El reparto de Martner

Ex presidente del PS, Gonzalo Martner es escéptico al rol de una AFP estatal, como lo ha propuesto Bachelet. A su juicio, el actual modelo incumplió su promesa de rentabilidad y hay que cambiarlo por un sistema de repartos, donde los jóvenes financian a los jubilados.

En los pasillos de la Universidad de Santiago reina el silencio. El plantel está en paro y sus académicos son los únicos que transitan por el terreno de Estación Central. Uno de ellos es el ex presidente del Partido Socialista Gonzalo Martner (56). El economista, hoy profesor de esa casa de estudios, sigue atento el debate sobre el sistema previsional: durante años ha escrito libros y papers sobre las reformas que requiere el modelo de cotizaciones en Chile. A su juicio, éste hizo agua al no asegurar las pensiones que prometió en sus orígenes. 

Al mismo tiempo, el socialista es crítico sobre las promesas hechas por los candidatos a La Moneda. Según él, nadie, ni siquiera la ex presidenta Bachelet, plantea una mejora real al sistema, sino soluciones parche. ¿Su consejo? Instaurar el método de repartos, donde la fuerza laboral financie a los pensionados. En otras palabras, que las cotizaciones dejen de ir a las AFP y sean administradas por una cuenta común, que recoja el comportamiento histórico y asegure una jubilación mínima.

-Los candidatos a La Moneda plantean varias propuestas. ¿Cómo se soluciona el actual sistema?

-El éxito o fracaso de un sistema se mide por dos indicadores: la tasa de cobertura y la tasa de reemplazo de los salarios por pensiones. Lo que hoy está en crisis, y se refleja en el debate político, es la baja tasa de reemplazo del sistema de capitalización individual. Y las soluciones que se dan son más de lo mismo: subir la tasa de cotización al 12% ó 13% y bajar costos de administración. En esto último tiene razón el presidente Piñera, al plantear que hay un asunto pendiente en los costos de administración que cobran las AFP. Entonces, si vemos que se propone aumentar en dos o tres puntos más la cotización personal, sin que se corrija este cobro, esta alza irá a parar a los bolsillos de las AFP. Ahí yo digo no, muchas gracias.

-¿Cómo se soluciona este ítem particular, el costo de administración de cada cuenta?

-El mecanismo establecido en la reforma de 2008 tuvo un avance al licitar la cartera a un nuevo actor (AFP Modelo) que ofreció comisiones de administración más bajas. Eventualmente, esto se podría ampliar al conjunto total de afiliados, instaurando un modelo parecido al seguro de desempleo, donde periódicamente se licita a una sola entidad la administración de las cuentas del sistema. Esto bajaría las tasas y creo que el presidente Piñera lo podría recoger. Pero todo esto es insuficiente para arreglar el modelo.

-En bajar las comisiones es donde emerge la idea de una AFP estatal, como la propuesta de Michelle Bachelet.

-Hasta donde entiendo, ése es el objetivo que tienen en mente: bajar las comisiones con el ingreso de un nuevo actor. Pero con tasas de reemplazo de 30% para las mujeres y 55% para los hombres, que son las que registrará la mayoría de los asalariados, la creación de una AFP estatal no va a hacer por sí sola que las pensiones lleguen al 70% del sueldo, como se prometió. 

-¿Cuál es el fin de introducir al Estado en el sistema?

-Teóricamente se inyectaría más competencia. Pero ahí le pongo el caso del BancoEstado. Está en el sistema, pero los bancos siguen teniendo utilidades del 20% anual. ¿Qué rol de introducir competencia juega entonces el BancoEstado? El hecho de que haya una entidad estatal en un mercado no garantiza una mayor competencia.

-¿Cómo se ataca entonces el mayor problema del sistema, que son las bajas pensiones?

-Atacando la densidad de las cotizaciones. Tenemos un mercado que tiene un historial laboral lleno de interrupciones. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que todos sean estables, con pocas lagunas previsionales y vemos si ahí funciona? ¿O tratamos de hacer una cosa distinta? Eso implica hacer algo que para muchos en Chile es un crimen de lesa humanidad, un horror, que es el sistema de repartos.

-Sistema que ha sido demonizado por los economistas

-Demonizado por los economistas neoliberales de Chile. Pregúnteles a los últimos cinco premios Nobel de Economía de Estados Unidos qué opinan del sistema vigente en ese país. El 90% de ellos opina que el modelo de repartos, bien gestionado, es una mejor solución al de capitalización individual. 

-Los críticos dicen que al envejecer la población, el sistema de reparto no se sostiene.

-Leamos al premio nobel Peter Diamond. Su conclusión es simple: cuando se da ese escenario, se pueden hacer pequeñas correcciones, como aumentar la productividad, subir la tasa de cotización, bajar la tasa de retorno o aumentar la edad de jubilación. El modelo tiene parámetros que se pueden ir ajustando.

-¿Entonces su propuesta es eliminar las AFP?

-Yo digo que hay que introducir un tercer pilar. Al pilar solidario y las cotizaciones individuales en AFP que existen, agreguemos un sistema de reparto.

-¿Una coexistencia de ambos modelos?

-Que el grueso de la cotización obligatoria sea administrada por una cuenta nacional que asegurará cierta renta de acuerdo al histórico de aporte. Si alguien quiere aumentarla, que complemente con una AFP.

-Pero nuestro modelo ha sido exportado a más de 30 países, tan mala idea no debe ser.

-Eso es un mito, una propaganda. Sólo en Chile no existe un sistema de reparto. En todas partes está presente o combinado con el modelo de cotización individual. Además, esto no es un invento chileno, ya que capitalización individual existe desde el siglo 19. No es una obra de José Piñera. Ni su hermano cree que se está cumpliendo la promesa original.

-Su idea parece radical, que ni siquiera los candidatos de la centroizquierda han recogido

-Todavía.

-¿Cree que alguien podría tomarlo?

-Espero que sí. Las ideas se demoran en avanzar. El incremento al impuesto en las empresas era algo intocable y ya Piñera lo subió al 20% y ahora se habla de llevarlo al 25%. La tendencia es clara.

-¿Es tan clara la tendencia? Más bien parece un tanto errática, porque Bachelet habla de subir impuestos a las empresas, y luego plantea bajar tributos a los ricos.

-Soy partidario de Michelle Bachelet, votaré por ella, pero me parece un gravísimo error lo que propone. Una vez más está señalizando para la izquierda y está doblando a la derecha.

Debates y programas

Publicado en mi blog de La Tercera el 6 de junio
Las primarias presidenciales, que culminarán el próximo 30 de junio, no han suscitado una gran atención pública. Ojalá los ciudadanos desmientan a los observadores y participen activamente en ellas, lo que dependerá del clima político del momento. El oficialismo ha contribuido creando un cierto dramatismo en una competencia de personas, con reemplazo de un candidato y ministros que entran y salen del gobierno, pero ha hecho poco en materia programática, salvo defender la  impopular gestión de Piñera, incluyendo una campaña atemorizante del ministro de Hacienda (lo que habla muy mal de él), como en los viejos tiempos a los que nadie quiere volver. 

En cambio, en la nueva coalición denominada Nueva Mayoría ha habido un importante esfuerzo de los cuatro candidatos por precisar propuestas de gobierno, lo que justifica el nuevo mecanismo de primarias en tanto aporta a una deliberación pública más amplia y más sustantiva. Al observarse los planteamientos de los cuatro candidatos, se constata bastante concordancia en el diagnóstico de los problemas que afronta el país, lo que en algún sentido es una novedad, dada la reducción cada vez mayor de lo políticamente correcto durante las últimas décadas en Chile, en rigor hasta la irrupción de los movimientos sociales de 2011. No olvidemos que el consensualismo conservador que se enquistó en la Concertación se prolongó durante el actual gobierno en temas como la reforma del sistema escolar promovida por el ministro Lavín y la inaceptable ampliación hasta 2023 de la invariabilidad tributaria minera promovida por el ministro Larraín, reformas que hoy difícilmente serían aprobadas por la ex Concertación dado el nuevo clima de mayor exigencia hacia el sistema político y sus representantes. El desplazamiento inevitable de los guardianes autoconsagrados del orden imperante es un síntoma del nuevo ciclo político.

El hecho es que en la Nueva Mayoría todos reconocen que el gran problema de Chile son sus instituciones, basadas en la desconfianza en el ciudadano, y solo uno de los cuatro candidatos no plantea una nueva Constitución. El resto subraya que llegó la hora de decidir si la norma democrática se adopta o no en su componente esencial: en vez del actual sistema tramposo, uno que respete la soberanía popular, es decir la regla de mayoría, con respeto de la minoría, incluyendo su derecho periódico a transformarse en mayoría, y con un núcleo razonado, deliberado y concordado de derechos fundamentales a respetar por todos. La candidata principal no excluye un mecanismo de asamblea constituyente, mientras otro candidato la propicia con convicción. Michelle Bachelet se ha manifestado además partidaria de legislar a favor del aborto terapéutico y en caso de violación y a favor del matrimonio igualitario, acompañada en esto por otros dos candidatos.

Se ha avanzado también en el reconocimiento de al menos cinco aspectos que explican la desigualdad intolerable que persiste en Chile (con excepción de un candidato, el neoliberal ex ministro de Hacienda): la educación segregada sin igualdad de oportunidades ni movilidad social, basada en un subsidio a la demanda que la promueve y que no existe en ninguna otra parte del mundo por inaceptablemente injusta; los tributos regresivos y las transferencias redistributivas de poco monto e impacto; las relaciones laborales que perjudican a los asalariados; la regulación bancaria, de servicios básicos y de cobertura de riesgos que permite sobreutilidades privadas exorbitantes. En  estos temas parece haber bastante consenso en la necesidad de producir un quiebre en la continuidad de décadas, lo que es auspicioso. 

