Los "bordes" del proceso constituyente

 En El Mostrador

Chile Vamos ha puesto "bordes" a un eventual nuevo proceso constituyente, ejerciendo una vez más lo que el bloque de derecha parece considerar una especie de "derecho hereditario al veto". Este suele terminar, dicho sea de paso, con “desbordes” provocados por la mayoría social cuando sus intereses no encuentran cauces institucionales de expresión. 

La actitud de la derecha se explica una vez más por su representación, más allá del mundo popular conservador que la apoya, de una oligarquía económica que sigue considerándose dueña del país, en sustitución directa del pueblo de Chile. En este caso, la idea es que quienes las chilenas y chilenos a lo mejor elijamos otra vez para redactar una nueva constitución no puedan pronunciarse sobre hechos esenciales del nuevo orden institucional. Esto de suyo es inaceptable. Recordemos que el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención es solo eso y no habilita estrictamente a nada más.

Pero tiene sentido analizar esos "límites" que plantea la derecha. ¿Por qué no conjeturar que se podría llegar a un acuerdo político a consagrar luego en un proceso constituyente soberano con los representantes de los que formen parte de ese acuerdo? Para Chile Vamos estos serían la "unidad del Estado de Chile; la existencia de tres poderes del Estado autónomos e independientes; la existencia de un Congreso bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado; la protección del derecho a la vida; la protección del medio ambiente; la protección de la propiedad; haciéndola extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las aguas; la consagración expresa de Carabineros de Chile y las fuerzas de orden, en general, en un título autónomo; la protección del derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional; y la protección de un Banco Central autónomo".

La unidad del Estado y la existencia de tres poderes independientes no debieran presentar problemas para construir un consenso. Otra cosa es que el Estado de Chile como entidad indivisible se conciba con una fuerte descentralización regional y local y como nación de naciones, dada su constitución histórica, lo que debiera seguir discutiéndose para garantizar tanto una autonomía efectiva en los asuntos propios de los territorios como derechos colectivos de los pueblos originarios. 

Por su parte, la separación de poderes es un mecanismo democrático que en principio nadie cuestiona, aunque debiera recogerse una separación de la función de fallar en derecho con la de la gestión de la carrera judicial (en la que tampoco debe intervenir el ejecutivo, en todo caso). 

El tema del sistema bicameral tampoco debiera plantear un asunto de principios (también lo contempló la Convención). El problema es que un Senado que consagra de manera notoria la desigualdad del voto en favor de territorios de poca población atenta contra el principio democrático básico de la representación igualitaria de la ciudadanía. Entonces, ya sea se establece que el Senado (o cómo quiera llamársele) tenga atribuciones solo para temas regionales y no pueda vetar a la Cámara en el resto de las legislaciones, o bien se establece una similar potestad bicameral de veto mutuo pero con circunscripciones senatoriales que tengan un tamaño poblacional mínimamente equivalente. Lo demás es establecer una distorsión antidemocrática que no debe aceptarse.

El "derecho a la vida", por su parte, es un principio contra el que nadie está en contra. Pero si implica que la constitución prohíba el aborto, entonces no hay acuerdo posible y esto debiera dirimirse mediante plebiscito específico.

No es, por su parte, materia de controversia la protección del medioambiente, que la ley debe hacer efectiva. En la protección de la propiedad tampoco debiera haber mayores problemas para construir un acuerdo amplio, siempre que se preserve su función social y sus deberes con la sociedad en materia ambiental y territorial, junto a consagrar empresas estatales creadas por ley y la expresa protección de la propiedad social y cooperativa. La extensión de la propiedad a los fondos de pensiones no debiera reemplazar, en cambio, el derecho universal a una pensión digna, aunque permitir formas privadas de ahorro complementarias y heredables para la jubilación podría contemplarse en un sistema que se defina como mixto. Por su parte, la extensión del derecho de propiedad privada al aprovechamiento de las aguas debiera rechazarse de plano y afirmarse, en cambio, su carácter de bien nacional de uso público. Aquí es donde se ve cuán ligada a la oligarquía terrateniente y a la gran minería sigue estando la derecha en Chile.

Respecto a Carabineros, su mención en la constitución, junto a la Policía de Investigaciones, no debiera plantear mayores problemas, siempre que se establezca su plena subordinación al poder civil y su deber de respetar los derechos humanos en toda circunstancia.

Si el "derecho a elegir" en materia de salud, educación y pensiones se entendiera como contrario al "derecho universal al acceso" a esas prestaciones sociales, contundentemente acompañado del deber primordial de la autoridad pública de hacer posible ese acceso, entonces se seguiría con los inaceptables desvaríos neoliberales y la pretensión de hacer negocios con las funciones sociales del Estado. Lo que evidentemente debe rechazarse y reemplazarse por el enunciado de derechos sociales, sin perjuicio de formas mixtas de prestación que no anulen ni mercantilicen el derecho respectivo. No otra cosa es un “Estado democrático y social de derecho”, que ahora la derecha dice compartir pero respecto del cual votó en contra en la Convención.

Finalmente, si "la protección de un banco central autónomo" implica que éste opere una política monetaria y cambiaria al margen de su necesaria contribución a la estabilidad, al crecimiento sustentable, al empleo y a la acción climática, y no se establece una coordinación efectiva con la autoridad económica gubernamental en sus roles respectivos, entonces tampoco es un principio aceptable, pues procura sustraer la política económica del dominio democrático.

Se debe asumir que la reforma a la constitución ya quedó en 4/7 de los votos en el parlamento actual. Y que, si no hay un acuerdo respecto a un proceso constituyente soberano -sin perjuicio de un pacto político previo en contenidos básicos-  porque la derecha busca hacer que la nueva constitución sea más neoliberal que la actual, entonces deberá trabajarse con el marco vigente. Esto supondrá buscar reformas caso a caso con acuerdos de 4/7, hasta que un nuevo parlamento acceda a un proceso constituyente digno de ese nombre, es decir uno capaz de dotar al país de normas básicas compartidas y no normas impuestas por una minoría.

Sobre la conducta colectiva bajo el neoliberalismo

En La Mirada Semanal 

Ha emergido, luego del 4-S, un debate sobre dos temas importantes del funcionamiento de la sociedad chilena: el del condicionamiento de las conductas y el de las fronteras del individualismo, temas de controversia de más amplio espectro que las fronteras nacionales.

La reflexión sobre el mayoritario voto de rechazo a la propuesta constitucional de la Convención el 4 de septiembre pasado ha tenido expresiones descalificadoras de los análisis de condicionamiento de las conductas, que supondrían una actitud despectiva hacia la ciudadanía de a pie al no respetar lo que sería su autonomía de la voluntad. Pero ¿existe esta autonomía en las sociedades contemporáneas? 

El análisis de este tema en la época moderna viene de lejos y no debiera despacharse con simplificaciones de dos índoles: la de quienes sostienen que los que no comparten su visión de mundo expresan una falsa conciencia que debe ser educada (pero ¿quién educa a los educadores? se preguntaba Marx) y la de quienes sostienen que quienes consideran que existe un condicionamiento social a lo menos parcial de la conciencia y de las conductas serían solo portadores de una visión elitaria. 

En efecto, estos temas han sido tratados desde la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, la alienación de Marx, la falsa conciencia de Lukács, el peso del  inconsciente de Freud y se prolongaron en el concepto de “sistema de ideas” de Antonio Gramsci (1891-1937) como “concepción del mundo” que se manifiesta tanto en los temas de la vida individual como colectiva y se expresa con distintos grados de elaboración, desde el sentido común, la religión y el folclor hasta la filosofía, aunque no al margen de las relaciones de poder existentes, pues las ideas dominantes suelen ser las de los sectores dominantes en la sociedad. 

Los trabajos de Pierre Bourdieu (1930-2002) van en el mismo sentido, al elaborar la noción de “violencia simbólica” como aquella que interioriza las relaciones de poder y las convierte en sentido común, incluso para las personas que las padecen. Para Bourdieu, es una conducta socialmente construida que suele influir en los límites con los que se piensa e interpreta las percepciones sobre la realidad: “en cuanto instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y de conocimiento, ‘los sistemas simbólicos’ cumplen su función de instrumentos o de imposición de legitimación de la dominación que contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre otra (violencia simbólica) aportando el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza que las fundan, y contribuyendo así, según la expresión de Weber, a la ‘domesticación de los dominados’”. 

La crítica de Byung-Chul Han a la sociedad contemporánea, por su parte, se centra en la idea según la cual se ha perdido cada vez más la capacidad de escuchar, dada "la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad". Sostiene Han que "en la comunicación analógica tenemos, por lo general, un destinatario concreto, un interlocutor personal. La comunicación digital, por el contrario, propicia una comunicación expansiva y despersonalizada, que no precisa interlocutor personal, mirada ni voz" pues “los medios sociales no fomentan forzosamente la cultura de la discusión”, concluyendo que “a menudo los manejan las pasiones. Las shitstorms o los 'linchamientos digitales' constituyen una avalancha descontrolada de pasiones que no configura ninguna esfera pública".

Este pesimismo absoluto de Han no considera suficientemente que en materia de valoración de la igualdad de condiciones y de la reciprocidad en la vida social, así como de disposición de ayuda al que lo necesita más allá del ámbito familiar, existe una dimensión cultural (la historia y los valores y simbolizaciones específicas de cada agrupación humana) y también factores evolutivos (genéticos), como subraya Peter Singer. Ambos elementos explican que esas conductas tendientes a la solidaridad colectiva existan espontáneamente en las diversas sociedades modernas. Aunque no suelen predominar espontáneamente en el funcionamiento político, social y económico, son la base para construir proyectos de comunidad política solidaria con agentes que estructuren por vías democráticas una influencia mayoritaria en la sociedad. Eso es materia de la dinámica política y de la evolución histórica de la sociedad civil y sus interacciones, que modulan o no en el espacio de cada Estado-Nación las ideas y conductas sociales solidarias o aquellas centradas en el interés individual o en las pasiones grupales destructivas. Estas suelen otorgar una base sociológica a un funcionamiento predominantemente jerarquizado, que produce y reproduce estructuras de dominación de categorías minoritarias sobre la mayoría social y propicia la violencia física y la violencia simbólica. En la esfera económica se consagran privilegiadamente las asimetrías estructurales de poder, en tanto la mayoría social solo dispone de su capacidad de trabajar para sobrevivir (en condiciones diversas en los distintos tipos de capitalismos y economías mixtas contemporáneas). Estas asimetrías de poder con frecuencia se acompañan de conductas culturales discriminatorias y del predominio del patriarcado. 

