El prolongado debate sobre una nueva Constitución ha tenido efectos benéficos para la sociedad chilena, que por primera vez en su historia ha discutido intensamente sobre sus instituciones. Si estas son democráticas, deben regular civilizadamente los conflictos de intereses existentes en su seno a partir de la libre circulación de ideas y el respeto de las identidades. La deliberación sobre estas tres “ies” (intereses, ideas, identidades) ha sido, sin embargo, bastante lamentable, reflejando que queda mucho por hacer para construir un espacio público republicano.
En efecto, ha sido insólita y muy efectiva la campaña de desinformación guiada por los medios del gran empresariado, que han logrado hacer desaparecer en buena medida del espacio público a la derecha, incluyendo a la extrema derecha de Kast (aunque no a De la Carrera, que ha demostrado ejercer no solo la violencia verbal sino también la física, en una lógica neo-nazi abierta). La confrontación con la nueva Constitución ha quedado a cargo, en una decisión estratégica, de una franja de ex miembros de la Concertación que han consolidado su identidad conservadora.
Al hacerlo están su derecho. No obstante, el trabajo de desinformación y de levantamiento de fantasmas y temores ha sido realizado por una parte de ellos, lo que ya es bastante menos honorable, pues han empleado una considerable mala fe, o bien, en el mejor de los casos, una condescendencia despectiva. Afirmar que la propiedad privada quedará desprotegida, que la gente va a perder la vivienda o el agua, que habrá un peligro autoritario chavista, que se terminará con la independencia judicial, que no habrá operadores privados en salud y educación, que se desmembrará el país y éste será gobernado por los indígenas, todo lo cual acabará con el crecimiento y cualquier desarrollo posible, es parte del rosario (incompleto) de falsedades al que hemos sido expuestos, como se ha procurado reseñar en estas columnas. Con la consabida conclusión: la nueva Constitución es “mala” o “malita”.
Esta conducta, dicho sea de paso, es una nueva confirmación que esa coalición de la Concertación ya no podía perdurar en tanto conglomeración del centro y de la izquierda institucional. El giro conservador de una franja concertacionista -otra cosa es el acomodo al poder, un poco más generalizado- empezó hace mucho tiempo, tal vez desde el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, y terminó por evidenciarse en el boicot al segundo gobierno de Bachelet desde dentro. En esta coyuntura de definición constitucional, ya quedó todo a la luz del día. Tal vez sea positivo para definir mejor las alineaciones políticas y las identidades e ideas en el futuro, esta vez con menos máscaras. Aunque es temprano para afirmarlo, el país seguramente tendrá una extrema derecha violenta (y esperemos que muy minoritaria), un bloque conservador-neoliberal redefinido, que será un aspirante a la alternancia, y tal vez una alianza consolidada entre el centro progresista y las diversas izquierdas que se proponga organizar mayorías para gobernar con sentido transformador, además de pequeños grupos de extrema izquierda, identitarios y no identitarios, en el margen del sistema democrático.
Del debate tan tergiversado que hemos vivido ojalá sobrevivan algunas lecciones. La primera es que una constitución democrática debe asumir que la sociedad es diversa. Su rol no es “unir” en abstracto, lo que requeriría eliminar la diversidad. En realidad, la idea refleja la pretensión conservadora de mantener a toda costa la identidad tradicional de los sectores históricamente dominantes como única identidad posible, que sería lo “bueno”. Lo adecuado parece ir más bien por el lado del constitucionalismo moderno, que defiende establecer derechos universales para combinar libertades civiles y políticas y avanzar a condiciones básicas de bienestar que, a su vez, permitan la igualdad efectiva de oportunidades de los miembros de una sociedad plural. El legislador periódicamente electo y la vida social se encargarán o no de concretarlos, según las condiciones institucionales y materiales del país y de su inserción en el mundo. Al mismo tiempo, la constitución debe regular civilizadamente las diferencias de valores, de ideas, de culturas y de intereses, para que no impere la ley del más fuerte ni visiones únicas de la sociedad. Lo debe hacer definiendo la prevalencia del principio de mayoría en el ejercicio del gobierno y de la función legislativa y de la libre expresión y protección de las minorías, junto a la separación de poderes para impedir los abusos de autoridad y hacer cumplir el principio de igualdad ante la ley.
Hay que recalcar que la nueva constitución fue redactada respetando plenamente estos principios, que expresó la diversidad de representantes del pueblo -con paridad y representación indígena- y que fue votada por 2/3 de sus miembros. Si la derecha no obtuvo de entrada un tercio de bloqueo, eso no hace menos representativo el proyecto redactado. El problema es que la derecha y quienes representa se consideran dueños de Chile y han puesto todo su poder para descalificar una Convención Constitucional que no pudieron controlar. Su objetivo ahora es trasladar al parlamento actual el proceso constituyente, lo que expresamente el pueblo rechazó en octubre de 2020.
En definitiva, para la derecha "una constitución que nos una" es aquella que traslada a las instituciones su poder de facto en lo económico y lo mediático, aunque los intereses que representa sean los del 1% más privilegiado, y de los que aspiran a ser parte de esa minoría poderosa o prefieren subordinarse a ella. La nueva constitución no está "mal hecha", como declaran los grandes empresarios y los portadores de las pasiones tristes. Lo que haya que corregir y precisar se hará democráticamente en el camino, sobre nuevas bases. En este caso se aplica aquello de que “lo mejor es enemigo de lo bueno”. En cambio, es efectivamente partisana, en tanto toma partido por la soberanía popular en sustitución de los vetos oligárquicos de la constitución de 1980. Es lo uno o es lo otro, es un tipo de país u otro tipo de país, pues en esto no hay medias tintas, aunque a algunos les cueste aceptarlo desde el temor a enfrentar sanamente dilemas de la vida social que deben ser resueltos, en este caso democráticamente.
La nueva Constitución contemplará el pluralismo político y cultural, la paridad de género, nuevos derechos civiles, nuevos derechos sociales en materia de protección del trabajo y de acceso a la salud, la educación, las pensiones y la vivienda, nuevos derechos sexuales y reproductivos, la protección del ambiente y la preservación de los bienes comunes, la pluralidad económica, la descentralización y profesionalización del Estado y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas como naciones originarias, en el marco de un Estado democrático y social de derecho único e indivisible. Es un progreso más que suficiente respecto a la de 1980 como para votar a favor de ella. No olvidemos que lo que está en juego es salir o no de la república oligárquica restaurada con violencia en 1973, para iniciar un nuevo camino de búsqueda de un mayor bienestar equitativo y sostenible.
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