jueves, 5 de octubre de 2023

5 de octubre

Hoy es un día que está marcado de manera indeleble para mi generación. A 35 años del día en que la dictadura y el más oscuro militarismo fueron derrotados en las urnas, remito (https://gonzalomartner.blogspot.com/.../la-gesta-del-no.html) a lo escrito tiempo atrás sobre el plebiscito de 1988 y lo que viví(mos) ese día.

Agrego que en esta ocasión como nunca tiendo a pensar que fue "el día en que vivimos en peligro", parafraseando el título de la película de Peter Weir. En efecto, por el lado del régimen, según se observó el día de marras hace 35 años, se dieron sucesivos reportes oficiales de votos que daban por ganador al SI contra toda evidencia, y luego los medios televisivos transmitieron dibujos animados durante horas. Y se sabe, por las memorias del general de la junta militar Matthei, que Pinochet buscó desconocer el resultado pasada la medianoche y decretar el estado de sitio, que suspendía todas las garantías y permitía manipular los resultados o eventualmente declararlos nulos. “Querían salir a la calle, con las tropas”, declaró Matthei mucho después. Pinochet no logró el acuerdo de las otras ramas militares porque hubiera dado lugar a una inmediata reactivación de las masivas protestas populares de 1983-86 y dado mayor legitimidad a la lucha armada emprendida por el PC y parte de la izquierda, junto a una aún mayor presión internacional que incluía ahora a Estados Unidos (con episodios equívocos como el de las uvas envenenadas y la suspensión de sus exportaciones). Esto llevó probablemente a Matthei a reconocer la victoria del NO a Pinochet y su régimen antes de reunirse con la junta militar, lo que ya había hecho por televisión en el canal de la Iglesia el jefe de la derecha tradicional, Sergio Jarpa. Al parecer, Merino, de la Armada, terminó de inclinar en la reunión de la junta militar en La Moneda la balanza hacia el reconocimiento de su derrota y la preparación de una "retirada ordenada".
En paralelo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, dirigido por Raul Pellegrín, había preparado, en la hipótesis de un desconocimiento militar del resultado, acciones armadas de cierta envergadura en Santiago y Concepción para la misma noche del 5 de octubre, según diversos testimonios, lo que en todo caso hizo efectivo 16 días después en el asalto al retén de Los Queñes, para intentar establecer una guerrilla rural próxima a Santiago. En ese intento, acompañado de un pequeño grupo imbuido de las ideas foquistas, fue capturado por Carabineros y asesinado con su compañera Cecilia Magni, después de atroces torturas.
Pinochet trató persistentemente de forzar una crisis que le permitiera suspender todo el proceso y mantenerse en el poder, lo que el Comando del NO desde la noche del 5 y días siguientes buscó evitar canalizando la algarabía popular hacia lugares distintos a La Moneda, cuyo asalto hubiera dado lugar a una masacre y constituido un pretexto para Pinochet. Éste buscó ese esquema con persistencia, al punto de dar la orden de asesinar en un momento tan avanzado como el 4 de septiembre de 1989 al dirigente público del MIR Jécar Neghme, para otra vez buscar provocar una respuesta violenta de esa organización, la que no cayó en la trampa, y de ese modo realizar un nuevo intento para suspender las elecciones de diciembre de ese año. En ese evento, toda la oposición se unió para votar por Patricio Aylwin, incluido el PC. Como se observa, la historia pudo haber sido otra, como siempre es el caso, lo que da todavía más valor al triunfo popular del 5 de octubre de 1988, cautelado por muchos miles de personas en cada mesa y recinto de votación, y la apertura de un proceso de transición a la democracia que esquivó múltiples escollos. Los errores cometidos en ese proceso, en especial en la negociación de las reformas constitucionales de 1989 con el régimen militar, junto a la ausencia de voluntad suficiente de realizar cambios económicos y sociales de mínima envergadura para salir del predominio incontrarrestable de la concentración económica y las desigualdades, que terminaron en la rebelión de 2019, no empañan su trascendencia histórica.
Pero también el 5 de octubre es una fecha simbólica para los revolucionarios chilenos, pues en esa fecha en 1974 murió combatiendo valerosamente Miguel Enríquez, el joven médico que dirigía al MIR en la clandestinidad. Reproduzco también lo escrito tiempo atrás sobre su significado (https://gonzalomartner.blogspot.com/.../revolucionarios.html).

jueves, 28 de septiembre de 2023

El desafío de diciembre

En La Nueva Mirada

La extrema derecha, aliada a la derecha tradicional, ha confirmado en las últimas semanas su decisión de desafiar a la sociedad chilena a través de su control del Consejo Constitucional. Todo indica que buscará consagrar el 17 de diciembre próximo un régimen autoritario y neoliberal más radical que el de la constitución de 1980.

Esto se traduce en normas liberticidas como la que prohíbe “las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”, lo que puede interpretarse de manera arbitraria, y como la que establece que  “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”. Adicionalmente, se prohíbe la participación en direcciones políticas de los dirigentes sociales. Se deja de lado la paridad de género en la representación parlamentaria y en otros órganos del Estado, se disminuye la proporcionalidad de la representación en la Cámara y se mantiene la sub-representación de las regiones con más habitantes en el Senado, con el objeto de consagrar un sistema electoral distorsionado y favorable a los conservadores. En materia cultural se establece una inaceptable definición según la cual “el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país”. Nada de esto es congruente con un régimen de libertades civiles, políticas y culturales.

Se vuelve, además, a una constitución pétrea, aumentando el quórum de reforma desde los 4/7 vigentes desde agosto de 2022 a 60%, mientras se lleva la aprobación de toda ley que interprete la constitución (todas lo hacen de alguna u otra manera) a ese quórum, sustrayendo potencialmente a la totalidad de la legislación de la soberanía popular y del principio de mayoría, lo que hoy solo ocurre con la leyes orgánicas y de reforma constitucional (4/7). 

Se insiste, por otro lado, en el financiamiento directo de las Fuerzas Armadas por sobre la educación, la salud, las pensiones u otros gastos públicos, permite la liberación por edad de asesinos y torturadores, mantiene la falta de incidencia del parlamento en el nombramiento de altos oficiales, conserva la institución de bloqueo del gobierno constituida por la acusación constitucional a ministros, junto a adoptar un reconocimiento muy restringido de los pueblos originarios. Pero no se trata solo de temas institucionales, sino también de inducir la anulación del aborto por tres causales, junto a establecer la “objeción de conciencia individual e institucional” que puede hacer inviable el funcionamiento de los servicios públicos. Se establece que las familias “tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”, sin que los recursos públicos estén asociados a normas básicas de laicidad educativa propias de toda República moderna. Y en lo económico-social, se restringe el derecho a la huelga, prohíbe formas de protección social compartida en nombre de la “libertad de elección”, impide la solidaridad previsional con las mujeres en nombre de la propiedad individual de los aportes obligatorios, constitucionaliza el privatizador financiamiento por alumno, pone cortapisas al ejercicio de los derechos sociales y lleva a ley toda reglamentación para disminuir su capacidad de aplicación. A su vez, se sobre-protege la propiedad privada y permite privatizar bajo la forma de concesión las aguas, los hidrocarburos, el litio, los recursos del mar y las playas, además de limitar la acción contra el cambio climático, que la derecha se niega siquiera a mencionar como materia de legislación.

El objetivo es evitar a toda costa un Estado democrático y social de derecho en Chile y que se consagre el control nacional de los recursos naturales y su protección. Aunque un Estado de este tipo reúne un amplio consenso en la sociedad, la derecha quiere impedir que se establezca y lo hace de una forma más rígida que todo lo conocido hasta acá, que ya es bastante. Para obtener adhesiones, juega al populismo, que tanto criticó a la Convención, pero en este caso con normas anti-inmigración de inspiración xenófoba y con la medida de terminar con el impuesto a la primera vivienda. Esto se traduce sobre todo en que no paguen tributos las casas de lujo en que viven los más ricos. Nada de esto existe en constitución alguna, pues se trata de evidentes materias de ley. Se trata de una nueva lista de privilegios para la casta oligárquica que pretende imponer la derecha en Chile, lo que amerita un amplio voto “en contra» en el plebiscito de diciembre.

La paradoja es que esta dinámica posiblemente ayudará a rearticular el escenario político, hoy dominado por la agenda de seguridad pública y de inmigración que anula al actual gobierno, sometido a una operación de acoso sin respiro por la derecha política, económica y mediática. Ésta se despliega para que el gobierno no pueda avanzar en sus prioridades sociales y para llevarlo al desprestigio y a una derrota electoral severa en 2024 y 2025.

Este diseño, hasta ahora exitoso, puede eventualmente ser contrarrestado, una vez consumada la derrota previsible de la derecha en diciembre próximo, si el gobierno retoma la iniciativa política. Podría partir por proponer reformas constitucionales razonables para avanzar a un Estado democrático y social de derechos, esta vez reuniendo 4/7 en el actual parlamento con ese fin. Si no lo logra, quedará establecida su plataforma ante la sociedad en las elecciones venideras. De paso, podrá con nuevo oxígeno consolidar su coalición de apoyo y, además, invitar a la Democracia Cristiana a participar del gobierno. Esto tiene sentido, pues su coalición seguramente compartirá candidaturas comunes a gobernadores y alcaldes con la DC, aunque en consejeros y concejales haya una legítima competencia electoral en listas que expresen la diversidad, además de la unidad.