Lo que se menciona poco, y sigue siendo un déficit considerable, que no queremos creer se explica por el poder económico y la capacidad de subsidio político de la industria minera, es el regalo de la mayor parte de la renta minera a dicha industria y la consecuente concentración brutal del ingreso, renta que ha aumentado de modo considerable desde 2003 sin que Chile se beneficie de ella sino en una proporción inexplicablemente baja (las sobreutilidades privadas del cobre se acercan a 50 mil millones de dólares). De estos cinco temas, abordar estructuralmente tres no supone riesgos con el crecimiento (educación, regulación, renta minera) y dos pueden no hacerlo con políticas bien diseñadas (reformas laboral y tributaria).

Se reconoce además tres problemas básicos en productividad y competitividad: la ausencia de esfuerzo suficiente en investigación y desarrollo; la ausencia de política industrial horizontal (formación pertinente de recursos humanos, acceso al crédito) y vertical (con el abandono de la incluso débil opción por “clusters” o distritos de industrialización de recursos naturales) y el costo altísimo de la energía, además sin contraparte alguna en reducción de la huella de carbono. Y también tres problemas básicos en sustentabilidad: la creciente carbonización de la matriz eléctrica, el preocupante deterioro de la biodiversidad y una urbanización criminógena y segregadora. 

Reconocer los problemas es el punto de partida para enfrentarlos, y ese ha sido un mérito del proceso de primarias, al menos en la coalición que todo indica ganará las elecciones de noviembre. Las soluciones propuestas son diversas y se puede escoger de un menú que va desde quien es liberal en los temas culturales y conservador en materia institucional y de desigualdades, Andrés Velasco; de quien es conservador en materias culturales pero más bien progresista en materias institucionales y socioeconómicas, Claudio Orrego; hasta quienes comparten la necesidad de un cambio radical en las instituciones y temas culturales y reformas estructurales en materia de educación y otras de tipo socio-económico y ambiental, José Antonio Gómez y Michelle Bachelet. La ex presidenta mantiene un caudal, claro está, de mucha mayor credibilidad, experiencia...y popularidad, y ha decidido poner sus atributos al servicio de cambios que marquen la diferencia para el futuro del país. En esa voluntad hay un diagnóstico de los problemas de Chile y no una  radicalización abstracta. Lo que en Chile parece ultraizquierdista es simplemente normal en los países democráticos que no han sido arrasados por la ideología libremercadista. Y no olvidemos que las fuerzas que se pueden identificar como de izquierda sumaron en la elección de octubre de 2012 un respetable 43% de los votos (la izquierda moderada que perteneció a la Concertación reúne un 28 % y el PC más la izquierda extraparlamentaria reúnen otro 15%), de lejos la mayor corriente política del país. Esta corriente hasta el momento no está estructurada como tal por un veto DC sin sentido y por quienes le hacen caso a ese veto. La propia DC no debiera complicarse con esto y desplegar su espacio en el centro, que de otro modo será ocupado por Velasco u otros. Lo inteligente sería la estructuración progresiva de un frente amplio de izquierda que dirime sus liderazgos y programas por la vía democrática, sin mesianismos ni dogmatismos, y que se articula y gobierna con el centro mediante compromisos específicos. Esta corriente del futuro se ha agrupado parcialmente tras Michelle Bachelet en las primarias de junio de 2013, con una plataforma mayoritaria y con una candidata mayoritaria. Esta realidad debiera consolidarse para hacer avanzar razonadamente y por la vía democrática las demandas de cambio presentes en la sociedad, y de paso volviendo a prestigiar a las instituciones democráticas.

Partidos, independientes y malas prácticas

En esta peculiar semana política, se ha vuelto a evidenciar la deprimente conducta de los partidos de la oposición parlamentaria. Han desechado la realización de primarias para elegir a sus candidatos al Congreso, ya sea entre diversas opciones en sus partidos o entre sus partidos, tal como lo permite la nueva ley de primarias y lo demanda una sociedad chilena cansada de la captura de la política por grupos cerrados. Han decidido no realizar ninguna consulta ciudadana, de ninguna especie. Esto es materia de las direcciones de los partidos y de sus arreglos propios. Punto y aparte. Un comportamiento de pandilla (de entre las acepciones de la Real Academia de La Lengua escojo dos para que usted participativamente decida con cual se queda: a) “grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse en común” y b)” liga que forman algunos para engañar a otros o hacerles daño”).

Partiendo de la base que los partidos de derecha comparten más bien la defensa de intereses, si ya existía una convicción generalizada de que los demás partidos ya no son portadores sino de los escombros de alguna visión de sociedad o de algún proyecto político (prácticamente no han funcionado en la preparación de esta elección comisiones programáticas permanentes de los partidos que diagnostiquen y propongan políticas, como siempre fue la costumbre desde la década de 1980), este episodio no hace sino confirmar el juicio previo. Este proviene de quienes son críticos de la democracia, y a ese título de todo partido político, y son partidarios de liderazgos personales autoritarios. Desgraciadamente los hay muchos en la sociedad chilena. Pero también proviene de convencidos demócratas que constatan que los partidos políticos en Chile han sufrido un deterioro y se han transformado en meras maquinarias de reclutamiento clientelista, que ya no invitan a ninguna transformación, sino a coaligarse para tratar de ocupar cargos. Ya no se proponen representar a nadie, salvo a sí mismos. En el caso de algunos en la izquierda, y entre otros a los que se les cayó el muro de Berlín, ya no se trata de lucha de clases sino de lucha por los pases …a los puestos públicos. Poco que ver con los históricos movimientos y partidos que concebían la política como lucha por cambios sociales.

Y también han emergido, como cada tanto ocurre en las elecciones chilenas, los individuos independientes que promueven su ambición presidencial personal en base a la condena de los partidos y de la política. Nada más valorable que la independencia de espíritu y de carácter, pero nada puede ser menos valorable que negarse a compartir ideas, valores y proyectos con otros. Esto es ni más ni menos que la esencia de la política democrática. Pero en fin, cada cual es libre de exponer sus ambiciones personales y someterla al juicio de los demás.

En el caso de Andrés Velasco, hemos visto pocos pronunciamientos suyos que no sean el ataque personal y subrayar los defectos de los partidos. Luego de meses para meditar su opción de candidato, se inscribe en las primarias de parte de la oposición y al día siguiente, exactamente al día siguiente, se arrepiente. Se supone que ahora busca la manera de estar en la papeleta de primera vuelta, para lo cual tuvo todo el tiempo del mundo previamente, no sin antes comprometerse a no hacerlo, y antes incluso a no ser candidato contra Michelle Bachelet. ¿Esas son las “buenas prácticas”?. Legítimamente uno puede preguntarse si en realidad no quiere buscar, de una manera un tanto barroca, evitar una derrota flagrante de sus posturas económico-sociales conservadoras y su declarado rechazo a sustituir la actual constitución y el actual modelo económico. Veremos.

Así, la salida no parece venir de independientes, sino del liderazgo político que debe involucrarse y no sustraerse de un gran proceso de reforma democrática de la actividad partidaria y de la continua presión de los ciudadanos para exigir a sus representaciones políticas que…los representen. En eso está la democracia chilena.

La crisis de la derecha

La derecha ha logrado reencaminar su diseño presidencial. Una primera lectura, la más inmediata, nos lleva a la conclusión de que este sector político abordó un problema serio y le dio una resolución rápida. El estilo no fue muy elegante, pero minimizó costos futuros. La UDI se deshizo de un candidato con credibilidad afectada, mantuvo el esquema original de primarias previamente acordado y evitó una desgastante confrontación hasta la primera vuelta presidencial de noviembre. La ventaja de un mayor despliegue electoral con dos candidatos resultaba menor, en el análisis de La Moneda finalmente compartido por la UDI,  que el costo de una prolongada confrontación aguda y autodestructiva, de la que la derecha política chilena parece tener el secreto desde antigua data. Y se procedió en consecuencia con prontitud táctica. 

Una segunda lectura nos lleva a preguntarnos por qué el principal partido de la derecha no evaluó seriamente  las vulnerabilidades de un candidato emergido de la gerencia empresarial y catapultado al primer plano por la casualidad de ser ministro del ramo en el momento del dramático rescate de los mineros de Atacamaca. Sin otros títulos. Y cuya gestión gerencial, responsable en su momento del aumento unilateral de comisiones de una tarjeta de crédito, terminó siendo objeto nada menos que de una condena por la Corte Suprema, mientras se termina por descubrir que posee cuantiosos fondos en un paraíso fiscal, lo que ilegal o no ilegal es bastante poco presentable para un aspirante a presidente. Y aquí no cabe más que constatar que la UDI no estuvo a la altura del profesionalismo político del que siempre ha hecho gala y que le ha permitido mantener mucho del “legado de Jaime Guzmán” en materia de constitución no representativa de la soberanía popular y de modelo económico ultraliberal, lo uno explicando en buena medida lo otro. Y sorprende también la explicación de la destitución de Golborne a la que procedió sin contemplaciones: se trataría de una reacción a la crítica de Allamand. Esta fue bastante fuerte pero veraz y realizada en el contexto de una elección primaria consistente precisamente en ganarle al aliado. ¿No era acaso evidente que Golborne ya no era un candidato viable en un país que disminuyó su nivel de tolerancia frente al abuso empresarial? Salvo alguna teoría tortuosa de la conspiración por parte de Longueira, la UDI parece estar desafinando su profesionalismo.

