Piñera escondido tras el ejército
20-10-19
Aumentar sin más el valor del transporte colectivo a partir de un algoritmo retrata el paradigma tecnocrático del actual y anteriores gobiernos, que consideran que la distribución de los ingresos (que resulta de situaciones de poder más que de productividades de unos y otros) y la fijación de tarifas de servicios básicos (hay costos que considerar pero también subsidios sociales indispensables) son un problema "técnico".
Quisieran que la sociedad no existiera, ni se pronunciara, ni opinara. Salvo en elecciones cada tanto, en todo caso dominadas por el poder del dinero que logra elegir a muchos representantes a su servicio o bien domesticados en la protección de sus intereses.
Al cerrar líneas de Metro el gobierno colapsó la ciudad completa el viernes 18 de octubre y generó una presión masiva y espontánea en las estaciones clausuradas, lo que permitió a grupos de jóvenes que son violentos porque no creen en la palabra, enceguecidos y encapuchados, colarse para destruir un bien público tan valioso como el Metro. Simplemente lo hacen porque es lo que tienen por delante para expresar su rabia, sin visión ni capacidad de razonamiento.
Si a eso sumamos los gases lacrimógenos por doquier, el cuadro se configuró para horas de violencias urbanas en muchas partes de la ciudad, en una mezcla de protesta popular legítima y de violencia destructiva.
Razonar un poco indica que manifiestamente esta violencia no lleva a nada, salvo producir miedo, deslegitimar la expresión masiva de malestar y justificar la represión, pero estamos frente a pulsiones primitivas que la sociedad y las instituciones logran cada vez menos canalizar hacia proyectos organizados de cambio.
La respuesta del Estado de Emergencia y del toque de queda es una brutalidad, seguida del retroceso en el aumento de la tarifa del transporte colectivo.
Constituye el mayor fracaso de Piñera, que se remite a los reflejos de la derecha más básica, la que solo sabe responder a la protesta social a palos y sacando los militares a la calle. Ya van 308 detenciones.
Está agregando bencina al fuego lento del descontento frente el abuso cotidiano y la desigualdad generalizada. El ejército terminó ocupando la ciudad de Santiago y patrullando las calles.
Se expresa de nuevo de manera descarnada el miedo de las oligarquías al pueblo y el reflejo ancestral de los dueños del poder económico: si a los que viven precariamente de su trabajo no les gusta la desigualdad que resulta de la brutal concentración de los ingresos y la subordinación del trabajo, entonces entiéndanse con los militares y los órganos de represión.
La autoridad civil desapareció tras los nuevos voceros uniformados, que han tomado el control. Y lo primero que han hecho es suspender el festival de las 40 horas, claro.
La movilización social organizada, la desobediencia civil no violenta, el uso de las instituciones democráticas para cambiar las cosas, han perdido mucha de su legitimidad porque no producen resultados tangibles, o muy pocos o en plazos muy largos.
Ese fue el diseño esencial de la derecha a lo Jaime Guzmán: aceptar a regañadientes el fin de la dictadura pero dando lugar a un sistema político en el que las instituciones democráticas sean impotentes y, en nombre de la autonomía y autoregulación del mercado, no interfieran en las estructuras de desigualdad ni en la economía no suficientemente regulada y sus resultados de concentración de capital, de subordinación del trabajo y de exclusión social.
No se extrañen ahora los bien pensantes y neoliberales de unas y otras tribus de privilegiados que la oposición a la injusticia social, a la ausencia de igualdad de oportunidades, al clasismo, a la discriminación, a la vida cotidiana difícil, a ciudades hostiles, al sub-equipamiento urbano, a las falencias de los servicios educativos y de salud, a las pensiones paupérrimas y a los efectos del cambio climático, se exprese en descontento social difuso y no representado (ahí está la raíz de la abstención electoral) y en crecientes violencias urbanas.
Es el resultado de la ceguera de la derecha -y de la falta de capacidad de respuesta de la izquierda- al impedir por décadas el funcionamiento de una democracia socialmente efectiva en Chile, por la que muchos pujamos sin éxito en la transición.
Ceguera que se expresa en estos días con una mayoría espúrea en el parlamento que está ocupada en bajarle los impuestos a los más ricos, en "flexibilizar" aún más el trabajo o en terminar de legitimar las AFP.
Piñera no reacciona
20-10-19
Impresionante que Piñera no reaccione y se limite a suspender el alza en las tarifas del transporte colectivo y que presidentes del Senado y la Cámara del Diputados digan banalidades y no señalen que la prudencia y las convicciones democráticas deben llevar a levantar de inmediato el estado de emergencia que no ha servido para nada que no sea exacerbar la polarización social.
Resistir en la calle
21-10-19
Resistir en la calle -aquí en Plaza Italia- el estado de emergencia y el cercenamiento de nuestras libertades es un acto legítimo frente a la arbitrariedad del gobierno de Piñera. Con orgullo hemos visto la valentía de nuestros jóvenes y con rabia los disparos de fuerzas especiales directamente al cuerpo de manifestantes.
El gobierno ha entendido poco lo que pasa
22-10-19
El gobierno oscila entre la convicción presidencial de la presencia de un “enemigo en guerra” que quiere desestabilizar al gobierno y la necesidad de tomar iniciativas como las anunciadas esta noche del 22 de octubre, que tienen el mérito de volver el debate al parlamento y atender en el margen algunas necesidades sociales, como aumentar a algo más de 130 mil pesos las pensiones solidarias, aunque sea poco y tarde.
Pero cabe hacer diversas objeciones. Establecer un ingreso laboral básico subsidiado algo superior al salario mínimo no hará sino presionar a la baja los salarios en las empresas para hacer recaer la mayor proporción posible en el Estado. Mucho más sentido tiene un aumento sustancial de la asignación familiar, por ejemplo a 25 mil pesos. Por otro lado, no se retira la reintegración tributaria que rebaja los impuestos a los más ricos en 800 millones de dólares -aunque se establece un nuevo tramo de impuesto personal de 40% sobre 8 millones de pesos de ingresos mensuales, pero que rendirá solo 160 millones de dólares- ni la reforma previsional que mantiene a las AFP lucrando indebidamente con las pensiones. Se fortalece en algo los seguros de salud para enfermedades catastróficas pero no se avanza a un fondo integrado que proteja de manera suficiente y universal a las personas frente a la enfermedad ni mecanismos ciertos de rebaja de los precios de los medicamentos. Nada se dice sobre la concentración económica y sobre los abusos en los servicios básicos, salvo retrotraer las recientes alzas de tarifas de transporte y electricidad.
Y sobre todo Piñera persiste en el craso error de mantener a los militares en la calle y el toque de queda en la mayor parte del país, lo que solo genera más violencias y alarma social.
Para no hablar de la ausencia de toda referencia a la cuestión medular: un nuevo orden político que emane del pronunciamiento democrático y que consagre derechos fundamentales negados desde la dictadura a las chilenas y chilenos, y es especial el derecho a determinar su modelo de convivencia y el orden económico-social de su preferencia.
Canal 7 acaba de mostrar imágenes en directo de militares disparando con sus armas largas a manifestantes en Plaza Nuñoa. Parece que si están en guerra contra ciudadanos que reclaman su derecho a manifestarse y a no acatar el estado de emergencia, mientras no actúan o lo hacen muy tarde contra los saqueos e incendios. Piñera debe detener todo esto terminando con el estado de emergencia o pasará a la historia como un aspirante a dictadorzuelo arrogante, inepto e incluso criminal, parapetado detrás de los militares para esconder su incapacidad de gobernar democráticamente. Las imágenes son indignantes.
La gente no está en la calle porque quiere divertirse: quiere cambios en su situación cotidiana, si no mañana en la mañana al menos en un plazo razonable. Lo que mantiene la situación actual de movilización, en la que se cuela el lumpen, es la ausencia de respuesta. Carabineros e Investigaciones están en condiciones de controlar las violencias delincuenciales con una mejor disposición de sus fuerzas y en conexión con los vecinos. Mantener un toque de queda prolongado es un esfuerzo operativo gigante e inútil.
¿Hacia donde va el estallido social de octubre?
23-10-19
Los acontecimientos vividos en estos días serán objeto de análisis por mucho tiempo. Pero no es aventurado conjeturar que todo parte en la naturaleza del actual gobierno -el del poder económico y de los privilegiados- que prometió un nuevo dinamismo que simplemente no podía concretar y que no cuenta con mayoría parlamentaria ni apoyo social suficiente. Fue elegido legítimamente en 2017, pero solo por el 27% de las personas con derecho a voto.
Este estallido no fue planificado por nadie ni dirigido por nadie, expresando un hartazgo frente a múltiples situaciones que ahogan al ciudadano común y el sentimiento de que la democracia es impotente frente a los poderes económicos, o que derechamente las instituciones no están a su servicio.
La crisis se desencadenó con las alzas de tarifas y un pésimo manejo de la protesta estudiantil en el metro y de las violencias irracionales ocurridas a partir del “viernes de la furia”, respondidas con el cierre de líneas de metro que colapsaron la ciudad, dejando a millones de ciudadanos a la deriva y con un enojo a flor de piel que derivó en un estallido social.
Hay una primera capa de esta reacción inesperada: la que se expresa en las redes sociales, en las ocupaciones de calles y plazas, en las manifestaciones espontáneas, en los caceroleos autoconvocados, prolongados y en todas partes de las ciudades, incluso en barrios de más altos ingresos. Esa protesta es masiva, legítima, democrática y ha sido de una magnitud inédita y fuertemente desconectada de toda representación política.
La segunda capa es la que protagonizan aquellos que rompen equipamientos urbanos y destruyen bienes públicos construidos por el esfuerzo de generaciones de trabajadores y trabajadoras. Esto es fruto de la suma de minorías radicales, de reacciones espontáneas de furia y de la acción del lumpen. No merecen apoyo alguno, por mucho que se pueda entender su frustración patológica, porque atentan contra las mayorías que trabajan. Nadie que se diga de izquierda o progresista debe tolerar estas acciones y debe contribuir en lo que pueda a rechazarlas y aislarlas. Estas acciones son funcionales al gobierno y la derecha pues contraen la masividad y continuidad de las legítimas movilizaciones y expresiones populares de protesta y su capacidad de hacer retroceder al gobierno y su gestión al servicio de los más ricos.
La tercera capa es la del saqueo y el robo, que requiere ser contenida con la fuerza policial y la auto-organización en los barrios, como ha venido ocurriendo. Pero la lógica meramente represiva de Carabineros contribuye muy poco, pues no distingue entre ciudadanos movilizados, jóvenes radicalizados y lumpen y suele reprimirlos a todos por igual, indiscriminadamente. El trato a los detenidos es violento y no respeta los derechos de las personas. La policía uniformada y las fuerzas especiales deben ser profundamente reestructuradas y transformadas, pues hoy se encuentran puestas en cuestión por la corrupción de sus anteriores mandos y su lógica de represión ciega, alimentando las violencias ante que conteniéndolas.
La cuarta capa es la del incendio de distintos tipos de lugares. Allí se han producido una parte de los muertos en estos días. Uno tiene la legítima duda de cuanta provocación hay en estos actos, eventualmente de quienes quieren exacerbar políticamente la situación para derivarla a una nueva dictadura. En la lucha contra la dictadura de Pinochet nunca se apuntó a saquear ni incendiar lugares. El esfuerzo siempre fue -al menos por parte de los que no estábamos, aunque fuera legítima, por la opción de la lucha armada- el de buscar la masividad y persistencia de las protestas y la desobediencia civil.
Las destrucciones ciegas son un fenómeno de hoy, y requieren ser distinguidas con precisión en sus causas y efectos y atacadas con la reprobación social generalizada y con una actuación policial efectiva en vez de la represión también ciega, salvo que el gobierno esté expresamente buscando crear una situación de miedo generalizado para volcar la situación a su favor. Si así fuera, eso se llama jugar con fuego.
El estado de emergencia y el toque de queda han sido inútiles, peligrosos, han traído a los militares a las calles generando una situación explosiva y un riesgo de masacre y de espiral de violencia antes que su control.
Mantener un toque de queda prolongado es un esfuerzo operativo gigantesco y bastante inconducente. Nada impide devolver a los militares a los cuarteles, dejar a la gente manifestarse y que Carabineros e Investigaciones controlen las violencias del lumpen con una mejor disposición de sus fuerzas y articulación con las personas movilizadas y con los vecinos. Mantener el control de miles de posiciones territoriales es lo que impide actuar con prontitud y eficacia frente a saqueos e incendios.
No parece que haya más de dos vías para salir de la crisis. La primera es la prolongación del estado de emergencia y de los toques de queda en múltiples ciudades para configurar una suerte de golpe de Estado legal, con el apoyo de partidos de seudo oposición que “se ponen a disposición para apoyar la vuelta del orden”. La segunda es el inmediato cese del Estado de emergencia y del control militar en las principales regiones del país y el inicio en el parlamento y en espacios sociales del debate, ojalá acompañado de un acuerdo amplio, sobre:
- un nuevo pacto político básico a través de una asamblea constituyente plural y democrática elegida en 2020 y convocada por el actual parlamento para redactar en un año una nueva Constitución.
- un nuevo pacto social, con retiro de la reforma tributaria que rebaja los impuestos a los más ricos y de la reforma previsional que relegitima a las AFP, entre otras medidas y
- un nuevo pacto territorial que parta por darle más capacidades fiscales a las nuevas autoridades regionales a ser elegidas en 2020.
A quienes la desesperanza impulsa a considerar necesario el estado de emergencia -y a lo mejor el estado de sitio- cabe señalarles que la crisis se superará solo respondiendo a la demanda social en diálogo con la oposición y con las organizaciones sociales.