Su desplazamiento ¿es una tarea imposible en un neoliberalismo que desregula las relaciones sociales y transforma la mayoría de los medios de comunicación en instrumentos de manipulación de conciencias y conductas? Afirmarlo supondría algún tipo ineluctable de un “fin de la historia”, bajo el dominio de algún “hermano mayor” orwelliano o de variantes hiper-capitalistas de subordinación de la mayoría social. 

El ”gran desplazamiento” es posible si se logra una construcción paciente de visiones de mundo alternativas a las dominantes, lo que es una tarea cultural y política de largo aliento para los sujetos que padecen o rechazan las relaciones de poder existentes en los capitalismos social y ambientalmente depredadores contemporáneos (y en los autoritarismos de cualquier naturaleza). Pero siempre con idas y venidas, avances y retrocesos, y con momentos de temor social conservador como el expresado el 4-S recién pasado en Chile.

En nuestra coyuntura, hay quienes no quieren sopesar el efecto de las visiones conservadoras del mundo, los sistemas de domesticación de los dominados y el narcisismo de la comunicación digital actual que -como en el caso de cualquier otra visión de mundo o mecanismo de dominación no tienen por qué sustraerse de la crítica social- en nombre del respeto de la autonomía de la conciencia. Respetarla  no significa que se deba obviar que ha estado expuesta a lo largo de la historia a cambiantes condicionamientos políticos, culturales, económicos y tecnológicos, y que la democracia es precisamente el camino, con todas las derrotas parciales que se quiera, para superar esos condicionamientos afianzando su lógica de deliberación y participación de sujetos colectivos. Se trata de la construcción con múltiples voces de una esfera pública que exprese ideas, intereses e identidades de manera activa, transparente y contradictoria, en este caso orientada a la deconstrucción de la subordinación del trabajo, de la dominación de la mujer y de la depredación de la naturaleza.

La conducta humana nunca es puramente individual y alienada y permite la construcción de relaciones sociales que se orientan a limitar parcial o sistémicamente la concentración del poder y el individualismo negativo, lo que se expresa en la evolución no lineal y siempre sorprendente de las sociedades. Aunque estén plagadas de dimensiones actual y potencialmente destructivas y de grandes desafíos, hoy extensibles nada menos que a la propia supervivencia de las sociedades humanas tal como las conocemos, en muchas dimensiones éstas, siguiendo el balance de Steven Pinker, son hoy mucho mejores que aquellas en las que vivieron las anteriores generaciones.

El Banco Central sigue promoviendo una recesión

En El Mostrador

El consejero del Banco Central Pablo García ha declarado recientemente que “tener un año donde la economía se contrae es necesario. Siempre hay que poner en contexto para lo que viene, lo que pasó. Y lo que pasó fue que tuvimos un crecimiento del gasto totalmente excesivo. Eso llevó a que ahora tengamos que tomarnos un tiempo para digerirlo. Hacerlo, desgraciadamente, implica que la economía tiene que contraerse y se contraerá el próximo año y será difícil. Pero el proceso de ajuste no lo hacemos en seis meses, sino que en dos años, porque si no, se provocaría una crisis y sería tremendamente traumático. En 2024 la economía volverá a crecer a un nivel más cercano al potencial y sin desequilibrios macros”.

Estas afirmaciones son bastante reveladoras de lo que piensan los consejeros ortodoxos del Banco Central de Chile. No se conoce ningún Banco Central que se ufane en declarar que su política monetaria está concebida para provocar una recesión de dos años seguidos.  García hace un diagnóstico por lo menos débil de la situación, no contento con haber contribuido decisivamente a la victoria de la perpetuación de la constitución de 1980 con una política monetaria inusitadamente contractiva e inútil, en nombre de impedir una espiral ingresos-precios conducente a deprimir los ingresos de la mayoría trabajadora. Una inflación importada temporal no se combate con una escalada de aumentos irreflexivos de la tasa de interés de política monetaria. La preocupación preferente del Banco Central es ampliar el desempleo para supuestamente contener una inflación que hace rato no se origina en el exceso de demanda que se experimentó en 2021, en una situación de desgobierno económico y de retiros masivos e inorgánicos de ahorros desde las cuentas de fondos de pensiones. 

En efecto, el diagnóstico de desequilibrio de ésta respecto a las capacidades de la oferta existente es técnicamente cuestionable en el caso de una economía exportadora de materias primas y productora predominante de servicios (la producción de bienes representó solo un 30,4% del PIB en 2021 y los servicios la proporción restante, lo que pocos toman en cuenta en sus razonamientos). Es poco adecuado en estas condiciones calcular el producto potencial con proyecciones lineales sin considerar las capacidades de adaptación sectorial de corto y mediano plazo frente a una demanda más activa. El exceso de demanda (o brecha ingreso/producto) que calcula el Banco Central está con frecuencia sobredimensionado, lo que funda su política de ajuste de la demanda de manera equivocada. La producción agrícola, pesquera, minera y energética es la de oferta más rígida en el corto plazo, pero ocurre que sus precios poco tienen que ver con la demanda interna en una economía tan integrada internacionalmente como la chilena. Además, en todos los mencionados sectores el nivel de producción del segundo trimestre de 2022 es inferior al de períodos previos. A su vez, en materia de servicios los niveles de prestaciones están hoy por debajo de los niveles previos, salvo las comunicaciones, servicios personales y administración pública, que no tienen mayores rigidices de expansión de su oferta en el corto plazo.

El problema macroeconómico principal es el de la presión en la cuenta corriente de la cuantiosa salida de divisas por utilidades repatriadas por las empresas transnacionales del cobre para remunerar a sus accionistas, que una regalía sustancial permitiría contener en parte, y las fluctuantes salidas de capital por motivos políticos, que son en alguna proporción inevitables, aunque generen pérdidas a sus actores. Ante los ataques especulativos sobre el peso, el Banco Central ha sido, en todo caso, sorprendentemente pasivo y tardío. Es de esperar que el Banco Central no pretenda financiar la renta minera ilegítimamente apropiada por un grupo pequeño de transnacionales y de conglomerados económicos chilenos deprimiendo el nivel de vida de la mayoría social. En todo caso, esa no es una decisión que competa a la autoridad monetaria, por decir lo menos.

Lo más insólito es sostener que si no se provoca ahora una crisis que dure este año y en 2023, entonces sí que habrá una crisis. Es una afirmación francamente risible si no fuera trágica para tantas pymes y actuales y futuros desempleados. Es el típico argumento de los economistas de derecha, que se niegan a considerar los avances de la macroeconomía desde Keynes, reforzados desde la crisis de 2009. Es el mismo razonamiento de los ortodoxos de los años 1930 que demostró históricamente su ineptitud (es recomendable al respecto la lectura de Lance Taylor, "Maynard's Revenge: The Collapse of Free Market Macroeconomics", Harvard University Press, 2021). 

La inflación es un problema grave, pero si su origen es esencialmente externo y se prevé que tenderá a declinar internacionalmente de manera progresiva, aunque con altas dosis de incertidumbre, entonces hay que llevar a cabo adecuadas medidas domésticas de acompañamiento en vez de disminuir la actividad y hacer quebrar muchas empresas y generar un más alto desempleo. Este será a la postre un problema mucho más grave, y hará fracasar económicamente a este gobierno (esa es tal vez en realidad la idea que subyace en la política de ajuste que varios promueven) pues la recuperación de amplias capacidades productivas destruidas es mucho más lenta y socialmente costosa. 

La política adecuada hubiera sido la de considerar que el exceso de demanda se absorbería por el fin de los retiros desde las AFP y de los ingresos de emergencia y que se debía sostener la actividad en vez de deprimirla, junto a medidas compensatorias de la inflación importada y un aumento moderado de las tasas de interés (en Estados Unidos el nivel actual de la tasa de la FED es de 2,25%, contra un 10,75% en Chile), cuidando el costo del crédito para las pymes (sobre el análisis de la inflación internacional actual y las alternativas de política se puede consultar Storm, 2022). 

Por el lado del gobierno, contener los aumentos temporales de precios de los combustibles y de servicios básicos asociados a ellos mediante mecanismos de dilación de alzas en el tiempo y mayores plazos de pago ha ido en la dirección adecuada. Pero ha faltado una política más efectiva para proteger los ingresos reales de los sectores más afectados y, en especial, compensar los aumentos de precios de los alimentos mediante una ampliación del mecanismo de suplemento de la asignación familiar -que hoy abarca a 1,478 millón de familias por un monto reducido- y el fortalecimiento del seguro de desempleo en discusión, junto a un programa de empleo directo en servicios a las personas y cuidado ambiental que se echa de menos. Un fortalecimiento del Fogape sería recomendable, además del vigente subsidio al empleo adicional que beneficia a las pymes, aunque el tema de fondo es que ninguna pyme puede funcionar y retener o ampliar el empleo sin vender suficientemente.

En suma, el gobierno debiera actuar más activamente frente a la equivocada política del Banco Central, lo que ya se avizora con un crecimiento del gasto público para 2023 que al parecer será expansivo (con un aumento de entre 4 y 5%), lo que ayudará a no caer en una prolongada e injustificada recesión.

La producción sigue cayendo

 En La Mirada Semanal

El Banco Central sigue obsesionado con provocar una recesión (las discrepancias en la votación del Consejo en su reunión septiembre se remiten a cuanto seguir subiendo la tasa de interés), lo que no hará bajar la inflación al margen de la evolución de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, salvo un desplome del nivel de vida.

