Debates y programas

Publicado en mi blog de La Tercera el 6 de junio
Las primarias presidenciales, que culminarán el próximo 30 de junio, no han suscitado una gran atención pública. Ojalá los ciudadanos desmientan a los observadores y participen activamente en ellas, lo que dependerá del clima político del momento. El oficialismo ha contribuido creando un cierto dramatismo en una competencia de personas, con reemplazo de un candidato y ministros que entran y salen del gobierno, pero ha hecho poco en materia programática, salvo defender la  impopular gestión de Piñera, incluyendo una campaña atemorizante del ministro de Hacienda (lo que habla muy mal de él), como en los viejos tiempos a los que nadie quiere volver. 
En cambio, en la nueva coalición denominada Nueva Mayoría ha habido un importante esfuerzo de los cuatro candidatos por precisar propuestas de gobierno, lo que justifica el nuevo mecanismo de primarias en tanto aporta a una deliberación pública más amplia y más sustantiva. Al observarse los planteamientos de los cuatro candidatos, se constata bastante concordancia en el diagnóstico de los problemas que afronta el país, lo que en algún sentido es una novedad, dada la reducción cada vez mayor de lo políticamente correcto durante las últimas décadas en Chile, en rigor hasta la irrupción de los movimientos sociales de 2011. No olvidemos que el consensualismo conservador que se enquistó en la Concertación se prolongó durante el actual gobierno en temas como la reforma del sistema escolar promovida por el ministro Lavín y la inaceptable ampliación hasta 2023 de la invariabilidad tributaria minera promovida por el ministro Larraín, reformas que hoy difícilmente serían aprobadas por la ex Concertación dado el nuevo clima de mayor exigencia hacia el sistema político y sus representantes. El desplazamiento inevitable de los guardianes autoconsagrados del orden imperante es un síntoma del nuevo ciclo político.
El hecho es que en la Nueva Mayoría todos reconocen que el gran problema de Chile son sus instituciones, basadas en la desconfianza en el ciudadano, y solo uno de los cuatro candidatos no plantea una nueva Constitución. El resto subraya que llegó la hora de decidir si la norma democrática se adopta o no en su componente esencial: en vez del actual sistema tramposo, uno que respete la soberanía popular, es decir la regla de mayoría, con respeto de la minoría, incluyendo su derecho periódico a transformarse en mayoría, y con un núcleo razonado, deliberado y concordado de derechos fundamentales a respetar por todos. La candidata principal no excluye un mecanismo de asamblea constituyente, mientras otro candidato la propicia con convicción. Michelle Bachelet se ha manifestado además partidaria de legislar a favor del aborto terapéutico y en caso de violación y a favor del matrimonio igualitario, acompañada en esto por otros dos candidatos.
Se ha avanzado también en el reconocimiento de al menos cinco aspectos que explican la desigualdad intolerable que persiste en Chile (con excepción de un candidato, el neoliberal ex ministro de Hacienda): la educación segregada sin igualdad de oportunidades ni movilidad social, basada en un subsidio a la demanda que la promueve y que no existe en ninguna otra parte del mundo por inaceptablemente injusta; los tributos regresivos y las transferencias redistributivas de poco monto e impacto; las relaciones laborales que perjudican a los asalariados; la regulación bancaria, de servicios básicos y de cobertura de riesgos que permite sobreutilidades privadas exorbitantes. En  estos temas parece haber bastante consenso en la necesidad de producir un quiebre en la continuidad de décadas, lo que es auspicioso. 
Lo que se menciona poco, y sigue siendo un déficit considerable, que no queremos creer se explica por el poder económico y la capacidad de subsidio político de la industria minera, es el regalo de la mayor parte de la renta minera a dicha industria y la consecuente concentración brutal del ingreso, renta que ha aumentado de modo considerable desde 2003 sin que Chile se beneficie de ella sino en una proporción inexplicablemente baja (las sobreutilidades privadas del cobre se acercan a 50 mil millones de dólares). De estos cinco temas, abordar estructuralmente tres no supone riesgos con el crecimiento (educación, regulación, renta minera) y dos pueden no hacerlo con políticas bien diseñadas (reformas laboral y tributaria).
Se reconoce además tres problemas básicos en productividad y competitividad: la ausencia de esfuerzo suficiente en investigación y desarrollo; la ausencia de política industrial horizontal (formación pertinente de recursos humanos, acceso al crédito) y vertical (con el abandono de la incluso débil opción por “clusters” o distritos de industrialización de recursos naturales) y el costo altísimo de la energía, además sin contraparte alguna en reducción de la huella de carbono. Y también tres problemas básicos en sustentabilidad: la creciente carbonización de la matriz eléctrica, el preocupante deterioro de la biodiversidad y una urbanización criminógena y segregadora. 
Reconocer los problemas es el punto de partida para enfrentarlos, y ese ha sido un mérito del proceso de primarias, al menos en la coalición que todo indica ganará las elecciones de noviembre. Las soluciones propuestas son diversas y se puede escoger de un menú que va desde quien es liberal en los temas culturales y conservador en materia institucional y de desigualdades, Andrés Velasco; de quien es conservador en materias culturales pero más bien progresista en materias institucionales y socioeconómicas, Claudio Orrego; hasta quienes comparten la necesidad de un cambio radical en las instituciones y temas culturales y reformas estructurales en materia de educación y otras de tipo socio-económico y ambiental, José Antonio Gómez y Michelle Bachelet. La ex presidenta mantiene un caudal, claro está, de mucha mayor credibilidad, experiencia...y popularidad, y ha decidido poner sus atributos al servicio de cambios que marquen la diferencia para el futuro del país. En esa voluntad hay un diagnóstico de los problemas de Chile y no una  radicalización abstracta. Lo que en Chile parece ultraizquierdista es simplemente normal en los países democráticos que no han sido arrasados por la ideología libremercadista. Y no olvidemos que las fuerzas que se pueden identificar como de izquierda sumaron en la elección de octubre de 2012 un respetable 43% de los votos (la izquierda moderada que perteneció a la Concertación reúne un 28 % y el PC más la izquierda extraparlamentaria reúnen otro 15%), de lejos la mayor corriente política del país. Esta corriente hasta el momento no está estructurada como tal por un veto DC sin sentido y por quienes le hacen caso a ese veto. La propia DC no debiera complicarse con esto y desplegar su espacio en el centro, que de otro modo será ocupado por Velasco u otros. Lo inteligente sería la estructuración progresiva de un frente amplio de izquierda que dirime sus liderazgos y programas por la vía democrática, sin mesianismos ni dogmatismos, y que se articula y gobierna con el centro mediante compromisos específicos. Esta corriente del futuro se ha agrupado parcialmente tras Michelle Bachelet en las primarias de junio de 2013, con una plataforma mayoritaria y con una candidata mayoritaria. Esta realidad debiera consolidarse para hacer avanzar razonadamente y por la vía democrática las demandas de cambio presentes en la sociedad, y de paso volviendo a prestigiar a las instituciones democráticas.

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