El verdadero debate

El debate parece haber decantado, dejando atrás proclamaciones y nerviosismos. Para un Gobierno que comienza, que se especule sobre su sucesión es bastante curioso y ha tenido razón en manifestarlo. Pero esto es tal vez expresión de una gran fortaleza: nadie discute que la derecha no parece ser una alternativa y qué es de la Concertación, si hace las cosas bien, de donde saldrá el sucesor o sucesora de la primera Presidenta de Chile. La Concertación tiene en Ricardo Lagos y Soledad Alvear a dos candidatos naturales para 2009. Para más adelante cuenta con un buen contingente de voluntarios. Y el tema no da para mucho más, al menos hasta la elección municipal, cuando la coalición deberá dirimir el tema mediante acuerdo, primarias o con dos candidatos en primera vuelta, sobre la base de un apoyo mutuo en la segunda vuelta. El tiempo dirá, sin dramas.
Mientras, Chile está enfrentado a grandes decisiones. El uso de los excedentes del cobre nos lleva a optar entre la óptica liberal de mantención de un Estado mínimo o la de avanzar a un Estado de bienestar moderno, lo que viene eludiéndose desde 1990 por el empate político prolongado que en este aspecto ha devenido la transición.
El actual período de bonanza hará posible acumular una reserva nunca vista, aunque debiera ser aún mayor si tuviéramos un royalty acorde con el hecho que los minerales pertenecen a toda la Nación y no a las mineras privadas, que este año van a recuperar toda la inversión realizada y luego llenarse de utilidades que debieran beneficiar a los chilenos. ¿Qué hacer entonces? Dejar que la regla presupuestaria opere e incrementar el gasto público de acuerdo a los mayores ingresos permanentes provenientes de un mayor crecimiento potencial y de un mayor precio de largo plazo del cobre. Eso sí: sin inventarse nuevas reglas para contener artificialmente el gasto público, como quieren los ideólogos liberales.
Para los que consideramos que el gasto público es muy insuficiente en Chile (basta ver el nivel miserable de las pensiones), que este crezca mucho más que el PIB en 2007 es bienvenido para avanzar del actual 20% sobre PIB a una cifra mayor. A los liberales les recordamos que en EEUU y Japón este gasto es del 37% del PIB en 2005, para no provocar irritaciones con el 56% de Suecia y el 54% de Francia, economías que se comportan bastante bien, por lo demás. Chile requiere y puede construir un Estado de bienestar decente.
Además, debemos constituir un fondo con los recursos que no son ingresos permanentes, y financiar con los intereses (evitando presiones sobre el tipo de cambio) nuevas tareas de desarrollo. Con proyecciones razonables de precio del cobre, tendremos unos 20 mil millones de dólares adicionales en 2006 y 2007. Si identificamos proyectos de infraestructura o de capital humano de alta rentabilidad social, es pertinente también usar por una vez una parte de lo acumulado, dando lugar a un incremento adicional temporal del gasto público, en vez de esterilizar ingresos en transferencias cuantiosas e innecesarias para recapitalizar el Banco Central, por ejemplo. Si principios como estos generan un consenso en la coalición de Gobierno, entonces podrían evitar las descalificaciones acerca de qué ministro lo ha hecho mejor en Hacienda o qué partido es más audaz en materia social. Se podría así dejar trabajar al Gobierno para que ejecute los programas de 2006 con marcha acelerada, como viene haciéndolo, y haga su propuesta de presupuesto para 2007. ¿Por qué no reemplazar la polémica estéril por un buen y libre debate en el Parlamento y en la sociedad sobre el tipo de país que queremos y sacar las conclusiones que corresponda, de acuerdo a la visión de cada cual, en materia de asignación de los recursos públicos? El Parlamento tendrá la última palabra, como corresponde en democracia.

La responsabilidad de gobernar

Gobernar democráticamente es avanzar hacia objetivos legitimados por la soberanía popular respetando el Estado de derecho y al ritmo que este permite. Cuando la sociedad es especialmente fragmentada y socialmente polarizada como la chilena, se requiere autoridad y mucho sentido de la articulación de intereses diversos. Gobernar es también el arbitraje entre presente y futuro, que supone en ocasiones convocar a los ciudadanos a sacrificios hoy para un mayor bienestar mañana. Difícilmente quien construye su opción política sobre la base del halago inmediato de la opinión podrá luego poner a quienes ha buscado representar en la perspectiva larga de la construcción de mayores grados de bienestar colectivo. Y fracasa, pues el bienestar de las naciones requiere construcciones en base a esfuerzos sistemáticos.
Se puede discurrir mucho sobre modelos pero finalmente los países que logran éxito en materia de prosperidad y trato justo e igualitario a sus ciudadanos son los que son capaces de tener continuidad de sus políticas en el tiempo, e instituciones capaces de realizarlas, incluso en los momentos difíciles en los cuales se producen circunstancias de desconexión temporal con el sentimiento mayoritario. Desde la responsabilidad de gobernar no se concuerda siempre con el interés inmediato de unos y otros. Justamente esa es la virtud de la democracia representativa: es en determinados momentos -a la hora de la renovación periódica de las autoridades y no todo el tiempo o bien por tal o cual tema específico- que los ciudadanos hacen su balance. Los gobiernos volubles ante la opinión nunca avanzan mucho, porque esta es con frecuencia también voluble.
Las sociedades necesitan ser representadas para tener una mínima coherencia y las instituciones públicas que emanan de ella puedan actuar, disminuyendo así tanto la dispersión como la ineficacia que terminan deslegitimando a la democracia. Para algunos, la democracia exige minimizar la representación e instaurar algo así como un régimen de la opinión pública. Pero este no es un buen sustituto de los procedimientos deliberativos, pues la democracia no es un régimen de consulta sino un sistema que combina diversos criterios: la participación de los ciudadanos, la transparencia y calidad de las decisiones y el ejercicio de las responsabilidades. Puede haber más participación efectiva a través de un debate público abierto y sustancial que con un simple voto, o peor aún una medición de la opinión a través de una encuesta, lo que no quiere decir que sean prescindibles, sino que son parte de los procedimientos democráticos, tan insustituibles como insuficientes para una democracia de calidad.
El gobierno demoscópico, en la expresión de Daniel Inneraty (ver www.lecturas-gm.blogspot.com), cuyo razonamiento se sigue aquí de cerca, consiste no en la representación de la voluntad mayoritaria, consustancial a la democracia, sino en sacralizar a la opinión pública, a veces dejando que los acontecimientos discurran al ritmo de las emociones mediáticamente construidas[1]. La principal fuente de malestar político no es tanto lo que hacen los responsables políticos, sino lo que dejan de hacer, su falta de creatividad, su carácter reactivo.
La representación es una relación que suele decepcionar, pero que no es prescindible, salvo al precio de despojar a la esfera política de toda capacidad de acción coherente. Y siempre cabe mejorar la comunicación entre los representantes y los representados, considerar qué grupos pueden estar subrepresentados o corregir la desigual capacidad de organización de los intereses sociales. Pero si existe necesidad de representación y mediación de la esfera política es porque el pueblo real es siempre lo suficientemente complejo como para que ninguna de sus manifestaciones pueda resumirlo de manera satisfactoria. El pueblo es siempre difícil de descifrar y es tanto sujeto central como gran ausente de la política, que nadie puede encarnar plenamente, que únicamente puede ser definido a través de una representación múltiple. El corporativismo, ciertas formas de entender la identidad o el género, suponen una concepción del sistema político en la que se ha disuelto toda visibilidad de conjunto. Se asientan en el prejuicio de que los atributos del elegido garantizan su representatividad.
La representación no es una mera transposición de las características de la sociedad civil a la sociedad política, no es una mera expresión de lo social, sino un espacio de creación, lo que no se consigue sin esfuerzo. La política se convierte en una tarea imposible cuando se rige por la exigencia de traspasar al sistema político el esquematismo de los intereses de los grupos de la sociedad civil. La sociedad quedaría entonces inmovilizada en una suma de reivindicaciones incapaces de dar lugar a esquemas estables, creativos y productivos de acción colectiva. Contra lo que suele decirse, nuestros problemas políticos no se originan tanto en la distancia entre los representantes y los representados, sino en la dificultad de legitimar democráticamente esa distancia de manera que sirva a la coherencia y operatividad de la sociedad.
La consecuencia democrática del reconocimiento de la complejidad del pueblo exige que se multipliquen sus modos de expresión, que ninguno de ellos se totalice. Precisamente por ello es tan conveniente la pluralización de las temporalidades de la democracia, de modo que el espacio público sea el lugar en el que se articulan los diversos tiempos sociales: el tiempo largo de la memoria y de los valores compartidos, el tiempo variable de las diversas instituciones y especialmente de las representativas, el tiempo corto de la opinión. La vida política está hecha de la interacción entre esas temporalidades. La democracia se degradaría si sacrificáramos esta diversidad en el altar único del ritmo frenético de la opinión pública con sus pulsaciones instantáneas.
Hay quien, para hacer frente al hecho de que las sociedades complejas no se dejan representar ni movilizar con facilidad, tiene en mente la antidemocrática respuesta autoritaria, o quien, a la inversa, desearía que la presencia de los ciudadanos en la política fuera tan permanente y omnipresente como la de los consumidores en la economía. Pero en ambos casos se anula el momento deliberativo de la democracia, que permite articular y proyectar. La expresión del pueblo queda reducida a la inmediatez de los intereses, proceso en el que al final del día prevalecen los de los poderosos en medio de demandas clientelares de los sectores subordinados a la postre reducidas, de acuerdo con la nueva ortodoxia económica, a programas sociales focalizados. Las políticas sociales para los pobres terminan siendo políticas sociales pobres.La desigualdad crea de antemano una distancia entre gobernantes y gobernados, que sólo se resuelve parcialmente en la medida en la que aquéllos garantizan el acceso a los recursos públicos. Según este razonamiento, la clave para resolver el problema de la desafección hacia la democracia está en desarrollar políticas sociales universales que ofrezcan una alternativa a las estrategias clientelares tradicionales o modernas.
La desigualdad conduce a que la desconfianza se convierta en la regla del juego en la vida social. Como subraya Ludolfo Paramio, la confianza interpersonal de las sociedades latinoamericanas es muy baja, y se establece en el marco de la familia extensa. No es extraño entonces que los vínculos de amistad y de familia hayan sido históricamente la forma de relacionarse con el poder y con los recursos públicos. Para salir de ese círculo vicioso se necesitan políticas públicas duraderas y estables que ofrezcan una alternativa universalista a los intercambios particularizados propios del clientelismo[2].
No tiene entonces ningún sentido atribuir a la sociedad o una ciudadanía abstracta e indeterminada la responsabilidad de acometer las grandes transformaciones sociales que pueden esperarse de la política. Si acaso el deseo más profundo de nuestras sociedades apunta hacia una política con capacidad creativa, lo que sería más respetuoso con la democracia que la política reducida a demoscopia, entonces está la opción del ejercicio responsable de la representación, especialmente para atacar el mal mayor de nuestras sociedades, la desigualdad, y la incapacidad de los gobiernos para ofrecer alternativas modernas al clientelismo.

