Hoy es un día que está marcado de manera indeleble para mi generación. A 35 años del día en que la dictadura y el más oscuro militarismo fueron derrotados en las urnas, remito (https://gonzalomartner.blogspot.com/.../la-gesta-del-no.html) a lo escrito tiempo atrás sobre el plebiscito de 1988 y lo que viví(mos) ese día.
jueves, 5 de octubre de 2023
5 de octubre
jueves, 28 de septiembre de 2023
El desafío de diciembre
La extrema derecha, aliada a la derecha tradicional, ha confirmado en las últimas semanas su decisión de desafiar a la sociedad chilena a través de su control del Consejo Constitucional. Todo indica que buscará consagrar el 17 de diciembre próximo un régimen autoritario y neoliberal más radical que el de la constitución de 1980.
Esto se traduce en normas liberticidas como la que prohíbe “las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”, lo que puede interpretarse de manera arbitraria, y como la que establece que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”. Adicionalmente, se prohíbe la participación en direcciones políticas de los dirigentes sociales. Se deja de lado la paridad de género en la representación parlamentaria y en otros órganos del Estado, se disminuye la proporcionalidad de la representación en la Cámara y se mantiene la sub-representación de las regiones con más habitantes en el Senado, con el objeto de consagrar un sistema electoral distorsionado y favorable a los conservadores. En materia cultural se establece una inaceptable definición según la cual “el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país”. Nada de esto es congruente con un régimen de libertades civiles, políticas y culturales.
Se vuelve, además, a una constitución pétrea, aumentando el quórum de reforma desde los 4/7 vigentes desde agosto de 2022 a 60%, mientras se lleva la aprobación de toda ley que interprete la constitución (todas lo hacen de alguna u otra manera) a ese quórum, sustrayendo potencialmente a la totalidad de la legislación de la soberanía popular y del principio de mayoría, lo que hoy solo ocurre con la leyes orgánicas y de reforma constitucional (4/7).
Se insiste, por otro lado, en el financiamiento directo de las Fuerzas Armadas por sobre la educación, la salud, las pensiones u otros gastos públicos, permite la liberación por edad de asesinos y torturadores, mantiene la falta de incidencia del parlamento en el nombramiento de altos oficiales, conserva la institución de bloqueo del gobierno constituida por la acusación constitucional a ministros, junto a adoptar un reconocimiento muy restringido de los pueblos originarios. Pero no se trata solo de temas institucionales, sino también de inducir la anulación del aborto por tres causales, junto a establecer la “objeción de conciencia individual e institucional” que puede hacer inviable el funcionamiento de los servicios públicos. Se establece que las familias “tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”, sin que los recursos públicos estén asociados a normas básicas de laicidad educativa propias de toda República moderna. Y en lo económico-social, se restringe el derecho a la huelga, prohíbe formas de protección social compartida en nombre de la “libertad de elección”, impide la solidaridad previsional con las mujeres en nombre de la propiedad individual de los aportes obligatorios, constitucionaliza el privatizador financiamiento por alumno, pone cortapisas al ejercicio de los derechos sociales y lleva a ley toda reglamentación para disminuir su capacidad de aplicación. A su vez, se sobre-protege la propiedad privada y permite privatizar bajo la forma de concesión las aguas, los hidrocarburos, el litio, los recursos del mar y las playas, además de limitar la acción contra el cambio climático, que la derecha se niega siquiera a mencionar como materia de legislación.
El objetivo es evitar a toda costa un Estado democrático y social de derecho en Chile y que se consagre el control nacional de los recursos naturales y su protección. Aunque un Estado de este tipo reúne un amplio consenso en la sociedad, la derecha quiere impedir que se establezca y lo hace de una forma más rígida que todo lo conocido hasta acá, que ya es bastante. Para obtener adhesiones, juega al populismo, que tanto criticó a la Convención, pero en este caso con normas anti-inmigración de inspiración xenófoba y con la medida de terminar con el impuesto a la primera vivienda. Esto se traduce sobre todo en que no paguen tributos las casas de lujo en que viven los más ricos. Nada de esto existe en constitución alguna, pues se trata de evidentes materias de ley. Se trata de una nueva lista de privilegios para la casta oligárquica que pretende imponer la derecha en Chile, lo que amerita un amplio voto “en contra» en el plebiscito de diciembre.
La paradoja es que esta dinámica posiblemente ayudará a rearticular el escenario político, hoy dominado por la agenda de seguridad pública y de inmigración que anula al actual gobierno, sometido a una operación de acoso sin respiro por la derecha política, económica y mediática. Ésta se despliega para que el gobierno no pueda avanzar en sus prioridades sociales y para llevarlo al desprestigio y a una derrota electoral severa en 2024 y 2025.
Este diseño, hasta ahora exitoso, puede eventualmente ser contrarrestado, una vez consumada la derrota previsible de la derecha en diciembre próximo, si el gobierno retoma la iniciativa política. Podría partir por proponer reformas constitucionales razonables para avanzar a un Estado democrático y social de derechos, esta vez reuniendo 4/7 en el actual parlamento con ese fin. Si no lo logra, quedará establecida su plataforma ante la sociedad en las elecciones venideras. De paso, podrá con nuevo oxígeno consolidar su coalición de apoyo y, además, invitar a la Democracia Cristiana a participar del gobierno. Esto tiene sentido, pues su coalición seguramente compartirá candidaturas comunes a gobernadores y alcaldes con la DC, aunque en consejeros y concejales haya una legítima competencia electoral en listas que expresen la diversidad, además de la unidad.
Esto requiere que las fuerzas de apoyo al gobierno, es decir las distintas variantes de la izquierda chilena, tomen decisiones. EL PS deberá asumir que toda nostalgia de volver a sus coaliciones pasadas no tiene sentido y definir un entendimiento de largo plazo con el Frente Amplio, el PC y la izquierda movimientista. Esto debiera partir por traducirse en listas comunes en las elecciones territoriales y en las posteriores elecciones parlamentarias. Y en un compromiso temprano por realizar una primaria presidencial en 2025, que uno se puede imaginar con la presencia de Carolina Tohá, Camila Vallejos y Giorgio Jackson, por ejemplo, de nuevo en una perspectiva de simultánea diversidad y unidad.
Esto no tiene por qué impedir alianzas electorales y eventualmente de gobierno con el centro, pero desde una posición de coherencia, que es la que se perdió en la fase final de la Concertación y la Nueva Mayoría, cuando se privilegió la defensa conservadora del statu quo. A muchos de sus componentes dejar de luchar por un programa democrático y de cambios sociales equitativos les fue resultando aceptable. Pero su conducta los alejó de las aspiraciones de la sociedad y produjo un desgaste que llevó a los gobiernos de Piñera y luego a la rebelión social de 2019.
