El 5 de octubre de 1988: ¿qué se puede pensar 25 años después?

La jornada del 5 de octubre de 1988 fue el momento fundacional de un camino que llevó a la transición y al tipo de democracia actualmente vigente. A ese título es vista hoy con frecuencia con la lógica del desencanto. No obstante, su evaluación debe ser más compleja.Declaremos desde ya que “la alegría vino”, pues derrotar a Pinochet en un plebiscito convocado por él mismo le provocó sonrisas hasta a los más indiferentes. Y ciertamente a los millones que se jugaron por dejar atrás a la dictadura y votaron por la opción NO y decididamente a las más de 60 mil personas que organizaron el control de los resultados del plebiscito, con alma y pasión, y que pudieron contar más del 90% de los votos de manera independiente del Estado. Esa movilización social y civil convocada por los partidos democráticos, sin parangón en los procesos electorales modernos, contribuyó a disuadir a todos los que quisieron esa noche desconocer el resultado. Sabemos hoy que eso incluyó el intento de declaración de Estado de Sitio por Pinochet y su Ministro del Interior Fernández (una vez más la sombra de la UDI), que fue rechazado por el resto de la junta militar y de la derecha política, que intuía que el camino del desconocimiento podía terminar mal para ellos, al estilo de Ferdinand Marcos en Filipinas.

Pero para quienes esperaban superar a breve plazo todos los dolores individuales y sociales acumulados en 16 años de dictadura, ciertamente la alegría no vino ni, agrego por mi parte, difícilmente podía llegar, pues la heridas humanas eran demasiado profundas y la regresión social demasiado severa. Es obvio, además, que la alegría simplemente no es un estado permanente. Convengamos, entonces, que la ironía amarga del tipo “¿no era que iba a venir la alegría?” frente a cada problema de los últimos 25 años, es no saber apreciar una victoria democrática colectiva que merece ser celebrada y recordada como uno de los grandes momentos de la historia contemporánea de Chile. 

En la configuración de la arena del 5 de octubre de 1988 confluyeron los que querían una nueva legitimación de la dictadura, los que querían un tránsito a una democracia doblemente tutelada militarmente y por las oligarquías económicas y los que queríamos derrotar y desbordar políticamente a la dictadura desde la oposición de centro y de izquierda para construir una democracia moderna y progresista.

Los que en la izquierda promovimos la llamada “renovación socialista” fuimos tempranos y activos partidarios de configurar esa arena de lucha política, y fuimos denostados por la izquierda sectaria (“inscripción=traición” escribían en los muros, incluidos algunos de los hoy organizadores de las celebraciones de los 25 años que nunca se identificaron con el arco-iris). Apreciábamos entonces que debía construirse una línea de derrota política de la dictadura a través de un proceso de desobediencia civil generalizada y de alianzas partidarias amplias (incluso con quienes habían contribuido decisivamente a derrocar al Presidente Allende en 1973 y colaborado inicialmente con la dictadura en una actitud que no los enaltece históricamente) y no una línea de acciones militares sin viabilidad en las condiciones de la dictadura chilena, y que en caso de éxito prefiguraría, habíamos concluido después de amargas experiencias, un autoritarismo contrario a los propósitos democratizadores. Además, se trataba de definir sin equívocos, y no como una cuestión táctica en la vena leninista, que la democracia sería el espacio y límite de la acción política futura, en un contexto de plena autonomía de la sociedad civil y con una ruptura clara con cualquier alineación con los llamados “socialismos reales”. El proyecto de cambio debía ser progresivo y estar sujeto a la obtención de las mayorías populares y ciudadanas suficientes.

La opción alternativa era prolongar los intentos de lucha armada, legítimos frente a una tiranía, pero ahora en una escala mucho mayor, y confrontar a la dictadura donde ésta era más fuerte, en el terreno militar, y no en el terreno del desborde social y político, donde era más débil, como terminó demostrándose. Mi compañero de colegio Raúl Pellegrin, no lo entendió así, y quiso relanzar con su FPMR la lucha armada apenas dos semanas después del 5 de octubre. Pagó con su vida en manos de una represión inhumana el postrer intento de replicar la revolución cubana y nicaragüense en Chile.

Así, entre la continuidad de la dictadura y los sufrimientos de una lucha armada prolongada con miles de muertos adicionales, o bien abrir un proceso incierto de transición a la democracia, hubimos quienes pensamos que más valía lo segundo. Y así actuamos. Pero era una tarea exigente, si el objetivo era el horizonte de la democracia política y social, que implicaba luchar (“la política es lucha” decía Max Weber) contra el doble condicionamiento constituido por la tutela militar y la tutela de las oligarquías económicas sobre la soberanía popular, ambas contenidas en la constitución de 1980. Se trataba de acumular fuerza política, social y cultural a partir de una situación adversa, y con una derecha y un pinochetismo electoralmente fuertes.


En materia de tutela militar, después de sinuosos e inesperados caminos, como la detención de Pinochet en Londres, el proceso fue definitivamente exitoso, lo que terminó de consagrarse en el gobierno de Ricardo Lagos, lo que la historia alguna vez le reconocerá, pese a sus detractores altisonantes, así como a los mandos que cambiaron la doctrina del Ejército. Quien no quiera admitirlo, simplemente comete un error de hecho: los militares no determinan el curso político en el Chile de hoy y son probablemente menos intervencionistas que en cualquier otra etapa de la vida republicana. Decenas de oficiales detenidos en Punta Peuco están para demostrarlo (dicho sea de paso, una cárcel sin privilegios pero segmentada es una opción que defendí y sigo defendiendo, aunque las voces de los tiempos digan otra cosa). En todo caso, es una curiosa discusión sobre la impunidad militar la que consiste en deliberar acerca de dónde deben estar prisioneros los violadores a los derechos humanos condenados por la justicia. Los tribunales, desde inicios de este siglo, aluden la prevalencia de los tratados internacionales firmados por Chile en materia de derechos humanos para declarar los crímenes contra la humanidad inamnistiables e imprescriptibles. Esto se debe a la reforma constitucional pactada y plebiscitada en 1989, que consagró el actual artículo 5ª de la constitución vigente. No es poca cosa. 


La segunda gran tarea, levantar la tutela de las oligarquías económicas sobre la democracia, ha sido, en cambio, un resonante fracaso. La economía está más concentrada que nunca, los ingresos permanecen distribuidos de manera escandalosamente desigual y la explotación de los recursos naturales y sus frutos está como nunca en manos de privados y transnacionales rentistas y no de la Nación chilena. Esto se debe a la mantención de senadores designados durante 16 años y, todavía, del sistema binominal y los quorum antidemocráticos de leyes orgánicas, muy equivocadamente concedidos estos últimos en 1989. Y a dos fenómenos adicionales. Primero, en la esfera intelectual, al proceso de personas influyentes que fueron primero doctrinarios ortodoxos marxistas-leninistas o bien humanistas cristianos y que se adscribieron luego a la visión neoliberal. Segundo, a la reconversión de una parte significativa de la dirigencia política de centro y de izquierda al pragmatismo puro y simple y el abandono del impulso reformador original en beneficio de una conducta meramente adaptativa para ocupar espacios de poder burocrático, o simple y tristemente para obtener un reconocimiento por los factores de poder existentes en la sociedad chilena.


Asumir que la transición a la democracia y el establecimiento en Chile de un Estado fuerte capaz de gobernar el mercado y ganar derechos sociales extendidos resultó ser mucho más complejo y largo que lo que preveía el diseño inicial, no implicaba, al menos para algunos de nosotros, abandonar la vocación de transformación radical de la sociedad desigual, excluyente y polarizada que construyó la dictadura.

El proyecto político de “crecimiento con equidad” que tuvo origen en la Concertación, dio un fuerte giro hacia políticas de subordinación al mercado y a los intereses de las grandes corporaciones, dejando de lado las reformas estructurales igualitarias que eran el núcleo crítico que debía acompañar el cambio de régimen político. Se terminó pactando con la derecha en temas esenciales, como la privatización del cobre, del litio, de las aguas y las sanitarias, contra la opinión de algunos de nosotros, los “autoflagelantes”, que fuimos derrotados. Se autorizó el financiamiento de las empresas a las campañas electorales. Incluso en la oposición se hizo concesiones inaceptables, como en materia de sistema escolar y de royalty minero en 2010 y 2011, con la consecuencia de ceder espacios a la privatización educacional y la pérdida de soberanía sobre las rentas del cobre hasta 2024. Estas conductas no fueron congruentes con el espíritu del 5 de octubre. 

¿Cuál es la agenda pendiente? Desarrollar la democracia para hacer efectivo el rol de los poderes públicos en la vida económica, con un Estado Social de Derecho capaz de organizar la cohesión de la vida colectiva y el respeto del ambiente, así como consagrar un rol igualmente decisivo para la auto-organización de la sociedad civil. Esto requiere de una nueva constitución, cuya elaboración históricamente más civilizada e institucional es la que puede realizar una asamblea constituyente elegida especialmente para el efecto, en base a un pronunciamiento de los ciudadanos en un plebiscito convocado por el gobierno con el aval del parlamento. Los que descalifican el camino de la asamblea constituyente como un desvarío chavista no se detienen a pensar que ha sido el gran factor de estabilidad democrática en países como Brasil y Colombia.