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[1] Daniel Inneraty, El nuevo espacio público, Espasa Calpe, Pozuelo de Alarcón, 2006.
[2] Ludolfo Paramio, “América Latina y su mudable amor por la democracia”, Fundación OSDE, Todavía n°12, diciembre de 2005.

Entrevista en El Mostrador

Gonzalo Martner crítica gestión de mesa directiva del PS, por Susana Jaramillo

El ex presidente de los socialistas expresó que si bien hay que darle tiempo a la conducción de Camilo Escalona, porque está recién empezando, a su parecer no hay en ella un gran dinamismo. Además, aludió a que la incondicionalidad del senador por la Décima Región Sur al gobierno provoca que la colectividad no tenga una posición propia en materias de la contingencia nacional. Sectores que apoyaron la candidatura a la presidencia de la mesa directiva del Partido Socialista (PS) de la diputada, Isabel Allende, en los últimos días han hecho un análisis crítico respecto a la conducción de la actual directiva, encabezada por el senador Camilo Escalona. Fuentes confiables, señalaron que existe preocupación porque ven a "un partido débil, paralizado, sin conducción política y con una incondicionalidad al gobierno de Michelle Bachelet que en definitiva le está jugando una mala pasada, porque ante la ciudadanía el PS aparece como una colectividad sin posición propia en materias relevantes para el país". En ese sentido, también dichas sensibilidades resaltan que un ejemplo claro de eso es que hasta el momento no se forman en su totalidad las comisiones de trabajo ni tampoco las diversas subscretarías. Sin embargo, los mismos sectores hacen una crítica a quien en su momento fue su líder, es decir la diputada Allende, y éstas apuntan a que no ha dado conducción a la disidencia y que incluso no va a las comisiones políticas del partido. Uno que defiende a la diputada Allende y, a su vez, crítica a la gestión de Escalona es el ex timonel de la colectividad, Gonzalo Martner. "El esquema actual está lejos del que yo apliqué cuando estaba a la cabeza del PS", señaló.

-Sectores del PS aseguran que la mesa directiva es débil y está paralizada. ¿Usted comparte esta crítica?

-No hay que ser tan exigentes e injustos y hay que darle un tiempo a esta conducción, pero creo que no se ha destacado en este tiempo por un gran dinamismo.

-Pero aseguran que las comisiones de trabajo y las subsecretarías aún no se forman, pese a que ya lleva dos meses de haberse constituido la mesa directiva

-Lo que pasa es que eso forma parte de un diseño, pero ¿para qué necesita el PS comisiones? Si lo único que entiende es que su misión es estar diciendo que sí a todo lo que ocurre en materia gubernamental, no tiene sentido.

-¿Eso quiere decir que el PS no ha mostrado una voz propia en diversas materias de importancia nacional?

-Yo creo que han existido pronunciamientos. No obstante, está lejos del esquema que yo apliqué cuando fui presidente del partido y el deber de un timonel es apoyar, proponer y hacer críticas leales por los canales que correspondan cuando hay equivocaciones, porque no hay nadie perfecto.

-¿A usted le gustaría un PS con más dinamismo y en mayor contato con las bases?

-Yo entiendo que un partido político de gobierno debe ser un nexo entre la sociedad y la administración del Estado y no un acápite del mismo.

-Al mismo tiempo, ¿cuál es su impresión respecto a que hay sectores que apoyaron la candidatura de la diputada Allende, en las elecciones pasada, los cuales consideran que ella tampoco ha tenido una conducción política, como líder del sector opositor a la directiva?

-No creo que eso sea efectivo.

-¿Cree que el silencio de ella es porque pretende ayudar a la gestión de Escalona o por dar una señal de protesta?

-Yo creo que porque quiere contribuir a la actual directiva y al gobierno de Bachelet.

Ha llegado informe

Ha emitido su informe la Comisión Marcel sobre reforma previsional. Llama la atención que esta comisión haya actuado por consenso: en diversas otras comisiones de expertos llamadas a asesorar a los gobiernos suele consignarse las opiniones de unos u otros, pues estas instancias no están llamadas a definir una política, que necesariamente requiere síntesis y consensos, sino a diagnosticar problemas y proponer opciones a quienes deben decidir. La síntesis y los consensos son propios de la tarea política, no de los expertos, que más bien deben poner en evidencia las alternativas en presencia para que decidan los representantes del pueblo (y en algunos casos, idealmente, el pueblo mismo mediante pronunciamiento referendario). Seguramente esta inadecuación lleva a que el informe sostenga que no hay crisis del sistema creado en 1981, pero que solo la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión mayor a la mínima, menos de un 5% accederá a la misma y el resto podrá aspirar a la pensión asistencial o a nada. Como sería la situación si el sistema estuviera en crisis....Esto no se sostiene: que algunos expertos piensen lo contrario es legítimo, siempre que argumenten en consecuencia. Los consensos no siempre son buenos, sobre todo a la hora de pensar y debatir.
Pasemos a las proposiciones: el informe las clasifica en la lógica “de los 3 pilares” (solidario, contributivo obligatorio y contributivo voluntario), lo que será útil para el debate.
Respecto al primer pilar, la Comisión propone terminar con el sistema de pensión asistencial y mínima, lo que es un buen avance. En reemplazo, menciona un sistema de Pensión Básica Universal cuya principal característica es que... no sería universal. En efecto, se entregarían subsidios públicos para asegurar que los que no tienen ningún recurso acumulado en el sistema contributivo accedan a una pensión de unos 75 mil pesos, beneficio que se mantendría de modo decreciente hasta extinguirse a partir de una pensión autofinanciada de 200 mil pesos. El resumen ejecutivo disponible no entrega detalles de que como esto funcionaría, pero esperemos que no signifique disminuciones de beneficios (recordemos que la pensión mínima para mayores de 75 años es actualmente de 102 494 pesos y la pensión asistencial es de 44 186 pesos para personas entre 65 y 70 años). En todo caso, el gobierno y los legisladores habrán de perfeccionar lo que es un buen principio. Por nuestra parte, reiteramos nuestra proposición de establecer una pensión básica garantizada a los mayores de 65 años equivalente al monto actual de la pensión mínima para más de 75 años, es decir del orden de un 30% del PIB por habitante, lo que tendría un costo adicional de 0,8% del PIB respecto al gasto actual en pensiones mínimas y asistenciales, pensión a la cual se agreguen el pilar contributivo obligatorio y el pilar no obligatorio.
Respecto a este segundo pilar, abundan las proposiciones. Estas incluyen novedades como subsidiar las cuentas individuales de los trabajadores jóvenes y de las madres. Este subsidio fiscal al pilar contributivo no parece pertinente. El sistema contributivo debe reflejar las cotizaciones efectivas, sin lo cual se pierde transparencia y eficiencia, cuando no puede terminar siendo un simple subsidio a los dueños de AFP, que cobrarán -y por la experiencia conocida, se las arreglarán para cobrar mucho- por administrar fondos fiscales.
El esfuerzo por bajar las comisiones de administración incluye proposiciones interesantes de licitación colectiva de nuevos cotizantes, estableciendo una competencia “por el mercado” de cotizantes que pudiera beneficiarlos en ausencia de colusión entre las AFP. También se propone crear un Comité de Usuarios, facilitar el ingreso de nuevos actores al sistema y separar las funciones de recaudación, administración e inversión de los fondos, lo que va en el buen sentido si de proteger al trabajador se trata. Pero cuando se sugiere que se podría subcontratar la recaudación a un organismo público como el INP, esto de nuevo terminaría en que el Estado subsidia a las AFP con un sistema barato de recaudación y con más utilidades para sus dueños. Recordemos que, como ha demostrado Salvador Valdés, las utilidades de las AFP son simplemente un escándalo basado en malas regulaciones públicas.
Respecto a la incertidumbre sobre las pensiones futuras asociada por definición al sistema de capitalización individual, se menciona el problema pero no se propone sino hacer cálculos actuariales cada 5 años y apostar a una densificación de las cotizaciones (de 51 a 61%) y a un aumento del rendimiento (de 1% anual), junto a mecanismos ingeniosos como introducir módulos anticipados de renta vitalicia, con lo que los chilenos podríamos dedicarnos a un permanente juego de casino. No se menciona además una palabra sobre la necesaria restricción del sistema de retiros programados, que permite apostar a los pensionados respecto a cuando van a morir y en qué momento van a quedar en la calle...
El problema no es seguir apostando (de hecho no se cumplió en 25 años para nada los supuestos con los que se construyó el sistema en 1981) sino aportar más certezas al sistema. Proponemos, por nuestra parte, que el sistema de capitalización se transforme en un sistema voluntario y que la contribución obligatoria se realice en base a un sistema de reparto para dar certeza a las pensiones, sin perjuicio de establecer un fondo de reserva capitalizado que otorgue respaldo a pensiones financiadas, por sobre el nivel básico, por los salarios actuales en base a derechos constituidos por las contribuciones pasadas.
Por último, no se entiende la insistencia en subir la edad de jubilación de la mujer de 60 a 65 años, lo mismo que la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Desde luego porque una de las pocas ventajas del sistema actual es que se puede, con ciertos requisitos, adelantar o retrasar la edad de jubilación, temática que habría que profundizar en un nuevo sistema eliminando toda prohibición de emplear a personas jubiladas y modulando así una salida progresiva de la actividad remunerada de una población que, en buena hora, vivirá cada vez más.
Lo que ocurre es que existe un cierto costo fiscal al asegurar pensiones mínimas de las mujeres a partir de los 60 años y no de los 65 como los hombres, de monto perfectamente abordable por nuestra sociedad. Si se propone subsidiar las cotizaciones de las madres, con un costo fiscal adicional, no parece haber una cuestión de principio para la comisión (salvo que se considere dignas de ser subsidiadas preferentemente solo a las madres, lo que sería francamente lamentable). En cambio hay una cuestión de principio en reconocer a toda mujer (madre o no) el trabajo doméstico no remunerado que realiza desde temprana edad, como muy bien ha dicho la Presidenta Bachelet, al menos respecto a beneficiar de un subsidio pensional a una edad más temprana que los hombres, circunscrito además a un mínimo.
Es notable, cuando tenemos por primera vez una presidenta mujer, que una comisión nombrada por ella proponga, sin argumentar mayormente, disminuir derechos bien merecidos que las mujeres tienen en Chile desde hace décadas. Si otros paises han homogeneizado sus edades de jubilación, otros más han mantenido la diferenciación por género. Ya decían los griegos: no se puede tratar igual a los desiguales. Y si el sistema actual por construcción les otorga menos pensiones, hagamos el sistema más solidario con las mujeres y no al revés. En el límite, siguiendo el razonamiento miope de los contables, si las mujeres tienen una esperanza de vida 4 años superior hoy y más en el futuro, pues que trabajen más tiempo que los hombres. Eso es lo coherente con ese razonamiento. Esta manera de trasladar el cálculo actuarial estrecho propio de los seguros privados a un sistema que por definición busca la solidaridad refleja bien cuan utilitaria se ha vuelto nuestra sociedad y cuan urgente es practicar con transparencia, evidenciando con claridad sus costos, la solidaridad de los que tienen más con los que tienen menos y de los que se hacen poco cargo del trabajo doméstico y de la crianza con las que si se hacen cargo de estas tareas poco visibilizadas y poco reconocidas socialmente. Es tiempo de solidaridad y de solidaridad con las mujeres.

