Una salida necesaria

En Voces La Tercera

Rodrigo Valdés justificó del siguiente modo su salida del gobierno: “las cifras económicas comienzan a mostrar un mayor dinamismo. Avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables, pero que creo que no logré que todos compartieran esta convicción”.

En primer lugar, evidentemente la convicción acerca de las “reglas claras y estables para el sector privado” tenía pocas posibilidades de extenderse a una coalición de centroizquierda que llegó al gobierno en base a la promesa de cambiar reglas constitucionales, tributarias y educacionales y después asumió la demanda social de cambiar el sistema de pensiones. Hay en esa afirmación de Valdés algo extraño: pertenece evidentemente al ideario de la derecha en Chile, que no quisiera que nada cambie del modelo económico ultraliberal que impuso por la fuerza de las armas a partir de 1973. Pretender convencer de sus bondades al otro lado del espectro político justificaba de por sí su salida del gabinete por “error de casting”, si es que alguna vez se justificó su entrada. Cumplir funciones ministeriales requiere por lo menos compartir los principios básicos, en este caso de tipo reformador, del gobierno para el que se trabaja en ese nivel de responsabilidades.

En segundo lugar, lo de la mejoría de las cifras económicas no tiene fundamento. El crecimiento del PIB había alcanzado un ritmo de 5,3% promedio anual en 2010-2013, luego de la recesión de 2009 y de las políticas reactivadoras que siguieron, con un amplio déficit fiscal (4% del PIB) financiado con las reservas previamente acumuladas. Este crecimiento disminuyó a 1,9% promedio en 2014-16. En 2015, cuando Rodrigo Valdés se hizo cargo de la conducción económica, el PIB aumentó en 2,3%, mientras en 2016 lo hizo en solo 1,6%. En el primer semestre de 2017, el PIB creció apenas un 0,5% respecto al mismo período del año anterior. De mal en peor.

Es cierto que la caída desde fines de 2011 de los términos del intercambio (que básicamente expresa en el caso chileno la relación de precios del cobre y el petróleo) ha sido un factor muy desfavorable, pero estos experimentaron un repunte desde el segundo semestre de 2016. Este repunte no ha compensado hasta ahora el círculo vicioso de bajo crecimiento de la actividad, la consiguiente menor creación de empleo, un bajo crecimiento de las remuneraciones reales, un menor consumo de los hogares –que es el principal componente de la demanda interna- no compensado por una mayor demanda externa y, como consecuencia, una todavía menor actividad económica y menor creación de empleo. De este desempeño Rodrigo Valdés no es inocente, sino que es su directo contribuyente, en especial al decidir de manera incomprensible hacer caer la inversión pública en 2016 y 2017 y no estimular las remuneraciones, lo que hubiera permitido una recuperación más rápida de la inversión y del consumo una vez revertido el impacto negativo de los términos de intercambio.

El récord de Rodrigo Valdés en materia de crecimiento fue, entonces, bastante pobre, por no decir lamentable, aunque su discurso haya tratado permanentemente de proyectar otra cosa. Cabe recordar que a principios de 2008 Rodrigo Valdés pronosticó, cuando trabajaba para una entidad financiera privada en Estados Unidos, que la economía mundial terminaría el año en buenos términos, en circunstancias que se vivió la peor crisis en 70 años. Los pronósticos económicos no parecen ser su fuerte. Tampoco la conducción de la política económica.

En realidad, Rodrigo Valdés ha sido apoyado y saludado por los sectores empresariales más conservadores y sus soportes políticos, tanto de fuera como de dentro de la actual coalición de gobierno, los que procuraron construirle una imagen de idoneidad y seriedad. Esto se explica por haberse opuesto tenazmente en su momento a reformas laborales que hubieran podido establecer un mayor equilibrio entre empleadores y asalariados en la negociación colectiva y haberse opuesto luego a toda reforma al sistema de AFP, llegando a defenderlo públicamente en la City de Londres contra la opinión del grueso de la opinión pública chilena que lo sufre en carne propia y la de su propia coalición de gobierno.

Pero Valdés rebasó todos los límites de la prudencia política al, finalmente, pretender deslegitimar el funcionamiento de la institucionalidad ambiental, una vez que ésta no aprobó un proyecto minero que venía favoreciendo desde el ministerio de Hacienda. Que una mayoría del consejo de ministros encargado de este tema considerara el proyecto como ambientalmente peligroso para la supervivencia de un ecosistema digno de ser preservado para las nuevas generaciones, no resultó tolerable para Valdés y sus convicciones a favor del crecimiento a cualquier precio. Valdés llegó a organizar una verdadera facción ultraliberal al interior del gobierno y pretendió quebrarle la mano a la presidenta Bachelet. Seamos claros: si la votación de 3-2 en contra del proyecto originado en el grupo Penta hubiera sido un empate, en el caso de que el ministro de Economía Céspedes se hubiera tomado la molestia de votar en el consejo de ministros, entonces la facción ultraliberal hubiera saludado el buen funcionamiento de la institucionalidad ambiental.

Salvo que se quiera poner en cuestión el régimen presidencial, el desafío a la presidenta organizado por Rodrigo Valdés no podía sino concluir de un solo modo: con su salida. Y en caso de un eventual giro parlamentarista del sistema político, Valdés hubiera debido ir a buscar un apoyo en el Congreso a sus políticas ultraliberales, el que difícilmente hubiera logrado en la mayor parte de la coalición de gobierno, aunque probablemente habría cosechado entusiastas apoyos en la derecha.

En definitiva, lo que terminó por entrar en crisis es una dinámica política en la que los ciudadanos votan por programas de cambio, luego ante la primera dificultad se nombra a ministros económicos ultraliberales a los cuales se da gran poder para impedir su realización, mientras se ha llegado al extremo de que algunos ministros políticos terminaran organizando el boicot a esos cambios desde el interior del gobierno, como ocurrió con la dupla Burgos-Valdés. Esta dupla llegó a organizar conferencias de prensa en La Moneda contradiciendo a la presidenta Bachelet en el tema del “realismo sin renuncia”.

Señalizar para un lado y doblar para el otro empezó a considerarse en Chile como una incongruencia “normal”, en todo caso muy útil para gestionar los intereses del gran empresariado con buena capacidad de control social. Si en algún momento devinieron en eso las coaliciones de gobierno que en su origen fueron acuerdos entre sectores de centro e izquierda con vocación democrática y reformista, semejante tipo de contradicción no podía perdurar en los tiempos actuales, en los que es de esperar que de una vez se clarifiquen las opciones políticas en presencia en la sociedad chilena para que las diriman periódicamente los ciudadanos. Y de ese modo los gobiernos puedan llevar adelante razonablemente sus programas sin el condicionamiento sistemático de las oligarquías económicas (recordemos que en Chile el 1% más rico concentra el 33% del ingreso según el Banco Mundial, la cifra más alta del mundo), en tanto dispongan de apoyo parlamentario y en la sociedad suficiente. Por si a alguien se le hubiera olvidado, los sistemas políticos en los que pasan este tipo de cosas suelen llamarse democracias.

¿El crecimiento a cualquier precio?

La economía chilena, que combina una esfera primario-exportadora que genera las divisas que permiten importar todo tipo de bienes y otra de producción de servicios que crea dos tercios del empleo, la mayor parte con bajas remuneraciones, entró, al terminar el ciclo de altos precios del cobre iniciado en 2004, en una fase de crecimiento lento. Este es del orden de 1-2% anual desde mediados de 2013. La inversión minera se desplomó y arrastró a la baja a la inversión en general, mientras las remuneraciones reales dejaron de crecer a tasas significativas. Además, la creación de empleo se hizo más lenta y el consumo de los hogares, la principal fuente de expansión de la demanda, se estancó. El gobierno decidió en 2016 y 2017 hacer caer la inversión pública, en uno de sus mayores errores de política económica, justo cuando más se necesitaba impulsarla para contrarrestrar el ciclo bajo de la inversión minera. Además decidió desatender la innovación y la diversificación futura estancando el presupuesto en investigación y desarrollo. Todo un clásico de los economistas ortodoxos, que tanto daño han provocado en tantas economías cuando el poder político los deja actuar, al punto que hasta el FMI ha ido cambiando sus enfoques procíclicos y reconocido la subestimación de los multiplicadores fiscales de las políticas ortodoxas (ver Olivier J. Blanchard y Daniel Leigh, Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers). 

No poner en práctica una más fuerte política fiscal contracíclica, y por tanto hacer aún más lento el crecimiento, es el precio que las actuales autoridades económicas decidieron pagar para intentar evitar deterioros en la condición crediticia del país. Desde luego no lo lograron, pues la caída adicional del crecimiento fue mayor de lo que estimaron, lo que desmejoró los coeficientes de la deuda respecto al PIB (aunque no cabe exagerar, porque la evaluación del riesgo país sigue siendo muy buena, en especial por la credibilidad acumulada de la política fiscal contracíclica llevada a cabo desde el año 2000). 