La izquierda democrática chilena debe en definitiva recuperar su rol histórico sobre la base de plantearse viabilizar cinco grandes temas: 
- una nueva institucionalidad democrática para nuevos derechos civiles, participación política equitativa y descentralización; 
- una política económica desarrollista, con énfasis en infraestructura, I+D, política industrial, expansión de energías no convencionales, con desconcentración de mercados, diálogo social, derechos laborales que incluyan negociación colectiva inter-empresas y participación en las utilidades, acceso al crédito para las pymes, derechos colectivos de los consumidores, reforma tributaria progresiva, el control nacional de la renta minera y una política monetaria con tarea antiinflacionaria y además de promoción del empleo en el manejo del ciclo económico; 
- una nueva política social contra la desigualdad que a) sustraiga la educación y la cultura del mercado, b) sustituya la mercantilización de la protección social en salud, pensiones y desempleo por sistemas públicos y sociales universales, es decir una propuesta hacia las clases medias y populares y c) elimine el "clientelismo bonista y de subsidios", con integración por el empleo en formas de economía social y cooperativa local y por derechos de ingreso de ciudadanía para las personas en condición de precariedad y marginación;
- una nueva política de desarrollo territorial, con programas de intervención urbana que amplíen el espacio público y mitiguen la fractura social espacial y la privatización de la vida cotidiana, junto al ecodesarrollo de los espacios urbanos y rurales y la protección de los recursos naturales.
- una política exterior autónoma, que promueva la integración vecinal activa (con ampliación de nexos con Argentina, acuerdo equitativo de salida al mar para Bolivia y mejoría de relaciones con Perú, incluyendo un proceso de desarme compensado), una mayor integración política en seguridad colectiva, económica y migratoria sudamericana y una articulación latinoamericana en la gobernabilidad global.

En vías de terminar el corto ciclo gubernamental de la derecha, incapaz de ofrecer un proyecto inclusivo de país, es de esperar que no vuelva por sus fueros la continuidad del método político de no analizar las causas de las derrotas, señalizar para un lado y virar para el otro, no plantear temas controversiales en las campañas porque alejan electores ni aplicar luego los programas en el gobierno porque afectan la estabilidad. Esa es, a estas alturas, la mayor garantía de inestabilidad futura, de deterioro de la democracia y de alejamiento de la esperanza abierta el 5 de octubre de 1988.

Pasado y presente en Chile

¿Por qué los acontecimientos desencadenados a partir de septiembre de 1973 siguen tan presentes en Chile y tan vivo el dolor que provocan? Los que vivimos en el exilio en Europa no percibimos una situación semejante respecto de la segunda guerra mundial, por ejemplo, cuando llegamos allá unos treinta años después de su término. Los sufrimientos humanos habían sido gigantescos, pero los responsables históricos estaban claros, se había hecho justicia y probablemente eso permitía que la sociedad pudiera mirar adelante en base al ideal democrático y de integración. ¿Será que, en cambio, el tema del Golpe de 1973 funciona en nuestro país como lo que el sicoanálisis denomina un trauma no superado, que se transmite además a las nuevas generaciones? La hipótesis de que en Chile nuestro trauma, grave, pero de una magnitud no comparable con una guerra mundial, no ha sido adecuadamente procesado, en detrimento de la convivencia en el presente, es digna de ser explorada.

Primero, el reconocimiento de los hechos es equívoco y con ribetes perturbadores. Los autores militares del Golpe y los autores civiles y sus herederos suelen minimizar y justificar lo que hicieron, con la notable excepción parcial del Ejército que en 2003 enunció una posición institucional que reafirmó la sujeción al orden democrático y el compromiso de no repetición de violaciones de derechos humanos. Los civiles de derecha no mencionan el hecho histórico bastante bien documentado de que en los planes de personeros como Jorge Prat y Sergio Jarpa, al menos desde los años de la reforma agraria de Frei, como también en la mente de los jóvenes integristas agrupados por Jaime Guzmán, estaba establecer una dictadura de tipo franquista en Chile. Lo propio ocurría con corrientes militaristas al interior de las FF.AA. No nos olvidemos que intentaron realizar un golpe en 1969 contra Frei y luego otro en 1970 para impedir que asumiera Allende.

Estos actores de la vida política vieron realizado en 1973 su proyecto y lo abrazaron con entusiasmo, pues terminar con la democracia era su propósito. Su convicción, en medio de la guerra fría, era que la democracia era débil para confrontar “los avances del comunismo”, con el trasfondo de pérdida de hegemonía social de las oligarquías tradicionales desde los años 20. Jarpa y los del Partido Nacional no han hecho reconocimiento alguno al respecto. La UDI tampoco, aunque sus miembros fueron un soporte principal de la dictadura y de su intento de prolongación a través del diseño de una “democracia protegida”. En 2003 hizo un planteamiento equívoco sobre derechos humanos, proponiendo una medida tan éticamente inaceptable como la indemnización económica a las víctimas a cambio de renunciar a la justicia, que era lo que en definitiva les interesaba. Y han insistido en que ciertos líderes algo intentaron para proteger a conocidos suyos que eran violentados, generando la molestia del jefe de los torturadores, lo que contrasta con la defensa gremialista acérrima del régimen de fuerza y de sus aparatos de represión, según se puede comprobar con una simple revisión de la prensa de la época.

La negación de hechos dolorosos, siempre según el sicoanálisis, permanece en el inconsciente individual y a la larga vuelve a manifestarse y provocar sufrimiento. Eso es parte de lo que pasa socialmente en Chile hasta hoy, con una variante que aumenta el trauma: el exasperante intento de transferir la responsabilidad de los victimarios a las víctimas. Leo el 2 de septiembre de 2013 (sí, cuarenta años después) al senador Espina de RN que declara: “Nosotros debemos ser claros en decir que la izquierda fue culpable de lo que ocurrió el 11”. Esto es trastocar de manera perturbadora la realidad histórica: los responsables del Golpe fueron los golpistas, no el gobierno que fue víctima del Golpe Militar ni sus partidarios. Sin ese punto de partida nunca será posible procesar civilizadamente nada en esta materia.

Que el contexto histórico influyó en la conducta de los actores políticos de la época, que todos fueron parte de la polarización y todo lo demás, por supuesto que es relevante (aunque muchos nos podrían ahorrar ahora sus perdones personales balbuciantes y televisivos que no vienen francamente al caso). La insistencia en el contexto es digna de discusión, incluyendo el análisis de los desórdenes políticos y económicos que el conflicto de la época agudizó al extremo, la fiereza y violencia de la oposición, el boicot norteamericano, las incoherencias de la UP, la expansión inmanejable de la demanda de consumo, la exasperación de las clases medias frente a la escasez, la ausencia de firme acotamiento de los cambios de propiedad, los desbordes de ocupación de pequeñas propiedades por la extrema izquierda, todos temas que el gobierno debiera haber enfrentado con una eficacia que no demostró. Todo esto fue más tarde objeto de interminables debates y autocríticas en la izquierda y ha sido una lección razonablemente aprendida. Pero este debate no debe esconder que quienes quisieron e hicieron el golpe fueron unos y quienes se opusieron a él e intentaron evitarlo fueron otros.Reconozcamos los hechos antes de hacer interpretaciones: a) hubo un Golpe de Estado cuyos autores fueron los golpistas que conspiraron y lograron conformar una Junta Militar e instigadores y cómplices que le prestaron apoyo (la derecha civil, la gran mayoría de la Democracia Cristiana, el gobierno de Nixon y la dictadura brasileña); b) este golpe tuvo como finalidad interrumpir violentamente el régimen de libertades propio de la tradicional democracia chilena, para algunos por tiempo indefinido, para otros temporalmente, y, c) hubo quienes lo apoyaron y hubo quienes lo rechazaron, empezando por el Presidente Allende —que prefirió soportar un bombardeo y finalmente suicidarse antes que rendirse a los golpistas— y por sus partidarios, así como por un Comandante en Jefe y un Director General, todos respetuosos de la Constitución (el Almirante Montero y el General Sepúlveda Galindo), así como por muchos oficiales y soldados que no dudaron en ceñirse a la tradición constitucionalista de las FF.AA en contra del golpismo militar. Los que no lo hicieron no pueden escudarse en que no tenían otra opción, porque sí la tenían, como lo demostraron con coraje parte de sus camaradas de armas.