El IPC subió 1,2% en agosto por la incidencia de 0,4% de los alimentos y de 0,3% del transporte. En ambos casos, se trata de precios determinados por su valor internacional, que se trasladan a Chile total o parcialmente (si hay medidas de morigeración o de dilación en el tiempo) independientemente de cualquier situación interna. Los productos sujetos al comercio internacional subieron en un 1,6% y el resto en solo un 0,7% (presionados por los primeros cuando son parte de sus costos). En efecto, el aumento de los combustibles se traslada a los precios de todas las actividades, incluidos los servicios, mientras el aumento de los alimentos se traslada a los precios de los restaurantes, y así sucesivamente. Es el llamado efecto de segunda vuelta, que según la ortodoxia se enfrenta con la expectativa de una demanda deprimida de modo que las empresas no suban sus precios para mantener sus ventas y con trabajadores que no demanden reajustes salariales por temor a perder el empleo. Sus argumentos se basan en modelos de curva de Phillips estándar (que establece una relación inversa entre inflación y desempleo), por lo que cree necesario para bajar la inflación que prevalezca un largo período de alto desempleo y de caída de los salarios reales. No obstante, la inflación de este año se debió solo en parte a la caída del desempleo. La inflación es esencialmente importada, con un efecto inicial directo y un efecto posterior indirecto, agravado por la tendencia a la devaluación del peso. Pero si la inflación es importada y presiona los costos, la caída de la demanda debe ser mayúscula para evitar los efectos de segunda vuelta

Mientras, el Banco Central subió en un punto, hasta 10,75%, la tasa de interés. Así, mes a mes desde el año pasado el Banco Central hace todavía más difícil la tarea de las pymes y de la mayoría de las empresas (las grandes se financian básicamente en el exterior) y deprime la inversión. Las tasas de los créditos de consumo y de las tarjetas llegan a niveles siderales, como si la inflación tuviera una causa predominantemente interna y hubiera un exceso de consumo de los hogares hoy inexistente. La banca aumenta sus márgenes y el llamado de una consejera del Banco Central a por lo menos subir las tasas de los depósitos es objeto de una insólita descalificación por la mayoría del Consejo. La ortodoxia sigue haciendo daño en Chile. Entienda el que pueda por qué se sigue esta política monetaria de híper ajuste recesivo.

En julio, última cifra disponible, la actividad económica cayó en -1,1% en términos desestacionalizados en relación al mes anterior. Se trata del cuarto mes consecutivo de contracción de la producción de bienes y servicios. Considerando promedios trimestrales, la caída en mayo-junio es de -0,7% en comparación con el nivel de actividad de febrero-abril y de -1% respecto al del último trimestre de 2021. La disminución de la producción es fruto de la política monetaria de altas tasas de interés sumada a una política fiscal de fuerte restricción presupuestaria, a lo que se agrega un contexto internacional de menor crecimiento, especialmente en China, hacia donde se dirige el 39% de las exportaciones chilenas. 

No estamos aún en recesión, pero muy cerca de estarlo. Declarar una recesión debe considerar si hay dos trimestres consecutivos de caída ("recesión técnica"), o una caída muy profunda en un trimestre que marca el año (como en 2020) e incluir la evolución del empleo y otros indicadores de actividad. La tasa de desempleo desestacionalizada (7,6% de la fuerza de trabajo, variable que ha reincorporado a la mayor parte de los que sustrajeron de ella durante la pandemia) no sufrió variaciones en mayo-julio respecto a abril-junio. Por su parte, la tasa de desempleo que incorpora a las personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente alcanzó un 15,5%. Desde abril el nivel de empleo se mantiene estable, aunque en un año se han creado 700 mil empleos. Pero aún no se recupera el nivel de empleo total previo a la crisis, en circunstancias que la producción de bienes y servicios es ampliamente superior a ese nivel. Esto es consecuencia de una menor recuperación del empleo informal y por cuenta propia, pues el empleo asalariado formal (cotizantes dependientes) es hoy superior en 600 mil al nivel pre-crisis de 2020. No obstante, se produjo una caída preocupante de -1,5% entre mayo y abril (últimas cifras disponibles) del empleo formal.

El vez del ajuste ortodoxo hubiera tenido mucho más sentido realizar un "aterrizaje suave" (sobre el análisis de la inflación y las alternativas de política ver Storm, 2022, conteniendo los aumentos temporales de precios de los combustibles y de servicios básicos asociados a ellos mediante mecanismos de dilación de alzas en el tiempo más fuertes que los existentes. Y con una política que proteja los ingresos reales de los sectores más afectados y compense los aumentos de precios de los alimentos mediante una ampliación del mecanismo de suplemento de la asignación familiar -que hoy abarca a solo 1,5 millones de personas por un monto reducido- y un fortalecimiento del seguro de desempleo. Como subrayan Joseph Stiglitz y Dean Baker, “la formulación de políticas siempre se realiza en condiciones de incertidumbre, y hoy esta es particularmente grande”. Estos autores sostienen que en Estados Unidos la inflación y las expectativas inflacionarias ya se están moderando, por lo que “la Fed debe prestar más atención al riesgo que supone continuar el ajuste: en concreto, el riesgo de hundir a la vapuleada economía estadounidense en la recesión. Debería ser razón suficiente para que la Fed se tome un descanso durante este mes”. En todo caso, el banco central estadounidense ha efectuado subidas moderadas de la tasa de interés (hasta 2,25% anual), en contraste con la política de shock infundada de su equivalente chileno. Este debiera detener sus alzas de tasas y preparar una desescalada progresiva que considere la distensión de la inflación externa y evite una grave recesión.

¿Un Chile conservador o transformador?

En El Mostrador

Con el fin del voto voluntario -que facilitó el ascenso al poder de una nueva generación y es presumible que sea reemplazado por el voto obligatorio en el ordenamiento futuro- se plantea la pregunta de si Chile seguirá expresando electoralmente una inclinación reacia o temerosa del cambio de las estructuras desiguales y abusivas de la economía y del poder institucional. Esa hipótesis se afincaría en una suerte de naturaleza de país conservador en sus profundidades recónditas, lo que explicaría el 44% de Pinochet en 1988, los dos gobiernos de Piñera, el resultado parlamentario de 2021 y el triunfo del rechazo en 2022. El trasfondo sociológico sería uno en el que, siguiendo a Edgar Morin, “el egocentrismo individual ha provocado la destrucción de las solidaridades tradicionales, de la familia extendida, del pueblo, del barrio, del trabajo”. Para otros, el nuestro sería un país con vocación centrista, expresión de lo cual serían los 20 años de la Concertación y el fracaso de Bachelet en la sucesión de sus dos gobiernos por intentar una orientación más a la izquierda y formar la coalición imposible de la Nueva Mayoría.

Esas hipótesis no son las adecuadas. Existen en Chile bases sociales y culturales para seguir bregando por consolidar una convivencia igualitaria y respetuosa de la diversidad, fundada en el cuidado recíproco de la dignidad humana, alejada de la vulgaridad del clasismo, del supremacismo de los barrios altos y del sexismo cotidianos, propios de una sociedad desigual y depredadora que debe ser transformada. El país no es conservador per se, sino que experimenta según los derroteros de la dinámica social y política momentos conservadores y momentos en que se vuelca al cambio, en los que el centro político ha tenido cada vez menos cosas significativas que decir. Su hegemonía terminó al alejarse muchos de sus representantes de la promoción del cambio democrático con justicia social que el país reclamó a la salida de la dictadura de 1973-1989. Con ello, junto a la pérdida de coherencia y dispersión de la izquierda, se abrió una etapa de desencanto, confusión y pragmatismo individualista. 

Para este análisis es posible apoyarse en Maquiavelo, que inauguró el pensamiento político realista en el siglo XV: “La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos”, mientras “hay que considerar que no existe nada de trato más difícil, de éxito más dudoso y de manejo más arriesgado que la introducción desde el poder de nuevos ordenamientos, porque el que introduce innovaciones tiene como enemigos a todos los que se beneficiaban del ordenamiento antiguo y como tímidos defensores a los que se beneficiarían del nuevo”.

Por ello, los que propugnamos desde la política democrática y realista el cambio igualitario, libertario y ecológico del orden social, con la vocación de representar al mundo del trabajo y de la cultura -que son los sujetos posibles de ese cambio, sin perjuicio del aporte de otros sectores sociales más precarios en su integración social- y a las nuevas generaciones en la preservación de la integridad del planeta, tenemos que actuar con más lucidez y consistencia que los conservadores. O bien cosechar derrota tras derrota...hasta la victoria final, ironías aparte. O bien simpatizar con el autoritarismo una vez conseguidos espacios de poder político en situaciones de crisis, generando una percepción de amenaza sobre el orden democrático que hace imposible la tarea contra-hegemónica o contradiciendo derechamente la vocación emancipadora, como ha ocurrido en algunos países de América Latina. 

El método de acción a seguir para realizar reformas transformadoras, dejando las pasiones inútiles de lado, debe ser el de buscar que los que se benefician de ese cambio así lo perciban, crean en su viabilidad y actúen en consecuencia de manera sistemática en la sociedad y en la esfera política (la "acumulación de fuerzas" de carácter "contra-hegemónico", en lenguaje ortodoxo). Y de ese modo no sean manipulados -en la actual era de la falsificación y de la sociedad digital y de la imagen- por los que se benefician del ordenamiento desigual existente, es decir los dueños del poder económico y mediático. Menuda tarea, en la que en este 2022 las fuerzas transformadoras no estuvimos a la altura (ver mi columna), aunque no faltaran las advertencias. Se facilitó así una victoria conservadora y regresiva en medio de la improvisación y la falta de visión sobre las prioridades.

Vox Populi Vox Dei

En la Mirada Semanal

Algo se hizo muy mal desde el Apruebo. En vistas del resultado, solo cabe inclinarse ante el pronunciamiento popular. Hay poco que agregar, salvo algunas reflexiones sobre las posibles causas del fracaso del intento de establecer una nueva constitución y los desafíos futuros que impone.

En primer lugar, la mayoría castigó aspectos del desempeño de la Convención, que tuvo muchos y grandes méritos pero también estridencias mediáticas que la alejaron de la aprobación y simpatía ciudadana inicial. Y también probablemente no aceptó algunos de los contenidos de su propuesta, como la reiteración de la plurinacionalidad y el llamado consentimiento indígena, que no fueron entendidos en un país que se percibe como nación homogénea, que valora más lo europeo que lo mestizo y muy poco a los primeros pueblos, en el que se resalta desde la infancia los símbolos patrios y que no ha elaborado suficientemente su historia y su relación con los pueblos originarios y la necesidad de reconocerlos. Las estridencias verbales en este y otros temas se validaron en parte por el peso que adquirieron los sectores con causas específicas y sin visión global. El quórum de 2/3 obligó a incluir posturas particularistas y un verbalismo radical que uno de 50% no hubiera tenido que considerar en las redacciones finales.