Pensión básica garantizada

1. Introducción
La teoría económica convencional asume que los individuos son quienes mejor juzgan su propio bienestar. Sin embargo, se producirá una ineficiencia asignativa si estos subevalúan los beneficios personales que derivan del consumo de determinados bienes, vale decir si le atribuyen un mérito insuficiente, y en especial si no ahorran o no se aseguran y mantienen una preferencia sistemática por el consumo presente[1].
El síndrome del “a mi no me va a ocurrir” se traduce en la insuficiente provisión de seguros personales para propio bien de los consumidores frente a la posibilidad de accidentes inhabilitantes, de enfermedades graves o de insuficiencia de ingresos en la vejez, impidiendo en este caso que se promedie los ingresos a lo largo del ciclo de vida total. Se trata de eventos que pueden ser juzgados como de improbable ocurrencia y/o cuyas consecuencias son demasiado lejanas en el tiempo -como la necesidad de ahorrar hoy para tener ingresos cuando ya no se esté en condiciones de trabajar- y que, sin embargo, de presentarse, pueden tener consecuencias catastróficas para los individuos imprevisores. Existen dos modos, no mutuamente excluyentes, de remover esta ineficiencia asignativa: a través de mecanismos compulsivos o mediante subsidios.
La compulsión implica usar la fuerza de la ley para obligar a las personas a proveerse de seguros contra la inhabilidad que provocan la enfermedad, los accidentes o la vejez. Muchos países establecen seguros obligatorios, a través de cotizaciones asociadas a todo contrato de trabajo como porcentaje de la remuneración, para garantizar ingresos en caso de eventual enfermedad, accidentes, invalidez o desempleo. Frente a eventos de este tipo, la sociedad suele no permanecer indiferente y declara de manera más o menos universal estos bienes como preferentes y de consumo obligatorio, suspendiendo la soberanía del consumidor para su propio bien, no siendo en este sentido una carga pública. Estas decisiones han dado lugar en la historia contemporánea a los llamados Estados de Bienestar o Estados-Providencia, cuyo origen se remonta a la Alemania de Bismarck hacia 1870[2].
El subsidio se practica para los seguros de salud o las pensiones privadas a través de descuentos tributarios en países como EE.UU y Gran Bretaña.
Adicionalmente, el problema de ineficiencia asignativa se presenta en el caso de una oferta de seguros realizada en condiciones de selección de riesgo que los agentes privados practican en estos mercados: a ellos les interesa obtener el pago de primas de los individuos que tienen menos riesgo y desechar a los de más alto riesgo, o cobrarles primas sustancialmente más altas para maximizar sus utilidades, generando mercados incompletos. Pero se trata justamente de aquellos individuos a los que apunta primordialmente el consumo obligatorio del bien preferente, en este caso el seguro contra el riesgo. Asimismo, el comportamiento llamado de riesgo moral, es aquel que multiplica las conductas de riesgo en la medida en que se está cubierto por un seguro y la selección adversa es el proceso en el que los que tienen riesgos bajos y poca aversión al riesgo se sustraen de contratar pólizas de seguros, incrementando las primas que se cobra a los demás (Stiglitz, 2000). Ello induce a muchos gobiernos a garantizar el acceso universal a la protección frente a los grandes riesgos sociales y a establecer su producción o regulación pública para contener los costos que resultan de este tipo de comportamiento.
Quienes disponen en la vejez de suficientes activos propios con sus respectivos rendimientos no requieren de sistemas públicos de pensiones. Un sistema obligatorio de pensiones tiene el objetivo genérico de asegurar a los demás ciudadanos algún tipo de ingresos en la vejez y de modo específico unos ingresos de reemplazo (salario diferido) a quienes han vivido de su trabajo una vez que dejan de obtener ingresos salariales por retiro de la vida activa. Se obtiene así una redistribución intertemporal de los ingresos en el ciclo de vida y se otorga seguridad frente a la imposibilidad de prever el momento de la muerte. Se programa el uso de ahorros mediante la técnica de la renta vitalicia o se establece un vínculo colectivo entre generaciones, en la que la generación activa paga pensiones a la pasiva (Barr, 2004).
Los sistemas actuales de pensiones suelen incluir, simplificando, tres “pilares”[3]. El primer pilar, normalmente financiado con recursos tributarios, no necesariamente basado en contribuciones previas, tiene el propósito de asegurar una pensión básica a quienes no tienen otros ingresos en la vejez. El segundo pilar, el sistema contributivo obligatorio, tiene dos objetivos propios: lograr la máxima tasa de cobertura posible del universo de asalariados y trabajadores independientes y lograr una tasa de reemplazo adecuada de los ingresos al momento de terminar la vida activa, suavizando la curva de la capacidad de consumo a lo largo de la vida, redistribuyéndola desde la edad productiva a la vejez. Un tercer pilar, el que incentiva tributariamente el ahorro voluntario, viene a complementar, con el esfuerzo individual adicional, los ingresos en la vejez.