Segundo, hay quienes combinan la negación o el intento poco ético de querer trastocar las responsabilidades con una variante: la idea de la legítima defensa. Lo más persistente sigue siendo atribuirle al Partido Socialista que preparaba desde 1967 una insurrección. Es cierto que una resolución en un congreso de ese año señaló que “las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”. La idea simplista de que el Estado es burgués por esencia, que sus cuerpos armados siempre actúan a favor de los intereses de los privilegiados y de Estados Unidos, que inevitablemente reaccionan con violencia ante procesos de cambio que promovieran los intereses de la mayoría popular, estaba presente en el PS y en parte de la izquierda. La conclusión era procurar acumular una fuerza equivalente o superior a la del Estado para derrotar la fuerza armada de las clases económicamente dominantes. La guerra de Vietnam y el avance de las dictaduras militares en América Latina (Brasil, Argentina, Bolivia, entre muchas) abonaban este análisis que creía que un golpe vendría a la brevedad en Chile.

Pero prevaleció otra respuesta, la de que en Chile tenía sentido que la izquierda recorriera el camino democrático, argumentando que las FF.AA. tenían un componente constitucionalista, que no necesariamente estaban al servicio de la clase burguesa o del imperialismo externo, y que se debía construir mayorías en contextos institucionales para hacer avanzar unos cambios que Eugenio González llamada “revolucionarios en sus fines y democráticos en sus métodos”, básicamente una reforma agraria, una nacionalización del cobre y crear una industria nacional para sustentar mejorías del nivel de vida de la mayoría popular. Se trataba del proyecto del socialismo histórico chileno expresado en el programa de 1947, encarnado por González y Ampuero, y que Allende sintetizó en 1971 en la idea de la “vía chilena al socialismo”. De hecho, en el PS, ya en 1967 no prevalecieron sus sectores “trotskistas” o guevaristas, pues eligió para dirigirlo al experimentado parlamentario Aniceto Rodríguez, cuya tarea no fue organizar la lucha armada sino, con éxito, una política consistente en persistir en la vía legal para alcanzar democráticamente el gobierno, con una amplia alianza con pleno respeto de las normas constitucionales. Desde 1971, el sector reformista fue desplazado, el PS pasó a promover el “avanzar sin transar” y mantuvo una estructura armada de poco alcance que proveía protección al presidente Allende (el GAP) y a algunos de sus dirigentes, bajo control del sector llamado ELN, ajeno a conductas ultraizquierdistas. En un contexto de gran tensión política, esto no significaba promover la lucha armada sino mantener una capacidad de autodefensa, que resultó ser bastante mínima (el MIR por su parte solo tenía una pequeña “fuerza central” con muy pocas armas), aunque abundasen las declaraciones de beligerancia y las expresiones de verbalismo revolucionario en el propio partido del presidente, lo que provocaba su recurrente irritación y le llevó a promover el reemplazo de la dirección en un congreso a realizarse en 1974. Esta retórica contribuyó a generar una percepción de amenaza inexcusable.

Pero no nos equivoquemos en el análisis: los que preparaban el Golpe de Estado no eran los socialistas ni la izquierda. La pretensión de que la responsabilidad de los actos propios es de terceros, es simplemente inaceptable desde el punto de vista de la ética pública. Lo es también en el derecho penal: el que asesina voluntariamente a alguien es objeto de atribución de responsabilidad, por mucho que el contexto explique su acto, incluyendo una eventual insoportable provocación de la víctima. El asesino es el asesino y la víctima, la víctima y la justicia debe actuar en consecuencia. Es la distinción entre justificar y explicar. El Golpe de 1973 tiene muchas explicaciones. Lo que no tiene es justificación, al menos, desde las convicciones democráticas. Distingamos entre ser responsable del Golpe, contribuir a la polarización y dar pretextos a los golpistas, de lo que el PS de la época sí es responsable y ha admitido a la postre formalmente. Una declaración de la Comisión Política en 2003 así lo hizo con claridad: del Golpe son responsables los que lo hicieron.

Estos construyeron en la época —y hay quienes todavía lo sostienen— el mito del Golpe de Praga que el PS y Allende habrían estado preparando. Se aludía no a la invasión soviética a Checoeslovaquia de 1968, como recientemente mencionó Allamand (basta mirar un mapa para darse cuenta de lo absurdo de la idea, no obstante utilizada en la campaña del terror de 1964 cuando se difundía que con Allende llegarían los tanques rusos a Chile, lo que provocó el quiebre de la amistad entre Allende y Frei), sino a la toma del poder por los comunistas checos que dominaban el gobierno en 1948 frente a una elección que iban a perder. En especial, Frei y Aylwin temían que el general Prats se prestara para algo que por lo demás ni el Presidente Allende, ni nadie en la izquierda, jamás le propuso, ni éste hubiera aceptado. Prats sí estaba dispuesto a destituir masivamente a los oficiales golpistas, a lo que Allende se negó porque consideraba que podía llevar a una guerra civil, según testimonio de Jaime Gazmuri en sus memorias, con lo que Prats terminó por renunciar, junto a una reacción frente a la deslealtad de muchos de sus generales.

El presidente Allende no podía estar más lejos de la idea de precipitar una guerra civil o un Golpe de Praga. Se aprestaba a llamar a un plebiscito el 11 de septiembre —lo que incluso llevó a Miguel Enríquez, advertido por Allende, a desmovilizar al MIR en los días previos— a propósito de la promulgación de una ley sobre áreas de propiedad (llamada Hamilton-Fuentealba) sobre la que había ejercido un veto. Hecho a tiempo (hubo una demora en la respuesta del PC, que fue positiva, contrariamente a la del PS), el anuncio hubiera evitado probablemente el Golpe. Éste se adelantó por los conspiradores, a los que se sumó a última hora Pinochet, para evitar una salida política que se hubiera encaminado a partir del discurso de Allende previsto para el martes 11 en un acto en la Universidad Técnica del Estado. Este adelantamiento no se produjo, como lo señala una cierta leyenda, por la irritación provocada por el senador Altamirano al reconocer que había sostenido una reunión con marinos antigolpistas. En caso de derrota en el plebiscito, lo que era probable, esto hubiera llevado al Presidente Allende a renunciar y a convocar a una nueva elección. Allende buscó hasta el final una salida política para evitar el Golpe Militar.

La lógica del Golpe de Praga y el mito de los miles de guerrilleros extranjeros fue, por su parte, la justificación de la mayoría DC para justificar entonces el Golpe: “El gobierno de Allende, movido sobre todo por el afán de conquistar de cualquier modo la totalidad del poder, había agotado en el peor fracaso la llamada vía chilena al socialismo y se preparaba para consumar un autogolpe de fuerza que habría sido terriblemente despiadado y sangriento, para instaurar una dictadura comunista”, según un documento del Consejo Nacional del 27 de septiembre de 1973. Esto fue reconocido más tarde por el Presidente Aylwin en su libro de 1998 como un error de hecho: “Aunque las irresponsables amenazas públicas de algunos líderes izquierdistas, sus simpatías con el régimen cubano, la existencia de brigadas populares armadas y la cercanía de algunos jefes militares al gobierno de entonces daban pábulo a esa opinión, los hechos demostraron que ese temor carecía de todo fundamento”. De paso, mencionemos que los archivos soviéticos dejan en clara evidencia que la URSS no apoyaba que en Chile se constituyera un gobierno satélite y que no podía sostenerlo.

Nadie en la izquierda estaba preparando un Golpe. Nadie. Algunos se prepararon para resistirlo, y me incluyo entre ellos, aunque era un adolescente militante del MIR de 16 años, pero esa es harina de otro costal. Hasta donde conozco, esto ocurrió puntualmente sólo en La Moneda —donde resistieron 27 personas el bombardeo—, en un par de fábricas de los cordones Vicuña Mackenna y Cerrillos, en la población la Legua, en Renca, en Valparaíso y en Macul, donde me encontraba, con medios patéticamente desiguales. A partir de ahí, los golpistas y sus cómplices transformaron a sus adversarios políticos (la izquierda política y social) en enemigos a eliminar por cualquier medio. Construyeron una idea de defensa propia —ellos o nosotros— frente a un supuesto diseño de exterminio, el completamente falso llamado “Plan Zeta”. Generaron el pánico en sus filas y, a partir de él, procedieron metódicamente al exterminio de la izquierda, sin tasa ni medida, brutalmente, asesinando, torturando, violando mujeres, encarcelando, exiliando.

Esos son los hechos. Negarlos o justificarlos no podrá ser nunca la base de una pacificación de los espíritus que dé lugar, poco a poco, a una superación del trauma y a una convivencia civilizada. Cuando las víctimas son designadas como responsables de sus sufrimientos por sus victimarios y por sus cómplices pasivos o activos, los que además los invitan a “reconciliarse”, estamos simplemente frente a una forma de perversión. No nos extrañemos entonces que las heridas no cierren. El camino por recorrer es aún largo para no quedar prisioneros de nuestro pasado. El dicho bíblico “solo la verdad nos hará libres” (Juan 8,32) es tal vez el que mejor resume, incluso para un ateo irremediable como el que escribe estas líneas, la tarea que a todos nos debe seguir convocando.