La gran tarea es terminar con la fractura social
24-10-19
El gobierno oscila entre la convicción presidencial de que está “en guerra contra un enemigo poderoso” que quiere desestabilizarlo y la necesidad de tomar iniciativas como las anunciadas el 22 de octubre, que tienen al menos el mérito de volver el debate al parlamento y atender en el margen algunas necesidades sociales, aunque sea poco y tarde. Esta opción es ciertamente mejor que la de la deriva autoritaria en la que se ha embarcado el gobierno desde el viernes 18 de octubre.
Más allá de aumentar a algo más de 130 mil pesos las pensiones solidarias y otras medidas menores de alivio, cabe hacer objeciones a la lógica de la respuesta gubernamental. Establecer un ingreso laboral básico subsidiado algo superior al salario mínimo no hará sino presionar a la baja los salarios en las empresas para hacer recaer la mayor proporción posible en el Estado. Mucho más sentido tiene un aumento sustancial de la asignación familiar, por ejemplo, a 25 mil pesos por carga. Por otro lado, no se retira la reintegración tributaria que rebaja los impuestos a los más ricos en 800 millones de dólares -aunque se establece un nuevo tramo de impuesto personal de 40% sobre 8 millones de pesos de ingresos mensuales, pero que rendirá solo 160 millones de dólares- ni la reforma previsional que mantiene a las AFP lucrando indebidamente con las pensiones. Se fortalece en algo los seguros de salud para enfermedades catastróficas, pero no se avanza a un fondo integrado que proteja de manera suficiente y universal a las personas frente a la enfermedad ni mecanismos ciertos de rebaja de los precios de los medicamentos. Nada se dice sobre la concentración económica y sobre los abusos en los servicios básicos, salvo retrotraer las recientes alzas de tarifas de transporte y electricidad. Ni sobre la inseguridad económica generalizada.
Sebastián Piñera persiste, además, en el craso error de mantener a los militares en la calle y el toque de queda en la mayor parte del país, lo que solo genera más violencias y alarma social. El control del lumpen ha fracasado sacando militares a la calle e instaurando el toque de queda, que obliga a un despliegue general de inmensos recursos humanos, en vez de focalizarlos en los actos de violencia. Para no hablar de la ausencia de toda referencia a la cuestión medular: un nuevo orden político que emane del pronunciamiento democrático y que consagre derechos fundamentales negados desde la dictadura a las chilenas y chilenos, y es especial el derecho a determinar su modelo de convivencia y el orden económico-social de su preferencia.
La fractura social chilena va a permanecer mientras el sistema político no se aboque a “terminar con el Estado subsidiario y establecer en plazos breves un Estado inversor, activo frente a los riesgos y solidario para disminuir las brechas sociales y territoriales que fracturan a Chile”, como escribí por ejemplo en 2016, para los que creen que estos temas no se vienen debatiendo desde hace mucho tiempo. Soy de los que opina públicamente desde los años 1980 que la fractura social chilena se debe a la instauración por la fuerza, como en casi ninguna otra parte del mundo, de una sociedad de mercado sin límites.
He escrito una y otra vez que, siguiendo el pensamiento igualitario, todo mercado, aunque sea irreemplazable para asignar recursos descentralizadamente en diversas esferas, es un sistema depredador en tanto está basado en la codicia de los participantes y en el temor (los demás son una amenaza al propio éxito). La paradoja del mercado “reside en que 1) recluta motivaciones bajas para 2) fines deseables; pero 3) también produce efectos no deseados, incluida una significativa e injusta desigualdad” (Gerald A. Cohen). La economía de mercado desregulada y su creciente financiarización es la fuente del capitalismo en tanto sistema en el que el que trabaja es desposeído de los medios para producir y de los frutos de su producción, sistema concentrador por definición y que constituye la base de la desigualdad moderna, como han demostrado los trabajos de Thomas Piketty. Y además es la fuente de la creciente destrucción ecológica del planeta.
Para superar la desigualdad y la insostenibilidad económica, que en el caso de Chile ha alcanzado ribetes paroxísticos, se debe transformar la sociedad y concebirla como el predominio de una red de provisión mutua basada en la reciprocidad en tanto “principio antimercado según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”. Reciprocidad que debe hacerse predominante (Serge Ch. Kolm) y acompañarse de la provisión estatal de bienes de consumo colectivo (Joseph E. Stglitz) y asegurar la preservación de los bienes comunes (Guy Standing). Las empresas con fines de lucro pueden ser un motor económico parcial en tanto estén social y ecológicamente reguladas, mientras las empresas “mixtas”, que incluyen motivos de servicio a la sociedad y de bienestar de sus trabajadores y no solo el rendimiento accionario, están llamadas a expandirse junto a la economía social y solidaria y la provisión pública para alcanzar un bienestar crecientemente equitativo y sostenible.
El funcionamiento social de reciprocidad existe cotidianamente en muchas esferas, empezando por la familiar y del cuidado. Y se ha expresado en estos días en toda la solidaridad de los unos con los otros frente a la carencia de transporte y de abastecimientos o la vigilancia compartida frente al lumpen. No es una utopía, es el futuro necesario. La economía de mercado debe regularse de modo sistemático y restringirse a lo estrictamente necesario. La fractura social chilena no podrá ir cerrándose si el mercado no sale al menos y a la brevedad de la educación, la salud, las pensiones, el transporte público, los equipamientos colectivos y el acceso al empleo, a ingresos básicos y a financiamiento de actividades económicas de interés general. Ahí está el futuro y no en un neoliberalismo universalmente fracasado.
La lógica del mercado y su tendencia al monopolio y el predominio del afán de lucro hoy siguen prevaleciendo en nuestra sociedad porque el poder del dinero logró controlar el sistema político, aunque muchos nos resistimos sin éxito por dentro y por fuera de las estructuras de poder. Contra él en definitiva se rebeló el pueblo chileno en estos días. Estamos frente a una rebelión social y no frente a un “deseo de destrucción completa del orden social” (Kaiser), una “conmoción pulsional generacional” con “humo, ruido, furia” (Peña) o “un malestar adolescente tremendo, furibundo” que produce “un fenómeno destructivo, que los grupos políticos organizados canalizan en favor de sus propias convicciones” (Capponi) y otras banalidades que no quieren asumir el profundo conflicto de intereses presente en la sociedad chilena. Estos seudo intelectuales se remiten a una visión reaccionaria a lo Hobbes del orden social y a recomendar más represión. Si de simplificar se trata, quedémonos con Pierre Bourdieu y su énfasis en la importancia de la lucha y el conflicto en el funcionamiento de la sociedad, dados sus procesos de diferenciación en campos en los que se expresan jerarquías y oposiciones entre agentes dominantes y dominados.
Ahora que los dominados han entrado en rebelión contra los dominantes en Chile, el desafío colectivo de los primeros es dejar atrás la anomia que se traduce en inconsistencias como sustraerse de la participación política o en destrucciones y encauzar su lucha por derechos a través de los instrumentos de la movilización democrática persistente y plural. Y obtener una rearticulación de los agentes políticos dispuestos a representar los intereses de los dominados y dominadas que aspiran a superar las estructuras de desigualdad y el orden político y constitucional que las sostienen para mejorar sus condiciones de vida y su reconocimiento en el funcionamiento de la sociedad.
Imaginando un cronograma de salida a la crisis
26-10-19
Tal vez la salida a la crisis puede ser un plebiscito a ser convocado por el Congreso y a ser realizado en marzo de 2020 con la pregunta:
"¿Está usted de acuerdo con elegir una asamblea constituyente en octubre de 2020 que redacte una nueva constitución que sea plebiscitada en noviembre de 2021?
-Si
-No".
Me imagino un cronograma así:
- Octubre/Noviembre 2019: acuerdo político de convocatoria a una Asamblea Constituyente a través de un plebiscito habilitante.
- Noviembre 2019/enero 2020: tramitación de ley de plebiscito.
- Marzo 2020: plebiscito.
- Abril/Septiembre 2020: tramitación en ambas cámaras de reforma constitucional para asamblea constituyente.
- Octubre 2020: elección de asamblea constituyente de 500 personas por los actuales distritos con listas de partidos y de independientes distribuidos por cifra repartidora, en paralelo a elecciones de gobernadores y municipales.
- Noviembre 2020/octubre de 2021: redacción de nueva Constitución.
- Noviembre de 2022: plebiscito de nueva Constitución, en paralelo a elección presidencial.
La desobediencia civil es necesaria
27-10-19
Si se define la desobediencia civil como el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento, entonces es hoy indispensable practicarla en la situación chilena actual frente al Estado de emergencia que cercena nuestras libertades y da cobertura a una represión ilegal inaceptable.
Todo el problema político y social que asola a nuestro país es fruto de las secuelas de la dictadura y de la recuperación inconclusa de una democracia en forma en los años posteriores. Las clases privilegiadas lograron mantener hasta hoy su diseño de un sistema institucional destinado a que no se exprese la soberanía popular ni el principio de mayoría en las decisiones públicas. Se terminó consagrando en Chile el poder de veto sobre la sociedad de las minorías económicamente privilegiadas que retomaron el poder a través de un golpe de Estado en 1973. Solo se vieron obligadas a entregar el poder en 1990 por la desobediencia civil y social creciente expresada en las protestas y por el desborde exitoso logrado por las fuerzas democráticas en el plebiscito de 1988. Los militares poco a poco decidieron no seguir acompañando irrestrictamente a las clases privilegiadas en la mantención de sus intereses al observar que su rol de defensa nacional podía estar en riesgo en algún momento del futuro próximo. Pero a larga, hasta aquí, ha sido derrotado el intento de consagración de la democracia plena que estuvo en la base del acuerdo político inicial de las fuerzas que gobernaron desde 1990. El problema se remonta a que Jarpa y Allamand no respetaron sus compromisos con Patricio Aylwin en 1989 sobre realizar, una vez elegido el primer parlamento, las reformas políticas que restablecieran el principio de mayoría (esto está ampliamente documentado, por ejemplo en el libro de Carlos Andrade Geywitz, disponible en memoriachilena.gob.cl), argumento a partir del cual el entonces presidente del PDC convenció al resto de fuerzas de la Concertación de aceptar el pacto de transición inicial (que dicho sea de paso es totalmente público) para dar lugar a la elección de 1989.
La democracia terminó por no funcionar, aunque se lograron avances importantes en crecimiento, en derechos humanos, en terminar con los senadores designados y, más recientemente, con el sistema binominal. Pero ahí sigue el éxito de la derecha y la debilidad del centro y la izquierda institucional en la mantención de los quorum supramayoritarios de formación de la ley y de reforma a la constitución y un tribunal constitucional militantemente contrario a la voluntad popular en todo lo que aumente derechos sociales o el rol del Estado en la economía. Los mea culpa no deben impedir recalcar una realidad básica: es la conducta sistemáticamente antidemocrática de la derecha la que terminó finalmente desacreditando a los representantes políticos en su conjunto a los ojos de la mayoría social, que acumuló frustraciones y la percepción de que un acuerdo de élites dominaba el país sin que el pueblo tuviera nada que decir. Hoy la derecha está pagando las consecuencias de su conducta pertinaz, aunque demuestra escasa capacidad de asumir esta realidad.
La estructura institucional que anuló la soberanía popular y el principio de mayoría es la que ha permitido que se impida la puesta en práctica de políticas que muy probablemente son mayoritarias en la sociedad. Parte del problema es que justamente no sabemos exactamente si lo son o no porque la arquitectura de decisiones públicas prevaleciente no permite averiguarlo, provocan una mayor irritación pou¡pular, si cabe, frente a la falta de resolución democrática de sus demandas. Así, las clases privilegiadas han impedido el control público de los recursos naturales y de las rentas que generan, la negociación colectiva efectiva de las condiciones de trabajo en las empresas, terminar con el sistema de salud dual para ricos y pobres, terminar con las barreras a la igualdad de oportunidades en la educación o con un sistema de jubilaciones con altísimas utilidades de los operadores privados y con pensionados quebrados. Los poderes monopólicos se adueñaron de la economía y han consagrado una gigantesca concentración de la riqueza y los ingresos.
Soy de los que propició, y volvería a hacerlo, la desobediencia civil y una salida pactada a la dictadura, lo que requería compromisos necesariamente muy debatibles en 1989. Para muchos de nosotros se trataba de una etapa eminentemente transitoria, que debía evolucionar a la brevedad hacia la democracia plena y el establecimiento de un Estado democrático y social de derecho al servicio de las mayorías populares.
Muchos apostamos a lo largo del tiempo a lograr un desborde democrático progresivo frente a este bloqueo institucional planteado por la derecha y su soporte, el gran empresariado, mediante las sucesivas elecciones de autoridades validadas por el voto ciudadano. Pero la falta de resultados económico-sociales generó el desgaste ante una ciudadanía que decidió abstenerse crecientemente desde 1997 de participar en las elecciones. Y provocó el alejamiento de muchos al observar que la Concertación no parecía ya comprometida con los cambios que prometió en sus luchas de 1988 y su programa de 1989. Al cabo de 20 años, afloraron además los acomodos frente al poder, diversas corrupciones y corruptelas, la aceptación del financiamiento de las campañas por el gran empresariado y su resultado principal, la captura del poder de representación por el poder económico. Además, se produjo un giro hacia el neoliberalismo de muchos actores políticos y tecnocráticos que se proclamaban progresistas o socialdemócratas. En realidad dejaron de serlo hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fueron, lo que se expresa en que no aceptan ninguna de las posiciones básicas de esa corriente (impuestos redistributivos altos, sindicatos fuertes, servicios públicos extendidos, regulación de la economía, promoción pública de la innovación). La creciente inconsistencia de las fuerzas que lucharon contra la dictadura llevó a su derrota en 2009 y a un primer gobierno de la derecha política y empresarial, que ya tuvo que experimentar un primer gran estallido social en 2011.
