La tentación de la polarización

En La Mirada Semanal

Será una tarea de todo el sistema político evitar la polarización del país ahora que se inicia un nuevo ciclo de cambios institucionales y económico-sociales. Un poco de lucidez debiera llevar a la derecha tradicional y a la neoderecha emergente a una conducta más racional que la mostrada hasta ahora.

Los dichos despectivos del ex ministro Gerardo Varela sobre los nuevos equipos gobernantes o la frase de la ex ministra Mariana Aylwin según la cual la Convención Constitucional quiere poco menos que destruir la democracia, auguran la persistencia de expresiones recalcitrantes de una parte de las llamadas elites. La clave para Chile es que no se inclinen hacia la idea de un "Plan B", en palabras del ex ministro Ignacio Walker, definitivamente productor de malas frases, es decir conductas de connotaciones antidemocráticas. Indico que se trata de ex ministros porque eso debiera, en principio, llevarlos a una mayor autocontención de sus pasiones políticas para preservar una esfera pública de rasgos razonablemente republicanos. Pero no es el caso.

Los que empujan la polarización entre nuevas versiones de "buenos y malos" y la descalificación de los cambios que Chile necesita a ojos vistas -para lograr una mayor integración social, para desconcentrar y diversificar la economía y el poder político y para disminuir sustancialmente las desigualdades- solo han venido obteniendo derrotas en el último tiempo. Varios deben estar lamentando la ceguera de su conducta al oponerse a la evolución institucional democrática desde 1990 con una implacable lógica de trinchera y de retención ilegítima de resortes de poder. También le debe ocurrir algo semejante a los que se opusieron desde fuera y desde dentro al cambio constitucional propuesto muy razonablemente por la presidenta Bachelet, así como a su propuesta de reforma tributaria progresiva original y a sus reformas laborales en favor de ampliar la negociación colectiva con titularidad sindical.

A ese mundo de la política chilena le pasó que se encontró a la vuelta de la esquina con la rebelión social inorgánica más grande que conozca la historia nacional, canalizada hacia una Convención Constitucional en la que no dispone siquiera de un tercio de veto, como hubieran deseado para seguir manteniendo la concentración de poder económico y político vigente. La Convención Constitucional pasó ahora a ser para ese mundo la expresión de todos los males, en circunstancias que lo aprobado hasta acá, como el Estado democrático y social de derecho, el Estado regional, la justicia plural y los derechos sexuales y reproductivos, son importantes progresos institucionales desde el ángulo que se le mire, mientras las propuestas que exceden el dominio constitucional o expresan un mero verbalismo radical van cayendo por su propio peso. El bloque tradicional de poder se encontró, entre tanto, con que ahora gobernará una nueva coalición de izquierda por voluntad ciudadana que incluye al PC, su gran, mítico e inútil fantasma. Desde luego esta coalición está mucho mejor dotada de capacidades de canalización de la demanda social y tiene mejores posibilidades de construir poco a poco una nueva gobernanza que deje atrás el muy mal gobierno reciente.

Un poco de lucidez debiera llevar a la derecha a una conducta más racional, como la que se expresó en el reciente acuerdo para administrar el Senado. Lo propio debiera hacer el gran empresariado. Es cierto que ese sector deberá pagar más impuestos, dado que el 1% concentra cerca del 30% de los ingresos, más que en casi cualquier otra parte del mundo (ver https://wid.world/es/country/es-chile/), y que los que explotan recursos mineros, pesqueros y forestales no pagan al país las regalías que debieran, y eso no puede seguir ocurriendo. Y deberán someterse a más reglas de equidad social, control de abusos y preservación ecológica, además de acostumbrarse a servicios públicos más fuertes, es decir a un Estado de bienestar que existe con variantes en muchas partes como un valor en sí mismo y para proveer estabilidad democrática y social. Y el conjunto del sistema económico interno deberá asumir, también, que el cambio climático es una amenaza global que debe enfrentarse sin dilación, iniciando una drástica transición energética.

El bloque tradicional de poder está en su derecho democrático de oponerse a todo lo anterior. Por razones de salubridad pública no debiera presentarlo, sin embargo, como un apocalipsis o profiriendo insultos. Se trata de cambios propuestos a la sociedad por una coalición que requerirá construir el voto mayoritario de aprobación de la Constitución de 2022 y luego deberá obtener el apoyo periódico del parlamento en el marco de un Estado de derecho. La reglas democráticas, en vez de cualquier tipo de Plan B, deberán ser el único espacio de acción política legítima.

Ojalá la nueva generación de derecha sea más republicana que sus antecesoras y que la neoderecha autodenominada amarilla no siga tergiversando a las izquierdas y al movimiento social de manera tan destemplada. Al país le irá mejor sin polarización, aunque siempre valorando el debate contradictorio, por rudo que sea, pero llamado a ser democráticamente zanjado. Y también le irá mejor a la derecha, que tiene un espacio en la sociedad, incluyendo el de postular periódicamente a ser gobierno, pero que ojalá no sea usado para descalificar e infundir miedo (por el momento busca terminar de comprar los medios de comunicación que no se les subordinan del todo) y tampoco, como ha ocurrido desde el fin de la dictadura de la que formaron parte, intentar una y otra vez imponer normas tramposas de subordinación de la ciudadanía a sus intereses.

¿Será posible mantener un mínimo de conducta cívica, buena educación y honestidad intelectual -que incluye como requisito llamar las cosas por su nombre- en el espacio público y en el debate sobre los cambios que vienen? La experiencia pasada y presente no empuja al optimismo. Pero es un esfuerzo indispensable en el que cabe persistir para mejorar la convivencia democrática.

Cambio de folio

En La Mirada Semanal

El 11 de marzo se inaugura un nuevo gobierno que expresará un completo recambio político en el país. No solo la derecha dejará de ser gobierno, sino que una nueva generación, la emergida de las luchas estudiantiles de 2011, y una nueva coalición de centro-izquierda, que poco tiene que ver con la Concertación y la Nueva Mayoría, se harán cargo de la administración del país en medio de un cambio constitucional de amplias proporciones. 

El gobierno que termina tuvo un mal récord institucional, económico y también en el abordaje de la pandemia. En materia institucional, prolongando la ceguera de la derecha desde 1990, se negó a realizar los cambios constitucionales pendientes desde la transición. La presidenta Bachelet los dejó presentados en la semana previa a terminar su segundo gobierno con un corte más bien moderado. Hoy muchos en la derecha echan de menos ese formato. El resultado del inmovilismo político fue la rebelión de 2019 y el obligado pacto de cambio constitucional que al saliente presidente se le escapó de las manos, al no lograr la derecha en la elección de convencionales constituyentes el tercio de veto que había logrado imponer en el acuerdo del 15 de noviembre. Entre tanto, Piñera declaró la guerra contra un “enemigo poderoso”, cuya inexistencia señaló el propio general a cargo de manejar el estado de excepción, con una represión que violentó y mutiló a cientos de personas y terminó en la muerte de decenas de ellas, sin lograr evitar en nombre del orden las múltiples destrucciones y saqueos. El enfoque represivo frente al conflicto de la Araucanía no hizo más que agravarlo. Piñera intentó incluso, con la complicidad terminal de una parte de la ex concertación, militarizar constitucionalmente el orden público, lo que hubiera implicado un histórico retroceso de la democracia chilena.

Por su parte, la gestión económica de Piñera II partió con el diagnóstico según el cual el país necesitaba reformas liberales para crecer más e insistió, sin éxito por no tener mayoría parlamentaria, en un plan de disminución de impuestos a los empresarios y de desregulaciones laborales y ambientales. Luego navegó a la deriva al desatarse la protesta social, largamente contenida. Esta fue el resultado del hastío hasta la ruptura ante la falta de oportunidades, una protección social insuficiente, los abusos empresariales y el sobre-endeudamiento generalizado. Más tarde, la gestión de la pandemia dejó mucho que desear, aunque era de suyo bastante difícil. Las necesarias transferencias masivas a los hogares y pymes fueron tardías y de baja escala inicial, con la consecuencia de perder el control de factores claves de la política económica, que pasó a manos del parlamento con los tres retiros de fondos de AFP. Esta inacción política impidió al gobierno conducir un proceso racional de uso de esos ahorros, así como de los del seguro de desempleo, precipitando una fuerte recesión, la mayor desde 1983. 

Más tarde, bastante avanzado el año 2021 y ante sus sucesivos fracasos electorales, Piñera provocó el mayor aumento de gasto público que conozca la historia de Chile, llevándolo a más de 30% del PIB, para luego generar un ajuste brutal en 2022. Se recuperó la producción e incluso creció en 2021 sobre el nivel previo a la crisis, pero el empleo quedó atrás: aún falta crear 400 mil puestos de trabajo para alcanzar el nivel prepandemia. 