2. Ingresos básicos garantizados
Un reparto más equitativo de los ingresos que aquel que resulta de la posesión y uso de factores de producción (y en especial del capital en ocasiones simplemente adquirido por herencia, o mediante ventajas no económicas) y su rendimiento de mercado, da lugar a diferentes políticas redistributivas. Sus modalidades son especialmente variadas según las sociedades y usualmente se construyen sobre una base agregativa en el tiempo, que le confiere a estas políticas complejidad administrativa y suscita debates periódicos sobre su legitimidad y como eventual factor de distorsiones asignativas y de ineficiencia económica[4].
Dos fuentes de ingresos públicos tienen, sin embargo, una especial legitimidad económica y ética respecto a la alternativa de su apropiación privada: las “rentas ricardianas”, distintas de la utilidad empresarial propiamente tal, provenientes de la explotación de los recursos naturales (y que tributariamente toman la forma de regalía[5]), y los recursos generados por ese bien público que es el avance tecnológico y del conocimiento, cuya plena apropiación privada tampoco tiene fundamento racional[6], y que tributariamente se pueden expresar en el impuesto a las utilidades. Es legítimo que estos recursos colectivos sean distribuidos, al menos en parte, a la sociedad. Nótese que no se emplea el concepto de redistribución para estos efectos (el procedimiento de transferir recursos ganados por unos individuos hacia otros individuos) sino el de distribución de recursos que pertenecen en propiedad a la sociedad en su conjunto.
A su vez, las democracias sociales modernas suelen establecer que ciertos bienes sean accesibles para todos, más allá de la provisión de bienes públicos que por definición son de consumo colectivo. Dentro de ellas se encuentra el disponer de algunos ingresos más allá de la inserción en el mercado de trabajo. Esta es, por ejemplo, la inspiración en Chile del sistema de asignación familiar y de subsidio único familiar, o la pensión asistencial, y así sucesivamente. Más recientemente, se estableció en Chile el programa Chile Solidario, concebido para que las familias con menores niveles de ingresos puedan “construir un puente hacia sus derechos” de un modo directo en su relación con el Estado, con un sistema de monitoreo de las situaciones familiares y de sus progresos, con flexibilidad en los instrumentos y prioridad en el acceso a los sistemas de apoyo social[7]. Sin embargo, el bono de protección familiar que las beneficia está limitado a 24 meses y es decreciente y de escaso monto.
Si la provisión de bienes públicos y la redistribución de ingresos son tareas públicas poco controvertidas (lo es más bien su magnitud), en una sociedad democrática tampoco debiera serlo que los recursos que en origen pertenecen a la colectividad sean distribuidos a la colectividad. El enfoque del ingreso mínimo garantizado originado en un dividendo universal plantea que estos sean distribuidos como recursos de subsistencia no condicionales: “dése a todos los ciudadanos un ingreso modesto, aunque incondicional, y déjenlo completarlo a voluntad con ingresos provenientes de otras fuentes”[8].
Se propone una simplificación de la actual gama de mecanismos de ayuda social en Chile y definir un piso de política de ingreso básico garantizado con dos mecanismos iniciales: el primero concentrado en los niños (sobre la base de una prioridad valórica, con además alta rentabilidad social) y el segundo orientado a las personas de más de 65 años (sobre la base también de una consideración valórica). Un enfoque de este tipo es especialmente relevante para quienes sufren de exclusión social y bajos ingresos.
Del orden de 230 mil hogares, con más de un millón de personas, pueden considerarse de acuerdo a la encuesta CASEN 2003 como en situación de exclusión severa (con ingresos per cápita menores al 30% del ingreso mediano, un 7% de la población) [9].
El primer mecanismo consiste en otorgar a cada hijo de las familias de menos ingresos un subsidio a la infancia hasta que se complete la educación media, a ser percibido por la madre y con la condición de asistir a la escuela, y ser de un monto sustancialmente mayor al actual Subsidio Único Familiar, que se propone sea sustituido por este mecanismo. Un subsidio a la infancia de 25 mil pesos mensuales para 600 mil niños de familias en situación de muy bajos ingresos tendría un costo anual del orden de 0,3% del producto de 2005.
El segundo criterio es el de otorgar a las personas de 65 y más años una pensión básica garantizada. Desde el abandono del sistema de pensiones por reparto y su reemplazo por uno de capitalización en 1980, ha permanecido una fuerte interrogante sobre la magnitud de las pensiones futuras en Chile. Estas dependen crucialmente de la densidad o estabilidad en el tiempo de las cotizaciones (siempre amenazadas por la pérdida temporal del empleo o insuficiente constancia de los autoempleados) y de la rentabilidad de los fondos. Según la Encuesta de Protección Social 2002 la relación años cotizados/años de historia laboral es de solo 51% para los trabajadores dependientes. A su vez, hasta ahora los fondos de capitalización han contribuido a reanimar el mercado de capitales y han mantenido una rentabilidad promedio relativamente satisfactoria (del orden de 10%), rentabilidad que disminuye si se considera los fuertes costos administrativos existentes. No parece inverosímil, como lo han calculado los responsables de la Dirección de Presupuestos y de la Superintendencia de AFP, que en el largo plazo del orden de un 50% de los actuales cotizantes no alcance a obtener la pensión mínima, mientras la cobertura no alcanza a un 60% de la fuerza de trabajo, a comparar con el 70% existente en la etapa previa a 1973 (OCDE, 2005).
En la práctica, junto a la nueva capitalización individual se construyó un sistema que mantiene en un largo período de transición (hasta 2030 para las cotizaciones y hasta 2050 para los beneficios) el pago de las pensiones a quienes jubilaron en el sistema antiguo o jubilarán de acuerdos a sus normas y el pago al momento de jubilar de un bono de reconocimiento de las cotizaciones realizadas en dicho sistema para los que se trasladaron al nuevo. Esto ha representado desde 1981 a 2003 un déficit promedio del orden de 5,7% del PIB (un 4,4% para las pensiones civiles)[10]. A esto se agrega un esquema de “reparto”, no ya de asalariados activos a pasivos sino de contribuyentes a amplias categorías de pasivos que no obtienen la pensión mínima (51 mil personas del sistema de AFP de capitalización en 2005) o que no han contribuido al sistema y obtienen una pensión asistencial (411 mil personas), con un costo fiscal de 0,4% del PIB en 2006.

Existe controversia sobre el peso presupuestario de largo plazo de la combinación de incertidumbres vinculadas al desempeño financiero de los fondos de pensiones, la evolución del mercado de trabajo y la densidad de las cotizaciones individuales a lo largo del ciclo de vida del trabajador, que gatillan las pensiones mínimas (con 20 años de cotizaciones al menos) y asistenciales (para personas sin derechos previsionales y con bajos ingresos). La actual combinación plantea además problemas de incentivos para la formalización del mercado de trabajo, como lo subraya la OCDE (2005).
Si nadie cuestiona en Chile que la vulnerabilidad de las personas de edad que no pueden ya obtener ingresos requiere de algún sistema de pensiones básicas al margen de la contribución en la vida activa, tanto razones de equidad como la incertidumbre fiscal y el incentivo a la subdeclaración de ingresos en el contrato de trabajo o directamente a la informalidad de la relación laboral, justifican un cambio en el sistema actual.

Se propone como primer pilar solidario del sistema de pensiones una pensión básica garantizada no contributiva, uniforme, aplicable a todos los residentes en el país durante el ciclo de vida activa[11], exceptuando eventualmente a los de muy altos ingresos, y financiada con un impuesto parejo a la renta específico para estos fines, combinado con un sistema contributivo reformado de reparto provisionado en tanto segundo pilar y con un sistema de capitalización individual como complemento de ahorro voluntario con descuento tributario a la renta (cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos con empleadores, depósitos de Ahorro Previsional Voluntario) en tanto tercer pilar.
Una pensión básica garantizada uniforme tendría el mérito de:
- ser de muy simple administración y legibilidad colectiva (por el sólo hecho de tener más de 65 años la sociedad me otorga como un derecho un piso modesto de ingresos para la vejez, financiados mediante una contribución proporcional a los ingresos de cada cual);
- asegurar un 100% de cobertura, o la proporción que se desee si no se quiere incorporar en el dispositivo a las personas más ricas[12];
- incluir automáticamente a las mujeres y a los trabajadores informales, es decir a los más frecuentemente excluidos de los sistemas de pensiones;
- no estigmatizar a los beneficiarios, en virtud del principio del aporte y beneficio universales;
- fortalecer los incentivos para ahorrar para la vejez.
- eliminar la incertidumbre para el fisco respecto a la magnitud del gasto que implica mantener un primer piso solidario con parámetros fijos en vez de, como es hoy, estar sujeto a la evolución de la pobreza y de la cobertura, densidad y rentabilidad de las cotizaciones obligatorias;
- eliminar la incertidumbre para el trabajador sobre el piso de ingresos que dispondrá en la vejez.

Este mecanismo debiera reemplazar a las actuales pensiones asistenciales y mínimas.
Se podrá argumentar que de este modo se desincentivaría el ahorro para la vejez, puesto que existiría un ingreso asegurado. En realidad, este esquema aminoraría los problemas de incentivo: en el margen, para complementar la pensión básica, todos estarían interesados en constituir ahorros adicionales asociados a la formalización contractual de las relaciones laborales o realizar ahorros voluntarios. Hoy, en cambio, para muchos no tiene sentido exigir un contrato al empleador, y de paso disminuir su remuneración líquida, al percibir que su pensión será la mínima legal, si tiene más de 20 años de cotizaciones, o directamente la asistencial, si no los tiene y su condición es de pobreza. Si además el potencial cotizante tiene algo de cultura financiera, constatará que el costo de administración (un sexto de los fondos descontados obligatoriamente del salario bruto) es en extremo elevado, lo que lo alejará también de la formalización contractual de su relación laboral.
Para ilustrar los órdenes de magnitud involucrados, la homogeneización inmediata de las pensiones asistencial y mínima en base a la pensión mínima vigente para los mayores de 75 años (102 494 pesos) tendría un costo fiscal adicional de 0,6% del producto, llevándolo a 2,2% desde el 1,6% que representa actualmente financiar las pensiones asistenciales y el total de las pensiones mínimas.
Se propone establecer un esquema que mantenga en el tiempo la pensión garantizada en un nivel de 30% del PIB por habitante, equivalente a la pensión mínima actual para mayores de 75 años y aplicable al 1,29 millones de personas de más de 65 años que hay hoy en Chile, según el INE. Su costo está dentro de márgenes de gasto público que, sin perjuicio que en el tiempo tendería a incrementarse por el mayor peso de la población de más de 65 años en la población total, son fiscalmente abordables (ver el cuadro 2). Nótese que el esquema actual de AFP llevaría con el envejecimiento de la población inevitablemente a una caída de las pensiones, a un incremento obligado de las cotizaciones o a una edad de jubilación más tardía, como lo demuestra Arenas de Mesa (2004).