Requisitos para el futuro parecen ser, primero, que en el PS algunos caudillos locales, que se relacionan con el Frente Amplio desde una percepción de amenaza a sus dominios territoriales, acepten una disciplina de partido y de gobierno, pues los feudalismos, ahora sustentados en el clientelismo, no son una receta que lleve a ninguna otra parte que a aumentar el desprestigio de la democracia. Segundo, el Frente Amplio debiera ampliar la comprensión de que su conformación generacional post-moderna es parte de su historia pero no de su futuro, y tener sólidamente una acción política sustentada en un proyecto y no en identidades. Existe un tercer requisito que puede ser, tal vez, un hueso más duro de roer, y que es la futura política del Partido Comunista, un actor clave de la coalición de gobierno.
La emergencia en su momento del liderazgo de Daniel Jadue, desde la experiencia ciudadana de la gestión territorial, consolidó en el PC la búsqueda de una convocatoria amplia, que a algunos nos pareció importante acompañar. Pero su continuidad suponía no confrontar al gobierno de Boric, sino apoyarlo y hacerle ver eventualmente sus errores, lo que es una cosa distinta, lo que no siempre ha ocurrido al proyectarse una imagen de intolerancia, No obstante, ha primado la seriedad de su actuación.
En un momento en que el PC debe hacer el relevo de dirección, luego del fallecimiento de su líder, persiste, no obstante, un ruido provocado por su alineación internacional. A partir de ella polemiza con el gobierno, mucho más que con la orientación conservadora de algunas de sus políticas económicas, que en algún caso lo ameritan, especialmente para que no sean un factor contribuyente a fracasos como el de septiembre de 2022. Esto es parte del rol de los partidos en una coalición de gobierno: cautelar que su política se oriente hacia los objetivos pactados y hacia la continuidad de su proyecto. Cuando un país invade un país soberano y anexa territorios, solo cabe rechazarlo, aunque sea el sucesor de la Unión Soviética. No se observa cómo se podría defender el legítimo derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional de Cuba y Venezuela frente a Estados Unidos, o la de Palestina frente a Israel, si se niega la de Ucrania frente a Rusia. Hay que preguntarse, además, qué significa defender a un déspota conservador, antifeminista y homófobo, sustentado en un capitalismo mafioso. No tiene sentido proyectar que en el PC pudieran estar manteniéndose por algunos simpatías estalinistas, tal vez porque necesitan apoyarse en una identidad ortodoxa (otra vez las identidades y no los proyectos) o bien por adhesiones inexplicables a regímenes como los de Maduro y Ortega, que nada tienen que ver con cualquier definición que se pueda tener de un proyecto de izquierda. En todo caso, izquierdas europeas como las de Yolanda Díaz y Jean Luc Mélenchon, poco sospechosas de pro-imperialismo, condenan la invasión rusa a Ucrania, en lo que también podría persistir el PC chileno, como lo hizo en su declaración inicial sobre el tema. Reflexionar más a fondo sobre su posición internacional podría, tal vez, ser una contribución del PC a la consolidación de una coalición de izquierda con una proyección común en Chile.
Estos tipos de evoluciones en la conducta de las fuerzas de gobierno, que parecen ser requisitos para consolidar su unidad de propósitos y revertir el escenario político hasta ahora tan desfavorable, pueden parecer muy difíciles de lograr, o incluso una especie de cuadratura del círculo. Es posible que así sea. Lo que sí es una certeza es que una izquierda que arrastra y cultiva sus incoherencias puede hacer terminar muy mal al gobierno que hoy sustenta. Y también es una certeza que de su fracaso puede demorar muchos años en recuperarse.
Un proyecto constitucional inaceptable
En El Mostrador
La extrema derecha, aliada a la derecha tradicional, ha confirmado en las últimas semanas su decisión de desafiar a la sociedad chilena a través de su control del Consejo Constitucional. Todo indica que buscará consagrar el 17 de diciembre próximo un régimen autoritario, conservador y neoliberal en diversos aspectos más radical que el de la constitución de 1980.
Esto se traduce en normas liberticidas como la que prohíbe “las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”, lo que puede interpretarse de manera eminentemente arbitraria, y como la que establece que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”. Adicionalmente, se prohíbe la participación en direcciones políticas de los dirigentes sociales. Se deja de lado la paridad de género en la representación parlamentaria y en otros órganos del Estado, se disminuye la proporcionalidad de la representación en la Cámara y se mantiene la subrepresentación de las regiones con más habitantes en el Senado, con el objeto de consagrar un sistema electoral distorsionado y favorable a los conservadores. En materia cultural se establece una inaceptable definición según la cual “el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país”. Nada de esto es congruente con un régimen de libertades civiles, políticas y culturales.
Se vuelve, además, a una constitución pétrea, aumentando el quórum de reforma desde los 4/7 vigentes desde agosto de 2022 a 60%, mientras se lleva la aprobación de toda ley que interprete la constitución (todas lo hacen de alguna u otra manera) a ese quórum, sustrayendo potencialmente a la totalidad de la legislación de la soberanía popular y del principio de mayoría, lo que hoy solo ocurre con la leyes orgánicas y de reforma constitucional (4/7).
Se insiste, por otro lado, en el financiamiento directo de las Fuerzas Armadas por sobre la educación, la salud, las pensiones u otros gastos públicos, permite la liberación por edad de asesinos y torturadores, mantiene la falta de incidencia del parlamento en el nombramiento de altos oficiales, conserva la institución de bloqueo del gobierno constituida por la acusación constitucional a ministros, junto a adoptar un reconocimiento muy restringido de los pueblos originarios. Pero no se trata solo de temas institucionales, sino también de inducir la anulación del aborto por tres causales, junto a establecer la “objeción de conciencia individual e institucional” que puede hacer inviable el funcionamiento de los servicios públicos. Se establece que las familias “tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”, sin que los recursos públicos estén asociados a normas básicas de laicidad educativa propias de toda República moderna.
En lo económico-social, se restringe el derecho a la huelga, prohíbe formas de protección social compartida en nombre de la “libertad de elección”, impide la solidaridad previsional con las mujeres en nombre de la propiedad individual de los aportes obligatorios, constitucionaliza el privatizador financiamiento por alumno, pone cortapisas al ejercicio de los derechos sociales y lleva a ley toda reglamentación para disminuir su capacidad de aplicación. A su vez, se sobreprotege la propiedad privada y permite privatizar bajo la forma de concesión las aguas, los hidrocarburos, el litio, los recursos del mar y las playas, además de limitar la acción contra el cambio climático, que la derecha se niega siquiera a mencionar como materia de legislación.