El zigzagueo  de cierres y aperturas de actividad para enfrentar la pandemia se realizó buscando nuevas normalidades a destiempo en la producción y la educación, aunque se acompañó de un buen proceso de vacunaciones que descansó en la desdeñada salud primaria y de una adecuada gestión unificada de la respuesta hospitalaria, con corruptelas incluidas, despido temprano del personal adicional y sin lograr comprar las vacunas de mayor calidad (como si lo hizo Israel, por ejemplo), aunque las adquiridas cumplieron con su cometido. El resultado final es que, de acuerdo a los datos disponibles recopilados por la OCDE (Healh at a Glance), Chile ocupa uno de los peores lugares del ranking en términos de exceso de mortalidad desde la llegada del Covid-19, en relación al promedio registrado en los últimos cinco años y los decesos que se proyectaban, en circunstancias normales, para el período. Los fallecimientos se incrementaron un 25%, ubicando a Chile como el tercer país con mayor exceso de mortalidad asociada a la pandemia en la OCDE. 

El cambio de folio, signado por el fuerte fracaso del segundo gobierno de la derecha desde 1990, incluye un cambio sustancial en el espacio del centro y la izquierda. La idea de un centro político predominante apoyado por una izquierda supuestamente socialdemócrata pero en realidad integrada al orden existente (el eje "transversal" DC-PS al estilo de Foxley-Walker y Escalona-Insulza), como hemos criticado abiertamente desde 2005, ha llegado a su fin. Este diseño no es el mismo que el que supone realizar acuerdos entre el centro y la izquierda en determinadas etapas, lo que muchos pensamos han sido y pueden seguir siendo necesarios y constructivos para fines específicos en el pasado y en el futuro. Pero no para construir un dique conservador que impida los cambios en la sociedad, como terminó siendo. La creación de nuevas fuerzas políticas emergentes en la izquierda, y su fragmentación, resultó inevitable.

Desde el 11 de marzo gobernará otra coalición, como algunos venimos postulando desde hace un buen tiempo: la de Apruebo Dignidad (Frente Amplio más Chile Digno, conformado por el PC, regionalistas-verdes y otras izquierdas) y el grupo de partidos PS-PPD-PR, la que se consolidó en la primaria Boric-Jadue y en la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Entretanto, terminó su ciclo la ex-Concertación, consagrando un rebaraje de cartas entre el mundo del centro y el de las diversas izquierdas. No obstante, ambos espacios eligieron 37 diputados cada uno, mientras en el Senado la presencia DC, PS y PPD sigue siendo predominante. Por ello, el nuevo presidente Boric ha procurado conformar una alianza estable de gobierno entre Apruebo Dignidad, con el grupo de 2011 a la cabeza, y la izquierda llamada socialdemócrata. Deberá, además, lograr acuerdos con la DC, el PH y el Partido Verde, dadas las realidades parlamentarias, junto a conseguir al menos un voto de oposición en el Senado para hacer avanzar sus iniciativas legales.

El nuevo parlamento habrá de debatir sobre las transformaciones que han estado en debate en la esfera pública, tales como: 1) una reforma tributaria progresiva y suficiente y una fuerte política de desconcentración de mercados; 2) una regalía minera basada en las ventas, eventualmente corregida por la productividad de los yacimientos, con una tasa que aumente significativamente según suba el precio del cobre, cuyo destino sea financiar el desarrollo científico y tecnológico y la diversificación productiva sostenible, incluyendo la expansión de CODELCO y la creación de una Empresa Nacional del Litio; 3) una reforma de pensiones sin AFP que introduzca un sistema mixto con reparto intergeneracional, solidaridad de género y acumulación de fondos colectivos con pensiones acordes con los aportes individuales, junto a una pensión universal básica que se acerque al 75% del salario mínimo; 4) un aumento del salario mínimo hasta alcanzar 500 mil pesos y un cambio en la negociación colectiva para que se realice por rama con titularidad sindical, junto a un fortalecimiento legal de la igualdad salarial entre géneros;  5) el mejoramiento del acceso universal a la salud, con extensión prioritaria de la salud primaria; 6) el fortalecimiento de la educación pública y de la calidad formativa no sexista en todos los niveles; 7) la creación de un sistema nacional de cuidados y de un subsidio familiar extendido, junto a un cambio drástico en la política hacia la infancia en dificultades que aumente el umbral de respecto a sus derechos y su integración social; 8) un fortalecimiento de las competencias descentralizadas para la gestión de los servicios urbanos, un fuerte impulso a la vivienda social y el urbanismo integrador y una expansión de las infraestructuras sociales y productivas; 9) la reforma de las policías para fortalecer la seguridad ciudadana, trabajar día a día contra la violencia de género y garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, con una persecución más eficiente del crimen organizado, del tráfico de personas y de la delincuencia cotidiana en los territorios; 10) la despenalización de la producción controlada del cannabis y poner término a la persecución del consumo, junto a políticas de contención y tratamiento de las adicciones, entre otros temas considerados en el programa de segunda vuelta de Gabriel Boric.  

Probablemente la nueva coalición perderá votaciones parlamentarias y tendrá que construir compromisos más allá de sus filas, pero está llamada a defender su programa ante la sociedad para avanzar en la relegitimación de la democracia en el país, que es tal vez el desafío central del nuevo gobierno y debiera concitar el apoyo de todo el sistema político e institucional. 

En el corto plazo, seguramente el gobierno abrirá un amplio proceso de diálogo en la Araucanía, fortalecerá la contención de la inmigración ilegal en el Norte y comprometerá su apoyo al trabajo de la Convención Constitucional para crear las mejores condiciones de un plebiscito de salida exitoso hacia septiembre. Deberá también sortear el peligro de provocar otra recesión evitable (como las de 1999 y 2009) dada una política monetaria restrictiva en un contexto de un nuevo choque de precios externos a raíz de la invasión rusa a Ucrania, la que no se puede controlar subiendo la tasa de interés. Este choque será, con una alta probabilidad, de gran magnitud y afectará directamente a los combustibles y los cereales, es decir el poder de compra de la mayoría. Al mismo tiempo, habrá que enmendar el choque fiscal dejado maquiavélicamente por el gobierno de Piñera, que prevé una caída de 23% del gasto público en 2022, con evidentes consecuencias recesivas. De no cambiar rumbos, nos encaminaremos a un horizonte de simultánea caída de la producción y el empleo con una fuerte inflación importada. Será la pesada herencia económica para el gobierno que se inicia. Los distintos desafíos deberán abordarse, como se observa, desde el día uno con un gran optimismo de la voluntad y el debido pesimismo de la inteligencia.

Nuevas turbulencias

En La Mirada Semanal

La invasión rusa se agrega a las turbulencias de las cadenas de suministros globales en los últimos dos años, que impacta en una persistente inflación a escala mundial, y  a la recesión interna en ciernes.

La invasión de la Rusia de Putin a Ucrania y las medidas de retaliación económica de Europa y Estados Unidos agregan más incertidumbres a la economía mundial, con un impacto de corto plazo traducido en precios más altos de la energía, las materias primas y los cereales, además de perturbaciones financieras y logísticas. Es temprano para saber cuánto se rebajarán las previsiones de crecimiento global, pero el conflicto en curso alterará el mercado de hidrocarburos y de cereales por un buen tiempo, en un contexto, no obstante, en que el PIB de Rusia es solo algo superior al de España, es equivalente al de Brasil y representa el 39% del de Alemania y el 10% del de China, según los datos del FMI para 2021. 

El problema es que la invasión rusa se agrega a las turbulencias de las cadenas de suministros globales en los últimos dos años, que impacta en una persistente inflación a escala mundial, incluyendo la duplicación del precio de los combustibles y una escasez de semiconductores. Esta inflación se origina primordialmente en rupturas de abastecimientos y cuellos de botella en la producción y la logística de transporte y almacenamiento de bienes durante la pandemia, junto a cambios en los patrones de demanda (de servicios a bienes) en los países de altos ingresos. Toma 16 meses expandir una planta de fabricación de semiconductores y 36 meses construir una nueva. El trasfondo es la desregulación progresiva de las cadenas logísticas en las grandes economías occidentales y el privilegio sistémico de las utilidades empresariales por sobre cualquier otra consideración, junto a la equivocada idea que la respuesta de la oferta se garantiza siempre con ese privilegio en caso de desequilibrios de suministro en las cadenas globalizadas y cambios en la demanda. Entre tanto, las utilidades de las empresas de transporte, logística y distribución en gran escala han aumentado sustancialmente y empujado la inflación en cadenas altamente concentradas en pocos oligopolios que proveen la mayor parte de la oferta.

En palabras de Larry Summers, “en general el pensamiento económico ha privilegiado la eficiencia sobre la resiliencia, y ha estado preocupada de modo insuficiente de los grandes inconvenientes de la eficiencia. Para salir adelante vamos a necesitar más énfasis en ‘just in case’ (por si acaso), incluso con algunos costos en términos de ‘just in time’ (justo a tiempo)”, en referencia a la lógica de gestión empresarial que ha procurado en las últimas décadas minimizar las holguras, las reservas y las existencias en los procesos de producción y distribución, que son precisamente las que permiten hacer frente a contingencias inesperadas. 