En esas condiciones, la percepción de un cambio amenazante fue fácil de construir para los que dominan el paisaje mediático sin escrúpulos y sin consideración por la verdad y por los hechos. Esto partió con aquello de “con mi plata no” en materia de pensiones, que marcó el vuelco de opinión contra la nueva constitución y luego culminó con demasiadas personas creyendo que les iban a quitar la casa y sus propiedades o que la salud pública concentraría todas las prestaciones en malas condiciones, o que la inversión privada se restringiría severamente en el futuro.

Por su parte, el voto voluntario -que con su movilización había permitido elegir a una nueva generación progresista en 2021- fue sustituido en el acuerdo de 2019 por el voto obligatorio en el plebiscito de salida, lo que terminó sumando al conservadurismo tradicional un conservadurismo popular de más edad que permanecía silencioso en medio de la pandemia. Este resultó ser más reacio a establecer derechos emancipatorios de las mujeres, el respeto de la diversidad sexual y la sostenibilidad ambiental, entre otros temas contemporáneos. Al parecer este segmento, que llevó la participación electoral de 56% a 86%, desconfía más que el resto de la población de la viabilidad de avanzar hacia más autonomía de las regiones y al autogobierno de los pueblos originarios y es fatalista a la hora de establecer un funcionamiento económico con un mayor rol del Estado que logre contrapesar el poder empresarial oligopólico y permita el acceso a derechos sociales más amplios y no administrados por empresas privadas. 

El segundo factor que explica el resultado es que se produjo un voto de castigo al gobierno. Más allá de lo que quisieran unos u otros, la suerte del plebiscito estaba inextricablemente ligada a la imagen y los resultados de la gestión del gobierno desde marzo. Este improvisó alegremente en los nombramientos y la gestión. Se contradijo muchas veces con la seguridad ciudadana y la inmigración ilegal, desconcertando a moros y cristianos.  No quiso actuar contra la recesión económica que dejó preparada la administración anterior y no introdujo reformas de envergadura y movilizadoras en la agenda pública, en medio de una explosión inflacionaria de origen predominantemente externo sin medidas paliativas suficientes. Decepcionó a gran parte del electorado popular, que esperaba al menos una cierta continuidad del esquema de ayudas por la pandemia de la última etapa del gobierno anterior. En estas condiciones, el Rechazo logró atraer el voto fluctuante que decide elecciones, que no encontró certezas de mejoría de las condiciones de vida en estos meses de nueva gestión gubernamental. Esto ocurrió luego que se ahondaron los variados temores de la sociedad en un contexto de pandemia y de crisis económica y del empleo que la acompañó. 

En definitiva, no se conoce que gobierno alguno haya ganado una elección con una caída de -25% del gasto público, con un aumento brutal de las tasas de interés y con una fuerte inflación de precios de alimentos y combustibles sin compensaciones temporales a la altura de la caída de ingresos de los trabajadores de bajos ingresos, que son la inmensa mayoría. No se expresó empatía suficiente con los trabajadores de a pie y los cesantes, sin perjuicio del aumento del salario mínimo, de medidas en transporte público y servicios básicos y en asignaciones familiares y de avances en la discusión sobre la reducción gradual de la jornada laboral. Pero esto no fue suficiente, pues el grueso de las familias vio caer el salario real y aumentar las dificultades para llegar a fin de mes. Se insistió en la idea obtusa que la economía estaba completando un supuesto ajuste indispensable, una especie de proceso natural como el de cambio de estación en el año, sin que hubiera nada más que hacer en favor de los más afectados. Ni siquiera la idea de una consejera del Banco Central de que los bancos subieran al menos la remuneración del ahorro dado el aumento de los márgenes bancarios recibió apoyo alguno del gobierno. El proyecto de reforma tributaria, bien inspirado, no marcó la agenda ni expresó dilemas ante la sociedad, salvo una tardía observación del presidente a los empresarios mineros sobre la regalía del sector. En todo caso, no se gana elecciones con reformas tributarias, por necesarias que sean. Los resultados están a la vista.

Ahora la derecha va a minimizar toda continuidad del proceso constituyente. Veremos si da curso a la elección a la brevedad de una nueva Convención elegida democráticamente, paritaria y con escaños reservados, con un quórum de aprobación que no debe exceder de 4/7, como el que recientemente se estableció para las reformas de la constitución actual. No hay ninguna razón para insistir en los 2/3 que no sea volver a intentar obtener el tercio de bloqueo que la derecha cree le pertenece como una especie de derecho de propiedad. La derecha se enfrenta al dilema de persistir en su intención de preservar a toda costa la república oligárquica, sin compromisos que cuestionen sus privilegios, o bien renunciar a los vetos de minoría para obtener un mínimo de estabilidad social, si es que ha sacado alguna lección de la rebelión popular de 2019.

Nuevas movilizaciones populares y progresistas, ojalá sólidamente centradas en los cauces democráticos, estará en el horizonte hasta que se haga mayoritario el núcleo de las transformaciones aprobadas en la Convención. Pero esta vez advirtiendo con más fuerza que el camino de las explosiones de violencia urbana descontrolada, en la lógica de las barras bravas, no hace sino favorecer el autoritarismo, y que la alimentación de particularismos que son refractarios a ser parte de un proyecto de carácter nacional e integrador alejan las perspectivas de cambio. 

La tarea del nuevo gabinete y de las ministras Tohá y Uriarte será centrar su gestión en las preocupaciones contingentes de la mayoría social y en dar continuidad al proceso constituyente, con una conducción política plural pero con capacidad de orientación estratégica efectiva. Esta debe estar en condiciones de producir un discurso coherente hacia la reivindicación mapuche, circunscribiendo lo posible y actuando con firmeza para obtenerlo. Se deberá preservar la diversidad pero también dejar de lado el adanismo, los divertimentos, las estridencias ultraminoritarias y la dispersión en múltiples grupos políticos que giran sobre si mismos, centrados en la competencia con el del lado o con las anteriores generaciones. En suma, la coalición de gobierno debe cambiar sustancialmente su modo de funcionar para ofrecer al país un camino de reformas transformadoras consistentes, respecto de las cuales no debe ceder y debe buscar con persistencia las mayorías parlamentarias que permitan hacer efectivas sus características principales. Renunciar a priori a ellas sería el peor error, pues sin un sello de identidad y una idea de país la mera administración cotidiana pone en un serio riesgo de fracaso a los gobiernos, especialmente en tiempos difíciles como los que está viviendo el mundo.

Recordatorios para un plebiscito histórico

En La Mirada Semanal

El prolongado debate sobre una nueva Constitución ha tenido efectos benéficos para la sociedad chilena, que por primera vez en su historia ha discutido intensamente sobre sus instituciones. Si estas son democráticas, deben regular civilizadamente los conflictos de intereses existentes en su seno a partir de la libre circulación de ideas y el respeto de las identidades. La deliberación sobre estas tres “ies” (intereses, ideas, identidades) ha sido, sin embargo, bastante lamentable, reflejando que queda mucho por hacer para construir un espacio público republicano.

En efecto, ha sido insólita y muy efectiva la campaña de desinformación guiada por los medios del gran empresariado, que han logrado hacer desaparecer en buena medida del espacio público a la derecha, incluyendo a la extrema derecha de Kast (aunque no a De la Carrera, que ha demostrado ejercer no solo la violencia verbal sino también la física, en una lógica neo-nazi abierta). La confrontación con la nueva Constitución ha quedado a cargo, en una decisión estratégica, de una franja de ex miembros de la Concertación que han consolidado su identidad conservadora. 

Al hacerlo están su derecho. No obstante, el trabajo de desinformación y de levantamiento de fantasmas y temores ha sido realizado por una parte de ellos, lo que ya es bastante menos honorable, pues han empleado una considerable mala fe, o bien, en el mejor de los casos, una condescendencia despectiva. Afirmar que la propiedad privada quedará desprotegida, que la gente va a perder la vivienda o el agua, que habrá un peligro autoritario chavista, que se terminará con la independencia judicial, que no habrá operadores privados en salud y educación, que se desmembrará el país y éste será gobernado por los indígenas, todo lo cual acabará con el crecimiento y cualquier desarrollo posible, es parte del rosario (incompleto) de falsedades al que hemos sido expuestos, como se ha procurado reseñar en estas columnas. Con la consabida conclusión: la nueva Constitución es “mala” o “malita”. 

Esta conducta, dicho sea de paso, es una nueva confirmación que esa coalición de la Concertación ya no podía perdurar en tanto conglomeración del centro y de la izquierda institucional. El giro conservador de una franja concertacionista -otra cosa es el acomodo al poder, un poco más generalizado- empezó hace mucho tiempo, tal vez desde el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, y terminó por evidenciarse en el boicot al segundo gobierno de Bachelet desde dentro. En esta coyuntura de definición constitucional, ya quedó todo a la luz del día. Tal vez sea positivo para definir mejor las alineaciones políticas y las identidades e ideas en el futuro, esta vez con menos máscaras. Aunque es temprano para afirmarlo, el país seguramente tendrá una extrema derecha violenta (y esperemos que muy minoritaria), un bloque conservador-neoliberal redefinido, que será un aspirante a la alternancia, y tal vez una alianza consolidada entre el centro progresista y las diversas izquierdas que se proponga organizar mayorías para gobernar con sentido transformador, además de pequeños grupos de extrema izquierda, identitarios y no identitarios, en el margen del sistema democrático.

Del debate tan tergiversado que hemos vivido ojalá sobrevivan algunas lecciones. La primera es que una constitución democrática debe asumir que la sociedad es diversa. Su rol no es “unir” en abstracto, lo que requeriría eliminar la diversidad. En realidad, la idea refleja la pretensión conservadora de mantener a toda costa la identidad tradicional de los sectores históricamente dominantes como única identidad posible, que sería lo “bueno”. Lo adecuado parece ir más bien por el lado del constitucionalismo moderno, que defiende establecer derechos universales para combinar libertades civiles y políticas y avanzar a condiciones básicas de bienestar que, a su vez, permitan la igualdad efectiva de oportunidades de los miembros de una sociedad plural. El legislador periódicamente electo y la vida social se encargarán o no de concretarlos, según las condiciones institucionales y materiales del país y de su inserción en el mundo. Al mismo tiempo, la constitución debe regular civilizadamente las diferencias de valores, de ideas, de culturas y de intereses, para que no impere la ley del más fuerte ni visiones únicas de la sociedad. Lo debe hacer definiendo la prevalencia del principio de mayoría en el ejercicio del gobierno y de la función legislativa y de la libre expresión y protección de las minorías, junto a la separación de poderes para impedir los abusos de autoridad y hacer cumplir el principio de igualdad ante la ley.