(Declaro para claridad de las cosas que no soy neutral frente a estos hechos, como ningún chileno que haya vivido esa época. Mi familia formaba parte de los partidarios del Presidente Allende. Por lo demás, mi padre fue su ministro de Planificación durante los tres años de la Unidad Popular, y heredé su testimonio de los esfuerzos incansables del Presidente Allende por evitar el Golpe. Mi padre participó en la redacción del discurso previsto para el martes 11 y fue parte de la discusión de escenarios en caso de perder el gobierno el plebiscito, de lo que también testimonia Joan Garcés. Sobre quien ejercía violencia en Chile en ese momento, puedo decir que la bomba puesta en nuestra casa familiar en la noche del 2 de septiembre, que destrozó una parte en la que me encontraba segundos antes, no fue puesta precisamente por la izquierda sino por los violentistas de derecha. Al rato llegó el Presidente Allende a solidarizar con mi padre y nuestra familia, en una escena para mi impresionante e indeleble. Al día siguiente, en una asamblea de mi colegio en que se discutía llamar a paro indefinido contra el gobierno, mencioné el bombazo y muchos lo aplaudieron. Así actuaban los adolescentes de derecha en esa época, azuzados por sus líderes. En todo caso, en mi colegio nunca lograron una mayoría para paralizar las clases, pequeño triunfo del que me siento hasta hoy orgulloso, aunque después del Golpe no pude volver a clases, claro. ¿Quién podrá convencerme, y como yo a tantos, que la violencia asesina no era de ellos, los golpistas, sino de nosotros, la izquierda?).

Hacia un nuevo modelo

Columna publicada en La Tercera

EL SISTEMA político parece cerrarse cada vez más a la sociedad y aumentar la desconfianza en los ciudadanos, lo que éstos le devuelven con creces. No de otra manera se incuban las crisis; es decir, cuando las elites y el sistema político se divorcian de la sociedad. ¿Estaremos en presencia en Chile de un caso de lo que un autor francés del siglo 19 llamó “la traición de las elites”?

Los 16 autores que publicamos el libro Radiografía crítica al modelo chileno tratamos, al menos, de hacernos cargo de los problemas existentes. Ponemos de relieve que enfrentamos una creciente desafección frente a la actividad política tradicional y un amplio cuestionamiento ciudadano a aspectos fundamentales del modelo vigente, como es la grave situación del sistema educacional, la desprotección laboral y social y el deterioro del medioambiente. El ritmo de crecimiento económico pierde dinamismo y no existen políticas para transitar hacia un modelo intensivo en conocimiento que aumente la complejidad de la estructura económica, mientras permanece una distribución del ingreso extremadamente desigual. El destino de Chile sigue sujeto, en buena medida, a la extracción de recursos naturales, y además, se permite que las enormes  rentas obtenidas en esta área desde 2003 -unos US$ 8 mil millones por año en promedio- vayan sólo parcialmente en beneficio del país.

Se necesitan nuevas políticas públicas que configuren una estrategia de desarrollo que ponga en congruencia el proceso económico con los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos, y con la responsabilidad con las futuras generaciones. Esto significa “cambiar de modelo”, es decir, cambiar tanto de enfoque analítico sobre el crecimiento y el desarrollo como de prioridades de la acción gubernamental. La profesionalización de las políticas públicas no consiste en la parcelización de la gestión pública en base a recitar verdades supuestamente consagradas de aplicación universal y no sujetas a la evaluación periódica y rigurosa de la evidencia disponible, sino en reforzar las capacidades de aprender de la complejidad de los procesos y de las relaciones causales constatadas en las diversas experiencias de cambio.

El libro propone romper con la ortodoxia que impide una adecuada elaboración de juicios de hecho sobre la evolución de la economía, la sociedad y el Estado, para evitar persistir en cegueras que nos llevan a callejones sin salida. Y también propone construir una democracia económica y social, y un Estado de bienestar adaptado a la sociedad chilena, aunque suene poco acorde con las  ideas dominantes que en todo privilegian la mercantilización de la vida social. 

La búsqueda acrítica de eficiencia y optimización económica no debe tener prioridad por sobre la promoción y consolidación de  los derechos fundamentales de las personas. Por ello, los mercados, es decir, la interacción descentralizada entre agentes económicos a través del sistema de precios, deben ser regulados y guiados, y en algunas esferas, especialmente en la provisión de bienes públicos, directamente sustituidos por la acción colectiva gubernamental y social. Se trata de seguir impulsando un proceso de ruptura intelectual y moral con las visiones interesadas en mantener el statu quo que no ha permitido a Chile crecer suficientemente ni bien.

Programas y crítica al modelo

Disponible en  librerías y LOM

Publicado en El Mostrador, el 26 de julio
La crisis de la derecha no ha permitido subrayar suficientemente que hoy este sector no tiene programa. Andrés Allamand había esbozado en su campaña 16 propuestas no demasiado precisas, pero Longueira no hizo simplemente ninguna, apostando a su personalidad y a la capacidad de movilización de su partido. De Matthei no se conoce mucho qué piensa: ¿ha escrito alguna vez un libro, un artículo, con su visión de país? Solo sabemos que se apresuró en declarar que no propondrá para nada sus ideas en materia de aborto, por ejemplo, pues esas cosas no son para un candidato de la UDI, claro está. Pero en realidad, la derecha no necesita programa.

El suyo es la defensa del modelo económico y social libremercadista extremo vigente en Chile, y la defensa del modelo político que concibió Guzmán en dictadura para que cuando otros gobernaran lo hicieran sin capacidad de alterar las bases del orden neoliberal. Esto se ha cumplido en buena medida por la potencia electoral que ha logrado mantener la derecha y por la falta de eficacia o, en su caso, de convicción, de las fuerzas que se proponían un modelo de “crecimiento con equidad”.

Se supone que esto debiera estar llegando a su fin, con un “nuevo ciclo político”. Pero se observa por el lado de la oposición mayoritaria una conducta en sentido inverso. Nos enteramos que una nueva versión del documento programático que presentarán los partidos de la Nueva Mayoría a Michelle Bachelet excluye ahora dos ideas antes consignadas: “sustituir el actual modelo económico” y “el Estado debe asumir un rol activo”. La “moderación programática” anunciada está en curso, bien reforzada por los nombramientos conocidos en el comando de Bachelet.

El problema es que la sociedad chilena quiere mayoritariamente “sustituir el actual modelo económico” y que “el Estado asuma un rol activo”, a juzgar por las encuestas en las que estas preguntas o similares se hacen adecuadamente. Y desde 2011 lo estamos observando en la calle. Por contraste, el sistema político parece cerrarse cada vez más a la sociedad y a aumentar la desconfianza en los ciudadanos, lo que estos le devuelven con creces. En esta dinámica el destino del país no parece ir muy bien encaminado. No de otra manera se incuban crisis -abiertas o larvadas, graves o muy graves- es decir cuando las élites y el sistema político se divorcian totalmente de la sociedad. ¿Estaremos en presencia en Chile de lo que un autor francés del siglo 19 llamó “la traición de las élites”?

Por lo menos no es, modestamente, el caso de 16 autores que recientemente publicamos el libro “Radiografía crítica al modelo chileno”, en LOM. Allí se insiste en que enfrentamos una situación caracterizada por el deterioro de varias de las instituciones fundamentales del sistema democrático, por la creciente desafección frente a la actividad política tradicional y por un más amplio cuestionamiento ciudadano a aspectos fundamentales del modelo vigente, como es la grave situación del sistema educacional, la desprotección laboral, el deterioro del medioambiente. Se constata que el ritmo de crecimiento económico pierde dinamismo y, además, no ha logrado transitar hacia un modelo intensivo en conocimiento y en mano de obra altamente calificada ni ha aumentado la complejidad necesaria de la estructura económica, junto con una distribución del ingreso extremadamente desigual y sujetos a un modelo sustentado en la explotación de los recursos naturales, tan dependiente del cobre como hace 50 años, y que además permite que las enormes rentas ricardianas obtenidas desde 2003 no vayan sino muy parcialmente en beneficio del país.

Se sostiene que Chile necesita de un nuevo conjunto de políticas públicas que configure una estrategia de desarrollo que ponga en congruencia el proceso económico con los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos y con la responsabilidad con las futuras generaciones. Y que esto significa ni más ni menos que efectivamente “cambiar de modelo”, es decir cambiar tanto de enfoque analítico sobre el crecimiento y el desarrollo como de prioridades de la acción gubernamental.

