¿Qué es ser socialista hoy día?

En estas semanas se elegirá en el PS una nueva dirección. Tal vez sea la ocasión para debatir sobre su desdibujada identidad y sobre la pérdida de la mitad de su caudal electoral, situación sobre la que también tenemos opinión algunos de nosotros que militamos por décadas en el PS y hoy estamos fuera de su orgánica. No nos reconocemos en ella ni por sus políticas ni por sus prácticas, pero mantenemos nuestras ideas socialistas y libertarias. Este texto reelabora en parte lo escrito tiempo atrás en una red de socialistas de dentro y de fuera de la orgánica.

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La vigencia del socialismo

La vigencia del socialismo perdura en el tiempo en tanto es un proyecto y un movimiento político plural contemporáneo que proviene del mundo del trabajo y de la cultura y que aspira a construir una sociedad en la que: 

1) se haga efectiva la libertad de cada cual en el respeto de la convivencia plural y equitativa en la sociedad; 

2) no exista la explotación económica de unos sectores sociales por otros y todos concurran según sus capacidades a crear y mantener un bienestar socialmente igualitario y ecológicamente sostenible, lo que requiere cambiar las estructuras que crean y reproducen desigualdades injustas e incitan la depredación del medioambiente; 

3) se hayan abolido las discriminaciones de género y cualquier otra discriminación arbitraria.

Ese es en lo esencial el horizonte igualitario y libertario que históricamente se ha propuesto proyectar universalmente el socialismo desde su nacimiento en el siglo XIX y que cabe actualizar periódicamente, en nuestro caso considerando el estado del mundo, de América Latina y de la sociedad chilena. ¿Está esta perspectiva obsoleta? En tanto perdure la desigualdad estructural y la depredación de los ecosistemas propios del capitalismo, las ideas socialistas mantendrán su vigencia.

No obstante, la historia del siglo XX y sus tragedias desdibujó la dimensión emancipatoria de la corriente socialista. El socialismo no puede ser sino libertario y rechazar siempre toda forma despótica de gobierno, junto a desprenderse sistemáticamente de lógicas burocráticas que busquen acaparar posiciones en el Estado al margen de la representación de la mayoría social. Cuando es auténtico, el socialismo solo acepta regirse por un régimen político que evite la opresión política de cualquier grupo de poder sobre la ciudadanía y en el que los gobernantes son revocables y se eligen por mayoría democrática y de forma periódica. Acepta, por tanto, la diversidad política y la alternancia en el poder, incluso a favor de sus adversarios. No se debe olvidar a Rosa Luxemburgo y sus premonitorias palabras desde la cárcel en 1918, poco antes de morir asesinada, al criticar a Lenin y Trotsky cuando disolvieron la asamblea constituyente recién elegida luego de la revolución rusa: “sin elecciones generales, una prensa no cohibida, la libertad de asociación y la libre lucha de las opiniones, la vida de toda institución pública desaparece, se convierte en una vida ficticia en la que la burocracia se mantiene como el único elemento activo. La vida pública comienza a adormecerse, unas docenas de líderes de partido, de energías inagotables e idealismos sin límites, dirigen y gobiernan, debajo de ellos hay una docena de cabezas sobresalientes que dirigen de verdad y una élite de obreros, convocada de vez en cuando a las asambleas, para aplaudir los discursos de los líderes, aprobar en forma unánime las resoluciones presentadas, es decir, en el fondo, una sociedad de camarillas – de hecho una dictadura, aunque no la dictadura del proletariado, sino la dictadura de un puñado de políticos - una dictadura en el sentido burgués puro, en el sentido del dominio de los jacobinos …. Se trata de una ley predominante, objetiva, una ley a la que ningún partido político podrá escapar”. 

Tampoco se debe olvidar a Eugenio González, que sostuvo desde los años 1940, anticipando la posterior "vía chilena al socialismo", que el socialismo es revolucionario por sus fines y democrático por sus métodos y que “no se puede llegar al socialismo sacrificando la libertad de los trabajadores, en cuanto instrumento genuino de toda creación revolucionaria y garantía indispensable para resistir las tendencias hacia la burocratización, la arbitrariedad y el totalitarismo”, pues “ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo niegan: la educación de los trabajadores para el ejercicio de la libertad tiene que hacerse en un ambiente de libertad”.

Estas son definiciones medulares, por lo que en virtud de ellas el socialismo debe mantener lógicas y conductas democráticas en toda circunstancia y situarse a la izquierda del espectro político para avanzar en la superación del capitalismo oligárquico, aunque, desde su identidad, pueda pactar con otros sectores en circunstancias específicas. Y se decanta con un enfoque internacionalista siempre en contra de cualquier dictadura y a favor de la soberanía de los pueblos, privilegiando en el caso chileno la fraternidad latinoamericana.

Una historia de la que dar cuenta

Para algunos, el socialismo se asimila a la experiencia soviética, lo que es un error histórico. Ésta experiencia, a pesar de algunos méritos, colapsó en medio de una gran descrédito pues fracasó en dar una respuesta emancipatoria alternativa a la explotación económica y diseñó un sistema económico basado en centralizar las empresas en el Estado, eliminar toda propiedad privada de los medios de producción y establecer una determinación estatal de precios y cantidades en la producción de bienes y servicios a través de la llamada planificación central.

Esa centralización devino en un reforzamiento sin límites de la opresión política. Como previó premonitoriamente Trotsky al comentar los acontecimientos rusos de 1905 y criticar a los bolcheviques -a los que se unió sin embargo en 1917 para hacer posible la revolución obrera y campesina frente al derrumbe de la monarquía zarista- la idea del partido de clase que toma el poder en su nombre incuba el riesgo de pasar rápidamente a la dictadura del partido -y no de la clase que supuestamente representa- y finalmente a la dictadura del jefe del partido sobre el partido, sobre el orden político y sobre la sociedad. No otra cosa terminó haciendo Stalin en la Unión Soviética, y Trotsky a la postre cayó asesinado por el desvarío despótico del régimen que contribuyó a construir en un país sin tradiciones democráticas.

La estatización de la economía (en vez de su socialización), junto al nombramiento central de jefes de empresas (en vez de formas cooperativas y de control obrero, pues solo cabía la disciplina vertical) sujetos a un plan anual pero sin garantía de disponer de los recursos para cumplirlo, devino, salvo durante los períodos de guerra en que toda la producción se concentra en pocos objetivos, en una economía burocratizada e ineficaz. Se construyó un régimen económico de penuria, en la expresión del economista Janos Kornai, sin estímulos para permitir la innovación productiva y lograr una coordinación dinámica de los factores de la producción.

La conducta de los socialistas en Chile en materia política y económica después de la experiencia soviética nunca fue mejor enunciada que por Eugenio González en 1947: “la política inicial de socialización del poder económico se fue convirtiendo en una mera estatización que condujo progresivamente a un régimen de capitalismo de Estado, dirigido por una burocracia que ejerce el poder de forma despótica, sometiendo a una verdadera servidumbre a la clase trabajadora" escribió sobre la Unión Soviética, y agregó que "el socialismo revolucionario lucha fundamentalmente por el establecimiento de un nuevo régimen de vida y de trabajo en el que se den las mayores posibilidades de expansión de la personalidad humana. Medio indispensable para alcanzarlo es la socialización de los instrumentos de producción, de cambio. Pero en ningún caso acepta la estatización burocrática del poder económico, porque ello conduce necesariamente a la esclavitud política de la clase trabajadora". Los comunistas chilenos post Recabarren se alinearon con el estalinismo y la política del Estado soviético, no obstante se comportaron con un gran lealtad hacia Allende y su proyecto y mantuvieron una raigambre popular y obrera afincada en la cultura nacional. No siguieron a los chinos que rompieron en 1960 con la URSS ni al eurocomunismo de los años 1980. 

Los socialistas chilenos reafirmaron en los años 1950 las tradiciones libertarias para las que el socialismo debe ser democrático si no quiere desmentirse a sí mismo. Repensaron en Chile el proyecto político y la economía socialista mediante reformas estructurales en democracia, lo que Allende tuvo la enorme audacia de hacer con la consecuencia que sabemos con su original "vía chilena al socialismo", que la implacable guerra fría se encargó de aplastar en medio de la incapacidad para contrarrestarla de la izquierda chilena de entonces para construir una alianza estable entre los sectores populares y los sectores medios que defendiera la democracia y los cambios estructurales, lo que debía empezar por valorarla a cabalidad.

El intento de la Unidad Popular en 1970-73 tuvo una justificación histórica en el sentido de insistir en reformas estructurales indispensables, como la reforma agraria, la nacionalización de las riquezas básicas y el control del crédito para reorientar la economía hacia la satisfacción del consumo popular como nueva base de acumulación. Pero fue dubitativo en sostener una base productiva en funcionamiento en base a un área de propiedad social industrial y agrícola acotada y al no poner desde el principio y claramente el límite entre lo público, lo privado y lo cooperativo y mantener los incrementos salariales y el gasto público (desfinanciado, además, por una oposición que se negaba a subir impuestos desde el parlamento pero aprobaba los gastos) en niveles sostenibles en el tiempo, en medio de crecientes problemas de abastecimiento de bienes básicos. Releer los textos de Pedro Vuskovic durante y después de la UP, cuyas posiciones económicas se han deformado totalmente, es muy ilustrativo sobre el desorden que se fue incubando más allá de la voluntad del gobierno. Desde el PS y el MAPU (y desde el MIR fuera del gobierno) se tendió a actuar con el enfoque de que todo lo que fuera desplazar cualquier tipo de propiedad privada debía ponerse en práctica, porque eso era construir el socialismo. Este enfoque poco racional e inconsistente para consolidar el proceso de cambios contribuyó a polarizar la sociedad y desorganizar la economía, a la vez que facilitó la pérdida de la mayoría que la izquierda obtuvo en las elecciones municipales de 1971. No se logró enfrentar con este enfoque un boicot norteamericano y oligárquico implacable y económicamente muy dañino contra el gobierno de la Unidad Popular, el que, a la vez, careció de un apoyo soviético alternativo, pues éste estaba concentrado en Cuba y desconfiaba de las formulaciones democráticas del proyecto de Allende. La guerra fría fue el gran condicionante que frustró ese proyecto.

