miércoles, 26 de julio de 2006

La responsabilidad de gobernar

Gobernar democráticamente es avanzar hacia objetivos legitimados por la soberanía popular respetando el Estado de derecho y al ritmo que este permite. Cuando la sociedad es especialmente fragmentada y socialmente polarizada como la chilena, se requiere autoridad y mucho sentido de la articulación de intereses diversos. Gobernar es también el arbitraje entre presente y futuro, que supone en ocasiones convocar a los ciudadanos a sacrificios hoy para un mayor bienestar mañana. Difícilmente quien construye su opción política sobre la base del halago inmediato de la opinión podrá luego poner a quienes ha buscado representar en la perspectiva larga de la construcción de mayores grados de bienestar colectivo. Y fracasa, pues el bienestar de las naciones requiere construcciones en base a esfuerzos sistemáticos.
Se puede discurrir mucho sobre modelos pero finalmente los países que logran éxito en materia de prosperidad y trato justo e igualitario a sus ciudadanos son los que son capaces de tener continuidad de sus políticas en el tiempo, e instituciones capaces de realizarlas, incluso en los momentos difíciles en los cuales se producen circunstancias de desconexión temporal con el sentimiento mayoritario. Desde la responsabilidad de gobernar no se concuerda siempre con el interés inmediato de unos y otros. Justamente esa es la virtud de la democracia representativa: es en determinados momentos -a la hora de la renovación periódica de las autoridades y no todo el tiempo o bien por tal o cual tema específico- que los ciudadanos hacen su balance. Los gobiernos volubles ante la opinión nunca avanzan mucho, porque esta es con frecuencia también voluble.
Las sociedades necesitan ser representadas para tener una mínima coherencia y las instituciones públicas que emanan de ella puedan actuar, disminuyendo así tanto la dispersión como la ineficacia que terminan deslegitimando a la democracia. Para algunos, la democracia exige minimizar la representación e instaurar algo así como un régimen de la opinión pública. Pero este no es un buen sustituto de los procedimientos deliberativos, pues la democracia no es un régimen de consulta sino un sistema que combina diversos criterios: la participación de los ciudadanos, la transparencia y calidad de las decisiones y el ejercicio de las responsabilidades. Puede haber más participación efectiva a través de un debate público abierto y sustancial que con un simple voto, o peor aún una medición de la opinión a través de una encuesta, lo que no quiere decir que sean prescindibles, sino que son parte de los procedimientos democráticos, tan insustituibles como insuficientes para una democracia de calidad.
El gobierno demoscópico, en la expresión de Daniel Inneraty (ver
www.lecturas-gm.blogspot.com), cuyo razonamiento se sigue aquí de cerca, consiste no en la representación de la voluntad mayoritaria, consustancial a la democracia, sino en sacralizar a la opinión pública, a veces dejando que los acontecimientos discurran al ritmo de las emociones mediáticamente construidas[1]. La principal fuente de malestar político no es tanto lo que hacen los responsables políticos, sino lo que dejan de hacer, su falta de creatividad, su carácter reactivo.
La representación es una relación que suele decepcionar, pero que no es prescindible, salvo al precio de despojar a la esfera política de toda capacidad de acción coherente. Y siempre cabe mejorar la comunicación entre los representantes y los representados, considerar qué grupos pueden estar subrepresentados o corregir la desigual capacidad de organización de los intereses sociales. Pero si existe necesidad de representación y mediación de la esfera política es porque el pueblo real es siempre lo suficientemente complejo como para que ninguna de sus manifestaciones pueda resumirlo de manera satisfactoria. El pueblo es siempre difícil de descifrar y es tanto sujeto central como gran ausente de la política, que nadie puede encarnar plenamente, que únicamente puede ser definido a través de una representación múltiple. El corporativismo, ciertas formas de entender la identidad o el género, suponen una concepción del sistema político en la que se ha disuelto toda visibilidad de conjunto. Se asientan en el prejuicio de que los atributos del elegido garantizan su representatividad.