Por eso la política chilena de constituir reservas fiscales desde inicios de los años dos mil fue correcta para enfrentar los ciclos, aunque haya sido mal manejada a destiempo por el gobierno que termina, y debe ser recompuesta una vez superada la emergencia. Pero debe acompañarse de una más activa política de diversificación de al menos una parte de la oferta de suministros esenciales y de una revisión de las condiciones de entrega de los servicios básicos y sus tarifas públicas abultadas, junto a una firme política de competencia que ataque la fijación monopólica de precios, como la que se acaba de evidenciar en el caso del gas licuado. 

En el corto plazo, siguiendo a Barry Eichengreen, “los bancos centrales han estado observando atentamente si la inflación general, que pesa mucho sobre estos componentes (volátiles), comienza a desanclar la inflación subyacente, que los excluye, o las expectativas. Todavía no hay indicios de esto último, ni en las lecturas de inflación, donde la subyacente europea sigue siendo moderada, ni en las encuestas de consumidores. Pero con el conflicto entre Ucrania y Rusia acaparando los titulares, existe el peligro de que el ancla comience a arrastrarse”. No se observa una tendencia general de refugio en el dólar, mientras los países productores de materias primas se verán beneficiados por los altos precios. Para Chile, los términos del intercambio dependerán de la relación de precios cobre-petróleo, con los aumentos del uno probablemente anulando los del otro, lo que pone en perspectiva aún más estratégica la sustitución de la importación de hidrocarburos por energías renovables.

El panorama externo agrava una perspectiva interna con nubarrones. Existe un efecto recesivo en la economía por la combinación de un ajuste fiscal de una gran brusquedad (-23% de caída programada del gasto público para 2022) y una seguidilla de aumentos de la tasa de interés de referencia desde julio de 2021 por el Banco Central (llevándola desde el 0,5% al 5,5% actual, nivel inexplicablemente muy superior al de la FED norteamericana y el BCE europeo y que la nueva e híper-ortodoxa presidenta quiere subir aún más), a lo que se agregaron en su momento devaluaciones del peso que contribuyeron a aumentar la inflación (con una cima mensual de 849 pesos por dólar en diciembre 2021, a comparar con 735 pesos un año antes y en torno a los 800 pesos al iniciarse marzo) y a disminuir los salarios reales. Estos cayeron en el último trimestre de 2021, contribuyendo a una dinámica recesiva. 

Luego de un fuerte impulso entre mayo y octubre de 2021, que llevó a la economía a crecer un impresionante 12% en el año, esta se desaceleró progresivamente. El Índice Mensual de Actividad Económica desestacionalizado, que es el indicador relevante para seguir la coyuntura, cayó por segundo mes consecutivo en enero de 2022, en este caso en -1,0% luego de la caída de -0,4% registrada en diciembre de 2021. La caída del comercio en -3,2% indica que el motor de expansión constituido por la demanda de consumo de los hogares está en retroceso, pues los efectos de los amplios retiros de fondos de las AFP, por un monto total hasta ahora de 50,3 mil millones de US$, son básicamente por una vez, como hemos subrayado una y otra vez, por elevados que hayan sido y aunque una parte permanezca ahora bajo formas de ahorro más líquidas que pudieran ir a consumo. 

Es de esperar que no entremos en una etapa de simultánea recesión e inflación. Esto puede ocurrir si no se reacciona en materia monetaria y fiscal y se mantiene una alta inflación externa, sobre la que no tenemos control y no será demasiado sensible a las altas tasas de interés internas, salvo un efecto incierto sobre el tipo de cambio peso/dólar (una revaluación persistente del peso ayudaría a bajar la inflación), hoy muy influido por las turbulencias de la coyuntura. 

Mientras, en el trimestre noviembre-enero de 2021/2022, en cifras despejadas de la estacionalidad propia del empleo, se crearon apenas unas 6 mil nuevas plazas respecto al trimestre octubre-diciembre de 2021. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (este coeficiente suma a los que no encuentran trabajo y a los que están dispuestos a trabajar pero no buscan activamente un empleo) alcanzó, según el INE, la aún muy alta cifra de 15,4%, muy lejos del pleno empleo. A las personas desocupadas, que alcanzaron en el trimestre noviembre-enero el número de 683 mil, cabe sumarles otras 859 mil personas desalentadas pero dispuestas a trabajar. Se trata de un total de más de 1,5 millones de personas sin empleo, más otras 434 mil con empleo de jornada parcial involuntaria. Se registra, además, un 28% de ocupados en condición de informalidad y unos 376 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian. Esta es la magnitud del problema de empleo que enfrentará el próximo gobierno, con sus consecuencias siempre dramáticas sobre la pobreza y la exclusión.

Se duplican las grandes fortunas y caen los ingresos del resto

En La Mirada Semanal

La ONG británica Oxfam ha publicado un informe (https://oxfamilibrary.openrepository.com/…/bp…) que indica que la fortuna de los diez hombres más ricos del mundo se duplicó desde el comienzo de la pandemia (marzo de 2020 a noviembre de 2021), mientras los ingresos del 99% de la humanidad se han reducido. Esto se debe en buena parte a que “los bancos centrales inyectaron miles de millones de dólares en los mercados financieros para salvar la economía, muchos de los cuales acabaron en los bolsillos de los multimillonarios“. Se trata de Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnaud (LVMH), Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google), Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Steve Ballmer (ex Microsoft) y Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Se observa el predominio de los dueños de las grandes empresas tecnológicas que monopolizan datos, inteligencia artificial y robots y emplean a millones de asalariados que los hacen funcionar repartidos por el mundo y venden sus productos y servicios globalmente.

El problema es que este nivel de concentración económica no es inocuo y, por el contrario, tiene graves consecuencias: “el aumento de las desigualdades económicas, de género y raciales y las desigualdades entre los países destruyen nuestro mundo”, indica la ONG en su informe titulado “Las desigualdades matan”. Según Oxfam, la desigualdad contribuye a la muerte de “al menos 21.000 personas al día” debido a los decesos mundiales por falta de acceso a la atención sanitaria, la violencia de género, el hambre y la crisis climática. Las emisiones individuales promedio de los 20 mayores milmillonarios superan en 8 mil veces las de cualquiera de los mil millones de personas más pobres en el mundo. ¿Una solución parcial para Oxfam?: “un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos procedentes de la pandemia de los diez hombres más ricos permitiría producir suficientes vacunas para el mundo, proporcionar una protección social y médica universal, financiar la adaptación al clima y reducir la violencia de género en 80 países”. Estos se quedarían todavía con “8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia”.

Como se observa, estamos lejos de las fatuidades de quienes señalan que en el mundo actual estaría superada la diferencia entre la izquierda (que defiende los derechos de los que viven de su trabajo, de las mujeres, de las minorías y de la naturaleza) y la derecha (que defiende con fiereza el sistema de acumulación ilimitada de capital privado que alimenta el crecimiento desigual, las discriminaciones y la depredación). El tema central en juego es que el aumento de la riqueza global -que ha crecido, según el Banco Mundial, en 44% entre 1995 y 2018- por el progreso técnico y el esfuerzo humano basado en el conocimiento permitiría hoy, y desde luego en Chile si se realizan las reformas necesarias, que al menos cada persona -empezando por niñas y niños y por las personas mayores- reciba ingresos y servicios básicos que le permitan desarrollar una vida digna, junto a una mayor retribución del trabajo a la altura de los aportes realizados a la prosperidad común.

La evolución reciente del mundo no puede menos que alimentar la aspiración colectiva a que la sociedad se organice de acuerdo al principio de la igualdad efectiva de derechos, obligaciones y oportunidades para alcanzar una vida en común equitativa y sostenible, y al mismo tiempo libre de dominaciones burocráticas. La aspiración igualitaria y libertaria (no hay libertad sin medios para ejercerla, afirmación que es la base de la distancia entre las ideas socialistas y las neoliberales) requiere defender la idea de una sociedad basada en el trabajo eficaz, la solidaridad y el respeto por la diversidad que construye una prosperidad democrática y sostenible. Esta supone poner a su servicio los aumentos de productividad -derivados del progreso técnico y de instituciones apropiadas- mediante el gobierno social y ecológico de los mercados, la diversificación de la economía y retribuciones acordes con las competencias y el esfuerzo realizado, junto a redistribuciones justas que permitan el acceso a ingresos básicos universales. Estas son posibles de  financiar por un sistema tributario progresivo que contribuya al fin de la concentración extrema de riqueza heredada y de la apropiación indebida de rentas colectivas (especialmente las provenientes de los recursos naturales), empezando por redistribuir parte de los ingresos y la riqueza para al menos evitar la pobreza extrema, asegurar una educación universal de calidad y cubrir los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez precaria de los sectores de ingresos bajos y medios.

