¿Mal texto o falacias?
Sigue la carga contra la nueva Constitución con el argumento central que el sistema político del proyecto sería peligroso para la democracia y atentaría contra el crecimiento. Estas afirmaciones no se sostienen, como tampoco el mantra promovido por el gran empresariado según el cual la nueva carta magna sería un “mal texto”.
“De ganar el Rechazo se evita la implementación de un mal texto" afirmó en efecto en la semana una vez más el presidente de la CPC, Juan Sutil. Esta consigna es repetida por los medios del gran empresariado y los que trabajan para ellos con gran despliegue de recursos. Sus intereses están evidentemente bien cautelados con la actual constitución, redactada a su medida en lo económico y en lo político para impedir los cambios estructurales que el país necesita en materia de control de los recursos naturales, equidad distributiva, desconcentración económica y protección del ambiente. El país requiere una nueva cultura del emprendimiento responsable, no la persistencia del rentismo oligárquico.
Los argumentos más versados en materia de sistema político (lo económico fue tratado en mi columna anterior) señalan que podría haber una mayoría homogénea en el gobierno y parlamento que arrase con el resto de fuerzas políticas. Esto provendría de una supuesta capacidad de control de los otros poderes de tipo chavista. En el gobierno, el nuevo Congreso y en la Cámara de Regiones podrá o no haber una mayoría simultánea de un signo político, pero esos poderes son independientes y están sujetos a renovación periódica y a alternancia con pleno respeto de las minorías. Es un argumento particularmente absurdo, puesto que es propio de las democracias hacer emerger mayorías que gobiernen y legislen según lo que han comprometido ante la ciudadanía o según lo que pacten diversas fuerzas políticas para conformar esas mayorías. Esto es por definición así en los regímenes políticos parlamentarios, en los que debe coincidir el gobierno y una mayoría en el Congreso del mismo signo (en vez de la curiosa teoría de los “contrapesos”), y ocurre con alguna frecuencia en regímenes presidenciales como el de Estados Unidos. Cuando no es el caso, en ese país se producen bloqueos legislativos que impiden gobernar con coherencia, por lo que no constituye exactamente un ejemplo edificante de sistema político. En el proyecto constitucional que se votará el 4 de septiembre se complementa el principio de mayoría, propio de toda democracia (cuando este principio no existe, estamos en presencia de un régimen de veto de minorías, frecuentemente oligárquicas) con la protección de las minorías, incluyendo su derecho a concursar periódicamente para transformarse en mayoría con plenas garantías.
Lo que en realidad defienden los críticos es la idea que las mayorías no deben poder hacerse efectivas en el ejercicio del gobierno. Este es un planteamiento reaccionario, en el sentido de una lógica pre-revolución francesa de mantención de privilegios en el sistema político. Y lo que definitivamente no es democrático es el sistema actual de vetos de la derecha a través de altos quórum y del Tribunal Constitucional, que ejerce como tercera cámara en el proceso de formación de la ley.
Se argumenta, asimismo, que un mayor rol del parlamento sería nocivo. El nuevo texto constitucional establecería, de aprobarse, un régimen presidencial atenuado y un "bicameralismo asimétrico". Este esquema, como otros más presidencialistas o más parlamentaristas, ha sido planteado por personas de todos los colores políticos, incluyendo la defensa de un régimen semipresidencial por, entre otros, Andrés Allamand y Gutemberg Martínez. Se entiende que no son exactamente personalidades que quieren poner en el poder al chavismo. Un parlamento con más roles llevaría probablemente a más responsabilidad a representantes que hoy halagan la opinión del día y lo que indican las encuestas, pero sin hacerse cargo de las consecuencias para la gobernanza del país.
Y se vuelve una y otra vez sobre la independencia de la justicia. Separar la carrera judicial -junto a la administración del sistema- a través de un nuevo Consejo Judicial del rol los tribunales, que es primordialmente el de emitir fallos de manera independiente, tiene por finalidad evitar el corporativismo en la carrera los jueces y ascensos por afinidades antes que de orden profesional. El proyecto de nueva constitución respeta la independencia del poder judicial y corrige el corporativismo. Agreguemos que la intervención política a través del actual nombramiento de miembros de la Corte Suprema por el Senado ofrece muchas más posibilidades de influir sobre la justicia que el nuevo sistema que se propone.
Incluso se argumenta que la nueva arquitectura rompería la igualdad del voto. Para evitar la sobre representación de regiones pequeñas (en que Santiago, Valparaíso y Bío-bío pesan lo mismo que Arica, Iquique, Coyhaique o Magallanes) es que se propuso terminar con el Senado. Se pactó finalmente disminuir sus roles colegisladores para que prevalezca en la mayoría de materias la decisión que preserva mejor la igualdad del voto, que debe mantenerse en el Congreso y ser precisado mediante la ley. Alterar en alguna medida la igualdad del voto es el precio a pagar por una representación de las entidades regionales en los temas que les afectan. Dicho sea de paso, el Senado rompe hoy de manera no muy distinta la igualdad del voto que se cuestiona para el futuro en la Cámara de Regiones, pero con plena potestad co-legisladora.
La pregunta de fondo sigue siendo: ¿por qué negarse a avanzar hacia una constitución emanada por primera vez de la soberanía popular, que es plenamente democrática y que es reformable mucho más fácilmente que la vigente, reuniendo 4/7 del parlamento y dirimiendo las propuestas mediante plebiscito (salvo que haya un acuerdo de 2/3)? Nuestra conjetura es que lo que ocurre con los que se niegan al cambio es la confluencia con intereses creados en la mantención del orden oligárquico actual, que se resiste a perder el poder de veto sobre la voluntad colectiva. O bien una suerte de regresión a los tiempos del antiguo fantasma del comunismo en la guerra fría. Hay quienes insisten en que habría en Chile "un peligro comunista" ¡con un PC que representa menos del 10% y se atiene sistemáticamente a las reglas vigentes!
Sigue habiendo quienes piensan que este peligro fantasmagórico debiera llevar a impedir que se exprese la soberanía popular y el principio de mayoría con respeto de las minorías, Y eso evidentemente no es parte de los principios democráticos, los que se consagran con claridad meridiana en el proyecto de nuevo texto constitucional, empezando por la plena vigencia de las libertades civiles y políticas junto a mayores derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, nada que se asemeje a un “peligro” para la democracia, sino, antes bien, su fortalecimiento