La coalición de centro e izquierda se amplió al PC en 2013, pero el conservadurismo democratacristiano y los ministros económicos neoliberales se dedicaron con gran entusiasmo y éxito a boicotear el programa de Bachelet II, incluyendo los cambios constitucionales y sociales, lo que terminó en la descomposición e ilegitimación final de las fuerzas que gobernaron desde 1990. El nuevo gobierno de la derecha partió relativamente bien, pero sin mayoría parlamentaria y con solo un 27% del voto de los ciudadanos, lo que simplemente nunca entendió. Su voluntad contrareformista, y la pretensión de rebajar los impuestos a los más ricos y consagrar la privatización de la seguridad social, terminó en la actual explosión social.
El gobierno decidió reprimir a la sociedad -más que a la delincuencia- con un estado de emergencia, militares en las calles, toques de queda y balas por doquier. No cabe la violencia ni la destrucción, que solo legitiman la regresión represiva, pero si la desobediencia civil ante las restricciones a las libertades y la represión ilegal, hasta que las primeras se restablezcan y las segundas cesen. Yo personalmente asisto como ciudadano común y corriente a manifestaciones a las que según la ley no debiera concurrir porque no están autorizadas. Y lo seguiré haciendo al margen de la “norma de la que se tiene obligación de cumplimiento” por fidelidad a los principios democráticos y en homenaje a las y los que han dejado su vida en su defensa.
Una buena noticia
27-10-19
Se levantó el estado de emergencia: victoria de las ciudadanas y ciudadanos y de todo el pueblo de Chile. Ahora hay que seguir por un plebiscito que habilite una asamblea constituyente para que entre todos y todas, democráticamente, reemplacemos el modelo de desigualdad, privilegios y abusos vigente. Y es también el momento de reclamar institucionalmente responsabilidades políticas.
Un cambio de gabinete irrelevante
29-10-19
El cambio de gabinete no contribuyó a la vuelta a la calma en las calles porque simplemente no abordó los temas de un nuevo pacto social y constitucional. Pareció sólo un cambio de personas que a la gente, y en especial a la que está dispuesta a seguir movilizada, no le dijo nada. O que le dijo que se intentará que todo siga básicamente igual.
Hay quienes en el gobierno y la oposición no quieren entender que la desconfianza de la sociedad con el mundo político es total y que ya no se trata de condenar las destrucciones, anunciar un espíritu de diálogo y ya está. Demos por hecha la condena a las destrucciones -que por nuestra parte realizamos desde el principio entre otras cosas porque afecta la legitimidad y amplitud de la movilización social- y trabajemos por un nuevo pacto social y constitucional. La insistencia de los nuevos voceros de gobierno en que se condene la violencia es a estas alturas simple majadería con intención de manipular a la opinión pública -por lo demás demasiado evidente como para no provocar más irritación- con el fin de no abordar la nueva agenda de cambios políticos y sociales urgentes.
Es la falta de respuesta del gobierno lo que tiene de nuevo las calles incendiadas, en donde se infiltra la violencia del lumpen y de provocadores irracionales que no siempre es controlada por la policía. Y que sigue reprimiendo a manifestantes no violentos.
No nos confundamos: la respuesta conservadora y represiva es la que radicaliza todo, radicalización y violencia sobre la que juega el gobierno para deslegitimar los cambios necesarios.
La salida a la anomia y la violencia no será fácil. Debe estructurarse una salida política legítima, es decir basada en el pronunciamiento popular. No se avizora otro mecanismo que no sea un plebiscito que habilite a una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución. Es el pueblo el que debe decidir sobre el régimen político y económico que quiera darse a partir de esta crisis. El "régimen de la transición" ya no se sostiene. Y en simultáneo debe avanzarse en medidas sociales de corto plazo como el aumento sustancial de las pensiones solidarias y el ingreso mínimo, avanzar a la jornada de 40 horas y la baja de tarifas de transporte, electricidad y agua, junto al control de precios de medicamentos y el retiro de las rebajas tributarias a los más ricos y de los proyectos que buscan mantener privatizada la seguridad social.
Los que están llevando el país a la catástrofe son los que quieren dejar los privilegios y la desigualdad tal como están. Su ceguera es cada día que pasa más increíble.
Cambio constitucional y medidas sociales urgentes para salir de la crisis
31-10-19
La acción política debe producir resultados para los sectores sociales que se quiere representar y los proyectos de sociedad que se quiere defender, antes que remitirse a emociones justificables pero con baja probabilidad de modificar el orden existente. Los que creemos en la acción política transformadora y de izquierda por cauces democráticos debemos realizar algunas distinciones.
Siempre en un primer nivel debe estar la defensa por principio y en toda circunstancia de los derechos humanos. Por eso perseguir la responsabilidad judicial en las violaciones de los derechos humanos de estos días es indispensable.
Y también se debe perseguir la responsabilidad política, en particular la de quien estaba a cargo del orden público, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Una acusación constitucional es el camino, tal como se anuncia.
En segundo lugar, debe estar la búsqueda permanente de la traducción pendiente de los derechos democráticos fundamentales en el plano constitucional. Esto solo puede provenir de una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución. Debe elegirse a la brevedad y plantearse como una exigencia irrenunciable al gobierno de derecha como factor crucial de la salida a la crisis social y política actual.
No asumirlo, como demuestra ser hasta aquí la actitud de un gobierno a la deriva que ha anunciado de manera fallida un paquete social menor y un cambio de gabinete irrelevante, es simplemente prolongar la crisis o bien preparar nuevos estallidos sociales.
En tercer lugar, está la defensa de los avances en las condiciones de vida de las mayorías y de los grupos sociales de menores ingresos en la sociedad eminentemente desigual en la que vivimos. El horizonte de la transformación hacia una sociedad equitativa y sostenible es nuestra razón de ser. Esto está sujeto a restricciones de mayorías políticas en el parlamento y de recursos presupuestarios.
La clave de la acción política transformadora es buscar siempre crear las condiciones para que los avances se produzcan, incluso cuando se está en la oposición, apoyando la movilización social y articulando mayorías parlamentarias, una y otra vez, aunque se fracase coyunturalmente.
En este caso, se debe plantear un aumento sustancial de la pensión básica solidaria, llevándola a 200 mil pesos de inmediato, un ingreso mínimo de 500 mil pesos en un año y avanzar en cinco años a las 40 horas, junto a fijar precios de los medicamentos, fortalecer los presupuestos de la salud primaria y de los hospitales públicos y disminuir las tarifas del agua potable, electricidad y transporte, fijando rentabilidades máximas de 5% para todo operador de servicios básicos. Este es un terreno en el que las soluciones planteadas, que tienen un costo, tienen que ser justas y sostenibles. Por ello, es indispensable que la mayoría opositora obligue al gobierno a renunciar a mantener privatizada la seguridad social, a retirar la reintegración tributaria a los más ricos por 800 millones de dólares, a establecer una tasa de 50% en el impuesto global complementario (como existió en Chile hasta 1993) a los ingresos sobre 10 millones de pesos mensuales y avanzar a un impuesto al patrimonio sobre las personas que pertenezcan al 1% de mayor riqueza.
Lo que está en juego es empezar a revertir la gigantesca concentración del ingreso acumulada en Chile en las últimas décadas. Además se debe recuperar el control nacional sobre la renta de los recursos naturales, expandiendo el sector público cuprífero y creando una empresa nacional del litio, además de aumentar sustancialmente las regalías mineras.
En cuarto lugar, están las aspiraciones legítimas pero que tienen o bien una baja probabilidad de avanzar o una racionalidad discutible. Esto siempre es un tema de apreciación y por tanto eminentemente debatible para todo actor político y social.
La emocionalidad debe ser parte de los procesos de deliberación de este tipo, pero a la larga no debe ponerse en el centro de la acción política.
A todos nos gustaría que la derecha dejara el poder mañana en la mañana, pero eso solo sería posible con una insurrección que tendría un costo altísimo en vidas humanas, con una muy baja probabilidad de éxito y con la instauración de quizás qué régimen político, o bien con una acusación constitucional que requiere dos tercios del Senado, lo que hoy no existe.
Lo mismo puede decirse de una reforma constitucional para la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas, que tampoco contaría con las mayorías suficientes.
La exigencia de avanzar a un calendario concreto de elaboración de una nueva Constitución y tomar medidas sociales de envergadura en lo inmediato es lo que parece debiera mantenerse en el centro de la acción política de estos días.
Una mirada inicial a la crisis
03-11-19
La crisis de octubre de 2019 tiene diversos antecedentes que la explican, aunque su desencadenamiento, extensión y duración han sido sorpresivos e inéditos en la historia de Chile.
Chile goza de una imagen de estabilidad institucional histórica no siempre justificada. Por ejemplo, el 2 de abril de 1957, en un clima de alta inflación y descontento social, un alza de las tarifas del transporte público ya había generado un estallido social con 20 muertos. El entonces presidente demoró solo un día en derogar el alza de las tarifas y reestructurar su gabinete. Luego, en 1964-70 y 1970-73 gobernaron fuerzas reformistas que realizaron una reforma agraria con muchas convulsiones y nacionalizaron el cobre y los recursos naturales, junto a actividades industriales, de distribución y bancarias en este último caso, con gran resistencia interna y externa. Este proceso, en el contexto de la guerra fría, terminó en un golpe de Estado en 1973 y en una dictadura militar que duró hasta marzo de 1990, que llevó la experimentación neoliberal hasta límites que trascendieron lo económico y llevaron a la privatización educativa y de la seguridad social a niveles no conocidos en el siglo XX.
No siempre se recuerda que la transición ordenada de los noventa no ocurrió en Chile sin antes producirse un proceso masivo de desobediencia civil entre 1983 y 1986, con unos 600 muertos en manifestaciones callejeras y protestas nocturnas en los barrios, que antecedió la victoria de las fuerzas democráticas en 1988 en un plebiscito en el que la dictadura buscaba legitimarse. Este dio lugar a una transición pactada que permitió a los militares mantener diversos privilegios y mantuvo en la constitución un poder de veto a las fuerzas políticas que lo apoyaron, a pesar de importantes reformas sucesivas, la mayor de las cuales se produjo en 2005 en el gobierno del socialista Ricardo Lagos.
No obstante, se mantuvo un sistema supra-mayoritario de formación de leyes orgánicas y altos quórum de reforma constitucional, junto a un tribunal constitucional contra-mayoritario que ha impedido diversas reformas impositivas y sociales aprobadas por el parlamento. En 2011, se produjeron manifestaciones y huelgas estudiantiles masivas en el primer gobierno de Sebastián Piñera demandando gratuidad en la educación escolar y superior. Pero esto se tradujo en solo una modificación parcial de una de las educaciones más privatizadas del mundo. En marzo de 2018, junto con asumir por segunda vez el gobierno el actual presidente ante el colapso de la coalición de centro e izquierda, se produjo una inédita y masiva movilización en las calles por demandas feministas. El nuevo gobierno de Sebastián Piñera partió relativamente bien, pero sin mayoría parlamentaria y con solo un 27% del voto de los ciudadanos. Su voluntad contrareformista en relación a las legislaciones en materia de impuestos y educación del gobierno de la presidenta Bachelet de marzo 2014-marzo 2018, y la pretensión de rebajar los impuestos a los más ricos y consagrar la privatización de la seguridad social, terminó, junto a un larvado proceso de descontento social y de deslegitimación de la representación política, en la actual explosión social.
Se llegó a la crisis cuando, en la primera semana de octubre de 2019, el gobierno de Sebastián Piñera aumentó en $30 la tarifa del Transantiago, aduciendo que esta tarifa fue fijada por un Comité de Expertos basado en los efectos del alza del dólar y del petróleo. El gobierno no está obligado a fijar la propuesta del Comité de Expertos y en realidad el Comité de Expertos fijó un alza de $20. A su vez, el alza del dólar no ha afectado mayormente a la tarifa del metro, dado que el valor del dólar incide sólo en el precio de la electricidad, el cual tiene contratos firmados por lo menos para los próximos 2 años. El resultado fue desencadenar en la segunda semana de octubre una serie de movilizaciones de estudiantes, que llamaron a diversas manifestaciones en las que ingresaban masivamente a estaciones de metro sin pagar. El 18 de octubre se produjeron ataques violentos, destrucciones e incendios a unas seis estaciones de metro, probablemente por grupos radicalizados de ultra izquierda de pocos miembros. El gobierno reaccionó cerrando las principales líneas de de metro alrededor de las 15 horas, dejando sin transporte para volver a sus casas a cerca de dos millones de santiaguinos. Esto provocó incidentes violentos en toda la ciudad e incendios y saqueos en la noche, que se extendieron en los días siguientes a las principales ciudades del país.
Así, la crisis se desencadenó con las alzas de tarifas del transporte y un mal manejo de la protesta estudiantil en el metro y de las violencias ocurridas a partir del “viernes de la furia” del 18 de octubre, respondidas con el cierre de líneas de metro que colapsaron la ciudad, dejando a millones de ciudadanos con un enojo a flor de piel que derivó en un estallido social. Este no fue planificado por nadie ni dirigido por nadie, expresando un hartazgo frente a múltiples situaciones que ahogan al ciudadano común y el sentimiento de que la democracia es impotente frente a los poderes económicos y que las instituciones están a su servicio, de una magnitud inédita y fuertemente desconectada de toda representación política.