Hacia una democracia social moderna

Luego de la derrota y la masacre de la izquierda en Chile vino la necesaria reformulación en el proceso de rescate y renovación del socialismo, como lo llamó y conceptualizó Jorge Arrate: valorizar la democracia en toda circunstancia y afincarla en los territorios y en la base, ampliar las alianzas y plantear que la economía socialista no debe consistir en estatizar sino en socializar el excedente y las rentas de los recursos naturales, dinamizar la inversión estructurante, redistribuir ingresos y otorgar derechos económicos e ingresos básicos a toda la población. Sin excedente económico no hay dinamismo productivo de largo plazo. Una parte de él debe socializarse y orientarse a las inversiones en bienes públicos y mixtos (infraestructura, protección del ambiente, conocimiento, acceso a las redes digitales, educación, salud) sin los cuales la economía tampoco funciona o lo hace mal, mientras debe redistribuirse parte de las utilidades públicas y privadas y de los salarios para lograr el aseguramiento de la cobertura de riesgos sociales (desempleo, enfermedad, vejez sin ingresos) y la garantía del acceso a un empleo y a ingresos básicos. La capacidad productiva debe sostenerse mediante un sistema mixto de propiedad: estatal en áreas estratégicas, un fuerte sector de economía social y cooperativa junto a un sector privado con fines de lucro desconcentrado y regulado social y ambientalmente. Esto requiere de un Estado productor y regulador no clientelista y definir una condición asalariada con derechos, incluyendo el de participar en la definición de las condiciones de trabajo y en la orientación y las utilidades de las empresas cuando tienen fines de lucro.

Por otro lado, había que constatar que la planificación central de precios y cantidades funciona bien en situaciones de guerra (de hecho los estudios recientes muestran que la planificación soviética se inspiró de la planificación de guerra zarista), como también ocurrió en EE.UU en la segunda guerra mundial, en que la economía funcionó con un fuerte control de precios y cantidades producidas. Pero en situaciones normales la centralización no está en condiciones de gestionar la información requerida de manera adecuada y continua para realizar una planificación efectiva, incluso con las tecnologías de la información actuales, ni incentivar la innovación. Siguiendo a Charles Bettelheim, se debe dejar funcionar el sistema de precios y la competencia de mercado regulada en diversos ámbitos para asegurar, junto a una redistribución progresiva por vía de impuestos y transferencias, una asignación descentralizada de recursos en economías que hoy son tecnológica y organizacionalmente mucho más complejas que en los siglos XIX y XX. Y, agreguemos, organizadas en cadenas globales de valor en la manufactura de alta productividad, con sistemas de producción crecientemente digitalizados y robotizados, basados en la información y su procesamiento en grandes volúmenes con uso de inteligencia artificial. De paso, convengamos que el mercado siempre ha existido en las economías centralizadas, pero como mercado negro ilegal, por lo que no tiene sentido intentar suprimir los mercados sino que deben ser apropiadamente regulados para cautelar el interés general.

El proyecto de una "economía social mixta", que tiene esbozos en diversas experiencias, es ampliamente preferible al capitalismo de la desigualdad norteamericano, al capitalismo oligárquico ruso actual, al neocapitalismo chino y vietnamita (que sin embargo ha logrado éxitos notables en el cambio de la condiciones de vida de las mayorías) y al inmovilismo cubano, que recién está dando pasos hacia la racionalidad económica con grandes costos para la población, en medio de un inaceptable bloqueo norteamericano por décadas. Para no hablar de la Venezuela de Chávez-Maduro, que es un proyecto de poder en manos de una burocracia civil-militar que se aferra a la renta del Estado petrolero y ha provocado la emigración de millones de sus ciudadanos, proceso también agravado por las recientes sanciones norteamericanas. O de la dinastía de control omnímodo y autárquico de Corea del Norte, que produce hambrunas periódicas junto a una ambición nuclear persistente. Los socialdemócratas europeos, por su parte, se afincaron en la democracia representativa y buscaron adaptar el capitalismo regulándolo para expandir el bienestar de los trabajadores con dispositivos redistributivos, de seguridad social, de acceso a la educación y de incorporación de la mujer, en lo que lograron importantes éxitos, especialmente en Escandinavia, aunque más tarde fueron desdibujados por la deriva social-liberal de tipo blairista que acompañó una nueva ola de aumento de las desigualdades en el capitalismo contemporáneo.

La respuesta para renovar las esperanzas en un mundo más libre y más justo es insistir pacientemente en construir una democracia social participativa y paritaria que supere el control del poder por minorías oligárquicas y patriarcales. Esto requiere conformar un Estado social y democrático de derecho y una economía social mixta que reduzca y progresivamente termine con las desigualdades estructurales que provoca el dominio del capital sobre el trabajo (incluyendo sus modernas formas digitales) y con las depredaciones ambientales que derivan de la primacía del capital sobre la naturaleza y ponen en peligro a las nuevas generaciones. El socialismo económico es el que socializa democráticamente en beneficio colectivo las palancas básicas de la producción material y garantiza derechos sociales sin suprimir los mercados, burocratizar la economía o impedir la innovación, cautelando la eficiencia en la asignación de recursos y guiando la justicia en su distribución.

Y en la coyuntura, cabe seguir luchando por terminar de dejar atrás el estancamiento producido por un régimen político que desde 1990 no logró pasar el estadio de "democracia no soberana", a pesar del esfuerzo de muchos y de logros significativos en materia de libertades y derechos, de creación de empleos, de aumento de la esperanza de vida, de ampliación de la educación y de inversión social y productiva. En ese proceso prevalecieron los que hicieron de necesidad virtud y, en vez de seguir luchando por una democracia política y social plena,  se amoldaron al predominio oligárquico sobre la sociedad. Se terminó por consolidar por tres décadas la anulación de la voluntad mayoritaria en el sistema político. Esto fue fruto del dispositivo de senadores designados y del sistema de elección binominal y, luego de las reformas de 2005 y 2015, de la persistencia del resto de candados como los altos quórum de aprobación de la ley y un Senado y un tribunal constitucional de bloqueo. El objetivo oligárquico fue siempre hacer persistir una economía no suficientemente regulada, que alcanzó niveles inusitados de concentración, y un sistema de derechos sociales privatizados. Esto es lo que la mayor parte de la sociedad terminó rechazando radicalmente a partir de 2019. 

Y también es indispensable terminar de dejar atrás el deterioro progresivo de las prácticas políticas, incluyendo el clientelismo y el financiamiento ilegal de campañas por el poder económico y la resultante subordinación del sistema político a sus intereses. 

Estas tareas requieren ahora trabajar por la conformación y consolidación de una coalición de izquierda amplia que trabaje con consistencia, con el debido espíritu de crítica constructiva, por el éxito del gobierno de Gabriel Boric y la aprobación y puesta en práctica de la nueva Constitución.

Sobre el taoísmo y la indignidad

 En La Mirada Semanal

La Convención constitucional fue primero virulentamente criticada porque supuestamente no avanzaba en su tarea y ahora se la acusa de precipitación y hasta se pide que resigne su tarea cuando está en plena etapa de decantación de su articulado luego de amplios procesos de consulta. Se agregan las señeras voces del consenso y los acuerdos amplios, solo que ahora en contra de los que está adoptando la Convención por 2/3 para hacer realidad los cambios institucionales que la sociedad demanda.

Cristián Warnken ha escrito lo que sigue: “¿Qué pasaría si la Convención se detuviera y se declarara en estado de silencio y escucha, y entendiera que la verdadera urgencia es “no hacer —por ahora— nada”? Por querer hacerlo todo y cambiarlo todo, no seremos más eficaces en superar las injusticias e inequidades de nuestro país. Nos falta un Lao-Tsé en el Palacio Pereira. Y también en La Moneda. Un consejero taoísta como al que suelo acudir cuando mis urgencias me impiden pensar, y vivir“.

¿No sería recomendable que, frente a la evidente agitación contra la Convención Constitucional de Warnken, volviera a recurrir a su consejero taoísta para entrar en un estado de silencio y escucha, digamos hasta el 6 de julio? En ese momento, con un poco más de calma, tal vez podrá apreciar el enorme avance que constituirá para Chile una nueva Constitución emanada de la representación de la soberanía popular y el sustancial contraste con la que nos rige en materia de libertades y de derechos individuales y colectivos. La Convención Constitucional tiene que trabajar en los tiempos y plazos que mandató el anterior Congreso por 2/3 de sus miembros y ratificó el 80% del electorado en octubre de 2020.

A los que no les guste el resultado, podrán votar en contra. Si el pueblo la aprueba, podrán organizar libremente una coalición política que propugne su reforma. La Constitución de 2022 llegará a puerto como resultado de arduas luchas por casi 50 años, en las que tantos dejaron sus vidas y desvelos y en las que otros nunca aparecieron o trabajaron para su mantención como soporte de un orden oligárquico y autoritario. La nueva Constitución será reformable por mayoría del parlamento o por iniciativa popular con firmas suficientes, como corresponde a un orden democrático. Algo bien distinto a la constitución espúrea de 1980, cuyo fin definitivo le cuesta tanto aceptar a meros agitadores que defienden el statu quo y que son a la postre tan poco taoístas.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza califica de “indignidad” la eventual supresión del Senado y su sustitución por una cámara territorial que tendrá facultades colegisladoras en algunos temas de interés regional (aunque es un error incluir ahí la ley de presupuestos), pero con capacidad de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados por 4/7. ¿La razón?: “a mí lo que me molesta mucho es la reducción sustantiva de sus atribuciones, de su trabajo, de lo que hacemos (…). Pero aquí, lo que me llama más la atención de todo esto es que se diga que hay una Cámara de Diputados y una cámara de las regiones y que las dos legislan, pero cuando tiene una opinión la Cámara de Diputados, esa es la que prevalece. Es un poquito ridículo, porque uno siente que esa gente va a legislar sin ningún motivo“.

