¿Está en crisis el proyecto de la izquierda?

 Primera versión en la Mirada Semanal

Diversos comentaristas suelen declarar recurrentemente en crisis el proyecto de sociedad de la izquierda, en el mejor de los casos en situación “compleja”. Sumarse a una especie de espiral a la baja de la autoestima parece, además, ser la condición para obtener una repercusión mediática. Pero esa supuesta crisis es más que debatible, aunque crisis coyunturales enfrentará siempre en tanto las dinámicas políticas y sociales son cambiantes y suponen avances y retrocesos, mientras encarna un proyecto social y cultural siempre en construcción. Cabe partir por despejar un equívoco y dos falacias.

El equívoco es que el proyecto de la izquierda es entendido por algunos como el diseño abstracto de la «mejor sociedad posible» por algún filósofo moral de gran valor intelectual, del que el resto se constituye en seguidor dogmático e incondicional. Se alude con frecuencia a Karl Marx, que fue un pensador impresionante del siglo XIX, pero que, entre otras cosas, se negó a tener seguidores dogmáticos y declaró expresamente que “lo único que sé es no soy marxista”. Ningún pensamiento crítico puede aferrarse al sistema de ideas de una persona históricamente situada, incluyendo a Marx. Por lo demás, su análisis de la acumulación de capital y sus crisis mantiene elementos válidos, pero no su conclusión de una inviabilidad inexorable. La izquierda moderna es crítica del capitalismo no por la idea de que tiene un fin inevitable en una secuencia histórica predeterminada, sino que se opone social y moralmente a sus consecuencias y sostiene la necesidad de reemplazarlo o, en todo caso, subordinarlo a decisiones democráticas y luchar contra sus dinámicas de explotación, desigualdad y depredación.

El proyecto de la izquierda moderna es uno de construcción racional de «una sociedad mejor» en materia de equidad distributiva y goce de libertades, y ahora también de equidad de género y resiliencia de los ecosistemas, en la que prevalece el interés social por sobre el interés particular, sin perjuicio de la garantía de derechos individuales, civiles y políticos universales, basada en una institucionalidad democrática. Los sujetos de ese proyecto que socializa las dinámicas básicas de la economía para ponerla al servicio del interés general en democracia son los que sufren y/o se oponen a explotaciones y subordinaciones ilegítimas, lo que incluye especialmente a quienes viven de su trabajo o mantienen una integración precaria en la vida social, así como el mundo de la cultura que no quiere ver constreñida su capacidad de creación y de imaginación de un mundo mejor. Ese proyecto se expresa históricamente en movimientos y partidos que han mostrado tener durante más de dos siglos una gran persistencia y evolucionan de acuerdo a las condiciones históricas. Sus “puntos de llegada” u horizontes utópicos y sus derroteros son diversos y la mayoría no admite ser dirigido por algún centro. Tienen como fuente de riqueza, y en ocasiones de conflicto, la diversidad de inspiraciones, visiones y opiniones en su seno, sin perjuicio que es consustancial a las izquierdas reconocer la universalidad de la condición y de la dignidad humanas y de los valores igualitarios y libertarios que deben sustentarla. Es, a ese título, internacionalista, lo que no le impide mantener y valorar sus raíces en cada sociedad y cultura.

La primera falacia a rebatir es que la izquierda estaría en crisis porque deriva inevitablemente hacia regímenes despóticos. El despotismo hunde sus raíces en la historia universal y acompaña a las sociedades desde que se estratificaron al salir de la etapa cazadora-recolectora. Y hoy hay efectivamente regímenes despóticos -un 54% de la población sigue viviendo bajo regímenes autoritarios o híbridos según el índice de The Economist– que se reclaman de las más diversas ideologías, incluyendo el socialismo.

Dar por válida esa auto-identificación -aunque no faltan los que llegan a considerar socialista la dinastía norcoreana o la configuración civil/militar rentista en el poder en Venezuela o la dictadura familiar de Ortega en Nicaragua – simplemente no involucra a los que siempre han considerado que el socialismo no es el Estado omnipresente, ni menos la dictadura de un partido, de un grupo o de una persona, sino la emancipación del trabajo asalariado de la explotación y la subordinación por el capital y la emancipación de la mujer del patriarcado, junto a la más amplia participación democrática y plural desde la base social hasta instituciones representativas elegidas. Esto es lo distintivo de la izquierda desde la primera socialdemocracia en Europa y luego diversos partidos laboristas, socialdemócratas, euro y latinocomunistas y nacional-populares que han hecho de la democracia su espacio de acción política. Y que sostienen que las sociedades burocrático-autoritarias son un modelo a rechazar de plano, pues mantienen explotaciones y subordinaciones bajo otra forma, en ocasiones más aguda, como ocurrió con la deriva estalinista de la revolución rusa. Aunque el récord de la Unión Soviética en materia de aumento de largo plazo del PIB fue positivo, a pesar de su estancamiento y derrumbe final, y la humanidad le debe buena parte de la derrota del nazismo en la segunda guerra mundial, la caída de la URSS no significó ninguna crisis para los que siempre han sido críticos de los despotismos. Esto incluye aquel basado en la estatización general de la economía y la asignación centralizada permanente de los recursos.

Paul Mattick (1969) afirmó que «hay naturalmente diferencias entre el capitalismo de empresas privadas y el capitalismo de Estado. Pero involucran a la clase dominante, y no a la clase dominada, cuya posición social permanece idéntica en los dos sistemas«. Para Charles Bettelheim (1974), “una serie de relaciones sociales características de la antigua Rusia no ha sido destruida. De ahí las sorprendentes semejanzas entre la Rusia de hoy y la ‘Santa Rusia’».  Cornelius Castoriadis (1981) concluye que "la presentación del régimen ruso como ‘socialista’ -o como teniendo alguna relación con el socialismo- es la mayor mistificación conocida de la historia".

En el caso de Chile, este es el enfoque existente desde el programa del Partido Socialista de 1947 redactado por Eugenio González (“la trágica experiencia soviética ha demostrado que no se puede llegar al socialismo sacrificando la libertad de los trabajadores, en cuanto instrumento genuino de toda creación revolucionaria y garantía indispensable para resistir las tendencias hacia la burocratización, la arbitrariedad y el totalitarismo (…) del todo ajenas al sentido humanista y libertario del socialismo”), los textos de Raúl Ampuero de los años 1960, la tesis de Salvador Allende de la vía chilena al socialismo y los postulados de la renovación socialista de los años 1980. Esta última -como se puede observar en mi libro de Conversaciones con Alfredo Joignant- se inspiró de los textos críticos de autores como Janos Kornaï, Marie Lavigne o Alec Nove. Para la ortodoxia estalinista, en cambio, esto ha supuesto un problema grande, pero le atañe solo a ella.

La segunda falacia a rebatir es que el mercado es el capitalismo y ha triunfado por doquier, mientras la supresión del mercado es el socialismo. En realidad, el capitalismo es aquel sistema económico basado en la acumulación ilimitada de capital (Immanuel Wallerstein). No es ser pro-capitalista sostener desde la izquierda que los mercados regulados deben ser parte de la asignación de recursos en una sociedad igualitaria y sostenible. La idea que el capitalismo es el mercado no da cuenta que existieron mercados milenios antes que existiera el capitalismo ni de distinciones como las del gran historiador Fernand Braudel. Un primer piso de la economía es el de los intercambios no mercantiles y de la esfera doméstica, local y comunitaria, de gran importancia en la vida cotidiana, que en muchos países se proyecta hacia la economía social y solidaria. Un segundo piso es el de los mercados de bienes y servicios competitivos, con intercambios monetarios descentralizados múltiples, que requieren de regulaciones estatales para su buen funcionamiento, pero son indispensables para la coordinación de miles de decisiones cotidianas de producción y consumo en cualquier economía compleja. El desafío no es su supresión, sino que la participación en ellos pueda hacerse sin asimetrías sustanciales de poder entre sus actores. Debe existir un amplio espacio para el funcionamiento de mercados regulados social y ecológicamente.