El gobierno reaccionó declarando el estado de emergencia constitucional -que no requiere de ratificación del congreso antes de 15 días- y toque de queda en las principales ciudades entre el 19 y el 26 de octubre, sin perjuicio de la persistencia desde entonces de manifestaciones autoconvocadas sin permiso de la autoridad y de protestas con barricadas e incendios en algunos barrios. Hasta el dos de noviembre, más de cuatro mil personas han sido detenidas, se han producido 20 muertes, se ha presentado 179 querellas ante la justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos -órgano autónomo dependiente del ministerio de justicia- contra la policía y militares, de las cuales 132 son por 132 son por torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, abuso sexual y heridas a bala o por perdigones o gomas. La Cruz Roja estima que ha habido 2 500 heridos por la represión policial y militar, incluyendo 157 lesiones oculares.
El momento de mayor tensión se vivió cuando el 21 de octubre el presidente Piñera afirmó que el país estaba “en guerra con un enemigo poderoso”, sin precisar quién era ese enemigo poderoso y cuales serían sus próximos pasos. En las horas siguientes, el General Iturriaga, Jefe de Plaza en Santiago a cargo de las tropas bajo estado de emergencia, desmintió a Piñera y expresó que no estaba en guerra con nadie. En cualquier otra circunstancia, este Jefe de Plaza debió haber sido destituido por desobediencia, pero no lo fue. Es más, el Ministro de Defensa no se pronunció al respecto. Ese mismo 21 de octubre, el presidente Piñera presentó al parlamento el proyecto de ley que le permitiría dejar sin efecto el alza de las tarifas del Metro y el Transantiago.
El 22 de octubre, se filtró un mensaje de WhatsApp enviado por Cecilia Morel, esposa del presidente Piñera, expresando a un grupo de amigas que “estamos sobrepasados por una invasión de extranjeros o alienígenos”. Primero, el gobierno negó su autenticidad y luego reconoció que era efectivo. El senador de derecha Ossandón expresó que esa no era una apreciación de Cecilia Morel sino que el clima que se respiraba en la Moneda en ese momento.
El 23 de octubre, el presidente Piñera pidió perdón por no haber entendido antes el malestar ciudadano, expresando que este malestar se venía gestando desde hace décadas, pero sin pedir perdón por su declaración de guerra. El mismo 23 de Octubre, el presidente Piñera anunció un conjunto de medidas de una Agenda Social en la cual se destaca un incremento inmediato de un 20% del Pilar Solidario del sistema de pensiones, un incremento del salario mínimo de un 10 % pagado por el Estado y la agregación de un tramo adicional de un 40% del impuesto global complementario para los ingresos superiores a unos 10 mil euros mensuales.
El 24 de Octubre, el presidente Piñera anuncio un proyecto de estabilización de los precios de la electricidad, evitando alzas hasta 2022 mediante un acuerdo con las operadoras privadas del sector.
El 25 de Octubre, el presidente Piñera anunció que se modificaba el actual proyecto de ley de pensiones aumentando el Pilar Solidario en un 20% e incrementando la cotización empresarial con destino solidario de un 0,2% a un 1%. Con lo cual, el proyecto de ley tiene el mismo aporte solidario del proyecto presentado en su día por Michelle Bachelet. El mismo 25 de Octubre, el ministro del Interior declaró en la Cámara de Diputados que el no tenía responsabilidad política frente a los de represión producidos.
Pero lo más notable fue la respuesta de la calle ante los anuncios presidenciales. El viernes 25 de octubre se produjo la que se denominó la "Marcha más grande de Chile", que convocó según la cifras oficiales a más de 1,2 millón de personas en Santiago, además de cientos de miles en regiones. En Valparaíso y Viña del Mar el domingo siguiente marcharon cerca de 100 mil personas. La encuesta Cadem tomada el jueves pasado registró un apoyo al gobierno de solo un 14%, que bajó a 13% una semana después.
El 26 de octubre el presidente Piñera terminó por solicitarle la renuncia a todos los ministros. El mismo 26 de Octubre, anunció que el toque de queda se levantaba en todo el país. El 27 de octubre se levantó el Estado de Emergencia.
El lunes 28 de octubre, Piñera realizó un cambio de gabinete. Los nuevos ministros, encabezados por Gonzalo Blumel, que asumió en Interior, son jóvenes y sin perfil propio, por lo que su gestión política será una incognita, entre las tantas que se presentan en estos días en Chile. Acompañanan a Blumel los nuevos ministros Lucas Palacios en Economía; Karla Rubilar en la vocería; María José Zaldívar en Trabajo; Ignacio Briones en Hacienda; Felipe Ward en la Secretaría de la Presidencia; Julio Isamit en Bienes Nacionales; y Cecilia Pérez, la hasta entonces vocera, en Deporte. En el nuevo gabinete los ministros principales (Interior y Hacienda) son del pequeño partido Evópoli, que tiene una base parlamentaria reducida pero que cuenta con la confianza del presidente Piñera para abordar el desafío de avanzar a una nueva etapa en el país y superar la crisis.
No es casual que haya sido removida la figura clave de los dos gobiernos de Piñera, el primo del presidente Andrés Chadwick, en el ministerio del Interior, un dirigente del sector más conservador de la derecha con amplia experiencia, desde su participación en funciones políticas en la dictadura militar, y que lideró la respuesta de sesgo represivo ante la crisis. También fue removido el equipo económico de más confianza de Piñera, encabezado por Felipe Larraín (Hacienda), que fue ministro exiotoso en el primer gobierno del actual presidente en 2010-2014, junto a Juan Andrés Fontaine (Economía) y Nicolás Monckeberg (Trabajo), pero que en la actual etapa mostraron un estilo poco empático (Larraín recomendó comprar flores porque habían bajado de precio al ser preguntado por el costo de la vida frente a las remuneraciones y Fontaine recomendó levantarse más temprano para aprovechar la tarifa rebajada ante el alza del transporte) y erraron en el diagnóstico de la desaceleración económica experimentada en el último año.
El 30 de octubre el presidente Piñera decidió suspender las cumbres APEC y COP25, las que estaban agendadas para noviembre y diciembre de este año, asumiendo un alto costo de imagen internacional.
En la oposición, por su parte, se manifiesta una dispersión y una tendencia a privilegiar en lo inmediato una acusación constitucional contra el presidente Piñera y el ministro Chadwick. En el caso del presidente, se requiere dos tercios del Senado, por lo que su destitución no es viable. No obstante, el Frente Amplio, la nueva expresión política de izquierda surgida de las movilizaciones de 2011, y el Partido Comunista persisten en esta idea. En el caso de Chadwick, se puede reclamar su responsabilidad ante las violaciones de derechos humanos producidas desde el 18 de octubre, aunque ya no ejerza el cargo, hasta por tres meses después. Ya se activó en la Cámara de Diputados un procedimiento que le puede despojar de sus derechos políticos por cinco años, el que cuenta con el apoyo de toda la oposición.
Por otro lado, el grueso de la oposición apunta a presionar al gobierno para se realice, convocado por el gobierno y el parlamento, un plebiscito que dirima la convocatoria a una asamblea constituye que redacte una nueva Constitución antes del fin del mandato del actual presidente, en 2022. Ninguna de las tres constituciones con las que ha contado Chile, las de 1833, 1925 y 1980 (con reformas sucesivas, en especial en 2005), han tenido origen en procedimientos directamente emanados de la soberanía popular ni han sido consensuales. Muchos en la oposición confían que una postura de este tipo le permitiría conectar con una parte al menos de las demandas expresadas de manera inorgánica en las manifestaciones y protestas de octubre. Ha jugado un cierto rol la llamada Mesa Social, compuesta por organizaciones sindicales y sociales encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores, aunque su plataforma por el momento recoge demandas muy heterogéneas y no se ha manifestado disponible para ningún diálogo con el gobierno, que tampoco lo ha buscado.
La urgencia de detener el daño a los ojos de los manifestantes
07-11-19
Aquí hay que partir por el principio. No veo a la derecha condenando la violencia policial y escucho al gobierno calificándola de “errores”. Y no entiendo por qué la oposición bien comportada, además de condenar la violencia, no plantea antes que cualquier otra cosa la exigencia al gobierno de prohibir el uso de perdigones y balines en el arsenal represivo de Carabineros, como en su momento una parte de ella planteó con éxito el cese inmediato del estado de emergencia. Un protocolo que señale que deben dispararse al cuerpo y no a los ojos es simplemente inútil. Deben prohibirse y punto, sencillamente porque producen un daño irreparable. Esta medida inmediata y de sentido común debe concretarse con urgencia, sin perjuicio de la necesidad de una reforma de fondo a los procedimientos policiales
En efecto, ¿qué justificación puede tener disparar perdigones y balines a los ojos de los manifestantes, o en el mejor de los casos a su cuerpo? La mayoría de ellos no comete acto alguno de violencia, sino que ejerce su legítimo derecho a la protesta. Y a los que destruyen hay que detenerlos y remitirlos a la justicia, ¡no dejarlos ciegos, heridos, golpeados o vejados! Al hacerlo, solo se está alimentado día a día más violencia, en una espiral sin fin. También debe prohibirse el uso de gases disuasivos dañinos para la salud.
En el tema de fondo de la crisis que vivimos, hay que ser tan firmes contra la violencia destructiva como contra la violencia policial. Y también contra las causas estructurales de la violencia -la desigualdad y los abusos de poder- que está asolando a nuestra sociedad. Nada de esto parece entenderlo demasiado el gobierno.
La violencia policial es intolerable
09-11-19
La diferencia entre las destrucciones urbanas de grupos irracionales, los saqueos del lumpen y la violencia policial es que esta última es el ataque directo a personas por parte de funcionarios del Estado, con frecuencia de manera indiscriminada, lo que le confiere una responsabilidad particular en la grave crisis que vivimos.
Carabineros no solo está ejerciendo de manera sistemática una violencia ilegítima al disparar perdigones y balines a los ojos y al cuerpo de manifestantes (e incluso e insólitamente de niñas al interior de un liceo por parte de un mayor de Carabineros), la mayoría pacíficos, al lanzar gases dañinos en las calles (e incluso e insólitamente como ayer al interior del Hospital Gustavo Fricke) y al detener personas sin justificación alguna (e incluso e insólitamente a un vice-superintendente de Bomberos de Talca), sino que además golpea de manera cobarde a detenidos en buses y comisarías, junto a sistemáticas injurias y vejaciones. Carabineros está descontrolado y alimenta una suerte de guerra urbana, dándole más espacio y alimentando la furia de los grupos irracionales que solo encuentran en la destrucción su modo de expresarse, sin lograr su indispensable control y aislamiento. Mientras, la política no abre los cauces para darle efectividad institucional a las demandas de la protesta social, especialmente por la resistencia del gobierno a hacerlo (Piñera declara hoy en EM que está preparando un cambio constitucional ¡después de tres semanas!, y sin poner ningún plazo de anuncio), y no logra detener la espiral de destrucciones, violencia policial y más destrucciones.
La respuesta debe ser de tanta firmeza contra las destrucciones urbanas como contra sus causas. Y de primordial rechazo a la violencia policial: el Estado debe controlar la violencia, no ejercerla ni exacerbarla. Y la respuesta de la sociedad debe ser seguir manifestándose hasta conseguir un nuevo pacto social y constitucional en el país.
Los temores frente a una salida democrática a la crisis
12-11-19
Son recurrentes los temores del mundo conservador ante la idea de una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución. Este puede ser el mecanismo clave, construido a partir de las instituciones vigentes mediante un amplio acuerdo, para facilitar una resolución de la actual crisis de legitimidad del sistema político. Hay quienes no asumen que el país se encuentra en un estado de rebelión social multiforme, no desencadenado ni dirigido por nadie en particular, pero que debe buscar una vía de salida democrática.
Pero ese miedo no tiene sentido si se considera que la asamblea o convención constituyente es el más razonable mecanismo para construir un nuevo orden político legítimo. Que haya sido usado por Maduro u otros no lo descalifica como tal, del mismo modo en que no se descalifica el sufragio universal o la existencia de tribunales de justicia por el hecho que hayan sido utilizados por uno u otro régimen autoritario para fines no democráticos. Recordemos que quien aludió a la asamblea constituyente para reemplazar a la constitución de Pinochet fue Eduardo Frei Montalva en 1980.
Sería dramático para el futuro de Chile constatar que los conservadores solo buscan que el régimen político actual sea mantenido a toda costa para preservar lo que hasta ahora han logrado mantener y para ellos es esencial, es decir el derecho a veto de la derecha y las minorías económicamente dominantes sobre la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Y que siga funcionando el sustrato autoritario del orden político chileno. Recordemos que las constituciones de 1833, 1925 y 1980 nacieron de mecanismos no democráticos.
El país no tiene por qué repetir su pasado. Si lo que se quiere es concordar nuevas reglas del juego respetadas por todos como alternativa a la violencia para resolver los conflictos, el gobierno y el congreso deben actuar rápido. ¿Por qué no reformar la constitución para, mediante plebiscito o directamente habilitar una asamblea constituyente elegida en octubre de 2020 que redacte una nueva constitución que entre en vigencia junto con el próximo presidente en marzo de 2022? Es allí donde, por ejemplo, la propuesta de Andrés Allamand de establecer un régimen semi-presidencial debe ser discutida. Si se debate en el actual Congreso, con el derecho a veto de la derecha y el desprestigio generalizado de la actual representación política, la legitimidad de un eventual nuevo orden democrático partirá herida de muerte. La rebelión social estará siempre a la vuelta de la esquina porque la mayoría entiende que hoy el orden político protege las desigualdades injustas y los privilegios del poder. Es lo que se ha expresado en las calles desde el 18 de octubre.