En Gran Bretaña, Francia, España y una larga lista el Senado representa los territorios en el proceso legislativo, pero sin prevalecer sobre la cámara que representa la soberanía popular. La complementa y propone cambios legislativos, pero no los dispone. Desde el nacimiento de la democracia moderna en la revolución francesa, los diputados no están para representar a sus distritos como lo hace un dirigente gremial a su gremio, sino para concurrir a conformar la legislación de general aplicación en escala nacional.

En algunos lugares, como en Alemania, una parte de la Cámara se elige por listas nacionales precisamente para subrayar que la ley está llamada a ser de validez para la Nación en su conjunto, no para un lugar particular del territorio. La administración territorial tiene otros órganos de decisión y representación para las funciones que le competen. Insulza lamenta que la representación territorial no prevalezca sobre la representación popular. Esta postura es legítima, pero sostener que la fórmula que está aprobando la Convención no existe en otras partes es un error de hecho un tanto interesado. Lo propio puede decirse de esta otra afirmación: “en ningún país de la región ha funcionado nunca un sistema unicameral”. Sin ir más lejos, en Perú el sistema parlamentario es unicameral.

Y luego viene la Gran Acusación: “lo que pasa es que han llegado ahí una cantidad de jóvenes, de personas, no son tan jóvenes tampoco, a la Convención Constitucional que creen que hay que destruirlo todo, y están pensando por destruir lo que les parece más molesto, que parece más simbólico y uno de esos es el Senado (…). Este senado que han inventado no sirve francamente para nada“. La molestia se extiende a la propia idea del proceso constituyente: “a uno le gustaría que esta cosa de la Constitución de pronto alguien dijera ‘no, no estoy de acuerdo’. Pero salir a buscar acuerdos así completamente vagos y poco precisos para contentar a moros y cristianos, a mi juicio es negativo para el país“.

Insulza es un conocido adepto de los acuerdos transversales y de los consensos, pero al parecer solo cuando favorecen su postura conservadora. Se le agradece, en todo caso, su franqueza, pero bastante menos sus afirmaciones que no se atienen a los hechos. ¿Votará, y el partido al que pertenece, en contra de la nueva Constitución? Así lo indica el tono y el contenido de sus comentarios, en la línea de Warnken y sus amarillos. Insulza, como coautor del mal arreglo de 2005, que mantenía el binominal, los altos quórum y el Tribunal Constitucional como tercera cámara legislativa, entre otras instituciones no democráticas, al parecer se inclina por plegarse a la idea de mantener lo esencial del antiguo régimen. Está en su derecho. Ahora bien: ¿qué tiene que ver esa postura con el socialismo y con la tesis histórica de Allende de suprimir el Senado y, más importante todavía, con la voluntad contemporánea de la sociedad chilena de dotarse de instituciones que expresen las opciones mayoritarias en vez de encadenarlas e imposibilitar que prevalezcan en beneficio de intereses oligárquicos? Una recomposición de las fuerzas políticas ayudaría bastante a una clarificación de las posturas y visiones de sociedad, para mejor ilustración de las opciones que se presentan a la ciudadanía.

El malestar oligárquico con la nueva constitución

 En La Mirada Semanal

Todos los días se evidencia con gran profusión mediática el malestar que provoca a los voceros de las culturas políticas tradicionales escuchar voces distintas a las usuales en la Convención Constitucional. En ella se han ido expresando propuestas sensatas de normas y otras que no lo son, como en muchas otras esferas de la vida nacional. Pero no existe ningún argumento válido para echar atrás el proceso actual.

Se escuchan con frecuencia insensateces, en ocasiones mucho mayores, en el Congreso o por parte de organizaciones gremiales para ganar audiencias mediáticas o defender descarnadamente intereses particulares (en lo que destacan los gremios de los grandes empresarios), sin que nadie se altere demasiado. Esa constatación no impide desear que la evolución política del país vaya permitiendo que caigan poco a poco por su propio peso las variantes más demagógicas y estridentes de la expresión pública de ideas e intereses. Pero lo concreto es que, hasta ahora, no se ha aprobado ninguna norma en la Convención que merezca el calificativo de insensata. Varias de las normas aprobadas necesitan precisiones y mejoras de redacción, lo que ocurrirá de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

El trasfondo parece ser que las elites dominantes suelen vivir con recurrentes temores, incluyendo peligros fantasmagóricos que las más de las veces imaginan y alimentan ellas mismas. Y ahora, lo que tiene más fundamento, aparece el temor de que aquí en adelante la democracia establezca normas que contradigan o limiten sus intereses. Ocurre que desde 1973 no están acostumbradas a que ello se produzca en dimensiones significativas. Su apoyo a un golpe sangriento hace 50 años fue precisamente para restablecer su dominio incontrarrestado sobre la sociedad, el que había sido erosionado desde 1920 por los avances democráticos progresivos que terminaron en la reforma agraria, la chilenización y nacionalización del cobre y un área significativa de empresas públicas. Su férreo diseño institucional post dictadura fue multiplicar los candados que impidieran el ejercicio de la voluntad mayoritaria. Estos candados están terminando de abrirse, lo que incrementa sus temores y su malestar. 

Ya avanza la definición de Chile como una República dotada de un Estado Social y Democrático de Derecho para regir sus destinos, como en Alemania y otros países, el que ampliará los derechos individuales y colectivos. Y también dotada de un Estado Regional que otorgará mayores potestades a las administraciones subnacionales para reflejar mejor la diversidad territorial del país, en el marco de funciones nacionales indelegables en materias soberanas, económicas y redistributivas. Se avanza, a su vez, en la previamente ignota definición de un Estado plurinacional que reconocerá la existencia y derechos colectivos de los primeros pueblos y culturas, los que podrán tener autonomías territoriales junto a una pluralidad de sistemas de justicia debidamente coordinados. Ese reconocimiento, que la ley delimitará en el futuro en un probable marco de diálogo con los representantes de esos pueblos, estará en mejores condiciones de traer progresivamente paz y equidad a espacios hoy convulsionados por las profundas injusticias acumuladas en la historia. Por su parte, la propiedad privada y la libre iniciativa económica ya no serán sacrosantas sino que tendrán como límite el interés general. La autonomía del Banco Central existirá previsiblemente, según avance la redacción final, para poner la política monetaria al servicio de contener la inflación y también para contribuir a mantener altos niveles de empleo y a facilitar la diversificación productiva y la lucha contra el cambio climático. Además, se reconocerá el rol de la economía social y solidaria sin fines de lucro.

No hay todavía acuerdo en la Convención sobre un régimen político que permita una mayor congruencia entre Ejecutivo y Congreso, aunque el presidencialismo sin mayoría parlamentaria como fuente de conflicto potencial será seguramente objeto de cambios. Por su parte, la naturaleza del “bicameralismo asimétrico” sigue en discusión. Probablemente desaparecerá el Senado “espejo”, cuya modalidad de elección y plazos de ejercicio de los mandatos tienden a bloquear a una Cámara plural y representativa de la voluntad popular periódicamente expresada (dicho sea de paso, es bastante vergonzoso el acuerdo entre la UDI, el PS y otros para intentar mantener el Senado en su actual composición y rol de bloqueo).

El hecho es que en la primera semana de julio terminará el trabajo de la Convención y que lo aprobado se plebiscitará hacia septiembre. Mientras, hay quienes cuestionan el mecanismo aprobado por el parlamento en 2019 según las normas vigentes de reforma constitucional por dos tercios, a la vez que se extendió ese quórum a la totalidad de las normas que apruebe la propia Convención. El intento de volver atrás es salirse totalmente del cauce establecido, lo que para conservadores dados a "no modificar las reglas del juego" es un tanto paradojal. Se busca nada menos que modificar el proceso cuando está en curso porque a la derecha y a sus socios no le están gustando los resultados previsibles. Se lee en la prensa que discuten “alternativas”, como la idea que se agregue en la papeleta del plebiscito algo así como “Rechazo para alcanzar un nuevo acuerdo constitucional”, como propuso Pablo Longueira. Nada de esto ha tenido mayor eco, salvo contribuir a crear un clima que favorezca el voto por el rechazo a la nueva constitución.

Por su parte, el planteamiento “alternativo” de reformas constitucionales futuras en el Congreso es bastante risible. Se presenta con la autoridad de una llamada Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa (no de la Unión Europea) sin mayor incidencia, y plantea algo totalmente obvio: la posibilidad de modificaciones posteriores a la nueva constitución para quienes no queden contentos con la que redacte la Convención y sea eventualmente aprobada por el pueblo en septiembre. Evidentemente, la Constitución de 2022 no será inmodificable, como en la práctica lo fue la de 1980 por la tozudez de la derecha. Lo que hasta ahora se ha discutido en la Convención es que la nueva constitución será modificable por el parlamento por mayoría absoluta o bien por iniciativa popular juntando un cierto número de firmas. Algunos convencionales han agregado que se incluya un plebiscito ratificatorio para ciertas normas que se reformen en el parlamento, lo que es muy razonable. Eso es lo que corresponde desde la lógica democrática: que una constitución se pueda modificar en el futuro en cualquier momento en el Congreso o mediante iniciativa popular. Si alguna norma no le gusta a algún colectivo significativo, procurará que se modifique, pero no mediante trampas ni por la fuerza. Deberá conseguir una mayoría absoluta en el parlamento y eventualmente una mayoría popular en las urnas. 