Los montos involucrados son en la etapa inicial inferiores, y en régimen de largo plazo equivalentes, al esfuerzo fiscal realizado hasta aquí para financiar la transición del sistema de reparto al de capitalización, reforma de fundamentos puramente ideológicos basados en una radicalidad neoliberal sin precedentes.
No existe otro país en el mundo que haya hecho soportar a una misma generación el financiamiento tributario de las pensiones de sus padres y al mismo tiempo el financiamiento por capitalización de aportes de la propia: todos las naciones que han introducido mecanismos de capitalización individual lo han hecho adicionalmente a los esquemas de reparto o sustituyéndolos sólo en parte. Si Chile se adaptó en sus cuentas fiscales a esta situación (hasta 1990 a costa de romper en una ocasión la indexación por inflación de las pensiones y además con la consecuencia de una grave disminución del gasto en salud y educación), la legitimidad de hacerlo innovando en un esquema de transferencias redistributivo y eficiente es bastante mayor.
Frente al tema del envejecimiento (en el cuadro 2 se reseña la perspectiva hacia el 2050), en este nuevo esquema los ingresos de los no pensionados sólo caerían si cae el ingreso por habitante de modo significativo[13].
En el caso que nos ocupa, si la pensión básica uniforme es p, el ingreso promedio que queda para el resto de las personas después de contribuir a financiar la pensión básica es w, entonces el ingreso por habitante y es un promedio ponderado de estos dos ingresos promedio, siendo los factores de ponderación la proporción de pensionados r y la proporción resultante de no pensionados (1 - r) en la población total. Así:

y = r p y + (1 – r) w (1)

Despejando, el ingreso promedio de los no pensionados es:

w = y (1 – r p) / (1- r) (2)

Supongamos que el ingreso por habitante y permanece constante, así como la pensión básica, pero que por envejecimiento demográfico crece r, es decir la proporción de la población elegible para la pensión básica, que es lo que nos preocupa.
¿Qué ocurre con w, el ingreso promedio de los no pensionados? La respuesta sorprendente es que de acuerdo a (2) aumenta, con cualquier aplicación numérica que incluya una pensión básica inferior al ingreso por habitante. La variable crucial en este ejercicio no es la tasa de dependencia de inactivos respecto a activos, sino el ingreso por habitante. Mientras la pensión no sea extremadamente generosa (superior al PIB por habitante), el envejecimiento de la población no creará serios problemas, a menos que el PIB caiga de modo importante.
A su vez, si el nivel de gasto sobre PIB se considera excesivo en el futuro, el ajuste puede hacerse disminuyendo la razón pensión básica/PIB por habitante o aumentando la edad a partir de la cual se entrega el beneficio.
Despejado este aspecto de viabilidad, se propone que el esquema de pensión básica garantizada sea financiado mediante un aporte porcentual parejo aplicado sobre los ingresos totales de los contribuyentes (y no solo sobre el ingreso salarial, como es la cotización, que es el más regresivo de los métodos de financiamiento, pues no considera los ingresos del capital), fijado año a año en la declaración de renta de acuerdo al número de beneficiarios y el monto previsto del subsidio[14]. Ingresos adicionales para la vejez se obtendrían de la cotización obligatoria sobre salarios e ingresos de trabajadores independientes, así como del ahorro voluntario individual o colectivo[15].

3. Disminuir las incertidumbres más allá del ingreso básico

En teoría, para un sistema contributivo obligatorio aplicar un modelo de capitalización individual o uno de reparto intergeneracional se justifica o no si el crecimiento proyectado de la masa salarial es inferior o superior al rendimiento proyectado de las cotizaciones capitalizadas (Blanchet, 1998). En efecto, si la población que trabaja crece a la tasa n y los salarios crecen a la tasa s, entonces por cada peso de contribución obligatoria en edad de trabajar los trabajadores reciben en la vejez:

m = (1+n) (1+s) (3)

El retorno sobre la inversión del sistema de reparto corresponde al crecimiento de la masa de cotizaciones salariales. Si i es la tasa de interés de los activos invertidos en capitalización, representando el retorno sobre la inversión de cada peso depositado en el sistema, entonces para el trabajador es mejor, aunque más riesgosa, la capitalización en caso que i > m, o es más conveniente el sistema de reparto si i <>.

El objetivo para los sistemas de reparto es evitar el riesgo de ajustar el gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población a través del incremento de las cotizaciones obligatorias y para los sistemas de capitalización la incertidumbre sobre la tasa de reemplazo. Fondos de este tipo existen en Suecia desde 1960 y en Canadá y Francia desde la década de 1990 para financiar estructuralmente (se utiliza solo el producto financiero del fondo) parte de las pensiones por reparto. Esto le permite al fondo canadiense proyectar una estabilización de las cotizaciones en 2,5 puntos menos que los necesarios en ausencia de reservas. El fondo noruego alimentado con los ingresos del petróleo, por su parte, busca suavizar las fluctuaciones de ingresos y al mismo tiempo acumular recursos para financiar los gastos futuros vinculados al envejecimiento, con la proyección de alcanzar 120% del PIB en 2020 Fondos de reserva existen también en Japón, EE.UU y otros países, con roles menos delimitados.
Un sistema de reparto provisionado de reserva se constituye, en ausencia de otros ingresos (normalmente provenientes de la venta de activos públicos o de otros ingresos excepcionales) mediante sobrecotización por un período de tiempo o bien programando una disminución de prestaciones con la contrapartida de pensiones complementarias financiadas por capitalización en tanto su rendimiento sea mayor al crecimiento de la masa salarial.
En Chile, la situación es la inversa. Se propone que, sin perjuicio de lo ya acumulado en las cuentas individuales y lo que pudiera seguir acumulándose sobre una base voluntaria, en un contexto de “tercer pilar” no obligatorio, la cotización obligatoria alimente un nuevo “segundo pilar”, un sistema de reparto provisionado que asegure una mejor combinación seguridad-rendimiento. El concepto aplicable sería que los trabajadores intercambien una parte de lo producido por sus activos financieros de alto rendimiento, pero riesgosos, contra derechos previsionales ciertos, o al menos situados en un rango de certeza.
El manejo de la provisión debe incluir reglas estables que permitan un alto grado de mutualización de los riesgos financieros entre diferentes categorías (género y niveles de ingreso) y entre generaciones. Un régimen de pensiones que otorga derechos ciertos y dispone de reservas importantes para garantizarlos concentra las ventajas del reparto (buena mutualización de los riesgos financieros) y los de la capitalización (si el rendimiento es más elevado que el crecimiento de la masa salarial en el largo plazo, con oferta de ahorro elevada). Analíticamente, esta modalidad es la más deseable desde el punto de vista del dilema riesgo-rendimiento.
Un sistema de pensiones contributivas menos incierto que el actual debiera, en plenitud de derechos previsionales adquiridos a lo largo de la vida activa mediante descuentos salariales obligatorios, apuntar a garantizar un porcentaje cierto del ingreso salarial percibido durante la vida activa. Una meta a alcanzar en un nuevo sistema debiera ser alcanzar del orden de 70% de los salarios ganados a lo largo de la vida, haciendo más justos para las mujeres y las personas de menos ingresos el modo de cálculo de las pensiones (recordemos que por construcción el sistema actual lesiona a las mujeres al establecer menos años de cotización obligatoria y permitir una menor pensión dada su mayor esperanza de vida) con formas de perecuación del cálculo actuarial entre géneros y niveles de ingresos, que también permita aproximarse a una tasa de reemplazo de 100% para las pensiones de viudez.
Se ganaría de este modo en un segundo pilar contributivo obligatorio certeza sobre el valor futuro de las pensiones mediante el mecanismo de seguro intergeneracional descrito, a lo que contribuiría hacer obligatoria la cotización de los trabajadores independientes con más recursos, como en EE.UU y Canadá a través del cobro al momento del pago del impuesto a la renta (en 2003, solo un 24% de estos cotizaban esporádicamente en una AFP, mientras un 65% de los independientes declaran ingresos al servicio de impuestos) [17];
Lo propio ocurriría en el sistema de capitalización individual de tercer pilar:
- disminuyendo los costos de administración (con regulación de los gastos de búsqueda de afiliados, disminución de las barreras a la entrada a la administración de fondos del sistema, separando recolección de inversión y permitiendo la intervención en recolección del INP y BancoEstado, eliminando el giro exclusivo para las AFP y estableciendo un sistema de juntas de vigilancia de los administradores e inversores de los fondos con participación de los cotizantes, sin perjuicio de fortalecer el rol de la Superintendencia de AFP);
- eliminando la incertidumbre de las pensiones por retiro programado, que pueden dejar en precaria situación a los que agoten sus recursos acumulados.