En el caso de Chile, el trasfondo estructural a superar es el hecho que el 10% de más altos ingresos concentra nada menos que un 59% del ingreso total, mientras el 50% de menos ingresos (la mitad de la población) obtiene solo el 10% de ese total, según el World Inequality Report de 2022 (ver https://wir2022.wid.world/). Esta realidad se replica en otras partes, pero no con la misma intensidad (con la excepción de países como Sudáfrica y Brasil). En Estados Unidos, las cifras son de 46% y 13%, en China de 42% y 14%, en Alemania de 37% y 19%, en España de 35% y 21%, en Francia de 32% y 23% y en Suecia de 31% y 24%, respectivamente. Así, en este país nórdico el 10% más rico concentra anualmente la mitad de los ingresos que en Chile, mientras el 50% menos rico recibe una proporción de los ingresos totales que es 2,5 veces mayor que en Chile. Esa es la diferencia distributiva concreta entre un modelo socialdemócrata y uno neoliberal, lo que depende de la voluntad colectiva de la sociedad y no de alguna inexistente condición natural inevitable o de un falso “precio a pagar” por un mayor crecimiento. Está más que demostrado que una mayor igualdad distributiva contribuye al crecimiento, y no a la inversa (ver https://www.researchgate.net/publication/264052444_Redistribucion_desigualdad_y_crecimiento).

Esta situación de inequidad profunda es la que explica la rebelión social de 2019 y las votaciones de 2020 y 2021, que han iniciado el desplazamiento de los defensores del orden existente (esperemos que lo suficiente, pues habrá bloqueos de todo tipo), lo que tendrá un hito sustancial con la nueva constitución en este año 2022.

Salida de crisis: perspectivas de la producción y el empleo

En La Mirada Semanal

La producción ha crecido mucho más que la ocupación y el subsidio a la creación de empleos no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio indirecto al empleador. Existen elementos para diagnosticar que la “caldera social” sigue activa.

En enero-noviembre de 2021 (últimos datos disponibles del Banco Central), la economía creció a un ritmo anual de 12,1%, recuperando con creces la pérdida de actividad de 2020 (-5,8%). La producción de bienes y servicios está en el nivel más alto hasta ahora registrado, pues el Índice Mensual de Actividad Económica se situó en noviembre de 2021 en un nivel que es un 9,2% superior al de noviembre de 2019 y un 8,0% superior al de enero de 2020, cuando ya habían pasado parte de los efectos de la rebelión social. Este dinamismo se explica por el gran aumento de la demanda de consumo de las familias por los retiros de ahorros previsionales y los subsidios de ingresos a las familias de mayor magnitud y extensión entre junio y noviembre. Este proceso fue acompañado de una reactivación de la inversión, incluyendo un importante flujo de inversión extranjera.

No obstante, la economía creció en noviembre -despejando los factores estacionales- en un 0,3% respecto al mes anterior. Se trata de una buena cifra -un ritmo anual de más de 3%- pero que es bastante menor que la de los meses previos. El efecto del aumento de las tasas de interés y de la caída de los salarios reales ya se está manifestando, como lo hará en los meses próximos el fin del IFE, que impactará el consumo de las familias más modestas. Es fundamental no bajar de ese ritmo de aumento del PIB para recuperar el empleo previo a la crisis de 2020 y generar las holguras (junto a la reforma tributaria) que sostengan la tarea transformadora de la próxima etapa gubernamental: garantizar más derechos sociales e iniciar una diversificación productiva sostenible. Atenuar la dinámica de expansión de 2021 es necesario para abatir gradualmente el 7% de inflación de 2021, pero sin llegar a quebrarla y menos provocando una recesión, que es lo único que saben hacer los economistas ortodoxos. Cabe tener muy presente que la inflación se ha acelerado en parte por los mencionados impulsos de demanda, pero también por el encarecimiento de las importaciones derivado de la devaluación del peso, la duplicación del precio del petróleo y el aumento del costo del transporte internacional, en medio de cuellos de botella que estrangulan la oferta en las cadenas nacionales e internacionales de abastecimiento de productos. Muchos de estos factores no se prolongarán en el tiempo.

El desempleo seguirá siendo un problema central, pues está aún lejos de recuperarse el nivel de ocupación previo a la crisis. Se registraron en noviembre de 2021 (últimos datos del INE disponibles) unos 487,0 mil empleos menos que en noviembre de 2019 y unos 557,3 mil empleos menos que en el trimestre terminado en enero de 2020, el nivel de ocupación más alto hasta ahora. De los dos millones de empleos perdidos en la crisis, se ha recuperado alrededor de un millón y medio.

El subsidio a la creación de empleo no ha servido de mucho y se traduce en buena medida en un subsidio al empleador, que hubiera contratado personas de todas maneras, dadas las expectativas de mejoramiento de las ventas (se creó un “efecto regalo“). Cabe precisar que el empleo asalariado es ya más alto que antes de la crisis, por lo que el rezagado es el empleo informal y por cuenta propia que depende crucialmente de la dinámica de la demanda interna.

Además, están en juego tendencias estructurales en materia de empleo. Entre 2010 y 2021, el PIB se ha duplicado (Banco Central), mientras el empleo ha crecido en cerca de un 20% (INE). La “elasticidad producto-empleo”, o intensidad en empleo del crecimiento, ha sido inferior a la de décadas previas. Esa tendencia se mantiene en la salida de crisis y, si todo sigue igual, tomará todavía bastante tiempo recuperar el empleo y la participación en la fuerza de trabajo previos a la crisis. La tasa de ocupación (empleo como proporción de la población en edad de trabajar) bajó de 58,4% a 53,6% en dos años y la de mujeres bajó de 48,4% a 43,7%. Por su parte, la tasa de ocupación informal es en el trimestre terminado en noviembre de 2021 de 28,1% (con un incremento de 1,5% en un año), mientras la tasa combinada de desocupación y de inactivos dispuestos a trabajar es todavía de 15,7%. Esta es una cifra muy lejana al pleno empleo, que debiera ser una meta central de la política económica de la que ni siquiera se escucha hablar.

Existen elementos para diagnosticar que la “caldera social” sigue activa. No olvidemos que, según el World Inequality Report de 2022, el año pasado el 10% de más altos ingresos sigue concentrando cerca de un 60% del ingreso total y gana en promedio 30 veces más que el 50% de menos ingresos, que obtiene solo el 10% del ingreso total. Por su parte, el mencionado rezago en la recuperación de puestos de trabajo implica que la integración social a través del empleo está siendo todavía más débil que antes en Chile y amplía la fractura social. La no integración de los NiNi (jóvenes que no trabajan ni estudian, unos 345 mil según el INE), de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, de los trabajadores menos calificados y/o de mayor edad, de los inmigrantes precarios, que estuvo en la base de la rebelión social de 2019, es un problema estructural de la sociedad chilena cuya reversión va a requerir de políticas correctivas mucho más enérgicas.

Dada la polarización de los ingresos y la incapacidad del crecimiento productivo tradicional -incluso a tasas aceleradas- para crear suficientes empleos, un esfuerzo tributario y de gasto público redistributivo relativamente moderado es indispensable para avanzar sustancialmente en la disminución de la pobreza y de la exclusión social en Chile, junto a la diversificación productiva de más largo plazo, mediante nuevos programas de ingresos familiares y de cuidados a las personas, de acceso a la vivienda social y de mejoramiento de espacios urbanos y ecosistemas en todo el país, en estrecha alianza con los gobiernos territoriales.

El futuro del litio y del cobre

En La Mirada Semanal

La diferencia entre los costos de extracción y elaboración de minerales, incluyendo una utilidad normal, y el precio de mercado constituye la llamada renta minera, la que debiera beneficiar íntegramente a todos los chilenos y chilenas, que son sus dueños.

Cabe indicar que por razones estratégicas la dictadura sacó la extracción de litio del régimen de concesiones permanentes a privados, contrariamente al cobre, donde disponía de CODELCO para asegurar divisas. Por ello existe para el litio un esquema de contratos temporales de extracción que es, en todo caso, mucho más coherente con la norma constitucional que establece la propiedad pública del subsuelo. El tema es, desde el punto de vista del interés público, deliberar sobre la pertinencia de hacer esos contratos de explotación en cada caso y sobre sus contenidos de ser necesario un aporte de capital privado con utilidades razonables.

El gobierno de Piñera llamó en octubre a una licitación para aumentar la extracción de litio en el Salar de Atacama, cuya evaluación ambiental no existe y sin contraparte alguna en materia de aumento del encadenamiento productivo nacional con mayor valor agregado. Pretende dejar amarrado por los próximos 29 años el uso de 400 mil toneladas de este recurso que pertenece a todos los chilenos. Según la publicación del Diario Oficial, cada licitante podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos cuotas, por un total de 160.000 toneladas. Como referencia, SQM está trabajando en un proyecto para llegar a producir 120.000 toneladas anuales. Las reservas totales del país son de 9,2 millones de toneladas.  El ministro de Minería Jobet ha insistido en que los contratos implicarán para el fisco recaudar unos 200 millones de dólares en lo inmediato (muy poco para la escala de ingresos de la extracción de este material) y unos 1.000 millones en régimen, en varias décadas más, al precio actual.