No existe ningún argumento para echar atrás el proceso actual. Salvo el de sostener que los pueblos no deben dotarse de normas de convivencia según lo determinen sus representantes libremente elegidos, posteriormente ratificadas por la ciudadanía, lo que nadie se atreve a reconocer. Los mismos de siempre seguirán inventando mil subterfugios. Eso es lo que les pasa a las oligarquías y sus asociados que no creen en la soberanía popular ni en la libre deliberación democrática. Pero eso ya es un asunto de ellas y ellos, no de la nación chilena. Por si todavía no se dan cuenta, cabe indicarles que no son lo mismo. Y en 2022 menos que nunca.

La tentación de la polarización

En La Mirada Semanal

Será una tarea de todo el sistema político evitar la polarización del país ahora que se inicia un nuevo ciclo de cambios institucionales y económico-sociales. Un poco de lucidez debiera llevar a la derecha tradicional y a la neoderecha emergente a una conducta más racional que la mostrada hasta ahora.

Los dichos despectivos del ex ministro Gerardo Varela sobre los nuevos equipos gobernantes o la frase de la ex ministra Mariana Aylwin según la cual la Convención Constitucional quiere poco menos que destruir la democracia, auguran la persistencia de expresiones recalcitrantes de una parte de las llamadas elites. La clave para Chile es que no se inclinen hacia la idea de un "Plan B", en palabras del ex ministro Ignacio Walker, definitivamente productor de malas frases, es decir conductas de connotaciones antidemocráticas. Indico que se trata de ex ministros porque eso debiera, en principio, llevarlos a una mayor autocontención de sus pasiones políticas para preservar una esfera pública de rasgos razonablemente republicanos. Pero no es el caso.

Los que empujan la polarización entre nuevas versiones de "buenos y malos" y la descalificación de los cambios que Chile necesita a ojos vistas -para lograr una mayor integración social, para desconcentrar y diversificar la economía y el poder político y para disminuir sustancialmente las desigualdades- solo han venido obteniendo derrotas en el último tiempo. Varios deben estar lamentando la ceguera de su conducta al oponerse a la evolución institucional democrática desde 1990 con una implacable lógica de trinchera y de retención ilegítima de resortes de poder. También le debe ocurrir algo semejante a los que se opusieron desde fuera y desde dentro al cambio constitucional propuesto muy razonablemente por la presidenta Bachelet, así como a su propuesta de reforma tributaria progresiva original y a sus reformas laborales en favor de ampliar la negociación colectiva con titularidad sindical.

A ese mundo de la política chilena le pasó que se encontró a la vuelta de la esquina con la rebelión social inorgánica más grande que conozca la historia nacional, canalizada hacia una Convención Constitucional en la que no dispone siquiera de un tercio de veto, como hubieran deseado para seguir manteniendo la concentración de poder económico y político vigente. La Convención Constitucional pasó ahora a ser para ese mundo la expresión de todos los males, en circunstancias que lo aprobado hasta acá, como el Estado democrático y social de derecho, el Estado regional, la justicia plural y los derechos sexuales y reproductivos, son importantes progresos institucionales desde el ángulo que se le mire, mientras las propuestas que exceden el dominio constitucional o expresan un mero verbalismo radical van cayendo por su propio peso. El bloque tradicional de poder se encontró, entre tanto, con que ahora gobernará una nueva coalición de izquierda por voluntad ciudadana que incluye al PC, su gran, mítico e inútil fantasma. Desde luego esta coalición está mucho mejor dotada de capacidades de canalización de la demanda social y tiene mejores posibilidades de construir poco a poco una nueva gobernanza que deje atrás el muy mal gobierno reciente.

Un poco de lucidez debiera llevar a la derecha a una conducta más racional, como la que se expresó en el reciente acuerdo para administrar el Senado. Lo propio debiera hacer el gran empresariado. Es cierto que ese sector deberá pagar más impuestos, dado que el 1% concentra cerca del 30% de los ingresos, más que en casi cualquier otra parte del mundo (ver https://wid.world/es/country/es-chile/), y que los que explotan recursos mineros, pesqueros y forestales no pagan al país las regalías que debieran, y eso no puede seguir ocurriendo. Y deberán someterse a más reglas de equidad social, control de abusos y preservación ecológica, además de acostumbrarse a servicios públicos más fuertes, es decir a un Estado de bienestar que existe con variantes en muchas partes como un valor en sí mismo y para proveer estabilidad democrática y social. Y el conjunto del sistema económico interno deberá asumir, también, que el cambio climático es una amenaza global que debe enfrentarse sin dilación, iniciando una drástica transición energética.

El bloque tradicional de poder está en su derecho democrático de oponerse a todo lo anterior. Por razones de salubridad pública no debiera presentarlo, sin embargo, como un apocalipsis o profiriendo insultos. Se trata de cambios propuestos a la sociedad por una coalición que requerirá construir el voto mayoritario de aprobación de la Constitución de 2022 y luego deberá obtener el apoyo periódico del parlamento en el marco de un Estado de derecho. La reglas democráticas, en vez de cualquier tipo de Plan B, deberán ser el único espacio de acción política legítima.

Ojalá la nueva generación de derecha sea más republicana que sus antecesoras y que la neoderecha autodenominada amarilla no siga tergiversando a las izquierdas y al movimiento social de manera tan destemplada. Al país le irá mejor sin polarización, aunque siempre valorando el debate contradictorio, por rudo que sea, pero llamado a ser democráticamente zanjado. Y también le irá mejor a la derecha, que tiene un espacio en la sociedad, incluyendo el de postular periódicamente a ser gobierno, pero que ojalá no sea usado para descalificar e infundir miedo (por el momento busca terminar de comprar los medios de comunicación que no se les subordinan del todo) y tampoco, como ha ocurrido desde el fin de la dictadura de la que formaron parte, intentar una y otra vez imponer normas tramposas de subordinación de la ciudadanía a sus intereses.

¿Será posible mantener un mínimo de conducta cívica, buena educación y honestidad intelectual -que incluye como requisito llamar las cosas por su nombre- en el espacio público y en el debate sobre los cambios que vienen? La experiencia pasada y presente no empuja al optimismo. Pero es un esfuerzo indispensable en el que cabe persistir para mejorar la convivencia democrática.

Cambio de folio

En La Mirada Semanal

El 11 de marzo se inaugura un nuevo gobierno que expresará un completo recambio político en el país. No solo la derecha dejará de ser gobierno, sino que una nueva generación, la emergida de las luchas estudiantiles de 2011, y una nueva coalición de centro-izquierda, que poco tiene que ver con la Concertación y la Nueva Mayoría, se harán cargo de la administración del país en medio de un cambio constitucional de amplias proporciones. 

El gobierno que termina tuvo un mal récord institucional, económico y también en el abordaje de la pandemia. En materia institucional, prolongando la ceguera de la derecha desde 1990, se negó a realizar los cambios constitucionales pendientes desde la transición. La presidenta Bachelet los dejó presentados en la semana previa a terminar su segundo gobierno con un corte más bien moderado. Hoy muchos en la derecha echan de menos ese formato. El resultado del inmovilismo político fue la rebelión de 2019 y el obligado pacto de cambio constitucional que al saliente presidente se le escapó de las manos, al no lograr la derecha en la elección de convencionales constituyentes el tercio de veto que había logrado imponer en el acuerdo del 15 de noviembre. Entre tanto, Piñera declaró la guerra contra un “enemigo poderoso”, cuya inexistencia señaló el propio general a cargo de manejar el estado de excepción, con una represión que violentó y mutiló a cientos de personas y terminó en la muerte de decenas de ellas, sin lograr evitar en nombre del orden las múltiples destrucciones y saqueos. El enfoque represivo frente al conflicto de la Araucanía no hizo más que agravarlo. Piñera intentó incluso, con la complicidad terminal de una parte de la ex concertación, militarizar constitucionalmente el orden público, lo que hubiera implicado un histórico retroceso de la democracia chilena.

Por su parte, la gestión económica de Piñera II partió con el diagnóstico según el cual el país necesitaba reformas liberales para crecer más e insistió, sin éxito por no tener mayoría parlamentaria, en un plan de disminución de impuestos a los empresarios y de desregulaciones laborales y ambientales. Luego navegó a la deriva al desatarse la protesta social, largamente contenida. Esta fue el resultado del hastío hasta la ruptura ante la falta de oportunidades, una protección social insuficiente, los abusos empresariales y el sobre-endeudamiento generalizado. Más tarde, la gestión de la pandemia dejó mucho que desear, aunque era de suyo bastante difícil. Las necesarias transferencias masivas a los hogares y pymes fueron tardías y de baja escala inicial, con la consecuencia de perder el control de factores claves de la política económica, que pasó a manos del parlamento con los tres retiros de fondos de AFP. Esta inacción política impidió al gobierno conducir un proceso racional de uso de esos ahorros, así como de los del seguro de desempleo, precipitando una fuerte recesión, la mayor desde 1983. 

Más tarde, bastante avanzado el año 2021 y ante sus sucesivos fracasos electorales, Piñera provocó el mayor aumento de gasto público que conozca la historia de Chile, llevándolo a más de 30% del PIB, para luego generar un ajuste brutal en 2022. Se recuperó la producción e incluso creció en 2021 sobre el nivel previo a la crisis, pero el empleo quedó atrás: aún falta crear 400 mil puestos de trabajo para alcanzar el nivel prepandemia. 

El zigzagueo  de cierres y aperturas de actividad para enfrentar la pandemia se realizó buscando nuevas normalidades a destiempo en la producción y la educación, aunque se acompañó de un buen proceso de vacunaciones que descansó en la desdeñada salud primaria y de una adecuada gestión unificada de la respuesta hospitalaria, con corruptelas incluidas, despido temprano del personal adicional y sin lograr comprar las vacunas de mayor calidad (como si lo hizo Israel, por ejemplo), aunque las adquiridas cumplieron con su cometido. El resultado final es que, de acuerdo a los datos disponibles recopilados por la OCDE (Healh at a Glance), Chile ocupa uno de los peores lugares del ranking en términos de exceso de mortalidad desde la llegada del Covid-19, en relación al promedio registrado en los últimos cinco años y los decesos que se proyectaban, en circunstancias normales, para el período. Los fallecimientos se incrementaron un 25%, ubicando a Chile como el tercer país con mayor exceso de mortalidad asociada a la pandemia en la OCDE. 