Esto requiere que las fuerzas de apoyo al gobierno, es decir las distintas variantes de la izquierda chilena, tomen decisiones. EL PS deberá asumir que toda nostalgia de volver a sus coaliciones pasadas no tiene sentido y definir un entendimiento de largo plazo con el Frente Amplio, el PC y la izquierda movimientista. Esto debiera partir por traducirse en listas comunes en las elecciones territoriales y en las posteriores elecciones parlamentarias. Y en un compromiso temprano por realizar una primaria presidencial en 2025, que uno se puede imaginar con la presencia de Carolina Tohá, Camila Vallejos y Giorgio Jackson, por ejemplo, de nuevo en una perspectiva de simultánea diversidad y unidad.

Esto no tiene por qué impedir alianzas electorales y eventualmente de gobierno con el centro, pero desde una posición de coherencia, que es la que se perdió en la fase final de la Concertación y la Nueva Mayoría, cuando se privilegió la defensa conservadora del statu quo. A muchos de sus componentes dejar de luchar por un programa democrático y de cambios sociales equitativos les fue resultando aceptable. Pero su conducta los alejó de las aspiraciones de la sociedad y produjo un desgaste que llevó a los gobiernos de Piñera y luego a la rebelión social de 2019.

Requisitos para el futuro parecen ser, primero, que en el PS algunos caudillos locales, que se relacionan con el Frente Amplio desde una percepción de amenaza a sus dominios territoriales, acepten una disciplina de partido y de gobierno, pues los feudalismos, ahora sustentados en el clientelismo, no son una receta que lleve a ninguna otra parte que a aumentar el desprestigio de la democracia. Segundo, el Frente Amplio debiera ampliar la comprensión de que su conformación generacional post-moderna es parte de su historia pero no de su futuro, y tener sólidamente una acción política sustentada en un proyecto y no en identidades. Existe un tercer requisito que puede ser, tal vez, un hueso más duro de roer, y que es la futura política del Partido Comunista, un actor clave de la coalición de gobierno.

La emergencia en su momento del liderazgo de Daniel Jadue, desde la experiencia ciudadana de la gestión territorial, consolidó en el PC la búsqueda de una convocatoria amplia, que a algunos nos pareció importante acompañar. Pero su continuidad suponía no confrontar al gobierno de Boric, sino apoyarlo y hacerle ver eventualmente sus errores, lo que es una cosa distinta, lo que no siempre ha ocurrido al proyectarse una imagen de intolerancia, No obstante, ha primado la seriedad de su actuación.

En un momento en que el PC debe hacer el relevo de dirección, luego del fallecimiento de su líder, persiste, no obstante, un ruido provocado por su alineación internacional. A partir de ella polemiza con el gobierno, mucho más que con la orientación conservadora de algunas de sus políticas económicas, que en algún caso lo ameritan, especialmente para que no sean un factor contribuyente a fracasos como el de septiembre de 2022. Esto es parte del rol de los partidos en una coalición de gobierno: cautelar que su política se oriente hacia los objetivos pactados y hacia la continuidad de su proyecto. Cuando un país invade un país soberano y anexa territorios, solo cabe rechazarlo, aunque sea el sucesor de la Unión Soviética. No se observa cómo se podría defender el legítimo derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional de Cuba y Venezuela frente a Estados Unidos, o la de Palestina frente a Israel, si se niega la de Ucrania frente a Rusia. Hay que preguntarse, además, qué significa defender a un déspota conservador, antifeminista y homófobo, sustentado en un capitalismo mafioso. No tiene sentido proyectar que en el PC pudieran estar manteniéndose por algunos simpatías estalinistas, tal vez porque necesitan apoyarse en una identidad ortodoxa (otra vez las identidades y no los proyectos) o bien por adhesiones inexplicables a regímenes como los de Maduro y Ortega, que nada tienen que ver con cualquier definición que se pueda tener de un proyecto de izquierda. En todo caso, izquierdas europeas como las de Yolanda Díaz y Jean Luc Mélenchon, poco sospechosas de pro-imperialismo, condenan la invasión rusa a Ucrania, en lo que también podría persistir el PC chileno, como lo hizo en su declaración inicial sobre el tema. Reflexionar más a fondo sobre su posición internacional podría, tal vez, ser una contribución del PC a la consolidación de una coalición de izquierda con una proyección común en Chile.

Estos tipos de evoluciones en la conducta de las fuerzas de gobierno, que parecen ser requisitos para consolidar su unidad de propósitos y revertir el escenario político hasta ahora tan desfavorable, pueden parecer muy difíciles de lograr, o incluso una especie de cuadratura del círculo. Es posible que así sea. Lo que sí es una certeza es que una izquierda que arrastra y cultiva sus incoherencias puede hacer terminar muy mal al gobierno que hoy sustenta. Y también es una certeza que de su fracaso puede demorar muchos años en recuperarse.

Un proyecto constitucional inaceptable

En El Mostrador

La extrema derecha, aliada a la derecha tradicional, ha confirmado en las últimas semanas su decisión de desafiar a la sociedad chilena a través de su control del Consejo Constitucional. Todo indica que buscará consagrar el 17 de diciembre próximo un régimen autoritario, conservador y neoliberal en diversos aspectos más radical que el de la constitución de 1980. 

Esto se traduce en normas liberticidas como la que prohíbe “las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”, lo que puede interpretarse de manera eminentemente arbitraria, y como la que establece que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”. Adicionalmente, se prohíbe la participación en direcciones políticas de los dirigentes sociales. Se deja de lado la paridad de género en la representación parlamentaria y en otros órganos del Estado, se disminuye la proporcionalidad de la representación en la Cámara y se mantiene la subrepresentación de las regiones con más habitantes en el Senado, con el objeto de consagrar un sistema electoral distorsionado y favorable a los conservadores. En materia cultural se establece una inaceptable definición según la cual “el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura que no sean contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país”. Nada de esto es congruente con un régimen de libertades civiles, políticas y culturales.

Se vuelve, además, a una constitución pétrea, aumentando el quórum de reforma desde los 4/7 vigentes desde agosto de 2022 a 60%, mientras se lleva la aprobación de toda ley que interprete la constitución (todas lo hacen de alguna u otra manera) a ese quórum, sustrayendo potencialmente a la totalidad de la legislación de la soberanía popular y del principio de mayoría, lo que hoy solo ocurre con la leyes orgánicas y de reforma constitucional (4/7). 

Se insiste, por otro lado, en el financiamiento directo de las Fuerzas Armadas por sobre la educación, la salud, las pensiones u otros gastos públicos, permite la liberación por edad de asesinos y torturadores, mantiene la falta de incidencia del parlamento en el nombramiento de altos oficiales, conserva la institución de bloqueo del gobierno constituida por la acusación constitucional a ministros, junto a adoptar un reconocimiento muy restringido de los pueblos originarios. Pero no se trata solo de temas institucionales, sino también de inducir la anulación del aborto por tres causales, junto a establecer la “objeción de conciencia individual e institucional” que puede hacer inviable el funcionamiento de los servicios públicos. Se establece que las familias “tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”, sin que los recursos públicos estén asociados a normas básicas de laicidad educativa propias de toda República moderna. 

En lo económico-social, se restringe el derecho a la huelga, prohíbe formas de protección social compartida en nombre de la “libertad de elección”, impide la solidaridad previsional con las mujeres en nombre de la propiedad individual de los aportes obligatorios, constitucionaliza el privatizador financiamiento por alumno, pone cortapisas al ejercicio de los derechos sociales y lleva a ley toda reglamentación para disminuir su capacidad de aplicación. A su vez, se sobreprotege la propiedad privada y permite privatizar bajo la forma de concesión las aguas, los hidrocarburos, el litio, los recursos del mar y las playas, además de limitar la acción contra el cambio climático, que la derecha se niega siquiera a mencionar como materia de legislación. 

El objetivo es evitar a toda costa un Estado democrático y social de derecho en Chile y que se consagre el control nacional de los recursos naturales. Aunque un Estado de este tipo reúne un amplio consenso en la sociedad, la derecha quiere impedir que se establezca y lo hace de una forma más rígida que todo lo conocido hasta acá, que ya es bastante. Para obtener adhesiones, juega al populismo, que tanto criticó a la Convención, pero en este caso con normas anti-inmigración que lesionan derechos y de inspiración xenófoba, junto a una norma inaplicable que “garantiza a toda persona la elección del establecimiento educacional de su preferencia” y a otra igualmente inaplicable que indica que ”cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”. Por definición, las entidades privadas se reservan el derecho a aceptar o no a sus clientes, según paguen o no sus servicios a determinados precios, sin lo cual no serían privadas. Se agrega la medida de terminar con el impuesto a la primera vivienda, que se traduce sobre todo en que no paguen tributos las casas de lujo en que viven los más ricos. 