El tercer piso económico es el del capitalismo propiamente tal, el de la acumulación ilimitada y concentrada de capital, que opera con amplias economías de escala, se apropia del conocimiento y de la innovación tecnológica en cadenas globales de valor y de los excedentes de los asalariados y de los productores sin poder de mercado, apoyada en estructuras financieras y en barreras a la entrada de amplia magnitud y asimetrías de poder generalizadas. No es sumarse a neoliberalismo alguno y no forma parte de crisis alguna del proyecto de la izquierda afirmar que la economía no debe ser estatal en todos los pisos económicos, sino que debe serlo en aspectos regulatorios y en determinados ámbitos productivos y de provisión de bienes básicos para impedir el dominio del tercer piso capitalista.  Como tampoco lo es constatar que el capitalismo domina la economía mundial y que, por tanto, es insoslayable buscar espacios autónomos de política y articulaciones externas para obtener una inserción en la división internacional de la creación de valor con al menos aspectos mutuamente beneficiosos. En efecto, la especialización según ventajas comparativas que promueven los liberales no permite las sinergias productivas y tecnológicas indispensables para un crecimiento endógeno que no se limite a producir materias primas. Esto evidentemente no es tarea fácil para países pequeños y sin poder global como el nuestro (producimos apenas el 0,35% del PIB mundial con el 0,25% de la población), pero la dificultad no es lo mismo que la inviabilidad. 

Al mismo tiempo, la pretensión neoliberal de someter los bienes públicos al mercado, especialmente en materia de salud, pensiones, educación y urbanismo, debe seguir siendo rechazada de plano, lo que no hace la corriente social-liberal tan activa en la crítica a la izquierda. Debilitar el Estado de bienestar fue lo que sostuvo el social-liberalismo a la Giddens-Blair-Shroeder y sus discípulos chilenos, en nombre de la competitividad en la globalización a ser preservada flexibilizando las relaciones del trabajo y fortaleciendo la educación utilitaria. Esto traería más bienestar que el modelo socialdemócrata propiamente tal, el de tipo nórdico o europeo continental, lo que resultó ser una falacia con malos resultados productivos y distributivos. La evidencia muestra que los grupos sociales subordinados están en una mejor posición absoluta (niveles de ingreso y acceso a bienes y servicios) y relativa (nivel de desigualdad respecto a los grupos de altos ingresos) en la actualidad en economías de tipo mixto con sindicatos protagonistas de una negociación colectiva amplia de las condiciones de trabajo y elevados sistemas de tributación-transferencias, especialmente las nórdicas y otras europeas. Esto ha sido fruto de décadas de esfuerzos productivos y sociales y de avances, retrocesos y adaptaciones. Se trata de economías que han mantenido niveles salariales altos y sistemas de redistribución de ingresos y amplios servicios públicos sin que eso afecte su competitividad internacional. Esta articulación entre Estado, sociedad, mercados y economía mundial permite a los peor situados acceder a un mayor bienestar que el prevaleciente en los países del capitalismo salvaje, incluyendo una de las economías de más alto PIB por habitante como la de Estados Unidos (ver los indicadores de la OCDE y del PNUD).

Por su parte, la superación reciente más rápida y vasta de la condición de pobreza absoluta de la mayoría de la población es la experimentada por China desde la década de 1980, que es una economía híbrida con mercados enmarcados centralmente por el Estado.

¿Cuál es entonces el proyecto de la izquierda? Uno que articula una tríada de Democracia (paritaria)/Estado social/Producción mixta sostenible, en una economía con empresas privadas, sociales o estatales y trabajo decente, no discriminador y ambientalmente responsable. Su meta es alcanzar un bienestar equitativo y sostenible en relaciones sociales sin dominación ni diferencias injustas. Esto supone diferentes interacciones entre Estado, mercados y sociedad civil y combinaciones de formas de propiedad y de asignación de recursos. ¿Ejemplos connotados en el siglo XX? Los países nórdicos, más allá de las alternancias políticas periódicas. ¿Ejemplos contemporáneos recientes de avances de la tríada de la izquierda? La España del PSOE-Podemos, la Nueva Zelandia de Ardern, el Uruguay del Frente Amplio y diversos otros casos, incluyendo avances autónomos de iniciativas sociales en los países dominados por la esfera capitalista, con ejemplos como Wikipedia o los sistemas informáticos cooperativos abiertos tipo Linux. ¿Modelos listos para armar? Ninguno.

La lenta construcción y consolidación de esa tríada es un proceso histórico de largo aliento. No proviene de crisis paroxísticas, sino que está llamado a marcar el funcionamiento de las sociedades cuando adquiere suficiente consistencia y amplitud, sin perjuicio de la permanente adaptación/conflicto con la esfera de la acumulación globalizada de capital. Muchas de las sociedades de mayores ingresos, incluyendo Estados Unidos, tienen componentes de esa tríada y un gasto público amplio (40% o más del PIB, ver OCDE), que incluye la socialización de una parte de los ingresos de las familias, lo que nada tiene que ver con el capitalismo de inicios del siglo XX (10% del PIB).

El debate actual en materia de Estado de bienestar subraya que debe ser un mecanismo crecientemente efectivo de redistribución de ingresos vía mejores sistemas de impuestos-transferencias, de preservación de la capacidad de negociación y protección de los trabajadores y de cobertura estatal de los riesgos de cesantía, vejez sin ingresos y enfermedad y accidentes, junto a una educación universal integradora. Nada sería más absurdo que dejar de plantearlo como parte sustancial de la plataforma de la izquierda, con un énfasis en la «predistribución» más que en la más clásica «redistribución» (ver Blanchet y otros).

La mirada larga nos indica que, siguiendo a Piketty (2021), «la marcha hacia la igualdad existe desde fines del siglo 18, con la revolución francesa y la revuelta de los esclavos de Santo Domingo que marcan el inicio del fin para las sociedades de privilegio y las sociedades esclavistas (…) El Estado social ha funcionado muy bien. El fortalecimiento del Estado social ha producido más igualdad y ha sido también una de las claves de la prosperidad«. El debate actual incluye el fortalecimiento de un Estado social que debe ser también más activamente orientador de la producción al servicio del bienestar equitativo y sostenible, que hace decrecer la depredación social y ambiental y expande los ingresos y el empleo decente de la mayoría social. 

Este requiere de otra tríada: 1) una economía mixta que incluya un sector de empresas de economía social y solidaria llamadas a ocupar espacios crecientes en la provisión de servicios y productos ecológicos de cercanía, empresas privadas de pequeña escala, empresas de mayor tamaño articuladas a los mercados mundiales pero reguladas y sujetas a fuertes medidas de desconcentración, a participación salarial en las utilidades y en la propiedad y a reglas de herencia limitada de las grandes fortunas, y empresas transnacionales sujetas a reglas sociales y al pago de regalías de acceso a recursos y operaciones de montos apropiados y con control público efectivo; 2) una tributación combinada a los ingresos, a la propiedad y a las transacciones al menos del nivel medio de la OCDE, que permita financiar los bienes públicos y servicios sociales que garanticen niveles y calidad de vida básicos y la expansión y preservación de los bienes comunes; 3) el uso de las rentas de los recursos naturales y de las rentas de monopolio para invertir en I+D y en diversificación productiva industrializadora. 

Esto deberá traducirse en Chile en usar esos recursos, eventualmente en asociación con privados, para invertir en producciones sanitarias frente a rupturas de las cadenas globales como las vividas con la pandemia de COVID-19, en fundiciones e industrias de transformación en el cobre, en usos industriales del litio, en las variadas energías renovables, en estimular la agricultura, la pesca y la explotación forestal desconcentradas y ecológicamente sostenibles, junto a servicios básicos y de transporte accesibles y una generación de energía distribuida y descentralizada. Esto no se logrará de un día para otro, pero un Estado de bienestar socialmente protector y productivamente activo estará en condiciones de transformar la economía chilena en una dirección más dinámica y con mayor productividad que la actual, estancada y sin perspectivas de no mediar un impulso inversor de gran escala. Estos elementos estuvieron presentes en los programas de Apruebo Dignidad y de la socialista Paula Narváez en 2021, pero la ausencia de mayoría parlamentaria del gobierno de Gabriel Boric y el ascenso de la extrema derecha y de la «agenda de seguridad» han bloqueado o retrasado los avances programados, a pesar de logros como la jornada de 40 horas y los aumentos del salario mínimo y de la pensión pública solidaria.