Hay que recalcar que la nueva constitución fue redactada respetando plenamente estos principios, que expresó la diversidad de representantes del pueblo -con paridad y representación indígena- y que fue votada por 2/3 de sus miembros. Si la derecha no obtuvo de entrada un tercio de bloqueo, eso no hace menos representativo el proyecto redactado. El problema es que la derecha y quienes representa se consideran dueños de Chile y han puesto todo su poder para descalificar una Convención Constitucional que no pudieron controlar. Su objetivo ahora es trasladar al parlamento actual el proceso constituyente, lo que expresamente el pueblo rechazó en octubre de 2020.

En definitiva, para la derecha "una constitución que nos una" es aquella que traslada a las instituciones su poder de facto  en lo económico y lo mediático, aunque los intereses que representa sean los del 1% más privilegiado, y de los que aspiran a ser parte de esa minoría poderosa o prefieren subordinarse a ella. La nueva constitución no está "mal hecha", como declaran los grandes empresarios y los portadores de las pasiones tristes. Lo que haya que corregir y precisar se hará democráticamente en el camino, sobre nuevas bases. En este caso se aplica aquello de que “lo mejor es enemigo de lo bueno”. En cambio, es efectivamente partisana, en tanto toma partido por la soberanía popular en sustitución de los vetos oligárquicos de la constitución de 1980. Es lo uno o es lo otro, es un tipo de país u otro tipo de país, pues en esto no hay medias tintas, aunque a algunos les cueste aceptarlo desde el temor a enfrentar sanamente dilemas de la vida social que deben ser resueltos, en este caso democráticamente.

La nueva Constitución contemplará el pluralismo político y cultural, la paridad de género, nuevos derechos civiles, nuevos derechos sociales en materia de protección del trabajo y de acceso a la salud, la educación, las pensiones y la vivienda, nuevos derechos sexuales y reproductivos, la protección del ambiente y la preservación de los bienes comunes, la pluralidad económica, la descentralización y profesionalización del Estado y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas como naciones originarias, en el marco de un Estado democrático y social de derecho único e indivisible. Es un progreso más que suficiente respecto a la de 1980 como para votar a favor de ella. No olvidemos que lo que está en juego es salir o no de la república oligárquica restaurada con violencia en 1973, para iniciar un nuevo camino de búsqueda de un mayor bienestar equitativo y sostenible.

Manipulación y decencia

 En La Mirada Semanal 

En la campaña plebiscitaria, en algunos no se evidencian mayores escrúpulos a la hora de recurrir a la manipulación y faltar expresamente a la verdad para llevar agua al molino del rechazo al cambio. Chile tendrá que hacer ingentes esfuerzos para recuperar una dosis al menos básica de juego limpio en la acción política democrática si queremos ser un país viable y mínimamente decente.

A las simples mentiras orientadas a producir temor al cambio, en una sociedad de mercado en que las reglas son débiles y las personas comunes y corrientes viven con muchas inseguridades cotidianas a cuestas, se agregan manipulaciones desde los mensajes mediáticos y los rumores. El principio lógico básico de congruencia entre premisas y conclusiones simplemente se pasa por alto. No se trata de una práctica muy novedosa. Por ejemplo, en su texto de 1896, "El Arte de Tener Siempre la Razón", Schopenhauer ya describía nada menos que 38 estratagemas para tratar de demostrar "que se tiene razón cuando se sabe que se está equivocado". 

Utilizar el simbolismo del NO de 1988 en la franja del Rechazo a la nueva Constitución ha sido uno de los puntos más reprobables de la falta de escrúpulos. Es, además, una ofensa para los que participamos en esa gran gesta democratizadora, cuya conclusión histórica es precisamente el Apruebo a una Constitución gestada democráticamente por primera vez desde la fundación del país. Quedarse o no con la constitución de 1980 y sus remiendos, porque no otra cosa es lo que se vota, es evidentemente dar la espalda a esa gesta y mantener el veto de la derecha sobre los destinos de la sociedad chilena. 

Estamos, en realidad, en presencia de la más primitiva de las campañas, basada en inventar cosas que están expresamente excluidas de las futuras normas. Los que se declaran "amarillos" son la punta de lanza de la propaganda cada día más indecorosa contra el Apruebo, detrás de la cual se esconde la derecha más dura que defiende los intereses de los privilegiados y la mantención de su derecho a veto en las instituciones. La reciente rebaja a 4/7 de los quórum de las reformas constitucionales (hasta ahora de hasta 2/3) implica que se requiere el voto de tres senadores de derecha para cualquier cambio, por ejemplo un nuevo proceso constituyente si ganara el Rechazo. Pero ya hay voceros de la derecha descalificando la paridad y los escaños indígenas. A buen entendedor, pocas palabras. 

El destino del plebiscito se juega en cuán vasto sea el voto urbano en las grandes ciudades que se inclina a favor de los nuevos derechos sociales y la protección ambiental incluidos en la propuesta constitucional, pues la campaña de la derecha -por infundada que sea- según la cual las personas van a perder la vivienda y el agua y el país estará en manos de los indígenas, ha calado fuerte en el mundo rural y ciudades pequeñas, y bastante menos en el resto del país. Los temas institucionales y del sistema político no son un clivaje importante en el grueso público, en contraste con los derechos económicos y sociales en el mundo trabajador y las protecciones y deberes ambientales entre los más jóvenes). 

Entre los nuevos derechos sociales se cuenta un sistema integrado de salud, con un funcionamiento mixto de las prestaciones  por operadores públicos y privados. Los voceros del Rechazo difunden la falacia según la cual si las cotizaciones van a un solo sistema sanitario, implicaría que las personas que se atienden en el sector privado van a tener que integrarse al sistema nacional aumentando la demanda y las listas de espera. Aunque todo esto es materia de ley, es evidente que si hay una cotización universal, la citada definición de la nueva Constitución contempla que los prestadores privados también concurrirán a la oferta de servicios con su financiamiento respectivo y topes de precios (como se hizo durante la pandemia de COVID-19 en el gobierno de Piñera, por lo demás, incluyendo la fijación del precio de los exámenes PCR en el sector privado) con lo que el argumento se cae por completo.

De aprobarse la nueva Constitución, en cambio, se integrará las cotizaciones obligatorias complementadas con los impuestos para asegurar prestaciones universales (los seguros complementarios quedarán en manos del mercado), mientras la rectoría nacional de los prestadores estará orientada a la igualdad de acceso, pues no hay nada que iguale más a un ser humano con otros seres humanos que los problemas de salud que enfrentan. Así nos podremos acercar, con esfuerzos colectivos que no durarán menos de una década, a los sistemas de salud como el de Canadá y los europeos, en que los ingresos personales no determinan la calidad y oportunidad de la atención frente a la enfermedad. En esos sistemas de salud la nación determina estos factores en proporción a la recaudación de cotizaciones y a la asignación presupuestaria de impuestos. La eficacia de los prestadores de servicios sanitarios se logra con el sector público como articulador del acceso en todo el territorio. Por eso los defensores de la privatización de la salud necesitan desprestigiar la idea de un sistema de prestaciones universales en Chile.

Pero es en materia de vivienda en donde la tergiversación ha sido más burda. En la nueva Constitución se garantiza el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Esto incluye, desde luego, la propiedad de la vivienda y de terrenos, los que son todos heredables. No hay modificación relevante en la materia respecto a la situación actual, incluyendo que en caso excepcional de expropiación por necesidad pública (para hacer un camino, por ejemplo) se establece una indemnización justa previa a la expropiación y se garantiza el reclamo ante los tribunales. La indemnización justa es un concepto que equivale al valor de mercado según la jurisprudencia.

Por eso es tan mezquino afirmar, como la derecha y la senadora Rincón, que al establecerse en la nueva Constitución el derecho a "la vivienda digna", se excluye "la vivienda propia" y por tanto a la gente le "podrían quitar la casa". Eso es un sin sentido lógico que esconde una falsedad del porte de una catedral, dicho a sabiendas para infundir temor y rechazo. Cuando se retruca que el derecho de propiedad establecido en la nueva Constitución protege plenamente la vivienda propia, la senadora declara "que eso no tiene nada que ver". En realidad tiene precisamente todo que ver, incluso lingüísticamente (propia/propiedad). 

La propiedad de las casas y terrenos de cada cual seguirá estando plenamente protegida. Y si alguien sostiene que "a uno le pueden tomar la casa o un terreno y esto estará permitido por la nueva constitución y favorecido por las autoridades", basta tanto recalcar que el derecho de propiedad personal será expresamente resguardado a nivel constitucional y legal y observar la actitud de las actuales autoridades al demoler, por ejemplo, las viviendas ilegales de terrenos costeros en Antofagasta. Está claro que no se permitirá ni tomas de terrenos públicos ni privados ni ocupaciones arbitrarias ni robos de activos en ningún gobierno progresista. Esto, además, no lo ampara la nueva Constitución en absoluto, ni de cerca ni de lejos. 

Los que propugnamos que se proteja el trabajo, se redistribuya recursos con progresividad a los más desfavorecidos y se promueva la solidaridad y cooperación económicas, dejando el acceso a los derechos fundamentales fuera del mercado ("el mercado es cruel", decía Patricio Aylwin), lo hacemos en el marco de las normas constitucionales y legales y del respeto de la propiedad personal legítima. 