Una tercera lectura nos remite a abordar la equivocada interpretación de la persistente popularidad de Michelle Bachelet, es decir la idea de que es fruto de una supuesta condición de outsider de la política con una buena dosis de empatía, pero sin consistencia, capaz de suscitar la adhesión circunstancial de muchos ciudadanos pero de una manera líquida, en suma transferible a otro candidato con vasos comunicantes. Para enfrentarla, el sector más duro de la UDI privilegió a alguien ajeno a su identidad nuclear, a un independiente con habilidades blandas y popularidad. El equívoco fue total: Michelle Bachelet no es independiente, encarna valores democráticos e igualitarios, es una militante desde muy joven que fue por ello objeto de persecusión grave, y sostiene ideas progresistas que, por lo demás, ha hecho más visibles. Los chilenos se identifican mayoritariamente con ella -y lo hacen adicionalmente, aunque en una proporción bastante menor, con Marco Enríquez-Ominami- porque expresa en su discurso y encarna en su biografía aspiraciones hoy mayoritarias en la sociedad. La distancia de Bachelet no es con la política. Es una distancia, a veces excesivamente prudente, pero distancia al fin, con los intereses creados de los más poderosos, con los abusos, las desigualdades, las discriminaciones, la postergación de las mujeres, la falta de derechos y de igualdad de oportunidades. No son éstos rasgos livianos de una personalidad etérea. Son atributos con los que los chilenos se identifican de más cerca o de más lejos. Si a eso agregamos un estilo llano y la empatía de la autenticidad, la peculiar combinación de valores, ideas y actitudes de Bachelet parece explicar de manera más que razonable su popularidad. Y no hay que olvidar, en una época en que la calidad de la representación partidaria está por los suelos y en que los partidos que la apoyan tienen una fuerte tarea pendiente de renovación de propuestas y prácticas, que Bachelet proviene de ellos y son su parámetro político en la esfera pública. Esta no es aún en Chile tan anómica como para caer en manos de cualquier caudillo inconsistente. Las fuerzas que se pueden identificar nominalmente como de izquierda, aún cuando son absurdamente incapaces de producir articulaciones productivas entre sí, sumaron en octubre pasado un 43% de los votos (la izquierda moderada que pertenece a la Concertación reunió un 28% y la izquierda extraconcertación un 15%). No es poca cosa para nutrirse como punto de partida en una campaña electoral. La popularidad de Bachelet no existe en el aire. Tiene base en la estructura de la esfera pública y ocupa un espacio político y cultural, a partir del cual tiene además el gran mérito de atraer voto oscilante o a abstencionistas. Y está haciendo un trabajo de precisión programática, cuyos alcances están aún por verse, que ha sorprendido a sus contrincantes y que contribuye a darle densidad al debate político. Es de esperar que no se diluya más adelante con las clásicas recomendaciones esquemáticas de que las elecciones se ganan en el centro, lo que en las circunstancias chilenas no harían más que aumentar las fronteras del abstencionismo. Las elecciones se ganan cuando los liderazgos establecen los términos del debate, se identifican con pero también orientan las aspiraciones mayoritarias y lo hacen con credibilidad y capacidad de motivar. Así, en su intento líquido de ampliar sus opciones electorales, la UDI parece haber perdido sus capacidades analíticas y su pulso estratégico.

El problema para la derecha no son sus representantes auténticos, que habría que esconder, sino el hecho de que sus valores, ideas y proyectos son minoritarios en la sociedad chilena. Solo circunstancias particulares como las de 2009 -agotamiento de una coalición que se estrechó y paralizó, permanencia prolongada en el poder, un candidato de otra época, una sensación de descomposición derivada del exceso de pragmatismo y de síntomas de corrupción- le permitieron a la derecha llegar al gobierno. Pero no fue capaz de constituirse en una nueva fuerza conservadora comprometida con la democracia y con al menos algunos intereses de la mayoría, abierta en algo a la modernidad. Se mantuvo a la postre como la derecha de siempre, aferrada a sus ilegítimos privilegios constitucionales, a la defensa a ultranza de la sociedad de mercado, al tradicionalismo retrógrado e incapaz, en particular, de darle un tratamiento innovador a la crisis educacional, defendiendo a toda costa la educación segmentada y de mercado. ¿Podrán ahora Longueira y Allamand proponer un nuevo proyecto? Tal vez. Si no lo hacen, probablemente se estrellarán con la tendencia en alza desde 2011: Chile no está para mantener el poder político en manos de los representantes directos del poder económico. La mayoría ya tiene suficiente con sufrirlo sin contrapeso en las principales esferas de la vida cotidiana, por mucho que la economía y el empleo estén pasando por un buen momento.

Teiller y la rebelión

La reciente entrevista del presidente del Partido Comunista Guillermo Teiller ha vuelto a poner sobre el tapete el tema del derecho de los pueblos a rebelarse frente a las tiranías. Como era de esperar, la derecha no reconoce las fuentes de ese derecho. El candidato presidencial de la UDI, Golborne, declara: "Uno debe tener una sola línea: la violencia, de donde venga, debe ser condenada. Nadie tiene derecho a hacer justicia por su propia mano, ni caer en atentados o asesinatos, sin importar la justificación". Con este razonamiento, Lautaro, Ohiggins y Carrera debieran ser catalogados de violentistas y no de estandartes del derecho a la rebelión contra una situación opresiva. Notable aquello de "una sola línea", en una solemne y farisea frase emitida por el representante de un partido político que justificó durante lustros un golpe de Estado sangriento (bombardeo de La Moneda, caravana de la muerte y un largo etc.), que atentó y asesinó con violencia sin límites, incluso fuera de nuestras fronteras (Prats, Letelier, Leighton), con el apoyo o al menos la complicidad manifiesta de los fundadores de la UDI, de los cuales solo algunos se han arrepentido de haber alentado en el momento crítico, por acción o por omisión, la violación masiva de los derechos humanos en Chile.  

Por otro lado, el confundir la situación de una democracia con la de una tiranía es a estas alturas bastante insólito. Es lo que hace la ministra vocera Pérez al afirmar: "Cuando uno señala que es la democracia el camino por el cual los ciudadanos se expresan, en esta democracia no tiene cabida la lucha armada". Es del todo conocido que el Partido Comunista chileno nunca fue partidario antes de 1973 de la lucha armada ni lo ha sido después de 1990. Teiller es explícito en referirse a principios universales solo aplicables a una tiranía. Estos principios se originan, entre otros, en Santo Tomás de Aquino, que señaló hacia 1270, en su opúsculo De Regimine Principum, que se justifica “combatir de cualquier modo la maldad de la tiranía”, afirmando incluso que “si el exceso de tiranía es intolerable, ha parecido a algunos que toca al valor de los varones fuertes dar muerte al tirano”.  El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por su parte, considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.  

¿Estuvo el PC chileno y todos los resistentes en una situación en la que fuera legítimo plantearse la opción de utilizar el supremo recurso de la rebelión armada? Si, si se considera que el período al que hace referencia Teiller es el de una dictadura que, según los informes de la  Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de  Reparación y Reconciliación, ejecutó 3085 asesinatos (1983 muertes violentas en manos de agentes del Estado y 1102 detenciones clandestinas con posterior homicidio y desaparición de los cuerpos, incluyendo su desfiguración con sopletes, según ha establecido la justicia en el caso de dirigentes del Partido Comunista). Otras 1500 denuncias de muertes violentas no pudieron ser aclaradas. Además, decenas de miles de chilenos fueron apresados y sufrieron torturas inhumanas (de acuerdo a la Comisión Valech) y centenares de miles sufrieron el exilio. 

Pero, y era nuestra opinión en aquella época, si bien el principio general de la política comunista de rebelión popular, y de otros movimientos de izquierda desde el primer momento del golpe militar, tenía legitimidad en condiciones de dictadura -aunque no métodos reprobables en toda circunstancia como el secuestro de niños, que condenamos con vehemencia entonces (personalmente redacté la declaración del socialismo renovado dirigido por Ricardo Núñez y Jorge Arrate que consideraba una inmoralidad ese tipo de acciones que en una ocasión realizó el FPMR)- esa política carecía de pertinencia en la situación chilena. Muchos desde la izquierda nos opusimos a ella y compartimos en la época –los ateos no tenemos por qué privarnos de la buena teología- el razonamiento  de Tomás de Aquino: “El régimen tiránico no es justo, porque no se ordena al bien común, sino al bien privado del gobernante (…): y por lo tanto la perturbación de este régimen no tiene razón de sedición, a no ser por acaso cuando el régimen tiránico es perturbado de un modo tan poco ordenado, que la muchedumbre de los súbditos padece más de la perturbación consiguiente, que del régimen tiránico”. Y agrega: “porque puede suceder que los que combaten al tirano no pueden vencerlo, y que el tirano provocado así se haga más cruel”. Es decir, es legítimo rebelarse contra una tiranía, siempre que no agrave los males para los que la sufren. En el caso chileno, muchos pensábamos, y lo mantenemos, que tenía poco sentido enfrentar militarmente a un régimen muy competente en el uso sin límites de la violencia, cuando la fuerza de la oposición a ese régimen estaba en la capacidad de movilización, de desobediencia civil y a la postre de desborde electoral mayoritario en cualquier rendija institucional –independientemente de cómo se concretara ese enfoque, lo que es harina de otro costal- y no en atentados que desmovilizaban, reducían y debilitaban la lucha contra la dictadura, y podían terminar en derivas militaristas y en descomposición política, como le ocurrió a la postre al PC con el Frente Autónomo.