Una cosa son las dificultades políticas del actual gobierno y las circunstancias de su coalición, pero no se observa que las ideas de la tríada contemporánea de la izquierda de democracia/Estado social/producción mixta sostenible estén en retirada. Antes bien, responden mejor a los desafíos del país y a los desafíos ambientales globales, pues son mucho más pujantes y realistas que las de un libremercadismo sin norte en un mundo en cambio acelerado. El tiempo del neoliberalismo -asumido por convicción, adaptación o resignación en el pasado- está en cuestión por el propio agotamiento de su capacidad de resolver los desafíos actuales, como fue el caso de los dos gobiernos de Piñera en Chile.

Y si, en el corto plazo, el capitalismo globalizado y los Estados débiles destruyen todavía más las identidades colectivas, aumentan las inseguridades que alimentan los miedos y el racismo y favorecen a la extrema derecha en la esfera política, lo que cabe es persistir en la idea que la tríada de la izquierda moderna garantiza muchas más seguridades básicas e integración social que las sociedades capitalistas neoliberales, en vez de declarar a la izquierda en una falsa declinación.

Siempre los impuestos

 En La Tercera 

Desde 1990 se discute en Chile sobre impuestos. El gran empresariado y la derecha sostienen que aumentarlos lesionaría el crecimiento y que se podría terminar recaudando menos. Las centroizquierdas e izquierdas sostienen que impuestos bien aplicados y gastados no solo mejoran la situación de los más necesitados y la equidad general sino que no lesionan e incluso estimulan el crecimiento.  Este efecto positivo más que compensaría eventuales impactos negativos del impuesto a la renta o al patrimonio -que se supone son los impuestos que más desalientan la inversión o el trabajo- cuando los ingresos se emplean en mejorar bienes públicos como las infraestructuras, el desarrollo tecnológico, la educación, la salud o la cobertura social de riesgos, lo que además aumenta la cohesión social. 

Los dos tipos de argumentos se apoyan en una amplia literatura especializada y en los hechos históricos, en lo que las actuales fuerzas de gobierno llevan una amplia ventaja. En efecto, ni las bajas de impuestos han generado en ninguna parte más recaudación ni se ha producido un crecimiento adicional cuando se mantienen impuestos bajos.  Al revés, las etapas de más alto crecimiento se han producido en promedio en la OCDE con impuestos altos y crecientes, como han mostrado los trabajos de Piketty y otros, mientras algunos países han vivido secuencias rápidas de aumentos de los impuestos y contribuciones obligatorias sin efectos negativos sobre el crecimiento y con mejorías en el bienestar de las mayorías, en etapas en que su PIB por habitante era similar o inferior al de Chile. 

La postura reciente de la CPC, por su parte, no tiene asidero. El ministro Marcel ha recalcado que un crecimiento adicional del 1% en el PIB aportaría mayores ingresos fiscales de unos US$600 millones, mientras solo el aumento de la PGU, la reducción de listas de espera en los hospitales y la sala cuna universal sumarían unos US$7,5 mil millones, para lo que habría que crecer al menos al 12%. Por ello ha contestado a la cúpula empresarial que “el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos, lo que hace necesario que se complementen con una reforma tributaria, cuya magnitud y contenido debería resultar del mismo proceso de diálogo en torno al pacto fiscal.”

El tema se zanjó en el pasado con reformas pequeñas, centradas en impuestos indirectos, proporcionalmente pagados en mayor magnitud por los ingresos bajos, o en mayores tasas del impuesto a las utilidades. En realidad, Chile necesita que paguen más impuestos las personas de muy altos ingresos y patrimonios y que se paguen las regalías del cobre que corresponden (la ley aprobada terminó recaudando una quinta parte de lo que debiera haber sido). Esto no va a paralizar ni la inversión ni el empleo y permitiría ampliar la inversión pública, la construcción de vivienda, las pensiones, la atención de salud, el cuidado y la educación y la protección de la infancia, entre otras necesidades sociales urgentes. Cualquier otra cosa es esquivar la tarea de hacer más equitativa la sociedad chilena y la de no seguir regalando una parte importante de los ingresos de sus recursos naturales.

Las visiones contrastadas de la historia

 En El Mostrador

Nuestra sociedad sigue inevitablemente procesando los aspectos más difíciles de su historia reciente, especialmente en una fecha tan simbólica como los 50 años del golpe de Estado de 1973. Las nuevas generaciones se preguntan, con toda razón, qué pudo haber causado un crisis de tanta gravedad y con resultados tan violentos. Las respuestas nunca serán obvias y tendrán inevitablemente aspectos controvertidos. Seguir buscándolas será en cada etapa de la vida democrática plenamente pertinente, pues de otro modo no se podrán extraer las lecciones que eviten cualquier repetición de una crisis de esa naturaleza.

Como ha señalado el Presidente Boric, uno de los aportes iniciales que perduran en ese sentido es el libro-testimonio de Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena: las armas de la política, de 1976, reeditado por Siglo XXI en 2013. También lo es el libro de Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile, de 1978, en el que se resalta, como señala la presentación de la edición del libro por la UDP de 2013, “la primacía de los factores políticos por sobre los económicos en el colapso de la institucionalidad en 1973, planteando por primera vez la tesis de que, más allá de la actuación de las fuerzas radicales, fueron la erosión del centro político y la politización de las instituciones supuestamente neutrales los elementos que más influyeron en el derrumbe de la democracia chilena y el largo período dictatorial que le siguió”.

Daniel Mansuy ha publicado recientemente un texto que hace, desde el punto de vista conservador, una aproximación que busca ser intelectualmente honesta a la crisis de 1973. Es debatible tanto en su enfoque general como en diversos aspectos específicos, como no puede ser de otra manera, pero contrasta notoriamente con la falta de perspectiva de la representación política actual de la derecha.

La secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, llegó a sostener hace un tiempo que “hubo mucha gente que sufrió de lado y lado, en eso tenemos que cambiar la actitud. Si yo le empiezo a decir lo que pienso y todas las barbaridades que hizo Salvador Allende, creo que no nos vamos a encontrar”. Fue consultada sobre si son “equiparables las barbaridades de Salvador Allende con las de la dictadura”, y Hoffmann contestó que “son bastante equiparables, diría yo”.

Una persona con responsabilidades públicas está introduciendo una distorsión histórica de grandes proporciones. Una cosa son políticas que atacaron intereses dominantes para procurar dignificar la condición de los trabajadores y campesinos, mejorar la alimentación de los niños, subir los salarios y redistribuir los ingresos, nacionalizar el cobre, culminar la reforma agraria y constituir un área de propiedad social, todo lo cual es muy debatible en sus finalidades y temporalidades e implicaba una polarización de la sociedad, pero se llevó a cabo en democracia, con garantías constitucionales, elecciones libres, separación de poderes y plena libertad de prensa y reunión, las que estaban plenamente vigentes el martes 11 de septiembre de 1973.

En ese día, por lo demás, el Presidente Allende anunciaría un plebiscito para dirimir el conflicto político y evitar un quiebre institucional. Se podrá decir lo que se quiera sobre las supuestas intenciones de la izquierda, el congreso socialista de 1967 y tal cosa u otra en la lógica de las campañas apocalípticas sobre las supuestas intenciones de la Unidad Popular de someter el país a Moscú, con plan Z incluido, pero la estricta e indesmentible realidad es la plena vigencia de las libertades y derechos desde el primer hasta el último día del Gobierno del Presidente Allende. Y todo esto en medio de atentados cotidianos de la extrema derecha, ayudada por miembros de los servicios de inteligencia de la Armada, según se ha documentado posteriormente. Esto incluyó la bomba puesta en la casa de mi familia –mi padre era ministro de Planificación del Presidente Allende– por Patria y Libertad el 2 de septiembre de 1973 y que por segundos no me costó la vida.