Nada de esto existe en constitución alguna. Se trata de encubrir una nueva lista de privilegios para la casta oligárquica que pretende imponer la derecha en Chile, lo que amerita promover sin más trámite un amplio voto “en contra" en el plebiscito de diciembre.


jueves, 21 de septiembre de 2023

Ucrania y la soberanía


Ha vuelto la polémica sobre la posición internacional de Chile por la reunión Boric-Zelenski en Naciones Unidas. Se vuelve a dar argumentos por algunos para prestar un injustificado apoyo a Rusia, que invadió parte del territorio de un país soberano y lo anexó, además de intentar tomar su capital y someter su régimen político a sus designios.
Cabe hacerles algunas preguntas:
1. ¿Por qué a Ucrania sólo le cabría someterse a la Rusia de Putin y a su régimen? ¿No es acaso un país soberano que puede decidir sus alianzas y optar por la neutralidad o bien adherir a la Unión Europea y eventualmente a la OTAN, si así lo deciden soberanamente sus ciudadanos? ¿Por qué debería Rusia disponer de un poder de veto neocolonial? ¿Por qué debería ser Ucrania parte de un proyecto de restauración imperial dominado por un capitalismo oligárquico y un régimen despótico y conservador, cuyas fuerzas de apoyo son antifeministas y homófobas? Luego, ante la agresión externa, ¿no tiene Ucrania derecho a la defensa armada de su territorio, aunque las armas provengan de europeos y norteamericanos (de alguna parte tienen que venir)?
2. Si el argumento es que Ucrania merece ser invadida porque era parte de la zona de influencia del imperio Ruso en unas u otras etapas de su expansión pasada, y luego parte de la Unión Soviética, cabe recordar que Lenin y Trotsky reconocieron su soberanía nacional poco después de la revolución, en medio de los avatares de la guerra civil de 1917-1923, igual que la de los países bálticos y Polonia. Por eso Putin es un crítico acerbo de Lenin. Otra cosa es que después la URSS y Stalin se las retiraran en diversas etapas y volvieran a invadir esas naciones. Sin embargo, Ucrania, como Bielorrusia, tuvo una representación propia en la ONU desde su creación, dado ese reconocimiento nacional. Y en 1991 recuperó su plena independencia, reconocida formalmente por la Federación Rusa, específicamente a cambio del retiro del arsenal nuclear de su territorio, como en el caso de otros países que pertenecieron la URSS.
3. Este argumento se asemeja a considerar hoy que tendría razón Perú si reivindicase los territorios al norte de Antofagasta, porque en algún momento fueron anexados por el Imperio Inca (lo que ocurrió de hecho hasta el río Maule), y luego formaron parte del virreinato peruano y del Perú independiente. Las guerras de conquista de territorios contra la voluntad de sus pueblos, por las razones que sea, no resultan ser algo defendible, ni tampoco "zonas de influencia histórica" que limiten la soberanía de unas u otras naciones internacionalmente reconocidas. Pero nada de eso justifica intentar cambiar hoy las fronteras existentes, aunque resultaran de guerras y confrontaciones pasadas, pues se haría todavía más inoperante el derecho internacional para mantener la paz entre las naciones (193 en la actualidad) y se pavimentaría un camino directo a las guerras de conquista, a la ley del más fuerte y a la violencia generalizada en el mundo.
4. Se argumenta, por otro lado, que la invasión rusa se justifica porque el de Ucrania sería un régimen nazi. ¿Zelensky un nazi? Fue electo en 2019 por una amplia mayoría ciudadana en elecciones competitivas, su partido no tuvo que ver con el Maidan y otras confrontaciones previas entre nacionalistas ucranianos y pro-rusos y es objeto de control por un parlamento en funciones. De hecho, su plataforma electoral era buscar la paz con Rusia. Además, ¿qué sentido puede tener tratar de nazi a un judío ruso parlante, cuyo abuelo fue combatiente del Ejército Rojo contra Hitler, mientras parte de su familia murió en los campos de concentración por ser judíos? ¿No es un simple despropósito de la propaganda de Putin destinada a justificar lo injustificable y demonizar a un presidente legítimo? En Ucrania, claro, ha habido y hay ultraderechistas y pro-nazis. ¿Aquí no? ¿Y en la Rusia de Putin tampoco?
5. Si el argumento es que Putin está en lucha contra Estados Unidos y eso todo lo justifica, entonces cabe apoyar a la dinastía de los Kim en Corea, los ayatolas en Irán y a los talibanes en Afganistán. Mala suerte si persiguen a todo el mundo que no se les someta y/o a las mujeres y a los no creyentes, lo importante es que son anti-norteamericanos ¿Se puede sostener, contra toda razón, que, dado que Estados Unidos es un imperio que ha provocado daños inmensos a los pueblos latinoamericanos mediante invasiones e intervenciones (el que quiera leer el detalle de la inaceptable intervención norteamericana en Chile puede hacerlo en mi más reciente libro), entonces debemos alinearnos con sus enemigos en toda circunstancia y quienquiera éstos sean? ¿Se nos olvidó que contra los nazis lucharon juntos los soviéticos y los norteamericanos de Roosevelt, aunque previamente Stalin había pactado con Hitler? ¿O que hoy los vietnamitas herederos de Ho Chi Minh, después de una guerra que costó 2,5 millones de muertos, cooperan con los norteamericanos en diversos temas para contrarrestar la influencia de China en la zona? De ese país Vietnam recibió apoyo activo contra los norteamericanos, pero hoy mantiene con él disputas territoriales, las que incluso llevaron a una breve guerra en 1979. Así son en ocasiones las paradojas de la historia.
6. Esta postura pro-rusa en Chile tiene un problema de consistencia. ¿Como se puede defender el legítimo derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional de Cuba, Venezuela o Palestina si se niega la de Ucrania? Hay que preguntarse de donde salió esta manía de defender a un déspota neo-imperial heredero del zarismo por el solo hecho de dirigir un país que en otras épocas fundó la fenecida Unión Soviética. ¿Tal vez de nostalgias estalinistas en mundo post-moderno demasiado confuso? ¿O por simpatías inexplicables con regímenes no democráticos como los de Maduro y Ortega? En todo caso, izquierdas europeas como las de Yolanda Díaz y Jean Luc Mélenchon, poco sospechosas de pro-imperialismo, condenan la invasión rusa a Ucrania. Lo mismo debieran hacer sus equivalentes en Chile, simplemente por un asunto de convicciones democráticas y de defensa de la soberanía de los pueblos frente a la agresión externa, que forman parte del acervo irrenunciable de la izquierda chilena.
7. Pero, sobre todo, ¿no tiene más sentido defender hoy la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos en todas partes y propiciar una política de no alineación latinoamericana activa respecto a Estados Unidos, Europa y también China y Rusia, así como de cooperación caso a caso en lo que corresponda al interés nacional y regional con unos y otros bloques en un mundo multipolar? ¿Y propiciar relaciones internacionales sin guerras de conquista ni intervenciones contra la soberanía, con la sola excepción de la defensa de los derechos humanos, y condenar tanto la invasión a Ucrania como las intervenciones norteamericanas en América Latina?
Es lo que ha hecho el presidente Boric en la ONU. Ha tenido toda la razón en hacerlo.

viernes, 15 de septiembre de 2023

Una breve aproximación a las clases sociales en Chile a partir de la Encuesta Suplementaria de Ingresos

 

Centro de Políticas para el Desarrollo
Facultad de Administración y Economía
Universidad de Santiago de Chile

https://mgpp-usach.blogspot.com/2023/09/una-breve-aproximacion-las-clases.html?view=magazine

jueves, 14 de septiembre de 2023

La historia y la declaración de los presidentes sobre los 50 años del golpe


El presidente Boric y los expresidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera han emitido el 7 de septiembre una declaración cuyo sentido es proyectar un consenso democrático. El resultado es más bien desconcertante.

Llama la atención que en la misiva no se condene el golpe militar y se haga solo una afirmación según la cual los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, y no con menos. Es una alusión muy importante a lo formulado por Abraham Lincoln, pero bastante poco a la altura del hecho ocurrido hace 50 años: el derrocamiento violento del gobierno democráticamente elegido, el bombardeo de La Moneda y de la residencia presidencial y finalmente la muerte del presidente Salvador Allende por propia decisión, para preservar la dignidad de un cargo conferido por el pueblo y que decidió no entregar a los golpistas. Nada de esto se menciona. Hacerlo no es intentar imponer un punto de vista. Al revés, no hacerlo es no querer asumir hechos históricos altamente reprobables e inaceptables en el pasado, el presente y el futuro. En silenciarlos persisten las distintas variantes de la derecha chilena, que además esconden su responsabilidad en la conspiración multiforme desde el 4 de septiembre de 1970, incluyendo llamados a los cuarteles, bombas terroristas y de sabotaje, paralizaciones de actividades, huelgas patronales, acaparamiento de productos y todas las variantes de una incesante insurrección civil, financiada por la CIA por orden directa del entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, con un solo objetivo: derrocar al gobierno elegido por la ciudadanía. Y después apoyar una dictadura sangrienta por más de 16 años.

Quedarse en afirmaciones sobre el respeto genérico de los derechos humanos fue seguramente el precio para obtener la firma de un ex-presidente de derecha, que, aunque no expresa a la derecha más dura, ha afirmado que el golpe no era evitable y ha reiterado no estar dispuesto a condenarlo. En realidad, estuvo a favor de que se realizara, aunque no lo reconozca. Esto hacen muchos otros que posan de demócratas, los que todavía aluden, cuando se les pregunta por su apoyo a un hecho tan grave y de tan nefastas consecuencias, un plan de golpe de la izquierda y un plan zeta para matar gente que simplemente no existieron.

La pregunta clave que queda sin respuesta sigue siendo: ¿puede un demócrata apoyar un golpe de Estado? No parece tener sentido seguir dando oxígeno a la peregrina idea de que «el golpe era inevitable«, pero que luego no debían violarse los derechos humanos, como si ambas cosas fueran separables. Los consensos son importantes en determinadas circunstancias, siempre que no diluyan, como en este caso, los compromisos democráticos básicos, que deben incluir siempre la condena del recurso a los cuarteles y al golpismo militar.
A su vez, la afirmación según la cual en los 140 años previos a 1973 hubo democracia «casi sin interrupción» no refleja una historia de periódicas convulsiones políticas, con la cuestión social y la cuestión democrática en el centro de una sociedad basada en la polarización económica.