La evolución estructural de la economía chilena no es buena. Seguimos exportando un 60% de cobre, lo mismo que en 1970. La diversificación exportadora es mínima, no promovemos la producción de bienes con alguna sofisticación pues las utilidades obtenidas mediante rentas de los recursos naturales o mediante rentas monopólicas –incluyendo invertir en condicionar el sistema político- tienen una mucho mejor relación costo-beneficio para el gran empresariado que innovar buscando una mejor relación con sus trabajadores y con sus entornos ambientales  y menos intentar ser parte de las cadenas dinámicas de agregación de valor en el mundo, con pocas y valorables excepciones. La productividad en la minería ha caído, por la baja de las leyes del mineral (se necesita remover más tierra para obtener la misma cantidad de cobre fino), mientras en los servicios la productividad nunca podrá crecer mucho. Chile requiere repensar sus factores de crecimiento futuro.

La respuesta de los economistas ortodoxos -dentro y fuera del gobierno- es la de siempre: promover el crecimiento de la gran inversión privada a cualquier precio. Nada de límites ambientales, nada de capacidades efectivas de negociación salarial: cualquier cosa que no sea apoyar los beneficios futuros de grandes grupos económicos internos o externos es “no tener al crecimiento como prioridad”. Efectivamente, habemos quienes no tenemos el crecimiento a cualquier precio como prioridad, sino la búsqueda del mayor bienestar posible para las mayorías. La pregunta de ¿crecimiento para quién? no puede ya dejar de hacerse en Chile sin inmutarse –ni ruborizarse- cuando sabemos que las rentas económicas ilegítimas de la gran minería privada del cobre en Chile (GMP-10) fueron estimadas en USD 120 mil millones por Sturla, Accorsi, López y Figueroa (2016) para el periodo 2005-2014, un 45% del PIB de 2014. Si esas rentas hubieran quedado en manos de todos los chilenos, como hacen países como Noruega con los excedentes de su industria petrolera –en vez de ser repatriadas como utilidades de las empresas mineras internacionales- se hubiera podido llevar a cabo un sustancial plan de inversión pública, de diversificación productiva y de transición energética. 

Las autoridades ambientales que han impulsado el principio de preservación de un ecosistema marítimo único amenazado por la extracción minera, y que es un bien común que debe quedar a disposición de las nuevas generaciones, frente a un proyecto extractivo de oscura tramitación en el gobierno pasado, y que es un bien privado, son ahora objeto de una descalificación insólita por el sindicato de los economistas ortodoxos en el gobierno, encabezados por el ministro de Hacienda. La arrogancia de este club parece no tener límites ni pudor en el ejercicio de un poder que ya va terminando. Y no solo por el fin del actual gobierno, en el que han conseguido gran influencia al punto de esterilizar cualquier reforma significativa, sino porque el modelo de acumulación ilimitada ha terminado de fracasar en Chile pues no proveee ya su promesa principal: un crecimiento persistente del PIB.

¿Por qué no poner las prioridades donde deben estar? La primera prioridad es el bienestar y su maximización. El bienestar de los seres humanos no es la maximización del aumento del PIB por habitante, lo que se nos prometía ridículamente como “acceso al desarrollo” una vez que alcazaramos el nivel del de Portugal. El bienestar es otra cosa y depende de múltiples dimensiones, que incluyen la disposición de condiciones de libertad y seguridad y de no exposición a discriminaciones de género, étnicas, de pertenencia social o de orientación sexual, así como la inserción en la vida social en condiciones de igualdad justa de oportunidades y de capacidad de influir en las decisiones colectivas. El bienestar está también vinculado a dimensiones materiales como el ingreso personal y familiar  básico que permite el acceso al consumo de bienes y servicios para una existencia humana digna; la provisión continua de servicios ecosistémicos en interacción con la actividad humana y la provisión de bienes públicos y equipamientos para la vida integradora en los territorios y comunidades. 

En este contexto, Chile no puede ya seguir creciendo en base a la mera explotación de recursos naturales sin respetar a sus trabajadores, a sus comunidades y a sus ecosistemas, exponiéndose además sistemáticamente a ciclos económicos que desorganizan periodicamente la economía y la vida colectiva. Así de simple. Su nueva estrategia económica debe combinar crecimiento productivo, del empleo, de los ingresos laborales y un cambio de su matriz productiva y energética. El cambio de la matriz energética debe ser el gran dinamizador de la inversión, con el fin programado hacia 2050 de la generación eléctrica en base a combustibles fósiles y de su uso predominante en los sistemas de transporte, valorizando las energías renovables no convencionales en redes descentralizadas y distribuidas y en sistemas de transporte basados en la electro-movilidad y el transporte público, como ya lo hará Noruega en 2025, cuando entrará en vigencia la prohición de venta de automóviles a gasolina y diesel. Su uso no supone ya sobrecostos, o bien requiere subsidios “socialmente rentables”, que lo son desde luego mucho más que los subsidios a los combustibles fósiles de gran volumen persistentes en muchas situaciones y lugares en la producción y consumo de bienes y servicios.

Los programas de inversión verde deben ser el gran instrumento de una transformación social-ecológica como nueva estrategia de crecimiento, tanto en la reconfiguración urbano-territorial para permitir un crecimiento integrado de las ciudades como en la intensificación de los programas de redistribución de activos y de ingresos destinados a cerrar las brechas sociales. La apropiación social de las rentas monopólicas (incluyendo las de la banca) y de la renta que proviene de la extracción de recursos naturales (pero en condiciones social y ambientalmente pertinentes) debe contribuir a financiar las reconversiones y diversificaciones productivas que compensen la restricción de la inversión y actividad de los sectores tradicionales extractivistas, como el del proyecto Dominga. Una nueva estrategia de desarrollo equitativo debe utilizar con más intensidad mecanismos de impuestos y transferencias de carácter socialmente progresivo, orientarse a proveer mejores servicios públicos universales y coberturas sociales de riesgos en materia de enfermedad, vejez y desempleo, promover reglas de ordenamiento territorial y modificar los precios de mercado a través de impuestos verdes (a las emisiones de CO2 y al uso de combustibles fósiles y al uso del automóvil privado). Se trata tanto del decrecimiento relativo y absoluto del parasitismo financiero y comercial, del uso de las energías fósiles, de la economía de lo superfluo y la producción de bienes de obsolescencia programada, del urbanismo destructor de las comunidades, de las contaminaciones y depredaciones de los ecosistemas, como al mismo tiempo del crecimiento de la producción de bienes útiles y durables necesarios para satisfacer las necesidades humanas en condiciones de trabajo decente y no depredatorio de la biosfera, incluyendo el ahorro de energía y el uso de energías renovables no convencionales, los circuitos cortos de producción/consumo, la economía circular, la economía de los servicios a las personas (salud, cuidados a la infancia y a las personas de edad avanzada o con capacidades diferentes) y los servicios urbanos integradores de las comunidades de acuerdo a la variedad de capacidades/necesidades de cada territorio. Ese es un crecimiento que vale la pena, y no el de las mineras domingas.

Frente Amplio: el desgobierno de las pulsiones

En Voces La Tercera

La salida a la dictadura requirió reunir a todas las fuerzas políticas posibles con el propósito de redemocratizar el país. Esto llevó a las principales fuerzas de izquierda a privilegiar una alianza democrática amplia por sobre sus planteamientos programáticos propios, históricamente centrados en los temas de la justicia social, de las libertades y de la igualdad de género. Pero evidentemente esto no podía ser eterno, si de dejar atrás la constitución del 80, avanzar en recuperar el control público sobre los recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos y disminuir las desigualdades sociales se trataba, o bien de permitir la autonomía indígena, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y así sucesivamente. O se renunciaba a esas banderas en aras de mantener una mayoría centrista cómoda para permanecer en el gobierno, o se las hacía avanzar con el costo de arriesgarse a un boicot interno, como terminó de ocurrir en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En este gobierno se fisuró la coherencia de la acción de la coalición creada en 1990 y ampliada en 2014, al punto de producir escasos resultados con una amplia mayoría legislativa que terminó siendo de papel. Los partidos de la izquierda gubernamental renunciaron por falta de convicción o por realismo sin visión de futuro a elementos básicos de su programa –resignándose a reformas tributarias, laborales y educacionales sin profundidad y renunciando en la práctica al cambio constitucional- con tal de seguir manteniendo una coalición ficticia y ocupando cargos estatales. No clarificaron su relación con los que se oponían desde dentro al programa de la presidenta Bachelet, y terminaron aceptando sus vetos, ni el financiamiento de algunos por los grupos económicos dominantes. Como consecuencia, acabó por surgir, después de variados intentos, una articulación política a su izquierda con perspectivas serias de constituirse en alternativa de poder. Ese fue el Frente Amplio, nacido en 2016 después de las elecciones municipales.

No obstante, constituir una fuerza política nueva que pueda llegar a gobernar supone un proceso evolutivo y de maduración que puede ser más o menos breve si logra o no dominar una serie de pulsiones (o de impulsos primitivos, si se quiere, que empujan a la vida o retrotraen a la muerte, en el lenguaje del sicoanálisis) que son propias de las estructuras síquicas y se proyectan sobre la esfera política desde siempre.

La primera pulsión que el Frente Amplio no ha sabido manejar es la que gobierna la identidad juvenil. Como señala el sicoanalista Jean Jacques Tizler, aunque en otro contexto, “es difícil de explicar por qué asistimos hoy día en muchos jóvenes a un tal aumento de la rigidez de la identidad”, aunque algo tiene que ver con la pérdida de brújula que provoca en las estructuras síquicas la ansiedad individualista de la sociedad de mercado, y que algunos confunden con modernidad. Toda fuerza política que nace tiene la tentación de hacer tabla rasa del pasado, pero eso es un error infantil: la edad de los miembros de una fuerza política no asegura nada y tiene un plazo fijo dado por el simple paso del tiempo. No existe la nueva y la vieja política, como les gusta decir a Andrés Velasco y a los líderes del Frente Amplio. Existe la buena y la mala política, desde siempre. Por ejemplo, mala política es aquella que se asocia para financiarse al Grupo Penta, como la UDI y Velasco, o a los grupos SQM, Angelini, Luksic y otros en buena parte del espectro político tradicional, con las debidas honrosas excepciones.