Otra cosa muy distinta es un golpe de Estado que partió bombardeando La Moneda, con el Presidente en su interior defendiendo la dignidad republicana de las instituciones hasta dar su vida. Golpe de Estado cuya finalidad expresa fue, en palabras de Gustavo Leigh, “extirpar el cáncer marxista”, es decir, masacrar a la mayor parte de los dirigentes de los partidos de izquierda, reprimir y castigar a los que gobernaban y someter por la violencia y el terror a los chilenos y chilenas que dieron el 44% de los votos a la izquierda en marzo de 1973. Esto incluyó campos de concentración, proscripciones y persecuciones, allanamientos masivos, torturas, violaciones y vejaciones de cuerpos, asesinatos, desapariciones de restos (en diversos casos en dos ocasiones), cárcel, exilio y una dictadura de 17 años con “metas y no plazos”, nada de lo cual existió ni por asomo bajo el Gobierno del Presidente Allende.

Permanece en Chile, desgraciadamente, una derecha con una distorsión de perspectiva sobre la base de una irracional teoría del empate que es ética y factualmente insostenible. Que la señora Hoffmann aluda a sus familiares militares como factor de adhesión obligada a la dictadura es también grave, pues muchos militares no fueron ni golpistas, ni torturadores ni asesinos. Hubo insignes mandos constitucionalistas como los generales Schneider y Prats, mientras dos de los cuatro comandantes en Jefe en ejercicio el 11 de septiembre se opusieron al golpe y fueron destituidos por su consecuencia democrática, el almirante Montero y el general Sepúlveda Galindo.

Otros lo fueron en distintas etapas anteriores y posteriores, como los generales Pickering y Sepúlveda del Ejército, los generales Poblete y Bachelet de la Fuerza Aérea, estos últimos presos y torturados, el capitán Araya de la Marina, asesinado por la extrema derecha, junto a muchos oficiales, soldados y marineros. Su memoria de hombres de armas comprometidos con la democracia y con la subordinación al poder civil solo merece respeto y consideración, en contraste con la felonía de los golpistas y la virulencia de sus aliados civiles, que no dudaron en configurar un régimen de violencia para permanecer indefinidamente en el poder.

El hecho es que una casta militar de oficiales oportunistas se alió a la oligarquía dominante tradicional, a la que sirvieron por casi dos décadas. ¿El resultado? Graves y prolongadas violaciones a los derechos humanos y una enorme concentración de la riqueza. La UDI pasó de protagonista de la dictadura –en tanto alianza del gremialismo y los Chicago Boys– a la representación meticulosa y sin desmayo, ni mayor disimulo, de los intereses oligárquicos.

En efecto, se niega hasta hoy, y también la nueva extrema derecha, a que los más ricos paguen más impuestos, que los trabajadores puedan negociar con instrumentos efectivos los salarios en las empresas o que las isapres, las AFP y las escuelas y universidades privadas dejen de lucrar a costa de la mayoría. Es el sector político heredero de un “modelo” que considera exitoso, pero que otros pensamos fue dictatorial, injusto, desigual e ineficaz. La economía ha sido usada para intentar validar históricamente un régimen que simplemente no tiene justificación para quien tenga alguna convicción democrática. A los que no tengan esas convicciones, cabe decirles que la dictadura tuvo un peor desempeño económico que el obtenido en democracia. Ahí están las cifras para quien quiera consultarlas.

Como se observa, lo que sigue en juego es el gran dilema de la sociedad chilena: el interés general o la ley del más fuerte, la justicia social (y hoy también la justicia ecológica) o el sálvese quien pueda del individualismo negativo que favorece a los poderosos, ese que encarnan la derecha y la extrema derecha. Para sostener sus fines, este sector sigue intentando distorsionar políticamente la historia, cuyo juicio no le es exactamente favorable.

Economía: hacia al sobreajuste

En La Nueva Mirada

En el trimestre febrero-abril, último para el cual hay información, se registró un punto de inflexión, pues la actividad cayó en -0,2% respecto al trimestre previo, en términos desestacionalizados, después de tres trimestres móviles de crecimiento. Las remuneraciones reales se estancaron en el mismo trimestre por segunda vez consecutiva. La nota positiva fue el crecimiento de 1,9% en el empleo, aunque el empleo asalariado formal retrocede desde principio de año. El problema es que con la producción cayendo, el empleo terminará también por caer.

Hemos sido hasta recientemente unos pocos los que hemos sostenido que provocar una recesión en 2023, después de hacer caer la actividad en los tres primeros trimestres de 2022, es inútil y lesivo (ver por ejemplo hace más de un año https://gonzalomartner.blogspot.com/…/es-necesaria-una…). Aunque los datos del primer trimestre permitían albergar alguna esperanza de resiliencia de la economía frente a la política monetaria restrictiva, los datos posteriores ya dejan poco espacio para la duda. Hoy casi todos los economistas de la plaza coinciden con la tesis del sobreajuste. Salvo la mayoría conservadora del Banco Central, que, por tres votos a dos en la sesión de junio, mantuvo la tasa de interés de política monetaria en 11,25% contra viento y marea.

Para el Banco Central, la inflación se ha reducido «conforme a la línea de lo previsto consolidándose hacia la convergencia de la meta de un 3%», pero sin decir que eso se debe de manera significativa a la caída de los precios externos, y no a su política, y que la meta se debe alcanzar en un horizonte de 24 meses y no el próximo mes. La caída prevista incluye “en general, la actividad y la demanda interna«, que es lo que ha querido desde marzo de 2022 para llevar el país a una recesión. La caída sistemática de la inflación no lleva al Banco Central a bajar la tasa de interés.

Una economía en la que una alta proporción de los productos finales que se consumen son directamente importados y los demás tienen un importante componente de insumos importados en su elaboración, está evidentemente expuesta a la evolución de los precios internacionales de esos productos e insumos, además del tipo de cambio peso/dólar. Los más relevantes para los consumidores son los precios de los combustibles y de los alimentos, que llegaron a subir desde 2021 en más de 100% y 50% respectivamente a nivel internacional y luego han bajado. El petróleo WTI pasó de 52 dólares por barril en enero de 2021, al iniciarse la reactivación post pandemia, a 115 en junio de 2022 y a 75 en mayo de 2023, mientras los precios internacionales de los alimentos según la FAO pasaron de un índice de 98 en 2020 a 158 en mayo de 2021 y a 124 en mayo de 2023. Entonces su repercusión interna, al alza y luego a la baja, era inevitable. La inflación en Chile -y en cualquier otra parte- no se iba a mantener en el rango previo de 2-3% con ese nivel de brote inflacionario en productos de amplio consumo, provocado primero por los avatares de la salida de crisis a nivel global y luego por la invasión a Ucrania, un importante productor de alimentos, por parte de Rusia, un importante productor de gas y petróleo, junto a los efectos de la especulación financiera en los mercados de futuro.

Se puede retrasar, o bien controlar aumentos de los márgenes empresariales provocados por colusiones oligopólicas y eventualmente subsidiar algunos bienes básicos, pero desde Chile no se puede evitar los movimientos de precios en el mundo. El Banco Central puede subir la tasa de interés todo lo que quiera, pero no va a evitar sino en el margen que el IPC suba o baje si los precios internacionales clave lo hacen en esas magnitudes. En todo caso, el brote inflacionario ya amaina en Chile, con un IPC de 3,8% semestral a mayo.