Para evitar una regresión, consolidar los logros ya obtenidos por la sociedad chilena y seguir avanzando hacia un país más democrático e inclusivo, solo cabe derrotar a la derecha y sus aliados y corregir más adelante todo lo que haya que corregir en la nuevas normas constitucionales. Como toda obra humana, no son perfectas. La nueva Constitución será dinámica y objeto de ajustes periódicos en los términos en los que se habilita su reforma. Esto incluye, contrariamente a la situación actual, la participación ciudadana en plebiscitos cuando el parlamento no logre 2/3 de aprobación a una propuesta de modificación constitucional y si cuenta con un mínimo de 4/7 de apoyo. Por ejemplo, los que no estamos de acuerdo con la reelección presidencial inmediata, de aprobarse el proyecto tendremos tiempo hasta la etapa previa a la elección de 2029 para apoyar un cambio, que seguramente obtendrá un acuerdo de 2/3 del parlamento, o si no irá a plebiscito. Y así sucesivamente, pero con la constitución democrática ya aprobada y en medio de una nueva lógica de habilitación de los cambios indispensables, salvo que se quiera mantener a toda costa una tensión política y social de alto voltaje.

La nueva Constitución tiene históricos méritos en el establecimiento de la paridad de género, nuevos derechos civiles y sociales, la protección del ambiente, la pluralidad económica, la descentralización del Estado y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre otras materias decisivas para la vida futura del país. Frustra constatar que frente a este cambio promisorio haya quienes lleven su pasión política en defensa de intereses y privilegios minoritarios al grado cero de la ecuanimidad y de la honestidad. Aunque estén siempre presentes en la esfera pública, lo republicano es que las pasiones políticas sean mantenidas dentro de los límites que hacen posible la convivencia colectiva.

¿Mal texto o falacias?

En La Mirada Semanal

Sigue la carga contra la nueva Constitución con el argumento central que el sistema político del proyecto sería peligroso para la democracia y atentaría contra el crecimiento. Estas afirmaciones no se sostienen, como tampoco el mantra promovido por el gran empresariado según el cual la nueva carta magna sería un “mal texto”.

“De ganar el Rechazo se evita la implementación de un mal texto" afirmó en efecto en la semana una vez más el presidente de la CPC, Juan Sutil. Esta consigna es repetida por los medios del gran empresariado y los que trabajan para ellos con gran despliegue de recursos. Sus intereses están evidentemente bien cautelados con la actual constitución, redactada a su medida en lo económico y en lo político para impedir los cambios estructurales que el país necesita en materia de control de los recursos naturales, equidad distributiva, desconcentración económica y protección del ambiente. El país requiere una nueva cultura del emprendimiento responsable, no la persistencia del rentismo oligárquico.

Los argumentos más versados en materia de sistema político (lo económico fue tratado en mi columna anterior) señalan que podría haber una mayoría homogénea en el gobierno y parlamento que arrase con el resto de fuerzas políticas. Esto provendría de una supuesta capacidad de control de los otros poderes de tipo chavista. En el gobierno, el nuevo Congreso y en la Cámara de Regiones podrá o no haber una mayoría simultánea de un signo político, pero esos poderes son independientes y están sujetos a renovación periódica y a alternancia con pleno respeto de las minorías. Es un argumento particularmente absurdo, puesto que es propio de las democracias hacer emerger mayorías que gobiernen y legislen según lo que han comprometido ante la ciudadanía o según lo que pacten diversas fuerzas políticas para conformar esas mayorías.  Esto es por definición así en los regímenes políticos parlamentarios, en los que debe coincidir el gobierno y una mayoría en el Congreso del mismo signo (en vez de la curiosa teoría de los “contrapesos”), y ocurre con alguna frecuencia en regímenes presidenciales como el de Estados Unidos. Cuando no es el caso, en ese país se producen bloqueos legislativos que impiden gobernar con coherencia, por lo que no constituye exactamente un ejemplo edificante de sistema político. En el proyecto constitucional que se votará el 4 de septiembre se complementa el principio de mayoría, propio de toda democracia (cuando este principio no existe, estamos en presencia de un régimen de veto de minorías, frecuentemente oligárquicas) con la protección de las minorías, incluyendo su derecho a concursar periódicamente para transformarse en mayoría con plenas garantías.

Lo que en realidad defienden los críticos es la idea que las mayorías no deben poder hacerse efectivas en el ejercicio del gobierno. Este es un planteamiento reaccionario, en el sentido de una lógica pre-revolución francesa de mantención de privilegios en el sistema político. Y lo que definitivamente no es democrático es el sistema actual de vetos de la derecha a través de altos quórum y del Tribunal Constitucional, que ejerce como tercera cámara en el proceso de formación de la ley.

Se argumenta, asimismo, que un mayor rol del parlamento sería nocivo. El nuevo texto constitucional establecería, de aprobarse, un régimen presidencial atenuado y un "bicameralismo asimétrico". Este esquema, como otros más presidencialistas o más parlamentaristas, ha sido planteado por personas de todos los colores políticos, incluyendo la defensa de un régimen semipresidencial por, entre otros, Andrés Allamand y Gutemberg Martínez. Se entiende que no son exactamente personalidades que quieren poner en el poder al chavismo. Un parlamento con más roles llevaría probablemente a más responsabilidad a representantes que hoy halagan la opinión del día y lo que indican las encuestas, pero sin hacerse cargo de las consecuencias para la gobernanza del país.

Y se vuelve una y otra vez sobre la independencia de la justicia. Separar la carrera judicial -junto a la administración del sistema- a través de un nuevo Consejo Judicial del rol los tribunales, que es primordialmente el de emitir fallos de manera independiente, tiene por finalidad evitar el corporativismo en la carrera los jueces y ascensos por afinidades antes que de orden profesional. El proyecto de nueva constitución respeta la independencia del poder judicial y corrige el corporativismo. Agreguemos que la intervención política a través del actual nombramiento de miembros de la Corte Suprema por el Senado ofrece muchas más posibilidades de influir sobre la justicia que el nuevo sistema que se propone. 

Incluso se argumenta que la nueva arquitectura rompería la igualdad del voto. Para evitar la sobre representación de regiones pequeñas  (en que Santiago, Valparaíso y Bío-bío pesan lo mismo que Arica, Iquique, Coyhaique o Magallanes) es que se propuso terminar con el Senado. Se pactó finalmente disminuir sus roles colegisladores para que prevalezca en la mayoría de materias la decisión que preserva mejor la igualdad del voto, que debe mantenerse en el Congreso y ser precisado mediante la ley. Alterar en alguna medida la igualdad del voto es el precio a pagar por una representación de las entidades regionales en los temas que les afectan. Dicho sea de paso, el Senado rompe hoy de manera no muy distinta la igualdad del voto que se cuestiona para el futuro en la Cámara de Regiones, pero con plena potestad co-legisladora. 

La pregunta de fondo sigue siendo: ¿por qué negarse a avanzar hacia una constitución emanada por primera vez de la soberanía popular, que es plenamente democrática y que es reformable mucho más fácilmente que la vigente, reuniendo 4/7 del parlamento y dirimiendo las propuestas mediante plebiscito (salvo que haya un acuerdo de 2/3)? Nuestra conjetura es que lo que ocurre con los que se niegan al cambio es la confluencia con intereses creados en la mantención del orden oligárquico actual, que se resiste a perder el poder de veto sobre la voluntad colectiva. O bien una suerte de regresión a los tiempos del antiguo fantasma del comunismo en la guerra fría. Hay quienes insisten en que habría en Chile "un peligro comunista" ¡con un PC que representa menos del 10% y se atiene sistemáticamente a las reglas vigentes! 

Sigue habiendo quienes piensan que este peligro fantasmagórico debiera llevar a impedir que se exprese la soberanía popular y el principio de mayoría con respeto de las minorías, Y eso evidentemente no es parte de los principios democráticos, los que se consagran con claridad meridiana en el proyecto de nuevo texto constitucional, empezando por la plena vigencia de las libertades civiles y políticas junto a mayores derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, nada que se asemeje a un “peligro” para la democracia, sino, antes bien, su fortalecimiento

El costo de la nueva Constitución y el déficit de derechos sociales en Chile

 En La Mirada Semanal

Sigue la difusión de lugares comunes sobre el proyecto constitucional que supuestamente atentaría contra el crecimiento económico. Esto no está basado en evidencia sólida. Lo que hace el proyecto es poner énfasis en normas que fortalezcan un bienestar equitativo y sostenible. Cabe agregar que si la legislación posterior se inclina por una mejor redistribución de los ingresos a través de impuestos progresivos y reglas laborales más simétricas, la evidencia efectivamente disponible indica que en la mayoría de los casos son políticas positivas para el crecimiento o no lo afectan.

Los economistas convencionales siguen como siempre haciendo afirmaciones genéricas basadas en juicios propios de la vulgata liberal. Para este enfoque, el crecimiento solo provendría de políticas que aseguren altas rentabilidades del capital, lo que supone mantener reglas tributarias, laborales y ambientales leves y laxas. Las políticas de remuneración privilegiada del capital serían las únicas que permitirían altas tasas de inversión y la ampliación de las capacidades productivas, así como del empleo y los ingresos. Esta visión es la que Keynes cuestionó de raíz hace ya un siglo, subrayando que la inversión depende sobre todo del horizonte futuro de la demanda efectiva, que es la que alimenta el circuito económico: si esta no se presenta en volúmenes suficientes en las expectativas de los agentes económicos, se produce un “equilibrio de subempleo” y se pierden oportunidades de uso de los recursos disponibles, debilitándose el crecimiento.

Por su parte, Betancor y otros han publicado una estimación del costo de hacer efectivos los derechos y regulaciones enunciados en la nueva constitución, que alcanzaría entre 9 y 14% del PIB de 2021. Se trata de un trabajo bien hecho, hasta dónde se puede hacer este tipo de estimaciones, que tienen un componente siempre discrecional en la fijación de parámetros y la elaboración de supuestos. La principal crítica que se le puede hacer es que contrasta la estimación de los gastos adicionales en régimen (es decir a mediano y largo plazo) con el PIB de 2021, como si no fuera a crecer nunca más. Y el trabajo parece tener un implícito: mientras más bajo el gasto público, mejor. Este es evidentemente un juicio de valor a lo Milton Friedman muy cuestionable. 