Ese es uno de los parte aguas, como además la postura frente a las instituciones no democráticas y frente a los abusos del poder económico. No lo es en absoluto la edad de los participantes, la que no garantiza nada en el presente ni en el futuro respecto a los temas centrales de la política. En vez de convocar a los que siempre se han negado al maridaje de la política con el dinero y la mantención de una constitución ilegítima que protege una estructura distributiva que está entre las más desiguales del mundo, el Frente Amplio prefirió decirle que no con arrogancia y vetos sin desparpajos a todos los que hubieran participado en política antes que ellos, aunque no tuvieran demasiadas diferencias en los principios y propósitos declarados. Desde ahí empezó a desaparecer la política en el Frente Amplio y su reemplazo por las luchas individuales de poder.

Además de la pulsión identitaria juvenil, el Frente Amplio no pudo superar otra dimensión ancestral de la acción política: el control de la pulsión de conquista monopólica del poder por personas o grupos cerrados, aquella que la sabiduría de los seres humanos desde los griegos fue dominando hasta dar forma a las instituciones democráticas modernas, única garantía contra las tiranías y las oligarquías.

Existen las tiranías verdaderas y graves y las de pacotilla, como en este caso. Dado que los líderes juveniles naturales del Frente Amplio no tienen edad para la disputa democrática presidencial y senatorial, primero se plantearon no participar de la elección presidencial y remitirse a la identidad del tribuno parlamentario en la Cámara de Diputados, augurando disputas narcisistas futuras de marca mayor. Y luego, ante lo inexplicable de una fuerza política que no disputa los resortes principales del poder, decidieron invitar a un rostro de la televisión para usar su notoriedad como figura en la elección presidencial de 2017, con la idea de luego, me temo, dejarla caer en el olvido en la proyección futura de los liderazgos. Rostro que se permitió dar pasos agigantados en la despolitización, al señalar que entendía que no le correspondía tener opinión sobre política exterior “por razones de Estado” –argumento que superó todos los límites de la lógica para una candidatura presidencial destinada por definición a discutir los asuntos del Estado- o bien argumentar que trató a Allende de “totalitario” en un medio conservador para que “no se demonice al Frente Amplio”, con la correspondiente posterior y fácil petición contrita de perdón. Y ya está, vamos a la siguiente.

La siguiente fue la primaria presidencial de julio, la que tuvo el mérito de suscitar debates contestatarios saludables, pero que terminó en una pésima gestión posterior de la posición a otorgarle al que llegó segundo, que a su vez anunció por los medios la prolongación de su carrera en un distrito parlamentario. Y luego se llegó al extremo de acusarlo en un juicio sumario de maltrato a personas y se lo condenó sin aviso a la exclusión de toda candidatura “por unanimidad”, lo que se modificó mediante una “autocrítica”. El maltrato era inexistente y la unanimidad otro tanto. La historia del estalinismo se construyó con esos métodos y ese lenguaje. Dejarse llevar por la pulsión del autoritarismo en nombre de un impreciso “colectivo”, que en realidad se dedica a acomodar intereses parlamentarios de poca monta y fulmina sin presencia ni defensa del acusado, es tan grave (imagínense a ese “colectivo” con un poco de poder) que debiera conducir al menos a un examen de conciencia, ya que no político, en el Frente Amplio.

La pulsión autoritaria se acompañó, además, de la pulsión moralista, que también sirvió para vetar candidaturas, y que terminó en la insólita afirmación –los moralismos suelen resultar bastante hipócritas- según la cual hay infracciones de leyes del tránsito (y por tanto candidaturas) aceptables y otras similares que no lo son. Para no hablar de la pulsión de la victimización social, que terminó en que una persona que es abogado de la Universidad de Chile no es de “la elite” pero si lo es una que estudió sociología en la Universidad de Chile, mientras ambos viven a dos cuadras en el mismo mesocrático barrio. El sentido del ridículo se ha echado de menos.

El Frente Amplio pudo ser una opción de gobierno para 2018, por la división y el desgaste de la Nueva Mayoría y la regresión social que anuncia la derecha. La incapacidad de gobernar sus pulsiones lo impidió, como lo hacen a su manera y en otro registro los caudillismos personalistas de Enríquez-Ominami y Navarro, que construyen organizaciones con la condición de que sean devotas de sus inclinaciones personales, incluyendo, en este último caso, la defensa inaceptable de los desvaríos antidemocráticos de Maduro. La izquierda democrática, la que tiene desde siempre como proyecto la emancipación social igualitaria en un Estado social de derecho, y también en el siglo XXI la preservación de los ecosistemas por responsabilidad con las nuevas generaciones, tendrá que esperar para recomponerse. Esa recomposición habrá de venir con los que están dentro y fuera de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio, pero del único modo en que esto es posible: con reglas democráticas. Las que incluyen para dirimir los liderazgos la ausencia de todo veto a personas, practicando el derecho a elegir y a ser elegido en tanto se comparta valores que inspiran un proyecto de cambio que exprese los intereses de la mayoría social. La recomposición de una coalición amplia y democrática de izquierda –que no debe abandonar la capacidad de dialogar con el centro- deberá ser la alternativa tanto al acomodo frente al poder oligárquico como al desgobierno de las pulsiones autodestructivas. Mientras, habrá que seguir invocando con paciencia el sentido común en el desierto, hasta que florezca.

Nueva etapa, nuevas reglas

Voces La Tercera

La configuración de bloques políticos que nació de la separación de aguas entre los que estaban a favor o en contra de la dictadura (¡poderosa razón para producir alineamientos!) y su expresión electoral en el Sí y el No en el plebiscito de 1988, ya ha evolucionado hacia otro paisaje político en sucesivas etapas.

Primero fueron, en el primer gobierno de Michelle Bachelet de 2006-2010, los quiebres en la Democracia Cristiana y el PPD que llevaron a Adolfo Zaldívar y también a Jorge Schaulsohn y Fernando Flores a sumarse a la derecha y a apoyar a Sebastián Piñera, mientras en el PS Marco Enríquez-Ominami, Jorge Arrate, Carlos Ominami y Alejandro Navarro buscaron sus propios caminos. Se dio así fin a lo que la Concertación agrupó como espectro político, por derecha y por izquierda

Michelle Bachelet volvió al gobierno con el resto de la DC y el resto de partidos de la Concertación, pero además sumó al Partido Comunista, ampliando su base partidaria de apoyo. La paradoja es que lo hizo afianzando, al mismo tiempo, un imprudente distanciamiento con los partidos de su nueva coalición –que tampoco ayudaron mucho a aumentar su prestigio y capacidad de movilización política y programática por su creciente proclividad al clientelismo estatal- y sin pactar verdaderamente un programa de gobierno y reglas de aplicación que lo hicieran efectivo. Esto dio lugar al boicot de Ignacio Walker y Jorge Burgos a las bien inspiradas reformas principales que se propuso lograr Michelle Bachelet durante su segunda administración, tanto desde dentro como desde el parlamento, contribuyendo a su desdibujamiento. ¿Alguien se acuerda de la nueva constitución, de la mayor recaudación tributaria, o del impulso a la educación pública, promesas fuertes que simplemente no se han concretado? Todo esto contribuyó al desprestigio de la idea de reforma y al escepticismo generalizado frente a la política, agravado por la puesta en evidencia de la creciente captura del sistema político por el dinero y de corrupciones y corruptelas variadas en los órganos del Estado.

Al terminar el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se han alejado ahora los centristas liberales de Andrés Velasco y los que la presidenta ha llamado los “hijos de militantes de partidos tradicionales” agrupados en el Frente Amplio, cuya orientación ideológica variopinta –empezando por la de su candidata presidencial que un día es izquierdista y al otro habla del gobierno de Allende como “totalitario” con el correspondiente perdón posterior- parece pasar a segundo plano frente a una reafirmación generacional postmoderna que nunca será suficiente para gobernar un país, contribuyendo a la confusión política reinante.

En este contexto, la DC decidió intentar un camino propio en primera vuelta presidencial, sin participar en primarias. Esta fue su respuesta a la declinación electoral y a la “incomodidad ideológica” que ha supuesto cogobernar con el PC. Pero no le ha impedido, muy postmodernamente también, buscar un acuerdo parlamentario que le acomode para una mayor electividad de sus candidatos en el nuevo sistema proporcional, en detrimento de otros partidos y manteniendo su candidata de camino propio. Nada francamente muy doctrinario, que se acompaña de una amenaza no demasiado velada: ni no me aceptan una lista parlamentaria que me favorezca, entonces no cuenten conmigo para apoyos en segunda vuelta, aunque que mi partido si lo va a pedir para su candidata si es ella la que pasa a segunda vuelta. Somos todos iguales, pero unos más que otros.