Por otro lado, el fuerte aumento de la demanda interna en 2021, que tanto alteró al Banco Central, tuvo una causa llamada a extinguirse por sí misma: los retiros desde las cuentas de fondos de pensiones, muy altos efectivamente, pero que eran por una vez en cada caso y sus efectos iban a cesar al cabo del tiempo. De menor envergadura, pero también significativas, fueron las transferencias gubernamentales de emergencia a las familias, que provocaron un alto déficit fiscal, pero que tampoco estaban llamadas a perdurar. Subir las tasas de interés brutalmente no iba a impedir que aumentara el consumo de las familias por un período dado, para luego declinar. Por estas dos razones principales, la externa y la interna, la pretensión del consejo del Banco Central de bajar la inflación provocando una recesión interna ha sido especialmente absurda, y en mi apreciación políticamente motivada para favorecer a las fuerzas conservadoras a partir de marzo de 2022.

¿El resultado? Según los datos de la encuesta de empleo del INE, el número de personas desempleadas (las que buscan activamente trabajo y no lo encuentran) ha pasado en un año de 742 mil en el trimestre febrero-mayo de 2022 a 854 mil en el mismo período de 2023. Las personas desalentadas (que ya no buscan empleo pero desearían trabajar) pasaron de 794 mil a 855 mil en el mismo lapso de tiempo. La suma de ambos tipos de desempleados pasó de 1,536 millón de personas a 1,708 millón.

En suma, una inflación que ha subido y luego ha tendido a la baja y que es fuertemente influenciada por causas externas, ha sido erróneamente atacada mediante una política monetaria y fiscal recesiva (esta última se ha tornado expansiva desde 2023, después de hacer caer brutalmente el gasto público en 23,1% en 2022). Esta combinación ha terminado por provocar que haya en un año 173 mil personas adicionales sin empleo o que ya no lo buscan, sumando 1,7 millón de personas de carne y hueso que se encuentran en una de las peores situaciones que pueda enfrentar un ser humano, hombre o mujer, joven o de edad madura. Esta es desde luego peor que una baja temporal de los ingresos reales por la inflación, pues es mejor disponer de menos poder adquisitivo por un tiempo que no disponer de ninguno, aunque en la apreciación global se trate de un número inferior de personas que la que percibe ingresos no protegidos de la inflación.

Entre tanto, el crecimiento internacional ha sido más bien favorable en el período. Sin ir más lejos, en Estados Unidos el desempleo es el más bajo desde los años 1960 (3,7% de la fuerza de trabajo), con una política fiscal y monetaria que busca controlar la inflación y también, expresamente, no producir una recesión productiva y del empleo. Exactamente lo contrario que en Chile.

Apuntes de coyuntura. Un comentario sobre la inflación y el desempleo

Ver https://mgpp-usach.blogspot.com/2023/06/apuntes-de-coyuntura-con-los-datos-de.html.

Entre el bloqueo legislativo y la recesión

En La Nueva Mirada

La cuenta presidencial reciente tuvo momentos significativos y apropiados en la defensa de la democracia y de la convivencia basada en valores civilizatorios compartidos. El Presidente Boric habló contra las discriminaciones y actitudes de agresión y violencia verbal inaceptables que se han observado en el escenario político de manera muy valiosa. No obstante, el escenario político y económico permanece borrascoso.

Esta postura de integridad democrática es la que llevó al Presidente Boric a retrucarle horas antes al Presidente Lula que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no son una construcción retórica. Tampoco lo es la crisis migratoria que ha provocado el colapso económico de ese país y su incidencia, entre otros países, en Chile. No obstante, el gobierno chileno debe acompañar, y seguramente lo hará en lo que le toque, la búsqueda de una salida democrática mediante elecciones generales con garantías para la oposición en 2024 en Venezuela. En esa salida está comprometido el Presidente brasileño, que busca tener un vínculo suficiente con Maduro y su régimen, más allá de lo que se pueda opinar sobre ambos, para incidir en un camino que debe incluir el retorno a la normalidad democrática, a la recuperación económica luego del uso rentista y con altas dosis de corrupción por décadas de sus amplios recursos y también terminar con el inútil y absurdo bloqueo norteamericano. Ese esfuerzo requiere ser apoyado.

El presidente postuló, por otro lado, un apoyo al posible resultado del proceso constitucional en curso, aunque se mantiene la incógnita sobre la conducta de la extrema derecha, que ahora lo controla. Su extremismo sectario puede llevar a un nuevo rechazo a la propuesta que resulte de ese proceso, mientras la de los “expertos” incluye un aumento del quórum de reforma constitucional (3/5) respecto a la norma vigente desde agosto pasado (4/7), lo que desde ya justificaría ese rechazo: las reformas de normas insatisfactorias -como es el caso de diversos artículos económicos y ambientales del borrador- serían más fáciles con el texto constitucional vigente que con el futuro. El borrador actual  tampoco permite avanzar en superar la crisis con el mundo mapuche que ha optado por la insurgencia, ante la ausencia de un reconocimiento consistente a su historia y a su autonomía, por lo que la comisión sobre las tierras mapuche nombrada por el presidente tiene limitadas perspectivas de éxito. La retroalimentación entre represión militar generalizada y radicalización insurgente parece ser el escenario más probable, y el que menos resolverá un problema histórico.

El Presidente Boric recalcó en su cuenta los logros de su gobierno en materia de seguridad, como la ley de Reparación de Víctimas de Femicidio, la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el plan de Infraestructura para la Seguridad, la Política contra el Crimen Organizado, el plan Calles Sin Violencia y la recuperación de espacios públicos, las leyes que agravan el delito de secuestro y el porte de armas en lugares públicos, persiguen la conspiración para el sicariato y el delito de extorsión, quitan el patrimonio mal habido de quienes cometen delitos y aumentan las penas contra quienes proveen drogas a niñas, niños y adolescentes. Permanece, sin embargo, el interrogante sobre los roles policiales de las Fuerzas Armadas, que se han fortalecido de manera veloz en el último año mediante recurrentes Estados de excepción y reformas legales, pero que no debieran ser parte de la creación de un Estado militar-policial arbitrario y represivo, como siempre ha sido el enfoque de la derecha para defender sus intereses. Para el orden público deberán consolidarse progresivamente, en cambio, unas policías profundamente reformadas y fortalecidas, capaces de vincularse mucho más activamente con la sociedad en los barrios y territorios y ser mucho más eficaces en su tarea de protección de la ciudadanía, respetando sus derechos.

Resaltó el Presidente adecuadamente el aumento del sueldo mínimo de 350 mil a 500 mil pesos en 2024 con acuerdo con la CUT -lo que representa un alza en su valor real del 20%- y el subsidio para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas; la ley que reduce de manera gradual la jornada laboral a 40 horas; la ley que amplió la cobertura de la Pensión Garantizada Universal; el Copago Cero para que la salud pública sea gratuita para los usuarios de Fonasa de los tramos C y D; el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos junto a la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos, y así otra serie de logros.

El Presidente realizó, asimismo, una serie de valiosos anuncios como hoja de ruta de su gestión, muchos de los cuales están sujetos a una incierta aprobación de la reforma tributaria, como la compensación por la llamada deuda histórica originada en traspasos de la década de 1980 de los profesores y el cese del pago del crédito estudiantil universitario. También es incierta la capacidad de financiar plenamente compromisos como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la reducción de las listas de espera en las atenciones hospitalarias, más transferencias per cápita a la salud primaria municipal, avanzar a la sala cuna universal y a la creación de un sistema nacional de cuidados, la creación de centros contra la violencia sexual en regiones, el aumento de recursos para la seguridad pública y el establecimiento de incentivos a la productividad.