En efecto, los países cuyos sistemas públicos más invierten en las personas (en salud, educación, pensiones, vivienda, ayudas sociales) y en la innovación y bienes públicos (infraestructura, conocimiento) son los más prósperos y estables en el mundo contemporáneo. Los datos de la OCDE indican que los gastos sociales representaban en Chile en 2019 (último dato disponible) un 11% del PIB, situados en el rango más bajo entre los países miembros. En el rango más alto, llegaban a 31% del PIB en Francia y en Finlandia y Bélgica alcanzaban a 29% del PIB. En el rango medio, en Nueva Zelandia y Estados Unidos llegaban a 19% del PIB. Como se observa, Chile está lejos de las democracias maduras en materia de redistribución e inversión en las que, según la leyenda neoliberal, la gente debiera estar muriendo de hambre por las calles ahogada por los impuestos y regulaciones del malvado Estado. Esta es una leyenda desmentida contundentemente por los hechos económicos del siglo XX y XXI.

El trabajo de economistas del FMI como Berg y Ostry (2011) o de Gründler y Scheuermeyer (2015), no controvertidos, concluyen que una menor desigualdad neta se correlaciona  con un crecimiento más rápido y más durable y que el impacto de la redistribución sobre el crecimiento parece ser benigno, pues hay evidencia de que solo en casos extremos puede tener efectos negativos. Sus efectos conjuntos, directos e indirectos –incluidos los efectos de la menor desigualdad resultante– son favorables al crecimiento. Estos autores concluyen que no se puede suponer que hay una gran disyuntiva entre redistribución y crecimiento, pues los mejores datos macroeconómicos disponibles para un gran número de países no respaldan esa hipótesis.

El hecho es que la comentada estimación de gastos adicionales que implicaría aprobar la nueva Constitución tiene un rango (siempre es bueno en estos temas establecer rangos antes que cifras absolutas) que va desde los mencionados 9% a 14% del PIB de 2021. Como este es un coeficiente en el que el gasto adicional es el numerador y el PIB es el denominador, un crecimiento de 2% al año del PIB en 10 años, manteniéndose constante o creciendo levemente el costo adicional estimado, sería más que suficiente para costear los nuevos derechos que se podrían consagrar universalmente en ese horizonte. Por tanto, del estudio no aparece nada que se asemeje a un desborde fiscal en perspectiva. 

Mientras, constatemos que la brecha existente para que esos derechos se satisfagan es hoy considerable. Por eso establecer garantías que mejoren el bienestar colectivo con un costo abordable es una razón más para votar Apruebo a la nueva Constitución. Se trata de iniciar un nuevo camino hacia un país más equitativo y cohesionado, en el que los derechos fundamentales de las personas se hagan progresivamente efectivos y en el que el crecimiento sea sustentable y llegue a toda la población. Ya no es sostenible que siga en los actuales niveles de concentración en una minoría oligárquica, sino que debe ser puesto al servicio de una prosperidad compartida.

Desconfiar de la lectura, otra pasión triste

En La Mirada Semanal

En estos días dos comentaristas de El Mercurio (uno de los cuales se refirió alguna vez públicamente sobre su fallecido dueño como "don Agustín", lo que retrata su talante) han llegado al extremo de insinuar que la lectura del proyecto de nueva Constitución podría confundir a quienes la acometan. No estarían en condiciones de "descubrir las falencias y errores que este texto incluye" (Warnken) y su "sectarismo e intolerancia" (Lucía Santa Cruz). 

Desde luego, sin caer en el positivismo jurídico, lo primero que cabe recalcar es que no hay nada más literal que las normas constitucionales y legales, cuya interpretación debe considerar en primer lugar ese tenor, como enseñara Andrés Bello. Para pronunciarse el 4 de septiembre de manera cívica, la lectura del proyecto no puede ser sino recomendable. Ver en muchas partes a personas leyendo el proyecto constitucional es ilustrativo de las virtudes cívicas que permanecen como legado de la historia política nacional.

¿Qué ha pasado en Chile, por contraste, como para que seudo intelectuales hayan terminado escribiendo semejantes afirmaciones feudales desconfiando de la lectura? ¿O que desde la política la derecha cuestione al gobierno por imprimir el texto que se va a votar? ¿Y que el contralor se haya permitido insólitamente prohibir al Presidente de la República expresar su opinión sobre el proyecto de nueva Constitución, violando un derecho fundamental de cualquier persona en una sociedad democrática, que en este caso es, además, la máxima autoridad política del Estado?

La discusión constitucional remite en definitiva a la sociedad en que queremos vivir y a su estructura instituida de derechos, deberes y funcionamientos de los órganos públicos. Desconfiar de la capacidad de la ciudadanía común para leer y discernir lo que se propone -cada cual libremente, pues no hay nada más libre que la lectura, en circunstancias que los asalariados mercuriales de marras son los que han mostrado los mayores problemas de comprensión de lectura- es a estas alturas parte de una de las peores pasiones tristes presentes en nuestra sociedad: el clasismo. 

Esta es la pulsión de quienes se sienten superiores y llamados a enunciar lo "verdadero" y lo "correcto" sin que nadie les haya otorgado semejante título, salvo ellos mismos por sentirse parte de algún grupo privilegiado. En una democracia soberana y laica, en la que existe la libre circulación de ideas -aunque con un aplastante predominio de los medios conservadores financiados por el gran empresariado- no hay tal cosa como una separación entre "los que saben" y "el vulgo" para decidir cómo queremos vivir y qué suerte le reservamos a las nuevas generaciones. La autodeterminación de la opinión, con todos sus problemas cognitivos y presencia de prejuicios y emociones, es consustancial a las sociedades modernas y democráticas y Chile, a su manera, lo es. 

Hasta aquí este clasismo había permanecido relativamente en retroceso en la esfera pública, probablemente por la lenta construcción cultural desde el siglo de las luces y su influencia en nuestro continente, que fue disolviendo el paternalismo rural tradicional y su fuente primordial, el analfabetismo. Tal vez no ha sido ajeno a ese lento caminar el que nuestras principales figuras culturales, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, provengan de las raíces de la tierra y de su gente y no de las minorías dominantes, cuya pachorra de clase tiene harto poco fundamento. De paso, mencionemos que Vicente Huidobro, que provenía de una familia de terratenientes, lo primero que hizo fue romper de por vida con su medio de origen, al que despreciaba. También es posible conjeturar que las vergonzosas escenas de quema de libros de septiembre de 1973 podían haberse procesado como expresiones primitivas inexcusables. 

Pero no, el debate constitucional ha vuelto a desencadenar las pulsiones más descalificadoras y despectivas hacia la gente común por parte de seudo ilustrados, que ahora se espantan porque la ciudadanía quiere leer lo que va a votar, a favor o en contra. Se trata de un momento de resquebrajamiento del muro cultural que contiene las pulsiones más agresivas de una parte de las categorías sociales privilegiadas (o de quienes aspiran a pertenecer a ellas) que temen perder cualquier parcela de poder -o expectativa de poder- en una sociedad hiperjerarquizada como la chilena. Esto no impedirá seguir el camino establecido por el proceso constituyente, a pesar de todos los intentos (incluyendo un tardío diseño de acuerdo para reescribir la propuesta constitucional de la Convención desde el actual parlamento), es decir el del libre pronunciamiento del pueblo el próximo 4 de septiembre, día simbólico de la República.

Falsas afirmaciones sobre la nueva Constitución

 En La Mirada Semanal

Se ha podido observar la extensa difusión de tergiversaciones de diverso calibre sobre el texto de la nueva Constitución. Algunas no argumentan nada, simplemente falsean, y otras son un poco más elaboradas, pero con una notoria falta de honestidad intelectual. Todas ellas tienen muy poco que ver con lo que se votará el 4 de septiembre de 2022.

El proyecto de nueva Constitución no le quitará la casa a nadie, como se ha afirmado de manera deshonesta. Basta ver el artículo que garantiza la propiedad sobre todo tipo de bienes para darse cuenta de que si alguien es dueño de una casa, su propiedad estará protegida por la Constitución. El artilugio se ha construido a partir del artículo que señala que existirá un derecho a la vivienda, lo que manifiestamente no tiene nada que ver con expropiarle la casa a nadie. Por supuesto, existen normas de expropiación por interés público puntual, como en la actualidad, con indemnización al precio justo, concepto jurídico de amplio uso. De otro modo no se podrían construir infraestructuras ni urbanizaciones.

En el tema de la propiedad del agua, se establece su carácter público y asignable a usos según prioridades. Los que consideran esto una expropiación no deben olvidar que las aguas se definen en la ley vigente como un bien nacional de uso público, lo que es una práctica mundial. Si hasta aquí se ha abusado de la figura de la concesión, establecida en la constitución de 1980, la nueva norma no hace sino corregir una anomalía. Y si hay bancos que han aceptado como garantía un bien nacional de uso público, es un problema de mala evaluación de activos por el parte del banco y de nadie más.

En materia fiscal, cabe consignar que la nueva Constitución no va a subir ningún impuesto, pues solo enuncia principios generales y remite esa materia a la ley. En cambio, obligará a la responsabilidad fiscal en el gobierno central y en las regiones y municipios de una manera mucho más perentoria que la norma constitucional vigente. El ejecutivo mantiene la potestad exclusiva sobre el gasto público, sin perjuicio de que formaliza un derecho de petición de gasto del parlamento que ya existe de manera informal y se practica cotidianamente. Nada muy nuevo bajo el sol en la materia.

A su vez, la nueva Constitución no incluirá ninguna medida contra la inversión, como vienen sosteniendo los agoreros de las pasiones tristes. La libre iniciativa económica se garantiza y, al igual que en parte en la actualidad y que en todas la democracias maduras, tendrá cómo límite el interés público, la protección del medio ambiente y el respeto de las normas de protección del trabajo. Existirá, además, el fomento de la propiedad cooperativa y social y una propiedad pública de los recursos del subsuelo y del mar y de las áreas terrestres protegidas. Se podrán crear por ley empresas del Estado o mixtas. En materia de pensiones, salud y educación se garantiza un derecho de acceso, pero no se excluye la participación parcial de privados.

En materia de régimen político, el debate es amplio y las opiniones contrastadas. Nunca podrá satisfacerse todas las opiniones en ninguna formulación específica, pues hay legítimas preferencias para todos los gustos, como también se observa en las diversas democracias maduras y en el constitucionalismo comparado. La nueva Constitución eliminará el Senado, pero creará la Cámara de las Regiones, la que tendrá incidencia en las reformas constitucionales, el presupuesto, los nombramientos y las leyes de interés regional. 