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Notas

[1] Para una descripción de la teoría de los bienes meritorios ver Stephen Bayley (1995).
[2] Ver al respecto Béatrice Majnoni d’Intignano (1993).
[3] Desde la perspectiva de la provisión se ha distinguido entre pensiones públicas, pensiones ocupacionales y pensiones personales. El informe del Banco Mundial Averting the old age crisis (1994) ha distinguido, desde la perspectiva de los beneficiarios, la pensión básica, la pensión basada en contribuciones obligatorias y el ahorro voluntario.
[4] Ver Anthony Atkinson (1981) y Amartya Sen (2001).
[5] David Nellor (1995).
[6] Ver René Passet (2000), sin perjuicio del patentamiento que haga factible el incentivo a la realización de innovaciones y remunere el gasto privado en Investigación y Desarrollo.
[7] Ver Américo Ibarra y Gonzalo D. Martner (2006).
[8] Ver Philippe Van Parijs (2002), texto en el que además se describe el funcionamiento del sistema de ingreso ciudadano en Alaska, financiado por las regalías de acceso a los recursos naturales que dicho estado cobra. En palabras de René Passet: “Hemos comprobado la relación que existe entre la reducción del tiempo de trabajo, para la cual fue concebida la máquina, y la instauración de un ingreso equivalente al mínimo de subsistencia. Pese a su denominación (de ingreso ‘tecnológico’), no está vinculado al capital técnico, sino a la propia organización del proceso de producción, es decir a la inversión intelectual y a la información. Depende pues de este patrimonio universal cuyos frutos, que no son imputables a uno u otro factor productivo, deben distribuirse en realidad entre el conjunto de la colectividad (...). Queda el factor tiempo, con el que el sistema se aliaría para quedar progresivamente instaurado. Porque si el dividendo universal representa el ideal que hay que alcanzar, puede no ser un acierto empezar la casa por el tejado (...). Esta progresividad a lo largo del tiempo, que tanto contribuye a la viabilidad del sistema, relativiza el interés concreto, inmediato del debate –fundamental, por el contrario, en el plano de los principios- que versa sobre el carácter universal o no universal de la renta mínima garantizada. Estamos hablando, insisto, de distribuir y no de redistribuir. Despunta el momento en que, en una sociedad donde la robótica llevará a cabo el trabajo, la renta universal se habrá convertido en la fuente principal de ingresos que cada cual podrá completar con otros ingresos procedentes de una actividad de libre acceso. El contrato de trabajo con plazo fijo, justamente denostado en el contexto de precariedad actual, se convertiría entonces en la modalidad normal que permita a cada parte –empleador o empleado- establecer temporalmente unos lazos profesionales”, op.cit..
[9] Estos cálculos se encuentran en Gonzalo D. Martner (2006).
[10] Según Alberto Arenas de Mesa (2004).
[11] Siguiendo a Larry Willmore (2006), en base al sistema existente en Nueva Zelandia desde 1940, con un costo de 4,1% del PIB), pero también en Bolivia y Ciudad de México más recientemente, y en general los sistemas de pensiones básicas existentes en diversos países.
[12] Aunque dado que su aporte sería mayor que el beneficio no existe necesariamente una justificación para dicha exclusión. Para los mayores de 65 años más ricos la pensión universal podría en todo caso ser deducida ex-post al momento de la declaración de impuestos, evitando las complicaciones y costo administrativo de la elegibilidad de la asignación ex-ante según ingresos demostrados por debajo de un determinado límite.
[13] Ver Larry Willmore, op.cit.
[14] Sobre los fundamentos analíticos de las políticas de impuesto parejo-ingreso básico, ver Anthony B. Atkinson (1997).
[15] Estos planteamientos toman en cuenta la regla que Malinvaud (1998) define en los siguientes términos: “Ciertas prestaciones sociales cubren los riesgos a los cuales están expuestos los asalariados a raiz de su empleo; otros cubren riesgos a los cuales están expuestos todos los residentes y los cubren entonces a casi todos en el mismo grado. En rasgos gruesos, las prestaciones vinculadas al empleo deben abarcar los accidentes del trabajo, las pensiones más arriba del nivel mínimo y las pérdidas de salario por enfermedad o cesantía. La legibilidad del sistema de financiamiento recomendaría que las prestaciones vinculadas al empleo sean financiadas por cotizaciones asentadas en el empleo, es decir sobre la masa salarial, mientras las otras prestaciones serían financiadas por la tributación-paratributación sobre los hogares”.
[16] Olivier Davanne (1998).
[17] Ver Fabio Bertramou y Javiera Vasquez (2006).

REFERENCIAS

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Atkinson, A. B., La economía de la desigualdad, Editorial Crítica, Barcelona, 1981.

Atkinson, A. B., Public economics in action. The basic income/Flat tax proposal, Oxford University Press, Oxford, 1997.

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Bayley, S. J. Public Sector Economics, MacMillan Press, Londres, 1995.

Bertranou, F.M. y Vasquez, J., “Trabajadores independientes y el sistema de pensiones en Chile”, Organización Internacional del Trabajo, OITNOTAS, n° 1, Santiago, marzo 2006.

Blanchet, D., “Le débat répartition-capitalisation: un état des lieux », Retraites et Epargne, Conseil d’Analyse Economique du Premier Ministre, La Documentation Française, Paris, 1998.

Davanne, O., “Eléments d’analyse du système de retraite français”, Retraites et Epargne, Conseil d’Analyse Economique du Premier Ministre, La Documentation Française, Paris, 1998.

Ibarra, A. y Martner, G. D., Ciclo económico y programas de compensación social: el caso del sistema Chile Solidario, Departamento de Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Santiago de Chile, Documento de Trabajo n° 1, Enero 2006.

Majnoni d’Intignano, B., La protection sociale, Les Editions de Falloix, Paris, 1993.

Malinvaud, E., Les cotisations salariales a la charge de l’employeur, Conseil d’Analyse Economique du Premier Ministre, La Documentation Française, Paris, 1998.

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Meade, J. E., La economía justa, Ediciones Orbis, Barcelona, 1982.

Nellor, D., “Taxation of Mineral and Petroleum Resources", Tax Policy HandBook, IMF,Washington D.C., 1995.

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Stiglitz, J., Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Company, New York, 2000.

Van Parijs, Ph., “Renda básica: renda mínima garantida para o século XXI?, en Eduardo Matarazzo Suplicy, Renda de cidadanía, Cortez Editora, Sao Paulo, 2002.

Wilmore, L., “Universal pensions for development countries”, IIASA, Laxemburg, Mayo 2006.

World Bank, Averting the old age crisis, Oxford University Press, New York, 1994.

Derecho a la muerte asistida y al aborto terapéutico

A propósito del debate generado por el proyecto de ley de iniciativa parlamentaria Bustos-Rossi para permitir la eutanasia (la despenalización de la muerte asistida) y el anuncio de los senadores Girardi y Ominami de proponer una serie de legislaciones, incluyendo la despenalización del aborto terapéutico, se ha evidenciado una vez más la intolerancia de algunos en nuestra sociedad. Hasta estuvo en cuestión la destitución de las autoridades de la Cámara de Diputados, en circunstancias que, como bien lo explica el diputado Montes (ver en www.lecturas-gm.blogspot.com), sólo le cabía dar cuenta de un derecho que les asiste a los representantes del pueblo en nuestro país. A su vez, estuvo en cuestión la supervivencia de la Concertación, para algunos más extremos, y también la relación de parlamentarios con el gobierno.

En un país democrático, a todos les asiste el derecho de plantear debates, especialmente si son elegidos por el pueblo. El argumento según el cual sólo debe debatirse lo que une y no lo que desune es en realidad la voluntad de no debatir acerca de nada, puesto que no tiene mucho sentido hacerlo sobre lo que se está de acuerdo, o en todo caso sería en extremo aburrido. Por definición, el debate es respecto a diferencias. Y, hasta donde se tiene noticia, los partidos políticos y el parlamento están para eso, para debatir y llegado el caso zanjar diferencias respecto, entre otras cosas, a las normas que nos deben regir. El argumento de la prudencia siempre será válido, pero solo hasta el límite en que ahoga la libertad, la creatividad y la dignidad humanas.

La separación de la Iglesia y el Estado se consagró en 1925, pero no aún en las mentes de quienes se sienten con el derecho de imponerles sus respetables creencias religiosas a los demás, o de tolerar las de los otros que no coinciden con las propias sólo en tanto y cuanto estos no las manifiesten. Que las tengan puede ser, pero que las expresen, eso si que no.

Aunque como dijo Carlos Fuentes en una reciente entrevista en el New York Times Magazine “en América Latina incluso los ateos son católicos”, existe en Chile una cultura laica, y dentro de ella habemos quienes somos ateos, es decir nos asiste la convicción de que Dios no existe (gracias a Dios, como decía con buen humor Luis Buñuel), moléstele a quien le moleste y hasta prueba en contrario...

Para muchos de los que somos ateos, la piedad y la compasión, en la tradición filosófica de Rousseau y Schopenhauer, nos parecen ser de las virtudes de mayor importancia. En palabras de Michel Onfray, de quien tomamos los fundamentos de esta reflexión: "la repugnancia de ver sufrir a su semejante me parece el signo de la grandeza de un ser. Su indiferencia, el signo de su bajeza".

Negar el último deseo de un agonizante, desatender el llamado a acortar el sufrimiento de quien va a morir en plazos breves, y para quien los cuidados paliativos no son ya la prolongación de la vida sino de la muerte, es propio de los indiferentes al mal. Esa es la razón de la defensa de la muerte voluntaria asistida como una opción y como un derecho para quienes de motu propio la soliciten en el momento del fin de su existencia. A ese derecho no cabe oponer ningún deber de vivir en condiciones de sufrimiento o indignidad extremos, lo que también es válido para el suicidio.

A su vez, hay quienes se ven en la trágica situación de pérdida irremediable de su conciencia, pudiendo su vida sin vínculo con el mundo prolongarse solo por medios artificiales. Una norma favorable a la atenuación del sufrimiento y respetuosa de la dignidad humana, en contraposición al encarnizamiento terapéutico, es aquella que debiera permitir la muerte asistida mediante voluntad previamente declarada por vía de testamento, y/o transferencia de la decisión a una persona previamente designada para este fin, como prolongación de una relación de amor y afecto.

Los que consideramos que nadie debe estar autorizado a quitarle la vida humana a otro (salvo en situación de defensa propia personal o social -en caso de guerra legítima- que obligue sin otras opciones a recurrir a esa medida extrema o para evitar sufrimiento al moribundo que lo solicita o lo ha solicitado antes de caer en la inconciencia) y que somos contrarios por ello a la pena de muerte y a todo acto tanático respecto de terceros, no creemos sin embargo que pueda obligarse en su libre albedrío a cada cual a considerar que la vida humana propia tiene sentido en cualquier circunstancia. Consideramos que solo la tiene cuando permite la prevalencia de lo humano y de su dignidad en el hombre.

Esta misma ética atea de la compasión, que se opone en este aspecto al dogma del deber de vida de origen cristiano y más generalmente monoteísta (haciéndose notar la contradicción entre este deber de vida en medio del sufrimiento y la aceptación, hasta hace poco, de la pena de muerte y de la tortura, en el pasado, por la Iglesia Católica), es aplicable al tema de la despenalización del aborto, es decir de la interrupción voluntaria del embarazo.

No cabe restringir el problema del aborto terapéutico a situaciones del dilema vida de la madre/vida del niño(a), que la medicina moderna ha podido en buena hora restringir a situaciones ya muy poco frecuentes, sino abordar el problema más ampliamente. Del mismo modo en que el aborto terapéutico en sentido estricto opta por la vida de la madre por consideraciones de compasión por ella, en un dilema terrible, cabe preguntarse: ¿es humano imponer la continuidad de un embarazo no deseado, especialmente cuando se ha originado en actos horribles y profundamente traumáticos como una violación? ¿Qué vida espera a quien nace como fruto de tragedias como esa? ¿Qué sufrimientos síquicos agudos y prolongados esperan a la madre y al hijo(a)? ¿No es de una frialdad inhumana obligarlos a ese sufrimiento por una vida entera, anclado en el origen de su vida y con la probable repetición de violencias? Tampoco se trata de obligar a nadie a lo contrario, en virtud del principio de libertad de opción.