Esto proviene de la sociedad neocolonial que se consagró después de la independencia mediante la guerra civil de 1829-30, en la que los conservadores, representantes de la propiedad oligárquica de la tierra y de las minas y de la burguesía comercial, aplastaron a las fuerzas liberales y democráticas de los territorios, partidarios de ciertas libertades, de la abolición del mayorazgo y de una mayor autonomía política. Ya la independencia había estado marcada por conflictos entre patriotas, que incluyó el asesinato de Manuel Rodríguez, cuyo cuerpo está aún desaparecido, y el fusilamiento de los hermanos Carrera. La orden vino de Bernardo O’Higgins, que terminó destituido y exiliado en 1823, no sin antes sufrir resistencias de los criollos a la abolición de los títulos nobiliarios, en lo que insistió, y de los mayorazgos de tierras, lo que ocurrió recién en 1852. Las violencias siguieron con la «guerra a muerte” entre 1819 y 1827 en el sur de Chile contra los realistas y luego contra grupos de bandoleros, recién derrotados en 1832. Esto no impidió que el constructor del orden oligárquico en los años 1830, el ministro Diego Portales, fuera asesinado en ejercicio de su cargo en 1837 fruto de una rebelión militar.
Se dictó la constitución de 1833 con la firma de cuatro «mayorazgos» (Aldunate, Irarrázaval, Correa y Larraín) y de un «título de Castilla» (el ex conde Alcalde), la que habría de durar hasta 1925. Se consolidó en el siglo XIX una república oligárquica basada en el inquilinato semi- feudal y la transhumancia del peonaje en los campos, con ciudades de comerciantes y banqueros, artesanos y obreros asalariados y ya vastos grupos marginados y precarios, además de los campamentos mineros. El pueblo llano vivió en todas partes en una condición de explotación y miseria, que sostenía los lujos de los grupos dominantes. Por su parte, los pueblos originarios fueron objeto del despojo de la mayor parte de sus tierras y de la represión de su cultura, lo que se aceleró a partir de la legislación de 1883. Este régimen excluyente, con cuerpos electorales restringidos a los propietarios y manipulados por los presidentes, tuvo como contrapartida rebeldías y guerras civiles regionales como la de 1851 y la de 1859, ambas contra Manuel Montt.

Un hito fundamental del siglo XIX fue el gobierno de José Manuel Balmaceda. Aunque lejos de los intereses populares (en 1890 enfrentó la primera huelga general obrera en Iquique), su acción fue decisiva en la separación de la Iglesia y el Estado y en el uso de los recursos naturales para el desarrollo nacional. Su plan primordial fue, luego de la guerra del Pacífico que anexó a Chile la explotación del salitre, limitar la presencia de capitales extranjeros en ella, crear el ministerio de Industria y Obras Públicas e invertir los considerables excedentes en infraestructuras y en educación. Esto incluyó la estatización y extensión del ferrocarril en más de mil kilómetros y la construcción de puertos, puentes y caminos, así como de cientos de escuelas, la creación del Instituto Pedagógico y el Internado Nacional y la construcción de la Escuela de Artes y Oficios, junto a un intento de limitar el despojo territorial mapuche. Todo esto suscitó una virulenta campaña en su contra de la oligarquía conservadora y sus aliados británicos, que corrompieron directamente a miembros del Congreso. El gobierno de Balmaceda fue vencido por las fuerzas militares insubordinadas apoyadas por la mayoría del Congreso en 1891 en una sangrienta guerra civil, que fue bastante más que una «casi interrupción» de la democracia, con más muertes violentas que en la guerra del Pacífico. El presidente Balmaceda, finalmente asilado en la embajada de Argentina, decidió suicidarse para evitar que sus cercanos y sus seguidores siguieran siendo masacrados, como lo fueron los jefes del Ejército Orozimbo Barbosa y José Miguel Alcérreca por la Armada, cuyos cadáveres fueron expuestos desnudos al escarnio. El entierro de Balmaceda fue clandestino, envuelto en un saco y llevado al cementerio de madrugada en una carreta a una tumba anónima para evitar laceraciones a su cuerpo.

En los albores del siglo XX, la respuesta a la «cuestión social» se expresó en las masacres de obreros de 1905 en Valparaíso; de 1906 en Antofagasta; de 1907 en la escuela Santa María de Iquique; de 1912 contra una comunidad Huilliche en Forrahue; de 1920 en Punta Arenas; de 1921 en la oficina salitrera de San Gregorio y la de 1925 en las oficinas de Marusia y de La Coruña. A su vez, se produjeron rebeliones sociales violentas en 1903 en Valparaíso y en 1905 en Santiago.

La intervención militar fue también parte del paisaje político. En 1924 la insubordinación castrense llevó a la renuncia del presidente Arturo Alessandri. Desde el 11 de septiembre de ese año, el general Luis Altamirano presidió una breve junta militar hasta que fue derrocado en enero de 1925 por otra junta, con Carlos Ibáñez de ministro de Guerra. Alessandri fue brevemente repuesto en la presidencia hasta diciembre de 1925 y luego reemplazado por Emiliano Figueroa hasta 1927, cuando Ibáñez tomó directamente el poder. Alessandri permaneció en el exilio hasta 1932. Chile vivió un período de golpes y dictaduras con el militar Ibáñez como figura central, hasta que éste fue obligado a dejar el poder en 1931 y partió al exilio a Argentina. La normalidad democrática se restableció recién con la elección de fines de 1932, que ganó otra vez Arturo Alessandri. Estos ocho años, de nuevo, fueron bastante más que una «casi interrupción» de la democracia.
Los hechos de represión militar y policial también fueron parte de la historia posterior. Se produjeron masacres en 1934 en Ranquil contra campesinos; en 1938 en pleno centro de Santiago contra jóvenes pro-nazis ya rendidos, por orden personal de Arturo Alessandri; en 1946 en la Plaza Bulnes; en 1962 en la población José María Caro; en 1966 en el mineral de El Salvador y en 1969 en una población en Puerto Montt. Entretanto, en 1957 se había producido el episodio de violencia urbana del 2 de abril en la capital.

Los intentos golpistas también siguieron produciéndose después de la crisis de 1924-32. En agosto de 1939, el general Ariosto Herrera intentó un golpe contra Pedro Aguirre Cerda. En septiembre de 1948, Ibáñez intentó un nuevo golpe, esta vez con el jefe de la Fuerza Aérea contra González Videla. En 1955, un grupo militar intentó sin éxito un autogolpe en favor de Ibáñez.
En 1969, se produjo un intento de golpe del general Viaux contra el presidente Frei y en 1970 otro intento de golpe del mismo general, con apoyo directo de la CIA, para impedir que asumiera como presidente Salvador Allende. Luego vinieron permanentes conspiraciones y el intento de golpe del 29 de junio de 1973, poco antes de la estocada final contra el régimen democrático del 11 de septiembre, con una flota norteamericana en las costas de Valparaíso coludida con la Armada chilena. Tampoco debe olvidarse que el golpismo terminó con la vida de un comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider, y de un excomandante en jefe, el general Carlos Prats, representantes de la oficialidad respetuosa de la constitución y de la primacía del poder civil.
En el sistema político, fue sistemática la conformación de alianzas políticas y sociales anti-oligárquicas, con los hitos del Frente Popular industrializador de 1938-41, del gobierno reformista de Eduardo Frei en 1964-70 y del gobierno transformador de Salvador Allende de 1970-73, cuya coalición ya había estado cerca de ganar la elección de 1958. Lo que en Chile no podía seguir era el dominio oligárquico, no los intentos por sustituirlo por estructuras económicas que permitieran una mayor equidad social y distributiva en marcos democráticos.

Una parte importante de la izquierda pensó (pensamos) que debían seguirse vías revolucionarias ante la reacción interna y externa a los cambios, que resultó efectivamente abrumadora, pero estas vías se desconectaron de los procesos populares mayoritarios y no constituyeron una respuesta útil frente al asalto a la democracia, a pesar de su heroísmo y sacrificio posterior. A su vez, como señaló el programa socialista de 1947, todo proyecto emancipador no puede ser calificado de tal si no incluye a la democracia (la formal y la real, porque no hay segunda sin primera) como su fundamento. El derecho a la rebelión y a la defensa ante la opresión no debe llevar a despotismos, aunque se ejerzan en nombre del pueblo.

Como Balmaceda, Allende puso fin a su vida el 11 de septiembre de 1973, en un acto de no rendición ante los golpistas, en el que prevaleció la dignidad personal para evidenciar un rechazo moral al militarismo y al uso ilegítimo de la fuerza, después de resistirla desigualmente por horas. Con el sacrificio de su vida, buscó, además, preservar la continuidad histórica de un proyecto popular en el que creía firmemente. El presidente Allende nunca estuvo dispuesto a renunciar a los cambios, por vías democráticas, que consideraba indispensables para Chile, como la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la socialización de una parte estratégica de la economía, con la meta de afianzar el progreso social en el país y la independencia nacional.