Y cabe convenir que el proyecto de nueva Constitución expresamente configura un régimen de separación de los tres poderes públicos principales (ejecutivo, legislativo y judicial) y establece diversos órganos autónomos de esos tres poderes. Evidentemente la generación de sus autoridades se vincula a órganos expresivos de la voluntad popular, como debe ser en toda democracia, lo que se traduce en la difusión de la sospecha de “control político” sobre esos órganos. La otra solución es la de elegirlos por sorteo, pues cualquier fórmula que se imagine tendrá influencia política, incluso la de una pretendida neutralidad de los “técnicos”. En democracia, las personas que gobiernan los órganos públicos deben provenir directa o indirectamente de la voluntad popular. Cuestionar ese principio es simplemente cuestionar la democracia, lo que muchos hacen al acusar de “politización” …a la política y a la esfera pública. El gobierno elegido periódicamente por mayoría no va a controlar todo, sino solo las tareas del poder ejecutivo, sujeto a los debidos controles políticos, administrativos y judiciales, con una administración que debe ser profesional y basada en el mérito. Pero en el parlamento, las mayorías, como corresponde a un orden democrático, van a poder legislar sin los vetos ilegítimamente impuestos por una minoría como hasta ahora.

En especial, el proyecto de nueva Constitución asegura la plena independencia de los fallos de la justicia, dejando la carrera de los jueces en manos de un Consejo pluralista y especializado para evitar el corporativismo. La nueva justicia indígena estará sujeta a los fallos de la Corte Suprema. De paso, mencionemos que todos los cuestionamientos al reconocimiento en diversas instituciones de los más de dos millones de personas pertenecientes a los pueblos originarios en Chile expresan más bien una visión racista que una preocupación auténtica por un Estado que reconoce diversas naciones en su seno.

La nueva Constitución no desintegrará el territorio, sino que permitirá descentralizar la administración en lo que corresponda y otorgar un reconocimiento y autonomía indígena en el marco de un Estado único e indivisible que mantendrá las políticas nacionales necesarias para que se ejerzan los mismos derechos en todo el país.

Las reformas constitucionales en los temas más importantes se pondrán en manos de la ciudadanía a través de plebiscitos, en vez de un parlamento en el que basta una minoría de un 1/3 en alguna de las Cámaras para que no haya reforma en las cuestiones principales. Esto le da en la actualidad a la derecha un poder de veto ilegítimo para mantener la actual constitución y el orden económico oligárquico. Eso es lo que se esconde bajo la falsa apelación de "acuerdos" y "consensos", en su momento necesarios para terminar con la dictadura, pero que devinieron con el tiempo en la imposición sistemática de intereses que no son los de la mayoría, contra lo cual la ciudadanía terminó rebelándose y dando lugar al actual proceso constituyente. 

Sigue la batalla por el cobre

En La Mirada Semanal

El proyecto de regalía del gobierno se propone capturar una alta proporción de la renta minera hoy en manos de privados, en un contexto en que  la cantidad de cobre requerida entre 2022 y 2050 será mayor que todo el cobre consumido en el mundo entre 1900 y 2021, empujando un alto precio de largo plazo del mineral.

BHP, la transnacional minera de origen australiano, declaró frente al proyecto de regalía minera del gobierno de Gabriel Boric -que combina un cobro a las ventas y un cobro a las sobreutilidades, aunque este último se presta desgraciadamente para la elusión- que "si el royalty propuesto se materializa, tendríamos que reevaluar nuestro plan de inversiones para Chile" y que "nuestras estimaciones señalan que la propuesta del Ejecutivo colocaría a Chile como las más altas tasas impositivas comparada con otras jurisdicciones relevantes como Perú, Australia o Canadá".

Esta es una excelente noticia si se tradujera en que BHP ganara menos en favor del dueño del recurso, que es Chile. Sus utilidades en 2021 superaron el 50% del capital. Una rentabilidad de este tipo no la tiene ninguna actividad económica lícita y está basada en extraer un recurso escaso que no pertenece a la minera privada sino a la colectividad nacional. Esta posee desde la nacionalización de 1971 muchos de los yacimientos de cobre más rentables del mundo. BHP se apropió en la dictadura de Escondida, la mina de mayor producción global de cobre, mediante el espúreo mecanismo de la concesión permanente y gratuita de la dictadura. La mina Escondida inició su construcción en 1988,  desde la que BHP ha extraído mineral por un valor muchas veces mayor que el costo de la inversión inicial y el costo periódico de extracción. 

Extremando el argumento, si el nuevo entorno de aportes al fisco no satisface a BHP, u otras mineras privadas, y las lleva a dejar el país, bienvenido sea, pues CODELCO podría así hacerse cargo de explotar recursos valiosos para beneficio de la nación, y no de los accionistas de las transnacionales y un par de grupos privados chilenos. Evidentemente BHP no lo va a hacer por la alta rentabilidad de su actividad en Chile, en comparación con otras explotaciones en el mundo. Y si lo hiciera, sería la ocasión para ampliar la minería estatal chilena, que aporta el doble de ingresos al fisco por unidad producida y que ha perdido terreno de manera absolutamente injustificada en las últimas décadas, dejando de percibir recursos que nos hubieran permitido invertir en diversificar nuestra economía en áreas tecnológicas de punta y en la sostenibilidad ambiental y social de la producción. 

Una afirmación de este tipo puede sonar excesiva, desde el sacrosanto argumento de no afectar la inversión privada. Pero ocurre que esa inversión tiene un saldo negativo para el país: las utilidades son tan altas en el largo plazo que su repatriación supera con creces el aporte de capital. Chile no gana con estas inversiones, simplemente pierde en términos netos al regalar buena parte de un recurso que le pertenece.

El fondo del asunto es la existencia en esta actividad de una importante “renta de escasez”, concepto desarrollado por David Ricardo en 1817 para el uso de la tierra, ya presente en Adam Smith desde 1776. En el caso minero, describe las sobreutilidades que se obtienen de la explotación de la última unidad explotada que provee rentabilidad (con una utilidad “normal”), en circunstancias que las primeras unidades puestas en producción son mucho más rentables pero más escasas: la diferencia entre esas rentabilidades es la renta de la que se apropia el dueño de los yacimientos más productivos. Esto ocurre porque el precio lo fijan los productores menos productivos (si no fuera así, no entrarían en el mercado). El tema para la sociedad es quien se apropia de esa renta. Ya David Ricardo planteaba que la expansión de la población y del uso de tierras menos fértiles llevaría a una alta concentración de los ingresos en los rentistas. Y John Maynard Keynes propuso más generalmente en 1936, por su nulo aporte a la producción, nada menos que la “eutanasia del rentista” de todo tipo.

Las perspectivas para el futuro del cobre son que la cantidad de mineral requerida entre 2022 y 2050 será mayor que todo lo consumido en el mundo entre 1900 y 2021. Según la consultora S&P Global, la demanda de cobre aumentará en 82% entre 2021 y 2035. El sector automotriz será el mayor impulsor de esa demanda, con un crecimiento desde 2,2 millones de toneladas métricas (TM) en 2021 a 9,3 millones de TM en 2035, dada la transición a la electromovilidad. La transmisión y distribución de la energía necesaria para ese proceso, que también utiliza cobre intensivamente, implicará un crecimiento de la demanda desde 4,7 millones de TM en 2021 a 7,5 millones de TM en 2035. La demanda total de cobre pasará desde poco más de 25 millones de toneladas en 2021 a casi 49 millones de toneladas en 2035, antes de llegar a 53 millones en 2050. El reporte plantea escenarios, pero en ninguno de ellos el crecimiento de la oferta será suficiente para satisfacer la demanda: “esta brecha entre la oferta y la demanda de cobre supondrá un desafío importante para el cronograma de transición energética que apunta a emisiones netas cero para 2050. El desafío se verá agravado por entornos operativos geopolíticos y a nivel de país cada vez más complejos”. 

La consecuencia es una alta probabilidad de un aumento estructural significativo en los precios del cobre a medida que, más allá de las variaciones coyunturales, aumente la brecha entre la oferta y la demanda del mineral. S&P Global plantea que “está claro que la tecnología y la innovación en políticas serán fundamentales para reducir la brecha entre la oferta y la demanda de cobre a fin de ayudar a lograr los objetivos de cero neto (emisión de gases con efecto invernadero)”.

Estas proyecciones de tan largo plazo son imprecisas. Pero en este caso la tendencia más probable parece ser razonablemente la mencionada: una alta demanda por el fuerte cambio tecnológico intensivo en uso de cobre y una oferta menos dinámica de un recurso natural que no es renovable y cuya expansión en grandes magnitudes es relativamente rígida.

Por ello será fundamental que Chile cambie su política minera (ver mi texto  El concepto de renta económica y su aplicabilidad a la tributación minera y el de Gabriel Palma sobre el fundamento de lo escrito en la nueva Constitución). El probable alto precio del cobre en las próximas décadas superará con creces sus costos de extracción, generando la mencionada "renta de escasez" distinta de las “utilidades normales" que remuneran el uso de capital. La renta minera debe volver a quien posee el recurso, la ciudadanía chilena, y no seguir siendo apropiada absurdamente, como en la actualidad, por un puñado de operadores privados. Se trata mayoritariamente de transnacionales que se llevan masivamente al exterior esas sobreutilidades, las que no les debieran pertenecer, pues no se originan en mayor productividad media o marginal de la actividad extractiva o de transformación a la que se dedican, respecto de la que es legítimo que los privados obtengan utilidades. Se originan en el menor costo de acceso en Chile al recurso que extraen. De paso, subrayemos que desequilibran nuestras cuentas externas, incluyendo en la actual coyuntura de fuerte devaluación del peso, tema sobre el que volveremos en comentarios futuros, y generan pasivos ambientales de los que no se hacen cargo.

La nueva regalía ("royalty") planteada en la reforma tributaria es un avance respecto a la situación actual, que esperemos no termine rebajada en su paso por el Senado, como suele ocurrir y ya ocurrió con la regalía votada por la Cámara de Diputados en marzo de 2021, el más avanzado hasta ahora presentado y que no hace sino permitir que el país reciba el piso mínimo de remuneración que corresponde por un recurso que le es propio. 

¿Por qué regalárselo a transnacionales y al grupo Luksic en vez de invertirse en la diversificación económica y el bienestar sustentable del país?