Los que no reconocemos un supuesto deber de vida por imperativo religioso creemos necesaria la despenalización del aborto para la protección física o síquica de la mujer embarazada en situaciones en que esté en juego radicalmente la posibilidad de bienestar de la madre, a petición de ella. Este tipo aceptable de aborto, que ojalá pueda siempre prevenirse en origen, solo lo es cuando se realiza antes que el ser vivo en anidación haya alcanzado el desarrollo neuronal que esboza su condición humana. Este desarrollo neuronal, en su materialidad factual, es el paso del embrión al feto, a las 10 semanas de embarazo. Se trata de despenalizar en circunstancias precisas la interrupción de la gestación de lo vivo, no de lo humano, en donde el deber ineludible del hombre hacia lo vivo en desarrollo empieza, en este enfoque, a los 70 días de la gestación. Es ahí cuando el feto conoce movimientos eléctricos, para que tres semanas más tarde aparezcan los neurotransmisores específicos con cuya ayuda el dolor y el placer (que son los criterios a partir de los cuales puede considerarse emergiendo lo humano como distinto del limbo en que está sumido lo que es aún solo un agregado celular vivo pero primitivo) empiezan materialmente a captarse y cuando los movimientos en el líquido amniótico son perceptibles por la madre. Después de la emergencia de lo humano en lo vivo, una interrupción voluntaria de embarazo es infanticidio, algo muy serio, que si debe ser penalizado.

Entonces, contrariamente a la creencia de la bioética conservadora, y con ella de los que se inspiran en fundamentalismos y dogmas religiosos, lo humano no coincide con las primeras horas del encuentro del espermatozoide y el óvulo, por mucho que algunos consideren que ahí se inicia la potencialidad humana, pero esta se puede retrotraer hasta el infinito en los muchos acontecimientos que concurren a la procreación, sino cuando el cerebro del embrión le permite a este iniciar un esbozo de existencia interactiva con el mundo. Antes de que esas potencialidades surjan, el embrión es del orden de una indeterminación que supone la vida pero que excluye aún lo humano. Del mismo modo, al final de la existencia, la incapacidad neuronal permanente de mantener una relación con el mundo anuncia la entrada en una nada que puede coincidir con la vida pero ya ha dejado de tener anclaje humano.

Los que piensan distinto, muy bien, que no practiquen el aborto terapéutico en el sentido que hemos descrito (aunque sabemos cuanta hipocresía e ilegalidades llegado el momento se esconden tras posturas rígidas de defensa de la moral tradicional) ni la muerte asistida (que también sabemos, dígase lo que se diga, se practica con frecuencia sin control y por razones económicas, lo que es mucho peor que una regulación clara y humana), están en su derecho. Pero no en el de impedir que otros lo hagan, pues en este tema hay quienes piensan de diferentes maneras en la sociedad contemporánea, con tanto o más fundamento ético que los conservadores, y ellos también tienen derechos, con la diferencia que no buscan imponerles sus convicciones a los demás sino hacer valer las propias, dejando que los otros vivan su vida como mejor les parezca.

Respuesta a un amigo

Me escribió Mario Mandiola sobre mi nota Derrotas económicas de la democracia (ver más abajo):

"Leí tu articulo sobre las "derrotas económicas en democracia", recoges en síntesis muchas de las cosas que nos preocupan como socialistas, falta de políticas regulatorias, saqueo de nuestros recursos naturales etc. Pero te pido que no te agites demasiado, total ninguno de esos temas está en el programa de gobierno, así que mejor no los discutamos so pena de ser "excomulgados". Fraternalmente: Mario Mandiola.

Le contesto a Mario con parte de la introducción de un ensayo que publicaré próximamente, que es un llamado a la no resignación, nunca, y mala suerte con las excomuniones:

"Este ensayo no disimula entonces sus puntos de vista. Es distinto al de quienes pusieron desde 1990 el énfasis en la distinción weberiana entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, optando resueltamente por la primera, como explícita y legítimamente lo hizo el ex ministro y senador designado Edgardo Boeninger, y con él muchos otros.
Esto requiere de algunas explicaciones. La dialéctica entre el realismo y el sueño, la moderación y la audacia, ha estado siempre presente en los procesos sociales de “alta intensidad”, como ha sido el caso del Chile contemporáneo. La referencia a Max Weber es en este sentido pertinente para la reflexión. Decía el sociólogo alemán en una de sus conferencias de 1919: “Toda actividad orientada según la ética puede ser subordinada a dos máximas totalmente diferentes e irreductiblemente opuestas. Puede orientarse según la ética de la responsabilidad o según la ética de la convicción. Esto no quiere decir que la ética de la convicción es idéntica a la ausencia de responsabilidad y la ética de responsabilidad a la ausencia de convicción. No se trata por supuesto de eso. Sin embargo, hay una oposición abismal entre la actitud del que actúa según las máximas de la ética de convicción- en un lenguaje religioso diríamos : "El cristiano hace su deber y respecto del resultado de la acción se remite a Dios"-, y la actitud del que actúa según la ética de responsabilidad que dice: "Debemos responder de las consecuencias previsibles de nuestros actos"[1].
La matización intermedia de la distinción weberiana es desmentida inmediatamente después en su texto: todo su argumento procura poner el peso del razonamiento en la balanza del lado de la defensa de la ética de responsabilidad, dando a entender que aquella de convicción sería esencialmente irresponsable al no tomar en cuenta las consecuencias de los actos inspirados en ella y mesiánica (con referencia a Dios incluída: algo así como “después de mi el diluvio”). Y cuando acude a ejemplos más laicos, el lado conservador de Max Weber emerge con toda claridad: “Perderán el tiempo exponiendo, de la manera más persuasiva posible, a un sindicalista convencido de la verdad de la ética de convicción que su acción no tendrá otro efecto que el de aumentar las oportunidades de la reacción, de retardar el ascenso de su clase y de oprimirlo aún más, no les creerá”. Ya saben los sindicalistas: sino no consideran que tal o cual de sus acciones favorece a los reaccionarios y va en contra de sus propios intereses, su ética de la convicción es mera irresponsabilidad...

Pero hay más en Max Weber: “El partidario de la ética de convicción no se sentirá responsable sino de la necesidad de cautelar la llama de la pura doctrina para que no se apague” en lo que puede parecer una razonable invocación en contra de los dogmatismos, aunque injusta en tanto y cuanto no ser irresponsable en sus actos puede ser parte esencial de las convicciones de quienes promueven cambios al orden injusto existente, justamente para no aumentar las injusticias, valga el juego de palabras. Pero acto seguido viene el lapsus, como diría Freud. De entre cien ejemplos posibles escoje nuestro ilustre precursor de la sociología moderna el que revela su actitud eminentemente conservadora, muy cuestionada por la izquierda alemana de la época por lo demás, y afirma: “por ejemplo la llama que anima la protesta contra la injusticia social”. Ya lo saben los izquierdistas, además de los sindicalistas: nada de cautelar la llama de la lucha por la justicia social, serían ustedes unos éticos de la convicción poco responsables...

Continuaba Max Weber en su célebre texto sobre El sabio y el político: “Pero este análisis no agota aún el tema. No existe ninguna ética en el mundo que pueda no considerar lo siguiente: para alcanzar fines "buenos", estamos la mayor parte del tiempo obligados a contar con, por una parte, medios moralmente deshonestos o por lo menos peligrosos y, por otro lado, con la posibilidad o la eventualidad de consecuencias enojosas”. Este “relativismo ético”, ironías aparte, puede explicarse por el curso sulfuroso de la historia en el tiempo en que escribe Max Weber lo que comentamos, pero da un poco de escalofríos a los que hemos tenido ocasión de experimentar “medios moralmente deshonestos” y “consecuencias enojosas” sustentados en justificaciones de este tipo, como desde luego la de los que promovieron el golpe de Estado en 1973 en Chile.

En cambio, la inspiración de este ensayo bien puede resumirse citando a Michel Onfray: “querer una política libertaria es invertir las perspectivas: someter la economía a la política, pero poner la política al servicio de la ética, hacer que prime la ética de la convicción sobre la ética de la responsabilidad, luego reducir las estructuras a la única función de máquinas al servicio de los individuos y no a la inversa”[2], lo que es ser enormemente responsable con la disminución de los sufrimientos humanos al alcance de los humanos, salvo que se considere que nada se puede hacer respecto de ellos. Los avances civilizatorios de la humanidad no habrían sido posibles con la sola consideración de las dificultades, y vaya que siempre fueron inmensas, para conquistarlos, ya sea que se trate de la emergencia de la democracia, de la eliminación de la esclavitud, de la emancipación nacional respecto de potencias coloniales, de la consagración de derechos civiles y políticos, de derechos sociales, económicos y culturales, de eliminación de las discriminaciones de género, raza y orientación sexual y así sucesivamente.
Apostamos entonces al “pesimismo de la inteligencia”, siempre necesario para no perder la lucidez frente a los hechos a la que debe aspirar el uso de la razón, sin perder el “optimismo de la voluntad”, indispensable para mantener el principio de esperanza propio de la condición humana e inspirar su acción, de que nos hablaba Romain Rolland al iniciarse el siglo 20 y que gustaba de citar Antonio Gramsci, un insigne luchador contra las dificultades de toda índole, incluyendo las del dogmatismo. O en palabras muy actuales de Fernando Savater: “Dice una milonga que ‘muchas veces la esperanza son ganas de descansar’. Pero también está comprobado que acogerse a la desesperación suele ser una coartada para no mover ni un dedo ante los males del mundo. Puestas así las cosas, soy decididamente de los que prefieren abrigar esperanzas..., aunque siempre tomando la precaución de no considerarlas una especie de piloto automático que nos transportará al paraíso sin esfuerzo alguno por nuestra parte. Es decir, creo que la esperanza puede ser un tónico para los rebeldes y un estupefaciente para los oportunistas y acomodaticios”[3].