El objetivo es evitar a toda costa un Estado democrático y social de derecho en Chile y que se consagre el control nacional de los recursos naturales. Aunque un Estado de este tipo reúne un amplio consenso en la sociedad, la derecha quiere impedir que se establezca y lo hace de una forma más rígida que todo lo conocido hasta acá, que ya es bastante. Para obtener adhesiones, juega al populismo, que tanto criticó a la Convención, pero en este caso con normas anti-inmigración que lesionan derechos y de inspiración xenófoba, junto a una norma inaplicable que “garantiza a toda persona la elección del establecimiento educacional de su preferencia” y a otra igualmente inaplicable que indica que ”cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”. Por definición, las entidades privadas se reservan el derecho a aceptar o no a sus clientes, según paguen o no sus servicios a determinados precios, sin lo cual no serían privadas. Se agrega la medida de terminar con el impuesto a la primera vivienda, que se traduce sobre todo en que no paguen tributos las casas de lujo en que viven los más ricos.
Nada de esto existe en constitución alguna. Se trata de encubrir una nueva lista de privilegios para la casta oligárquica que pretende imponer la derecha en Chile, lo que amerita promover sin más trámite un amplio voto “en contra" en el plebiscito de diciembre.
jueves, 21 de septiembre de 2023
Ucrania y la soberanía
viernes, 15 de septiembre de 2023
Una breve aproximación a las clases sociales en Chile a partir de la Encuesta Suplementaria de Ingresos
https://mgpp-usach.blogspot.com/2023/09/una-breve-aproximacion-las-clases.html?view=magazine
jueves, 14 de septiembre de 2023
La historia y la declaración de los presidentes sobre los 50 años del golpe
lunes, 11 de septiembre de 2023
Mi golpe de 1973
Un día de agosto de 1973 mi padre, ministro de Planificación del presidente Allende desde noviembre de 1970 y su colaborador y amigo desde los años 1950, entró a mi pieza para entregarme una cantidad modesta de dinero pero considerable para un joven de 16 años como yo, y me dijo:
- Las cosas se pueden poner difíciles, es necesario que tengas algún dinero por si acaso.
- ¿Cómo así?, pregunté.
- No sabemos qué puede venir.
Yo había ingresado al MIR en 1972, influenciado por la figura de Ernesto Guevara, después de una etapa de trabajos voluntarios con los jóvenes socialistas. Mi padre sabía que yo cumpliría con mis deberes militantes. No muchos días antes, conversando en la noche en familia en la pieza de mis padres sobre la hipótesis de un golpe de Estado, mi padre nos relató que conversando el tema con Allende este le había dicho: "esto va a ser terrible, aquí hay un odio muy grande en contra nuestra".
Pudimos constatarlo el 2 de septiembre de 1973. Me encontraba leyendo, a eso de las doce de la noche, en la sala de estar de la casa familiar, que daba hacia un antejardín y al muro que linda con la calle Los Misioneros, en Pedro de Valdivia Norte. En un momento me levanté y salí a un pasillo de gruesos muros más adentro de la casa, antes de las piezas de hermanos y padres. Entonces escuché un sorpresivo y enorme estruendo: habían estallado cuatro cargas de explosivo de tipo amongelatina en el antejardín, a metros de distancia del sofá donde me encontraba diez segundos antes. Según confirmaríamos mucho después, había sido Patria y Libertad quien puso la bomba en nuestra casa. Los cinco miembros de la familia nos dimos la voz para constatar que estábamos bien, y nos fuimos aproximando incrédulos a observar los destrozos de los grandes ventanales de la sala de estar que habían estallado. El lugar donde había permanecido sentado durante un par de horas hasta momentos antes de la explosión estaba ahora lleno de astillas punzantes de vidrio, algunas enterradas en la madera, junto a diversos objetos destrozados o caídos.
Mi padre llamó de inmediato por teléfono al presidente Allende para avisarle del hecho, lo que hizo breve y sobriamente. No había esa noche guardia policial, como teníamos intermitentemente desde que mi padre fue nombrado ministro. Al cabo de unos quince minutos llegó el presidente Allende, acompañado por el ministro secretario general de Gobierno de entonces, Fernando Flores, con quien se encontraba reunido al enterarse de la noticia, y con sus guardias personales. Luego llegó la Policía de Investigaciones y personal de Carabineros. El presidente entró por la cocina de nuestra casa, donde lo recibió mi padre, y a la entrada del pasillo que distribuía el acceso a las piezas, en un espacio estrecho, nos saludó al resto de la familia. Fue cariñoso con mis padres y mis hermanos. Me dijo con voz fuerte y tensa, sabedor de que había estado a segundos de estar expuesto a la bomba, lacónico:
- ¿Cómo está?
- Bien, presidente.
Yo estaba un tanto conmocionado, claro, pero consciente de mi buena suerte, e impresionado de estar con el presidente Allende en esa circunstancia. Él estaba con el semblante grave. Había perdido semanas antes a su edecán naval baleado por la ultraderecha, el capitán Araya, y ahora por primera vez se atentaba con bomba contra uno de sus ministros, en su casa y con su familia. Estábamos en la pequeña cocina, pues el espacio del estar y el comedor estaban inutilizados por el estrago de la bomba. El presidente le dijo enérgicamente a un oficial de la policía de investigaciones:
- Si descubren a quienes hicieron esto, no tengan contemplaciones. ¿Entendido? Sin contemplaciones. Partan de inmediato.
Lo que hicieron, con ademán de desconcierto en el rostro, pues la escena había sido fuerte. Por supuesto no se trataba de una orden literal, no era ese el talante de Allende, y creo más bien que quiso expresar su enojo de manera perentoria y su voluntad de no dejar el hecho impune, pues Allende tenía un alto sentido de la lealtad con sus colaboradores.
Al Carabinero que se apersonó desde el retén situado a pocas cuadras, una vez que le preguntó si había guardia previa, y ante la negativa como repuesta, el presidente Allende le dijo:
- Usted se queda de guardia de inmediato, es una orden del presidente de la República.
Al cabo de un rato, el presidente se retiró. Moriría nueve días después en el Palacio de la Moneda, en una gesta heroica que significó la condena moral irremontable de los usurpadores del poder democrático.
Luego recibí un llamado telefónico del entonces estudiante de sociología y por esos días asistente del Intendente de Santiago, mi amigo Sergio Riffo, que supervisaba las actividades de los estudiantes secundarios del MIR hasta hacía unos pocos meses, quien con voz cálida me transmitió su solidaridad y aliento. Fue la última vez que hablé con él, pues desapareció a los 23 años en manos de la DINA en 1975.