Así, un gobierno que termina pretende en los últimos días de su gestión amarrar estos contratos del siguiente modo: habría un plazo de siete años para hacer la exploración geológica, estudios y desarrollo del proyecto, prorrogable por otros dos, y otros 20 años para la producción. Esto es simplemente inaceptable. Un mínimo de decoro debiera dejar la decisión de política del litio para las próximas tres décadas en manos del gobierno que eligieron los ciudadanos en diciembre, que incluye en su agenda la creación de una Empresa Nacional del Litio. Esta no podría disponer de los recursos licitados a última hora, los que debieran ser parte de su cartera de desarrollo de la extracción de este componente crucial de las baterías para la futura electromovilidad a escala mundial y para otras extensiones de la electrificación de procesos para combatir el cambio climático.

Pero no se debe dejar de lado el tema del cobre, cuya importancia para Chile y su futuro es crucial. El precio del cobre alcanzó en 2021 el valor anual promedio más alto desde 2011 (4,22 dólares la libra, a comparar con 2,80 en 2020), aunque la producción física chilena cayó por segundo año consecutivo (-2,2% este año). No obstante, según la Comisión para el Mercado Financiero, las 13 mineras privadas más grandes del país acumularon utilidades en 2021 por unos US$8.400 millones, cerca de 3% del PIB, una cifra gigantesca que es 3,7 veces superior a la de US$2.280 millones de 2020. Los tributos, en cambio, crecieron de US$1.486 millones el año pasado a US$3.781 millones en el actual ejercicio, una cifra solo 2,5 veces superior y que suma un 1,3% del PIB.

¿Por qué esa asimetría? Muy simple: el Impuesto Específico a la Minería, el Impuesto de Primera Categoría y el Impuesto Adicional, los tributos que se pagan sobre las utilidades de la gran minería privada, no capturan para el país sino una parte de las utilidades sobre normales que derivan de un alto precio del cobre, gracias al persistente poder de la minería privada y sus aliados. Estas utilidades sobre normales se presentan en períodos de altos precios por exceso de demanda sobre la oferta, mientras los costos se mantienen sin variaciones mayores. La diferencia entre los costos, incluyendo una utilidad normal, y el precio constituye la llamada renta minera (cuyas bases conceptuales fueron establecidas por David Ricardo en 1818 y cuya existencia reconoce el enfoque económico neoclásico al uso), que debiera beneficiar a todos los chilenos y chilenas, dado que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación desde 1971. En cambio, nosotros los regalamos en una alta proporción a través de las llamadas concesiones permanentes a privados desde 1982, con un limitado impuesto especial introducido en 2005 después de múltiples batallas y de que el Congreso dominado por la derecha rechazara el establecimiento de una regalía minera.

La consecuencia es que, según la Dirección de Presupuestos, la recaudación de impuestos de la minería privada sumará en 2021 unos US$ 3.085 millones, con dos tercios de la producción, mientras los ingresos aportados por CODELCO sumarán unos US$ 3.896 millones, con solo un tercio de la producción. Por unidad producida, la minería privada paga en 2021 menos de la mitad en impuestos que el aporte de la minería estatal al fisco, incluso suponiendo todas las ineficiencias que se quiera -incluyendo las altísimas remuneraciones de sus altos ejecutivos- en el funcionamiento de la empresa estatal. Esto no tiene ningún sentido desde el ángulo que se le mire.

Nótese que la extracción, refinación y elaboración de cobre requiere de muchos capitales y es legítimo que éste sea remunerado cuando se autoriza la participación de privados. Lo que no es legítimo es que los actores privados se apropien de los aumentos de valor de un recurso natural escaso, que no se puede reproducir (aunque si reciclar con precios altos) y sin el cual no pueden desarrollar su actividad extractiva.

Ese es el Chile que debe cambiar. En el mediano plazo, Codelco debiera asegurar una mucha mayor proporción de la producción de cobre -ampliando sustancialmente su producción propia y adquiriendo parte de la producción privada- y en el corto plazo se debiera cobrar las utilidades sobre normales mediante una regalía minera sobre las ventas, descontando los diferenciales de productividad física de los yacimientos y la mayor elaboración en su proceso de producción. Esta regalía debiera partir en un 2% de las ventas y ser de monto creciente según el precio (hasta 70%, según propone el proyecto que pasó de la Cámara al Senado, aunque en mi opinión debiera alcanzar hasta el 100% a partir de un precio superior a 5 dólares la libra). De otro modo, el aumento del precio de un recurso escaso que pertenece a los chilenos será apropiado más allá de lo razonable por privados, llegando a utilidades sobre capital faraónicas y que no existen en ninguna otra actividad legal (el costo de producción difícilmente supera los dos dólares en las grandes faenas), todo sin realizar esfuerzo ni inversión adicional alguna para obtenerlas.

En suma, en materia de litio y cobre solo cabe insistir en que la renta minera debe ir en lo principal al dueño del recurso natural, no al contratista o concesionario privado que extrae ese recurso. Este debe recibir una utilidad razonable y no las utilidades ultra sobre normales que le están siendo regaladas por el Estado chileno, las que deben ser recuperadas y puestas al servicio de la diversificación productiva y tecnológica del país y de sus territorios, que mucha falta le hacen.

El programa y la agenda del nuevo gobierno

 En La Mirada Semanal

Es propio de los procesos políticos que luego de la elección de un nuevo presidente se prolongue el debate (y la disputa) sobre su agenda a partir de los compromisos de campaña. En Chile se agrega una fuerte presión mediática, dado el amplio control de los medios televisivos y escritos por grandes grupos económicos interesados en determinar esa agenda, especialmente en materia institucional, tributaria y laboral.

Hay quienes desde una respetabilidad académica incursionan en política para defender sus puntos de vista, lo que es legítimo. Pero algunos son bastante audaces, al declarar, por ejemplo, que “Boric habló de priorizar y eso significa que habrá proyectos importantes que no se van a poder realizar“. Priorizar es que unas cosas se realicen primero que otras, o con más intensidad y extensión que otras, lo que es de la esencia de la actividad de gobernar. Pero priorizar es una cosa, y eso lo hacen los presidentes y sus coaliciones con los datos de la realidad, y descartar es otra cosa bien diferente.

Se postula, además, que los no nombrados “proyectos importantes” deben quedar como tarea para un gobierno posterior.  El problema es que no tiene mucha lógica hablar de cosas que harán o no otros gobernantes en el futuro. Parece bastante obvio que todo compromiso democrático debe ser por el período gubernamental de que se trate y que lo demás es materia de la ignota evolución futura. De ella nadie se puede hacer cargo por anticipado, lo que no obsta que sea recomendable que las acciones de corto plazo se realicen considerando sus impactos positivos y negativos en el mediano y largo plazo.

El fondo del asunto parece ser otro: hay quienes, incluso algunos que votaron contra la ultraderecha por convicción democrática, tienen su propia agenda y se apoyan en la siempre existente restricción fiscal o la ausencia de aprobación del gran empresariado -a la que algunos tienen pánico escénico- para recomendar no hacer transformaciones significativas. Postulan que no se debe cambiar nada importante en la regulación de los mercados, en los sistemas de provisión de bienes públicos y en la creación de incentivos a la diversificación productiva. Creen (se trata de una suerte de fe metafísica) en las soluciones de mercado y privadas a los problemas públicos y se apoyan en una teoría también metafísica de los “incentivos-que-deben-estar-puestos-de-manera-correcta” que ignora los comportamientos reales de individuos, instituciones y colectivos y no prestan demasiada atención a los resultados. Y suelen ser indiferentes a la idea que las personas tienen derechos y que garantizarlos tiene costos que se deben asumir, con el debido financiamiento. Por eso Boric propone una reforma tributaria significativa, la que es tanto una expresión de prudencia fiscal (al buscar evitar consagrar gastos permanentes sin los respectivos ingresos permanentes), como de vocación por una mayor justicia en los aportes a las tareas comunes y por hacer efectivos los derechos nominales de las personas.

A quienes leer cosas que no vengan de la tradición neoclásica les provoca escozor, se les puede sugerir la lectura de “La Economía del Bien Común”, del premio Nobel Jean Tirole, que viene de esa tradición pero sin dogmatismos, en especial sobre los incentivos y los fines sociales de la economía:  “ya sea que seamos políticos, empresarios, asalariados, cesantes, trabajadores independientes, altos funcionarios, agricultores, investigadores, sea cual sea el lugar que ocupemos en la sociedad, todos reaccionamos a los incentivos a los que nos enfrentamos. Estos incentivos —materiales o sociales—, unidos a nuestras preferencias, definen nuestro comportamiento. Un comportamiento que puede ir en contra del interés colectivo. Esa es la razón por la que la búsqueda del bien común pasa en gran medida por la creación de instituciones cuyo objetivo sea conciliar en la medida de lo posible el interés individual y el interés general. En este sentido, la economía de mercado no es en absoluto una finalidad. Es, como mucho, un instrumento, y un instrumento muy imperfecto, si se tiene en cuenta la discrepancia que puede haber entre el interés privado de los individuos, los grupos sociales o las naciones y el interés general”.