Entre muchas otras materias el libro propone ir dejando atrás diversos mitos que han paralizado una agenda pública más creativa y abierta al cambio. Se postula que parece ir asentándose la idea que de poco sirve aferrarse a doctrinas económicas rígidas y dogmáticas y que lo pertinente es la permanente observación de los hechos y el examen riguroso de la variedad de trayectorias exitosas y fracasadas en el mundo contemporáneo. La profesionalización de las políticas públicas no consiste en la parcialización del análisis y la parcelización de la gestión gubernamental en base a recitar verdades supuestamente consagradas de aplicación universal y no sujetas a la evaluación periódica y rigurosa de la evidencia disponible, sino en reforzar las capacidades de aprender de la complejidad de los procesos y de las relaciones explicativas multifactoriales y no lineales efectivamente constatadas en las diversas experiencias de cambio. Y de actuar en consecuencia.

El libro propone seguir desarrollando un enfoque que inspire un conjunto articulado de políticas en base a romper con la ortodoxia que impide una adecuada elaboración de juicios de hecho sobre la evolución de la economía, la sociedad y el Estado. Pero también se trata de asumir sin ambages ni complejos juicios de valor socialmente compartidos. La búsqueda acrítica de eficiencia y optimización económica no debe tener prioridad por sobre la promoción y consolidación de la democracia y los derechos fundamentales de las personas, ni terminar siendo un factor de destrucción de la cohesión social y territorial y de los ecosistemas. Por ello los mercados, es decir la interacción descentralizada entre agentes económicos a través del sistema de precios, deben ser regulados y guiados y, en algunas esferas, especialmente en la provisión de bienes públicos, directamente sustituidos por la acción colectiva gubernamental y social.

Esto no es contradictorio –sólo lo es para las mentalidades binarias- con concebir las políticas de desarrollo equitativo y sustentable de un modo amigable con la eficiencia productiva y la estabilidad económica. Se trata de seguir impulsando, aunque con frecuencia signifique nadar contra la corriente, un proceso de necesaria ruptura intelectual y moral con visiones interesadas en mantener el statu quo que no han permitido a Chile crecer suficientemente ni bien, es decir disminuyendo las desigualdades de poder y de ingresos, aumentando la autonomía de las trayectorias de vida, estimulando la cooperación y el sentido de comunidad y protegiendo su patrimonio cultural y natural.

Entrevista Diario Financiero

EX PRESIDENTE DEL PS, GONZALO MARTNER, CRITICA ÚLTIMAS DECISIONES:

Publicado en Diario Financiero

Martner: “Es una decepción y una imprudencia la incorporación de René Cortázar y José De Gregorio al comando de Bachelet”. Con ocasión del debut del libro “Radiografía crítica al modelo chileno”, el ex embajador cuestiona también la reforma tributaria de la candidata.

Por Ángela Chávez Molina



A horas de encabezar el lanzamiento del libro “Radiografía crítica al modelo chileno”, que editó junto a Eugenio Rivera, el ex presidente del PS, Gonzalo Martner, recibe a DF para compartir sus razones para encabezar este proyecto y de paso, analizar con una mirada crítica la actualidad política del país.

De ahí que sorprende cuestionando las incorporación de figuras como René Cortazar y José De Gregorio al comando de Michelle Bachelet, así como el contenido de la propuesta tributaria de la candidata y los plazos en que se implentaría. “Cómo voy a estar proponiendo medidas para cuando ya no esté gobernando”, dice aludiendo al hecho que el grueso de la propuesta estaría en plena ejecución al cuarto año de gobierno.

- Pensando en esta visión crítica al modelo, ¿cómo ve la incorporación de René Cortázar y José DeGregorio al comando de la candidata de la Nueva Mayoría?


- Es una decepción y desde luego una imprudencia. Tengo el mayor de los respetos, como persona, a René Cortazar, pero alguien que era miembro del directorio de La Polar, cuando esa empresa abusaba de los consumidores y fue multada por no haber actuado de manera diligente, parece un poco curioso. Luego José De Gregorio como presidente del Banco Central, realizó una política en contra de la crisis económica tardía. En enero de 2009 sostenía que no iba a haber una recesión en Chile y a las pocas semanas, tuvo que hacer de urgencia con Velasco, un programa fiscal de estimulo económico. Esto no es un asunto de personas, sino que de enfoque, porque al final esto se está empezando a traducir en más de lo mismo con los mismos.

- ¿Ve posibilidades de cambiar el modelo que critica con estos personeros?


- Evidentemente estas personas que están en contra de la nueva constitución, que consideran la Asamblea Constituyente como un caos, y ciertamente son contrarios a una reforma tributaria igualitaria, han empujado esta reforma que ha propuesto Alberto Arenas, que en definitiva es una cuestión un poco rara.

- ¿Por qué?


- Las principales medidas en materia tributaria se realizarían cuando la ex presidenta Bachelet esté entregando el cargo, una cosa bastante extraña porque en democracia uno propone cosas para cuando gobierna, no cuando gobiernan otros. Conceptualmente no lo entiendo, además de seguir con esta tesis de rebajar el Impuesto a la Renta y disminuir su progresividad, como una especie de compensación por el fin del FUT y su reemplazo por la depreciación automática, va generando la misma continuidad de siempre: un sistema tributario en donde proporcionalmente los más pobres contribuyen más que los mas ricos. Entonces no se entiende mucho en qué está todo ese equipo. Creo que el fondo del asunto es o se proponen cambios, serios graduales, concordados, pero cambios, o se mantiene el estatus quo que ya demuestra que no está en condiciones de absorber las expectativas de los ciudadanos.

- ¿Está en contra del fondo y la forma de la propuesta tributaria que propone la candidata?


- Con el contenido no estoy de acuerdo y ciertamente los plazos me parecen insólitos. Cómo voy a estar proponiendo medidas para cuando ya no esté gobernando. Se plantea llegar a la gratuidad en la educación superior, pero también en otro gobierno. Lo que veo es que en la propuesta de Bachelet y Arenas lo que hay es una situación insólita, vamos a terminar con la gente de menores ingresos, proporcionalmente, pagando más por la educación gratuita de los demás, no me parece.

Otro rumbo


- ¿En este cuadro cómo ve el liderazgo de Bachelet?


- La ex presidenta es un fenómeno político notable, goza de la confianza de los ciudadanos y no por lo que proponga en específico, sino porque ella expresa en su biografía y actitud, la idea de proteger y apoyar al ciudadano común, parece simple pero es difícil de obtener en política. El punto está en que ella, con ese tremendo poder lo utilice para mejores causas y no para la conservación del estatus quo.

- En el nuevo escenario presidencial, ¿Bachelet debe hacer algún giro en su estrategia?


- Como dijo ella muy bien, diagnosticó los problemas de la sociedad chilena y propuso una solución. Soy muy crítico de algunas de las soluciones que se han planteado y de las personas que está poniendo en su campaña. Soy especialmente crítico de la idea de que no puede ponerse a elaborar políticas publicas a personas vinculadas al sector privado, porque esas personas tienen una alta posibilidad de ser influidas por el poder económico, pero además van a volver a trabajar. Entonces ¿quien trabajó en el grupo Luksic y tiene empresas mineras importantes va a estar dispuesto a dar una pelea por el royalty? Cuando viene de ahí probablemente retornará ahí. Espero y confío que ella tome otro rumbo, a nadie le gusta que le estén diciendo lo que tiene o no que hacer, pero la política consiste en deliberar y opinar.

- ¿A quién más se refiere?


- Alberto Arenas viene del grupo Luksic, era representante del grupo en Canal 13. Cortázar está en Canal 13 por el grupo Luksic. No quiero descalificar a las personas, son criterios.

- A su juicio, ¿Matthei puede desequilibrar la candidatura de Bachelet? Se las compara, son mujeres e hijas de generales...


- Se lo escuché a Patricio Melero y me parece de mal gusto. Aquí lo que está en juego son visiones de país, no tales o cuales asuntos de pequeña historia. Ahora la señora Matthei expresa bien un enfoque, una cierta idea de las cosas y también este estilo, cuando uno se permite garabatear no es una expresión de mucho respeto a los demás, lo que es esencial para poder construir un proyecto de país.

"No es cierto" que se ha crecido más con este modelo

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- ¿Cuál es la motivación para hacer este libro?

- Argumentar con la mayor seriedad y rigor posible que no hay una sola política económica posible, ni en Chile ni en otras partes del mundo. Este es un gran alegato a favor de la heterodoxia. Por eso el libro se inaugura con un artículo de Gabriel Palma que hace un análisis comparado de la experiencia de desarrollo en América Latina y Asia, y la conclusión es que los asiáticos lo han hecho mucho mejor que nosotros y con mucha intervención del Estado. En este libro no hay en absoluto una idea de estatizar la economía, pero sí de hacer intervenir al Estado de una manera mucho más activa.

- ¿Y cuáles son las principales críticas al modelo chileno?

- La primera, es a esta idea de que los resultados económicos chilenos son mucho mejores bajo este modelo que en las etapas previas de la vida económica de este país. Entonces, esta es una crítica a los mitos: el mito de que se ha crecido más que antes con el actual modelo, eso no es cierto. El mito de que se requiere una política fiscal ultraconservadora, somos fuertes defensores de la política fiscal para regular la coyuntura. Luego somos fuertes defensores de lo que se llama la política industrial, es decir, escoger sectores, es la política de cluster que inauguró el ex ministro Eyzaguirre y mantuvo Velasco, pero que fue eliminada por el actual gobierno, y por lo tanto postulamos que ha habido un gravísimo error en el manejo de la política y renta minera.