El partido del orden tergiversa la historia
12-11-19
No soy de los que les gusta comentar a comentaristas. Pero en su columna de El Mercurio del 10 de noviembre, Carlos Peña vuelve a hacerse el adalid del partido del orden, cargando con virulencia inusitada contra los intelectuales que no querrían asumir como éxito propio la "modernización capitalista" que debieran aplaudir y que ahora unos vándalos están amenazando.
Y esto ocurre a pesar de que él le explica el supuesto éxito de la mentada modernización a estos intelectuales todos los domingos desde el medio emblemático de la derecha chilena.
Estos serían unos necios que no entienden que la "mejoría en el bienestar material de los chilenos ha sido resultado de las últimas décadas y, en especial, de los veinticuatro años de gobiernos de centroizquierda" bajo Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, "y sus abundantes ministros, embajadores, asesores" que "contribuyeron a ello".
Supongo que me encuentro entre los aludidos, pues soy doctor en economía, profesor titular de la Universidad de Santiago y autor de una decena de libros y muchos artículos, lo que infiero me daría credenciales de intelectual.
Fui además subsecretario en La Moneda de Aylwin y Lagos, dirigente y presidente de un partido de Gobierno y embajador del primer mandato de Bachelet.
Aquí viene la acusación: "Pero los mismos intelectuales que fungieron de funcionarios de esos gobiernos —y que no dijeron palabra mientras ayudaban a que lo que hoy llaman neoliberalismo se construyera— ahora descubren que todo eso, nada menos que dos décadas y media de gobiernos, fue un gigantesco error, un error moral que pareciera justificar las demasías de estos días".
En mi caso, por lo menos, es mentira aquello de "no dijeron palabra" y "ahora descubren". Escribí, por ejemplo, un texto en 1993 –hace 26 años– siendo subsecretario de Aylwin, y que a él no le gustó pero que entendía era parte de un debate legítimo, llamado La Transición Inconclusa, en el que afirmaba que no ha terminado la transición y recalcaba que no se había hecho una justicia necesaria en materia de violación de los Derechos Humanos.
Añadía que en "la próxima etapa política de la Concertación deberá mantener su voluntad de terminar con los senadores designados, con la actual composición del Consejo de Seguridad Nacional, con la actual forma de generación de la Corte Suprema, con el rol de la Justicia Militar, con la inamovilidad de los comandantes en jefe y con la legislación que expresa la no sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. Se deberá mantener la tesis de disminuir los quorum de reforma de la Constitución y de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales. También deberá mantenerse como compromiso programático y político concreto con nuestros socios de coalición avanzar en la creación de condiciones de reforma del sistema electoral para establecer uno de carácter proporcional y en el establecimiento de un régimen semipresidencial".
Concluía que es "universalmente aceptado que el mercado no puede producir bienes públicos ni corregir las desigualdades sociales, ni proteger el ambiente y que el Estado debe proveer infraestructuras y servicios y asegurarle ingresos mínimos a la población más pobre, interviniendo en los mercados de trabajo y de capital para redistribuir los ingresos y orientar el crecimiento. Chile debe seguir avanzando hacia una economía solidaria, en la que el mercado opere donde sea posible asignar descentralizada y eficientemente los recursos y el Estado donde sea necesario actuar solidariamente en beneficio del interés general".
Escribí un libro en 1999, hace 20 años, que abundaba en estas posturas y que llamé "Gobernar el Mercado" y en 2007 otro que llamé "Remodelar el Modelo" e innumerables artículos a lo largo del tiempo en el mismo sentido.
Al asumir como presidente del PS hace 15 años, en 2003, señalé: "Dice la UDI: Senado sin designados, porque ya sirvieron lo suficiente sus intereses, y con sistema binominal, para que todo esté siempre empatado. Una vez más para que no puedan gobernar las mayorías, sino que mantengan el poder de veto las minorías privilegiadas de Chile. ¡Como si la gente no se diera cuenta que a la derecha le interesa mantener ese poder de veto para defender los privilegios de los más ricos y que la sociedad no pueda decidir democráticamente de qué manera quiere vivir y solucionar sus problemas cotidianos!".
Y agregué: "Más allá de que es posible introducir mucha eficiencia en el desempeño del sector público, no cabe duda que deberá aumentar el gasto público en la próxima década hasta no menos de un tercio de la economía si no queremos sufrir brutalmente las consecuencias de la inestabilidad del mundo y mantener la impresionante desigualdad que permanece entre nosotros".
Ese gasto público sigue siendo hoy de solo 23% del PIB, en vez del 33% que los socialistas de entonces reclamábamos.
Pues bien, muchos seguimos pensando lo mismo que se expresó en el debate entre "autoflagelantes y autocomplacientes" hace décadas. Chile, a pesar de un leve progreso medición a medición, está en el rango de mayor desigualdad en la distribución de ingresos en el mundo, como otros países latinoamericanos, y su sistema de impuestos y transferencias no la disminuye, como es el caso de casi todos los países de la OCDE.
La pertinacia de la derecha en mantener un sistema político que no hace efectivo el principio de mayoría y que ha sido intervenido de manera corrupta por el poder económico ha terminado por deslegitimarlo por completo. Esto se explica por sus resultados en materia de extrema concentración de la riqueza, con un crecimiento que benefició mucho más a los privilegiados que a la mayoría social y una prosperidad plagada de inseguridades cotidianas y de falta de movilidad social para sectores medios tradicionales y emergentes, junto a la persistencia de un 20% que vive en la pobreza multidimensional (según los datos oficiales), es decir, en la precariedad y la exclusión.
Esos resultados, que muchos venimos previendo y criticando desde hace décadas, y que intentamos remodelar desde dentro sin éxito, tienen una consecuencia inequívoca: se requiere ahora de un nuevo pacto constitucional propiamente democrático que contenga un nuevo pacto social y de sostenibilidad ambiental.
Peña llama a que los intelectuales vean los hechos. Aquí va: el hecho básico es que Chile no ha logrado tener una democracia que deje de lado el veto de la minoría que representa el poder económico en el Parlamento y, por lo mismo, no ha podido aplicar políticas económicas de "crecimiento con equidad" como las postuladas en el programa de Gobierno de 1989 o las de "crecimiento con igualdad" del programa de 1999, en cuya redacción participé.
También lo hice en la gestión de Gobierno para llevar adelante esos programas. Desde La Moneda experimenté en vivo y en directo el bloqueo derechista y la connivencia neoliberal de una parte de la coalición gobernante. Esto no fue fruto de las opciones de una sociedad que hubiera adherido al neoliberalismo, lo que nunca ha ocurrido, sino de bloqueos institucionales ilegítimos, ante cuyos resultados nos encontramos primero con una abstención masiva en los procesos electorales que permitió dos victorias electorales de la derecha, junto a los errores de los que entonces nos dirigieron, y ahora con una rebelión social que cuestiona directamente la legitimidad del orden político y económico existente.
Si muchos se resignaron a los bloqueos institucionales que permitieron una continuidad híbrida del neoliberalismo (la lista es larga), algunos no lo hicimos, aunque quedamos en creciente minoría y con pocos espacios de expresión. Así y todo, somos objeto de estos ataques furibundos, cuya agresividad sorprende, habida cuenta de lo menguado de las filas de los aludidos.
Lo más irrespetuoso es la apelación de Peña a un supuesto deber de lealtad con el derecho a veto empresarial y de la derecha consagrados por la actual Constitución y suponer que reclamar una nueva es atribuirles "a esos violentos actos callejeros la dignidad de un reclamo constitucional". Esta afirmación es el grado cero de la honestidad intelectual y simplemente una bajeza.
También lo es la afirmación según la cual "a la hora de señalar caminos para resolver la crisis, en vez de subrayar la función de las instituciones y el valor de la democracia (que consiste en permitir la competencia pacífica en base a normas) sugieren (imaginándose, sin duda, como miembros de una constituyente) que la salida consiste en restarles lealtad a las reglas hoy existentes retrocediendo a un punto cero donde todo podría reescribirse".
Sí, eso creemos muchos desde siempre, los que luchamos por la democracia, incluyendo en las calles y las barricadas (mientras usted guardaba el silencio contra la peor dictadura de la historia de Chile): hay que reescribir de cero una Constitución que resguarda un orden oligárquico y no expresa la soberanía popular ni el principio de mayoría que son la esencia de la democracia, junto al respeto de las minorías y de los derechos fundamentales.
Eso lo habrán de hacer, por supuesto, personas distintas a los que participamos de la transición. Y la desobediencia civil de estos días es enteramente legítima, la que nada tiene que ver con los actos de destrucción de grupos pequeños e irracionales y del lumpen que hemos condenado todos desde el primer momento.
Carlos Peña se retrata al no haber sido capaz de decir una palabra de condena a la violencia policial, que ha incluido heridas a bala, graves golpizas y vejaciones sexuales, ni al hecho de que cientos de jóvenes estén perdiendo sus ojos fruto de esa represión.
En estos días, cada uno ha tenido la ocasión de demostrar dónde se sitúa. Algunos, en la defensa –incluyendo la violación descarnada de los Derechos Humanos– del orden que nos rige. Otros, en su impugnación y la defensa de la necesidad urgente de iniciar un proceso constituyente, junto a amplias medidas sociales antineoliberales, para salir de la crisis provocada por el Gobierno de Sebastián Piñera y las consecuencias de larga data de un modelo económico excluyente y desigual.
La tragedia de Chile ha sido que este modelo se ha logrado perpetuar gracias a un sistema político que no refleja la voluntad popular, a pesar de los esfuerzos de muchos desde 1990. Voluntad popular que hoy se encuentra en la calle, dado que las instituciones le negaron el derecho a prevalecer sobre el veto de una minoría que concentra y abusa, pese a quien le pese.
La derecha retrocede e impide todo acuerdo
14-11-19
La contrapropuesta constitucional de la derecha de hoy elimina lo esencial: el puente entre la protesta y la rebelión en la calle, por un lado, y las instituciones democráticas, por el otro, a través de un plebiscito en el que se decida elaborar o no una nueva Constitución. Ese plebiscito, en caso de aprobarse la nueva Constitución, debe también dirimir si esta debe ser elaborada por una asamblea constituyente, por el actual Congreso o por una convención mixta entre constituyentes elegidos y parlamentarios en ejercicio.
No contentos con negar un "plebiscito de entrada", que había sido aceptado ayer por Renovación Nacional y hoy por el diputado UDI Jaime Bellolio, esta mañana los tres partidos de la derecha volvieron a actuar en conjunto, presionados por La Moneda, para plantear que la nueva Constitución sea elaborada por una entidad compuesta por una mitad de representantes electos y la otra por parlamentarios en ejercicio, o bien con 40% de ambos y el 20% restante por "expertos" elegidos por la entidad una vez que se constituya. Y además plantean que la nueva Constitución debe tener un quórum de aprobación de tres quintos y dos tercios, con lo que se repetiría el problema que ha originado desde hace treinta años la falta de representatividad del sistema político: el veto de la derecha sobre la mayoría. Una parte de la derecha y del poder económico no han renunciado a seguir prolongando un régimen oligárquico insostenible. Y que ha terminado provocando la persistencia de la desigualdad instaurada con violencia extrema en la dictadura y los abusos de poder en el país, y finalmente haciendo estallar la actual rebelión social inorgánica, que ha dado lugar a persistentes manifestaciones masivas que no van a amainar y a destrucciones de diversa índole que ojalá puedan ser controladas a la brevedad.
El gobierno sigue sin entender lo que pasa, y sigue boicoteando con ceguera histórica una salida democrática a la crisis. Se propone maniobrar, como lo ha hecho la derecha desde la salida de la dictadura, para mantener sus privilegios y relegitimarlos mediante un plebiscito que apruebe una nueva constitución que no cambie nada sustancial. Y muy en especial mantenga la falta de prevalencia de la soberanía popular sobre los intereses del poder económico o de cualquier grupo minoritario.
Además, el gobierno no se ha movido un ápice del misérrimo aumento de la pensión solidaria y del ingreso mínimo, no ha cedido en el necesario control de precios de los medicamentos y en el aumento sustancial de los recursos para la salud púbica, ni en el control de utilidades máximas de los operadores de servicios públicos (transporte, electricidad, agua) mientras no ha tomado iniciativa alguna en materia de deudas en educación o de apoyo a la Pyme condonando multas e intereses. Se ha negado a reunirse siquiera con las organizaciones sociales.
Ante este panorama, no queda sino seguir en el camino de la protesta social, para lo cual ojalá en las calles se redoble el esfuerzo responsable de aislar a los violentos, y de masificar día a día la demanda de un nuevo pacto social y constitucional que abra una nueva etapa en la historia de Chile. Ojalá la consulta municipal del 7 de diciembre sobre la reforma constitucional sea un éxito y que en ella participen millones para volver a situar la salida de la crisis en los cauces racionales de los mecanismos democráticos.
¿Qué pensar del acuerdo constitucional?
15-11-19
El acuerdo de anoche tiene el mérito de permitir un plebiscito en abril sobre una nueva Constitución y sobre qué órgano redactará una nueva constitución, que incluye la opción de elegir una asamblea constituyente en octubre, aunque no la nombra como tal.
El problema es: ¿qué podrá salir de un quórum de 2/3 para aprobar las nuevas normas, que es la condición que puso la derecha e incomprensiblemente le gustó a la oposición tradicional y al FA? Es el veto mutuo garantizado. Esto conducirá a una Constitución minimalista, que dejará muchas cosas a la ley, lo que puede ser bueno. Pero si se verifica, como creo que ocurrirá, un bloqueo por parte de la derecha a la subordinación de las FF.AA. al poder civil, a parte de los derechos fundamentales y a autorizar la capacidad económica del Estado, esto terminará en el colapso del proceso constituyente o su inutilidad. Puede ocurrir que simplemente no se logre redactar una constitución mínimamente coherente desde el punto de vista democrático. O que no sea eficaz para establecer instituciones que permitan avanzar a una prosperidad equitativa y sostenible. Un solo ejemplo: el reconocimiento de los pueblos indígenas requiere hoy 2/3 y la derecha lo ha vetado desde 1990. Resultado: no ha habido reconocimiento de los pueblos indígenas. Ni lo habrá con los nuevos 2/3 en la nueva Constitución, porque la derecha obtendrá al menos 1/3. Ojalá me equivoque.