Pero no falta la gente con certezas inconmovibles en contra de la modificación del Estado mínimo y mercado máximo que está en la agenda de promoción del bien común del próximo presidente. Suele sentirse llamada a esparcir la buena nueva del pensamiento correcto. Lo que cabe es admitir que en economía y en política hay distintos intereses y puntos de vista, por lo que la deliberación sobre las ventajas y desventajas y sobre los eventuales efectos no buscados pero adversos de cada propuesta en base a evidencias, debiera ser el signo distintivo de los debates, en vez de insistir en que la palabra final deben ser los dogmas controvertidos de la economía convencional.

Hay quienes sostienen, en particular, que los compromisos de Boric provocarán una parálisis de la inversión. Se refieren al eventual efecto sumado de un nuevo régimen previsional mixto, la negociación colectiva por rama, la jornada laboral de 40 horas, aumentar el salario mínimo, establecer una regalía minera y mayores impuestos a las ganancias de capital y a los altos patrimonios. Propugnan que ninguna de estas cosas se haga o a lo más se realicen modificaciones marginales.

Lo que en macroeconomía se denomina “función de inversión” es siempre objeto de controversias. Pero se puede sostener que la inversión pública depende de decisiones gubernamentales según las disponibilidades presupuestarias y que la inversión privada depende de la rentabilidad esperada de los proyectos en horizontes temporales dados (considerando costos, ingresos y una determinada tasa de descuento) y en previsiones razonadas de la demanda futura de los bienes y servicios adicionales a ofrecer porque les resulta beneficioso hacerlo.

Precisemos que el último dato sobre inversión (FBCF) indica un crecimiento anual en el tercer trimestre de 2021 de 29,8% y un crecimiento desestacionalizado respecto al trimestre previo de 12,0%. Los datos de inversión extranjera en 2021 son también muy dinámicos. Se comprenderá que los agentes económicos no son ingenuos y han hecho sus cálculos en materia de costos laborales y tratamiento tributario futuro incluyendo los cambios enunciados por el programa de Gabriel Boric. Seguramente han evaluado que en el entorno de Boric nadie está proponiendo ahogar la inversión, sino estimularla, incluyendo un fuerte programa de inversiones verdes y en infraestructura desde el sector público, en un contexto de captación pública de la renta sobrenormal (especialmente minera, para aprovechar para Chile y su futuro el ciclo alcista del cobre), de mayores equilibrios sociales y de estímulo de diversificaciones productivas sostenibles. La mayoría de esos actores entiende, aunque eventualmente no los comparta, que esos cambios son urgentes en la sociedad chilena y que no tienen por objeto establecer un régimen chavista o algo semejante. Y también entienden que los que no inviertan por razones políticas serán desplazados, en las condiciones del mundo de hoy, por otros actores.

Por otro lado, efectivamente hay quienes piensan que los problemas públicos deben tener soluciones públicas de acuerdo a mandatos democráticos periódicos, con transparencia e inclusión activa de la sociedad civil, además de los órganos del Estado, cuando sea pertinente (lo que es casi siempre el caso). Pero distinguiendo, no obstante, la inclusión de la mera promoción de intereses corporativos que chocan con el interés general. Esta es la lógica de un Estado social y democrático de derechos, que da lugar a una economía mixta, cuyos principios probablemente consagrará en lo principal la nueva Constitución (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/…/la-discusion…). Su fin es promover una prosperidad común y sostenible, lo que requiere salir de la preferencia por las soluciones privadas a los problemas públicos y sus AFP, Isapres, educación de mercado, ausencia de derechos laborales y una larga lista de instituciones y políticas económicas cuyo funcionamiento agobia por décadas a la mayoría social. Esta ha expresado en 2020 y 2021, en la calle y en las urnas, una voluntad de producir cambios y elegido autoridades para llevarlas a cabo. Su tarea debe ser respetada.

¿Es posible construir una nueva normalidad?

En La Mirada Semanal

La victoria de Boric permitirá dejar atrás una etapa muy difícil para la sociedad chilena, en la que la polarización social y política llegó a niveles extremos, pues se ha terminado por configurar una nueva opción de cambio, con un soporte de largo plazo en la nueva Constitución y en una nueva coalición de izquierda.

Gabriel Boric ganó holgadamente, después de muchas tensiones e incertidumbres, la elección presidencial de 2021 y con la mayor participación desde que existe voto voluntario. El de Boric es un logro impresionante: supo pasar del 26% al 56% de los votos entre una y otra vuelta presidencial. Son unos 2,8 millones adicionales a los 1,8 millones obtenidos en primera vuelta. Solo una parte de ellos vinieron de Provoste, Enríquez-Ominami y Artés, cuyas candidaturas sumaron 1,4 millones en noviembre.

La primera vuelta había sido un balde de agua fría. La suma de Kast, Sichel y Parisi daba una ventaja teórica a Kast de 500 mil votos sobre Boric. En principio, una situación irremontable. La victoria de Boric parece haberse debido a una intensa e inédita movilización de todas las generaciones opuestas al pinochetismo, aunque en especial a la de una nueva generación, con fuerte presencia de mujeres, que quería cambios y no estaba dispuesta a retroceder a lo peor del pasado. Salió a votar desde el mundo popular y de clases medias como nunca antes, junto al aporte de base de las fuerzas democráticas y de izquierda tradicionales y de buena parte del voto DC. Se produjo una combinación de la adhesión a un perfil personal y a un programa de cambios y sobre todo el rechazo activo al retroceso a tiempos oscuros.

La victoria de Boric permitirá dejar atrás una etapa muy difícil para la sociedad chilena, en la que la polarización social y política llegó a niveles extremos. Piñera logró ganar por segunda vez la mayoría en 2017 con el apoyo de solo el 27% de los votantes habilitados, en medio de una gran abstención de los jóvenes y de una parte sustancial del mundo popular, que consideró que, a esas alturas, daba lo mismo quien gobernara. Primó en la mayoría social una percepción según la cual se había impuesto en la centro- izquierda política la lógica de “hacer de necesidad virtud” y consagrado la resignación y la incapacidad para realizar cambios. Pero el gobierno de Piñera II, que no olvidemos intentó en su primer año una reforma tributaria regresiva, una aún mayor flexibilización laboral y una reforma previsional que consolidaba a las AFP, terminó de condensar los malestares y de precipitar una rebelión popular de una envergadura inédita, y luego mostrar una incapacidad para gestionar la pandemia y otorgar los apoyos sociales necesarios, aunque terminó con un buen récord en vacunaciones y con un gasto público sobredimensionado en 2021.

Esto llevó inevitablemente a una recomposición del paisaje político y a la emergencia de nuevas fuerzas y coaliciones y, a la postre, a un camino de ruptura con la inercia neoliberal y la mercantilización generalizada de la sociedad y con su soporte institucional, la democracia restringida. Del fracaso de la derecha debía surgir una nueva alternativa de izquierda amplia y plural, que dejara atrás las connivencias con el gran empresariado de la combinación de centro- izquierda y que no siguiera poniendo su destino en manos de un centro que boicoteaba los cambios desde adentro. Lo que ocurrió no sin dificultades, como toda construcción de una nueva alternativa política, y se consolidó en la primaria Boric-Jadue y en la candidatura presidencial de Gabriel Boric a la cabeza de Apruebo Dignidad.

Entretanto, terminó de derrumbarse la ex-Concertación, con un PS en 5%, una DC y un PPD en 4% y un PR en 2%, aunque estas fuerzas conservan un poder parlamentario y territorial importante. Apruebo Dignidad obtuvo el 21% de los votos en diputados y el Nuevo Pacto Social un 17%, pero ambas coaliciones eligieron 37 diputados cada una, por lo que una alianza estable de gobierno entre ellas, dadas las realidades parlamentarias, no deberá excluirse, junto a acuerdos puntuales con otras fuerzas.

No se debe dejar de subrayar que también reemergió, frente a la persistencia de una minoría destructiva asimilable a las barras bravas, la suma del fantasma del pinochetismo y una extendida demanda por orden desde el trasfondo autoritario y conservador de una parte de la sociedad chilena. Esta ola de opinión desplazó a la derecha tradicional en la primera vuelta. En realidad, detrás de Kast estuvo en lo principal la propia UDI, la que promovió un recambio hacia la ultraderecha ante el fracaso de Piñera (y de los poco creíbles acercamientos al centro de Lavín). La derecha fue de fracaso en fracaso electoral, pero las divisiones de la izquierda le permitieron empatar el Senado en noviembre pasado. Cuando la derecha junta el segmento autoritario-conservador de la sociedad con el segmento aspiracional-libremercadista tipo Parisi, logra mayorías. O muy buenas votaciones, como de la de Kast.