En este ámbito, permanece sobre todo la interrogante sobre la necesidad de un plan de reactivación económica más vasto frente a los signos de recesión, pérdida de empleos y el aumento de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan (llegaron a 400 mil en febrero-abril), que ya se están produciendo.  Evitar que se puedan prolongar y profundizar de manera grave es tarea de una política fiscal que deberá ser más significativa para evitar ese riesgo inútil, provocado por una política monetaria recesiva persistentemente equivocada. El Banco Central considera que se debe comprimir la demanda interna para combatir la inflación, desestimando su fuerte componente importado. Esta se encuentra en vías de normalización: el IPC promedio de los últimos 6 meses es solo un 4,4% superior al de los 6 meses previos. No existe en la actualidad tal cosa como un «exceso de demanda”. Ante el fuerte incremento de la demanda en 2021, la reacción de la oferta de bienes ha sido elástica dado el grado de apertura de la economía (lo que se reflejó en un gran aumento de las importaciones en 2022 y un mayor déficit en cuenta corriente, pero no en incontrolables presiones inflacionarias endógenas, como señala la narrativa oficial). También ha sido el caso de los servicios, que han ampliado su suministro sin provocar mayores presiones inflacionarias, con la excepción de la educación, en que los privados aumentaron sus matrículas y márgenes. En cambio, en los servicios de comunicaciones los precios disminuyeron.

En todo caso, la demanda interna alcanzó su máximo nivel en el cuarto trimestre de 2021, a raíz de una explosión del consumo por la suma de retiros de fondos de pensiones y las transferencias de emergencia a las familias, en plena coyuntura pandémica y electoral. Desde entonces, la demanda interna se sitúa por debajo de ese nivel. El dato más reciente indica que ha caído en -1,5% en enero-marzo de 2023 respecto al trimestre anterior, en términos desestacionalizados, y ha disminuido en -8,0% en doce meses. La caída trimestral se explica tanto por un deterioro de -2,5% del consumo de las familias (como se comprenderá, esto no ayudó demasiado al gobierno en el resultado del 7 de mayo pasado) y de -0,9% de la inversión (formación bruta de capital fijo).

Estas cifras hacen todavía más evidente y más urgente que el Banco Central debe bajar las tasas de interés. El gobierno debiera acelerar, por su parte, su gasto de inversión en vivienda, urbanismo e infraestructura (de preferencia procurando facilitar la transición energética verde y la mitigación del cambio climático) y aumentar las transferencias a los sectores más vulnerables vía suplemento de asignación familiar (bolsillo familiar electrónico).

En febrero-abril de 2023, el índice de actividad económica disminuyó en -0,2% en comparación al trimestre previo, el de enero-marzo (ver el gráfico). Se trata de una caída de -0,7% en ritmo anualizado. El índice mensual desestacionalizado ha caído desde febrero por tercer mes consecutivo, aunque con una muy leve caída en abril, después de un dinámico mes de enero que permitió buenos datos promedio del primer trimestre del año. Pero esto no se ha prolongado en los meses siguientes. La producción de bienes se ha comportado a la baja en el promedio trimestral móvil, pero sobre todo ha sido el comercio el que ha disminuido su actividad, mientras los servicios apenas crecen. Esto refleja una contracción del consumo de los hogares, que constituye el grueso de la demanda.

Que esta tendencia coyuntural se mantenga o no, y se pierda o no producción y empleos en los próximos meses, lo que ya ocurre con el empleo asalariado formal desde enero, dependerá de las decisiones de política que se adopten, para lo cual hay poco tiempo si se quiere impedir consecuencias previsibles y sobre todo evitables.

Un proceso constitucional que debe ser rechazado

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Hoy se inició el Consejo Constitucional, que en un plazo de 5 meses (primera semana de octubre) deberá aprobar una propuesta de texto de nueva constitución. El 17 de diciembre se realizará un plebiscito que la aprobará o rechazará. El Consejo trabajará sobre la base de un borrador de constitución ya entregado por los “expertos” nombrados por el parlamento (/file:///Users/gonzalomartner/Downloads/anteproyecto-WEB.pdf). Hay normas insatisfactorias de todo tipo en el texto vigente, reformado muchas veces, pero también las hay en materia institucional, económica y ambiental en el borrador de los "expertos", en especial los quórum de reforma y normas de privilegio para el Senado, las FF.AA. y las grandes empresas mineras.  Más las que ahora agregarán muy probablemente los republicanos. 

En efecto, la lista de observaciones negativas sobre el borrador es desde ya larga, como que se mantiene un Senado plenamente colegislador que subrepresenta gravemente a las regiones con más habitantes y distorsiona la voluntad popular,  se mantiene la facultad de asignar directamente impuestos e ingresos a las FF.AA. sin pasar por el parlamento como un privilegio inaceptable, se protege las concesiones mineras actuales y se otorga una autonomía excesiva al Banco Central sin un mandato claro a la política monetaria de equilibrio entre inflación y empleo y de financiamiento de la transición contra el cambio climático, mientras los artículos ambientales son muy deficientes. Pero el tema principal es: ¿con qué quórum futuros parlamentos podrán reformar la constitución? Cabe señalar que el borrador constitucional incluye un aumento del quórum de reforma constitucional a 3/5, por sobre la norma vigente desde agosto pasado de solo 4/7. 

Asumimos que una nueva asamblea constituyente no se ve a la vuelta de la esquina después de la derrota del 4S-2022, que penalizó la radicalidad de visiones particulares y la gestión inicial del nuevo gobierno. Y tampoco se avizora que los republicanos que dominan el Consejo bajen los quórum de reforma y saquen del borrador las normas de privilegio para el Senado, las FF.AA. y las grandes empresas mineras. Se puede argumentar que existirán normas de derogación de ley y de iniciativa popular de ley previstas en el borrador, pero estas no incluyen las normas constitucionales.

Hay entonces normas vigentes que deben ser cambiadas, pero en el borrador también hay normas que no son aceptables para un orden democrático verdaderamente representativo de la voluntad popular y un Estado social propiamente tal. El tema central es el hecho cierto que serán más fáciles de cambiar las normas que se quiera por futuros parlamentos con el texto vigente (4/7) que con el que salga del consejo (3/5). Razón más que suficiente, además de los contenidos del borrador altamente cuestionables que probablemente serán aprobados por el Consejo, para rechazarlo en diciembre próximo.

Si eso ocurre, como todas las encuestas anticipan, no se producirá un congelamiento constitucional. El actual parlamento podrá aprobar por 4/7 desde enero de 2024, por ejemplo el Estado democrático y social de derecho en un formato mejor redactado que el del borrador y otras reformas que ya han sido consensuadas, como las que limitan la dispersión de partidos políticos en el parlamento. Más adelante, los futuros parlamentos podrán seguir perfeccionando las normas constitucionales que lo requieran en tanto se produzcan acuerdos de 4/7 (57% de los miembros del parlamento). Es decir, sería una perspectiva que se aleja de los congelamientos constitucionales de hierro destinados a proteger los intereses de los privilegiados, que son siempre, a larga, un factor de crisis recurrente. 

Después del veredicto del 4S/22, que rechazó un cambio de constitución que apareció, entre otras dimensiones, como uno que consagraba opciones de política por sobre las que se determinaran en las elecciones periódicas de gobierno y parlamento, queda rechazar el camino de los "expertos" y del Consejo y abrir un sistema de "evolución constitucional progresiva". El parlamento debiera ajustar en el corto plazo los principales consensos alcanzados en los debates desde 2020 y nuevos parlamentos debieran acomodar los cambios en la voluntad colectiva a lo largo del tiempo. De ese modo se podrá proveer una estabilidad dinámica del sistema político, que incluya cambios según lo vaya determinando la representación efectiva de la soberanía popular y con la definición básica de que Chile hace funcionar sus instituciones en un Estado democrático y social de derecho.