- ¿Eso significa estatizar la industria minera?

- Somos partidarios, primero, de un royalty significativo, después de revisar estas concesiones eternas porque no tienen ningún sentido. Por ejemplo, si se tomara la política de Australia, que no parece ser un país bolchevique, tendríamos más recursos para hacer investigación y formar a la gente. El sistema político está tan condicionado por la renta minera, que se ha llegado a que haya una invariabilidad tributaria hacia el 2023 eso es totalmente contrario a cualquier lógica democrática.

- Pero cuando se discutió en 2010 el royalty, parlamentarios de su propio sector aprobaron esa invariabilidad tributaria...

- En contra de mi opinión, escribí columnas bastante furibundas en aquella época. Es casi del orden del crimen político lo que hicieron, desgraciadamente hay una tremenda influencia económica de las empresas mineras sobre el Parlamento.

- ¿Se refiere al típico lobby?

- Más que el lobby, es condicionamiento directo. A través del financiamiento de los partidos y de las campañas.

Entrevista en Punto Final

“El Partido Socialista se reformula o muere”
Gonzalo Martner Fanta: “Lo fundamental es la Asamblea Constituyente”.

RUBEN ANDINO MALDONADO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 784, 28 de junio, 2013)

Gonzalo Martner Fanta (56), economista y ex presidente del Partido Socialista (PS), afirma que la política en la actual sociedad chilena está caracterizada por el descreimiento y desprestigio de las instituciones. Piensa que los partidos deben reformularse y argumenta que las elecciones primarias son un mecanismo efectivo de legitimación. Militante del MIR en su juventud, fue presidente del PS entre 2003 y 2005 y embajador en España (2008-2010). Actualmente se desempeña en la Universidad de Santiago.

Advierte un cambio en la subjetividad, que impulsa a la ciudadanía a demandar nuevos derechos, y ve a Michelle Bachelet como una figura de transición entre lo viejo, que no termina de morir, y lo nuevo, que aún no se consolida. Reconoce entre los líderes del movimiento estudiantil gran capacidad analítica y sentido ético, y considera legítimo que los movimientos sociales busquen una representación política propia a través de nuevos partidos.

Dice que el dilema del PS y la oposición es reformularse o morir. Como ex presidente del partido, se siente responsable de su estado actual, y afirma que esta organización abandonó su lugar en la Izquierda, para realizar manipulaciones de poder y prácticas no democráticas en beneficio de algunos de sus líderes. Afirma que el PS está enfermo de un clientelismo que lo ha convertido en un canal de acceso a cargos públicos: sin ideas, sin programa y sin proyecto.

Señala que mientras Bachelet intenta conectarse con el movimiento ciudadano, la Concertación, su propio partido y el Partido Comunista (pacto Nueva Mayoría) utilizan métodos opuestos a la demanda social de mayor participación. Mientras ella participa en primarias, Camilo Escalona no quiso someterse al veredicto ciudadano. Al referirse a la carta de apoyo al senador suscrita por personalidades democratacristianas, considera inédito que el líder de un partido que se opone a medirse en primarias con otro candidato de su misma organización, sea considerado una víctima por dirigentes de otro partido.

LA DERECHA SE SABE DERROTADA

¿Qué está pasando en la sociedad chilena?

“La derecha, que es la representación política del poder económico, no ha logrado asegurar su continuidad y ha abandonado anticipadamente la disputa del poder. Más bien está buscando mantener defensivamente sus espacios parlamentarios, como ocurre desde el año 1990. A cualquier gobierno le encantaría haber creado 800 mil empleos, y seguramente transformaría esos indicadores en adhesión política; pero en la sociedad chilena de hoy, no basta con buenos indicadores económicos para lograr adhesión.

No es suficiente conseguir pega o un aumento de salario; porque la carga de gastos de las familias es brutal, especialmente en educación y salud. Estos son temas esenciales para la vida de las personas: angustias cotidianas de los padres que los estudiantes viven como propias, y que constituyen el trasfondo de la crisis social chilena. A mi generación no se le habría pasado por la cabeza ir a una manifestación con nuestro papá o mamá, pero ahora sucede. La gente quiere mejor calidad de vida y la derecha no tiene respuestas para eso, porque es incapaz de discutir con la sociedad. Sólo sabe de individualismo, mercado y ausencia de derechos.

La subjetividad colectiva está cambiando, eso algunos lo interpretan como izquierdización, pero es sobre todo la necesidad de reflexionar colectivamente sobre el tipo de sociedad en que se quiere vivir. Eso siempre será más favorable para la Izquierda”.

¿Los partidos de oposición entendieron el mensaje? 

“La Concertación no hizo siquiera un intento de pensar porqué había perdido el gobierno y se escudó en la popularidad de Michelle Bachelet. El 5 de octubre de 2010 se comprometió en Valparaíso a realizar primarias para elegir a sus candidatos, y lo primero que hace, cuando llega el momento es no realizarlas. Los cuatro partidos de la Concertación se refugiaron tras la figura de Bachelet, y creyeron que retomarían sus vínculos con la sociedad invitando al Partido Comunista (PC) a ser parte de más de lo mismo.

La hipocresía es típica de nuestra sociedad. La Nueva Mayoría es una nueva coalición aquí y en la quebrá del ají. Cuando uno ve cinco presidentes de partidos firmando un documento e inscribiendo primarias, eso es el fin de la Concertación y significa una nueva alianza con bases muy precarias; porque no se ha discutido colectivamente ni qué le pasó a la anterior alianza ni menos qué significa agregar al PC.

Una coalición que murió, otra nueva que no se sabe muy bien qué es y el liderazgo de Bachelet. Junto con eso, no olvidemos que comienza a vislumbrarse una fuerza social poderosa, como un movimiento estudiantil muy pródigo en nuevos liderazgos juveniles y un movimiento sindical que busca nuevos caminos. Es una corriente emergente, que no tiene todavía hegemonía social, pero que va a terminar imponiendo en la sociedad sus demandas y horizontes de futuro.

Bachelet es una figura de transición entre lo que todavía no termina de morir y lo que aún no termina de nacer, dotada de apertura intelectual y política unida a su credibilidad personal y a su sentido del deber. Hay una identificación ciudadana con esta mujer que muestra espíritu de diálogo ante la partidocracia en la que devino la Concertación. En su discurso inicial en la comuna de El Bosque, Bachelet señaló que los grandes problemas de Chile son la desigualdad y la falta de democracia. Eso la conecta con el deseo de transformación de la sociedad chilena. Ella se ha comprometido con una nueva Constitución y no excluye la convocatoria a una Asamblea Constituyente; aunque debe estar recibiendo grandes presiones desde los poderes económicos y políticos”.

LO FUNDAMENTAL: ASAMBLEA CONSTITUYENTE

¿Cuáles son los caminos de salida?

“No tiene sentido sentarnos ahora a hacer programas; porque uno puede tener las mejores intenciones, pero hay instituciones que hacen imposible aplicarlo; contribuyendo así al desprestigio de esas mismas instituciones políticas, los partidos y el mundo intelectual que propone cambios. Lo fundamental es convocar a una Asamblea Constituyente que modifique las reglas del juego; porque podemos discutir 50 años sobre las reformas laborales, sociales, económicas o culturales, y no lograremos nada si las instituciones políticas no reflejan la voluntad de la soberanía popular.

La DC ha dicho que luego de la primaria presidencial, todo debe partir de cero, aunque es probable que su opción llegue segunda o tercera. Los que llegan muy abajo discuten desde cero con el que llegó muy arriba. ¿Entonces, para que se hacen las primarias? De nuevo el engaño al ciudadano; cuando uno apoya a una persona, apoya también lo que esa persona expresa. Ya no hay tolerancia en la sociedad para que una partidocracia, a título de sus propias definiciones, haga lo que le da la gana y se reparta el poder.

Los partidos del siglo XXI deben reformularse en sintonía con los ciudadanos, respetando su voluntad mayoritaria, aunque no coincida totalmente con lo que ellos piensan. El principio de legitimación democrático-participativa llegó a Chile para quedarse, y el que no lo entienda, como parece ser el caso de Escalona, simplemente quedará a la vera del camino. No puede ser parlamentario o presidente quien no esté dispuesto a someterse a una primaria”.

¿Cuál es el papel de los actores sociales en la política?

“Como herencia de la dictadura, al recuperarse la democracia no hubo en Chile un actor social fuerte. En democracia, la política tiene su esfera de acción y lo ideal es que el movimiento social mantenga su autonomía e influencia, y que los dirigentes sociales sean interlocutores respetados, significativos e influyentes en la política; sin ser manipulados o cooptados por los partidos. Sólo habrá más justicia y libertad si existe un poderoso movimiento social y fuerzas políticas capaces de responderle a ese movimiento.