A la mañana siguiente, ya no estaba el Carabinero haciendo guardia. Nuestra sospecha es que los Carabineros del retén del barrio estaban más cerca de los grupos civiles violentos de la ultraderecha y de los llamados Protecos que agrupaban a los vecinos derechistas, que del gobierno constitucional al que debían obediencia.
***
El día posterior al bombazo en nuestra casa familiar, se discutió una vez más en una asamblea de mi colegio la entrada en paro que promovía la oposición. Con mis amigos habíamos logrado que no se declarara una paralización de actividades. Me presenté en la asamblea, y ante los argumentos de alumnos de derecha de que el gobierno promovía la violencia y que eso justificaba entrar en un paro indefinido hasta su derrocamiento, pedí la palabra para argumentar que el caso era al revés, y que a mayor abundamiento mi familia había sufrido en la noche anterior un atentado con bomba. Muchos de los presentes en la sala aplaudieron, escena que no olvido hasta hoy, encajando la idea de que preferían verme muerto.
Ese era el clima que se vivía en ese momento. Me retiré de la asamblea y dirigí a las oficinas de la dirección del colegio, momento en que tuve un altercado al subir las escaleras con el inspector general, Monsieur Coti, un exmilitar francés de no muy buenas pulgas y menos luces, pero logré hablar con el rector para señalarle que su deber –se trataba de un liceo con autoridades nombradas por el gobierno francés- era mantener funcionando el colegio más allá de las presiones de los estudiantes de derecha.
Fueron días muy tensos, e incluso sentí en ocasiones que era objeto de seguimientos al volver tarde a mi casa en las noches. Pensé en comprar una pistola y mientras tanto me desplazaba en ocasiones con unos palos cortos para protegerme, lo que era bastante inútil, claro está, entre otras cosas porque no sabía usarlos. Pero no alcancé a andar armado, máxime cuando tampoco tenía la menor idea de cómo usar una pistola y no era esa mi inclinación personal. Jamás en la vida me he trenzado a golpes con nadie, salvo algún empujón en el colegio o en alguna pichanga de fútbol. Siempre he creído en la palabra y no en la fuerza bruta, aunque la autodefensa sea siempre legitima, y pensé que se hacía necesaria más que nunca en esos momentos extremos de polarización y odiosidad. Mediante el diálogo y la actitud de las autoridades del colegio, se evitó el paro hasta el final. Pero no pude volver más al colegio, en el que cursaba mi último año escolar. Terminé haciendo el bachillerato francés para entrar a la universidad en París entre Caracas y la isla de la Guadeloupe. Cosas del destino.
El martes 11 de septiembre me dirigí como todas las mañanas a mi liceo. Al salir de la casa con mi hermano menor no supimos nada particular. Mi padre no tuvo información temprana del golpe. Al entrar a la Alianza Francesa, ya la noticia se había esparcido. El ambiente estaba alterado y no entré a la clase de física. Intercambié brevemente palabras con mis amigos y les dije que me dirigiría hacia el Instituto Pedagógico, que era el lugar de concentración previsto para esta eventualidad por la estructura militante a la que pertenecía. Era evidente que en esta ocasión –después de muchas falsas alarmas en los meses previos y una intentona efectiva pero fracasada el 29 de junio- la hora era grave. Como muchas veces en mi actividad política posterior, no quise arrastrar a nadie a algo de lo que yo, sin embargo, no me sustraería. Traté de ubicar a mi polola, pero no la vi, aunque su condición de hija del agregado científico de la embajada de Francia la ponía a buen resguardo. Hablé con mi hermano Ricardo, iba a cumplir doce años por esos días, y quedamos con el alma en vilo que se iría donde unos amigos que vivían cerca hasta comunicarse con nuestros padres. Luego sería recogido por un solidario primo e iniciado unas jornadas azarosas con madre. Me dirigí a la salida del colegio, pero no me dejaba salir el mentado inspector general. Le hice ver que había un golpe de Estado en curso, que mi seguridad y la de mi familia estaban en juego, y que no se interpusiera. Tuve que hacerlo a un lado, dio orden de cerrar la puerta, y salté por encima de la reja del colegio que había sido el mío desde los cuatro años, con el pulso acelerado y el sabor de la contrariedad, en el inicio de una mañana a esa hora todavía luminosa. No volví a pisar ese lugar sino muchos años después.
***
Me demoré bastante en llegar a dedo al Instituto Pedagógico. Dudé en ir a mi casa a ver qué pasaba con mi familia, pero hice bien en no hacerlo pues los puentes de acceso a nuestro barrio ya estaban copados por militares. A las nueve de la mañana la situación en la entrada del recinto universitario era confusa, pero rápidamente nos agrupamos los del MIR y el FER. La noticia era la inminencia de la llegada de los militares a rodear el campus. Ante el poco sentido de encerrarse en un lugar del que no podríamos movernos, conducidos por nuestro jefe, Aníbal (Sergio Reyes, desaparecido desde 1974), y los miembros de la jefatura Jiménez (Carlos Ominami) y César (Ricardo Pizarro), presidente de la Federación de Estudiantes Vespertinos, decidimos encaminarnos al cordón industrial Macul. Éramos unos treinta estudiantes universitarios y secundarios caminando hasta la industria Paños Continental. Llegamos a la industria, entonces intervenida y bajo administración gubernamental, pero no ingresamos porque a los que ahí estaban no les pareció una buena idea. Se produjo entonces un dialogo en la calle, que observé a la distancia, de nuestros jefes con una patrulla de Carabineros que se hizo presente, escena un poco peculiar, pero a esa hora nadie sabía bien, ni ellos ni nosotros, de que se trataba exactamente lo que estaba en curso. Jiménez me comentó al pasar que la recomendación de los oficiales fue que nos retiráramos de ahí en términos más o menos amistosos. Lo que hicimos. Y decidimos dirigirnos ahora a la población Santa Julia, donde el MIR tenía algunas bases de militancia poblacional, distante algunas cuadras. Llegamos ya menos de una veintena a la esquina de la avenida Macul, una arteria importante y transitada, con la calle Los Guindos, a eso de las once de la mañana. Estábamos en la mitad de la calle, francamente sin saber qué hacer. Llegó al lugar el encargado militar del GPM 3, el "Turco Mario", que más tarde se hiciera humo y no sabríamos más de él y por tanto salvaría su vida, en buena hora, y el "Topaloma" su ayudante en estos menesteres, de una gran simpatía, Mario Maureira, detenido y desaparecido en 1976. Traían algunas escopetas y dos metralletas Mercati argentinas, de muy poca calidad y sin gran munición. Esta escena en plena calle de unos cuantos jóvenes que discurrían sobre que podían hacer, debe haberle inspirado alguna conmiseración a una vecina del lugar, que se acercó a nosotros y nos dijo:
- Soy del Partido Radical, veo que no tienen dónde ir, vengan a mi casa.