El cambio de folio, signado por el fuerte fracaso del segundo gobierno de la derecha desde 1990, incluye un cambio sustancial en el espacio del centro y la izquierda. La idea de un centro político predominante apoyado por una izquierda supuestamente socialdemócrata pero en realidad integrada al orden existente (el eje "transversal" DC-PS al estilo de Foxley-Walker y Escalona-Insulza), como hemos criticado abiertamente desde 2005, ha llegado a su fin. Este diseño no es el mismo que el que supone realizar acuerdos entre el centro y la izquierda en determinadas etapas, lo que muchos pensamos han sido y pueden seguir siendo necesarios y constructivos para fines específicos en el pasado y en el futuro. Pero no para construir un dique conservador que impida los cambios en la sociedad, como terminó siendo. La creación de nuevas fuerzas políticas emergentes en la izquierda, y su fragmentación, resultó inevitable.

Desde el 11 de marzo gobernará otra coalición, como algunos venimos postulando desde hace un buen tiempo: la de Apruebo Dignidad (Frente Amplio más Chile Digno, conformado por el PC, regionalistas-verdes y otras izquierdas) y el grupo de partidos PS-PPD-PR, la que se consolidó en la primaria Boric-Jadue y en la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Entretanto, terminó su ciclo la ex-Concertación, consagrando un rebaraje de cartas entre el mundo del centro y el de las diversas izquierdas. No obstante, ambos espacios eligieron 37 diputados cada uno, mientras en el Senado la presencia DC, PS y PPD sigue siendo predominante. Por ello, el nuevo presidente Boric ha procurado conformar una alianza estable de gobierno entre Apruebo Dignidad, con el grupo de 2011 a la cabeza, y la izquierda llamada socialdemócrata. Deberá, además, lograr acuerdos con la DC, el PH y el Partido Verde, dadas las realidades parlamentarias, junto a conseguir al menos un voto de oposición en el Senado para hacer avanzar sus iniciativas legales.

El nuevo parlamento habrá de debatir sobre las transformaciones que han estado en debate en la esfera pública, tales como: 1) una reforma tributaria progresiva y suficiente y una fuerte política de desconcentración de mercados; 2) una regalía minera basada en las ventas, eventualmente corregida por la productividad de los yacimientos, con una tasa que aumente significativamente según suba el precio del cobre, cuyo destino sea financiar el desarrollo científico y tecnológico y la diversificación productiva sostenible, incluyendo la expansión de CODELCO y la creación de una Empresa Nacional del Litio; 3) una reforma de pensiones sin AFP que introduzca un sistema mixto con reparto intergeneracional, solidaridad de género y acumulación de fondos colectivos con pensiones acordes con los aportes individuales, junto a una pensión universal básica que se acerque al 75% del salario mínimo; 4) un aumento del salario mínimo hasta alcanzar 500 mil pesos y un cambio en la negociación colectiva para que se realice por rama con titularidad sindical, junto a un fortalecimiento legal de la igualdad salarial entre géneros;  5) el mejoramiento del acceso universal a la salud, con extensión prioritaria de la salud primaria; 6) el fortalecimiento de la educación pública y de la calidad formativa no sexista en todos los niveles; 7) la creación de un sistema nacional de cuidados y de un subsidio familiar extendido, junto a un cambio drástico en la política hacia la infancia en dificultades que aumente el umbral de respecto a sus derechos y su integración social; 8) un fortalecimiento de las competencias descentralizadas para la gestión de los servicios urbanos, un fuerte impulso a la vivienda social y el urbanismo integrador y una expansión de las infraestructuras sociales y productivas; 9) la reforma de las policías para fortalecer la seguridad ciudadana, trabajar día a día contra la violencia de género y garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, con una persecución más eficiente del crimen organizado, del tráfico de personas y de la delincuencia cotidiana en los territorios; 10) la despenalización de la producción controlada del cannabis y poner término a la persecución del consumo, junto a políticas de contención y tratamiento de las adicciones, entre otros temas considerados en el programa de segunda vuelta de Gabriel Boric.  

Probablemente la nueva coalición perderá votaciones parlamentarias y tendrá que construir compromisos más allá de sus filas, pero está llamada a defender su programa ante la sociedad para avanzar en la relegitimación de la democracia en el país, que es tal vez el desafío central del nuevo gobierno y debiera concitar el apoyo de todo el sistema político e institucional. 

En el corto plazo, seguramente el gobierno abrirá un amplio proceso de diálogo en la Araucanía, fortalecerá la contención de la inmigración ilegal en el Norte y comprometerá su apoyo al trabajo de la Convención Constitucional para crear las mejores condiciones de un plebiscito de salida exitoso hacia septiembre. Deberá también sortear el peligro de provocar otra recesión evitable (como las de 1999 y 2009) dada una política monetaria restrictiva en un contexto de un nuevo choque de precios externos a raíz de la invasión rusa a Ucrania, la que no se puede controlar subiendo la tasa de interés. Este choque será, con una alta probabilidad, de gran magnitud y afectará directamente a los combustibles y los cereales, es decir el poder de compra de la mayoría. Al mismo tiempo, habrá que enmendar el choque fiscal dejado maquiavélicamente por el gobierno de Piñera, que prevé una caída de 23% del gasto público en 2022, con evidentes consecuencias recesivas. De no cambiar rumbos, nos encaminaremos a un horizonte de simultánea caída de la producción y el empleo con una fuerte inflación importada. Será la pesada herencia económica para el gobierno que se inicia. Los distintos desafíos deberán abordarse, como se observa, desde el día uno con un gran optimismo de la voluntad y el debido pesimismo de la inteligencia.

Nuevas turbulencias

En La Mirada Semanal

La invasión rusa se agrega a las turbulencias de las cadenas de suministros globales en los últimos dos años, que impacta en una persistente inflación a escala mundial, y  a la recesión interna en ciernes.

La invasión de la Rusia de Putin a Ucrania y las medidas de retaliación económica de Europa y Estados Unidos agregan más incertidumbres a la economía mundial, con un impacto de corto plazo traducido en precios más altos de la energía, las materias primas y los cereales, además de perturbaciones financieras y logísticas. Es temprano para saber cuánto se rebajarán las previsiones de crecimiento global, pero el conflicto en curso alterará el mercado de hidrocarburos y de cereales por un buen tiempo, en un contexto, no obstante, en que el PIB de Rusia es solo algo superior al de España, es equivalente al de Brasil y representa el 39% del de Alemania y el 10% del de China, según los datos del FMI para 2021. 

El problema es que la invasión rusa se agrega a las turbulencias de las cadenas de suministros globales en los últimos dos años, que impacta en una persistente inflación a escala mundial, incluyendo la duplicación del precio de los combustibles y una escasez de semiconductores. Esta inflación se origina primordialmente en rupturas de abastecimientos y cuellos de botella en la producción y la logística de transporte y almacenamiento de bienes durante la pandemia, junto a cambios en los patrones de demanda (de servicios a bienes) en los países de altos ingresos. Toma 16 meses expandir una planta de fabricación de semiconductores y 36 meses construir una nueva. El trasfondo es la desregulación progresiva de las cadenas logísticas en las grandes economías occidentales y el privilegio sistémico de las utilidades empresariales por sobre cualquier otra consideración, junto a la equivocada idea que la respuesta de la oferta se garantiza siempre con ese privilegio en caso de desequilibrios de suministro en las cadenas globalizadas y cambios en la demanda. Entre tanto, las utilidades de las empresas de transporte, logística y distribución en gran escala han aumentado sustancialmente y empujado la inflación en cadenas altamente concentradas en pocos oligopolios que proveen la mayor parte de la oferta.

En palabras de Larry Summers, “en general el pensamiento económico ha privilegiado la eficiencia sobre la resiliencia, y ha estado preocupada de modo insuficiente de los grandes inconvenientes de la eficiencia. Para salir adelante vamos a necesitar más énfasis en ‘just in case’ (por si acaso), incluso con algunos costos en términos de ‘just in time’ (justo a tiempo)”, en referencia a la lógica de gestión empresarial que ha procurado en las últimas décadas minimizar las holguras, las reservas y las existencias en los procesos de producción y distribución, que son precisamente las que permiten hacer frente a contingencias inesperadas. 

Por eso la política chilena de constituir reservas fiscales desde inicios de los años dos mil fue correcta para enfrentar los ciclos, aunque haya sido mal manejada a destiempo por el gobierno que termina, y debe ser recompuesta una vez superada la emergencia. Pero debe acompañarse de una más activa política de diversificación de al menos una parte de la oferta de suministros esenciales y de una revisión de las condiciones de entrega de los servicios básicos y sus tarifas públicas abultadas, junto a una firme política de competencia que ataque la fijación monopólica de precios, como la que se acaba de evidenciar en el caso del gas licuado. 

En el corto plazo, siguiendo a Barry Eichengreen, “los bancos centrales han estado observando atentamente si la inflación general, que pesa mucho sobre estos componentes (volátiles), comienza a desanclar la inflación subyacente, que los excluye, o las expectativas. Todavía no hay indicios de esto último, ni en las lecturas de inflación, donde la subyacente europea sigue siendo moderada, ni en las encuestas de consumidores. Pero con el conflicto entre Ucrania y Rusia acaparando los titulares, existe el peligro de que el ancla comience a arrastrarse”. No se observa una tendencia general de refugio en el dólar, mientras los países productores de materias primas se verán beneficiados por los altos precios. Para Chile, los términos del intercambio dependerán de la relación de precios cobre-petróleo, con los aumentos del uno probablemente anulando los del otro, lo que pone en perspectiva aún más estratégica la sustitución de la importación de hidrocarburos por energías renovables.