 Pero el hecho contingente fundamental es que el Partido Comunista se ha comportado en democracia respetando sus reglas, infinitamente más en todo caso que sus contendores que hoy rasgan vestiduras y que, en el caso de muchos de ellos, provocaron o fueron cómplices de la mayor violencia institucionalizada que haya conocido la historia de Chile. Lo justificaron, y algunos con pertinacia siguen haciéndolo, por la supuesta amenaza de un "golpe de Praga" izquierdista contra la democracia que solo existía en su imaginación. Recordemos que los archivos revelan que la URSS (véase los trabajos publicados por el CEP en la materia) se oponía entonces a cualquier "nueva Cuba" en Chile. No estaría de más, por supuesto, que el Partido Comunista tomara distancia tajante de Corea del Norte y de cualquier régimen tiránico, incluyendo saldar cuentas con su pasado apoyo al estalinismo y su subordinación a la URSS, lo que provocó una recurrente diferencia con la izquierda socialista. No obstante, que el Partido Comunista sea eventualmente en el futuro próximo parte de una coalición de gobierno no tendría nada de extraño, como no lo fue con el Frente Popular, en un período con González Videla, más tarde con la Unidad Popular. El Partido Comunista siempre contribuyó a la estabilidad democrática. Ignacio Walker debiera recordar el apoyo comunista a Frei Montalva cuando el intento de golpe de Viaux en 1969. Incluso no tiene nada de extraño, contrariamente a lo que dicen algunos, que un partido de izquierda pueda estar en el gobierno y en la calle, siguiendo el principio de la socialdemocracia sueca, que se declara “partido de gobierno en oposición a todas las injusticias”. La buena política de izquierda es la que combina con sabiduría la responsabilidad gubernamental con las aspiraciones de cambio que se expresan en la sociedad. La “nueva mayoría política y social” de la que ha hablado Michelle Bachelet en su retorno al país debiera incluir al conjunto de la izquierda chilena responsable, en alianza con las fuerzas de centro, junto a múltiples fuerzas sociales organizadas, para hacer posibles los cambios urgentes que necesita la estructura política y económico-social de Chile en la perspectiva de lograr más democracia, más libertades y más equidad.

Carta Abierta a Osvaldo Andrade

Señor Osvaldo Andrade

Presidente del Partido Socialista

Presente

Leo en  la prensa que la Comisión Política del Partido Socialista ha decidido el lunes 25 de marzo proceder a una nominación directa y casuística de candidatos a parlamentarios en una serie de distritos, según la conveniencia y  acuerdos entre los grupos de poder interno. Esto contrasta flagrantemente con la decisión expresada  por la ex presidenta Bachelet de concurrir a una primaria de la oposición sin cortapisas y de ese modo discutir abiertamente las opciones de gobierno y no entre cuatro paredes. La CP incluye en la sustracción del pronunciamiento de militantes y ciudadanos el distrito en el que me he inscrito para participar en una definición democrática, no porque, como bien sabes, tenga ninguna vocación parlamentaria, sino para acoger la petición de sectores de base del partido que me habían pedido ser candidato. Querían que se expresaran voces un tanto más identificadas con los valores de la izquierda en el socialismo chileno actual.

La idea de que debemos entrar en una nueva etapa en la que se recompone el vínculo entre la política de izquierda y la sociedad civil en base a propuestas de cambio y prácticas democráticas rigurosas de generación de liderazgos y representaciones, queda una vez más sepultada bajo tu presidencia (y las inmediatamente anteriores, en honor a la verdad).  Se decide por un órgano que no posee las facultades para hacerlo no respetar los estatutos que nos rigen (y que entiendo nadie ha derogado). El Estatuto vigente (tal como está en la página WEB del PS) establece que “la selección de los candidatos a cargos de representación popular se hará en forma democrática, por el sistema de voto universal, secreto e informado en cada una de las instancias que corresponda representar”. Por tanto, en cada distrito o circunscripción, en el caso de los candidatos a parlamentarios. El más reciente Congreso estableció, además, que debían realizarse primarias ciudadanas donde fuera necesario. Y donde hay más de un candidato ciertamente es necesario realizarlas, si se sigue la lógica más elemental. Precisamente para relevar donde era necesario hacer esas primarias –se entiende que donde no hay más de un candidato/a no es necesario hacerlo- es que se procedió a establecer un mecanismo de inscripción de candidaturas.

Pero nada de esto lo has respetado ni hecho respetar. Como tampoco respetaste el criterio establecido desde la unificación en 1989 de incluir en la Comisión Política a todas las expresiones internas. Dos listas que representamos en la reciente elección interna del orden de un 14% de los votantes fuimos simplemente dejados fuera, no sé con qué afán que no sea el de practicar la exclusión pura y simple. Y lo hiciste en base a una interpretación mañosa de una norma también aprobada por el más reciente Congreso en el sentido de incorporar a las minorías a la dirección, en donde el más elemental sentido común indicaba que el espíritu de lo aprobado se remitía al resultado de la elección nacional y no a la composición final del Comité Central. Esta, como bien sabes, aumenta el control de la mayoría que, en el caso de la Nueva Izquierda que representas con un 25% del partido más diversas alianzas no exactamente asentadas en convicciones que no sean la de practicar intensamente la lucha por los puestos, has logrado conformar en los órganos de dirección. Ese es tu mérito. Pero lo utilizas  cada día con mayor vocación de control absoluto, rememorando las prácticas estalinistas de hacer tabla rasa con las disidencias. Todo este proceso de aplastamiento de las minorías lo conduces, y eso es lo absurdo de tu conducta, como si no se hubiera producido el alejamiento de los Jorge Arrate, Carlos Ominami, Marcos Enríquez-Ominami, Sergio Aguiló y tantos antiguos militantes de menos renombre pero no menos importancia. Como si no fuera urgente volver a darle prestigio a los partidos políticos, especialmente a los de izquierda, denostados por la mayoría de la sociedad precisamente por este tipo de prácticas de intolerancia, inoperancia y control burocrático.

Es evidente que los liderazgos, incluyendo los  que retornan en estos días al primer plano para asumir la tarea de desplazar democráticamente del poder gubernamental a la derecha, terminan por alejarse de partidos que se han tornado cada vez más impresentables, socavando, y eso es lo grave, el prestigio de la democracia y alimentando las tentaciones caudillistas.  Es obvio que lo que quieres es que todos los espíritus libres terminen por irse del PS y sepultar el proyecto de la casa común de la izquierda que tanto nos costó construir desde 1989, con una lamentable ceguera y pequeñez para salvaguardar tu pequeño poder, el de la Nueva Izquierda y el de los grupos que te acompañan, que creo te resultará a la postre, por lo demás, bastante inútil. En mi caso no lo vas a lograr, pues tengo la convicción de que el legado del socialismo chileno en la historia da francamente para mucho más que los espectáculos de mala fe y política pequeña a lo que lo ha llevado la pandilla sin valores ni propósito programático alguno de la que formas parte y cuyo único fin ha terminado siendo tristemente repartirse cargos en el Estado. A ese legado, al de nuestros muertos, al que nos viene de Arcos y Bilbao, de Recabarren, de Allende, pero sobre todo de tantos luchadores sociales anónimos y dignos, permanezco y permaneceré fiel. Volverá algún día a emerger ese legado con la fuerza que se merece y dejará atrás esta etapa poco edificante que terminará siendo rechazada por todos lo que se mantienen fieles, aunque hoy día seamos pocos, a las convicciones socialistas de igualdad, libertad y justicia, más necesarias que nunca para transformar el Chile de hoy dominado por las oligarquías dueñas del poder y la riqueza.

Gonzalo D. Martner

Miembro del Comité Central

Partido Socialista de Chile

Ponerse creativos

Leo por curiosidad en un periódico de la plaza, en una sección de tipo autoayuda o algo así,  que una “profesora de creatividad empresarial”  que viene llegando nada menos que de Stanford (las especialidades con pergaminos de este tipo están proliferando en Chile, mientras decaen las ciencias sociales, claro) propone seis principios para fomentar la creatividad: “buscar siempre alternativas, probar  lo desconocido, asumir riesgos y estar dispuesto a equivocarse, convertir  problema en desafío', tomar la iniciativa y cuestionar las reglas y supuestos”. Si estas recomendaciones de sentido común para hacer avanzar cualquier cosa estuvieran siendo adoptadas en el mundo de la empresa, excelente. 

  Ciertamente no es el caso de la política. Al menos en el escenario más probable en el futuro próximo. Habrá, eso sí, un cambio de coalición política, pues la actualmente en el gobierno no logró sacar a la derecha de su condición secular de minoría y reafirmó lo que todos en Chile sabían: defienden los intereses de los privilegiados. Una mayoría corta de chilenos, fatigada del decaimiento y en algunos casos descomposición de la coalición que gobernó desde 1990, quiso darle a la derecha a partir de 2010 una oportunidad, que esta última desaprovechó irremediablemente. Esa percepción tal vez la simboliza una reciente actuación del presidente de Chile: va como gobernante a la intronización de un nuevo Papa en Roma, y lo que hace es pedirle en medio de la ceremonia oficial que le bendiga unos rosarios para los nietos y un amigo. Esa no es manera de representar a Chile. Contrasta con el papel jugado por una ex Presidenta que ha trabajado con capacidad, empeño y dignidad en los últimos años por la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo, promoviendo valores y políticas, y hoy se apresta a retornar al país. 