Y me temo que se terminará concediendo a la derecha muchos de sus vetos constitucionales para evitar el vacío, en nombre de la gobernabilidad. Y nada cambiará mucho.
¡Suerte a los constituyentes!
Después de este acuerdo, cabe ahora luchar porque se incluya una nueva cláusula: cuando no se alcance dos tercios en la asamblea, el tema debe ser dirimido en el plebiscito final por los ciudadanos.
Por qué el acuerdo constitucional no tiene mucho sentido
16-11-19
Partamos por constatar que el acuerdo derecha-concertación-frente amplio no disminuyó la movilización por una salida democrática y social a la crisis, como pudimos constatarlo este viernes. La total ausencia de vínculos entre el debate de partidos que construyó este acuerdo con lo que existe como expresión organizada del movimiento social fue un grave error. Aunque no sea totalmente representativo, es un factor clave a considerar en cualquier resolución de la crisis actual.
Soy de los que cree que el acuerdo constitucional crea más problemas de los que resuelve. El quórum de dos tercios para una asamblea que redacte una nueva Constitución le da un poder de veto mutuo a la derecha y a los otros sectores, salvo que la derecha colapse electoralmente, lo que no creo que ocurra. Si somos todos buenitos habrá una pulcra Constitución de mínimos. En cambio, como creo que ocurrirá, si se expresan los conflictos de intereses existentes en la sociedad, habrá veto mutuo y por tanto colapsará la asamblea y no habrá proceso constituyente. O un acuerdo de madrugada con cualquier cosa para salvar los muebles y una Constitución incoherente, como se hace la política hoy en Chile, que crea más problemas que los que resuelve. Por eso el mecanismo concordado es un error. ¿Por qué tenían que firmarlo con esa precipitación? ¿Por qué no incorporaron en serio al PC, al Pro y al FREVS, en vez de ponerlos frente a un hecho consumado? ¿Por qué no consultaron, al menos, a la Mesa Social? Ahí está la CUT, el Colegio de Profesores, la ANEF, la FECH, que algo tienen que ver con las luchas sociales en el país y en alguna medida algo representan a la gente en la calle, aunque sea una expresión multiforme. Decidieron ignorar a toda expresión social.
De los actuales partidos PS y PPD ya no se puede esperar mucho en materia de respeto al movimiento social, pero sorprende que el Frente Amplio haya hecho lo mismo, después de haber hablado hasta por los codos contra las cúpulas entreguistas y los partidos tradicionales, y terminan haciendo lo mismo y peor.
Desde el segundo en que esto se empezó a fraguar me encontré con la sorpresa que constitucionalistas progresistas defendían los dos tercios con hoja en blanco, con el argumento pueril de que si en algo no hay acuerdo pasa a la ley. Me parece más bien una irresponsabilidad. Ejemplo: si no hay acuerdo sobre la subordinación de las FF.AA. al poder civil, ni sobre la propiedad pública de los recursos naturales, hoy cautelados en la actual constitución (lo primero después de múltiples batallas y lo segundo porque los militares de la época mantuvieron la norma de 1971), entonces ¿pasarán estos elementos básicos a los vaivenes de la ley? ¿Y qué pasa si no hay acuerdo sobre los mecanismos de formación de la ley o sobre los quórum de aprobación de la ley?
¿Qué régimen político y económico-social podría emerger del sistema de vetos mutuos? ¿Cuántos retrocesos se pueden producir? ¿Cuántos factores recurrentes de crisis pueden quedar incluidos?
Cabe esperar que en el trámite parlamentario la derecha más lúcida se dé cuenta que, aunque logró salir del paso y ganar tiempo, dio lugar a una asamblea constituyente a la que le cambió el nombre y en la que se compró un seguro para hacerla colapsar, pero que no es sino una bomba de tiempo que puede mantener una crisis política recurrente. La inestabilidad política y la fractura social no es exactamente el mejor entorno para el funcionamiento de la economía y la derecha debiera entenderlo de una vez por todas y favorecer un mecanismo de elaboración de la nueva constitución que tenga sentido. ¿Alguien se acuerda que con los 2/3 de la constituyente boliviana las normas finales salieron con el parlamento rodeado por miles de manifestantes y finalmente con la derecha denunciando la ilegalidad del proceso, sembrando la semilla del colapso actual y de la vuelta de los militares en la determinación de los procesos políticos?
Y cabe esperar que la ex concertación y los jóvenes del Frente Amplio reconsideren su posición y promuevan en las normas que habiliten el plebiscito que la asamblea constituyente tome decisiones por mayoría simple o a lo sumo de 60% y que los artículos más controversiales sean plebiscitados. Todavía hay tiempo para pasar de un acuerdo precipitado, portador de inestabilidad futura y que dio la espalda al movimiento social, a un nuevo acuerdo más racional, más consultado con las organizaciones de la sociedad civil y que se proponga dotar a Chile de un orden político compartido para varias generaciones.
La página en blanco
18-11-19
Los defensores del acuerdo constitucional insisten una y otra vez en que si no hay mayoría de 2/3 sobre algo en la constituyente no importaría porque pasaría a la ley. No sé cómo llegan tan alegremente a esta conclusión, ni de donde sacan que sería resuelto por mayoría simple, ni menos entiendo qué le encuentran de positivo a un veto mutuo en contraposición a la regla de mayoría democrática.
Me explico: dado que se parte con "página en blanco", la nueva constitución es la que debe establecer las modalidades de formación de la ley y sus quórum de aprobación (hoy, según los casos, son la mayoría simple de los presentes, la mayoría calificada de los miembros de cada Cámara o 4/7 para las leyes orgánicas, junto a 4/5 o 2/3 para las reformas constitucionales). Si no hay acuerdo de 2/3 en la AC sobre esto, ¿qué pasa? No quedaría mecanismo de formación de la ley. Por tanto, las normas constitucionales que no sumen 2/3 no podrían en este caso ser generadas por la ley, pues no se sabría cómo se formaría la ley ni sus cuórum de aprobación. Alguien dirá: razonablemente se pondrán de acuerdo. Es que se necesita dos tercios, lo que no asegura acuerdo alguno. Y la razón anda un poco decaída últimamente en el espacio público chileno. Tampoco excluye la posibilidad de un acuerdo, pero convengamos que sus probabilidades son bajas. Definir las nuevas normas constitucionales es más factible y democrático -dos condiciones que me parecen indispensables- con mayoría simple o razonablemente calificada (hasta 60% en el extremo).
Por eso insisto en que el acuerdo crea más problemas que los que resuelve y que debe ser revisado en beneficio de la República y de la igualdad política en la República. Ojalá me equivoque, pero con el poder de veto mutuo solo se va a prolongar el bloqueo constitucional. Distinto sería que los temas en los que no hay acuerdo sean plebiscitados. Pero tampoco nada de ese orden está incluido en el acuerdo.
La derecha y el principio de mayoría
18-11-19
María José Hoffman en El Mercurio de Valparaíso de ayer: "Cedimos mucho, pero los quórum son necesarios para no someter al país a las mayorías de turno".
Este es el perfecto retrato político de la derecha: nada de ser gobernados por las mayorías. Hay que someter al país a la minoría oligárquica de siempre.
De más está decir que en democracia las mayorías siempre son de turno, por definición, dada la elección periódica de los/las gobernantes.
Que la ex Concertación y parte del Frente Amplio hayan dado curso al veto de la minoría para la elaboración de una nueva Constitución habla mal de una parte del país. En ella se normalizó la idea que la oligarquía -por lo demás inepta y depredadora- debe dominar la economía y por tanto debe disponer de un poder de veto en el sistema político para cautelar sus intereses. Esto ha sido y seguirá siendo inaceptable para las ideas democráticas e igualitarias. A los que dicen que no es así, que el veto es mutuo, les pido que nos expliquen entonces cómo resuelven ese problema. Yo lo que veo es un bloqueo futuro del proceso constituyente.
A las ideas democráticas e igualitarias les queda mucho camino por recorrer. Enfrentan muchos vientos y mareas. Pero llegará el día en que frases como la de la diputada UDI Hoffman serán vistas como piezas de museo, y calificadas como lo que son desde el punto de vista democrático: horrorosas.
Más sobre el acuerdo constitucional
20-11-19
¿Por qué inmiscuirse en el debate constitucional sin ser abogado ni constitucionalista? Cabe hacerlo en tanto ciudadano, lo que basta y sobra para estos efectos. Me remito, además, a la experiencia de haber participado en una reforma constitucional, en este caso la de 1991 sobre la organización territorial de los poderes del Estado.
Ya entonces, al preguntar a unos y otros expertos constitucionalistas sobre cómo abordar el tema, expresaban opiniones muy distintas sobre como avanzar. Pero había que hacerlo con un objetivo político irrenunciable: seguir avanzando para obtener a la brevedad la democratización de los municipios y la creación de los gobiernos regionales.
No quedó sino concluir rápidamente que no hay tal cosa como una "ciencia constitucional" sino "opciones de política alternativas según visiones y, en su caso, intereses". En materias públicas existen distintos criterios que expresan esas visiones e intereses, los que pueden ser construidos y expresados con mayor o menor lógica. Y la experiencia indica que ojalá lo sean con las mayores dosis posibles para evitar los callejones sin salida propios de las improvisaciones. Ese proceso avanzó, después de varios fracasos en reunir los votos necesarios, a través del acuerdo con las fuerzas políticas representadas en el parlamento -y en diálogo con múltiples expresiones de la sociedad civil- sobre un conjunto de normas institucionales y las diversas funciones y atribuciones de los poderes territoriales y las reglas básicas de asignación de recursos para comunas y regiones.
La mayoría de estas normas, sorprendentemente, prevalece hasta hoy. Han sido modificadas en diversos aspectos, pero mucho menos de lo que debían serlo a medida que avanzara el proceso político democrático. De ahí la convicción de que la actual discusión es tan importante, porque se hace solo cada ciertos años cuando se crean ciertas condiciones particulares.
El lunes 18 de noviembre 262 académicos de derecho y ciencia política firmaron una carta donde celebran el acuerdo del 15 de noviembre para una nueva Constitución y refutan los argumentos de los que consideran que el acuerdo tienen visos de ser un callejón sin salida y adolece de una ausencia notoria de interacción con el movimiento social. Cabe hacer un par de comentarios sobre esta declaración. La determinación de las políticas en una sociedad corresponde a la esfera social e institucional pública y a ninguna otra, y menos a una supuesta sapiencia de expertos. Los expertos están para diagnosticar y para ofrecer opciones más o menos coherentes e identificar los costos y beneficios de las distintas visiones, no para sustituirse a la deliberación y decisión democráticas. Los expertos no tienen un mandato, cumplen una función en la que no deben confundir análisis y juicios de valor propios, aunque sea difícil. Afirman los 262: "el quórum de 2/3 acordado busca que la nueva Constitución sea el producto de grandes acuerdos. En la Constitución de 1980 el quórum de 2/3 otorga un poder de veto al sector político que la redactó impidiendo que las mayorías democráticas la reformen. En contraste, en la constituyente el quórum de 2/3 hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías porque se parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular". Ocurre que esa afirmación es muy discutible, porque los 2/3 le dan ventaja al que no quiere proceso constituyente.
Esta mecánica de toma de decisiones puede llevar a un callejón sin salida y no a la indispensable nueva Constitución por primera vez emanada del pueblo, que es la aspiración primordial de los que no aceptan la legitimidad de la constitución del 80, incluso reformada por partes y de manera importante en 2005 (aunque se reconozca su vigencia práctica).
Para Enrique Navarro, un constitucionalista de derecha (porque los hay para todos los gustos), los 2/3 de aprobación es "alto" pero necesario "para que en definitiva entre todos consensuemos un texto", pues en caso de no llegarse a un acuerdo respecto a la nueva Carta Magna, "sigue rigiendo la actual Constitución". Consultado sobre la carta enviada por los profesores, manifestó no estar de acuerdo, ya que "en el fondo esto se va a aprobar en definitiva como un todo". Si no lo es, no hay nueva Constitución.
Esta opinión tiene una traducción política, a través de Andrés Allamand, influyente senador de derecha, con su brutalidad/franqueza acostumbrada: "si un tercio quiere que una determinada materia no aparezca en la constitución, el tercio opuesto puede forzar a que se incluya, ya que de lo contrario no presta su aprobación al resto del proyecto. Así, si dos tercios opuestos se bloquean recíprocamente, el resultado es que la convención fracasa". Y señala que "nunca fue la idea" que las normas constitucionales sin quórum de 2/3 quedaran fuera del texto y se tramitaran luego como leyes. Ena von Baer abundó en que “si un grupo radical se niega a incorporar una institución fundamental, es probable que no exista nueva Constitución, pues no se alcanzará el consenso necesario de 2/3”. JVR apoyó la tesis de Allamand.
Así va a operar el bloqueo de la derecha. En especial en materia de quórum de leyes orgánicas y de reforma constitucional futura, y en especial en materia de mantención de un Tribunal Constitucional con capacidad de actuar contra las decisiones mayoritarias más allá de os derechos fundamentales. Y entonces los "moderados" van a aceptar lo que le interesa a los que están por mantener la sociedad de privilegios, con el argumento de "no hacer fracasar la nueva constitución" y en nombre del "realismo político". Se habrá avanzado poco, luego de tantos sacrificios. Ese es el problema con el acuerdo firmado.