Balmaceda y Allende son los dos presidentes que en nuestra historia fueron desplazados por el militarismo, la violencia y la furia oligárquica, pero que honran nuestra república porque pusieron por delante el interés social y nacional. Y que sacrificaron su vida en el intento y no necesitan, para que esta verdad histórica primordial prevalezca, de declaraciones con miradas equívocas sobre el pasado. La democracia siempre fue frágil en Chile por estar amenazada por los intereses oligárquicos, aunque fuera más fuerte que en otras partes gracias a la organización popular y a un cierto espíritu cívico afincado en la cultura nacional. Su defensa y proyección sigue siendo hoy, como en el pasado, una tarea de todos los días para avanzar a un país con mínimos civilizatorios consolidados y, en tanto alternativa a la desigualdad injusta y depredadora, a una sociedad basada en protecciones y equidades básicas para las actuales y las futuras generaciones.

lunes, 11 de septiembre de 2023

Mi golpe de 1973

Un día de agosto de 1973 mi padre, ministro de Planificación del presidente Allende desde noviembre de 1970 y su colaborador y amigo desde los años 1950, entró a mi pieza para entregarme una cantidad modesta de dinero pero considerable para un joven de 16 años como yo, y me dijo:

- Las cosas se pueden poner difíciles, es necesario que tengas algún dinero por si acaso.

- ¿Cómo así?, pregunté.

- No sabemos qué puede venir.

Yo había ingresado al MIR en 1972, influenciado por la figura de Ernesto Guevara, después de una etapa de trabajos voluntarios con los jóvenes socialistas. Mi padre sabía que yo cumpliría con mis deberes militantes. No muchos días antes, conversando en la noche en familia en la pieza de mis padres sobre la hipótesis de un golpe de Estado, mi padre nos relató que conversando el tema con Allende este le había dicho: "esto va a ser terrible, aquí hay un odio muy grande en contra nuestra".

Pudimos constatarlo el 2 de septiembre de 1973. Me encontraba leyendo, a eso de las doce de la noche, en la sala de estar de la casa familiar, que daba hacia un antejardín y al muro que linda con la calle Los Misioneros, en Pedro de Valdivia Norte. En un momento me levanté y salí a un pasillo de gruesos muros más adentro de la casa, antes de las piezas de hermanos y padres. Entonces escuché un sorpresivo y enorme estruendo: habían estallado cuatro cargas de explosivo de tipo amongelatina en el antejardín, a metros de distancia del sofá donde me encontraba diez segundos antes. Según confirmaríamos mucho después, había sido Patria y Libertad quien puso la bomba en nuestra casa. Los cinco miembros de la familia nos dimos la voz para constatar que estábamos bien, y nos fuimos aproximando incrédulos a observar los destrozos de los grandes ventanales de la sala de estar que habían estallado. El lugar donde había permanecido sentado durante un par de horas hasta momentos antes de la explosión estaba ahora lleno de astillas punzantes de vidrio, algunas enterradas en la madera, junto a diversos objetos destrozados o caídos.

Mi padre llamó de inmediato por teléfono al presidente Allende para avisarle del hecho, lo que hizo breve y sobriamente. No había esa noche guardia policial, como teníamos intermitentemente desde que mi padre fue nombrado ministro. Al cabo de unos quince minutos llegó el presidente Allende, acompañado por el ministro secretario general de Gobierno de entonces, Fernando Flores, con quien se encontraba reunido al enterarse de la noticia, y con sus guardias personales. Luego llegó la Policía de Investigaciones y personal de Carabineros. El presidente entró por la cocina de nuestra casa, donde lo recibió mi padre, y a la entrada del pasillo que distribuía el acceso a las piezas, en un espacio estrecho, nos saludó al resto de la familia. Fue cariñoso con mis padres y mis hermanos. Me dijo con voz fuerte y tensa, sabedor de que había estado a segundos de estar expuesto a la bomba, lacónico:

- ¿Cómo está?

- Bien, presidente.

Yo estaba un tanto conmocionado, claro, pero consciente de mi buena suerte, e impresionado de estar con el presidente Allende en esa circunstancia. Él estaba con el semblante grave. Había perdido semanas antes a su edecán naval baleado por la ultraderecha, el capitán Araya, y ahora por primera vez se atentaba con bomba contra uno de sus ministros, en su casa y con su familia.  Estábamos en la pequeña cocina, pues el espacio del estar y el comedor estaban inutilizados por el estrago de la bomba. El presidente le dijo enérgicamente a un oficial de la policía de investigaciones:

- Si descubren a quienes hicieron esto, no tengan contemplaciones. ¿Entendido? Sin contemplaciones. Partan de inmediato.

Lo que hicieron, con ademán de desconcierto en el rostro, pues la escena había sido fuerte. Por supuesto no se trataba de una orden literal, no era ese el talante de Allende, y creo más bien que quiso expresar su enojo de manera perentoria y su voluntad de no dejar el hecho impune, pues Allende tenía un alto sentido de la lealtad con sus colaboradores. 

Al Carabinero que se apersonó desde el retén situado a pocas cuadras, una vez que le preguntó si había guardia previa, y ante la negativa como repuesta, el presidente Allende le dijo:

- Usted se queda de guardia de inmediato, es una orden del presidente de la República.

Al cabo de un rato, el presidente se retiró. Moriría nueve días después en el Palacio de la Moneda, en una gesta heroica que significó la condena moral irremontable de los usurpadores del poder democrático.

Luego recibí un llamado telefónico del entonces estudiante de sociología y por esos días asistente del Intendente de Santiago, mi amigo Sergio Riffo, que supervisaba las actividades de los estudiantes secundarios del MIR hasta hacía unos pocos meses, quien con voz cálida me transmitió su solidaridad y aliento. Fue la última vez que hablé con él, pues desapareció a los 23 años en manos de la DINA en 1975. 

A la mañana siguiente, ya no estaba el Carabinero haciendo guardia. Nuestra sospecha es que los Carabineros del retén del barrio estaban más cerca de los grupos civiles violentos de la ultraderecha y de los llamados Protecos que agrupaban a los vecinos derechistas, que del gobierno constitucional al que debían obediencia. 

***

El día posterior al bombazo en nuestra casa familiar, se discutió una vez más en una asamblea de mi colegio la entrada en paro que promovía la oposición. Con mis amigos habíamos logrado que no se declarara una paralización de actividades. Me presenté en la asamblea, y ante los argumentos de alumnos de derecha de que el gobierno promovía la violencia y que eso justificaba entrar en un paro indefinido hasta su derrocamiento, pedí la palabra para argumentar que el caso era al revés, y que a mayor abundamiento mi familia había sufrido en la noche anterior un atentado con bomba. Muchos de los presentes en la sala aplaudieron, escena que no olvido hasta hoy, encajando la idea de que preferían verme muerto.

Ese era el clima que se vivía en ese momento. Me retiré de la asamblea y dirigí a las oficinas de la dirección del colegio, momento en que tuve un altercado al subir las escaleras con el inspector general, Monsieur Coti, un exmilitar francés de no muy buenas pulgas y menos luces, pero logré hablar con el rector para señalarle que su deber –se trataba de un liceo con autoridades nombradas por el gobierno francés- era mantener funcionando el colegio más allá de las presiones de los estudiantes de derecha.

Fueron días muy tensos, e incluso sentí en ocasiones que era objeto de seguimientos al volver tarde a mi casa en las noches. Pensé en comprar una pistola y mientras tanto me desplazaba en ocasiones con unos palos cortos para protegerme, lo que era bastante inútil, claro está, entre otras cosas porque no sabía usarlos. Pero no alcancé a andar armado, máxime cuando tampoco tenía la menor idea de cómo usar una pistola y no era esa mi inclinación personal. Jamás en la vida me he trenzado a golpes con nadie, salvo algún empujón en el colegio o en alguna pichanga de fútbol. Siempre he creído en la palabra y no en la fuerza bruta, aunque la autodefensa sea siempre legitima, y pensé que se hacía necesaria más que nunca en esos momentos extremos de polarización y odiosidad. Mediante el diálogo y la actitud de las autoridades del colegio, se evitó el paro hasta el final. Pero no pude volver más al colegio, en el que cursaba mi último año escolar. Terminé haciendo el bachillerato francés para entrar a la universidad en París entre Caracas y la isla de la Guadeloupe. Cosas del destino.

El martes 11 de septiembre me dirigí como todas las mañanas a mi liceo. Al salir de la casa con mi hermano menor no supimos nada particular. Mi padre no tuvo información temprana del golpe. Al entrar a la Alianza Francesa, ya la noticia se había esparcido. El ambiente estaba alterado y no entré a la clase de física. Intercambié brevemente palabras con mis amigos y les dije que me dirigiría hacia el Instituto Pedagógico, que era el lugar de concentración previsto para esta eventualidad por la estructura militante a la que pertenecía. Era evidente que en esta ocasión –después de muchas falsas alarmas en los meses previos y una intentona efectiva pero fracasada el 29 de junio- la hora era grave. Como muchas veces en mi actividad política posterior, no quise arrastrar a nadie a algo de lo que yo, sin embargo, no me sustraería. Traté de ubicar a mi polola, pero no la vi, aunque su condición de hija del agregado científico de la embajada de Francia la ponía a buen resguardo. Hablé con mi hermano Ricardo, iba a cumplir doce años por esos días, y quedamos con el alma en vilo que se iría donde unos amigos que vivían cerca hasta comunicarse con nuestros padres. Luego sería recogido por un solidario primo e iniciado unas jornadas azarosas con madre. Me dirigí a la salida del colegio, pero no me dejaba salir el mentado inspector general. Le hice ver que había un golpe de Estado en curso, que mi seguridad y la de mi familia estaban en juego, y que no se interpusiera. Tuve que hacerlo a un lado, dio orden de cerrar la puerta, y salté por encima de la reja del colegio que había sido el mío desde los cuatro años, con el pulso acelerado y el sabor de la contrariedad, en el inicio de una mañana a esa hora todavía luminosa. No volví a pisar ese lugar sino muchos años después.