  Pero el escenario más probable es que lo haga para hacer más de lo mismo con los mismos y para los mismos de siempre. Aquello de “cuestionar las reglas y supuestos” no está en los libros de la mayoría de los que la apoyan. Estos se aprestan a recuperar puestos en el Estado sin ninguna idea o propósito de cambio particular, manteniendo por supuesto una mínima retórica para mantener las formas. Desgraciadamente el impacto de los movimientos sociales de 2011, la voluntad de hacer emerger nuevas fuerzas y coaliciones y las elaboraciones programáticas desde la sociedad, centros independientes y universidades tendrán probablemente poco eco. Como también el llamado a cambiar las reglas del juego a través de un nuevo proceso constituyente que oxigene la alicaída y a veces maloliente esfera pública nacional. Cuando lo que se necesita como nunca es cuestionar una institucionalidad terriblemente condicionada por el poder económico, que financia las campañas electorales y no está dispuesto a permitir innovación alguna, el saliente presidente del Senado declara: “en Chile no hay riesgos para la institucionalidad”. Con ese tipo de representantes, que privilegian la estabilidad injusta por sobre la transformación y cuya motivación esencial es el reconocimiento por los poderosos,  la remendada y agotada constitución del 80 tiene para rato.

  ¿Y por qué no nos ponemos creativos e imaginamos y construimos otro escenario? Un escenario en que la ex presidenta Bachelet reitera lo que declaró al despedirse de la ONU en Nueva York parafraseando a Eleanor Roosevelt, la inspiradora de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 : “haz lo que tu corazón sienta que es correcto”. Un escenario en que la oposición se une sin personalismos y resuelve los asuntos de liderazgo en las urnas, e incorpora a Marcos Enríquez -Ominami y al PC para conquistar un parlamento con mayoría suficiente para iniciar un nuevo proceso constituyente en 2014. Efectivamente, es prioridad “cuestionar las reglas y supuestos”. Es urgente, cuando un 60% de los ciudadanos se niega a participar en unas instituciones obsoletas,  construir un nuevo régimen de libertades, que incluya el matrimonio igualitario y el aborto terapéutico, que redefina los derechos y deberes de los ciudadanos, que permita la representación paritaria de género y equitativa de las ideas y de los territorios, que descentralice y aumente la participación ciudadana en las decisiones públicas, que otorgue una amplia autonomía a los pueblos indígenas. Es urgente construir un escenario en que un gobierno de ancha base política deja de regalar la renta del cobre a muy pocas grandes empresas e inicia con esos recursos un vasto plan de inversión en  infraestructura económica y social (¿por qué no un tren de alta velocidad Santiago-Valparaíso, Santiago-Puerto Montt y Santiago-La Serena?). Un gobierno que realiza una reforma tributaria progresiva y con ella financia la gratuidad de la educación pública o sin fines de lucro, sin financiamiento escolar compartido y con becas para el 90% de los estudiantes de educación superior, terminando con la educación de mercado. Un gobierno que crea un Fondo Solidario de Salud para extender garantías uniformes a toda la población y termina con la discriminación propia de la salud de mercado. Un gobierno que acaba con el abuso de unas AFP que recogen cotizaciones obligatorias para su propio beneficio y que introduce un nuevo pilar de reparto en el sistema de pensiones para garantizar certezas básicas en la vejez. Un gobierno que protege el ambiente y cambia el modelo energético hacia uno que incorpora masivamente nuevas fuentes renovables no convencionales, con la meta de 40% en 2030. Un gobierno que estimula el empleo con derechos para los trabajadores, que fomenta el ahorro y la sobriedad en el consumo, que iguala el salario de hombres y mujeres, multiplica las salas cunas y el postnatal compartido. Un gobierno que en cuatro años abre una nueva etapa en Chile. ¿Por qué no?  

Más argumentos para la idea de una Constituyente para superar el bloqueo constitucional, en Opinión de Radio Cooperativa.

Nuevos Horizontes

Presentación en el INSTITUTO IGUALDAD, en el encuentro “Pensar a Chile: El desafío de la democracia, del desarrollo y la igualdad en un nuevo ciclo político”, en el panel “Construyendo un nuevo Modelo de Desarrollo: Economía, Empleo y Desigualdad”, el 29 de septiembre 2012.

Frente a los desafíos actuales, de crisis externa y expansión interna desigual, hay diversas respuestas, entre ellas:

 - la neoliberal y conservadora de menos Estado y más mercado, que termina abandonando a su suerte a los sectores sociales con inserción económica precaria, no financia suficientemente a las empresas y personas que innovan y descuida los efectos externos de la acción pública sobre las capacidades humanas, el patrimonio tecnológico, el ambiente y la cohesión social;

- la “blairista” de ayuda pública a individuos autonomizados, con intento blando de mayor igualdad de oportunidades, pero sin diálogo social por considerarlo “corporativista”, sin reformas fiscales ni Estado de bienestar recompuesto,  para prolongar el actual “modelo híbrido” con creciente sello liberal y privatizador, es decir más de lo mismo y de los mismos en un Chile que prolonga la desigualdad;

- la “caudillista y paternalista” de gobierno interventor y clientelista según las necesidades de liderazgos mesiánicos, con chequera estatal para pagar favores y como condición de posibilidad, que algunos llaman “Estado protector”;
- la del proyecto del Estado democrático y social de derecho y modelo de desarrollo integrador y sustentable, con rasgos de la socialdemocracia europea, y especialmente nórdica, que logró construir sociedades igualitarias en condiciones iniciales no radicalmente diferentes de las nuestras, pero asumiendo que la estructura laboral precaria e inestable requiere de una organización más directamente estatal de la solidaridad, y  valorando en América Latina el camino seguido por Brasil y Uruguay hacia una mayor equidad.

El progresismo debe, para estar a la altura de los desafíos del país  y de las demandas de la sociedad, desordenar  (¡horror!) el statu quo obsoleto e improductivo actual  para  rearticular  y  promover sin subordinaciones el  proyecto histórico de una sociedad democrática, socialmente solidaria, ecológicamente sustentable, económicamente eficiente y capaz de ofrecer una calidad de vida digna a todos acorde con el nivel de desarrollo del que logre disponer.

El mero crecimiento no basta. El crecimiento definitivamente no es el desarrollo, como se ha constatado con el actual gobierno. Contribuye al bienestar, pero mantiene una sociedad desarticulada y conflictuada sometida al mal vivir y a la desconfianza. Una de las lecciones cruciales de los últimos 22 años, cruzados por avances y retrocesos, esperanzas y decepciones, es que el instrumento central para construir nuevos horizontes es la interacción de la sociedad civil organizada con un Estado fuerte y reinventado, en base a los siguientes principios:

-  Un Estado que se sustenta en la legitimación democrática permanente, con la decisión ciudadana periódica como el bien social más preciado, que además de garantizar las libertades y derechos fundamentales contribuye al bienestar y el bienvivir mediante políticas públicas activas que combaten frontalmente la corrupción, el clientelismo y la depredación del Estado por intereses particulares  y por el poder económico, y hace de la transparencia, el respeto de la ley legítima y la participación ciudadana su fundamento.
- Un Estado garante del contrato social, que prioriza la disminución de las desigualdades y es catalizador de la concertación socioeconómica, para lo que consagra derechos mediante una tributación justa y eficaz  y dota al gobierno, administrado con la exigencia perentoria de la eficiencia y la transparencia,  de los medios para hacerlos efectivos.
- Un Estado que desarrolla la economía, invierte en innovación, especialmente en educación, políticas industriales y energéticas sustentables, sin subsidiar las actividades y modos de organización obsoletos, y no se subordina al mercado sino que lo gobierna.
- Un Estado que mejora la seguridad  y prosperidad todos y especialmente del mundo del trabajo frente a los riesgos sociales de desempleo, enfermedad, vejez sin ingresos  y vida urbana  insegura, y que actúa para integrar en la vida social a los excluidos y marginados,  tarea central en el contexto de una economía periférica que precariza el trabajo y margina a los  grupos sociales sin recursos, en medio de la inestabilidad financiera y económica global, sobre la que Chile no tiene capacidad de control.

De la reafirmación de esos principios y de sus instrumentos de realización podrá desprenderse, junto y en diálogo estrecho con la sociedad civil organizada y los movimientos ciudadanos, un programa de gobierno para el período 2014-2018 que sea una auténtica alternativa mayoritaria a la derecha y al capitalismo neoliberal que ésta defiende. De ese programa podrán desprenderse, a su vez, los planes de acción gubernamental específicos encargados al liderazgo político por mandato de los ciudadanos y mediante diálogo social y político, en el entendido que éste no se sitúa por encima del bien y el mal sin darle cuenta a nadie, sino que debe interactuar con sus representados para ... representarlos, y en su caso hacer valer el interés general, articulando y si es necesario limitando los intereses sectoriales, y arbitrando la necesidades del presente y las del futuro. ¿Por qué no empezar por discutir la pertinencia de las grandes tareas que emergen de las limitaciones y orientaciones de defensa de los intereses de los privilegiados del actual gobierno?