Tal vez sea más sensato reflexionar sobre nuevas reglas para el ancho mundo de las fuerzas políticas no derechistas (la derecha ha hecho bien su tarea con primarias y lista parlamentaria común, con su natural instinto cuando huele el poder). No se puede nunca más firmar un programa que luego no se va a apoyar en el gobierno y el parlamento. De ahí la regla número 1: el partido político que quiere participar del gobierno debe comprometerse con un programa y apoyar las legislaciones que de él derivan en el parlamento. Cualquier otra cosa es falta de seriedad y de compromiso con la gobernabilidad democrática. Regla número dos: lo propio debe hacer el presidente, es decir pactar seria y detalladamente un programa (en primera o segunda vuelta, según sea el caso) y remitirse a él una vez en el gobierno. La tentación monárquica o caudillista, que ofrece un programa para obtener votos y después hace lo que quiere o lo contrario en el gobierno, nunca lleva a nada bueno.

Si se quiere presentar un proyecto propio al país en la primera vuelta de la elección presidencial, nada más legítimo. Pero aplicando la regla número 3: no se pida ventajas parlamentarias a terceros en su detrimento cuando se opta por el camino propio presidencial. Y la regla número 4: quien no es derechista y participa en una primera vuelta presidencial en la que compiten los distintos proyectos de país con uno propio, debe asumir que la contienda democrática no termina ahí y dar su apoyo –aunque sea con la doctrina aristotélica del mal menor- al mejor situado frente a la derecha. Y pedirlo para sí mismo llegado el caso, en una lógica de reciprocidad democrática y republicana.

Aunque muchos no lo quieran ver así, es manifiesto que en todos los temas cruciales de la democracia, el progreso social y la sustentabilidad está en Chile por un lado la derecha, que no quiere demasiado ninguna de estas tres cosas, y el resto, que quiere con mayor o menor intensidad y consistencia alguna combinación de estas tres cosas. Una negociación entre contrincantes no derechistas de primera vuelta debe traducirse en confluir en segunda vuelta con compromisos para cuatro años, ya sea con participación en el gobierno (siguiendo la regla número 1) o el apoyo desde fuera a los temas que se pacte, manteniendo la independencia y libertad de crítica en lo demás. O bien apoyar incondicionalmente al no derechista en segunda vuelta, cualquiera éste sea, dados los argumentos dados más arriba sobre la derecha, en el caso de los sujetos un poco extraños para los parámetros postmodernos que concebimos la política de manera no utilitaria y al mismo tiempo procuramos no seguir el camino del cuando peor mejor. 

Pasar de las ocurrencias para beneficio de la propia tribu a un sistema de reglas -las propuestas aquí o las que se quiera- no parece una tan mala idea si se tiene algún grado de compromiso con el interés general y con las mayorías sociales que requieren de un gobierno que no obstaculice sus proyectos de vida y promueva un sentido al menos básico de igualdad y comunidad, lo que nunca será propio de la derecha.

Las primarias de Piñera y Sánchez

Voces La Tercera

Las primarias del 2 de julio fueron un éxito de participación para la derecha agrupada en Chile Vamos (el ex UDI José Antonio Kast corre por su cuenta hasta noviembre). Si en 2013 fueron 800 mil los participantes en la primaria de la derecha, ahora sumaron 1,4 millón, excediendo todas las previsiones. Pero Sebastián Piñera sumó solo un 58,2% de los votos de su conglomerado, por lo que tendrá que mostrar dotes de articulador con figuras que lo cuestionaron radicalmente –incluyendo en su honestidad- en los debates de las primarias y que probablemente lo lleven a un discurso más conservador y/o con más tintes sociales, en un delicado equilibrio que le evite fuga de votos por un lado u otro del espectro electoral. El empresario obtuvo el 2 de julio 815 254 mil votos, es decir bastante menos de los que obtuvo Michelle Bachelet hace cuatro años, cuando sumó 1 437 683 sufragios. La candidatura de Piñera avanzó en su posicionamiento, pero está lejos de constituir una ola incontrarrestable.

La alternativa no parece que venga esta vez del recién constituido Frente Amplio, que sumó con Beatriz Sánchez y Alberto Mayol 326 247 votos, es decir menos que los votos de Ossandón y menos que los 421 593 votos que sumaron Marcel Claude, Alfredo Sfeir y Roxana Miranda en las presidenciales de 2013. El discurso autoafirmativo de la victoriosa Beatriz Sánchez el domingo en la noche no augura mayores aperturas más allá de la interesante auto-identificación como candidata feminista de la comunicadora y del carácter de combinación mediático-estudiantil a la que se ha circunscrito el emergente conglomerado. En efecto, ha cometido el error –en nombre de una suerte de identidad generacional- de vetar a figuras con mayor representación social. Por ejemplo, en la región del Biobío, el Frente Amplio obtuvo un total de 32 357 votos en las primarias, a comparar con los 156 372 sufragios que obtuvo Alejandro Navarro en una de las dos circunscripciones de la región en 2013. En el distrito de Ñuble, el Frente Amplio obtuvo poco más de 7 mil votos, mientras Cristián Quiroz, presidente del Partido País, obtuvo como consejero regional 16 mil sufragios en 2013. En Talca, el Frente Amplio obtuvo 3 417 votos, contra los 5 814 sufragios obtenidos en la elección a alcalde de 2016 por Fernando Leal, el líder de la agrupación Somos Talca. Y así sucesivamente en muchas partes de Chile. El Frente Amplio, por el momento, no parece querer sumar a todos los que se proponen construir una alternativa a los dos bloques tradicionales y prefiere mantener un perfil refractario antes que de proyecto alternativo inclusivo. Tal vez con el tiempo, que pasa ineluctablemente para todos, esa postura cambie. La otra opción es que prevalezca un cierto sectarismo, que le significó perder la oportunidad de ocupar con mayor relevancia el vacío dejado inexplicablemente por la Nueva Mayoría en las primarias del 2 de julio.

Para la derecha será difícil, sin embargo, transformar su condición de minoría sociológica en mayoría electoral, como logró hacerlo en 2009, dado el problema que constituye el desgaste de imagen que mantiene Sebastián Piñera con sus prácticas empresariales y sus múltiples conflictos de interés, a pesar de la buena primaria lograda por Chile Vamos. Que no vuelva a gobernar la derecha supondrá, eso sí, que el gobierno y el Banco Central no persistan con su política económica recesiva, similar a la que casi hizo perder a Lagos frente a Lavín en 1999. Y requiere sobre todo perfilar a la brevedad algún tipo de acuerdo en la segunda vuelta presidencial de diciembre entre los diversos candidatos y fuerzas políticas no derechistas, para que una parte de ellas concuerden en gobernar juntas con un programa común responsablemente asumido (proceso en el que no se repita la actitud inconsecuente de la DC de Ignacio Walker con la presidenta Bachelet), mientras los que legítimamente no estén dispuestos a llegar a acuerdos de gobierno al menos ayuden a impedir la victoria de la derecha, aunque luego se mantengan en la oposición o en el apoyo parcial a medidas de progreso desde fuera del gobierno. Pero no se puede excluir la inclinación autodestructiva que vienen exhibiendo tanto la centro-izquierda como la izquierda de un tiempo a esta parte. Y que se prolongue su lógica de disputas por porciones de poder grupal sin proyecto, en medio de un creciente divorcio con los ciudadanos de a pie.

Mayol, o el intelectual comprometido

En La Tercera

La figura del intelectual comprometido con la acción política ha sido siempre controversial. La acción política se inclina con frecuencia hacia simplificaciones que repugnan al analista de la vida social, que, si es riguroso, suele poner en duda relaciones esquemáticas de causa a efecto, y señalar las eventuales consecuencias no buscadas de las acciones colectivas. Cuando las sociedades se hacen más complejas, el trabajo de comprensión de su dinámica adquiere mayor autonomía, primero de la religión y luego de la política, y reside en espacios como las universidades, centros de pensamiento o medios de comunicación. Pero en las sociedades latinoamericanas ese espacio de autonomía existe apenas, lo que incita a algunos intelectuales a intervenir en política, ya sea para controvertir a los que adecúan sus razonamientos a meros intereses o bien para procurar que los actores políticos mejoren la adecuación entre los fines declarados y los medios disponibles para alcanzarlos con mayores dosis de racionalidad estratégica.

Algo de eso hay en la decisión de Alberto Mayol de pasar desde el análisis de la realidad social chilena a la tribuna pública y, finalmente, a la condición de candidato a la candidatura presidencial del Frente Amplio. Ningún intelectual que sea mínimamente sensible a, por ejemplo, el hecho de que Chile sea una de las sociedades más desiguales del mundo, puede solo investigar sin experimentar algún grado de indignación moral que lo empuja a la acción.

No comparto todo de los diagnósticos de Mayol sobre un “derrumbe del modelo” o sobre la “autopsia de la muerte de la elite chilena”, ni algunos de sus juicios políticos, como el que emitió sobre Allende como conductor político o sobre los actores de la transición calificados como homogéneamente cuasimaldadosos, sin considerar suficientemente las circunstancias históricas en las que estos actores se desenvolvieron, y en especial el conflicto político que ha vivido Chile por décadas al enfrentar la mayoría social -y sus fragmentadas representaciones políticas- el concentrado poder que las oligarquías económicas han tenido históricamente.