***

Me demoré bastante en llegar a dedo al Instituto Pedagógico. Dudé en ir a mi casa a ver qué pasaba con mi familia, pero hice bien en no hacerlo pues los puentes de acceso a nuestro barrio ya estaban copados por militares. A las nueve de la mañana la situación en la entrada del recinto universitario era confusa, pero rápidamente nos agrupamos los del MIR y el FER. La noticia era la inminencia de la llegada de los militares a rodear el campus. Ante el poco sentido de encerrarse en un lugar del que no podríamos movernos, conducidos por nuestro jefe, Aníbal (Sergio Reyes, desaparecido desde 1974), y los miembros de la jefatura Jiménez (Carlos Ominami) y César (Ricardo Pizarro), presidente de la Federación de Estudiantes Vespertinos, decidimos encaminarnos al cordón industrial Macul. Éramos unos treinta estudiantes universitarios y secundarios caminando hasta la industria Paños Continental. Llegamos a la industria, entonces intervenida y bajo administración gubernamental, pero no ingresamos porque a los que ahí estaban no les pareció una buena idea. Se produjo entonces un dialogo en la calle, que observé a la distancia, de nuestros jefes con una patrulla de Carabineros que se hizo presente, escena un poco peculiar, pero a esa hora nadie sabía bien, ni ellos ni nosotros, de que se trataba exactamente lo que estaba en curso. Jiménez me comentó al pasar que la recomendación de los oficiales fue que nos retiráramos de ahí en términos más o menos amistosos. Lo que hicimos. Y decidimos dirigirnos ahora a la población Santa Julia, donde el MIR tenía algunas bases de militancia poblacional, distante algunas cuadras. Llegamos ya menos de una veintena a la esquina de la avenida Macul, una arteria importante y transitada, con la calle Los Guindos, a eso de las once de la mañana. Estábamos en la mitad de la calle, francamente sin saber qué hacer. Llegó al lugar el encargado militar del GPM 3, el "Turco Mario", que más tarde se hiciera humo y no sabríamos más de él y por tanto salvaría su vida, en buena hora, y el "Topaloma" su ayudante en estos menesteres, de una gran simpatía, Mario Maureira, detenido y desaparecido en 1976. Traían algunas escopetas y dos metralletas Mercati argentinas, de muy poca calidad y sin gran munición. Esta escena en plena calle de unos cuantos jóvenes que discurrían sobre que podían hacer, debe haberle inspirado alguna conmiseración a una vecina del lugar, que se acercó a nosotros y nos dijo:

- Soy del Partido Radical, veo que no tienen dónde ir, vengan a mi casa.

Lo que aceptamos, a falta de alternativas. Su dueña se trasladó con sus hijas a otro lugar cercano, y ahí nos instalamos encabezados por la jefatura del GPM 3 y una "masa armada" un tanto menguada, dispuestos a realizar acciones de resistencia. Era una vivienda de dos pisos y unas pocas piezas, en las que nos instalamos unos quince miembros del MIR, ninguno mayor de 25 años. Esta mujer, de la que nunca más sabría, tendría unos cuarenta años, dos hijas y un gran temple. No sé qué pensó al tomar un riesgo semejante. Tal vez la imagen de esos jóvenes decididos le provocó esa reacción. Venía cada cierto rato a traer noticias y provisiones. Ella encarnó el heroísmo anónimo que tantas veces enfrentó situaciones difíciles solidariamente en los años terribles que siguieron.

César me pidió que lo acompañara en su auto (era algo mayor y disponía de un vehículo familiar) a una “casa de seguridad” en la zona, en la que había que armar granadas artesanales. A esa hora el día límpido se había cubierto de nubes y declinado hacia una lluvia primaveral. Se combatía en La Moneda y en diversas partes de la ciudad y se derrumbaba nuestra democracia.

Estuvimos en la tarea varias horas unos tres compañeros. Se trataba de introducir nitrato de plata en unos tarros de café recubiertos de plomo y metralla y luego atornillar una espoleta hecha con un mecanismo en base a fósforos. Hicimos la tensa tarea sin sobresaltos y volvimos a nuestro lugar de reunión en Macul con un pequeño cargamento de granadas listas para ser usadas.

Allí el clima era de pesadumbre, ya se conocía la noticia del bombardeo de La Moneda y de la muerte del presidente Allende, transmitida por la televisión de la que disponía nuestro improvisado "cuartel general de la zona oriente de Santiago". Escuché un "bando" que instaba a entregarse a las autoridades militares a una serie de dirigentes de izquierda y de miembros del gobierno de Allende, bajo pena de persecución por "aire, mar y tierra”. El hecho es que en la lista que escuché se encontraba mi padre. Me provocó una sensación de alivio. Me dije que estaba entonces vivo y libre, lo que en realidad no era el caso para varios de la lista que ya habían sido apresados a esa hora, pero en el momento me sirvió de aliento frente a la inquietud que me embargaba: ¿dónde estaría mi padre? ¿habría ido a La Moneda? Solo tenía claro que mi padre no se entregaría y que ya vería manera de saber de él.

Cayó la tarde. Llegó uno de nuestros miembros de la jefatura y nos informó que había podido establecer un contacto telefónico con "el Bauchi" (Bautista Van Schouwen, torturado hasta la muerte y desaparecido en diciembre de 1973).  Su instrucción había sido: "hagan barricadas de dispersión". Nos miramos los presentes con silencioso desconcierto.

Nos pareció poco practicable lo de las barricadas de dispersión. Se empezó a planear en cambio el ataque a un retén de Carabineros cercano, con un mapa desplegado en una mesa. Me preguntaron si podía hacer de chofer operativo, a lo que dije que sí. Para mis adentros me dije "qué diablos, veremos", pues mi experiencia de manejo de autos con 16 años y sin licencia de conducir era más bien escasa. Entre tanto sonaba un repiqueteo de tiros sistemáticos a poca distancia de donde estábamos. Al caer la noche no lográbamos entender exactamente qué pasaba, pero nos dábamos cuenta de que se trataba de un enfrentamiento en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, situada a pocas cuadras. Aníbal decidió cambiar el ataque al retén por una intervención en la situación del recinto de Carabineros. Había que averiguar quiénes resistían para ir en su ayuda y quienes atacaban. Me plantearon que fuera parte del grupo que saldría a averiguar la situación. Les dije esta vez que no me parecía una buena idea porque estábamos en toque de queda y cualquier control se toparía con mi cédula de identidad con el nombre igual al de mi padre requerido en la lista de la junta militar. Y salir sin identificación tampoco parecía muy recomendable. A los jefes les pareció razonable y salieron otros compañeros, sin que lograran aproximarse mucho al sitio del suceso ni lograr una apreciación más clara de la situación. Pasó la noche sin que pudiéramos hacer nada. A la mañana siguiente, me dijeron que me cortara el pelo largo que usaba entonces, porque podría ser peligroso en “situaciones de fuego”. Entretanto pasaban patrullas militares y en un momento se estacionó en la esquina un bus de Carabineros por largo rato. Es posible que alguien hubiera sospechado de nuestros movimientos. Permanecimos con gran tensión esperando el asalto. Al cabo de un par de horas se retiraron. Fueron saliendo varios grupos de a dos o tres de los nuestros a lanzar nuestras granadas artesanales a patrullas militares. Las granadas no funcionaron. Entre medio, en la televisión apareció la noticia del allanamiento de una casa en la que se encontraron materiales explosivos: era aquella en la que había estado el día anterior. 

En la tarde del día 12 fuimos evacuando la casa de la señora radical, en medio del toque de queda. Caminamos más adentro hacia la población Santa Julia, yo con cuatro granadas en los bolsillos de mi chaqueta de escolar y con la adrenalina alta. Nos acogió una pareja de pobladores, que también se trasladó a otro lugar. En su modesta casa permanecimos en la noche del 12 y el día 13 con mucha tensión, con el Pampa y el Titi, Miguel Ángel Acuña Castillo y Héctor Garay Hermosilla, estudiantes del liceo 7 detenidos y desaparecidos en 1974, y con cada vez menos posibilidades de hacer algo. Escuché con estupor por la radio los mensajes de apoyo al golpe militar de Sergio Onofre Jarpa a nombre del Partido Nacional y de Patricio Aylwin a nombre de la Democracia Cristiana.

El grupo decidió dispersarse al día siguiente y pasar a la clandestinidad como se pudiera, al cabo de tres días de intentar resistir. Me despedí de mis compañeros, a varios de los cuales no vería más, pues les esperaba la muerte unos meses o años después. Salí a llamar por teléfono en las cercanías para tratar de saber algo de mi familia. En una cabina telefónica hablé con un amigo, sin lograr averiguar mucho. Miré hacia un lado y vi un soldado en una patrulla detenida a unos diez metros, con unos cuellos naranjos que usaban, apuntándome con un fusil. Les debe haber llamado la atención un liceano con uniforme y el pelo cortado de manera un tanto extraña. Seguí hablando por teléfono, y finalmente la patrulla siguió su camino, para mi gran alivio. 