Ahora Gabriel Boric dice que no es lo que firmó y que si es así hasta ahí no más llega. Y Fernando Atria señala que "estas declaraciones deben ser tomadas en cuenta. Y lo que hay que decir es claro: si ellos tienen razón, el acuerdo es un tongo". ¿No era que aprobaban y apoyaban todo, incluyendo el bloqueo mutuo de la "página en blanco" que evidentemente puede terminar en el colapso del proceso constituyente? Uno de los firmantes del apoyo al acuerdo, Diego Pardow, declaró que hay que hacer como en Sudáfrica, es decir plebiscitar los desacuerdos para desbloquear el proceso. Excelente idea. El problema es que no está en el acuerdo.
Ojalá entonces todos los que ahora empiezan a ver las consecuencias de lo que firmaron o apoyaron hagan lo que tienen que hacer: respaldar la urgencia de reformular el acuerdo para al menos reemplazar los 2/3 por un quórum inferior o bien plebiscitar los desacuerdos en los temas fundamentales, junto a consagrar la paridad de género, la cuota indígena y las agrupaciones de independientes en los convencionales/constituyentes, así como el voto obligatorio a partir de los 16 años. Y que su número sea muy superior al actual Congreso para permitir la expresión de las distintas voces de la sociedad chilena. De otro modo, la radical separación entre el sistema político y la mayoría social va a permanecer y con ella la fractura de la sociedad chilena entre los privilegiados que concentran la riqueza y el poder y el resto.
Cuesta entender por qué la ex Concertación y la mayoría del Frente Amplio firmaron el "acuerdo de madrugada", que dicho sea de paso no es la mejor hora para acuerdos de esta trascendencia. Pero ahora se trata de que el proceso constituyente no termine siendo una parodia de la derecha con el fin último de mantener su poder de veto sobre el funcionamiento de las instituciones y obtener retrocesos en materia de derechos humanos, subordinación del poder militar a la autoridad civil y propiedad sobre los recursos naturales.
En todo caso, el acuerdo dio un respiro a Piñera y su empeño en conservar el modelo y las políticas neoliberales en contra de la expresión de la mayoría que se ha rebelado contra el orden político, económico y social existente desde el 18 de octubre.
Según La Tercera digital (20/11), para el diputado Gabriel Boric “el quórum de 2/3 es para aprobar el articulado en particular sobre una hoja en blanco, y eso genera un incentivo a llegar a consenso sobre las instituciones fundamentales de un ordenamiento democrático, como el respeto a los derechos humanos, el funcionamiento de los Tribunales de justicia y otros órganos del Estado, la existencia de un Banco Central o el Régimen político. Pero todo lo que no sea consenso pasa a ser materia de legislación ordinaria con los quórums que defina la misma convención”.
Entonces el tema ya no es que si en la convención no hay acuerdo sobre algo, el tema pasaría a la legislación ordinaria con quórum simple, como se había dicho por los que firmaron y apoyaron el acuerdo desde la izquierda. Se nos señala ahora que los desacuerdos irán a la ley con los quórum que se acuerden por los 2/3 de la Convención. Por lo demás, es lo que dice la letra del acuerdo.
La pregunta ahora es: ¿la derecha va a permitir el quórum simple para la legislación ordinaria? No hay indicios de que algo así vaya a ocurrir. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo sobre el quórum de las leyes ordinarias? ¿Se bloquea todo? Al parecer, así será, y nos quedamos con la constitución actual. Algunos amigos parlamentarios y/o jurisconsultos dicen que eso no puede ser así, etc. Tal vez en los libros de texto o en alguna conversación de buena crianza. No en la ruda política, y menos negociando con Coloma, que viene inventando binominales y quórum no mayoritarios desde que integraba el Consejo de Estado de Pinochet. El pensamiento mágico parece estar inundando el escenario político opositor.
Lo que va quedando más claro es que el acuerdo no incluyó que será la legislación ordinaria con mayoría simple la que resolverá los vetos mutuos, de lo que nos habían hablado a los escépticos en caso de falta de mayoría con quórum de 2/3.
Todo esto se parece mucho a un callejón sin salida para el proceso constituyente. Hay que enmendar a la brevedad el acuerdo alcanzando por los actores políticos mayoritarios (en términos como los descritos en el posteo anterior), lo que debiera ocurrir en la tramitación de la ley de plebiscito en el Congreso. No hay que perder la esperanza de lograr un acuerdo sólido y duradero, a la altura de la rebelión social que estamos viviendo y del futuro del país.
Human Rights Watch
25-11-19
Vivanco, de Human Rights Watch: "hay una conducta reiterada de violaciones a derechos básicos por parte de la fuerza pública, y en concreto de Carabineros", que "refleja en la práctica incompetencia y brutalidad". ¿Y la negación en bloque del gobierno de que haya una violación reiterada de derechos básicos de decenas de miles de personas desde el 18 de octubre, incluyendo disparos a mansalva de lacrimógenas y perdigones a los ojos y al cuerpo, detenciones, vejaciones, ataques, golpes y gaseos masivos sin justificación alguna? ¿Y las declaraciones de los progres bien pensantes para apoyar a Piñera y adherir al "restablecimiento del orden"? ¿Y el apoyo del presidente y algunos parlamentarios DC a sacar a los militares a la calle sin siquiera estado de emergencia y control parlamentario? ¿Para qué hora la reiteración de la pretensión de salir de esta crisis sin abordar sus causas?
Una ley que cambia el régimen político
26-11-19
La ley que Piñera ha enviado para discusión inmediata busca saltarse al parlamento en caso de necesidad de resguardo militar de la infraestructura. Eso lo puede hacer de acuerdo al artículo sobre estado de emergencia de la constitución reformada en 2005, pero con consulta al parlamento a los 15 días. Piñera está en la deriva autoritaria y busca esconderse tras los militares en su incapacidad de gobernar y de controlar a Carabineros para un efectivo manejo del orden público que evite destrucciones y saqueos. Es de esperar que nadie que se diga demócrata apruebe el proyecto de ley, que sería un paso peligroso en el tránsito de las FF.AA. desde la defensa nacional a tareas de represión interna, con el peligro de politización de sus mandos y de pérdida de legitimidad de su rol. Sería nada menos que un cambio de régimen político y el paso a un Estado militarizado.
Una nueva ley liberticida del partido del orden
28-11-19
Así se está pacificando Chile: pretendiendo ahora mandar desde un año y medio hasta tres años a prisión a alguien por portar una capucha en una manifestación en la que "se altere la tranquilidad". Personalmente, siempre he creído que la protesta social y política debe hacerse a cara descubierta, en tanto no esté en juego en demasía la seguridad personal. La protesta es ante todo un acto de dignidad personal y colectiva. Pero de ahí a mandar a alguien a la cárcel ¡hasta por tres años! por cubrirse el rostro, me parece increíble y propio de un país de locos. Debe al menos tomarse en cuenta que para muchas personas el temor a represalias de empleadores u órganos represivos es una realidad. O simplemente que en las manifestaciones, cuando abundan los gases lacrimógenos que suelen ser insoportables, muchas personas se cubren el rostro para protegerse. Por último, póngale una multa, lo que ya me parecería pueril, pero de ahí a meterlo preso...
¿Y cuál va a ser el medio de prueba? Seguramente la atribución de identidad a través de una foto o video a personas con el rostro...tapado. Esto va terminar en la desnuda imputación falsa a cualquiera, como se hace con tanta frecuencia en los tiempos que corren. Aquí hay trabajo asegurado para los jueces, que seguramente no tendrán cómo hacer un debido proceso en un tema como éste. Se trata de una ley difícilmente aplicable en términos prácticos y que se prestará para todo tipo de abusos y acusaciones arbitrarias.
La ley “antiencapuchados” tuvo una primera aprobación en el Senado el 28 de noviembre por 22 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. El proyecto establece que "quienes alteren la tranquilidad en actos públicos, sean o no autorizados por la autoridad, cubriendo su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, serán sancionados con reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años y 1 día)".
La moción fue presentada el 4 de septiembre por los senadores Felipe Kast, Andrés Allamand, Felipe Harboe, José Miguel Insulza y Víctor Pérez. Así actúa el transversal partido del orden, no por el bien de Chile sino una vez más en virtud del peso de la noche y de la ideología de la violencia represiva que tradicionalmente ha promovido la oligarquía en la historia de Chile.
Es penoso ver en esto a Insulza y Harboe junto a Allamand y Pérez. ¿Estarán estos senadores de supuestos partidos progresistas y de la derecha dispuestos a presentar un proyecto de ley que aumente sustancialmente la pena de cualquier agente del Estado que dispare a los ojos de algún ciudadano en una manifestación y que resulte en la pérdida parcial o total de la visión? Difícil. Los seguiremos viendo en el populismo penal y en la persecución liberticida.
La rebelión social, el capitalismo y la democracia
30-11-19
Una lectura de una reciente entrevista al sociólogo Göran Therborn (en El Estado Social de mañana, Cubillos, Slachevski, Yáñez, LOM, 2019) permite poner en perspectiva parte de lo que está pasando en Chile. Señala Therborn,"siempre ha existido una distancia y una tensión entre capitalismo y democracia, porque los capitalistas siempre han sido una minoría. A lo largo de la historia se han construido puentes a modo de compromisos, donde se han protegido los derechos de propiedad a cambio de derechos sociales, pero en este nuevo escenario todo eso se está erosionando".
Therborn se refiere a Europa Occidental y Estados Unidos. En Chile, la oligarquía dominante terminó por desechar los compromisos configurados entre 1920 a 1973 porque el proceso histórico puso en peligro su dominio concentrado de la propiedad. Esta oligarquía se propuso la toma total del poder con la dictadura y refundar radicalmente el orden político. económico y social. Desde 1990 tuvo que aceptar no gobernar directamente pero se niega a cualquier compromiso real entre derecho de propiedad y derechos sociales. Hasta hoy.
En especial, se niega a impuestos progresivos que financien políticas sociales amplias y al derecho de negociación salarial por sector o espacio territorial con sindicatos fuertes y representativos. El resultado, la rebelión social de vastas proporciones de 2019.
Agrega Therborn, "pienso que una de las cosas más sorprendentes que ha pasado en esta relación entre capitalismo y democracia ha sido el abandono de las clases populares por parte de las elites políticas, incluyendo a la socialdemocracia y el social-liberalismo (...). En nuestros días las rebeliones populares tienen que vencer a la elite política que ha abandonado a la gente porque ha privilegiado y está convencida de las pautas y rutinas administrativas y gerenciales. Ir contra esa elite es ir contra la sabiduría convencional de la economía liberal."
Nunca mejor dicho. En Chile el PS-PPD, que contribuyó mucho en su momento a derrotar a la dictadura, dar una salida política a la lucha popular de las protestas y batallar por la justicia en materia de violación de los derechos humanos, no persistió como debía en el cambio político-institucional y en la redistribución del poder económico en la transición, a pesar del esfuerzo de muchos. Pero no fueron suficientes.
Terminó por aceptarse el dominio del neoliberalismo y de un sistema político tramposo, basado en el veto de la minoría política que representa al poder económico. La tesis de seguir batallando fue derrotada en el PS a partir de 2005. A muchos finalmente no nos quedó sino concluir que ya nada teníamos que hacer ahí y dejamos de militar en partidos que están subordinados al sistema oligárquico (personalmente lo hice después de muchas dudas y con dolor, en 2016). Como terminó siéndolo también la mayor parte del PDC.
La declaración de esta semana de ex-ministros DC es una expresión de conservadurismo que, en vez de solidarizar con la rebelión social, lo hace con el partido del orden y su "paz" oligárquica, para condenar el "infantilismo revolucionario". Como si ese fuera el problema de Chile hoy. En realidad, reemerge el anticomunismo a veces enfermizo de algunos DC de la guerra fría, que los hizo trabajar junto al gobierno de Estados Unidos contra la democracia chilena en momentos cruciales de nuestra historia.
Muchos DC no comparten ese enfoque, del mismo modo en que la gran mayoría de socialistas y PPD no aceptan su abandono del mundo popular.
La reconfiguración política del espacio democrático comprometido con la justicia social, y hoy necesariamente también con la sostenibilidad ambiental de la economía, sigue pendiente. Es una tarea sobre todo de las nuevas generaciones, que hasta aquí no han hecho lo necesario para asumir su rol y han preferido refugiarse en sus conductas pos modernas y endógenas.
Pero ya vendrá el tiempo de la recomposición, aunque solo sea como deber moral frente a los protagonistas de la rebelión social - que no son los delincuentes, por supuesto, como pretende convencernos la propaganda gubernamental odiosa y masiva - que están pagando todos los costos de darle a Chile un mejor futuro.
Lo menos que podemos hacer es homenajearlos y agradecerles.
¿Qué hacer con la seguridad pública?
05-12-19
El debate sobre las causas de la rebelión social será de largo aliento y estará centrado en el cambio del modelo económico y en una nueva agenda social. Lo propio ocurrirá con el tema de la nueva constitución, que tomará dos años según el calendario previsto. Pero el tema de la seguridad pública es acuciante.
Hay quienes proponen la represión militar y volver a un esquema de violaciones masivas de derechos humanos. Parece más sensato, en cambio, una acción efectiva contra las destrucciones y saqueos que debe empezar por establecer un nuevo mando y formar equipos de control civil directo de la acción policial en un Ministerio del Interior dotado de toda la autoridad sobre los mandos de Carabineros.