Muchas de sus propuestas son, además, bastante discutibles. Como la de los trenes de alta velocidad, que requieren de un análisis costo-beneficio más preciso. O como la expropiación de El Mercurio, dado el financiamiento público recibido en el pasado, pues la batalla contra las ideas autoritarias y neoliberales se gana ampliando el derecho a la información y no cerrando medios, por mucho que su línea editorial sea desde siempre la de la tergiversación interesada. O como la idea de socializar de manera imprecisa los fondos de las AFP, cuando la prioridad debe ser establecer un pilar de pensiones de reparto. Y así sucesivamente.

Pero existe un mérito incuestionable en Alberto Mayol: la voluntad de pensar un futuro para Chile en “base cero”, sin las ataduras del mediocre pensamiento convencional que hoy prevalece, subordinado a los intereses dominantes. Y generar debates desde el análisis de las realidades que enfrentan las mayorías, con la voluntad de reconstruir una izquierda que se diluyó en los recovecos de la transición y cuya incidencia constructiva tanta falta le hace a Chile.

Las opciones frente al futuro

El Mostrador

Frente a los desafíos actuales de Chile, en un contexto internacional incierto, con nuevas demandas y movilizaciones sociales y en medio de una severa y creciente pérdida de prestigio de las instituciones políticas, hay diversas respuestas posibles.

La primera de ellas es suficientemente conocida en el país desde su aplicación a partir de 1974: se trata de la de tipo neoliberal de Estado mínimo y “soluciones de mercado”, que termina concentrando fuertemente la economía y disminuyendo la competencia en los mercados, abandonando a su suerte a los sectores sociales con inserción económica precaria, no financiando suficientemente a las empresas y personas que innovan y descuidando los efectos externos de la acción pública sobre las capacidades humanas, el patrimonio tecnológico, el medioambiente y la cohesión social. Su paradigma de desarrollo es la maximización del bienestar medido como PIB por habitante, mediante las “soluciones privadas a los problemas públicos”.

La segunda respuesta, que se ha constituido en la opción preferida de las élites empresariales, tecnocráticas y políticas conservadoras en Chile, no es alternativa a la anterior sino que se propone temperarla, las más de las veces con pocos resultados, por desconfianza en la acción pública. Se trata de la de un reformismo adaptativo de baja intensidad. Se autodefine como un enfoque pragmático, que defiende la neutralidad de las políticas económicas (son “buenas” o “malas”, sin que estén cruzadas por intereses de clases o grupos sociales), promueve programas públicos dirigidos a individuos autonomizados en relaciones de mercado, pero sin diálogo social por considerarlo “corporativista”, sin reformas fiscales progresivas por considerarlas antieconómicas y, por tanto, sin un Estado de bienestar activo que garantice derechos básicos sino uno de dimensiones menores.

La imposibilidad de llevar a cabo la estrategia de “crecimiento con equidad” enunciada a inicios de la década de 1990, por falta de mayorías parlamentarias y a la postre por falta de convicción de la mayoría crecientemente conservadora de la coalición gobernante, se tradujo en Chile en la prolongación de un “modelo híbrido” entre neoliberalismo y desarrollo equitativo y sustentable, capaz de producir más crecimiento que en el pasado, pero centrado en la expansión de la explotación depredadora de los recursos naturales, y con capacidades de crear empleo y mejorar servicios públicos y las condiciones de vivienda, educación y salud de los más pobres –como se refleja en los avances de Chile en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD–, pero no de reducir la desigualdad en escala significativa.

Estos resultados satisfacen a los partidarios del reformismo de baja intensidad por ausencia de convicción sobre diseños distintos del Estado mínimo, la renuencia a emplear capital político en políticas redistributivas y la apuesta por el crecimiento promovido por el supuesto libre mercado, al que se le atribuyen virtudes de cohesión social que no ha demostrado en ninguna parte.

Este enfoque limita sus ambiciones, en materia distributiva, a "avanzar en la igualdad de oportunidades". Esta es una idea típicamente liberal, traducida vulgarmente como aquella de "emparejar la cancha": la igualdad de oportunidades es una de las inspiraciones de actuación minimalista contra la desigualdad. Esta idea contrasta con las que son propias, con diversos matices y diferencias, del socialcristianismo, de la socialdemocracia y del socialismo democrático, en sus versiones internacionales y chilenas: la necesidad de consagrar la igualdad de resultados en determinadas áreas de la vida social, pues ciertas cosas deben ser iguales para todos y traducirse en "derechos del hombre y del ciudadano", más allá del “rayado de la cancha” y del rendimiento diferenciado que en la cancha del mercado puedan lograr “eficientes” e “ineficientes”, en una supuesta sociedad de desigualdades justas, de ganadores y perdedores por sus propias decisiones y conductas, basada en la ilusión liberal de que la pertenencia a clases y grupos sociales y el condicionamiento de la inserción social, económica y cultural que conlleva, no existen, sino solo individuos que interactúan entre sí a través del mercado.

Sin embargo, la frustración colectiva y la emergencia y reemergencia de movimientos sociales ante la mantención de brechas distributivas y el carácter poco representativo de las instituciones en Chile son crecientes. Pueden llegar a ser un caldo de cultivo para eventuales respuestas “caudillistas y paternalistas” que pudieran ser ofrecidas a los ciudadanos por liderazgos mesiánicos, con variantes retóricas de derecha o de izquierda, incluyendo la tradicional de la izquierda ortodoxa estatalista, hoy poco influyente en Chile.

Finalmente, aunque la lista de respuestas posibles ante la situación actual nunca será exhaustiva, como no lineal es cualquier evolución histórica, existe la de tipo “reformista radical”. Esta respuesta propugna un proyecto de creciente autogobierno y autonomía ciudadana, acompañado por un Estado democrático y social de derecho activo en la promoción del crecimiento endógeno, la protección del ambiente, la cobertura de riesgos, la provisión de mínimos sociales y la igualdad justa de oportunidades. Esta alternativa asume rasgos de la socialdemocracia europea (y especialmente nórdica, que logró construir en el siglo XX sociedades con importantes componentes igualitarios en condiciones iniciales no radicalmente diferentes de las nuestras), pero asumiendo que la estructura económica heterogénea y desigual y la estructura laboral precaria e inestable de Chile y América Latina requieren de una organización más directamente política y estatal de la redistribución y de la protección del ambiente y de una más activa interacción con una sociedad civil constituida por agentes diversificados. El Estado de Bienestar meramente asegurador y pasivo no puede ser objeto de traslación mecánica a América Latina.

El enfoque de “reformismo radical” procura mantener un sentido práctico capaz de construir perspectivas estratégicas de articulación de intereses diversos y las tareas del corto con las del largo plazo, pero cuestiona el pragmatismo que gestiona el día a día sin norte y sin cambiar nada sustancial. En este sentido, no esquiva “abordar la raíz” (en ese sentido es “radical”) de los problemas de la sociedad actual, pero con una estrategia que privilegia la movilización mayoritaria de la sociedad y una “gradualidad persistente” en los cambios a realizar. Aunque la historia suele tener momentos de aceleración y en ocasiones produce cambios súbitos de rumbo en un sentido u otro que deben ser considerados, ojalá anticipados y en todo caso conducidos desde la esfera política, se trata de un enfoque distinto del de la utopía del gran día revolucionario, a partir del cual todo se transforma en manos de una vanguardia esclarecida, la que con frecuencia, si se hace del poder, suele devenir en burocracia dominante, termina gobernando de modo autoritario y sin representar a los que declara representar, sino primordialmente a sí misma y sus propios intereses minoritarios.

El enfoque “reformista radical” postula que la democracia es el espacio y límite de su acción, sistema político en el que debe prevalecer la libertad como uno de sus componentes irrenunciables. Pero se inscribe en la tradición republicana y considera que es una visión limitada de la libertad aquella que se entiende únicamente como “no interferencia” sobre los individuos y que el enfoque liberal promueve, especialmente en la esfera económica exclusivamente circunscrita a la “libertad de emprender”. Debe también considerarse la libertad como “no dominación”, siguiendo a Philip Pettit. Existe una razón fundamental para esta distinción: el Estado debe estructurarse con un principio constitucional-democrático, según el cual el poder público no sea arbitrario y oprima a los ciudadanos, pero también con un segundo principio, según el cual el Estado debe plantearse como objetivo la reducción de la dominación que conlleva el poder privado. La concepción cívica republicana traslada dichos principios a diseños institucionales específicos que faciliten el control por los ciudadanos del poder público, y también a políticas públicas que persigan el establecimiento de un orden social en el que los ciudadanos comunes puedan no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de la decisión humana.

El enfoque reformista radical tiene, además, como horizonte producir una metamorfosis de la sociedad mediante una “política de civilización” que invierta progresivamente la hegemonía de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, procure pasar del “siempre más” al “siempre mejor” y sea contraria a plantear a la sociedad el logro del objetivo unívoco del crecimiento del PIB (“llegaremos en tantos o cuantos años al desarrollo si alcanzamos tal o cual cifra de PIB por habitante”) que comparten neoliberales y pragmáticos. El crecimiento definitivamente no es el desarrollo, pues no considera los crecientes costos ambientales ni la destrucción de las dimensiones cualitativas de la vida humana, ni el efecto colateral de una sociedad desarticulada y conflictuada sometida a la desigualdad, al mal vivir y a la desconfianza. Tampoco el desarrollo es un fin en sí mismo si no es puesto al servicio de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, del mejoramiento de las condiciones de inserción política, económica y social de todos, incluyendo a las mayorías que viven de su trabajo y los grupos sociales precarizados o marginados, así como la preservación del planeta en condiciones dignas para las futuras generaciones.