Así, se ha terminado por configurar trabajosamente una nueva opción de cambio, con un soporte de largo plazo en la nueva Constitución a partir de septiembre y en una nueva coalición de izquierda que debiera consolidarse y proyectarse en el tiempo como una opción estable, plural y democrática de representación popular con capacidad de gobierno. Con el resultado de la elección presidencial, el país reafirmó el camino de la refundación institucional. Esta palabra horripila a unos cuantos. En efecto, connota la idea de cambiar de fundaciones y de fundamentos, que es precisamente lo que hay que hacer. Esta refundación, expresada en una nueva Constitución que ya no estará sujeta al veto oligárquico y que debiera obtener la validación popular mayoritaria el próximo año en el plebiscito de salida, permitirá inaugurar un régimen político democrático propiamente tal y consagrar un Estado social de derecho. Es decir, permitirá avanzar a la también necesaria refundación socioeconómica, es decir a una nueva articulación de Estado/mercado/sociedad, de capital/trabajo asalariado/trabajo doméstico y de crecimiento/redistribución/sostenibilidad, aunque muy gradualmente a raíz del resultado parlamentario de noviembre.  Y en un contexto en que la mayoría de la Convención no reivindica un horizonte de estatización generalizada de la economía, sino el de consolidar una economía mixta moderna y dinámica, con regulaciones desconcentradoras y redistributivas y una protección efectiva del trabajo, de las mujeres y de los ecosistemas.

Gabriel Boric, en su discurso del 19 de diciembre, terminó de delinear el proyecto de consagrar una institucionalidad plenamente democrática, más participativa y descentralizada y que respete la autonomía de los pueblos originarios; el de un progreso social persistente en el que los frutos del esfuerzo productivo se comparten más equitativamente mediante un sistema tributario más progresivo y relaciones laborales más simétricas, con un esfuerzo sustancial para que nadie se quede atrás y carezca de un nivel básico de ingresos y de protección; el de un creciente espacio para la diversificación productiva innovadora y para un mayor rol de las pequeñas empresas y de la economía social y solidaria; el de una sociedad que no solo cuida mejor a sus segmentos más vulnerables sino que también respeta a la naturaleza y al mundo animal, cambiando el modelo de producción y de consumo hacia la circularidad y las bajas emisiones.

Aunque nada esté garantizado, Boric está expresando una voluntad política de avanzar a que las alternancias políticas en el gobierno no destruyan los progresos previos ni la convivencia en la diversidad, lo que intentó la extrema derecha y por lo que, en buena hora, fue derrotada el 19 de diciembre. Una gestión gubernamental responsable pero sistemática en las transformaciones tiene una buena posibilidad de mantener a raya por un largo tiempo a esa extrema derecha y construir una nueva normalidad democrática.

Significados del voto por la extrema derecha

En La Mirada Semanal

El voto por la extrema derecha tiene tiene un pretexto usual, el del anticomunismo, pero supone asumir determinadas posiciones en materia de derechos humanos y de conductas cívicas que no son compatibles con las reglas democráticas ni con la decencia en la convivencia colectiva.

La alineación de la derecha tradicional con la ultraderecha ha sido rápida y prácticamente sin condiciones, pues han convivido juntas durante mucho tiempo, primero en el pinochetismo y luego en la oposición a la Concertación y a la Nueva Mayoría. Por su parte, las personas que se declaran “equidistantes” y anuncian que no se pronunciarán suelen ser ex concertacionistas que han terminado tristemente haciéndose cómplices de la ultraderecha y de la herencia pinochetista. Otros, incluso exministros DC, derechamente se pronuncian por apoyar a Kast, aludiendo hacer sopesado pros y contras. 

En ese ejercicio, entre los argumentos en contra de un eventual gobierno de Gabriel Boric seguramente habrá aparecido el de la presencia del PC en su coalición, lo que haría peligrar la democracia. Se trata de una evidente falacia. Con dos senadores (de un total de 50) y 12 diputados (de un total de 155) la influencia parlamentaria del PC es limitada, como también lo es a nivel social y territorial, suponiendo que fuera perniciosa. A muchos nos gustaría que el PC chileno deje de apoyar regímenes de partido único o que no respetan las libertades civiles y políticas en nombre de la legítima condena al intervencionismo norteamericano. Pero no se puede desconocer que su conducta en la historia de Chile y recientemente su participación en el gobierno de Bachelet II muestra un compromiso democrático en la práctica sin fallas, que es lo que importa, a la vez que aporta una saludable voluntad de cambio social que muchos compartimos. Para que las cosas sean todavía más claras, Gabriel Boric deberá gobernar por la fuerza de los números con un acuerdo parlamentario, y eventualmente gubernamental, entre Apruebo Dignidad y la ex Concertación. Así de simple. 

Si el argumento ya no es solo el del anticomunismo, sino el de que Boric representaría el desborde de la violencia urbana y de la delincuencia, cabe recordar que estos fenómenos han recrudecido hasta la saciedad en el actual gobierno de derecha. No hubieran sido imaginables en el gobierno de la Nueva Mayoría, del que formaba parte el PC, sin ir más lejos. ¿Puede alguien argumentar seriamente que la inestabilidad y la polarización social no aumentarían en un eventual gobierno de Kast? Salvo que se considere, claro, que en realidad solo se trata de una agitación de extrema izquierda venida del Foro de San Pablo, la que se solucionaría con más represión. Esto solo revelaría una vez más una muy limitada capacidad de comprensión de la realidad del país, que requiere reconstruir sus fundamentos socio-económicos para reencontrar con equidad una paz social necesaria.

Por lo anterior, la falta de compromiso con la democracia de los ”equidistantes” y de los "reconvertidos" a Kast es simplemente abismante. Pero cabe señalarles, adicionalmente, que tendrán que asumir tres consecuencias al apoyar a un eventual gobierno de la ultraderecha.

En primer lugar, se harán cómplices del intento de Kast de anular la Convención Constitucional, de poner fin a libertades personales esenciales y de remilitarizar el país, con consecuencias impredecibles. Kast ha reiterado que buscará facultades presidenciales permanentes para detener personas en lugares distintos de las cárceles, interceptar la correspondencia e involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales. Esto último la actual constitución no lo permite sino en determinados Estados de Excepción. 

En segundo lugar, se harán cómplices de acciones reñidas con la más elemental decencia. Si Kast se arroga en campaña unas funciones de juez y de catón moral que nadie le ha otorgado, imaginemos lo que podría ocurrir si llegara a gobernar. El tono y el contenido de mentiras e insinuaciones de Kast sobre supuestos usos de drogas y actos de “abuso y acoso” han sido insólitos, del estilo de "agradezco que Gabriel Boric haya reconocido que hubo una actitud impropia y que haya pedido perdón". La manipulación sin pudor permitió a Kast cumplir con su objetivo de denostar a su adversario mintiendo y actuando con la peor mala fe, mostrando que no tiene cánones morales en el debate público. En las sociedades civilizadas, es una justicia independiente la que actúa frente a hechos punibles, según reglas preestablecidas, y no algún matón de turno que acusa a diestra y siniestra buscando ventajas de campaña, al estilo de Trump y Bolsonaro, a los que Kast defiende.

En tercer lugar, se harán cómplices del apoyo de Kast a Krassnoff (condenado a 820 años de cárcel) poniendo en duda el trabajo de la justicia, lo ha mostrado como una persona capaz de justificar los peores crímenes. En todo caso, ¿qué se puede esperar de los que siguen justificando, a pesar de palabras ocasionales poco sinceras, la suma de un golpe de Estado, el bombardeo de La Moneda, miles de asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, exilio masivo durante más de una década y media? Kast forma parte de los que siguen considerando que la izquierda era su enemiga y que debía ser masacrada. Y que Krassnoff hizo bien su trabajo de asesino en serie. ¿Alguna duda de que volverían a repetirlo los unos y a justificarlo los otros? El hijo de un oficial alemán afiliado al partido nazi, como Kast, debiera tener al menos más cuidado al exculpar sin más a un criminal como Krassnoff. 

En este contexto, menos mal que la gente de bien existe, porque sus conductas son las que hacen vivible el mundo y hacen posible una convivencia sostenible en nuesto país. El británico George Orwell las denominó “decencia común”. El canadiense Michael Ignatieff ha llamado "virtudes cotidianas" a aquellos valores que están presentes en todas partes como la lealtad, la confianza y la contención, constatando que cierto orden moral siempre nace de la necesidad de creer que la vida tiene un sentido más allá de la lucha sin escrúpulos por la supervivencia. Esto contrasta con aquella visión de la vida que ve perversiones a erradicar por doquier, que es propia de Kast y sus seguidores (ejemplo de sus afirmaciones paranoicas: "la ideología de género" es "maléfica" y "más perversa que el comunismo"). 

Esta visión y sus pulsiones son las que llevan a no trepidar en ejercer y justificar la violencia institucionalizada y en transformar en enemigos a los adversarios que defienden otras ideas y otros intereses que los suyos. Que lleguen al gobierno es lo que debe evitarse en Chile el 19 de diciembre.

La indispensable modernización del Estado

En El Regionalista

Existe un lamentable pero explicable interés de utilización partidista de los temas de corrupción. Esto genera una profusión de acusaciones que no ayudan a separar la paja del trigo. A ello se suma la sensibilidad ciudadana mayoritaria sobre el tema, lo que habla bien de los valores cívicos imperantes en el país, que no tolera que sus autoridades desvíen los recursos colectivos para fines particulares (personales o partidistas), ni el tráfico de influencias, ni el clientelismo. La arbitrariedad reinante en el mundo de las actividades privadas, los abusos de poder que se originan en los privilegios que provienen del dinero, acrecientan, con justa razón, la demanda del ciudadano común por honestidad intachable en el uso de los recursos públicos.