1. Superar el bloqueo institucional. Es ineludible salir del bloqueo institucional contenido en el diseño de la constitución de 1980, que ilegítimamente impide la expresión de la soberanía popular. La nuestra es una democracia crecientemente inútil para representar los intereses mayoritarios, lo que genera un irremediable desprestigio de lo que muchos ciudadanos comunes asumen ya como la "clase política", indiferenciada y con intereses propios repudiables. Relegitimar la democracia es la tarea de hoy, mediante nuevos contenidos de la constitución en materia de valores colectivos,  deberes y derechos y el pronunciamiento ciudadano sobre su orientación. El mejor instrumento conocido para la tarea de legitimación democrática que Chile necesita con urgencia es una asamblea constituyente representativa, autorizada y mandatada para esa tarea por los ciudadanos en un plebiscito convocado por ley. ¿Es inviable? La peor batalla es la que no se da. La acción política está para  ampliar la frontera de lo posible, no para la resignación y la renuncia, ni para conformarse con la coparticipación en la administración del orden desigual existente. Esta tarea emana de una constatación simple y a la vista de todos: no se puede disminuir las desigualdades en el actual marco constitucional. Esquivar este desafío es renunciar a todo cambio de la estructura de poder para eliminar privilegios ilegítimos en la sociedad chilena. Avanzar a una nueva constitución no es provocar el caos ni partir de cero, y no prejuzga sobre la orientación política de los gobiernos futuros, aunque si debe establecer en primer lugar el principio de mayoría, en respeto de las minorías y de su derecho a procurar transformarse en mayoría. Es poner al día las reglas democráticas de convivencia, sin amenazar a nadie e incluyendo a todos: es dejar un legado consistente a las nuevas generaciones que asegure la gobernabilidad democrática, hoy cuestionada por todos lados.        

La nueva constitución debe proponerse consagrar los derechos civiles y políticos fundamentales y las garantías y deberes de los ciudadanos; consagrar la igualdad de género; reconocer y promover los derechos de los pueblos originarios; reafirmar los derechos económicos, sociales y culturales  contemplados en los tratados internacionales firmados por Chile; reafirmar la propiedad pública sobre los bienes comunes para permitir la explotación racional y sustentable de los recursos naturales y el ordenamiento del territorio en beneficio de todos los ciudadanos y de las nuevas generaciones y para permitir el uso del espectro radioeléctrico con obligaciones de desarrollo cultural y de respeto del pluralismo, especialmente en la televisión; establecer la igualdad de oportunidades de acceso a los cargos públicos; avanzar a un régimen político semi-presidencial y la representación proporcional en el parlamento; poner fin a los quorum que dan de derecho a veto ilegítimo a la minoría en las leyes orgánicas; establecer la obligación de consulta a las organizaciones sociales y productivas en la elaboración de leyes sociales, económicas y ambientales; consagrar la iniciativa popular de ley; fortalecer la independencia y profesionalismo del poder judicial; ampliar la descentralización política, incluyendo la elección popular de los gobiernos regionales y la afirmación de la autonomía regional y municipal en las tareas de desarrollo y a avanzar hacia nuevas libertades, en primer lugar hacia la libertad de la mujer para decidir sobre la maternidad en determinadas condiciones; el matrimonio igualitario y el respeto por la diversidad sexual.

2. Avanzar a un nuevo modelo de desarrollo innovador  y sustentable 
Afianzar una transición desde la exclusiva especialización en la explotación de recursos naturales con bajo valor agregado, que genera una economía inestable, desintegrada y desigual, a una economía diversificada basada en el conocimiento innovador, la sustentabilidad y la integración sectorial requiere retomar, pero ahora en gran escala, la tarea de robustecer complejos productivos que desarrollen los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás en al menos la actividad minera, pesquera, forestal y alimentaria, mediante programas de innovación, desarrollo y producción limpia, triplicando la inversión actual. Requiere fortalecer una banca pública activa y un sistemas de compras públicas que amplíen la red de pequeñas y medianas empresas creadoras de empleo, con un nuevo sistema de subsidios directos a la capacitación, ampliación sustancial del microcrédito y regulación de los poderes monopsónicos en la distribución.

También supone establecer un nuevo modelo energético basado en una meta de uso de tecnologías renovables no convencionales de 20% en 2020 y 70% en 2040 en la generación eléctrica, desechando la insanía tecnocrática que persiste en introducir la energía nuclear en Chile, el país más sísmico del mundo. Cubrir las necesidades energéticas, incluyendo políticas sustanciales de ahorro, requerirá un ordenamiento territorial riguroso para luchar contra el cambio climático y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, ampliando el sistema de zonas protegidas. Se requiere además devolver los derechos de agua al dominio público, y permitir su uso racional mediante concesiones limitadas en el tiempo, con garantías de acceso equitativo y sustentable.

Un nuevo Fondo de Inversión en  Infraestructuras debe permitir un mayor equilibrio regional, consolidar la formación y educación de capacidades humanas y favorecer un urbanismo integrador que aumente la calidad de vida e intervenga los barrios sin equipamiento social y cultural, en una amplia política de reforma urbana. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional debe disminuir su condicionalidad para que las decisiones sobre su uso residan en los territorios. El Fondo Común Municipal debe redistribuir mejor los recursos desde las comunas ricas a las pobres y aisladas.

3. Optar por una política económica y laboral para el pleno empleo y la desconcentración

Para financiar el esfuerzo productivo y social del Estado con mayor equidad, la estructura tributaria debe ser progresiva, con una mayor tributación de las empresas y de las personas que tienen más ingresos (eliminando el vínculo entre ambas) y una diferenciación de los impuestos al consumo. La recaudación tributaria debe aumentarse estructuralmente en 1% del PIB al año por una década (y aún así quedaría bajo el promedio OCDE). Se debe estimular el ahorro y la inversión  mediante el reforzamiento de los impuestos al lujo y los males públicos, así como a las rentas especulativas mediante impuestos a las ganancias de capital. Los impuestos permanentes deben permitir el financiamiento de las tareas permanentes del Estado, el que debe combatir el clientelismo y la ineficiencia con una función pública más profesional, reforzando los sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas de todas las actividades de gobierno.

Cabe además la ampliación sustancial de la minería estatal y el aumento drástico de la tributación privada por el acceso al subsuelo y a los recursos del mar que pertenecen a todos los chilenos, con licitación periódica y transparente de las concesiones de explotación de recursos naturales que se justifiquen; el cambio en el tratamiento de la renta por uso de los recursos naturales, que hoy se transfiere gratuitamente en proporciones inaceptables a inversores extranjeros y nacionales, deteriorando de paso las cuentas externas de Chile, fruto de un sistema de regalías que debe ser modificado, junto al aumento del impuesto adicional a la repatriación de utilidades. Esta política puede generar nuevos recursos fiscales que deben orientarse al sustancial aumento de la investigación y el desarrollo de productos y procesos innovadores y la ampliación de la infraestructura productiva y social.

La política fiscal y monetaria debe acentuar la capacidad de acción contracíclica y evitar los errores de 1999  y 2009, que  llevaron a la economía chilena a recesiones evitables por actuar poco y tarde.

Las grandes empresas deben estar sujetas a estrictas reglas competitivas y de protección del consumidor, con una regulación financiera que impida los abusos y limite la concentración económica. La fijación de tarifas en los servicios básicos debe evitar las sobreutilidades monopólicas y responder a sus  costos reales.

La negociación colectiva debe realizarse en la empresa y más allá de la empresa, pues la relación laboral no puede estar determinada de manera individual en beneficio exclusivo del empleador. Los trabajadores deben tener organización, voz y poder, factores con los cuales es posible aumentar la confianza y mejorar la cooperación productiva en la empresa, en interés compartido. La ausencia de la negociación colectiva debe terminar, pues no es propia de una economía moderna y civilizada. Esta se debe extender a temas como los despidos colectivos, que deben asociarse a compensaciones y mecanismo de reinserción, la capacitación laboral y la seguridad en el trabajo.

Nuevos aumentos del salario mínimo deberán proteger los ingresos de los trabajadores más pobres, mientras el seguro de desempleo debe ser ampliado en su cobertura, complementado con programas de empleo de inserción juvenil y de reinserción para los desempleados de la larga duración.

4. Desarrollar la educación pública

La educación no es un bien de consumo más llamado a transarse en mercados. Los valores democráticos y humanistas en la sociedad y la igualdad de oportunidades para hacer posible la transición a la economía del conocimiento aprovechando todos los talentos, independientemente de su origen social, es tarea de la educación. Para cumplir ese propósito, el sistema educativo debe ser público por esencia. Esto no es contradictorio con un sistema mixto de provisión, pero solo con el financiamiento público de entidades no estatales sin fines de lucro ni discriminadores. En la medida en que los establecimientos reciban recursos públicos, nada justifica ser un factor caracterizado de segmentación social y cultural y además obtener utilidades privadas con el presupuesto de la Nación. Este debe emplearse en seguir fortaleciendo la cobertura de la educación pre-escolar  y los recursos en la educación básica y media estatal o sin fines de lucro, con escuelas públicas administradas por nuevas corporaciones educacionales regionales con fin único bajo tuición directa del Ministerio de Educación, terminando con el factor de discriminación constituido por el financiamiento compartido y la selección por dinero. Cabe volver a consagrar  la  completa gratuidad escolar y la cabal sujeción a las normas públicas allí donde existan recursos del Estado, incluyendo la prohibición de la selección arbitraria en el acceso, que debe estar vinculado a la vecindad y a políticas de heterogeneidad social y cultural. La formación de profesores debe someterse a altos niveles de exigencia, con exámenes de habilitación obligatorios, junto a una carrera docente fortalecida.