El panorama externo agrava una perspectiva interna con nubarrones. Existe un efecto recesivo en la economía por la combinación de un ajuste fiscal de una gran brusquedad (-23% de caída programada del gasto público para 2022) y una seguidilla de aumentos de la tasa de interés de referencia desde julio de 2021 por el Banco Central (llevándola desde el 0,5% al 5,5% actual, nivel inexplicablemente muy superior al de la FED norteamericana y el BCE europeo y que la nueva e híper-ortodoxa presidenta quiere subir aún más), a lo que se agregaron en su momento devaluaciones del peso que contribuyeron a aumentar la inflación (con una cima mensual de 849 pesos por dólar en diciembre 2021, a comparar con 735 pesos un año antes y en torno a los 800 pesos al iniciarse marzo) y a disminuir los salarios reales. Estos cayeron en el último trimestre de 2021, contribuyendo a una dinámica recesiva. 

Luego de un fuerte impulso entre mayo y octubre de 2021, que llevó a la economía a crecer un impresionante 12% en el año, esta se desaceleró progresivamente. El Índice Mensual de Actividad Económica desestacionalizado, que es el indicador relevante para seguir la coyuntura, cayó por segundo mes consecutivo en enero de 2022, en este caso en -1,0% luego de la caída de -0,4% registrada en diciembre de 2021. La caída del comercio en -3,2% indica que el motor de expansión constituido por la demanda de consumo de los hogares está en retroceso, pues los efectos de los amplios retiros de fondos de las AFP, por un monto total hasta ahora de 50,3 mil millones de US$, son básicamente por una vez, como hemos subrayado una y otra vez, por elevados que hayan sido y aunque una parte permanezca ahora bajo formas de ahorro más líquidas que pudieran ir a consumo. 

Es de esperar que no entremos en una etapa de simultánea recesión e inflación. Esto puede ocurrir si no se reacciona en materia monetaria y fiscal y se mantiene una alta inflación externa, sobre la que no tenemos control y no será demasiado sensible a las altas tasas de interés internas, salvo un efecto incierto sobre el tipo de cambio peso/dólar (una revaluación persistente del peso ayudaría a bajar la inflación), hoy muy influido por las turbulencias de la coyuntura. 

Mientras, en el trimestre noviembre-enero de 2021/2022, en cifras despejadas de la estacionalidad propia del empleo, se crearon apenas unas 6 mil nuevas plazas respecto al trimestre octubre-diciembre de 2021. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (este coeficiente suma a los que no encuentran trabajo y a los que están dispuestos a trabajar pero no buscan activamente un empleo) alcanzó, según el INE, la aún muy alta cifra de 15,4%, muy lejos del pleno empleo. A las personas desocupadas, que alcanzaron en el trimestre noviembre-enero el número de 683 mil, cabe sumarles otras 859 mil personas desalentadas pero dispuestas a trabajar. Se trata de un total de más de 1,5 millones de personas sin empleo, más otras 434 mil con empleo de jornada parcial involuntaria. Se registra, además, un 28% de ocupados en condición de informalidad y unos 376 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian. Esta es la magnitud del problema de empleo que enfrentará el próximo gobierno, con sus consecuencias siempre dramáticas sobre la pobreza y la exclusión.

Se duplican las grandes fortunas y caen los ingresos del resto

En La Mirada Semanal

La ONG británica Oxfam ha publicado un informe (https://oxfamilibrary.openrepository.com/…/bp…) que indica que la fortuna de los diez hombres más ricos del mundo se duplicó desde el comienzo de la pandemia (marzo de 2020 a noviembre de 2021), mientras los ingresos del 99% de la humanidad se han reducido. Esto se debe en buena parte a que “los bancos centrales inyectaron miles de millones de dólares en los mercados financieros para salvar la economía, muchos de los cuales acabaron en los bolsillos de los multimillonarios“. Se trata de Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnaud (LVMH), Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google), Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Steve Ballmer (ex Microsoft) y Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Se observa el predominio de los dueños de las grandes empresas tecnológicas que monopolizan datos, inteligencia artificial y robots y emplean a millones de asalariados que los hacen funcionar repartidos por el mundo y venden sus productos y servicios globalmente.

El problema es que este nivel de concentración económica no es inocuo y, por el contrario, tiene graves consecuencias: “el aumento de las desigualdades económicas, de género y raciales y las desigualdades entre los países destruyen nuestro mundo”, indica la ONG en su informe titulado “Las desigualdades matan”. Según Oxfam, la desigualdad contribuye a la muerte de “al menos 21.000 personas al día” debido a los decesos mundiales por falta de acceso a la atención sanitaria, la violencia de género, el hambre y la crisis climática. Las emisiones individuales promedio de los 20 mayores milmillonarios superan en 8 mil veces las de cualquiera de los mil millones de personas más pobres en el mundo. ¿Una solución parcial para Oxfam?: “un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos procedentes de la pandemia de los diez hombres más ricos permitiría producir suficientes vacunas para el mundo, proporcionar una protección social y médica universal, financiar la adaptación al clima y reducir la violencia de género en 80 países”. Estos se quedarían todavía con “8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia”.

Como se observa, estamos lejos de las fatuidades de quienes señalan que en el mundo actual estaría superada la diferencia entre la izquierda (que defiende los derechos de los que viven de su trabajo, de las mujeres, de las minorías y de la naturaleza) y la derecha (que defiende con fiereza el sistema de acumulación ilimitada de capital privado que alimenta el crecimiento desigual, las discriminaciones y la depredación). El tema central en juego es que el aumento de la riqueza global -que ha crecido, según el Banco Mundial, en 44% entre 1995 y 2018- por el progreso técnico y el esfuerzo humano basado en el conocimiento permitiría hoy, y desde luego en Chile si se realizan las reformas necesarias, que al menos cada persona -empezando por niñas y niños y por las personas mayores- reciba ingresos y servicios básicos que le permitan desarrollar una vida digna, junto a una mayor retribución del trabajo a la altura de los aportes realizados a la prosperidad común.

La evolución reciente del mundo no puede menos que alimentar la aspiración colectiva a que la sociedad se organice de acuerdo al principio de la igualdad efectiva de derechos, obligaciones y oportunidades para alcanzar una vida en común equitativa y sostenible, y al mismo tiempo libre de dominaciones burocráticas. La aspiración igualitaria y libertaria (no hay libertad sin medios para ejercerla, afirmación que es la base de la distancia entre las ideas socialistas y las neoliberales) requiere defender la idea de una sociedad basada en el trabajo eficaz, la solidaridad y el respeto por la diversidad que construye una prosperidad democrática y sostenible. Esta supone poner a su servicio los aumentos de productividad -derivados del progreso técnico y de instituciones apropiadas- mediante el gobierno social y ecológico de los mercados, la diversificación de la economía y retribuciones acordes con las competencias y el esfuerzo realizado, junto a redistribuciones justas que permitan el acceso a ingresos básicos universales. Estas son posibles de  financiar por un sistema tributario progresivo que contribuya al fin de la concentración extrema de riqueza heredada y de la apropiación indebida de rentas colectivas (especialmente las provenientes de los recursos naturales), empezando por redistribuir parte de los ingresos y la riqueza para al menos evitar la pobreza extrema, asegurar una educación universal de calidad y cubrir los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez precaria de los sectores de ingresos bajos y medios.

En el caso de Chile, el trasfondo estructural a superar es el hecho que el 10% de más altos ingresos concentra nada menos que un 59% del ingreso total, mientras el 50% de menos ingresos (la mitad de la población) obtiene solo el 10% de ese total, según el World Inequality Report de 2022 (ver https://wir2022.wid.world/). Esta realidad se replica en otras partes, pero no con la misma intensidad (con la excepción de países como Sudáfrica y Brasil). En Estados Unidos, las cifras son de 46% y 13%, en China de 42% y 14%, en Alemania de 37% y 19%, en España de 35% y 21%, en Francia de 32% y 23% y en Suecia de 31% y 24%, respectivamente. Así, en este país nórdico el 10% más rico concentra anualmente la mitad de los ingresos que en Chile, mientras el 50% menos rico recibe una proporción de los ingresos totales que es 2,5 veces mayor que en Chile. Esa es la diferencia distributiva concreta entre un modelo socialdemócrata y uno neoliberal, lo que depende de la voluntad colectiva de la sociedad y no de alguna inexistente condición natural inevitable o de un falso “precio a pagar” por un mayor crecimiento. Está más que demostrado que una mayor igualdad distributiva contribuye al crecimiento, y no a la inversa (ver https://www.researchgate.net/publication/264052444_Redistribucion_desigualdad_y_crecimiento).

Esta situación de inequidad profunda es la que explica la rebelión social de 2019 y las votaciones de 2020 y 2021, que han iniciado el desplazamiento de los defensores del orden existente (esperemos que lo suficiente, pues habrá bloqueos de todo tipo), lo que tendrá un hito sustancial con la nueva constitución en este año 2022.

Salida de crisis: perspectivas de la producción y el empleo

En La Mirada Semanal

La producción ha crecido mucho más que la ocupación y el subsidio a la creación de empleos no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio indirecto al empleador. Existen elementos para diagnosticar que la “caldera social” sigue activa.

En enero-noviembre de 2021 (últimos datos disponibles del Banco Central), la economía creció a un ritmo anual de 12,1%, recuperando con creces la pérdida de actividad de 2020 (-5,8%). La producción de bienes y servicios está en el nivel más alto hasta ahora registrado, pues el Índice Mensual de Actividad Económica se situó en noviembre de 2021 en un nivel que es un 9,2% superior al de noviembre de 2019 y un 8,0% superior al de enero de 2020, cuando ya habían pasado parte de los efectos de la rebelión social. Este dinamismo se explica por el gran aumento de la demanda de consumo de las familias por los retiros de ahorros previsionales y los subsidios de ingresos a las familias de mayor magnitud y extensión entre junio y noviembre. Este proceso fue acompañado de una reactivación de la inversión, incluyendo un importante flujo de inversión extranjera.

