibles.

Recordemos que los de la UDI se "abrieron" en 2005 a terminar con los senadores designados y vitalicios cuando la suma de los expresidentes empezaría a dar los quórum necesarios para las reformas en el Senado. Siempre se puede contar con estas astucias de quienes defienden sus ilegítimos privilegios de poder. Todas las maniobras que están tramando los que quieren que todo cambie para que nada cambie no hace sino hablar muy mal de ellos pues rebajan y desprestigian una vez más la política chilena ante la ciudadanía.

Las propuestas de nuevas normas constitucionales en economía

En La Mirada Semanal

En el borrador de la nueva Constitución, que será sometido a una redacción final armonizada y luego a la consideración de la ciudadanía el 4 de septiembre, se incluye normas que permitirán caminar a un modelo de desarrollo distinto al de tipo concentrador y depredador y con espacios mínimos para las políticas redistributivas y de protección ambiental actualmente vigente. 

Desde el punto de vista del mundo empresarial conservador, ya no tiene mayor sentido el alegato de grandes peligros que emanarían de la nueva Constitución. En efecto, se consagran derechos sociales pero con responsabilidad fiscal, así como el deber de protección de los bienes comunes sin pronunciarse en demasía sobre políticas específicas que se remiten a la ley. El derecho de propiedad se mantiene, pero sujeto al interés general y con expropiaciones eventuales con las debidas indemnizaciones. 

Las nuevas normas introducen avances notorios respecto al ordenamiento actual, los que dan perfil a la definición de un “Estado democrático y social de derecho” que preside la nueva Constitución.

En especial, se aprobó que "el rol económico del Estado se fundará" en "los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico", por lo que "el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva. Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine". Se destaca que el Estado "debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados" y que "fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular".

En materia de política monetaria, se estableció que el Banco Central será un órgano autónomo “para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. Deberá, eso sí, considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural y los principios que señale la Constitución y la ley", mientras “al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno". Se preserva así una autonomía de la política monetaria, pero en un marco de objetivos más generales a ser respetados.

En materia laboral, se estableció que "toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección” y que el Estado “garantiza el trabajo decente y su protección”, es decir “el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital". Además, postula prohibir “toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante". Por su parte, "las organizaciones sindicales son titulares del derecho a la negociación colectiva”, mientras "la Constitución garantiza el derecho a huelga”, con limitaciones “para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población”. 

En materia ambiental, se aprobó que "todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado", que "el Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental" y que "todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida, en la forma que determine la ley". Se agregaron normas de protección de los bienes comunes naturales y de áreas protegidas, junto a humedales, bosques nativos y suelos.

En el tema minero, se retomó lo establecido en la nacionalización de 1971, y que permaneció en la de 1980, pues la Convención despachó al borrador de nueva Constitución el artículo que señala que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas". A su vez, se detalló que “la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”. De esta forma, ya no tendrán base constitucional las concesiones indefinidas que hoy anulan la propiedad pública de los recursos minerales. Además, "El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros". 

En materia de aguas, la Convención Constitucional aprobó que "El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza" y que el "Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas". 

Se agregó que será deber del Estado "asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables".

Estas y otras normas económico-sociales son fruto de décadas de debates en el país y constituyen normas de sentido común y un nuevo consenso razonable para el siglo XXI. No atentarán contra la actividad económica, como los medios dominantes han querido presentarlas. 

¿Qué impacto previsible tendrán estas normas en “el mercado”? Morgan Stanley cree que el contenido del texto llevaría a que “Chile se enfrentaría a una mayor carga fiscal y a un mayor control regulatorio sobre las empresas, especialmente en lo que se refiere al frente medioambiental. Sin embargo, en consonancia con nuestra opinión de siempre, no vemos indicios de elementos potencialmente perturbadores para el marco de la política macroeconómica del país", pues "las propuestas más extremas han sido rechazadas por el pleno". Esta entidad de evaluación de riesgos cree que las nuevas definiciones seguirán “promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo".  En cambio, J.P. Morgan postula que se “genera una institucionalidad más débil para el país, considerando el nuevo sistema político (unicameral), la mayor cantidad de leyes ahora sujetas solo a mayoría simple, una ley de expropiación algo más débil y de independencia del Banco Central, entre otras cosas". Esta entidad incurre en juicios de hecho erróneos, como un supuesto unicameralismo, pero indicó que, tras sostener reuniones con clientes europeos, “la mayoría manifestó una visión constructiva sobre la bolsa chilena”.

Como se observa, las grandes catástrofes anunciadas en materia económica en el borrador de nueva Constitución son a la postre percibidas de otra manera. A pesar de las encuestas negativas, los actores políticos y económicos parecen pensar que el nuevo texto se aprobará en el plebiscito de salida y que deberán adecuarse a un nuevo contexto normativo sin mayores dramas.  También lo hace a su manera el diputado de derecha Diego Schalper, solo que para señalar que “seré el primero en ingresar un proyecto para restituir la constitución anterior”, evidenciando que aquello de que para ese sector la constitución de 1980 sería un asunto del pasado no es más que un volador de luces.