La educación técnica superior deberá asimilarse al régimen de educación universitaria y terminar con su mercantilización generalizada. La educación universitaria debe ser efectivamente sin fines de lucro –cerrando las universidades que burlan la ley y reintegrando a sus alumnos a otras universidades- y su acceso debe ser gratuito para los jóvenes pertenecientes a las familias que integran el 90 por ciento inferior de la distribución de ingresos. La completa gratuidad puede abordarse para la totalidad de los jóvenes con capacidad de seguir estudios superiores si se opta por agregar un nuevo  tramo en el impuesto a la renta con una tasa marginal de  50% (reforzado en 1990 y vigente hasta 1994), por sobre la de 40% actualmente existente, de modo que los más ricos financien su educación con el pago de mayores impuestos.

Las universidades públicas deben garantizar una educación plural y laica y recibir mayores aportes basales para el desarrollo de la cultura y de la ciencia de acuerdo a su nivel de complejidad, junto al fortalecimiento de su rendición de cuentas y sujeción a normas estrictas de calidad y excelencia.

5. Seguir mejorando la protección social.

La experiencia histórica de todas las economías modernas exitosas muestra que la desigualdad se combate de muchas maneras, pero con prioridad mediante estados de bienestar y sistemas de tributación-redistribución directa.  Mencionar cambios de largo plazo en la distribución primaria del ingreso en la empresa como eje de la lucha contra las desigualdades es simplemente esquivar el desafío. Para que estos sistemas de redistribución secundaria del ingreso no se transformen en maquinarias de clientelismo y de desincentivo de la responsabilidad personal, deben basarse en el acceso a prestaciones concebidas como derechos, no como gracia del gobernante de turno ni caridad individualizada. 
Llegó la hora de combatir la individualización, estigmatización y prolongación de la exclusión que se realiza en nombre de la focalización de las políticas hacia los pobres, que debe desaparecer de nuestro lenguaje, y reorientar los subsidios hacia derechos universales, especialmente orientados a la inserción en el trabajo, en la educación y en la participación comunitaria local. Se deja de ser pobre en primer lugar cuando se es responsablemente parte de la sociedad y de sus desafíos colectivos.

Abordar uno de los grandes riesgos de la sociedad futura, el envejecimiento demográfico, requiere dejar de someterse al ideologismo ultraliberal e introducir un pilar de reparto que dé certeza básica a las pensiones junto al pilar solidario y el de capitalización individual, el que debe incluir una entidad pública. A su vez, debe organizarse un pilar solidario que ayude a las familias y comunidades a sustentar la pérdida de autonomía de las personas de edad.

Un Fondo Solidario en Salud debe corregir el mayor riesgo de los cotizantes en el seguro público (los seguros privados discriminan contra las personas afectadas por enfermedades preexistentes, las personas de edad y las con menores recursos) y utilizarlo para aumentar las garantías de atención en la salud pública, que ya abarca el 70% de las patologías, además de reforzar la salud primaria y preventiva, que sigue siendo la mejor inversión posible en salud y también en eficiencia productiva que contribuya al desarrollo.

Sobre el litio y la tributación minera a los recursos naturales

Presentación sobre el litio, en el seminario de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales Rol A Codelco – Chile (Fesuc), que representa cerca de 2000 profesionales de la gran minería del cobre, el 10 de septiembre de 2012.

1. Del “máximo desarrollo” a la optimización fiscal y la sustentabilidad

·          Los objetivos que parecen haber dominado las opciones de política tributaria de los recursos no renovables en los años cincuenta y sesenta del siglo 20, en muchos países en desarrollo pero también en Estados Unidos y Canadá, pueden resumirse en el concepto de “máximo desarrollo”, sobre la base de considerar los efectos en cadena del sector en términos de producción, exportaciones y empleo. Dados los usos alternativos de los recursos públicos, o simplemente ante la escasez de ellos, muchos gobiernos optaron por fomentar las inversiones privadas para este fin. Además, dado que la actividad minera se realiza en áreas geográficas frecuentemente carentes de otras opciones productivas, se agregó un componente de fomento del desarrollo regional. En algunos casos, como en Estados Unidos, se agregó el objetivo de abastecimiento autónomo de recursos en una perspectiva de seguridad nacional.
             El "máximo desarrollo" fue cambiando en casi todo el mundo, en beneficio tanto de una lógica de preservación de los recursos naturales como de maximización de su retorno fiscal. Esto incluyó una ola de nacionalizaciones, especialmente de recursos petroleros, pero también, como en Chile, del cobre y otros minerales, lo que se tradujo en la reforma constitucional de 1971 que consagró la propiedad pública del subsuelo. Esta se mantuvo en la constitución de 1980, pero fue revertida por la ley de concesiones mineras. La tributación minera desde la dictadura ha buscado, con excepción de sectores como el petróleo y el litio -que en su momento recibieron la calificación de “bienes estratégicos”-, el objetivo de "máximo desarrollo de las empresas privadas" en el sector, bajo el supuesto de anticiparse a posibles sustitutos tecnológicos que disminuirían el valor del recurso, especialmente el cobre, lo que resultó ser totalmente erróneo frente a la demanda creciente de los países emergentes. 
                En los años recientes se experimenta en Chile cambios hacia una preocupación por la conservación de recursos combinada con un objetivo de maximización de los ingresos fiscales y de morigeración del impacto macroeconómico. Se discute en la actualidad más ampliamente que los encadenamientos multiplicadores hacia delante y hacia atrás en la actividad de extracción de recursos no renovables es relativamente poco significativa, así como su capacidad de creación de empleo, mientras se entiende que la expansión exportadora tiende a provocar efectos en el tipo de cambio real de largo plazo conducentes a alguna forma de “enfermedad holandesa” que deprime la actividad agrícola e industrial. En este conjunto de temas uno de los que destaca en el debate sobre la definición de la política pública para el sector es el de la maximización de ingresos fiscales. En efecto, el control del acceso a los recursos no renovables da al gobierno la posibilidad de recuperar una renta por la explotación de estos recursos. La discusión se remite al concepto de renta económica y a las modalidades pertinentes para obtener para los ciudadanos el máximo de beneficio de la explotación de sus recursos naturales no renovables. Las opciones son: 
a           a) propiedad pública y explotación pública,
             b) propiedad pública y explotación privada con maximización de la tributación sobre la          renta,
             c) propiedad pública y explotación privada sin maximización de la tributación sobre la            renta y
            d) propiedad privada (o concesiones permanentes, que vienen siendo lo mismo, como         en el caso de Chile) y explotación privada sin maximización de la tributación sobre                la  renta, es decir asimilando el sector a los otros sectores de la economía.

        2. El concepto de renta económica 
          Todo excedente por sobre el rendimiento necesario para mantener en explotación un recurso escaso, constituye una renta económica. Este es un ingreso del propietario del recurso distinto de la utilidad que pudiera obtenerse de su explotación. Sin utilidad, no habrá actividad económica. Sin renta, pero con una utilidad que justifique la inversión de capital habida cuenta comparativa de la rentabilidad de otras actividades, habrá actividad económica. La definición neoclásica de renta económica se enuncia como la diferencia entre el dinero que recibe el propietario de un factor de producción y su precio de reserva, es decir la cantidad mínima necesaria para inducirlo a darle el fin que tiene en su actividad económica presente. La renta económica es en el mercado de factores de producción el equivalente del excedente del productor en el mercado de bienes (el excedente del productor son los ingresos que exceden del mínimo necesario para generar una oferta dada de producción en el mercado de bienes). Esta definición incluye tanto la "renta de escasez pura" como la "renta diferencial". La distinción entre ambas se ilustra desde David Ricardo en 1819 con el ejemplo clásico de la tierra agrícola –totalmente aplicable a los recursos mineros, incluyendo el litio- disponible en unidades homogéneas pero escasas (oferta inelástica), por las que los propietarios de cada unidad de tierra van a recibir una renta periódica similar y cuyo monto va a depender de la demanda por tierra. Si además las unidades de tierra son de calidades diferentes, la tierra marginal (la unidad de tierra de peor calidad) recibirá la renta de escasez – que será tan importante como intensa sea la demanda- mientras las tierras de calidad superior recibirán además una renta diferencial.
           En la medida en que la tierra es un recurso que no se agota, su tasa de uso en el tiempo no tendrá ninguna influencia sobre el valor presente potencial de la renta. Este no es el caso de los recursos no renovables, como los mineros, pues se debe necesariamente considerar adicionalmente la trayectoria temporal de explotación del stock existente, la que puede realizarse con mayor o menor rapidez hasta su agotamiento. El valor presente de la renta a retirar se verá modificado. El concepto pertinente para la evaluación económica será entonces el valor presente de la renta sobre la vida del stock de recursos.
          En una economía competitiva la renta vuelve al propietario a través de la siguiente secuencia: el recurso que está en el origen de la renta reporta al empresario que lo explota un rendimiento más elevado que el rendimiento normal en cualquier otra industria, lo que suscitará la llegada a la industria de nuevos interesados, los que harán aumentar el valor del recurso. La renta del propietario aumentará en el monto pleno del incremento de precio del activo. Los empresarios que exploten el recurso no retirarán sino el rendimiento normal.
            En el caso de un gobierno propietario o concedente de los recursos del subsuelo, la tributación se transforma en un medio para recuperar la mencionada renta, que de otro modo, y en ausencia de algún mecanismo de asignación competitiva de las eventuales concesiones (como el que utilizó Codelco con la mina Gabi para un porcentaje de la concesión), quedaría en manos del que explota el recurso y no del dueño legítimo del recurso, el conjunto de ciudadanos.
            Las múltiples variantes existentes en unos y otros países y territorios se resumen en dos modalidades básicas: "regalías brutas" y "regalías netas". Las primeras son ad-valorem o bien específicas y son proporcionales o bien progresivas, pero tienen como característica no incluir el costo de explotación en la base de tributación. Las "regalías netas" se asemejan a una forma de tributación de las utilidades, en el sentido de que procuran tomar en cuenta los costos de explotación. También pueden ser proporcionales o progresivas.
·            La regalía bruta tiene la ventaja considerable de ser de fácil aplicación. Su cálculo es sencillo, no requiere de grandes costos de administración y no deja lugar a elusiones fiscales. Sin embargo, al no considerar los costos de explotación, tiene fuertes probabilidades de no lograr captar la renta económica potencial si los yacimientos tienen costos que varían mucho. Si la regalía bruta está concebida para captar el costo de uso marginal, y por tanto la renta sobre el yacimiento de costos más altos, los empresarios que exploten los otros yacimientos "inframarginales" se beneficiarán de rentas diferenciales que no serán captadas por la regalía. Así, la regalía bruta puede ser la mejor opción en el caso en que no haya grandes variaciones de calidad de los yacimientos, y por tanto en sus costos de explotación, y la regalía neta en el caso de variaciones importantes.
            La opción de explotación del recurso mediante una empresa pública tiene, por su parte,  la ventaja teórica de captar la totalidad de la renta. Pero esto supone que no se produzcan fenómenos de captura de la empresa pública por parte de sus asalariados (y de los que mandan, los ejecutivos) para lograr remuneraciones por sobre las del resto de la actividad económica corregida por su productividad, o bien por sus proveedores, que abastezcan a la empresa pública con insumos a costos superiores a los de mercado. Así, la solución de la empresa pública está en condiciones de hacer recaer sobre los ciudadanos tanto los beneficios como la renta de la explotación del recurso natural, siempre que no sea capturada por sus administradores, asalariados y proveedores directos, mientras la solución de la empresa privada sin cobro tributario de renta remunera a esta última más allá de la utilidad que puede obtenerse en las demás actividades. Esto es así incluso si se ajusta por el eventual mayor riesgo de la actividad, lo que siempre es discutible, mientras tiende a sobreexplotar el recurso en el corto plazo frente a la volatilidad de los precios de los no renovables en el largo plazo.