La representación no es una mera transposición de las características de la sociedad civil a la sociedad política, no es una mera expresión de lo social, sino un espacio de creación, lo que no se consigue sin esfuerzo. La política se convierte en una tarea imposible cuando se rige por la exigencia de traspasar al sistema político el esquematismo de los intereses de los grupos de la sociedad civil. La sociedad quedaría entonces inmovilizada en una suma de reivindicaciones incapaces de dar lugar a esquemas estables, creativos y productivos de acción colectiva. Contra lo que suele decirse, nuestros problemas políticos no se originan tanto en la distancia entre los representantes y los representados, sino en la dificultad de legitimar democráticamente esa distancia de manera que sirva a la coherencia y operatividad de la sociedad.
La consecuencia democrática del reconocimiento de la complejidad del pueblo exige que se multipliquen sus modos de expresión, que ninguno de ellos se totalice. Precisamente por ello es tan conveniente la pluralización de las temporalidades de la democracia, de modo que el espacio público sea el lugar en el que se articulan los diversos tiempos sociales: el tiempo largo de la memoria y de los valores compartidos, el tiempo variable de las diversas instituciones y especialmente de las representativas, el tiempo corto de la opinión. La vida política está hecha de la interacción entre esas temporalidades. La democracia se degradaría si sacrificáramos esta diversidad en el altar único del ritmo frenético de la opinión pública con sus pulsaciones instantáneas.
Hay quien, para hacer frente al hecho de que las sociedades complejas no se dejan representar ni movilizar con facilidad, tiene en mente la antidemocrática respuesta autoritaria, o quien, a la inversa, desearía que la presencia de los ciudadanos en la política fuera tan permanente y omnipresente como la de los consumidores en la economía. Pero en ambos casos se anula el momento deliberativo de la democracia, que permite articular y proyectar. La expresión del pueblo queda reducida a la inmediatez de los intereses, proceso en el que al final del día prevalecen los de los poderosos en medio de demandas clientelares de los sectores subordinados a la postre reducidas, de acuerdo con la nueva ortodoxia económica, a programas sociales focalizados. Las políticas sociales para los pobres terminan siendo políticas sociales pobres.La desigualdad crea de antemano una distancia entre gobernantes y gobernados, que sólo se resuelve parcialmente en la medida en la que aquéllos garantizan el acceso a los recursos públicos. Según este razonamiento, la clave para resolver el problema de la desafección hacia la democracia está en desarrollar políticas sociales universales que ofrezcan una alternativa a las estrategias clientelares tradicionales o modernas.
La desigualdad conduce a que la desconfianza se convierta en la regla del juego en la vida social. Como subraya Ludolfo Paramio, la confianza interpersonal de las sociedades latinoamericanas es muy baja, y se establece en el marco de la familia extensa. No es extraño entonces que los vínculos de amistad y de familia hayan sido históricamente la forma de relacionarse con el poder y con los recursos públicos. Para salir de ese círculo vicioso se necesitan políticas públicas duraderas y estables que ofrezcan una alternativa universalista a los intercambios particularizados propios del clientelismo
[2].
No tiene entonces ningún sentido atribuir a la sociedad o una ciudadanía abstracta e indeterminada la responsabilidad de acometer las grandes transformaciones sociales que pueden esperarse de la política. Si acaso el deseo más profundo de nuestras sociedades apunta hacia una política con capacidad creativa, lo que sería más respetuoso con la democracia que la política reducida a demoscopia, entonces está la opción del ejercicio responsable de la representación, especialmente para atacar el mal mayor de nuestras sociedades, la desigualdad, y la incapacidad de los gobiernos para ofrecer alternativas modernas al clientelismo.
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[1] Daniel Inneraty, El nuevo espacio público, Espasa Calpe, Pozuelo de Alarcón, 2006.
[2] Ludolfo Paramio, “América Latina y su mudable amor por la democracia”, Fundación OSDE, Todavía n°12, diciembre de 2005.

2 comentarios:

Anónimo dijo...
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