jueves, 6 de julio de 2006

Ha llegado informe


Ha emitido su informe la Comisión Marcel sobre reforma previsional. Llama la atención que esta comisión haya actuado por consenso: en diversas otras comisiones de expertos llamadas a asesorar a los gobiernos suele consignarse las opiniones de unos u otros, pues estas instancias no están llamadas a definir una política, que necesariamente requiere síntesis y consensos, sino a diagnosticar problemas y proponer opciones a quienes deben decidir. La síntesis y los consensos son propios de la tarea política, no de los expertos, que más bien deben poner en evidencia las alternativas en presencia para que decidan los representantes del pueblo (y en algunos casos, idealmente, el pueblo mismo mediante pronunciamiento referendario). Seguramente esta inadecuación lleva a que el informe sostenga que no hay crisis del sistema creado en 1981, pero que solo la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión mayor a la mínima, menos de un 5% accederá a la misma y el resto podrá aspirar a la pensión asistencial o a nada. Como sería la situación si el sistema estuviera en crisis....Esto no se sostiene: que algunos expertos piensen lo contrario es legítimo, siempre que argumenten en consecuencia. Los consensos no siempre son buenos, sobre todo a la hora de pensar y debatir.
Pasemos a las proposiciones: el informe las clasifica en la lógica “de los 3 pilares” (solidario, contributivo obligatorio y contributivo voluntario), lo que será útil para el debate.
Respecto al primer pilar, la Comisión propone terminar con el sistema de pensión asistencial y mínima, lo que es un buen avance. En reemplazo, menciona un sistema de Pensión Básica Universal cuya principal característica es que... no sería universal. En efecto, se entregarían subsidios públicos para asegurar que los que no tienen ningún recurso acumulado en el sistema contributivo accedan a una pensión de unos 75 mil pesos, beneficio que se mantendría de modo decreciente hasta extinguirse a partir de una pensión autofinanciada de 200 mil pesos. El resumen ejecutivo disponible no entrega detalles de que como esto funcionaría, pero esperemos que no signifique disminuciones de beneficios (recordemos que la pensión mínima para mayores de 75 años es actualmente de 102 494 pesos y la pensión asistencial es de 44 186 pesos para personas entre 65 y 70 años). En todo caso, el gobierno y los legisladores habrán de perfeccionar lo que es un buen principio. Por nuestra parte, reiteramos nuestra proposición de establecer una pensión básica garantizada a los mayores de 65 años equivalente al monto actual de la pensión mínima para más de 75 años, es decir del orden de un 30% del PIB por habitante, lo que tendría un costo adicional de 0,8% del PIB respecto al gasto actual en pensiones mínimas y asistenciales, pensión a la cual se agreguen el pilar contributivo obligatorio y el pilar no obligatorio.
Respecto a este segundo pilar, abundan las proposiciones. Estas incluyen novedades como subsidiar las cuentas individuales de los trabajadores jóvenes y de las madres. Este subsidio fiscal al pilar contributivo no parece pertinente. El sistema contributivo debe reflejar las cotizaciones efectivas, sin lo cual se pierde transparencia y eficiencia, cuando no puede terminar siendo un simple subsidio a los dueños de AFP, que cobrarán -y por la experiencia conocida, se las arreglarán para cobrar mucho- por administrar fondos fiscales.
El esfuerzo por bajar las comisiones de administración incluye proposiciones interesantes de licitación colectiva de nuevos cotizantes, estableciendo una competencia “por el mercado” de cotizantes que pudiera beneficiarlos en ausencia de colusión entre las AFP. También se propone crear un Comité de Usuarios, facilitar el ingreso de nuevos actores al sistema y separar las funciones de recaudación, administración e inversión de los fondos, lo que va en el buen sentido si de proteger al trabajador se trata. Pero cuando se sugiere que se podría subcontratar la recaudación a un organismo público como el INP, esto de nuevo terminaría en que el Estado subsidia a las AFP con un sistema barato de recaudación y con más utilidades para sus dueños. Recordemos que, como ha demostrado Salvador Valdés, las utilidades de las AFP son simplemente un escándalo basado en malas regulaciones públicas.
Respecto a la incertidumbre sobre las pensiones futuras asociada por definición al sistema de capitalización individual, se menciona el problema pero no se propone sino hacer cálculos actuariales cada 5 años y apostar a una densificación de las cotizaciones (de 51 a 61%) y a un aumento del rendimiento (de 1% anual), junto a mecanismos ingeniosos como introducir módulos anticipados de renta vitalicia, con lo que los chilenos podríamos dedicarnos a un permanente juego de casino. No se menciona además una palabra sobre la necesaria restricción del sistema de retiros programados, que permite apostar a los pensionados respecto a cuando van a morir y en qué momento van a quedar en la calle...
El problema no es seguir apostando (de hecho no se cumplió en 25 años para nada los supuestos con los que se construyó el sistema en 1981) sino aportar más certezas al sistema. Proponemos, por nuestra parte, que el sistema de capitalización se transforme en un sistema voluntario y que la contribución obligatoria se realice en base a un sistema de reparto para dar certeza a las pensiones, sin perjuicio de establecer un fondo de reserva capitalizado que otorgue respaldo a pensiones financiadas, por sobre el nivel básico, por los salarios actuales en base a derechos constituidos por las contribuciones pasadas.
Por último, no se entiende la insistencia en subir la edad de jubilación de la mujer de 60 a 65 años, lo mismo que la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Desde luego porque una de las pocas ventajas del sistema actual es que se puede, con ciertos requisitos, adelantar o retrasar la edad de jubilación, temática que habría que profundizar en un nuevo sistema eliminando toda prohibición de emplear a personas jubiladas y modulando así una salida progresiva de la actividad remunerada de una población que, en buena hora, vivirá cada vez más.
Lo que ocurre es que existe un cierto costo fiscal al asegurar pensiones mínimas de las mujeres a partir de los 60 años y no de los 65 como los hombres, de monto perfectamente abordable por nuestra sociedad. Si se propone subsidiar las cotizaciones de las madres, con un costo fiscal adicional, no parece haber una cuestión de principio para la comisión (salvo que se considere dignas de ser subsidiadas preferentemente solo a las madres, lo que sería francamente lamentable). En cambio hay una cuestión de principio en reconocer a toda mujer (madre o no) el trabajo doméstico no remunerado que realiza desde temprana edad, como muy bien ha dicho la Presidenta Bachelet, al menos respecto a beneficiar de un subsidio pensional a una edad más temprana que los hombres, circunscrito además a un mínimo.
Es notable, cuando tenemos por primera vez una presidenta mujer, que una comisión nombrada por ella proponga, sin argumentar mayormente, disminuir derechos bien merecidos que las mujeres tienen en Chile desde hace décadas. Si otros paises han homogeneizado sus edades de jubilación, otros más han mantenido la diferenciación por género. Ya decían los griegos: no se puede tratar igual a los desiguales. Y si el sistema actual por construcción les otorga menos pensiones, hagamos el sistema más solidario con las mujeres y no al revés. En el límite, siguiendo el razonamiento miope de los contables, si las mujeres tienen una esperanza de vida 4 años superior hoy y más en el futuro, pues que trabajen más tiempo que los hombres. Eso es lo coherente con ese razonamiento. Esta manera de trasladar el cálculo actuarial estrecho propio de los seguros privados a un sistema que por definición busca la solidaridad refleja bien cuan utilitaria se ha vuelto nuestra sociedad y cuan urgente es practicar con transparencia, evidenciando con claridad sus costos, la solidaridad de los que tienen más con los que tienen menos y de los que se hacen poco cargo del trabajo doméstico y de la crianza con las que si se hacen cargo de estas tareas poco visibilizadas y poco reconocidas socialmente. Es tiempo de solidaridad y de solidaridad con las mujeres.