Lo que aceptamos, a falta de alternativas. Su dueña se trasladó con sus hijas a otro lugar cercano, y ahí nos instalamos encabezados por la jefatura del GPM 3 y una "masa armada" un tanto menguada, dispuestos a realizar acciones de resistencia. Era una vivienda de dos pisos y unas pocas piezas, en las que nos instalamos unos quince miembros del MIR, ninguno mayor de 25 años. Esta mujer, de la que nunca más sabría, tendría unos cuarenta años, dos hijas y un gran temple. No sé qué pensó al tomar un riesgo semejante. Tal vez la imagen de esos jóvenes decididos le provocó esa reacción. Venía cada cierto rato a traer noticias y provisiones. Ella encarnó el heroísmo anónimo que tantas veces enfrentó situaciones difíciles solidariamente en los años terribles que siguieron.
César me pidió que lo acompañara en su auto (era algo mayor y disponía de un vehículo familiar) a una “casa de seguridad” en la zona, en la que había que armar granadas artesanales. A esa hora el día límpido se había cubierto de nubes y declinado hacia una lluvia primaveral. Se combatía en La Moneda y en diversas partes de la ciudad y se derrumbaba nuestra democracia.
Estuvimos en la tarea varias horas unos tres compañeros. Se trataba de introducir nitrato de plata en unos tarros de café recubiertos de plomo y metralla y luego atornillar una espoleta hecha con un mecanismo en base a fósforos. Hicimos la tensa tarea sin sobresaltos y volvimos a nuestro lugar de reunión en Macul con un pequeño cargamento de granadas listas para ser usadas.
Allí el clima era de pesadumbre, ya se conocía la noticia del bombardeo de La Moneda y de la muerte del presidente Allende, transmitida por la televisión de la que disponía nuestro improvisado "cuartel general de la zona oriente de Santiago". Escuché un "bando" que instaba a entregarse a las autoridades militares a una serie de dirigentes de izquierda y de miembros del gobierno de Allende, bajo pena de persecución por "aire, mar y tierra”. El hecho es que en la lista que escuché se encontraba mi padre. Me provocó una sensación de alivio. Me dije que estaba entonces vivo y libre, lo que en realidad no era el caso para varios de la lista que ya habían sido apresados a esa hora, pero en el momento me sirvió de aliento frente a la inquietud que me embargaba: ¿dónde estaría mi padre? ¿habría ido a La Moneda? Solo tenía claro que mi padre no se entregaría y que ya vería manera de saber de él.
Cayó la tarde. Llegó uno de nuestros miembros de la jefatura y nos informó que había podido establecer un contacto telefónico con "el Bauchi" (Bautista Van Schouwen, torturado hasta la muerte y desaparecido en diciembre de 1973). Su instrucción había sido: "hagan barricadas de dispersión". Nos miramos los presentes con silencioso desconcierto.
Nos pareció poco practicable lo de las barricadas de dispersión. Se empezó a planear en cambio el ataque a un retén de Carabineros cercano, con un mapa desplegado en una mesa. Me preguntaron si podía hacer de chofer operativo, a lo que dije que sí. Para mis adentros me dije "qué diablos, veremos", pues mi experiencia de manejo de autos con 16 años y sin licencia de conducir era más bien escasa. Entre tanto sonaba un repiqueteo de tiros sistemáticos a poca distancia de donde estábamos. Al caer la noche no lográbamos entender exactamente qué pasaba, pero nos dábamos cuenta de que se trataba de un enfrentamiento en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, situada a pocas cuadras. Aníbal decidió cambiar el ataque al retén por una intervención en la situación del recinto de Carabineros. Había que averiguar quiénes resistían para ir en su ayuda y quienes atacaban. Me plantearon que fuera parte del grupo que saldría a averiguar la situación. Les dije esta vez que no me parecía una buena idea porque estábamos en toque de queda y cualquier control se toparía con mi cédula de identidad con el nombre igual al de mi padre requerido en la lista de la junta militar. Y salir sin identificación tampoco parecía muy recomendable. A los jefes les pareció razonable y salieron otros compañeros, sin que lograran aproximarse mucho al sitio del suceso ni lograr una apreciación más clara de la situación. Pasó la noche sin que pudiéramos hacer nada. A la mañana siguiente, me dijeron que me cortara el pelo largo que usaba entonces, porque podría ser peligroso en “situaciones de fuego”. Entretanto pasaban patrullas militares y en un momento se estacionó en la esquina un bus de Carabineros por largo rato. Es posible que alguien hubiera sospechado de nuestros movimientos. Permanecimos con gran tensión esperando el asalto. Al cabo de un par de horas se retiraron. Fueron saliendo varios grupos de a dos o tres de los nuestros a lanzar nuestras granadas artesanales a patrullas militares. Las granadas no funcionaron. Entre medio, en la televisión apareció la noticia del allanamiento de una casa en la que se encontraron materiales explosivos: era aquella en la que había estado el día anterior.
En la tarde del día 12 fuimos evacuando la casa de la señora radical, en medio del toque de queda. Caminamos más adentro hacia la población Santa Julia, yo con cuatro granadas en los bolsillos de mi chaqueta de escolar y con la adrenalina alta. Nos acogió una pareja de pobladores, que también se trasladó a otro lugar. En su modesta casa permanecimos en la noche del 12 y el día 13 con mucha tensión, con el Pampa y el Titi, Miguel Ángel Acuña Castillo y Héctor Garay Hermosilla, estudiantes del liceo 7 detenidos y desaparecidos en 1974, y con cada vez menos posibilidades de hacer algo. Escuché con estupor por la radio los mensajes de apoyo al golpe militar de Sergio Onofre Jarpa a nombre del Partido Nacional y de Patricio Aylwin a nombre de la Democracia Cristiana.
El grupo decidió dispersarse al día siguiente y pasar a la clandestinidad como se pudiera, al cabo de tres días de intentar resistir. Me despedí de mis compañeros, a varios de los cuales no vería más, pues les esperaba la muerte unos meses o años después. Salí a llamar por teléfono en las cercanías para tratar de saber algo de mi familia. En una cabina telefónica hablé con un amigo, sin lograr averiguar mucho. Miré hacia un lado y vi un soldado en una patrulla detenida a unos diez metros, con unos cuellos naranjos que usaban, apuntándome con un fusil. Les debe haber llamado la atención un liceano con uniforme y el pelo cortado de manera un tanto extraña. Seguí hablando por teléfono, y finalmente la patrulla siguió su camino, para mi gran alivio.