El PPD

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Hace ya tiempo que observo con consternación lo que ocurre con el PPD. Formé parte del pequeño grupo que tomó la decisión de impulsarlo en la etapa final de la lucha contra la dictadura, no sin dudas, y se instaló en un vieja casona en Bellavista para ese propósito. Para derrotar a Pinochet en el plebiscito de 1988, junto a llamar a la inscripción masiva en los registros electorales, se debía legalizar un partido instrumental que permitiera controlar los resultados en las mesas de votación, junto al PH que había hecho lo propio con la recordada Laura Rodríguez, y al PDC, que también lo hizo por su cuenta. Nuestra idea original en el PS dirigido por Ricardo Núñez era inscribir un solo partido instrumental de toda la oposición. De ahí el nombre de Partido por la Democracia. El PS no podía legalizarse, pues fue declarado inconstitucional y Clodomiro Almeyda fue proscrito, lo que incluso no le permitió posteriormente ser candidato presidencial o parlamentario. Aunque nuestro diseño original amplio había fracasado, en diciembre de 1987 decidimos inscribir contra viento y manera una opción propia que expresara, con presencia significativa de fuerzas de izquierda, nuestra voluntad de provocar una salida política a la dictadura, pues la opción militar no tenía en nuestra opinión ninguna viabilidad, en el contexto de buscar la más amplia unidad opositora. Un equipo que encabecé con Didier de St Pierre terminó de revisar una por una las miles de fichas de inscripción de ese partido en el verano de 1988 (un 10% venía con problemas), recolectadas en plena dictadura en muy breve tiempo en todo Chile por diversos colectivos, y las llevó al Servicio Electoral. Culminó así su nacimiento en un esfuerzo épico. 

En ese proceso estuvo, junto al Mapu y sectores ex radicales y ex comunistas, el liderazgo creciente de Ricardo Lagos, que nunca se sintió cómodo en partido alguno pero entonces expresaba una voluntad de lucha contra la dictadura de la que algunos siempre le estaremos agradecidos, mientras sus ideas provenían entonces con más frecuencia desde su hemisferio izquierdo. Y el soporte organizado fue el PS dirigido por Núñez y Alvarado, y Arrate en el exterior, y al que también pertenecía Lagos, no sin tensiones.  Ese conjunto estuvo en el origen de la idea de intentar derrotar a la dictadura en el plebiscito de 1988, después que las protestas de 1983-86 y el atentado a Pinochet en 1986 no lo lograron. Como se sabe, esa estrategia rompió la cadena del miedo, movilizó y unificó al pueblo tras la bandera de la democracia y fue exitosa, con un recuento paralelo de votos mesa por mesa que nos habilitó a disputar hasta el último rincón de Chile el triunfo que Pinochet no anticipaba, quiso desconocer y finalmente tuvo que reconocer, pues no hacerlo implicaba para él riesgos aún mayores. Se iniciaba así una azarosa transición, con sus luces y sombras.

En 1989, el PS se reunificó (en diálogos finales muy cordiales entre Clodomiro Almeyda y Jorge Arrate de los que fui testigo) e ingresó de lleno al gobierno, al caer el muro de Berlín e iniciarse la transición democrática, luego de haber estado dividido entre un sector que reivindicaba su carácter nacional-popular y democrático y otro que se alineó con el Partido Comunista, la lucha armada y el bloque soviético, con sede en Berlín Oriental. Ricardo Lagos, Erich Schnake, Victor Barrueto, Jorge Schaulsohn, Carolina Tohá, Guido Girardi, María Antonieta Saa, Sergio Bitar, entre otros, decidieron transformar al PPD de partido instrumental en un partido, digamos, de centro con guiños a la izquierda, que no se hiciera cargo sobre todo de lo que entendían era el peso negativo de la izquierda histórica. Ricardo Lagos propuso que el PS se disolviera en el PPD, lo que éste no aceptó, dada su larga historia y su voluntad de reivindicar al allendismo. Pero se mantuvo una bancada parlamentaria PS-PPD. 

A algunos desde el PS unificado, por el que optamos, nos pareció que este proceso fue mal resuelto y que dividía a una izquierda que debía ser plural pero tenía que actuar en conjunto ante los grandes desafíos de la sociedad chilena, a lo que se agregaba la fractura con el PC de Gladys Marín, que estaba en posiciones rupturistas, a pesar del acuerdo presidencial y parlamentario de 1989. La década DC de 1990 estuvo, entonces, marcada por la ausencia de capacidad de alteración del statu quo, a pesar de muchos esfuerzos diversos. Procuramos una unificación progresiva entre el PS y el PPD, por la vía de una federación, que no resultó, pero que logró elegir a Ricardo Lagos presidente sin romper la coalición con la DC, lo que se hizo ganando una primaria y una estrecha segunda vuelta presidencial frente a la derecha. Después de haber estado inicialmente en el Ministerio de la Presidencia, salí al descampado y bajo mi conducción el PS en 2003-2005 constituyó una comisión política conjunta con el PPD, dirigido por Victor Barrueto. Actuamos de manera estrechamente coordinada (con Schaulsohn y Tarud incluidos), junto a rearmar, lo que no fue nada de fácil, una alianza con el PDC dirigido por Adolfo Zaldívar.  Y procuramos, por otro lado, abrir poco a poco el campo de entendimiento hacia el PC. Un proyecto más a la izquierda no tenía todavía espacio en el escenario político y fui derrotado en el intento de conformar una fuerza coherente e institucional que lo apoyara, saliendo de la lógica de corrientes, de lo que no me arrepiento para nada, pues en la actualidad ese proyecto está, aunque con 25 mil problemas, en desarrollo.

En suma, la dispersión PS-PPD y la fractura con el PC hizo débil a las izquierdas en la larga transición. Esta última recién se logró superar en 2014 y dio lugar al gobierno de Bachelet II, lo que es un mérito de la ex presidenta. Su lucha por reconquistar el principio de mayoría, disminuir la desigualdad, aumentar los derechos sociales y obtener el control nacional de los recursos naturales, no tuvo fuerza suficiente desde 1990 frente a la derecha y la mayoría institucional que forzó por décadas, con un centro dubitativo en sus opciones y cada vez más debilitado en la sociedad. 

Más aún, una parte del PPD y del PS no mantuvo una postura firme en materia de derechos humanos, aunque si lo hizo la mayoría del PS y sus líderes, y otra parte fue cooptada tempranamente por los intereses del gran empresariado, con propuestas como privatizar las empresas sanitarias, entregar Codelco a las AFP y flexibilizar aún más las relaciones laborales. Ambos partidos perdieron todo interés activo por los temas económico-sociales propios de la izquierda, aunque pugnaron por hacer avanzar, con éxito, los derechos civiles. 

La dispersión política, con sus respectivas ambiciones personales,  creció y obtuvo respuestas autoritarias, lo que dio lugar al fenómeno de los díscolos de diversa índole. Con el tiempo, en algunos sectores urbanos, caudillos comunales se asociaron con el narcotráfico local para obtener recursos y aumentar su influencia interna en los partidos, mostrando signos de corrupción, los que también ocurrieron con los financiamientos irregulares de campañas y la gestión de algunos servicios públicos. Esto afectó el ethos del PS y el PPD y su imagen ante la sociedad. La falta de convicción de parte de su dirigencia actual en el combate a estos flagelos nos llevó a muchos a alejarnos, en mi caso del PS en 2016 después de más de 30 años de militancia y de haber sido su presidente. Pero hay momentos en que subjetivamente no se puede más, y se privilegia los valores fundamentales y la independencia de acción. El impacto de estos fenómenos en la sociedad dio lugar al nacimiento del Frente Amplio, que es sociológicamente y en las ideas principales muy similar al PS-PPD, pero de una generación de jóvenes que no quiso sumarse, con razón, a la historia narrada.

El PS ha disminuido a la mitad su influencia electoral, pero ha seguido un camino favorecido por la fuerza de su historia y se ha sumado a la tarea del actual gobierno. El PPD se fue transformando, en cambio, en una organización clientelar meramente adaptativa (una expresión más suave que la de, digamos, orientada por el oportunismo político, que también le sería aplicable) que fue de crisis en crisis por su gestión interna altamente vertical y con un liderazgo clientelar dominante encabezado por el ex senador Girardi. Su líder natural,  Ricardo Lagos, se disoció de su suerte y ha terminado promoviendo partidos  de derecha como Amarillos o haciendo gestos a ex DC de derecha como Jaime Ravinet, en un curioso abandono tardío de su crítica  a los intereses que representa esa parte del espectro político. 