3 comentarios:

Jorge Enrique Díaz Pérez dijo...

Es un gran tema, un tremendo desafío que tiene no sólo Chile, sino varios países por delante. Confío en que se hará un buen trabajo, una buena ley que, creo, no necesariamente pasa por dejar tranquila y contenta a la gallá. Lamentablemente en esto no hay magia y de alguna parte hay que sacar la plata...

Bienvenido a la blogósfera chilensis...

consultas dijo...

Gonzalo: interesante el blog y lo comentaremos en algunos de los 36 blogs temáticos que adminitramos. Hay excelente material para difundir y aprender Felicitaciones, Rodrigo González Fernández, consultajuridica.blogspot.com

Anónimo dijo...

Gonzalo, la verdad me interesa mucho tu propuesta de que el pilar contrubutivo se establezca sobre la base de un sistema de reparto, no obstante, me gustarìa saber con màs detalle como operarìa y el costo de este sistema. Estoy trabajado en una tesis de grado al respecto y a su vez creo firmemente que el flujo de las cotizaciones de los trabajadores debe centralizarce en un pùblico, por razones políticas, la Seguridad Social es responsabiliad del Estado, (contrato Social) y económicos, (economía de escala)

He escrito algunos ensayos relacionados con el tema y una critica al informe Marcel, que lo puedes ver en www.iel.cl, además, de www.fotolog.com/nomasafp

Saludos,

Rodrigo

rorolopezt@gmail.com