Me fui caminando largamente por calles interiores de Nuñoa hacia la casa de un tío, que no me recibió muy bien, pensando en conectar con mis padres, lo que logré después de varias peripecias. Mi padre ya estaba a salvo en la embajada de Venezuela, donde permanecería 9 meses sin salvoconducto antes de iniciar un largo exilio. Pasé por el Estadio Nacional en mi recorrido. Los movimientos me parecieron extraños. Ignoraba que ya era un campo de concentración, por el que pasarían presos varios de mis amigos, como Milton Lee, Ramón Barceló, Maité Albagly, y quien más tarde sería mi suegro y abuelo de mis hijos, Vicente Sota. La tragedia iniciaba su largo recorrido.
jueves, 31 de agosto de 2023
Más sobre Allende, los 50 años y los desafíos actuales
Se ha sumado el expresidente Sebastián Piñera a la justificación del golpe militar de 1973 en los siguientes términos: «el Golpe de Estado no era evitable» y el propósito de la izquierda era por cualquier medio establecer “una dictadura marxista”. El mensaje está claro: la derecha en todas sus versiones sigue defendiendo el golpe militar 50 años después, y lo hace tergiversando.
El plan de gobierno de Salvador Allende incluía realizar cambios sociales y respetar y ampliar la institucionalidad democrática. Esto ocurrió desde el primer hasta el último día de su administración. Otra cosa es que a la postre una mayoría del parlamento, e instituciones politizadas por la oposición, se sumaran con entusiasmo a declarar lo contrario, sin que les pasara absolutamente nada. Existió entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 un régimen de plenas libertades y de separación de poderes. El que diga lo contrario simplemente falta a la verdad. Los que llegan a reconocer este hecho, señalan que en cualquier caso el propósito del gobierno de Allende era terminar con la democracia y que eso era lo que había que impedir mediante un golpe militar, como una especie de mal menor. Esto no tiene sustento alguno en los hechos, que muestran, antes bien, que el gobierno de Estados Unidos, aliado a la derecha civil y militar, se propuso impedir, sin éxito gracias la conducción no freísta de la DC de la época, que Allende llegara siquiera a asumir el gobierno. Más aún, el presidente Allende se aprestaba a convocar un plebiscito el 11 de septiembre de 1973 para permitir una salida democrática a la crisis, es decir todo lo contrario de lo que la derecha afirma.
El tema de fondo es que el gobierno de Allende se propuso emprender reformas estructurales a la economía y la sociedad chilena. Estas incluyeron en primer lugar la nacionalización del cobre, aprobada por la unanimidad del parlamento, para que sus excedentes fueran utilizados en la industrialización del país y en un mayor bienestar social de sus habitantes, y dejaran de ser rentas transferidas al exterior. Esto se logró, a pesar de su reversión parcial posterior. Y en segundo lugar, se propuso poner fin al latifundio y al inquilinaje con la ley de 1967, rémora social y productiva que desapareció del mapa económico chileno, pero a la postre no en beneficio del campesinado sino de una revolución empresarial exportadora exitosa, luego de una represión inicial brutal. Estos son legados del gobierno de Allende que la derecha se niega a reconocer.
Lo que fue más problemático y polarizador, como se reseña en mi libro recién publicado por LOM sobre los 50 años del golpe de 1973, fue la nacionalización de la banca y la creación de un sector industrial y de distribución estatal, pero sin un diseño que tuviera un consenso al interior del gobierno ni de la sociedad. La expansión inorgánica de este sector produjo un desborde en la puesta en práctica de la reactivación de corto plazo, basada en una expansión salarial que debía impulsar el crecimiento de la economía usando las capacidades instaladas. La meta de participación de los salarios en el producto programada para 1976 se alcanzó en 1971. Al excederse ese objetivo, se produjo una espiral precios-salarios alimentada por intervenciones de empresas y explotaciones agrícolas bajo la presión «desde abajo» de cambios en la propiedad, incluyendo el mundo mapuche en la zona de Cautín.
Esta presión social se había intensificado con la reforma agraria de 1967 y se extendió a empresas de diverso tipo, empujada por una parte de la izquierda y de los grupos escindidos de la DC, que hacía equivaler socialismo a poner cualquier empresa que se pudiera en manos del Estado. El plan gubernamental no era ese, sin embargo, sino la conformación de un sector acotado de 91 empresas públicas que sustentaran un nuevo proceso de expansión productiva, como ya lo había hecho la creación de empresas por la CORFO en décadas previas. Tampoco se trataba de eliminar el mercado, sino de construir una amplia planificación del esfuerzo de inversión pública y privada para un mayor desarrollo de largo plazo.
Pero la intervención de empresas de distinto tamaño no programada pero validada por decretos de continuidad de abastecimiento, se constituyó en un factor de desequilibrio fiscal y monetario y de rupturas de abastecimiento, en medio de un amplio aumento del consumo y una menor oferta por una menor producción y el estrangulamiento de la capacidad de importar logrado por Estados Unidos. Esta fue la represalia por la expropiación del cobre con descuento en la indemnización por utilidades excesivas pasadas. Se sumaron reajustes salariales del sector público no financiados, dada la negativa sistemática de la oposición en el parlamento. Aprobar gastos, pero no los ingresos propuestos por el gobierno, sería calificado hoy de populismo por todo el sistema político. Sin embargo, es lo que hicieron la derecha y la DC en la época, junto a una estrategia de parálisis progresiva del país, con atentados con bombas realizados por la extrema derecha civil con apoyo de la inteligencia de la Marina y con paros y huelgas estimulados por la cúpula empresarial y financiados por Estados Unidos.
En paralelo, la «revolución desde abajo» hizo muy difícil lograr un ordenamiento económico luego del impulso transformador inicial de 1971. Se ha puesto poco el acento en la magnitud de ese proceso social en el período de 1967-1973, como hace el importante libro de Peter Winn, «La revolución chilena» (LOM, 2013). Este proceso era legítimo, y en todo caso una realidad. Pero debía ser canalizada, orientada y compatibilizada con la estabilización de lo logrado con una conducción firme de los partidos de gobierno. Pero se dividieron en este tema, que era crucial en las condiciones chilenas, con un gobierno sin mayoría parlamentaria, acosado en lo económico por Estados Unidos con efectos devastadores, aunque algunos insistan todavía en querer minimizarlos, y sin nada que se pareciera a un apoyo sustitutivo como el soviético brindado a Cuba, cuya situación geo-estratégica era completamente distinta. La Unión Soviética no apoyaba demasiado a Allende, más allá de la buena crianza con el PC chileno, importante entre los PC occidentales, entre otras cosas porque su modelo político y económico era sustancialmente diferente a la ortodoxia soviética.