No obstante, la economía creció en noviembre -despejando los factores estacionales- en un 0,3% respecto al mes anterior. Se trata de una buena cifra -un ritmo anual de más de 3%- pero que es bastante menor que la de los meses previos. El efecto del aumento de las tasas de interés y de la caída de los salarios reales ya se está manifestando, como lo hará en los meses próximos el fin del IFE, que impactará el consumo de las familias más modestas. Es fundamental no bajar de ese ritmo de aumento del PIB para recuperar el empleo previo a la crisis de 2020 y generar las holguras (junto a la reforma tributaria) que sostengan la tarea transformadora de la próxima etapa gubernamental: garantizar más derechos sociales e iniciar una diversificación productiva sostenible. Atenuar la dinámica de expansión de 2021 es necesario para abatir gradualmente el 7% de inflación de 2021, pero sin llegar a quebrarla y menos provocando una recesión, que es lo único que saben hacer los economistas ortodoxos. Cabe tener muy presente que la inflación se ha acelerado en parte por los mencionados impulsos de demanda, pero también por el encarecimiento de las importaciones derivado de la devaluación del peso, la duplicación del precio del petróleo y el aumento del costo del transporte internacional, en medio de cuellos de botella que estrangulan la oferta en las cadenas nacionales e internacionales de abastecimiento de productos. Muchos de estos factores no se prolongarán en el tiempo.

El desempleo seguirá siendo un problema central, pues está aún lejos de recuperarse el nivel de ocupación previo a la crisis. Se registraron en noviembre de 2021 (últimos datos del INE disponibles) unos 487,0 mil empleos menos que en noviembre de 2019 y unos 557,3 mil empleos menos que en el trimestre terminado en enero de 2020, el nivel de ocupación más alto hasta ahora. De los dos millones de empleos perdidos en la crisis, se ha recuperado alrededor de un millón y medio.

El subsidio a la creación de empleo no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio al empleador, que hubiera contratado personas de todas maneras, dadas las expectativas de mejoramiento de las ventas (se creó un “efecto regalo“). Cabe precisar que el empleo asalariado es ya más alto que antes de la crisis, por lo que el rezagado es el empleo informal y por cuenta propia que depende crucialmente de la dinámica de la demanda interna.

Además, están en juego tendencias estructurales en materia de empleo. Entre 2010 y 2021, el PIB se ha duplicado (Banco Central), mientras el empleo ha crecido en cerca de un 20% (INE). La “elasticidad producto-empleo”, o intensidad en empleo del crecimiento, ha sido inferior a la de décadas previas. Esa tendencia se mantiene en la salida de crisis y, si todo sigue igual, tomará todavía bastante tiempo recuperar el empleo y la participación en la fuerza de trabajo previos a la crisis. La tasa de ocupación (empleo como proporción de la población en edad de trabajar) bajó de 58,4% a 53,6% en dos años y la de mujeres bajó de 48,4% a 43,7%. Por su parte, la tasa de ocupación informal es en el trimestre terminado en noviembre de 2021 de 28,1% (con un incremento de 1,5% en un año), mientras la tasa combinada de desocupación y de inactivos dispuestos a trabajar es todavía de 15,7%. Esta es una cifra muy lejana al pleno empleo, que debiera ser una meta central de la política económica de la que ni siquiera se escucha hablar.

Existen elementos para diagnosticar que la “caldera social” sigue activa. No olvidemos que, según el World Inequality Report de 2022, el año pasado el 10% de más altos ingresos sigue concentrando cerca de un 60% del ingreso total y gana en promedio 30 veces más que el 50% de menos ingresos, que obtiene solo el 10% del ingreso total. Por su parte, el mencionado rezago en la recuperación de puestos de trabajo implica que la integración social a través del empleo está siendo todavía más débil que antes en Chile y amplía la fractura social. La no integración de los NiNi (jóvenes que no trabajan ni estudian, unos 345 mil según el INE), de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, de los trabajadores menos calificados y/o de mayor edad, de los inmigrantes precarios, que estuvo en la base de la rebelión social de 2019, es un problema estructural de la sociedad chilena cuya reversión va a requerir de políticas correctivas mucho más enérgicas.

Dada la polarización de los ingresos y la incapacidad del crecimiento productivo tradicional -incluso a tasas aceleradas- para crear suficientes empleos, un esfuerzo tributario y de gasto público redistributivo relativamente moderado es indispensable para avanzar sustancialmente en la disminución de la pobreza y de la exclusión social en Chile, junto a la diversificación productiva de más largo plazo, mediante nuevos programas de ingresos familiares y de cuidados a las personas, de acceso a la vivienda social y de mejoramiento de espacios urbanos y ecosistemas en todo el país, en estrecha alianza con los gobiernos territoriales.

El futuro del litio y del cobre

En La Mirada Semanal

La diferencia entre los costos de extracción y elaboración de minerales, incluyendo una utilidad normal, y el precio de mercado constituye la llamada renta minera, la que debiera beneficiar íntegramente a todos los chilenos y chilenas, que son sus dueños.

Cabe indicar que por razones estratégicas la dictadura sacó la extracción de litio del régimen de concesiones permanentes a privados, contrariamente al cobre, donde disponía de CODELCO para asegurar divisas. Por ello existe para el litio un esquema de contratos temporales de extracción que es, en todo caso, mucho más coherente con la norma constitucional que establece la propiedad pública del subsuelo. El tema es, desde el punto de vista del interés público, deliberar sobre la pertinencia de hacer esos contratos de explotación en cada caso y sobre sus contenidos de ser necesario un aporte de capital privado con utilidades razonables.

El gobierno de Piñera llamó en octubre a una licitación para aumentar la extracción de litio en el Salar de Atacama, cuya evaluación ambiental no existe y sin contraparte alguna en materia de aumento del encadenamiento productivo nacional con mayor valor agregado. Pretende dejar amarrado por los próximos 29 años el uso de 400 mil toneladas de este recurso que pertenece a todos los chilenos. Según la publicación del Diario Oficial, cada licitante podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos cuotas, por un total de 160.000 toneladas. Como referencia, SQM está trabajando en un proyecto para llegar a producir 120.000 toneladas anuales. Las reservas totales del país son de 9,2 millones de toneladas.  El ministro de Minería Jobet ha insistido en que los contratos implicarán para el fisco recaudar unos 200 millones de dólares en lo inmediato (muy poco para la escala de ingresos de la extracción de este material) y unos 1.000 millones en régimen, en varias décadas más, al precio actual.

Así, un gobierno que termina pretende en los últimos días de su gestión amarrar estos contratos del siguiente modo: habría un plazo de siete años para hacer la exploración geológica, estudios y desarrollo del proyecto, prorrogable por otros dos, y otros 20 años para la producción. Esto es simplemente inaceptable. Un mínimo de decoro debiera dejar la decisión de política del litio para las próximas tres décadas en manos del gobierno que eligieron los ciudadanos en diciembre, que incluye en su agenda la creación de una Empresa Nacional del Litio. Esta no podría disponer de los recursos licitados a última hora, los que debieran ser parte de su cartera de desarrollo de la extracción de este componente crucial de las baterías para la futura electromovilidad a escala mundial y para otras extensiones de la electrificación de procesos para combatir el cambio climático.

Pero no se debe dejar de lado el tema del cobre, cuya importancia para Chile y su futuro es crucial. El precio del cobre alcanzó en 2021 el valor anual promedio más alto desde 2011 (4,22 dólares la libra, a comparar con 2,80 en 2020), aunque la producción física chilena cayó por segundo año consecutivo (-2,2% este año). No obstante, según la Comisión para el Mercado Financiero, las 13 mineras privadas más grandes del país acumularon utilidades en 2021 por unos US$8.400 millones, cerca de 3% del PIB, una cifra gigantesca que es 3,7 veces superior a la de US$2.280 millones de 2020. Los tributos, en cambio, crecieron de US$1.486 millones el año pasado a US$3.781 millones en el actual ejercicio, una cifra solo 2,5 veces superior y que suma un 1,3% del PIB.

¿Por qué esa asimetría? Muy simple: el Impuesto Específico a la Minería, el Impuesto de Primera Categoría y el Impuesto Adicional, los tributos que se pagan sobre las utilidades de la gran minería privada, no capturan para el país sino una parte de las utilidades sobre normales que derivan de un alto precio del cobre, gracias al persistente poder de la minería privada y sus aliados. Estas utilidades sobre normales se presentan en períodos de altos precios por exceso de demanda sobre la oferta, mientras los costos se mantienen sin variaciones mayores. La diferencia entre los costos, incluyendo una utilidad normal, y el precio constituye la llamada renta minera (cuyas bases conceptuales fueron establecidas por David Ricardo en 1818 y cuya existencia reconoce el enfoque económico neoclásico al uso), que debiera beneficiar a todos los chilenos y chilenas, dado que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación desde 1971. En cambio, nosotros los regalamos en una alta proporción a través de las llamadas concesiones permanentes a privados desde 1982, con un limitado impuesto especial introducido en 2005 después de múltiples batallas y de que el Congreso dominado por la derecha rechazara el establecimiento de una regalía minera.

La consecuencia es que, según la Dirección de Presupuestos, la recaudación de impuestos de la minería privada sumará en 2021 unos US$ 3.085 millones, con dos tercios de la producción, mientras los ingresos aportados por CODELCO sumarán unos US$ 3.896 millones, con solo un tercio de la producción. Por unidad producida, la minería privada paga en 2021 menos de la mitad en impuestos que el aporte de la minería estatal al fisco, incluso suponiendo todas las ineficiencias que se quiera -incluyendo las altísimas remuneraciones de sus altos ejecutivos- en el funcionamiento de la empresa estatal. Esto no tiene ningún sentido desde el ángulo que se le mire.

