El verdadero debate
El debate parece haber decantado, dejando atrás proclamaciones y nerviosismos. Para un Gobierno que comienza, que se especule sobre su sucesión es bastante curioso y ha tenido razón en manifestarlo. Pero esto es tal vez expresión de una gran fortaleza: nadie discute que la derecha no parece ser una alternativa y qué es de la Concertación, si hace las cosas bien, de donde saldrá el sucesor o sucesora de la primera Presidenta de Chile. La Concertación tiene en Ricardo Lagos y Soledad Alvear a dos candidatos naturales para 2009. Para más adelante cuenta con un buen contingente de voluntarios. Y el tema no da para mucho más, al menos hasta la elección municipal, cuando la coalición deberá dirimir el tema mediante acuerdo, primarias o con dos candidatos en primera vuelta, sobre la base de un apoyo mutuo en la segunda vuelta. El tiempo dirá, sin dramas.
Mientras, Chile está enfrentado a grandes decisiones. El uso de los excedentes del cobre nos lleva a optar entre la óptica liberal de mantención de un Estado mínimo o la de avanzar a un Estado de bienestar moderno, lo que viene eludiéndose desde 1990 por el empate político prolongado que en este aspecto ha devenido la transición.
El actual período de bonanza hará posible acumular una reserva nunca vista, aunque debiera ser aún mayor si tuviéramos un royalty acorde con el hecho que los minerales pertenecen a toda la Nación y no a las mineras privadas, que este año van a recuperar toda la inversión realizada y luego llenarse de utilidades que debieran beneficiar a los chilenos. ¿Qué hacer entonces? Dejar que la regla presupuestaria opere e incrementar el gasto público de acuerdo a los mayores ingresos permanentes provenientes de un mayor crecimiento potencial y de un mayor precio de largo plazo del cobre. Eso sí: sin inventarse nuevas reglas para contener artificialmente el gasto público, como quieren los ideólogos liberales.
Para los que consideramos que el gasto público es muy insuficiente en Chile (basta ver el nivel miserable de las pensiones), que este crezca mucho más que el PIB en 2007 es bienvenido para avanzar del actual 20% sobre PIB a una cifra mayor. A los liberales les recordamos que en EEUU y Japón este gasto es del 37% del PIB en 2005, para no provocar irritaciones con el 56% de Suecia y el 54% de Francia, economías que se comportan bastante bien, por lo demás. Chile requiere y puede construir un Estado de bienestar decente.
Además, debemos constituir un fondo con los recursos que no son ingresos permanentes, y financiar con los intereses (evitando presiones sobre el tipo de cambio) nuevas tareas de desarrollo. Con proyecciones razonables de precio del cobre, tendremos unos 20 mil millones de dólares adicionales en 2006 y 2007. Si identificamos proyectos de infraestructura o de capital humano de alta rentabilidad social, es pertinente también usar por una vez una parte de lo acumulado, dando lugar a un incremento adicional temporal del gasto público, en vez de esterilizar ingresos en transferencias cuantiosas e innecesarias para recapitalizar el Banco Central, por ejemplo. Si principios como estos generan un consenso en la coalición de Gobierno, entonces podrían evitar las descalificaciones acerca de qué ministro lo ha hecho mejor en Hacienda o qué partido es más audaz en materia social. Se podría así dejar trabajar al Gobierno para que ejecute los programas de 2006 con marcha acelerada, como viene haciéndolo, y haga su propuesta de presupuesto para 2007. ¿Por qué no reemplazar la polémica estéril por un buen y libre debate en el Parlamento y en la sociedad sobre el tipo de país que queremos y sacar las conclusiones que corresponda, de acuerdo a la visión de cada cual, en materia de asignación de los recursos públicos? El Parlamento tendrá la última palabra, como corresponde en democracia.
Mientras, Chile está enfrentado a grandes decisiones. El uso de los excedentes del cobre nos lleva a optar entre la óptica liberal de mantención de un Estado mínimo o la de avanzar a un Estado de bienestar moderno, lo que viene eludiéndose desde 1990 por el empate político prolongado que en este aspecto ha devenido la transición.
El actual período de bonanza hará posible acumular una reserva nunca vista, aunque debiera ser aún mayor si tuviéramos un royalty acorde con el hecho que los minerales pertenecen a toda la Nación y no a las mineras privadas, que este año van a recuperar toda la inversión realizada y luego llenarse de utilidades que debieran beneficiar a los chilenos. ¿Qué hacer entonces? Dejar que la regla presupuestaria opere e incrementar el gasto público de acuerdo a los mayores ingresos permanentes provenientes de un mayor crecimiento potencial y de un mayor precio de largo plazo del cobre. Eso sí: sin inventarse nuevas reglas para contener artificialmente el gasto público, como quieren los ideólogos liberales.
Para los que consideramos que el gasto público es muy insuficiente en Chile (basta ver el nivel miserable de las pensiones), que este crezca mucho más que el PIB en 2007 es bienvenido para avanzar del actual 20% sobre PIB a una cifra mayor. A los liberales les recordamos que en EEUU y Japón este gasto es del 37% del PIB en 2005, para no provocar irritaciones con el 56% de Suecia y el 54% de Francia, economías que se comportan bastante bien, por lo demás. Chile requiere y puede construir un Estado de bienestar decente.
Además, debemos constituir un fondo con los recursos que no son ingresos permanentes, y financiar con los intereses (evitando presiones sobre el tipo de cambio) nuevas tareas de desarrollo. Con proyecciones razonables de precio del cobre, tendremos unos 20 mil millones de dólares adicionales en 2006 y 2007. Si identificamos proyectos de infraestructura o de capital humano de alta rentabilidad social, es pertinente también usar por una vez una parte de lo acumulado, dando lugar a un incremento adicional temporal del gasto público, en vez de esterilizar ingresos en transferencias cuantiosas e innecesarias para recapitalizar el Banco Central, por ejemplo. Si principios como estos generan un consenso en la coalición de Gobierno, entonces podrían evitar las descalificaciones acerca de qué ministro lo ha hecho mejor en Hacienda o qué partido es más audaz en materia social. Se podría así dejar trabajar al Gobierno para que ejecute los programas de 2006 con marcha acelerada, como viene haciéndolo, y haga su propuesta de presupuesto para 2007. ¿Por qué no reemplazar la polémica estéril por un buen y libre debate en el Parlamento y en la sociedad sobre el tipo de país que queremos y sacar las conclusiones que corresponda, de acuerdo a la visión de cada cual, en materia de asignación de los recursos públicos? El Parlamento tendrá la última palabra, como corresponde en democracia.
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