Lo primero que debe cambiar es la agresión policial gratuita y el descontrol que ha llevado a muchos jóvenes a la violencia reactiva por rabia e indignación frente al abuso policial, para no hablar del disparo a los ojos de perdigones y bombas lacrimógenas y las dramáticas consecuencias que han producido.
Se debe permitir las manifestaciones. Esto ya bajaría una parte de la violencia y la tensión existente. Hoy existe una obsesión por disolverlas, en vez de dejarlas transcurrir, lo que evitaría muchas de las violencias que son provocadas precisamente por la represión policial. El derecho a manifestarse sin permiso previo está garantizado por la constitución.
En segundo lugar, cabe darle un rol de primer plano a los alcaldes. En muchos casos sorprende la nula coordinación operativa con ellos por parte de las Intendencias y Carabineros. En muchas comunas la violencia ha sido menos intensa. Esto se explica porque funciona la contención que provee el capital social local, capilar, invisible, pero eficaz, que los alcaldes, cuando hacen bien su labor, conocen y activan mejor que nadie. Debieran recibir muchos recursos para que organicen a los vecinos y a los jóvenes en tareas de prevención de destrucciones y saqueos y de promoción de cabildos y de espacios para la organización popular para canalizar positivamente la rabia social acumulada. La consulta que estaban organizando los alcaldes -aunque se realizará una con menos impulso en los temas- hubiera servido mucho a la pacificación, pero desde la política una mayoría parlamentaria cometió el error de no articularse con ella y de producir un acuerdo que, si bien abre esperanzas de cambio institucional, no resuelve mucho de aquello por lo cual la gente está en las calles.
En tercer lugar, cabe comprometer a los que actúan desde la política para, con las organizaciones populares en los territorios, proponerse positivamente y con firmeza controlar colectivamente y aislar a los que realizan destrucciones y saqueos que perjudican enormemente el espacio público y la calidad de vida de las mayorías. A los que queman equipamientos públicos solo se les puede llamar lumpen y se les debe combatir. Pero no desde la represión policial y militar desproporcionada que violenta derechos, lo que no ha logrado mayor eficacia. Lo que verdaderamente va produciendo efectos es el control social combinado con la acción policial selectiva y proporcional, lo que no excluye la necesaria firmeza en la reducción de los que delinquen.
En cuarto lugar, en vez de usar el enorme contingente con el que se atacan las manifestaciones pacíficas, transformándolas en no pacíficas, las Fuerzas Especiales debieran concentrarse operativamente, con mucha movilidad, en la inmediata respuesta a los saqueos en directa conexión con los vecinos y los alcaldes. La falta de eficacia policial ha sido muchas veces abismante. La policía debe volver a una lógica de proximidad, como la que siempre hemos visto en los bomberos, que han sido los héroes públicos en estas semanas junto al personal sanitario, los que merecen el reconocimiento de todos.
La deriva de Carabineros
04-12-19
Tenemos un cuerpo policial cada vez más violento y sin control. Carabineros de Chile pareciera haberse declarado poco a poco a sí mismo en estado de autonomía e impunidad.
Primero, con mandos corruptos que a) montaron el mayor sistema de desvío de fondos públicos que conozca la historia de Chile, b) concentraron los cada vez mayores recursos policiales en las zonas de altos ingresos y c) permitieron una acción de inteligencia dedicada burdamente a sembrar pruebas falsas por razones políticas para engañar a los tribunales de justicia.
Segundo, arrogándose el derecho a maltratar a cualquiera en las calles, incluyendo personal sanitario y bomberos, a disparar al cuerpo perdigones y bombas dañando los ojos de cientos de personas de toda condición y a violentar detenidos en sus cuarteles, incluyendo abusos contra mujeres. En la actual crisis, sus dispositivos operativos están dedicados a disolver manifestaciones, en circunstancias que el derecho a manifestarse sin permiso previo está previsto en la constitución, y a amedrentar a ciudadanos en cualquier situación cotidiana. Esto ocurre especialmente con los más jóvenes a través de controles de identidad que buscan infundir miedo. Los parlamentarios que aprobaron los controles de identidad policial indiscriminados a ciudadanos y a menores sin causa justificada debieran estar a lo menos arrepentidos. Y es de esperar que no se apruebe la ley propuesta por Allamand-Pérez y Harboe-Insulza que castiga con hasta tres años de cárcel por cubrirse el rostro.
En Chile hemos vivido, en nombre de la lucha contra la delincuencia, un retroceso enorme de las libertades individuales, sin ningún resultado tangible en materia de control de la delincuencia. El mundo político oficial no dimensiona lo suficiente la rabia acumulada contra Carabineros en los últimos años y en estas semanas de crisis, tanto por el maltrato en los controles de identidad y diversos procedimientos policiales como por sus acciones violentas contra los manifestantes y simultáneamente su inacción frente a saqueos (incluyendo uno organizado por un concejal RN) y destrucciones graves.
¿Por qué Carabineros no concentra verdaderamente sus esfuerzos en perseguir a la zona gris interconectada de los delincuentes, narcotraficantes y saqueadores que han tomado el control en diversas partes de las ciudades desde hace ya bastante tiempo? Es importante recalcar que la expansión de la delincuencia y su falta de persecusión adecuada no apareció con la rebelión social reciente. En cambio, Carabineros parece querer aprovecharla para ampliar su autonomía operativa, multiplicar sus procedimientos violentos -que al parecer aumentan su autopercepción de poder- y justificar la relajación del control presupuestario y del uso de recursos.
En esto, por supuesto, hay que distinguir a los muchos Carabineros y Carabineras que cumplen su función de resguardo de la tranquilidad pública con dedicación, abnegación y respeto a los ciudadanos. Muchos de ellos hoy están sobre-exigidos y merecen la comprensión de todos.
Pero algunos de sus mandos se permiten declarar que no se someterán a la ley (el propio General Director) o que equiparan su acción a la intervención médica contra el cáncer que ataca células enfermas pero inevitablemente también las sanas. Y no les pasa nada, porque el gobierno no hace nada, en vez de destituirlos de inmediato. Y hay que subrayar que hay personal policial manifiestamente proclive a la violencia y a la agresión a sus semejantes y que no es separado de las filas. Todo esto está llevando a la institución a la catástrofe y a exacerbar hasta el extremo la crisis social que vive Chile. Los métodos policiales violentos y abusivos que se toleran día a día no controlan la delincuencia y los saqueos, sino que primordialmente atacan a los ciudadanos que se expresan democráticamente contra un orden social que consideran injusto.
El actual gobierno está transformando a Carabineros en un órgano político que ejerce la violencia contra los opositores al servicio de una administración en ascuas y ya casi sin apoyo ciudadano.
En su momento, cuando se produzca el cambio político, habrá necesariamente consecuencias para Carabineros. Habrá que terminar de sacar y castigar a todos los corruptos, realizar el cambio de los mandos que pugnan por el descontrol policial, el alejamiento inmediato del personal violento y la intervención operativa por la autoridad civil, es decir por el Ministerio del Interior, las Intendencias y Gobernaciones y los futuros delegados de gobierno. Carabineros deberá volver al camino del respeto a la ley, a su aplicación proporcional y profesional y a su misión de servicio público. Deberá concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el gran delito -incluyendo el de cuello y corbata- y contra el narcotráfico y la delincuencia común. Deberá mejorar los procedimientos de reclutamiento y formación inicial. Deberá alejarse de la actual lógica de represión indiscriminada a los jóvenes y a los ciudadanos que tanto daño está haciendo, en vez de perseguir eficazmente a delincuentes, traficantes y saqueadores.
La autoridad gubernamental deberá también hacer lo que le corresponde, además de someter a la policía al control democrático: ampliar sustancialmente la acción directa de prevención del delito y abordar de una vez con todos los recursos necesarios -lo que implicará aumentar la carga tributaria a los sectores de altos ingresos- la tarea de integración de los jóvenes a la sociedad en condiciones dignas para todos y con una creciente igualdad efectiva de oportunidades. Es decir, con una nueva agenda social y de creación de empleo digna de ese nombre por su amplitud y contundencia.
Malas noticias constitucionales
07-11-19
Sigo sin entender -nadie es perfecto- por qué los nuevos partidarios de los consensos que tanto criticaron y admiradores de la magia de la página en blanco (pero en la que no está permitido escribir nada sin el veto de los que todo lo vetan) no asumen de una vez que el nudo político chileno es quitarle el poder de bloqueo a la UDI y por qué no actúan en consecuencia. Los más viejos hemos testimoniado una y otra vez que ya fuimos engañados en la materia -de buena o mala fe, a estas alturas da lo mismo- por Jarpa y Allamand en 1989. Estos pidieron a Aylwin y Aylwin al resto de la coalición democrática, que aceptáramos el acuerdo negociado por Cáceres a nombre de la dictadura -y luego plebiscitado con nuestro apoyo en 1989- pero con el compromiso incumplido que las reformas democráticas se realizarían en el primer parlamento elegido. Aprovecho de recordar que no todo fue concesión de este lado. El artículo 5 que establece la prevalencia de los tratados internacionales sobre la ley interna es lo que permitió la anulación práctica de la ley de amnistía y los avances en derechos humanos, que no han sido pocos, de lo que los militares represores presos no están muy contentos.
Pero cometimos el error de confiar: Aylwin en Jarpa, nosotros en Aylwin y muchos en nosotros dado que nos habíamos jugado contra la dictadura con alguna eficacia. Y ese error -debimos haber tensado la situación, aunque hubiera sido muy riesgoso, y no aceptar el poder de veto contra la mayoría democrática desde el primer parlamento- marcó todo el largo derrotero de la transición que permitió mantener -hasta ahora- la regulación neoliberal de extensos espacios de la sociedad chilena y un poder de la oligarquía económica que fue creciendo sin parar.
Así, la historia parece repetirse, primero como tragedia pero luego ya como farsa, como decía un señor con barba en el siglo XIX.
Más sobre los 2/3
20-04-22
En estos días se agudiza la crítica a la Convención Constitucional (CC). Los que defienden el veto de la minoría sobre la mayoría fueron los que dotaron a la Convención de la regla de decisión por 2/3 de los votos de los miembros. Dicho sea de paso, esto ni siquiera existe en la Constitución de 1980, pues solo algunas de sus normas se modifican por un quórum de 2/3.
Se trata de los mismos que hoy se quejan de las decisiones que va tomando la CC por esos 2/3 de sus miembros. Incluso el Banco Central se ha permitido hacer llegar una opinión que incluye nada menos que lo siguiente: “Es fundamental que la organización y funcionamiento del BC se rijan, a su vez, por normas estables –es decir, que no puedan ser alteradas por mayorías simples–, dotándolas así de la debida certeza jurídica para cautelar que las políticas de esta institución cuenten con la credibilidad y seguridad necesarias para el logro de su mandato". Es increíble que una entidad del Estado se permita emitir una opinión directamente antidemocrática, pues no otra cosa es sostener que la estabilidad y la certeza jurídica las otorgan normas sujetas al veto de una minoría. Tal vez hay que recordarles a los emisores de la recomendación que las propias votaciones del consejo del Banco Central son por mayoría simple.
El tema de fondo es que los que impusieron la regla de 2/3 en la Convención, además de desconsiderar un tema de principios central de la democracia –debe prevalecer la mayoría en la toma de decisiones, respetando el derecho de la minoría a procurar transformarse en mayoría–, no tomaron en cuenta un hecho muy relevante. Una "mayoría central" de 50% más uno no está en condiciones de prevalecer, por lo que debe buscar el apoyo de un 16% adicional entre alguna minoría. Descartada la minoría de derecha que se opuso al proceso constituyente y sostiene principios constitucionales propios del antiguo régimen, entonces la "mayoría central" no puede sino buscar aliados a su izquierda para aprobar las normas. ¿El resultado? Las izquierdas más radicalizadas hacen valer, al menos en parte, sus posiciones para conformar los 2/3, lo que de otro modo no podrían haber logrado. Las redacciones resultan más radicales que las que hubieran resultado de la voluntad de la "mayoría central" de 50% más uno. Aclaro que en lo personal eso no me molesta, pues soy una persona de izquierda (de tendencia racional, eso sí, como diría Eric Hobsbawm).
Desde su propio punto de vista, fue un error completo de la derecha y de los "moderados", por las mencionadas razones de principios democráticos y por la lógica de sumatoria de votos que radicaliza en vez de moderar, haber establecido los 2/3 para decidir los contenidos de la nueva Constitución. Se confiaron en obtener un tercio de bloqueo, que en la visión declarada en su momento por Pablo Longueira debía, incluso, plantearse hacer fracasar todo el proceso. El pueblo sabiamente no se los otorgó.
Esto da como para recomendar a los autodenominados "centroderechistas" y "amarillos" que conciban un poco mejor sus propuestas de toma de decisiones públicas en el futuro. Las reglas de la democracia, construidas largamente desde los antiguos griegos, incluyendo el principio de mayoría, son mucho más sabias de lo que piensan. Ojalá no sigan instalados en su desconfianza ancestral de la soberanía popular, que es el fundamento primordial de la democracia.
La lección es que no debieran seguir procurando transgredir los principios democráticos permanentemente con reglas e instituciones contra-mayoritarias, como las que se sembraron por doquier en la Constitución de 1980, y que terminó en un completa crisis. Ahora tienen la opción de tratar de hacer fracasar por cualquier medio a la Convención Constitucional o, bien, votar en contra del texto que se proponga a la ciudadanía y prepararse para reformarla, si es aprobada, en el futuro en el Parlamento. Pero, eso sí, con el método democrático de construcción de una eventual mayoría, método que la nueva Constitución va a consagrar, en completo contraste con la de 1980. Es de esperar para la buena salud del país que sigan, más allá de su actual irritación, el segundo camino, el del libre juego democrático.