Nótese que la extracción, refinación y elaboración de cobre requiere de muchos capitales y es legítimo que éste sea remunerado cuando se autoriza la participación de privados. Lo que no es legítimo es que los actores privados se apropien de los aumentos de valor de un recurso natural escaso, que no se puede reproducir (aunque si reciclar con precios altos) y sin el cual no pueden desarrollar su actividad extractiva.

Ese es el Chile que debe cambiar. En el mediano plazo, Codelco debiera asegurar una mucha mayor proporción de la producción de cobre -ampliando sustancialmente su producción propia y adquiriendo parte de la producción privada- y en el corto plazo se debiera cobrar las utilidades sobre normales mediante una regalía minera sobre las ventas, descontando los diferenciales de productividad física de los yacimientos y la mayor elaboración en su proceso de producción. Esta regalía debiera partir en un 2% de las ventas y ser de monto creciente según el precio (hasta 70%, según propone el proyecto que pasó de la Cámara al Senado, aunque en mi opinión debiera alcanzar hasta el 100% a partir de un precio superior a 5 dólares la libra). De otro modo, el aumento del precio de un recurso escaso que pertenece a los chilenos será apropiado más allá de lo razonable por privados, llegando a utilidades sobre capital faraónicas y que no existen en ninguna otra actividad legal (el costo de producción difícilmente supera los dos dólares en las grandes faenas), todo sin realizar esfuerzo ni inversión adicional alguna para obtenerlas.

En suma, en materia de litio y cobre solo cabe insistir en que la renta minera debe ir en lo principal al dueño del recurso natural, no al contratista o concesionario privado que extrae ese recurso. Este debe recibir una utilidad razonable y no las utilidades ultra sobre normales que le están siendo regaladas por el Estado chileno, las que deben ser recuperadas y puestas al servicio de la diversificación productiva y tecnológica del país y de sus territorios, que mucha falta le hacen.

El programa y la agenda del nuevo gobierno

 En La Mirada Semanal

Es propio de los procesos políticos que luego de la elección de un nuevo presidente se prolongue el debate (y la disputa) sobre su agenda a partir de los compromisos de campaña. En Chile se agrega una fuerte presión mediática, dado el amplio control de los medios televisivos y escritos por grandes grupos económicos interesados en determinar esa agenda, especialmente en materia institucional, tributaria y laboral.

Hay quienes desde una respetabilidad académica incursionan en política para defender sus puntos de vista, lo que es legítimo. Pero algunos son bastante audaces, al declarar, por ejemplo, que “Boric habló de priorizar y eso significa que habrá proyectos importantes que no se van a poder realizar“. Priorizar es que unas cosas se realicen primero que otras, o con más intensidad y extensión que otras, lo que es de la esencia de la actividad de gobernar. Pero priorizar es una cosa, y eso lo hacen los presidentes y sus coaliciones con los datos de la realidad, y descartar es otra cosa bien diferente.

Se postula, además, que los no nombrados “proyectos importantes” deben quedar como tarea para un gobierno posterior.  El problema es que no tiene mucha lógica hablar de cosas que harán o no otros gobernantes en el futuro. Parece bastante obvio que todo compromiso democrático debe ser por el período gubernamental de que se trate y que lo demás es materia de la ignota evolución futura. De ella nadie se puede hacer cargo por anticipado, lo que no obsta que sea recomendable que las acciones de corto plazo se realicen considerando sus impactos positivos y negativos en el mediano y largo plazo.

El fondo del asunto parece ser otro: hay quienes, incluso algunos que votaron contra la ultraderecha por convicción democrática, tienen su propia agenda y se apoyan en la siempre existente restricción fiscal o la ausencia de aprobación del gran empresariado -a la que algunos tienen pánico escénico- para recomendar no hacer transformaciones significativas. Postulan que no se debe cambiar nada importante en la regulación de los mercados, en los sistemas de provisión de bienes públicos y en la creación de incentivos a la diversificación productiva. Creen (se trata de una suerte de fe metafísica) en las soluciones de mercado y privadas a los problemas públicos y se apoyan en una teoría también metafísica de los “incentivos-que-deben-estar-puestos-de-manera-correcta” que ignora los comportamientos reales de individuos, instituciones y colectivos y no prestan demasiada atención a los resultados. Y suelen ser indiferentes a la idea que las personas tienen derechos y que garantizarlos tiene costos que se deben asumir, con el debido financiamiento. Por eso Boric propone una reforma tributaria significativa, la que es tanto una expresión de prudencia fiscal (al buscar evitar consagrar gastos permanentes sin los respectivos ingresos permanentes), como de vocación por una mayor justicia en los aportes a las tareas comunes y por hacer efectivos los derechos nominales de las personas.

A quienes leer cosas que no vengan de la tradición neoclásica les provoca escozor, se les puede sugerir la lectura de “La Economía del Bien Común”, del premio Nobel Jean Tirole, que viene de esa tradición pero sin dogmatismos, en especial sobre los incentivos y los fines sociales de la economía:  “ya sea que seamos políticos, empresarios, asalariados, cesantes, trabajadores independientes, altos funcionarios, agricultores, investigadores, sea cual sea el lugar que ocupemos en la sociedad, todos reaccionamos a los incentivos a los que nos enfrentamos. Estos incentivos —materiales o sociales—, unidos a nuestras preferencias, definen nuestro comportamiento. Un comportamiento que puede ir en contra del interés colectivo. Esa es la razón por la que la búsqueda del bien común pasa en gran medida por la creación de instituciones cuyo objetivo sea conciliar en la medida de lo posible el interés individual y el interés general. En este sentido, la economía de mercado no es en absoluto una finalidad. Es, como mucho, un instrumento, y un instrumento muy imperfecto, si se tiene en cuenta la discrepancia que puede haber entre el interés privado de los individuos, los grupos sociales o las naciones y el interés general”.

Pero no falta la gente con certezas inconmovibles en contra de la modificación del Estado mínimo y mercado máximo que está en la agenda de promoción del bien común del próximo presidente. Suele sentirse llamada a esparcir la buena nueva del pensamiento correcto. Lo que cabe es admitir que en economía y en política hay distintos intereses y puntos de vista, por lo que la deliberación sobre las ventajas y desventajas y sobre los eventuales efectos no buscados pero adversos de cada propuesta en base a evidencias, debiera ser el signo distintivo de los debates, en vez de insistir en que la palabra final deben ser los dogmas controvertidos de la economía convencional.

Hay quienes sostienen, en particular, que los compromisos de Boric provocarán una parálisis de la inversión. Se refieren al eventual efecto sumado de un nuevo régimen previsional mixto, la negociación colectiva por rama, la jornada laboral de 40 horas, aumentar el salario mínimo, establecer una regalía minera y mayores impuestos a las ganancias de capital y a los altos patrimonios. Propugnan que ninguna de estas cosas se haga o a lo más se realicen modificaciones marginales.

Lo que en macroeconomía se denomina “función de inversión” es siempre objeto de controversias. Pero se puede sostener que la inversión pública depende de decisiones gubernamentales según las disponibilidades presupuestarias y que la inversión privada depende de la rentabilidad esperada de los proyectos en horizontes temporales dados (considerando costos, ingresos y una determinada tasa de descuento) y en previsiones razonadas de la demanda futura de los bienes y servicios adicionales a ofrecer porque les resulta beneficioso hacerlo.

Precisemos que el último dato sobre inversión (FBCF) indica un crecimiento anual en el tercer trimestre de 2021 de 29,8% y un crecimiento desestacionalizado respecto al trimestre previo de 12,0%. Los datos de inversión extranjera en 2021 son también muy dinámicos. Se comprenderá que los agentes económicos no son ingenuos y han hecho sus cálculos en materia de costos laborales y tratamiento tributario futuro incluyendo los cambios enunciados por el programa de Gabriel Boric. Seguramente han evaluado que en el entorno de Boric nadie está proponiendo ahogar la inversión, sino estimularla, incluyendo un fuerte programa de inversiones verdes y en infraestructura desde el sector público, en un contexto de captación pública de la renta sobrenormal (especialmente minera, para aprovechar para Chile y su futuro el ciclo alcista del cobre), de mayores equilibrios sociales y de estímulo de diversificaciones productivas sostenibles. La mayoría de esos actores entiende, aunque eventualmente no los comparta, que esos cambios son urgentes en la sociedad chilena y que no tienen por objeto establecer un régimen chavista o algo semejante. Y también entienden que los que no inviertan por razones políticas serán desplazados, en las condiciones del mundo de hoy, por otros actores.

Por otro lado, efectivamente hay quienes piensan que los problemas públicos deben tener soluciones públicas de acuerdo a mandatos democráticos periódicos, con transparencia e inclusión activa de la sociedad civil, además de los órganos del Estado, cuando sea pertinente (lo que es casi siempre el caso). Pero distinguiendo, no obstante, la inclusión de la mera promoción de intereses corporativos que chocan con el interés general. Esta es la lógica de un Estado social y democrático de derechos, que da lugar a una economía mixta, cuyos principios probablemente consagrará en lo principal la nueva Constitución (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/…/la-discusion…). Su fin es promover una prosperidad común y sostenible, lo que requiere salir de la preferencia por las soluciones privadas a los problemas públicos y sus AFP, Isapres, educación de mercado, ausencia de derechos laborales y una larga lista de instituciones y políticas económicas cuyo funcionamiento agobia por décadas a la mayoría social. Esta ha expresado en 2020 y 2021, en la calle y en las urnas, una voluntad de producir cambios y elegido autoridades para llevarlas a cabo. Su tarea debe ser respetada.