La “calidad de vida responsable”, es decir, con perspectiva de sustentabilidad, como meta última del desarrollo, depende no solo de las condiciones de vida material (ingreso, consumo y riqueza) sino de la salud y de la educación, de las condiciones de vida cotidiana (como el derecho a un empleo y a una vivienda decentes), de la participación en los procesos políticos, del medio ambiente social y natural y de los factores que definen la seguridad personal y económica, como indican Stiglitz, Sen y Fitoussi en su reflexión sobre nuevos indicadores del desarrollo.

El desarrollo así concebido incluye el crecimiento de los instrumentos de productividad en la producción de bienes materiales, pero pasando del despilfarro a la “economía circular” que utiliza, desmonta y recicla los recursos, y también el crecimiento de la redistribución, de la educación y de la cultura, del urbanismo integrador y de la vida saludable. Pero el desarrollo deber ser también decrecimiento del parasitismo financiero y comercial, de las energías fósiles, de la economía de lo superfluo, del urbanismo destructor, de las contaminaciones depredadoras. Construir nuevas estrategias de desarrollo con la meta de una transformación profunda de la manera de producir, consumir y compartir la vida de la comunidad para aumentar la calidad de vida, supone, y conduce a reforzar, la interacción de la sociedad civil en sus diversas expresiones con un Estado democrático fortalecido, sobre la base de principios como los siguientes:

-Un Estado de derecho democrático basado en la decisión ciudadana periódica, que además de garantizar las libertades y derechos fundamentales hace del respeto de la ley legítima y de la participación y el control colectivo su fundamento, administrado con la exigencia perentoria de la eficiencia y la transparencia, y que combate frontalmente la corrupción, el clientelismo y la depredación de la administración pública por intereses particulares y especialmente por el poder económico concentrado.

-Un Estado inversor y garante del contrato social, que contribuye al bienestar y el bienvivir en sociedad mediante políticas públicas activas, que define mínimos sociales, que interviene frente a los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos, que actúa para integrar en la vida social a los grupos sociales excluidos y sometidos a la precariedad, que prioriza la disminución de las desigualdades y es catalizador de la cooperación socioeconómica, que promueve la economía social y de pequeña y mediana escala para alcanzar el pleno empleo y que dota al gobierno de los medios efectivos mediante una tributación suficiente para llevar a cabo políticas y regulaciones eficientes y justas.

-Un Estado estratégico que ejerce soberanía sobre los recursos naturales y sobre los bienes comunes en nombre de los intereses colectivos presentes y de las futuras generaciones, que hace crecer aquella parte de la economía que satisface necesidades fundamentales, sin subsidiar las actividades y modos de organización obsoletos ni las actividades rentistas, y no se subordina al mercado sino que lo gobierna, y que, por tanto, hace decrecer las actividades destructoras del tejido económico y ambiental, que entiende que la dinámica de desarrollo no solo permite acumulación sino también reasignación productiva y cambio técnico, aprovechamiento de las externalidades y mejoras en la coordinación para superar las indivisibilidades y las complementariedades de la inversión y del tejido productivo.

Pero la transformación que persigue el reformismo radical no se remite al Estado, sino sobre todo a la sociedad y su cultura y a una ética colectiva solidaria. Siguiendo a Edgar Morin: “Para un espíritu laico, las fuentes de la moral son antropo-sociológicas. Sociológicas, en el sentido en que la comunidad y la solidaridad son a la vez fuentes de la ética y las condiciones del bien-vivir en sociedad. Antropológicas, en el sentido en que todo sujeto humano lleva en sí una doble lógica: una lógica egocéntrica, que lo pone literalmente en el centro de su mundo, y que conduce al ‘yo primero’; una lógica del 'nosotros’, es decir, de la necesidad de amor y de comunidad que aparece en el recién nacido y se desarrollará en la familia, los grupos de pertenencia, los partidos, la patria. Estamos en una civilización en que se han degradado las antiguas solidaridades, en donde la lógica egocéntrica se ha sobredesarrollado y en donde la lógica del ‘nosotros’ colectivo se ha ‘subdesarrollado’. Es por ello que, además de la educación, una gran política de solidaridad debiera ser desarrollada, incluyendo el servicio cívico de solidaridad de la juventud, muchachas y muchachos, y la instauración de casas de solidaridad dedicadas a socorrer los desamparos y las soledades. Así, podemos ver que uno de los imperativos políticos es el de hacer todo lo posible para desarrollar conjuntamente lo que aparece como antagónico a los espíritus binarios: la autonomía individual y la inserción comunitaria”.

La última cuenta

Voces La Tercera

La Cuenta a la Nación emitida este 1 de junio de 2017 por la presidenta Michelle Bachelet fue un buen y convincente recuento de sus logros, en un contexto de recuperación de su popularidad personal a cifras superiores al 30%. Muchos programas específicos muestran resultados, incluyendo una leve disminución de la desigualdad en 2015 respecto a 2013, la gratuidad en educación superior para el 50% de menos ingresos, un aumento de 10% en la pensión básica solidaria, la creación de más de 300 mil empleos en tres años, el incremento a 17% de la generación eléctrica por energías renovables no convencionales y los 4,5 millones de hectáreas que se integran a los parques nacionales fruto del acuerdo con la familia Tompkins, sin olvidar la unión civil, todo lo cual es muy positivo. También lo es el cambio del sistema binominal por uno proporcional que inauguraremos este año y ojalá la elección de gobernadores regionales, así como los cambios a la ley electoral que ilegalizaron los aportes empresariales a las campañas e introdujeron la pena de pérdida del escaño en caso de violación de esta norma.

No obstante, de las tres promesas principales de su campaña, una no avanzó en absoluto, la nueva constitución, y dos –la reforma tributaria y la reforma a la educación- tuvieron avances y tropiezos.

La reforma tributaria, cuyo diseño inicial terminó recortado en el Senado, estableció un positivo impuesto a las emisiones de carbono y aumentó la tributación al consumo de tabaco y alcohol, importante para la salud pública, pero que hizo inmediatamente impopular la reforma. Se llegó a un sistema excesivamente gradual y complejo, en base a cuatro sistemas distintos, de tributación de las utilidades de las empresas, con una desintegración parcial y no total con la tributación de las personas –que Piñera de todas maneras quiere deshacer porque incrementa, aunque menos de lo necesario, la tributación del 10% más rico de Chile-, un aumento excesivo de la exención tributaria para las empresas de menos ventas y una falta de avance en la tributación por renta presunta. Sobre todo, la reforma no incluyó un ápice en materia de royalty minero, que sigue sin pagarse por el volumen de recursos extraídos, con lo que la tributación de la minería privada sufrió un cuasi colapso en 2016. Ni tampoco nada en materia de rediscusión de la tributación pesquera, luego de que se descubriera la profundidad del cohecho en la legislación aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera. El hecho es que entre 2013 y 2016 los ingresos tributarios respecto del PIB pasaron de representar un 16,7% en 2013 a 17,5% en 2016, cifra inferior al 17,6% de 2012. Es decir, los tres puntos de producto que se suponía iba a rendir la reforma tributaria a fines del actual gobierno resultaron casi simbólicos, lo que le quitó márgenes de maniobra. 

Si a eso se agrega la política de disminución del déficit fiscal estructural más allá de lo necesario para la estabilidad fiscal, con consecuencias –junto a una tardía acción reactivadora de la política monetaria del Banco Central-  sobre un menor crecimiento y la propia recaudación tributaria, nos encontramos con un cuadro en el que las realizaciones prometidas que implicaban mayor gasto resultaron de menor alcance.

Este es el caso de la gratuidad en educación superior, que llegó en 2017 a cubrir a los estudiantes del 50% de familias de menos ingresos y alcanzará a 60% en 2018, en vez del 70% comprometido. Y de la ausencia de toda reforma a la educación superior hasta ahora -se supone que habrá un proyecto que regula a las universidades públicas en las próximas semanas- con arreglos presupuestarios y acuerdos particulares con la Universidad Católica, que negocia –con recursos judiciales incluidos- apoyos públicos indebidos pues no respeta ni la libertad de cátedra ni la libertad de investigación, condiciones razonablemente mínimas para recibir apoyos estatales en la educación privada. La llamada ley de inclusión tuvo el gran mérito de iniciar un tránsito hacia el fin del lucro en el sistema escolar públicamente financiado, pero la reforma de la escuela pública se dejó para el final, sin que aún haya ley ni apoyos presupuestarios importantes, mientras sigue perdiendo matrícula, prestigio y capacidad de inclusión.

Aunque no era un compromiso programático, la reforma al sistema de pensiones también sufrió de la falta de resultados de la reforma tributaria y de la persistencia de la falta de voluntad de reformar en un sentido progresista del equipo económico encabezado por Rodrigo Valdés. Se dejó atrás incrementos más sustanciales en la pensión básica y se plantea a última hora, y sin viabilidad legislativa, un proyecto que aumenta la contribución de los trabajadores sin tocar el sistema de AFP, y con resultados inciertos en tiempos futuros en materia de mayores pensiones. Incorporar de inmediato un pilar de reparto que aumente las actuales pensiones, por ejemplo con la mitad de la cotización obligatoria actual, habría mejorado la situación miserable de muchos pensionados y disminuido el rol de la capitalización individual, que ha resultado un fracaso, salvo para contribuir a la impresionante concentración económica que sufre Chile. Se argumenta por los que son contrarios a los intereses de la mayoría social, coro del que desgraciadamente forman parte las autoridades económicas actuales, con la supuesta contribución a la inversión de un sistema de seguridad social privatizada como en ninguna parte del mundo y que no asegura pensiones mínimamente proporcionales a los ingresos en la vida activa reciente.