Me fui caminando largamente por calles interiores de Nuñoa hacia la casa de un tío, que no me recibió muy bien, pensando en conectar con mis padres, lo que logré después de varias peripecias. Mi padre ya estaba a salvo en la embajada de Venezuela, donde permanecería 9 meses sin salvoconducto antes de iniciar un largo exilio. Pasé por el Estadio Nacional en mi recorrido. Los movimientos me parecieron extraños. Ignoraba que ya era un campo de concentración, por el que pasarían presos varios de mis amigos, como Milton Lee, Ramón Barceló, Maité Albagly, y quien más tarde sería mi suegro y abuelo de mis hijos, Vicente Sota. La tragedia iniciaba su largo recorrido. 




jueves, 31 de agosto de 2023

Más sobre Allende, los 50 años y los desafíos actuales

En La Nueva Mirada

Se ha sumado el expresidente Sebastián Piñera a la justificación del golpe militar de 1973 en los siguientes términos: «el Golpe de Estado no era evitable» y el propósito de la izquierda era por cualquier medio establecer “una dictadura marxista”. El mensaje está claro: la derecha en todas sus versiones sigue defendiendo el golpe militar 50 años después, y lo hace tergiversando.

El plan de gobierno de Salvador Allende incluía realizar cambios sociales y respetar y ampliar la institucionalidad democrática. Esto ocurrió desde el primer hasta el último día de su administración. Otra cosa es que a la postre una mayoría del parlamento, e instituciones politizadas por la oposición, se sumaran con entusiasmo a declarar lo contrario, sin que les pasara absolutamente nada. Existió entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 un régimen de plenas libertades y de separación de poderes. El que diga lo contrario simplemente falta a la verdad. Los que llegan a reconocer este hecho, señalan que en cualquier caso el propósito del gobierno de Allende era terminar con la democracia y que eso era lo que había que impedir mediante un golpe militar, como una especie de mal menor. Esto no tiene sustento alguno en los hechos, que muestran, antes bien, que el gobierno de Estados Unidos, aliado a la derecha civil y militar, se propuso impedir, sin éxito gracias la conducción no freísta de la DC de la época, que Allende llegara siquiera a asumir el gobierno. Más aún, el presidente Allende se aprestaba a convocar un plebiscito el 11 de septiembre de 1973 para permitir una salida democrática a la crisis, es decir todo lo contrario de lo que la derecha afirma.  

El tema de fondo es que el gobierno de Allende se propuso emprender reformas estructurales a la economía y la sociedad chilena. Estas incluyeron en primer lugar la nacionalización del cobre, aprobada por la unanimidad del parlamento, para que sus excedentes fueran utilizados en la industrialización del país y en un mayor bienestar social de sus habitantes, y dejaran de ser rentas transferidas al exterior. Esto se logró, a pesar de su reversión parcial posterior. Y en segundo lugar, se propuso poner fin al latifundio y al inquilinaje con la ley de 1967, rémora social y productiva que desapareció del mapa económico chileno, pero a la postre no en beneficio del campesinado sino de una revolución empresarial exportadora exitosa, luego de una represión inicial brutal. Estos son legados del gobierno de Allende que la derecha se niega a reconocer.

Lo que fue más problemático y polarizador, como se reseña en mi libro recién publicado por LOM sobre los 50 años del golpe de 1973, fue la nacionalización de la banca y la creación de un sector industrial y de distribución estatal, pero sin un diseño que tuviera un consenso al interior del gobierno ni de la sociedad. La expansión inorgánica de este sector produjo un desborde en la puesta en práctica de la reactivación de corto plazo, basada en una expansión salarial que debía impulsar el crecimiento de la economía usando las capacidades instaladas. La meta de participación de los salarios en el producto programada para 1976 se alcanzó en 1971. Al excederse ese objetivo, se produjo una espiral precios-salarios alimentada por intervenciones de empresas y explotaciones agrícolas bajo la presión «desde abajo» de cambios en la propiedad, incluyendo el mundo mapuche en la zona de Cautín.

Esta presión social se había intensificado con la reforma agraria de 1967 y se extendió a empresas de diverso tipo, empujada por una parte de la izquierda y de los grupos escindidos de la DC, que hacía equivaler socialismo a poner cualquier empresa que se pudiera en manos del Estado. El plan gubernamental no era ese, sin embargo, sino la conformación de un sector acotado de 91 empresas públicas que sustentaran un nuevo proceso de expansión productiva, como ya lo había hecho la creación de empresas por la CORFO en décadas previas. Tampoco se trataba de eliminar el mercado, sino de construir una amplia planificación del esfuerzo de inversión pública y privada para un mayor desarrollo de largo plazo.

Pero la intervención de empresas de distinto tamaño no programada pero validada por decretos de continuidad de abastecimiento, se constituyó en un factor de desequilibrio fiscal y monetario y de rupturas de abastecimiento, en medio de un amplio aumento del consumo y una menor oferta por una menor producción y el estrangulamiento de la capacidad de importar logrado por Estados Unidos. Esta fue la represalia por la expropiación del cobre con descuento en la indemnización por utilidades excesivas pasadas. Se sumaron reajustes salariales del sector público no financiados, dada la negativa sistemática de la oposición en el parlamento. Aprobar gastos, pero no los ingresos propuestos por el gobierno, sería calificado hoy de populismo por todo el sistema político. Sin embargo, es lo que hicieron la derecha y la DC en la época, junto a una estrategia de parálisis progresiva del país, con atentados con bombas realizados por la extrema derecha civil con apoyo de la inteligencia de la Marina y con paros y huelgas estimulados por la cúpula empresarial y financiados por Estados Unidos.

En paralelo, la «revolución desde abajo» hizo muy difícil lograr un ordenamiento económico luego del impulso transformador inicial de 1971. Se ha puesto poco el acento en la magnitud de ese proceso social en el período de 1967-1973, como hace el importante libro de Peter Winn, «La revolución chilena» (LOM, 2013). Este proceso era legítimo, y en todo caso una realidad. Pero debía ser canalizada, orientada y compatibilizada con la estabilización de lo logrado con una conducción firme de los partidos de gobierno. Pero se dividieron en este tema, que era crucial en las condiciones chilenas, con un gobierno sin mayoría parlamentaria, acosado en lo económico por Estados Unidos con efectos devastadores, aunque algunos insistan todavía en querer minimizarlos, y sin nada que se pareciera a un apoyo sustitutivo como el soviético brindado a Cuba, cuya situación geo-estratégica era completamente distinta. La Unión Soviética no apoyaba demasiado a Allende, más allá de la buena crianza con el PC chileno, importante entre los PC occidentales, entre otras cosas porque su modelo político y económico era sustancialmente diferente a la ortodoxia soviética.

Una parte de la coalición de gobierno sostenía una difusa estrategia de «acumular fuerzas para la toma del poder«, poniendo empresas de todo tipo bajo control gubernamental, pero sin un diseño sobre su funcionamiento y su coherencia productiva de conjunto, en oposición a buena parte de los equipos económicos de gobierno y del propio presidente Allende. Este era un sector crítico de la democracia parlamentaria y que se sentía cómodo con el modelo cubano, pero sin tomar en cuenta que las condiciones eran sustancialmente diferentes. No por casualidad Ernesto Guevara tuvo para Chile y Uruguay un diseño de bases logísticas, pero nada que se pareciera a que estos países fueran incluidos en procesos de lucha armada, la que en cambio favoreció en Brasil, Perú, Bolivia y Argentina para desplazar a dictaduras militares.

El presidente Allende fue un conductor político que realizó ingentes esfuerzos por estabilizar la situación política, buscando desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales, en lo que el PS y el PC no le acompañaron, cometiendo un fuerte error político. En simultáneo, buscó con tesón un acuerdo con la DC, como el que permitió su llegada al gobierno en 1970. No debe olvidarse que estuvo cerca de lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito, que no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973. El golpe militar si era evitable.

El freismo le negó todo acuerdo al presidente Allende durante su gobierno, lo que reafirmó cuando recuperó el control del partido en 1973. Privilegió desde el primer momento el golpe de Estado, en alianza con Estados Unidos y la derecha, que pensaba le permitiría en breve plazo volver al poder en condiciones de control represivo de la izquierda. Tampoco ayudó al esfuerzo político del presidente Allende la reticencia de la dirección del Partido Socialista, que no ofreció una opción alternativa que no fuera una radicalización sin soporte en alguna fuerza militar propia de alguna significación (tampoco la tuvo el MIR) y sin que estuvieran preparando insurrección alguna, como si lo hicieran Montoneros y ERP en Argentina. En paralelo, el presidente Allende se empeñó en estabilizar la situación económica, pero sin renunciar a la nacionalización del cobre, a la reforma agraria y la ampliación de un núcleo de empresas industriales socializadas que permitiera sostener un proceso de crecimiento que redundara en el largo plazo en aumentos del bienestar de la mayoría social. Se debía estabilizar el proceso de cambios, contener las desorganizaciones productivas que son propias de transferencias de propiedad de gran magnitud y evitar una «huelga empresarial» generalizada, como la pronosticada por Michal Kalecki décadas antes en condiciones de este tipo.

Pero se produjo el mencionado desborde político y social, con graves consecuencias, pues redundó en un aumento del apoyo social a un golpe de Estado. Se llegó a unas 500 empresas intervenidas, en las cuales las planillas salariales aumentaron y fueron financiadas con emisión monetaria. La suma del boicot empresarial financiado desde Estados Unidos, el fin del crédito externo y la espiral precios-salarios llevaron a una situación paradojal: el consumo popular aumentó sustancialmente respecto a los años previos, pero su acceso se hizo en condiciones de dificultad cotidiana en el abastecimiento, con la correspondiente erosión del apoyo social. Esto movilizó en contra del gobierno a amplios sectores medios y disminuyó la adhesión al gobierno, aunque se mantuvo en 43% del electorado en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50% en la elección municipal de 1971 y el 36% en la elección presidencial de 1970. El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas, con su mando atacado por la derecha y el freismo (con los generales Arellano y Bonilla incluidos), lo que terminó en la renuncia del general Prats, la posterior traición de Pinochet y la culminación del control ilegal de la Armada por Merino y de Carabineros por Mendoza.