Una parte de la coalición de gobierno sostenía una difusa estrategia de «acumular fuerzas para la toma del poder«, poniendo empresas de todo tipo bajo control gubernamental, pero sin un diseño sobre su funcionamiento y su coherencia productiva de conjunto, en oposición a buena parte de los equipos económicos de gobierno y del propio presidente Allende. Este era un sector crítico de la democracia parlamentaria y que se sentía cómodo con el modelo cubano, pero sin tomar en cuenta que las condiciones eran sustancialmente diferentes. No por casualidad Ernesto Guevara tuvo para Chile y Uruguay un diseño de bases logísticas, pero nada que se pareciera a que estos países fueran incluidos en procesos de lucha armada, la que en cambio favoreció en Brasil, Perú, Bolivia y Argentina para desplazar a dictaduras militares.
El presidente Allende fue un conductor político que realizó ingentes esfuerzos por estabilizar la situación política, buscando desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales, en lo que el PS y el PC no le acompañaron, cometiendo un fuerte error político. En simultáneo, buscó con tesón un acuerdo con la DC, como el que permitió su llegada al gobierno en 1970. No debe olvidarse que estuvo cerca de lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito, que no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973. El golpe militar si era evitable.
El freismo le negó todo acuerdo al presidente Allende durante su gobierno, lo que reafirmó cuando recuperó el control del partido en 1973. Privilegió desde el primer momento el golpe de Estado, en alianza con Estados Unidos y la derecha, que pensaba le permitiría en breve plazo volver al poder en condiciones de control represivo de la izquierda. Tampoco ayudó al esfuerzo político del presidente Allende la reticencia de la dirección del Partido Socialista, que no ofreció una opción alternativa que no fuera una radicalización sin soporte en alguna fuerza militar propia de alguna significación (tampoco la tuvo el MIR) y sin que estuvieran preparando insurrección alguna, como si lo hicieran Montoneros y ERP en Argentina. En paralelo, el presidente Allende se empeñó en estabilizar la situación económica, pero sin renunciar a la nacionalización del cobre, a la reforma agraria y la ampliación de un núcleo de empresas industriales socializadas que permitiera sostener un proceso de crecimiento que redundara en el largo plazo en aumentos del bienestar de la mayoría social. Se debía estabilizar el proceso de cambios, contener las desorganizaciones productivas que son propias de transferencias de propiedad de gran magnitud y evitar una «huelga empresarial» generalizada, como la pronosticada por Michal Kalecki décadas antes en condiciones de este tipo.
Pero se produjo el mencionado desborde político y social, con graves consecuencias, pues redundó en un aumento del apoyo social a un golpe de Estado. Se llegó a unas 500 empresas intervenidas, en las cuales las planillas salariales aumentaron y fueron financiadas con emisión monetaria. La suma del boicot empresarial financiado desde Estados Unidos, el fin del crédito externo y la espiral precios-salarios llevaron a una situación paradojal: el consumo popular aumentó sustancialmente respecto a los años previos, pero su acceso se hizo en condiciones de dificultad cotidiana en el abastecimiento, con la correspondiente erosión del apoyo social. Esto movilizó en contra del gobierno a amplios sectores medios y disminuyó la adhesión al gobierno, aunque se mantuvo en 43% del electorado en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50% en la elección municipal de 1971 y el 36% en la elección presidencial de 1970. El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas, con su mando atacado por la derecha y el freismo (con los generales Arellano y Bonilla incluidos), lo que terminó en la renuncia del general Prats, la posterior traición de Pinochet y la culminación del control ilegal de la Armada por Merino y de Carabineros por Mendoza.
¿Qué se puede pensar 50 años después? Lo medular de la pugna histórica chilena permanece en las actuales circunstancias, en las que la meta de la derecha no es ahora derrocar al gobierno sino inmovilizarlo y desacreditar sus propósitos. El discurso oligárquico pretende, como siempre, dejar establecido que deben quedar fuera del horizonte de posibilidades de la acción política aquellas transformaciones que recuperen para el país sus recursos naturales y otorguen al Estado un rol económico más significativo en beneficio del trabajo y de los sectores más pobres y marginados de la sociedad. La economía debe organizarse alrededor de los intereses del capital y las políticas sociales deben subordinarse a ellos. Punto y aparte.
El problema es que lo que se intenta expulsar por la puerta suele volver por las ventanas y las rendijas. Ese es el sentido profundo de la rebelión de 2019, que volvió a poner en cuestión el dominio oligárquico y la concentración económica en Chile, y su traducción en desigualdades y abusos cotidianos.
En 2019-2021 se vivió la secuencia de una nueva «revolución desde abajo«. Esta se tradujo incluso, en este caso refrendada por 2/3 del parlamento, en un golpe al corazón del modelo privatista de seguridad social, mediante los retiros de recursos desde los fondos de pensiones. Así como ocurrió con los reajustes salariales y las ocupaciones de empresas bajo la Unidad Popular, el gobierno de Piñera perdió parte del control de la política económica. Pero según las cifras del Banco central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. En 2021, en la salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares aumentó en 21% y el consumo de gobierno en 14%, con lo que la demanda interna aumentó en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB de 12%. Como se observa, la tan criticada política económica de la UP no tuvo la intensidad expansiva del último año de Piñera II, ya desbordado. La diferencia, crucial, es que el bloqueo externo en 1971-73 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad, y produjo rupturas de abastecimiento de bienes básicos y una alta inflación. Esto reafirma una vez más la importancia del bloqueo externo en el desenlace del gobierno de la Unidad Popular y de mantener hoy una inserción externa estable y diversificada para llevar a cabo cualquier proyecto de cambio progresista.