También es legítimo que las nuevas fuerzas sociales busquen representación política propia. Existen ejemplos, como el PT en Brasil, creado por la maduración política de los trabajadores en alianza con la intelectualidad de Izquierda. Si un movimiento social no se siente representado en la esfera política, como ocurre en Chile, tiene el legítimo derecho a buscar su propio canal de expresión.

El PS debiera también dialogar con los nuevos líderes políticos, encarnados en fuerzas como Revolución Democrática o Izquierda Autónoma, para abrir un espacio común de la Izquierda con reglas democráticas. La idea de que yo soy la salvación, como grupo político o como persona, nunca ha sido una idea de Izquierda, tampoco los mesianismos o el espíritu de secta.

Personalmente soy partidario de una salida hacia un Frente Amplio, a la uruguaya, para definir una relación que evite una ruptura; fortaleciendo un proceso de rearticulación de la Izquierda sobre bases amplias y democráticas, con el concurso de nuevos liderazgos jóvenes que vienen desde la sociedad. De los partidos incluidos en esta Nueva Mayoría no va a surgir lo nuevo, pero esos partidos deberían ser parte de esta nueva idea que está desenvolviéndose.

La Concertación se terminó y me resulta atractivo el diseño de un Frente Amplio, que defina sus liderazgos masivamente a partir de sistemáticos procesos de primarias; con instancias para convenir su proyecto de sociedad y sus programas de gobierno, sobre la base de congresos deliberativos”.

PS SE REFORMA O MUERE

¿Tiene vigencia histórica el PS?

“El Partido Socialista se reforma o muere. Renunció a su condición de partido de Izquierda, para buscar simplemente manipulaciones en beneficio de algunos de sus liderazgos. Fue dominado por un grupo que abandonó sus vínculos con la sociedad y un proyecto de transformación. Tiene hoy prácticas no democráticas y está enfermo de clientelismo y despolitización; porque mutó en un canal para obtener cargos, sin ideología ni programa y por lo tanto, inútil para la sociedad.

La base de su vigencia histórica no está dada por su situación actual, sino por lo que representó en su fundación y en el largo periodo de prevalencia del liderazgo colectivo, encarnado en figuras como Salvador Allende, incluyendo el sacrificio personal que él hizo en función de un proyecto colectivo. Pero el partido no puede vivir del pasado y debe ponerse a la cabeza de la refundación de la Izquierda; con métodos democráticos para dirimir sus liderazgos y con deliberación organizada para dirimir sus propuestas programáticas y proyecto de sociedad.

Cuando Bachelet sugiere al partido hacer primarias, le está pidiendo cumplir con las demandas de la sociedad y si alguien dice que debe ser diputado o senador sin preguntar a los ciudadanos, no entiende que esa posibilidad se acabó. Ahora hay que pensar la sociedad que viene y eso supone que el socialismo chileno debe cambiar. Hay una carta de apoyo a Escalona suscrita por dirigentes de otros partidos. Las personalidades públicas que firman esa carta son básicamente democratacristianas. No tengo noticias de que por negarse a participar en primarias internas, el dirigente de un partido sea convertido en víctima por personalidades de otro. Es una situación insólita, patética y hasta risible. ¿Qué tiene que hacer el ex presidente Frei descalificando una petición expresa y pública de Bachelet?”.

¿Cuál debería ser al papel del PS en un próximo gobierno?

“Los partidos de gobierno tienen tres tareas: apoyarlo, hacerle propuestas y criticarlo cuando se equivoca. Los gobiernos no son perfectos y es necesario hacerles ver los errores.

Si para evitar presiones un gobierno nombra un ministro de Hacienda neoliberal, para que los empresarios no protesten, o si para evitar tensiones con la Iglesia nombra en Educación a alguien cercano a la curia, tendremos un gobierno estable; pero incapaz de producir cambios. Antes, los movimientos sociales privilegiaron la estabilidad democrática como un valor esencial; pero eso se acabó y en buena hora. Ahora son un factor de presión más. Tampoco la solución va por poner ahora ministros del movimiento social.

Para realizar un buen gobierno es recomendable la claridad de propósitos, establecer bien las convergencias y divergencias, y un método de resolución de conflictos. Bachelet quiere producir cambios estructurales y ese propósito tendrá que discutirlo con unos y otros. Los grandes empresarios, especialmente, tendrán que entender que un país que no respeta el medioambiente, a los trabajadores y sus responsabilidades tributarias con el Estado, es un país inviable. Si ellos mantuvieran su actitud de imponer siempre sus criterios, la sociedad entera terminará señalándolos como aquellos que no contribuyen al bienestar colectivo”.

De nuevo Milton Friedman en el debate tributario

Publicado en El Mostrador.

En la campaña presidencial en curso las candidaturas plantean diversas proposiciones tributarias. En el caso de las del bloque en el gobierno, se remiten a alivios en el impuesto a los combustibles para las regiones y en un impuesto a las inversiones en regiones para alimentar fondos de desarrollo, descontables del impuesto a la renta, según las propuestas de la candidatura de Andrés Allamand, mientras Pablo Longueira no ha hecho planteamientos en la materia. En suma, no se proponen realizar una reforma tributaria.

La candidatura de Michelle Bachelet, la de mayor adhesión en la oposición, ha planteado una reforma tributaria con una meta de recaudación de 3 % del PIB. Esta meta se descompone en 2,5 % del PIB provenientes de cambios a la estructura tributaria y 0,5 % del PIB de medidas que reducen la evasión y la elusión.

La reforma que propone busca aumentar la carga tributaria para financiar una reforma educacional, otras políticas del ámbito de la protección social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales, planteando que “los ingresos del trabajo y del capital deben tener tratamientos similares”, con nuevos incentivos al ahorro. Propone elevar, en forma gradual, la tasa del impuesto a las empresas de 20 % a 25 % en un plazo de 4 años, que seguirá operando como un anticipo de los impuestos personales, manteniéndose así la integración de impuestos entre empresas y personas. Los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran (el sistema operará en base devengada). Esta medida sería implementada a partir del cuarto año de la reforma y terminaría con el actual mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), y estaría acompañada por la reducción gradual de la tasa máxima de los impuestos personales del 40 % actual a un 35 %, en el plazo de cuatro años.

Respecto del FUT acumulado o histórico, se propone mantener la regla impositiva vigente hoy. La estimación de recaudación producto de estas medidas de impuesto a la renta es de 1,92 % del PIB en régimen. A partir del cuarto año de implementación de la reforma, coincidiendo con el cierre del FUT, la candidatura Bachelet propone además un mecanismo de Depreciación Instantánea: las empresas podrán descontar íntegramente de las utilidades la inversión total del año en curso. Además plantea eximir “de impuestos a las personas por las ganancias percibidas con el ahorro que realicen en instrumentos financieros, hasta un tope correspondiente a rentabilidad de instrumentos sin riesgo. De esta forma, se premia el ahorro al que acceden normalmente las personas de ingresos medios. Se estima que estas medidas para incentivar ahorro e inversión significarán una pérdida de recaudación de 0,21 % del PIB en régimen”.

Resulta curioso, en primer lugar, proponer un cronograma que se empieza a aplicar en lo esencial en el subsiguiente período de gobierno: supongamos que el proyecto se discute y aprueba en 2014, y se pone en práctica a partir de 2015. La eliminación del FUT y demás medidas se pondrían en práctica en 2018, con un nuevo Presidente de la República electo y a punto de asumir…

En segundo lugar, simplemente producir un alza de la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas de 20 % a 25 % tendría un efecto incierto en la recaudación. Recordemos que en Chile se cobra mensualmente como anticipo este impuesto en base al flujo de caja de la empresa y luego lo pagado se imputa como crédito al pago anual de impuesto a la renta personal o al impuesto adicional que pagan las empresas extranjeras que repatrian utilidades. Un alza en la tasa a las utilidades de las empresas recauda inicialmente más pero luego descuenta esa diferencia en el impuesto personal y reduce el impuesto que paga el accionista que recibió dividendos (es mayor su crédito tributario correspondiente). Pero la reducción prevista de la tasa marginal del impuesto global complementario de 40 a 35 % reduce la recaudación fiscal, compensando en buena medida el efecto del alza del impuesto de primera categoría. Un incremento en la proporción de utilidades distribuidas que pudiera decidir realizar la empresa (el mínimo es de 30 %) tendería a aumentar la recaudación fiscal y viceversa. Esto se explica por la diferencia de tasas entre el impuesto a las utilidades y el de los ingresos personales más altos que sería menor que antes, pero que se mantendría con signo positivo. La recaudación fiscal total resultante de un alza en la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas aumenta si existen utilidades no distribuidas. Si no existen, el alza en la tasa la deja inalterada.