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[1] Traducido desde la versión en francés, Max Weber, Le savant et le politique, 10/18, Paris, 2002, que reune conferencias de Max Weber dictadas antes de morir en 1920.
[2] Michel Onfray, Política del rebelde. Tratado de la resistencia y la insumisión, Perfil Libros, Buenos Aires, 1999.
[3] Fernando Savater, “Abrigar la esperanza”, El País, 15 de mayo de 2006.

Las derrotas económicas de la democracia

La democracia reestablecida en sus rasgos básicos en 1990 ha cosechado éxitos importantes: la convivencia entre los chilenos ha mejorado sustancialmente, las libertades y los derechos esenciales se respetan y, cuando ello no ocurre, la libertad de expresión permite denunciarlo con razonable eficacia. Los tribunales de justicia poco a poco se han transformado en garantes de los derechos de las personas e incluso han avanzado en verdad y justicia en las violaciones a estos derechos cometidos por la dictadura. Más aún, la democracia, aunque con lentitud a veces exasperante, se ha ido reformando a sí misma y hoy alcanza estándares institucionales relativamente decentes. La excepción principal la constituyen el sistema electoral y el poco dinamismo de la descentralización del Estado, y por tanto de la participación ciudadana, así como la lucha contra las discriminaciones. Tareas pendientes para el presente gobierno, que las ha inscrito en su programa. En materia de aspectos institucionales de la democracia, por tanto, sabemos relativamente bien de qué estamos hablando, de donde venimos y hacia donde debemos ir.

En el área económica la situación es más opaca. ¿En qué hemos avanzando, en qué no, porqué? Sugerimos fijarse en tres indicadores macroeconómicos de entre las decenas que la prensa especializada comenta todos los días: crecimiento, inflación y desempleo. Estos indicadores debieran situarse en alrededor de 5% (tasa de incremento para los dos primeros, de prevalencia para el empleo). Este criterio de desempeño, como cualquier otro, es discutible: lo tomamos de Jacques de Larosiere, que lo planteó en una visita a Chile en la década de los '90 como director del FMI, y nos parece pertinente.

También debiéramos considerar periódicamente un indicador microeconómico: las rentabilidades comparadas entre sectores económicos, que nos deben llevar a fijarnos cuando alguna actividad supera un 10% de rentabilidad y si eso depende de tarifas públicas excesivas o de la ausencia de impuestos adecuados o de la habilidad empresarial.

El crecimiento ha sido cíclico pero ha superado desde 1990 el 5% promedio anual, es decir la cifra más alta para un período de tres lustros desde el siglo 19. Esto no ha resuelto el agudo problema distributivo del país, pero esa es harina de otro costal que debe tratarse en su mérito: ninguna política redistributiva sería fluida, en todo caso, en medio del estancamiento económico. Bien, entonces, por el crecimiento. La inflación, por su parte, se ha mantenido por debajo del 5% anual por un período prolongado, rompiendo con la tradición inflacionista de la economía chilena: recordemos que los que más sufren de la inflación son los más modestos, que no pueden defenderse de ella e indexar sus ingresos a la evolución del nivel de precios. Bien por la inflación controlada.

¿Y el desempleo? No sólo no ha estado en ningún año desde 1990 (hablamos del promedio anual, porque bien sabemos que el desempleo es especialmente cíclico en Chile) en o por debajo del 5%, sino que nadie parece inquietarse demasiado con el tema. Esto tiene una explicación clásica: la ausencia de crecimiento es de general percepción, como lo es la inflación, que se constata día a día cuando es elevada. El desempleo lo perciben y lo sufren, en cambio, más bien los directamente involucrados y no el 85-90% de la población activa restante, que se informan de él, le temen, pero no lo experimentan directamente. Y los agentes económicos poderosos, digámoslo claramente, no se incomodan con un “mercado de trabajo distendido”, con una oferta de trabajo superior a la demanda, que les permite contener el nivel general de salarios, despedir personal y mantener altas rotaciones de sus empleados sin perjuicio aparente para su actividad: habrá un reemplazante al que acudir.
El objetivo del pleno empleo ha desaparecido de manera notable en los énfasis programáticos y en el debate público. Y la derecha tiene la solución de Don Otto: si el crecimiento es escaso en generación de empleos, si el ciclo económico es rápido en despedir y lento en recontratar, entonces hay que precarizar (lo llaman flexibilizar) el empleo, para bajar salarios y supuestamente incentivar así a los empleadores para que incrementen su tasa de empleo por unidad producida. Se traslada la lógica del mercado de las papas a este supuesto “mercado del trabajo” cuya demanda sabemos al menos desde Keynes se comporta primordialmente de acuerdo a variables macroeconómicas, además de su estructura específica de oferta.
El objetivo de aumentar la seguridad del empleo desapareció también de nuestro debate público y apenas se discute sobre las políticas de empleo activas (impulso macroeconómico, subsidio a la contratación, programas directos) y pasivas (seguro de cesantía, disminución de la oferta de trabajo). Este debate debe reanimarse, en especial si se tiene en cuenta que las proyecciones de desempleo no están cerca de llegar al 5% en plazos breves. El objetivo del pleno empleo es aquel de la izquierda por esencia en materia macroeconómica y estamos lejos de alcanzarlo en circunstancias que no es para nada una utopía en las condiciones actuales de la economía chilena.

¿Y qué hay de las rentabilidades comparadas? La rentabilidad “normal” de una actividad económica en una economía de mercado es la que resulta de situaciones competitivas, siempre que no esté basada en rentas de escasez (recursos naturales) o de situación (leyes de privilegio). La gran mayoría de las actividades en las economías industriales y de servicios maduras son consideradas rentables y los proyectos dignos de ser emprendidos con tasas de retorno inferiores a 10%.
Si examinamos la rentabilidad operacional de las Sociedades Anónimas en 2005 en Chile, nos encontramos con que para las empresas de ventas al por menor (supermercados y grandes tiendas o “retail” como se dice ahora), por mucho que en esta área se haya concentrado la actividad en pocas cadenas, esta es de 9%, una cifra razonable. Pero ocurre que diversas empresas no operan en mercados competitivos, especialmente en los casos de monopolio natural, de gran importancia cuando proveen servicios básicos a la población. ¿Sus rentabilidades operacionales? Un 37.7% para el agua potable, un 20% para la electricidad. Un rotundo fracaso, pues quiere decir que las tarifas están beneficiando indebidamente a los dueños de las empresas (aunque algunas tengan participación accionaria pública: los impuestos se cobran en otra parte) y no a los consumidores. En cualquier país civilizado esto hubiera sido objeto de correcciones inmediatas. La telefonía, en cambio, muestra una rentabilidad oepracional de 8,7%, lo que se explica pos sus segmentos competitivos.

¿Y en el área de seguridad social gestionada por privados, cuya fuente de negocio son las cotizaciones obligatorias? Simplemente un escándalo mayúsculo. Las Isapres presentaron una rentabilidad sobre capital de 91,9% en 2005. ¡La inversión se recupera en un año! Claro, en detrimento de los bolsillos de los usuarios por causa de una pésima regulación en un mercado especialmente opaco. En el caso de las AFP, la rentabilidad sobre capital fue de 19%, un exceso manifiesto para una actividad de seguridad social. Estamos en presencia de organizaciones lucrativas simplemente parasitarias.

La actividad bancaria, fundamental para canalizar el proceso de ahorro-inversión, se ha transformado crecientemente en un área de sobreutilidades injustificadas, obtenidas especialmente de las tasas y comisiones cobradas en el crédito al consumo a los más pobres. ¿Su rentabilidad sobre capital en 2005? Entre 18 y 40%, incluyendo cerca de ...30% para el Banco del Estado (aviso: los impuestos se cobran en otra ventanilla, no en un banco público que debiera ser rentable pero no maximizador de utilidades a este extremo). Nuevamente una mala regulación en un mercado profundamente asimétrico y de impacto sistémico. No se pida después que la pyme prospere en estas condiciones.
La actividad minera privada tuvo en 2005 un resultado operacional de 49,9%. Los chilenos estamos regalando a transnacionales del área inmensos dividendos que provienen de un recurso natural cuyo precio pasa por un ciclo alto. El royalty que a duras penas se logró el año pasado sólo revertirá sobre los chilenos una mínima parte de esta bonanza, que irá a parar a los bolsillos de los accionistas de las transnacionales mineras. Difícil darles una explicación a los muchachos secundarios que luchan con justa razón por la gratuidad del examen de ingreso a las universidades...
Entonces en materia de derechos económicos de los ciudadanos los chilenos nos estamos pisando la cola de manera flagrante. La derecha política ha actuado en el parlamento e impedido los cambios legales regulatorios y tributarios que permitirían a Chile financiar un mayor bienestar para los desposeídos y un mayor crecimiento futuro a través de más gasto en investigación y desarrollo tecnológico y en educación. Pero desde marzo la Concertación tiene mayoría simple por primera vez para cambiar leyes regulatorias, tributarias y laborales. La palabra la tenemos nosotros, los concertacionistas.
Pero claro, las empresas reguladas actúan sobre todo el espectro político con subsidios electorales abundantes, condicionando cada vez más la capacidad del parlamento de legislar como se debe y del gobierno de regular apropiadamente mediante la potestad reglamentaria. Y crecientemente nombran en sus directorios con entusiasmo a concertacionistas que dejan sus cargos públicos. ¿La conclusión? Una derrota manifiesta de la democracia chilena, que no está cautelando los intereses de los ciudadanos que no tienen poder económico y que son la inmensa mayoría.