Pero donde el balance es paupérrimo es en el tema de la nueva Constitución. La Presidenta Michelle Bachelet enviará, según volvió a señalar, un proyecto en la materia al Congreso a pocos meses de terminar su gobierno. Es decir, se perdió un gobierno completo para de una vez llevar adelante la tarea de reconstruir una institucionalidad que emane por primera vez en nuestra historia de representantes del pueblo convocados para el efecto, salir del quiebre histórico entre los chilenos y darle legitimidad a las instituciones que nos deben permitir sentar las bases de una prosperidad compartida y respetuosa del ambiente en el futuro.

También es el caso de legislaciones variadas, que se enviarán para su tramitación, en la práctica, por un próximo gobierno y un próximo Parlamento, y que constituyen acciones sin consecuencias que no corresponden a decisiones que el actual gobierno pueda concretar (como nuevas líneas de metro, fundiciones y otras yerbas), contribuyendo al desprestigio de un sistema democrático que debe siempre velar por -antes de sumirse en la retórica y la promesa que no se cumplirá-  la producción de resultados para el ciudadano común y especialmente para los que, en una de las sociedades más desiguales del mundo, menos tienen acceso a oportunidades y recursos.

Lo que está en juego en 2017

En Voces La Tercera

La derecha y en Frente Amplio tendrán el 2 de julio sus primarias, en las que vencerá con alta probabilidad en la primera Sebastián Piñera, mientras en la segunda las encuestas favorecen a Beatriz Sánchez. Piñera ha detallado su programa, que incluye bajar la tasa de impuestos a las empresas y descontar su pago en 100% (y no en 65% como ocurre desde la reforma de 2015) del impuesto a la renta, además de no avanzar en la gratuidad en la educación superior, “revisar” la reforma laboral y fortalecer las AFP con un 4% de mayor cotización destinada a los fondos que administran. No parece una exageración afirmar que si Piñera es elegido de nuevo presidente, en medio de una apuesta incierta por recuperar el crecimiento al 4% o más, los ricos pagarán menos impuestos, muchos estudiantes seguirán endeudándose, los sindicatos se debilitarán todavía más, las AFP tendrán mayores utilidades sobrenormales a costa de los trabajadores, las Isapres mantendrán sus también altas utilidades a cambio de coberturas inciertas para los sectores medios que pagan por sus seguros y las pensiones seguirán siendo muy bajas. El crecimiento no se recupera por meras expectativas creadas por la reinstalación de uno de los financistas más prósperos del país –que en todo caso administra sus fondos a partir de paraísos fiscales- en la presidencia. Requiere en el corto plazo de una política fiscal más activa y en el mediano plazo de una política industrial y de incremento de la innovación en base a más inversión pública y más investigación y desarrollo.

En el caso del Frente Amplio, la primaria marcará el inicio de su posible conformación como alternativa política en algún momento, siempre que los protagonismos de unas y otras de sus caras visibles, en tiempos de individualismo exacerbado, lo permitan. Eso sí, de su programa todavía no se conoce nada, pues está en consulta en su base.

Alejandro Guillier, por su parte, ha optado por darse más tiempo para conformar sus propuestas, aunque en su discurso destaca un fuerte compromiso con la descentralización, lo que es muy positivo frente al estancamiento que exhibe hoy este proceso, incluyendo la indispensable elección directa de las autoridades (gobernadores) regionales. ¿Se constituirá ahora un bloque de signo progresista detrás de Guillier? La decisión de empujar su candidatura como independiente con firmas propias no abunda en esa línea. Las características que tendrá su programa tal vez nos podrán ilustrar en esta materia, en medio de la persistente dispersión del centro y de la izquierda, que favorecen la reelección de Piñera. La condición para que esto no ocurra es que las heridas en el camino no sean demasiado grandes, que en el Frente Amplio no prime la idea de que la derecha y la centroizquierda son lo mismo y en la DC la idea que más vale apoyar a la derecha que a la izquierda. Pero sobre todo se requiere que en una segunda vuelta confluyan propuestas y compromisos de gobierno claros y capaces de suscitar una adhesión mayoritaria para los que quieran evitar el retorno de la derecha. Mientras tanto, persisten urgencias que no encuentran aún muchas respuestas.

La primera es la creación de empleo. La economía ha ido perdiendo desde 2013 la capacidad de crear empleos asalariados de buena calidad, lo que afecta a muchas familias. Revertir esta situación supone una política económica más fuertemente contracíclica para crecer al menos a un tres por ciento al año en el corto plazo, junto a una nueva política industrial que apueste por más programas estratégicos de magnitud como la reconversión generalizada hacia las energías renovables no convencionales (solar, eólica, geotérmica, biomasa), como un fuerte programa de inversiones de CODELCO y la creación de un complejo industrial nacional a partir del litio y las baterías de litio que sea central en la cadena de valor de la moderna industria global del transporte eléctrico, creando una Empresa Nacional del Litio, como el fortalecimiento de la industria alimentaria saludable que nos distinga en el mundo y como la expansión del turismo de calidad. Estas  iniciativas estratégicas son intensivas en la creación de empleo, reactivan las economías locales, reinsertan a los desempleados de larga duración, junto a una reactivación de la inversión pública en infraestructura y programas públicos de empleo de servicio a las personas.

En segundo lugar, para que el trabajo no sea un espacio de abuso contra las personas, no puede tardar una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo por necesidades económicas con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación obligatoria y a  programas de empleo temporal, junto a incrementos progresivos del salario mínimo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concursos anónimos y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en contrataciones y despidos.

En tercer lugar, no puede seguir esperando la reforma a la educación. Esta debe ampliar la gratuidad con prioridad en el fin de los copagos en la escuela para que sea efectivamente gratuita, sin fines de lucro y sin discriminaciones, y fortaleciendo a la futura escuela pública desmunicipalizada con un financiamiento básico a los establecimientos. La gratuidad debe extenderse en la educación superior técnico profesional, empezando por el nuevo sector estatal en formación. La gratuidad universitaria debiera concentrarse en las universidades públicas y no incluir a las familias del 15% de ingresos superiores mientras no aumente el bajo nivel de impuesto a la renta que pagan en Chile. Las universidades estatales deben reformarse para estar al servicio del desarrollo y aumentar su cobertura con un horizonte del 40% de la matrícula a fines del próximo gobierno. ¿Puede soslayarse sacar del sistema a las universidades e institutos con fines de lucro y los que no cumplen con requisitos mínimos de excelencia?  Tampoco puede soslayarse separar con urgencia en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada, con un nuevo servicio público profesional de atención de la infancia que reconocozca el fracaso del SENAME, y la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley.

En cuarto lugar, el retraso de la modernización de los servicios públicos de salud no puede seguir sin reacción. ¿Puede seguir esperando que el nivel primario de atención no aumente su capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas? ¿Puede retrasarse un más fuerte programa de contención de la epidemia de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria, articulado con el sistema educacional y los centros de trabajo? ¿Puede esperar el aumento de la tasa de uso de la infraestructura pública y un nuevo régimen estatutario para los médicos (mediante mayores salarios a cambio de dedicación de jornada completa)? Desde luego debe ponerse fin a la externalización de prestaciones garantizadas con un alto costo público y retormarse el proyecto de crear un fondo unificado de cotizaciones de salud, transformando en optativos y complementarios los seguros privados, en todo caso mejor regulados para evitar discriminaciones por preexistencias, por edad y por género. Ese fondo unificado debiera financiar, junto a los impuestos generales,  las inversiones en infraestructura (sin concesiones cuando demuestren ser más caras e ineficientes que la gestión pública), la generalización de  acciones y exámenes preventivos,  la salud primaria y de urgencia, las licencias médicas de todos los usuarios y ampliaciones del GES-Auge, incluyendo un mayor acceso garantizado a los medicamentos según los protocolos de tratamiento.

En quinto lugar, Chile no resiste más la administración privada parasitaria de la seguridad social, que el tardío proyecto de reforma del gobierno no cambia en absoluto. ¿Por qué no dar de una vez un rol central al pilar solidario de pensiones y proponerse llevar la pensión básica a 350 mil pesos en 2022 según aumenten las capacidades recaudatorias del Estado (lo que supondrá pasar de un gasto de 0,7 del PIB actual a un 2% del PIB) para todos los mayores de 65 años?. Un pilar público de pensiones contributivas de reparto debiera dar un mínimo de certeza a las jubilaciones con el 10% actual de cotizaciones salariales obligatorias que financie los derechos previsionales adquiridos en la vida activa (medidos en meses acumulados de cotizaciones) y aumentar su nivel actual, lo que supone otorgar incentivos a las mujeres y hombres que opten por alargar su vida salarial activa. Las AFP debieran ser instrumentos voluntarios de mercado y dejar de recibir cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas de manera complementaria, con en todo caso tablas ajustadas a la esperanza de vida efectiva y sin discriminación de género para las rentas vitalicias.