No obstante, existen importantes montos de utilidades no distribuidas en cada año fiscal. Más aún, una de las principales vías de elusión que practican los poseedores de grandes patrimonios e ingresos, es la creación de sociedades de inversión donde se acumulan utilidades no distribuidas pagando así solo impuestos a las utilidades de las empresas y no a la renta de las personas (mediante el Fondo de Utilidades Tributables). Dicho de otro modo, la reducción prevista en la reforma de la tasa marginal del impuesto a la renta de las personas de 40 % a 35 % disminuye en buena parte la recaudación fiscal por el efecto del alza del impuesto de primera categoría, con un efecto neto que va a depender de la política de retiro de dividendos de los dueños de la empresa. Un incremento en la proporción de utilidades distribuidas tendería a aumentar la recaudación fiscal mientras exista una diferencia significativa entre la tasa del impuesto a la renta de las personas y el impuesto a las utilidades de las empresas y exista el crédito por este concepto y viceversa. La eliminación del FUT en el cuarto año aumentaría definitivamente la recaudación desde su puesta en aplicación. Mientras tanto, no se sabe exactamente, pues dependerá de la política de distribución de dividendos de las empresas. Y el 1,92 % del PIB de recursos tributarios adicionales no estaría probablemente disponible para el gobierno de marzo 2014 a marzo 2018 …

En tercer lugar, seguir insistiendo en incentivos al ahorro que no lo estimulan o muy poco, pero ciertamente aumentan la regresividad tributaria, no implica avanzar hacia mayor equidad.

En cuarto lugar, si los parlamentarios de la actual oposición no aprobaron la rebaja de Piñera de 40 % a 36 % del impuesto marginal a la renta en 2012, no resulta muy coherente que debiesen en 2014 aprobar una rebaja todavía mayor de 40 % a 35 %…

Lo que sigue estando detrás de todos estos enfoques de economistas liberales es la idea del “flat tax” de Milton Friedman, es decir de equiparar el impuesto a la renta y a las utilidades de las empresas, terminando con la progresividad de los impuestos, aquella vieja y noble idea de los movimientos sociales y de los economistas progresistas, idea detrás de la cual hay valores más actuales que nunca, como el de la igualdad, por ejemplo. Parece ser que se reincide en aquella práctica de señalizar hacia un lado (discurso contra las desigualdades y a favor de reformas estructurales) y de doblar hacia el otro (reforma tributaria que disminuye la progresividad del impuesto a la renta a niveles nunca vistos en Chile). Con el riesgo de provocar algunos problemas de tránsito por desorientación de los participantes.

El reparto de Martner

Ex presidente del PS, Gonzalo Martner es escéptico al rol de una AFP estatal, como lo ha propuesto Bachelet. A su juicio, el actual modelo incumplió su promesa de rentabilidad y hay que cambiarlo por un sistema de repartos, donde los jóvenes financian a los jubilados.

En los pasillos de la Universidad de Santiago reina el silencio. El plantel está en paro y sus académicos son los únicos que transitan por el terreno de Estación Central. Uno de ellos es el ex presidente del Partido Socialista Gonzalo Martner (56). El economista, hoy profesor de esa casa de estudios, sigue atento el debate sobre el sistema previsional: durante años ha escrito libros y papers sobre las reformas que requiere el modelo de cotizaciones en Chile. A su juicio, éste hizo agua al no asegurar las pensiones que prometió en sus orígenes. 

Al mismo tiempo, el socialista es crítico sobre las promesas hechas por los candidatos a La Moneda. Según él, nadie, ni siquiera la ex presidenta Bachelet, plantea una mejora real al sistema, sino soluciones parche. ¿Su consejo? Instaurar el método de repartos, donde la fuerza laboral financie a los pensionados. En otras palabras, que las cotizaciones dejen de ir a las AFP y sean administradas por una cuenta común, que recoja el comportamiento histórico y asegure una jubilación mínima.

-Los candidatos a La Moneda plantean varias propuestas. ¿Cómo se soluciona el actual sistema?

-El éxito o fracaso de un sistema se mide por dos indicadores: la tasa de cobertura y la tasa de reemplazo de los salarios por pensiones. Lo que hoy está en crisis, y se refleja en el debate político, es la baja tasa de reemplazo del sistema de capitalización individual. Y las soluciones que se dan son más de lo mismo: subir la tasa de cotización al 12% ó 13% y bajar costos de administración. En esto último tiene razón el presidente Piñera, al plantear que hay un asunto pendiente en los costos de administración que cobran las AFP. Entonces, si vemos que se propone aumentar en dos o tres puntos más la cotización personal, sin que se corrija este cobro, esta alza irá a parar a los bolsillos de las AFP. Ahí yo digo no, muchas gracias.

-¿Cómo se soluciona este ítem particular, el costo de administración de cada cuenta?

-El mecanismo establecido en la reforma de 2008 tuvo un avance al licitar la cartera a un nuevo actor (AFP Modelo) que ofreció comisiones de administración más bajas. Eventualmente, esto se podría ampliar al conjunto total de afiliados, instaurando un modelo parecido al seguro de desempleo, donde periódicamente se licita a una sola entidad la administración de las cuentas del sistema. Esto bajaría las tasas y creo que el presidente Piñera lo podría recoger. Pero todo esto es insuficiente para arreglar el modelo.

-En bajar las comisiones es donde emerge la idea de una AFP estatal, como la propuesta de Michelle Bachelet.

-Hasta donde entiendo, ése es el objetivo que tienen en mente: bajar las comisiones con el ingreso de un nuevo actor. Pero con tasas de reemplazo de 30% para las mujeres y 55% para los hombres, que son las que registrará la mayoría de los asalariados, la creación de una AFP estatal no va a hacer por sí sola que las pensiones lleguen al 70% del sueldo, como se prometió. 

-¿Cuál es el fin de introducir al Estado en el sistema?

-Teóricamente se inyectaría más competencia. Pero ahí le pongo el caso del BancoEstado. Está en el sistema, pero los bancos siguen teniendo utilidades del 20% anual. ¿Qué rol de introducir competencia juega entonces el BancoEstado? El hecho de que haya una entidad estatal en un mercado no garantiza una mayor competencia.

-¿Cómo se ataca entonces el mayor problema del sistema, que son las bajas pensiones?

-Atacando la densidad de las cotizaciones. Tenemos un mercado que tiene un historial laboral lleno de interrupciones. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que todos sean estables, con pocas lagunas previsionales y vemos si ahí funciona? ¿O tratamos de hacer una cosa distinta? Eso implica hacer algo que para muchos en Chile es un crimen de lesa humanidad, un horror, que es el sistema de repartos.

-Sistema que ha sido demonizado por los economistas

-Demonizado por los economistas neoliberales de Chile. Pregúnteles a los últimos cinco premios Nobel de Economía de Estados Unidos qué opinan del sistema vigente en ese país. El 90% de ellos opina que el modelo de repartos, bien gestionado, es una mejor solución al de capitalización individual. 

-Los críticos dicen que al envejecer la población, el sistema de reparto no se sostiene.

-Leamos al premio nobel Peter Diamond. Su conclusión es simple: cuando se da ese escenario, se pueden hacer pequeñas correcciones, como aumentar la productividad, subir la tasa de cotización, bajar la tasa de retorno o aumentar la edad de jubilación. El modelo tiene parámetros que se pueden ir ajustando.

-¿Entonces su propuesta es eliminar las AFP?

-Yo digo que hay que introducir un tercer pilar. Al pilar solidario y las cotizaciones individuales en AFP que existen, agreguemos un sistema de reparto.

-¿Una coexistencia de ambos modelos?

-Que el grueso de la cotización obligatoria sea administrada por una cuenta nacional que asegurará cierta renta de acuerdo al histórico de aporte. Si alguien quiere aumentarla, que complemente con una AFP.

-Pero nuestro modelo ha sido exportado a más de 30 países, tan mala idea no debe ser.

-Eso es un mito, una propaganda. Sólo en Chile no existe un sistema de reparto. En todas partes está presente o combinado con el modelo de cotización individual. Además, esto no es un invento chileno, ya que capitalización individual existe desde el siglo 19. No es una obra de José Piñera. Ni su hermano cree que se está cumpliendo la promesa original.

-Su idea parece radical, que ni siquiera los candidatos de la centroizquierda han recogido

-Todavía.

-¿Cree que alguien podría tomarlo?

-Espero que sí. Las ideas se demoran en avanzar. El incremento al impuesto en las empresas era algo intocable y ya Piñera lo subió al 20% y ahora se habla de llevarlo al 25%. La tendencia es clara.

-¿Es tan clara la tendencia? Más bien parece un tanto errática, porque Bachelet habla de subir impuestos a las empresas, y luego plantea bajar tributos a los ricos.

-Soy partidario de Michelle Bachelet, votaré por ella, pero me parece un gravísimo error lo que propone. Una vez más está señalizando para la izquierda y está doblando a la derecha.