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La última cuenta


La Cuenta a la Nación emitida este 1 de junio de 2017 por la presidenta Michelle Bachelet fue un buen y convincente recuento de sus logros, en un contexto de recuperación de su popularidad personal a cifras superiores al 30%. Muchos programas específicos muestran resultados, incluyendo una leve disminución de la desigualdad en 2015 respecto a 2013, la gratuidad en educación superior para el 50% de menos ingresos, un aumento de 10% en la pensión básica solidaria, la creación de más de 300 mil empleos en tres años, el incremento a 17% de la generación eléctrica por energías renovables no convencionales y los 4,5 millones de hectáreas que se integran a los parques nacionales fruto del acuerdo con la familia Tompkins, sin olvidar la unión civil, todo lo cual es muy positivo. También lo es el cambio del sistema binominal por uno proporcional que inauguraremos este año y ojalá la elección de gobernadores regionales, así como los cambios a la ley electoral que ilegalizaron los aportes empresariales a las campañas e introdujeron la pena de pérdida del escaño en caso de violación de esta norma.

No obstante, de las tres promesas principales de su campaña, una no avanzó en absoluto, la nueva constitución, y dos –la reforma tributaria y la reforma a la educación- tuvieron avances y tropiezos.

La reforma tributaria, cuyo diseño inicial terminó recortado en el Senado, estableció un positivo impuesto a las emisiones de carbono y aumentó la tributación al consumo de tabaco y alcohol, importante para la salud pública, pero que hizo inmediatamente impopular la reforma. Se llegó a un sistema excesivamente gradual y complejo, en base a cuatro sistemas distintos, de tributación de las utilidades de las empresas, con una desintegración parcial y no total con la tributación de las personas –que Piñera de todas maneras quiere deshacer porque incrementa, aunque menos de lo necesario, la tributación del 10% más rico de Chile-, un aumento excesivo de la exención tributaria para las empresas de menos ventas y una falta de avance en la tributación por renta presunta. Sobre todo, la reforma no incluyó un ápice en materia de royalty minero, que sigue sin pagarse por el volumen de recursos extraídos, con lo que la tributación de la minería privada sufrió un cuasi colapso en 2016. Ni tampoco nada en materia de rediscusión de la tributación pesquera, luego de que se descubriera la profundidad del cohecho en la legislación aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera. El hecho es que entre 2013 y 2016 los ingresos tributarios respecto del PIB pasaron de representar un 16,7% en 2013 a 17,5% en 2016, cifra inferior al 17,6% de 2012. Es decir, los tres puntos de producto que se suponía iba a rendir la reforma tributaria a fines del actual gobierno resultaron casi simbólicos, lo que le quitó márgenes de maniobra. 

Si a eso se agrega la política de disminución del déficit fiscal estructural más allá de lo necesario para la estabilidad fiscal, con consecuencias –junto a una tardía acción reactivadora de la política monetaria del Banco Central-  sobre un menor crecimiento y la propia recaudación tributaria, nos encontramos con un cuadro en el que las realizaciones prometidas que implicaban mayor gasto resultaron de menor alcance.

Este es el caso de la gratuidad en educación superior, que llegó en 2017 a cubrir a los estudiantes del 50% de familias de menos ingresos y alcanzará a 60% en 2018, en vez del 70% comprometido. Y de la ausencia de toda reforma a la educación superior hasta ahora -se supone que habrá un proyecto que regula a las universidades públicas en las próximas semanas- con arreglos presupuestarios y acuerdos particulares con la Universidad Católica, que negocia –con recursos judiciales incluidos- apoyos públicos indebidos pues no respeta ni la libertad de cátedra ni la libertad de investigación, condiciones razonablemente mínimas para recibir apoyos estatales en la educación privada. La llamada ley de inclusión tuvo el gran mérito de iniciar un tránsito hacia el fin del lucro en el sistema escolar públicamente financiado, pero la reforma de la escuela pública se dejó para el final, sin que aún haya ley ni apoyos presupuestarios importantes, mientras sigue perdiendo matrícula, prestigio y capacidad de inclusión.

Aunque no era un compromiso programático, la reforma al sistema de pensiones también sufrió de la falta de resultados de la reforma tributaria y de la persistencia de la falta de voluntad de reformar en un sentido progresista del equipo económico encabezado por Rodrigo Valdés. Se dejó atrás incrementos más sustanciales en la pensión básica y se plantea a última hora, y sin viabilidad legislativa, un proyecto que aumenta la contribución de los trabajadores sin tocar el sistema de AFP, y con resultados inciertos en tiempos futuros en materia de mayores pensiones. Incorporar de inmediato un pilar de reparto que aumente las actuales pensiones, por ejemplo con la mitad de la cotización obligatoria actual, habría mejorado la situación miserable de muchos pensionados y disminuido el rol de la capitalización individual, que ha resultado un fracaso, salvo para contribuir a la impresionante concentración económica que sufre Chile. Se argumenta por los que son contrarios a los intereses de la mayoría social, coro del que desgraciadamente forman parte las autoridades económicas actuales, con la supuesta contribución a la inversión de un sistema de seguridad social privatizada como en ninguna parte del mundo y que no asegura pensiones mínimamente proporcionales a los ingresos en la vida activa reciente.

Pero donde el balance es paupérrimo es en el tema de la nueva Constitución. La Presidenta Michelle Bachelet enviará, según volvió a señalar, un proyecto en la materia al Congreso a pocos meses de terminar su gobierno. Es decir, se perdió un gobierno completo para de una vez llevar adelante la tarea de reconstruir una institucionalidad que emane por primera vez en nuestra historia de representantes del pueblo convocados para el efecto, salir del quiebre histórico entre los chilenos y darle legitimidad a las instituciones que nos deben permitir sentar las bases de una prosperidad compartida y respetuosa del ambiente en el futuro.

También es el caso de legislaciones variadas, que se enviarán para su tramitación, en la práctica, por un próximo gobierno y un próximo Parlamento, y que constituyen acciones sin consecuencias que no corresponden a decisiones que el actual gobierno pueda concretar (como nuevas líneas de metro, fundiciones y otras yerbas), contribuyendo al desprestigio de un sistema democrático que debe siempre velar por -antes de sumirse en la retórica y la promesa que no se cumplirá-  la producción de resultados para el ciudadano común y especialmente para los que, en una de las sociedades más desiguales del mundo, menos tienen acceso a oportunidades y recursos.

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