Pero lo peor ha sido la hostilidad de una parte del PPD con la ministra Carolina Tohá, que no tiene otra explicación que una cruda falta de solidaridad entre los miembros de un mismo partido, algunos de los cuales ya solo están en política para disputar espacios de poder descalificando y buscando derribar al resto, por lo demás en espacios cada vez más menguados. Esto se ha traducido en los ataques al gobierno y a la ministra jefa de gabinete del Presidente Boric. La motivación de quienes cuestionan a Tohá carece de lógica: se trata de alejarse del gobierno para "no pagar costos", pero al mismo tiempo ser parte de él (vaya uno a entender), y reivindicar una identidad de "centroizquierda" tal vez más "distinguida", como diría Bourdieu, que la de los "monos peludos" (¿el mundo popular?) y de los que asumen "la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras" (¿el feminismo y la diversidad sexual?), que nadie sabe muy bien en qué consiste. Salvo, tal vez, en acercarse a los intereses dominantes y a simpatizar con el statu quo institucional vigente. Como si terminar siendo solo el 3% del electorado, sin que nadie se tome la molestia de asumir responsabilidades políticas, no indicara que más vale compartir la suerte del gobierno, de su coalición bastante más amplia y, sobre todo, de sus objetivos de transformación de la sociedad, por los que vale la pena trabajar, aunque sea en medio de grandes dificultades. 

Salvo que se quiera compartir la suerte de la derecha, ahora dominada por la extrema derecha. Pero eso si que ya no tiene nada que ver con lo que inspiró la fundación del PPD, en momentos dramáticos y decisivos de la historia de Chile.

La actividad del primer trimestre creció en 3,4% anual

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Hoy el Banco Central ha publicado las Cuentas Nacionales del primer trimestre, que revelan que la economía creció en 0,8% en términos desestacionalizados respecto al trimestre final de 2022 (ver el primer gráfico). El Producto Interno Bruto (PIB, que registra las transacciones de mercado en consumo, inversión y exportaciones e importaciones y los gastos de gobierno y es la suma del valor bruto de producción de bienes y servicios menos los consumos intermedios en cada rama) registró un crecimiento anualizado de 3,4%, una muy buena cifra. El PIB no registra el bienestar de la población en muchos aspectos ni su distribución, pero es un indicador indispensable del nivel de actividad económica de mercado.

Los datos actualizados confirman que en los tres primeros trimestres de 2022 se produjeron caídas del PIB, así como un leve repunte en el último trimestre del año. Este ahora se consolida.

Desde el lado productivo, la evolución reciente ha sido heterogénea en el caso de los bienes. Se registraron en el primer trimestre de 2023, respecto al trimestre previo y sin efectos estacionales, aumentos en la pesca (9,2%), la producción industrial (3,4%) y la construcción (0,6%), mientras hubo caídas en agricultura (-4,5%), la minería (-1,6%) y la electricidad, gas y agua (-0,1%). En los servicios, también se observaron situaciones contrastadas, pero globalmente con un buen dinamismo. Aumentó la actividad del comercio (0,2%), de modo importante la de restaurantes y hoteles (8,0%) y fuertemente la de transportes (18,3%), junto a los servicios de vivienda (0,9%), los personales -salud y educación- (1%) y la administración pública (0,2%). Solo cayeron los servicios financieros y empresariales (-1,7%) y se mantuvieron los de comunicaciones.

Los datos del primer trimestre alientan la expectativa de que no se produzca una recesión este año y, por tanto, que no se deterioren el empleo y las remuneraciones reales, que es lo que afecta a la mayoría social. Esta recesión ha sido expresamente programada por el Banco Central, pues considera que se debe comprimir la demanda interna para combatir la inflación, desestimando su fuerte componente importado. Esta se encuentra en vías de normalización, dada la evolución reciente de los precios externos que provocaron el brote de 2022: el IPC promedio de los últimos 6 meses es solo un 4,4% superior al de los 6 meses previos.

Es evidente que no existe en la actualidad tal cosa como un "exceso de demanda", como se observa en el segundo gráfico. Hemos subrayado en estos posteos que, ante el fuerte incremento de la demanda en 2021, la reacción de la oferta de bienes ha sido elástica dado el grado de apertura de la economía (lo que se reflejó en un gran aumento de las importaciones en 2022 y un mayor déficit en cuenta corriente, pero no en incontrolables presiones inflacionarias endógenas, como señala la narrativa oficial). También ha sido el caso de los servicios, que han ampliado su suministro sin provocar mayores presiones inflacionarias por incapacidad de aumentar la oferta. En la educación hubo aumentos importantes de precios, pues los privados aumentaron sus matrículas y sus márgenes, pero en comunicaciones los precios disminuyeron.

En todo caso, la demanda interna alcanzó su máximo nivel en el cuarto trimestre de 2021, a raíz de una explosión del consumo por la suma de retiros de fondos de pensiones y las transferencias de emergencia a las familias, en plena coyuntura pandémica y electoral. Desde entonces, la demanda interna se sitúa por debajo de ese nivel. El dato más reciente indica que ha caído en -1,5% en enero-marzo de 2023 respecto al trimestre anterior, en términos desestacionalizados, y ha disminuido en -8,0% en doce meses. La caída trimestral se explica tanto por un deterioro de -2,5% del consumo de las familias (como se comprenderá, esto no ayudó demasiado al gobierno en el resultado del 7 de mayo pasado) y de -0,9% de la inversión (formación bruta de capital fijo).

Estas cifras hacen todavía más evidente y más urgente que el Banco Central debe bajar las tasas de interés. El gobierno debiera acelerar, por su parte, su gasto de inversión en vivienda, urbanismo e infraestructura (de preferencia procurando facilitar la transición energética verde y la mitigación del cambio climático) y aumentar las transferencias a los sectores más vulnerables vía suplemento de asignación familiar (bolsillo familiar electrónico).

Dicho sea de paso, esta es la alternativa racional a los retiros desde cuentas de ahorro previsional cuando las familias enfrentan caídas de sus ingresos reales, siempre que tenga una cobertura más amplia y se explique como una política de compensación por pérdidas de ingresos financiada por la solidaridad nacional y no por cada cual desde sus cuentas de pensiones, si acaso conservan aún recursos en ellas. No haber actuado con más claridad y contundencia en la materia es una de la razones que, al parecer, generó un amplio rechazo al presidente Boric el 4/9 y el 7/5. La mayoría entendía que el diputado y candidato había aprobado sin más los retiros antes de acceder al primer cargo de la nación, y que luego no mantuvo su postura. Esto se interpretó por muchos como una promesa incumplida, la que merecía un castigo en las urnas, junto a una campaña mediática arrasadora que buscó crear la imagen de un desborde en materia de seguridad e inmigración y de falta de capacidad de gobierno.

Volviendo a la economía, subrayemos que ha sido el buen comportamiento de las exportaciones (y de unas importaciones que bajaron considerablemente en 2022 y sobre todo en lo que va de 2023) lo que ha permitido la mencionada recuperación del PIB. Pero se trata de un factor frágil, dada la evolución reciente de la economía china. El FMI proyecta que el crecimiento mundial pasará de 3,4% en 2022 a 2,8% en 2023.

Como se observa, para evaluar la coyuntura económica trimestral a través de las Cuentas Nacionales, nos fijamos en la evolución desestacionalizada del PIB y de los sectores productivos respecto al trimestre anterior, así como en los componentes que en el corto plazo lo determinan por el lado de la demanda, es decir el consumo, la inversión y las exportaciones netas de importaciones.

Nos parece menos pertinente la comparación con un año atrás. La prensa tradicional se empeña en presentar una imagen negativa de los resultados comentados. El aumento del PIB de 0,8% respecto al trimestre previo se transforma en una caída de -0,6% en 12 meses, aunque ha habido un cambio de tendencia desde hace ya dos trimestres. Tiene más sentido, como se hace en Estados Unidos y la Unión Europea, tomar los datos trimestrales respecto al período previo y anualizarlos, lo que hacemos en estos posteos.