La derecha ha logrado hasta aquí mantener a raya las amenazas a los cambios del orden oligárquico que despuntaron en el proceso constituyente iniciado en 2020, a pesar de perder el gobierno en 2022, aunque no el parlamento. Logró, usando todos sus dispositivos comunicacionales e institucionales, derrotar el proyecto constitucional de la Convención y transformar la rebelión social en la idea de una amenaza delincuencial desbordada. Y también anular al nuevo gobierno, con una estrategia de promoción del miedo a la delincuencia y a la inmigración. Esta ha sido efectiva para inclinar hacia la extrema derecha a sectores medios y populares, estimulando un apoyo primitivo al orden represivo y a la xenofobia. La derecha ha logrado cambiar la agenda pública y relegado los temas de desigualdad y abuso. Además, ha bloqueado desde el parlamento, sin gran costo político hasta ahora, reformas progresistas como la tributaria, de pensiones o la de seguros de salud, de gran importancia para la mayoría social. Pero su piedra de tope será su probable derrota en el plebiscito constitucional de diciembre de 2023, que tal vez permitirá al gobierno actuar en mejores condiciones para retomar la iniciativa política y su propia agenda.
viernes, 25 de agosto de 2023
Derrocamiento y persistencia de un proyecto histórico
En El Mostrador
A medida que se acerca el 11 de septiembre de 2023, arrecian las descalificaciones al proyecto histórico de la izquierda derrocado por la fuerza militar hace 50 años. La derecha insiste con todos sus medios en descalificar la experiencia de 1970-73, tanto en su contenido transformador como en la vigencia del ejemplo de consistencia, consecuencia y dignidad de su conductor, Salvador Allende. Para la derecha es insalvable que Allende, como Balmaceda, no se rindiera ante la fuerza y que decidiera pagar con su "vida la lealtad del pueblo”. Por eso insiste en querer destruir su imagen y minimizar su trascendencia.
Los argumentos más ilustrados oscilan entre la idea del fracaso de Allende y la no vigencia de su proyecto. El Presidente Allende no fue un incompetente que se perdió en un laberinto creado por él mismo, como pretenden presentarlo algunos, sino que fue un conductor político que actuó en una situación extremadamente adversa y realizó ingentes esfuerzos para hacer posibles cambios indispensables en la sociedad chilena y, a la vez, estabilizarlos en determinados límites.
Buscó desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales que emprendió, nada menos que la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la conformación de un área bancaria e industrial socializada. En esa idea, el PC y el PS no lo acompañaron, cometiendo un error estratégico, mientras el PS y la izquierda radicalizada estimularon la “revolución desde abajo” que, siendo legítima en sus motivaciones, no debía ser conducida hacia desbordes salariales y ocupaciones de unidades productivas financiadas por emisión monetaria, sino hacia una nueva estabilidad que cautelara la alianza con los sectores medios para enfrentar la reacción implacable de los afectados por los cambios iniciales.
Estos eran el límite necesario de esa etapa histórica y no dimensionarlo fue el error de la izquierda radical de la época. Estados Unidos cortó el crédito externo y estranguló las importaciones, mientras en el Parlamento la oposición aprobaba los reajustes sin los ingresos para financiarlos, alimentando el déficit fiscal y la inflación. La economía chilena “gritó”, como fue la orden dada en 1970 por Nixon a la CIA.
El Gobierno de la Unidad Popular quedó preso en la lógica implacable de la Guerra Fría y no pudo controlar el desborde expansivo de la demanda que se volvió en su contra. Esto erosionó el apoyo al Gobierno, aunque se mantuvo en 43% en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50% de la elección municipal de 1971 y el 36% de la elección presidencial de 1970, y sobre todo irritó y movilizó en su contra a amplios sectores medios que prestaron apoyo social al golpe de Estado de 1973, y en buena medida inmovilizó al resto.
El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas, con su mando atacado por la derecha y el freísmo (a través de los generales Arellano Stark y Bonilla), lo que culminó en la renuncia del general Prats y la posterior traición de Pinochet, a pesar de que dos de los cuatro comandantes en Jefe (los de la Armada y Carabineros) se mantuvieron hasta el 11 de septiembre leales a la Constitución y al Presidente Allende.
Allende actuó frente a un plan de derrocamiento interno y externo poderoso y sistemático. Buscó con tesón un acuerdo con la DC, como el que permitió su llegada al Gobierno en 1970, logro histórico contra la expresa intervención violenta de Estados Unidos y la voluntad conspirativa de la derecha y del freísmo DC, que las circunstancias le impidieron proyectar. Pero no debe olvidarse que estuvo cerca de lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito, que no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973, y que hubiera salvado con una cierta probabilidad de éxito los cauces democráticos chilenos y, a lo mejor, dado tiempo a una recomposición de una izquierda que hubiera procesado sus radicalizaciones inconducentes.
Hace 50 años se produjo un derrocamiento (es el subtítulo de mi libro recién publicado sobre el tema) de un Gobierno legítimo y democrático, seguido de una represión violenta y prolongada, pero no un fracaso del proyecto histórico de la izquierda. Este siguió adelante bajo otras formas, a partir de un espíritu de resistencia que se inscribe en décadas de luchas republicanas, sociales y libertarias.
Desde luego se mantiene la vigencia de sus fundamentos, que fueron y siguen siendo la búsqueda histórica de una sociedad democrática con justicia social y con recuperación para el país de sus recursos naturales. Hay dimensiones adicionales, como el énfasis igualitario en materia de género y el respeto a las disidencias, junto a la urgente tarea de la sostenibilidad ambiental. Pero no son dimensiones sustitutivas de las previamente existentes. No se sustituye así no más la aspiración colectiva a las libertades y a una democracia plena, basada en la soberanía popular y la prevalencia de la voluntad de la mayoría con respeto de las minorías, ni la aspiración a una igualdad efectiva de oportunidades y derechos y a la reciprocidad comunitaria y solidaria.
El instrumento principal para lograr esos objetivos tampoco ha variado tanto: es la construcción estable de una coalición amplia que exprese a un bloque social y político por cambios progresivos, con vocación mayoritaria, capacidad de entenderse con el centro y de proveer estabilidad política. Es lo que, no sin dificultades, se esboza en el actual Gobierno, que expresa la emergencia de una nueva generación de izquierda.
Es esa vigencia la que precisamente irrita tanto a la derecha, a pesar de la victoria de la contrarreforma en 1973 mediante violencias prolongadas. La radical restauración del dominio oligárquico fue efectiva, aunque no definitiva, y ha tenido que aceptar modulaciones híbridas a lo largo del tiempo que pueden bascular a un Estado social de derecho. No siguió ya siendo sustentada en la hacienda y su cultura autoritaria, sino en grupos financieros hiperconcentrados y en la cultura del individualismo mercantil y la ilusión de la movilidad social mediante el crecimiento económico.
Este se agotó hace más de una década y dio lugar a la vasta rebelión de 2019, a un proceso constituyente y al desplazamiento de la derecha en 2021, aunque se haya recompuesto en 2022 con su victoria contra el proyecto constitucional de la Convención. Pero sus reflejos autoritarios no le permiten concebir otra cosa que una implacable oposición al actual Gobierno y presentar el orden oligárquico como si fuera la normalidad. Y esa pretensión es la que sigue fracasando irremediablemente 50 años después.
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