.     3. Recomendaciones para evitar la “maldición de los recursos naturales”

              La literatura sobre la “maldición de los recursos naturales”, es decir la paradoja de que muchos países que poseen recursos de este tipo se ven envueltos en efectos negativos antes que positivos en sus economías, ha producido recomendaciones relativamente precisas en materia de acuerdos entre los Estados y las empresas cuando los primeros optan por no realizar su explotación directamente, en parte o totalmente, sino captar la renta económica mediante mecanismos tributarios establecidos en contratos y/o leyes. 
           Una primera recomendación es condicionar el acuerdo sobre tributación de recursos naturales a la evolución de los precios futuros y otras circunstancias económicas relevantes. En palabras de Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs y Joseph Stiglitz (Future Directions for the Management of Natural Resources, 2007), tomando el caso del petróleo, “ningún gobierno democrático puede aceptar un acuerdo en el que la corporación recibe un muy alto retorno y el país recibe migajas por su recurso natural. Las compañías deben ser compensadas de modo justo por sus inversiones, pero tasas de retorno que no guardan relación con el riesgo nunca serán aceptadas. Las matemáticas son relativamente simples. Ignorando los costos de extracción, considérese un acuerdo con un royalty fijo bruto de 50 por ciento. Si la compañía de petróleo estaba dispuesta a llevar a cabo la extracción cuando esperaba precios del petróleo a $20 el barril, entonces, si los precios se disparan a $80 el barril, la compañía recibe cuatro veces el retorno requerido ($40 comparado con $10). Si incrementos de precios de este tipo se consideran poco verosímiles, acuerdos “progresivos” que incrementan la parte del país cuando suben los precios, pueden tener solo un impacto menor en el valor ex ante del acuerdo pero pueden eliminar gruesas situaciones inequitativas ex post (…). Los contratos deben especificar retornos al gobierno ante un amplio rango de escenarios de precios, costos y producción. De otra manera, una vez que los precios empiezan a crecer sin un incremento correspondiente en los retornos a las naciones que poseen los recursos, habrá un previsible aumento de las tensiones entre países y corporaciones y un correspondiente aumento en el nacionalismo de los recursos”.         Una lógica progresiva de este tipo se estableció en la modificación del royalty minero en 2010, aunque con una escala insuficiente para obtener para el país una proporción de la renta que se aproxime siquiera a la mitad de la misma, dados los significativos incrementos observados en los márgenes operacionales de las empresas del sector con los precios actuales, y además a cambio de una insólita prolongación de la invariabilidad tributaria hasta el año 2023.
           Una segunda recomendación es diseñar las licitaciones considerando las asimetrías de información. El diseño adecuado de contratos y de licitaciones de acceso al recurso natural puede hacer emerger informaciones económicamente relevantes para el dueño del recurso y disminuir la magnitud de las asimetrías de información sobre costos y utilidades entre el gobierno y las empresas privadas. Y puede incidir en aumentar el número de participantes y en su intensidad de competencia en las licitaciones para asegurar una mejor revelación de información acerca del valor de los activos.  
        Una tercera recomendación es requerir transparencia en los temas negociados. La vigilancia pública permite establecer restricciones sobre los negociadores gubernamentales para evitar diversas formas de corrupción y así producir mejores acuerdos para el dueño  legítimo del recurso natural. En general, no existen razones valederas para cláusulas no públicas en las licitaciones y contratos.

.     4. El caso del litio
            Estimaciones privadas proyectan que hacia 2015 la demanda de carbonato de litio se duplicará, pasando de 125.000 toneladas a 250.000 toneladas al año. No existe ninguna razón que no sea ideológica para excluir a Codelco de nuevas actividades de extracción de litio, empezando por las reservas existentes en sus propias pertenencias (salar de Pedernales), o bien haciéndose partícipe de nuevas explotaciones. Esto aseguraría que la renta del recurso natural quede en manos de todos los chilenos y que la eventual explosión de su demanda –como ocurrió con el cobre- no implique aumentos de la renta que sean apropiados por inversores privados, con un capital ilegítimamente sobre remunerado, y no por la Nación chilena. Se trata de evitar que esta se vea otra vez impedida, como en el caso del cobre, de usar los retornos de recursos que le pertenecen en el desarrollo de infraestructuras productivas y sociales, en habilidades humanas y en ciencia y tecnología, especialmente para desarrollar capacidades productivas distintas de la extracción de recursos no renovables, por definición limitada en el tiempo.
·         En otras presentaciones se demuestra la carencia de fiscalización de la explotación actual en el Salar de Atacama y la ausencia de conocimiento experto sobre sus consecuencias productivas y ambientales en el caso de Soquimich (SQM) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL) que ostentan concesiones con cuotas otorgadas por la CORFO para la extracción de litio (la primera hasta el año 2030). El principio de precaución debiera impedir cualquier explotación adicional antes de la puesta en vigencia de un Instituto de los Recursos No Renovables, con una instancia especializada en el estudio de la explotación del Litio y su impacto en los salares y en la trayectoria de extracción del recurso. La tributación a la extracción privada del recurso hoy existente mientras permanezca la vigencia del contrato se debe aplicar además con un esquema de tasas progresivas sobre las ventas, dadas las incógnitas sobre el precio futuro, especialmente si se generaliza la tecnología de automóviles eléctricos en base a baterías de ion-litio. 
         La extracción actual del litio se establece de acuerdo a dos modalidades: la de la Sociedad Chilena del Litio (hoy Rockwood Litio, de capitales extranjeros), en que el litio es el producto principal, y la de Soquimich-SQM (de capitales chilenos y extranjeros), en que el litio es un producto secundario derivado de la producción de potasio a partir de salmueras. Los costos unitarios de extracción son muy disímiles en este contexto. En consecuencia, no es pertinente aplicar la regalía tributaria en función de las ventas brutas, lo que hoy ocurre con una tasa fija de 6,8%, mientras los Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol) que el gobierno actual pretende establecer lo fija en 7% de las ventas. Lo pertinente desde el punto de vista del interés nacional es una tasa sobre el excedente neto cuando se considera útil asociar a privados con experiencia y capacidades tecnológicas a la extracción sustentable de recursos naturales no renovables. O en el caso de optar por simplicidad por una tributación sobre los ingresos brutos, establecer tasas marginales progresivas según el precio de mercado. La maximización de la captación de la renta del recurso por el Estado supondría tasas medias más elevadas que las vigentes y una tasa marginal de fuerte progresividad, lo que es perfectamente legítimo para el interés nacional y no afectaría la inversión, que recordemos no necesita de tasas de utilidad sobre normales para hacerse efectiva. En cualquier caso, la opción de reversión a la explotación pública debe estar siempre presente en los contratos de extracción temporal.
            A la ausencia de tasas progresivas se agrega en los Contratos Especiales de Operación de Litio el grave defecto de establecerse un comité paritario de administración del contrato entre los privados y el Estado, con una fiscalización de cargo de la empresa privada. Estas son condiciones inaceptables para el Estado chileno, insólitamente consagradas por el gobierno chileno actual. Existe por último la incógnita de si estos contratos tendrán un fin específicamente productivo o si tendrán un carácter especulativo, de constitución de reservas en el contexto de carteras de activos. En efecto, fuera del salar de Atacama los costos de producción parecen ser mucho más altos. Según han informado ejecutivos de Rockwood Litio, el estudio de la química de las salmueras entre la I y III Región permite estimar que estos salares tienen leyes de aproximadamente 200 partes por millón de litio, mucho menor a las 1.500 partes por millón de litio que ostenta el salar de Atacama.