En sexto lugar, el actual proceso de destrucción de la naturaleza en manos de intereses privados es inaceptable para las actuales y  las futuras generaciones y debe partir remediándose con la rápida transición a las energías renovables no tradicionales, junto a la reconstrucción y protección del patrimonio natural, haciendo efectiva la consolidación de la Red de Parques Nacionales, y en especial la de la nueva red Patagónica. ¿Qué impide que los chilenos vuelvan a tener control de los recursos comunes, reemplazando la ley de concesiones mineras indefinidas por concesiones temporales y condicionadas al pago de una renta apropiada y a una explotación sustentable, ampliando la de carácter público, y derogando una ley de pesca dictada desde las empresas del sector? El agua debe ser renacionalizada, mediante derechos de agua que permitan su uso racional al servicio de las comunidades y de la actividad económica y no como propiedad privada de las grandes empresas. El Estado debe asumir los nuevos riesgos que emanan del cambio climático y establecer una explotación forestal, agrícola y pesquera sustentable con un nuevo ordenamiento territorial, junto a un reforzamiento de los sistemas de protección ante las emergencias y catástrofes.

Estos no son todos los problemas públicos a discutir, pero son al menos parte de los más significativos, ya sea que se opte por una u otra solución frente a ellos y las consiguientes reformas institucionales que las viabilicen. Pero brillan todavía por su ausencia en el debate presidencial.

El PS y la corrupción

En Facebook

Me pregunta un periodista si antes de intervenir sobre el tema del patrimonio del PS he hablado con Alvaro Elizalde o si lo he hecho después. Le señalé que no he hablado con él desde hace más de un año, y eso fue en un seminario en el extranjero. Mi reacción fue la de alguien que ya no es del PS pero que defiende el mecanismo de aseguramiento de un mínimo de independencia financiera del PS que concebimos a fines de los años 90, y que hoy se confunde con corrupción y colusión con grandes empresas, cuando se trataba precisamente de lo contrario. Hay mala fe y manipulación manifiesta de los medios de comunicación de derecha. Y no contribuye a una discusión racional el explicable ambiente de irritación de quienes de buena fe han conocido la evidencia de la colusión del poder económico con buena parte del sistema político, empezando con Novoa, Longueira, Van Rysselberghe, para no hablar de Piñera que es la fusión del poder político y el del dinero (2,7 mil millones de dólares de fortuna según Forbes, gestionada básicamente en paraísos fiscales) en una misma persona. Pero que sobre todo han reaccionado con justo enojo frente al aporte de los grandes grupos a las campañas de Frei, Bachelet y Marco Enríquez-Ominami, además de las de múltiples parlamentarios de la Concertación y la Nueva Mayoría. En el caso del PS, ese enojo se extiende a Fulvio Rossi, que ha sido objeto de investigación judicial por eventuales ilegalidades al recibir cercanos a él dinero de Angelini y Sqm, y a Camilo Escalona y Clemira Pacheco que recibieron por vías legales aportes de campaña de las empresas pesqueras. Pero se trata de situaciones individuales. En mi opinión son reprochables y el PS debiera establecerlo así. Y no lo hace. Junto a la renuncia a un programa efectivo de lucha contra las desigualdades, esa es una de las razones de mi renuncia al PS en agosto de 2016.

Pero eso no implica no defender el mecanismo de gestión del patrimonio del PS, que funcionó como un fideicomiso ciego de hecho (por eso, aunque muchos me insulten, los dirigentes voluntariamente no estábamos al tanto del detalle de las inversiones y al firmar los balances no solicitábamos la especificidad de la gestión patrimonial), pero en el que debimos haber definido criterios más estrictos de inversión y haberlos limitado a instrumentos públicos. Hoy lo importante es que la ley regula la gestión de patrimonios partidarios como fideicomiso ciego y que el PS ha comprometido altos estándares en la gestión del patrimonio, que ojalá implique la restricción de la inversión a instrumentos únicamente públicos para evitar de raíz todo conflicto de interés. Pero no tiene sentido pedirle a un partido que no resguarde su independencia financiera y, por tanto, política. Hacerlo es caer en la histeria y la irracionalidad.

Análisis político del 4 de mayo

El escenario presidencial se va precisando.

La derecha tendrá el 2 de julio sus primarias, en las que vencerá con alta probabilidad, según las encuestas conocidas, Sebastián Piñera. Pero en ellas Manuel Ossandón y Felipe Kast construirán con bastante seguridad buena parte del argumentario en materia de probidad y conflictos de interés que estará a disposición de los contendores de Piñera en la primera vuelta presidencial del 19 de noviembre. Piñera ha, además, detallado su programa, que incluye bajar la tasa de impuestos a las empresas y descontar su pago en 100% (y no en 65% como ocurre desde la reforma de 2015) del impuesto a la renta, además de no avanzar en la gratuidad en la educación superior, "revisar" la reforma laboral y fortalecer las AFP con un 4% de mayor cotización obligatoria. Si Piñera es de nuevo presidente, los ricos pagarán menos impuestos, muchos estudiantes seguirán endeudándose, los sindicatos se debilitarán todavia más, las AFP seguirán ganando mucho dinero a costa de los trabajadores y las pensiones seguirán siendo muy bajas,

El Frente Amplio, por su parte, reunió 42.813 firmas para inscribir sus primarias antes del 3 de mayo. Si no ocurre algún accidente en la validación con el Servel (como le ocurrió a Andrés Velasco, cuyo nuevo partido quedó disuelto), Alberto Mayol y Beatriz Sánchez competirán el 2 de julio -sin incluir a Navarro y Rendón en una expresión de estrechez más que de amplitud- en una primaria que será un hito y marcará el inicio de su conformación como alternativa política. Eso sí, de su programa todavía no se conoce nada, pues está en consulta en su base. 

La DC decidió, como era previsible, llevar a Carolina Goic a la primera vuelta del 19 de noviembre y de ese modo fracturó a la Nueva Mayoría. Señala que mantendrá su compromiso con el gobierno, pero lo primero que hicieron sus diputados fue votar esta semana con la derecha en un proyecto de ley sobre la infancia. Es muy posible que la línea DC de "boicot interno" se profundice en los meses que vienen, poniendo al gobierno en una situación difícil para cerrar varias de sus legislaciones emblemáticas (como el aborto por tres causales, la nueva educación escolar pública o la reforma a la educación superior). Se configura así una creciente autonomización de la DC y una confluencia con la derecha en aras de "volver al centro" y de "recuperar su identidad", más allá de las declaraciones de su abanderada y de sus dirigentes. Las dinámicas políticas son lo que son y van más allá de las intenciones declaradas.

Esto deja sin una estrategia muy clara al ala de centro e izquierda laica de la Nueva Mayoría (PR, PPD, PS, PC). Todo esto se origina el 9 de abril en el apoyo a Alejandro Guillier desde el PS, pues infligirle una derrota sin contemplaciones a Ricardo Lagos impactó negativamente en la DC. Se supone que no se buscaba la ruptura con ese partido, la que sin embargo se produjo. La respuesta del PS, PR y PPD, y de manera más cauta el PC, fue cerrar, además, toda puerta a una o dos listas parlamentarias que incluyeran a la DC (probablemente porque una lista única es difícil de hacer calzar con las distintas aspiraciones partidarias y una lista con la DC no conviene por separado ni al PR, ni al PPD ni al PS y no es imaginable con el PC) en un contexto de competencia presidencial. De nuevo: en política existen las consecuencias no buscadas de las acciones que se realizan para otros fines.

La Nueva Mayoría podría tal vez haber salvado una primaria-y de paso su unidad política para un mejor término del actual gobierno y una proyección futura- si la dirección del PS de Isabel Allende hubiera mantenido la consulta abierta para elegir un candidato de sus filas, lo que hubiera implicado dirimir entre Fernando Atria y José Miguel Insulza. Así, el PS hubiera presentado a una primaria a Atria o Insulza, el PPD a Lagos y el PR a Guillier, disminuyendo la percepción de amenaza para una candidatura de Goic en primarias. Pero eso ya es interpretación retrospectiva.

En términos prospectivos, ¿se constituirá ahora un bloque de centro e izquierda laica detrás de Guillier que procure un pacto de apoyo mutuo en segunda vuelta con la DC, el Frente Amplio y otras expresiones de izquierda que se presenten a una primera vuelta? La decisión de Guillier de empujar su candidatura como independiente con firmas propias no abunda en esa línea, como tampoco la amenaza DC de no apoyar a Guillier en segunda vuelta el 17 de diciembre si se la obliga a ir sola a la elección parlamentaria, con un riesgo de disminuir su electividad. 

El momento político es todavía uno signado por un importante grado de confusión, y en todo caso de dispersión aguda del centro y de la izquierda, sin que se vislumbre por el momento un momento de unidad para impedir el retorno de la derecha, el que debiera ser el que media entre la primera y la segunda vuelta presidencial. La condición para que esto ocurra es que las heridas en el camino no sean demasiado grandes, que en el Frente Amplio no prime la idea de que la derecha y la centroizquierda son lo mismo y en la nueva DC camino propista la idea que más vale apoyar a la derecha que a la izquierda. La consagración de un escenario político de este tipo asegura la vuelta de la derecha al gobierno, y también varios gobiernos de ese signo en el futuro.