¿Qué se puede pensar 50 años después? Lo medular de la pugna histórica chilena permanece en las actuales circunstancias, en las que la meta de la derecha no es ahora derrocar al gobierno sino inmovilizarlo y desacreditar sus propósitos. El discurso oligárquico pretende, como siempre, dejar establecido que deben quedar fuera del horizonte de posibilidades de la acción política aquellas transformaciones que recuperen para el país sus recursos naturales y otorguen al Estado un rol económico más significativo en beneficio del trabajo y de los sectores más pobres y marginados de la sociedad. La economía debe organizarse alrededor de los intereses del capital y las políticas sociales deben subordinarse a ellos. Punto y aparte.

El problema es que lo que se intenta expulsar por la puerta suele volver por las ventanas y las rendijas. Ese es el sentido profundo de la rebelión de 2019, que volvió a poner en cuestión el dominio oligárquico y la concentración económica en Chile, y su traducción en desigualdades y abusos cotidianos.

En 2019-2021 se vivió la secuencia de una nueva «revolución desde abajo«. Esta se tradujo incluso, en este caso refrendada por 2/3 del parlamento, en un golpe al corazón del modelo privatista de seguridad social, mediante los retiros de recursos desde los fondos de pensiones. Así como ocurrió con los reajustes salariales y las ocupaciones de empresas bajo la Unidad Popular, el gobierno de Piñera perdió parte del control de la política económica. Pero según las cifras del Banco central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. En 2021, en la salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares aumentó en 21% y el consumo de gobierno en 14%, con lo que la demanda interna aumentó en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB de 12%. Como se observa, la tan criticada política económica de la UP no tuvo la intensidad expansiva del último año de Piñera II, ya desbordado. La diferencia, crucial, es que el bloqueo externo en 1971-73 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad, y produjo rupturas de abastecimiento de bienes básicos y una alta inflación. Esto reafirma una vez más la importancia del bloqueo externo en el desenlace del gobierno de la Unidad Popular y de mantener hoy una inserción externa estable y diversificada para llevar a cabo cualquier proyecto de cambio progresista.

La derecha ha logrado hasta aquí mantener a raya las amenazas a los cambios del orden oligárquico que despuntaron en el proceso constituyente iniciado en 2020, a pesar de perder el gobierno en 2022, aunque no el parlamento. Logró, usando todos sus dispositivos comunicacionales e institucionales, derrotar el proyecto constitucional de la Convención y transformar la rebelión social en la idea de una amenaza delincuencial desbordada. Y también anular al nuevo gobierno, con una estrategia de promoción del miedo a la delincuencia y a la inmigración. Esta ha sido efectiva para inclinar hacia la extrema derecha a sectores medios y populares, estimulando un apoyo primitivo al orden represivo y a la xenofobia. La derecha ha logrado cambiar la agenda pública y relegado los temas de desigualdad y abuso. Además, ha bloqueado desde el parlamento, sin gran costo político hasta ahora, reformas progresistas como la tributaria, de pensiones o la de seguros de salud, de gran importancia para la mayoría social. Pero su piedra de tope será su probable derrota en el plebiscito constitucional de diciembre de 2023, que tal vez permitirá al gobierno actuar en mejores condiciones para retomar la iniciativa política y su propia agenda.



viernes, 25 de agosto de 2023

Derrocamiento y persistencia de un proyecto histórico

 En El Mostrador

A medida que se acerca el 11 de septiembre de 2023, arrecian las descalificaciones al proyecto histórico de la izquierda derrocado por la fuerza militar hace 50 años. La derecha insiste con todos sus medios en descalificar la experiencia de 1970-73, tanto en su contenido transformador como en la vigencia del ejemplo de consistencia, consecuencia y dignidad de su conductor, Salvador Allende. Para la derecha es insalvable que Allende, como Balmaceda, no se rindiera ante la fuerza y que decidiera pagar con su "vida la lealtad del pueblo”. Por eso insiste en querer destruir su imagen y minimizar su trascendencia.

Los argumentos más ilustrados oscilan entre la idea del fracaso de Allende y la no vigencia de su proyecto. El Presidente Allende no fue un incompetente que se perdió en un laberinto creado por él mismo, como pretenden presentarlo algunos, sino que fue un conductor político que actuó en una situación extremadamente adversa y realizó ingentes esfuerzos para hacer posibles cambios indispensables en la sociedad chilena y, a la vez, estabilizarlos en determinados límites.

Buscó desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales que emprendió, nada menos que la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la conformación de un área bancaria e industrial socializada. En esa idea, el PC y el PS no lo acompañaron, cometiendo un error estratégico, mientras el PS y la izquierda radicalizada estimularon la “revolución desde abajo” que, siendo legítima en sus motivaciones, no debía ser conducida hacia desbordes salariales y ocupaciones de unidades productivas financiadas por emisión monetaria, sino hacia una nueva estabilidad que cautelara la alianza con los sectores medios para enfrentar la reacción implacable de los afectados por los cambios iniciales.

Estos eran el límite necesario de esa etapa histórica y no dimensionarlo fue el error de la izquierda radical de la época. Estados Unidos cortó el crédito externo y estranguló las importaciones, mientras en el Parlamento la oposición aprobaba los reajustes sin los ingresos para financiarlos, alimentando el déficit fiscal y la inflación. La economía chilena “gritó”, como fue la orden dada en 1970 por Nixon a la CIA.

El Gobierno de la Unidad Popular quedó preso en la lógica implacable de la Guerra Fría y no pudo controlar el desborde expansivo de la demanda que se volvió en su contra. Esto erosionó el apoyo al Gobierno, aunque se mantuvo en 43% en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50% de la elección municipal de 1971 y el 36% de la elección presidencial de 1970, y sobre todo irritó y movilizó en su contra a amplios sectores medios que prestaron apoyo social al golpe de Estado de 1973, y en buena medida inmovilizó al resto.

El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas, con su mando atacado por la derecha y el freísmo (a través de los generales Arellano Stark y Bonilla), lo que culminó en la renuncia del general Prats y la posterior traición de Pinochet, a pesar de que dos de los cuatro comandantes en Jefe (los de la Armada y Carabineros) se mantuvieron hasta el 11 de septiembre leales a la Constitución y al Presidente Allende.

Allende actuó frente a un plan de derrocamiento interno y externo poderoso y sistemático. Buscó con tesón un acuerdo con la DC, como el que permitió su llegada al Gobierno en 1970, logro histórico contra la expresa intervención violenta de Estados Unidos y la voluntad conspirativa de la derecha y del freísmo DC, que las circunstancias le impidieron proyectar. Pero no debe olvidarse que estuvo cerca de lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito, que no alcanzó a anunciar el 11 de septiembre de 1973, y que hubiera salvado con una cierta probabilidad de éxito los cauces democráticos chilenos y, a lo mejor, dado tiempo a una recomposición de una izquierda que hubiera procesado sus radicalizaciones inconducentes.

Hace 50 años se produjo un derrocamiento (es el subtítulo de mi libro recién publicado sobre el tema) de un Gobierno legítimo y democrático, seguido de una represión violenta y prolongada, pero no un fracaso del proyecto histórico de la izquierda. Este siguió adelante bajo otras formas, a partir de un espíritu de resistencia que se inscribe en décadas de luchas republicanas, sociales y libertarias.

Desde luego se mantiene la vigencia de sus fundamentos, que fueron y siguen siendo la búsqueda histórica de una sociedad democrática con justicia social y con recuperación para el país de sus recursos naturales. Hay dimensiones adicionales, como el énfasis igualitario en materia de género y el respeto a las disidencias, junto a la urgente tarea de la sostenibilidad ambiental. Pero no son dimensiones sustitutivas de las previamente existentes. No se sustituye así no más la aspiración colectiva a las libertades y a una democracia plena, basada en la soberanía popular y la prevalencia de la voluntad de la mayoría con respeto de las minorías, ni la aspiración a una igualdad efectiva de oportunidades y derechos y a la reciprocidad comunitaria y solidaria.

El instrumento principal para lograr esos objetivos tampoco ha variado tanto: es la construcción estable de una coalición amplia que exprese a un bloque social y político por cambios progresivos, con vocación mayoritaria, capacidad de entenderse con el centro y de proveer estabilidad política. Es lo que, no sin dificultades, se esboza en el actual Gobierno, que expresa la emergencia de una nueva generación de izquierda.

Es esa vigencia la que precisamente irrita tanto a la derecha, a pesar de la victoria de la contrarreforma en 1973 mediante violencias prolongadas. La radical restauración del dominio oligárquico fue efectiva, aunque no definitiva, y ha tenido que aceptar modulaciones híbridas a lo largo del tiempo que pueden bascular a un Estado social de derecho. No siguió ya siendo sustentada en la hacienda y su cultura autoritaria, sino en grupos financieros hiperconcentrados y en la cultura del individualismo mercantil y la ilusión de la movilidad social mediante el crecimiento económico.

Este se agotó hace más de una década y dio lugar a la vasta rebelión de 2019, a un proceso constituyente y al desplazamiento de la derecha en 2021, aunque se haya recompuesto en 2022 con su victoria contra el proyecto constitucional de la Convención. Pero sus reflejos autoritarios no le permiten concebir otra cosa que una implacable oposición al actual Gobierno y presentar el orden oligárquico como si fuera la normalidad. Y esa pretensión es la que sigue fracasando irremediablemente 50 años después.



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