Nadie puede garantizar que entre miles de directivos y centenares de responsables del uso de recursos fiscales o de la aplicación de regulaciones, no haya quienes realicen actos corruptos. Tampoco algo así se puede garantizar que no ocurra en el sector privado, o en las organizaciones sin fines de lucro. La codicia es parte de la conducta de muchos seres humanos. Lo que sí el gobierno –y los responsables de cualquier organización que administra recursos de otros- puede y debe hacer es garantizar la actitud de perseguir sin demora y con todo el peso de las normas y de la ley cualquier acto de desvío para fines particulares de los recursos de los demás. A ello debe agregarse, porque entre otras cosas suele involucrar recursos muy cuantiosos, el castigo de todo trato de privilegio respecto de intereses privados a cambio de dinero o de favores presentes o futuros, grandes o pequeños, cualquiera sea su motivación. Nunca debe haber excusas para conductas reñidas con el interés público.

En primer lugar, junto con revalorizar la virtud cívica, reemplazada en las últimas décadas por el desembozado predominio del afán de lucro, el mejor remedio es y seguirá siendo que muchos ojos miren la actividad pública, aunque haya quienes consideren que se rigidiza la gestión de gobierno, o que se abren espacios para la antigua costumbre nacional de acusar sin fundamento, de la que pocos se privan. Sin embargo, a la larga se gana más de lo que se pierde. Se trata de terminar con el clientelismo, de pasar de la discrecionalidad a las reglas. ¿Por qué no acudir más a la sociedad civil, fortaleciendo los comités de usuarios, además de los organismos oficiales de control, para revisar procedimientos y decisiones en cada órgano público, especialmente los que gestionan fondos concursables o directamente asignables? 

En segundo lugar, se deben disminuir las «oportunidades de corrupción» y, en especial, terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas, sin expresión de causa). Se requiere vigilar con extremo celo las licitaciones, mejorando el sistema de compras públicas y dando más espacio a las pymes. Falta mucho por avanzar en las licitaciones de obras públicas y en el área municipal, donde las licitaciones de recolección de basura y otros servicios urbanos dejan mucho que desear, por decir lo menos. 

Pero el Estado no solo debe perseguir la corrupción en su seno, sino avanzar sustancialmente en los principios de profesionalismo y respeto de la diversidad para asegurar el mejor uso posible de los recursos colectivos.

Por ello, en tercer lugar, se debe modificar la complejidad y opacidad de las fijaciones tarifarias, que tienen enfrascadas al Estado chileno en frecuentes juicios por cientos de millones de dólares con empresas reguladas que buscan todos los resquicios posibles para Incrementar sus utilidades a costa del consumidor.

En cuarto lugar, se debe reemplazar de una vez el favoritismo por el mérito en el nombramiento de cargos públicos profesionales. La igualdad de acceso a los cargos públicos es un principio democrático que ha perdido fuerza en Chile, o que más bien nunca tuvo mucha fuerza en un Estado tradicionalmente prebendario. No olvidemos que ya formaba parte de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Permítasenos citar parte de su artículo 6, respecto del cual hay poco que agregar para fundar la sana doctrina democrática en la materia: «La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir a su formación personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y de sus talentos». La violación del principio de igualdad ante la ley, que incluye la igualdad de acceso a los empleos públicos, provoca universalmente en el mundo moderno la mayor de las irritaciones ciudadanas contra los gobernantes y es el factor principal de su deslegitimación, que en determinadas circunstancias arrastra la de la democracia en su conjunto («que se vayan todos»). En democracia, los gobernantes son elegidos, o debieran serlo, para llevar a cabo un programa de acción. Para ello deben poder trabajar en los puestos de liderazgo del gobierno con colaboradores de su confianza, en el sentido que comparten el mandato popular de realizar un programa y están exclusivamente motivados por su realización, nombrados discrecionalmente (y siendo en todo momento removibles) por el jefe de gobierno de cara al público. Estos deben poder contratar pequeños equipos de apoyo técnico y político que expresamente entren y salgan con ellos de los gabinetes de los ministerios.

El resto de los empleos públicos, en una democracia moderna, debe ser de carácter profesional, no sujeto a discrecionalidad y menos a persecución política. Para ello se inventó el sistema de plantas, en el que los funcionarios no pueden ser removidos sino por mal desempeño, y en ningún caso por sus opiniones o convicciones. Y el ingreso y los ascensos deben realizarse mediante evaluaciones objetivas, anónimas, basadas exclusivamente en el mérito y no en el pago de favores o la constitución de clientelas. Este último es el camino más directo al desvío de recursos públicos, a la ineficiencia y la mediocridad en detrimento del mandato de servir a los ciudadanos. Asegurar normas objetivas de acceso y promoción interna, con una cultura de la evaluación permanente de los recursos humanos, debe hacerse además sin la arbitrariedad constituida por los miles de cargos a contrata y honorarios, que son una de las fuentes principales del clientelismo que se ha instalado en nuestra administración. Debe recalcarse que el Estatuto Administrativo señala como norma general que en cada servicio público no más del 20% de los recursos humanos debe ser a contrata, lo que es materia de modificación cada año en la Ley de Presupuestos en muchos casos. ¿Por qué no obligar en lo sucesivo a cada responsable público a una justificación anual exhaustiva frente al parlamento de la derogación de la regla general?

El cuerpo de funcionarios debe ser reclutado mediante estricto concurso de oposición, anónimamente, con movilidad horizontal. Su función debe ser ejecutar eficazmente las políticas impulsadas por la autoridad que responde ante los ciudadanos y contribuir técnicamente a su diseño. Por tanto, su carrera no debe llegar hasta la cima de la jerarquía estatal, salvo que cuente con la confianza presidencial, cima que debe ser ocupada por las razones expuestas por personas mandatadas directa o indirectamente por la soberanía popular. Los funcionarios de carrera deben poder trabajar con gobiernos de un signo u otro, siempre que sean competentes. La consecuencia es que se debe restringir drásticamente en Chile los cargos de confianza política y limitarlos a no más de unas 300 posiciones directivas (con sus respectivos colaboradores directos) en el gobierno central. 

Un anuncio tardío

En La Tercera

Sebastian Piñera, a días de la segunda vuelta de la elección presidencial, anunció lo que tiene un amplio consenso desde hace mucho tiempo (dicho sea de paso, se hubiera evitado muchos problemas si lo hubiera hecho al iniciar su administración): establecer una pensión garantizada para el 90% de los mayores de 65 años. Esta se extendería incluso a los que aún trabajan y reemplazaría la pensión básica y los aportes solidarios parciales actuales. El gobierno anunció un valor de 185 mil pesos mensuales como aporte directo para quienes estén dentro del 80% de menos ingresos (menos de 620 mil pesos por persona), mientras que para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% el monto disminuiría hasta cero.

El nuevo proyecto gubernamental reemplaza el propuesto por Piñera a fines de septiembre, que incluía una cobertura más baja y un monto por persona algo inferior. Ahora el gasto adicional previsto pasa de 0,4% a 1% del PIB para cubrir a 2,3 de los 2,5 millones de personas mayores de 65 años. El Pilar Solidario suma actualmente del orden de 1,1% del PIB, con un aporte complementario de la pensión autofinanciada para 1,2 millones de personas y una pensión básica para cerca de 600 mil, con una cobertura total de 1,8 millón de personas. El anuncio del 9 de diciembre llevaría a 2,1% puntos del PIB el costo presupuestario total de la pensión básica financiada con impuestos. Según el gobierno, la mitad se financiará con exenciones, cuya eliminación respecto al proyecto de septiembre deberá ampliarse para que las cifras cuadren, mientras la otra mitad se cubrirá con lo ya presupuestado en la ley corta y la ley larga de pensiones presentadas previamente al Congreso y que no prosperaron.

Estas cifras ya son una mejor base para seguir avanzando hacia una pensión mínima digna que cubra a toda la población mayor, como ocurre en los estados de bienestar decentes. Son un avance para los más vulnerables de la sociedad, fruto de largas luchas, sin perjuicio de futuras ampliaciones y del cambio del sistema de pensiones contributivas. Kast propone consolidar el sistema de AFP con un 4% adicional progresivo de cotizaciones de cargo del trabajador y Boric un nuevo sistema sin AFP que combine cuentas individuales de inversión colectiva con un pago de pensiones “sobre la marcha” para aumentar las actuales jubilaciones. Esto requeriría un aumento progresivo de 6% de las cotizaciones, pero en este caso de cargo del empleador.

El monto de la pensión universal debiera llevarse desde marzo a 250 mil pesos al menos, como propone Gabriel Boric, lo que implicaría que, dado que el ingreso mediano de los ocupados es de 420 mil pesos (2020), la tasa de reemplazo de la remuneración por la pensión sería en rasgos gruesos de un 60% y más para la mitad de la población de menos ingresos. Este gran avance social implicaría un gasto adicional de 0,7% del PIB. El próximo gobierno deberá asegurar la estabilidad fiscal y financiar los avances sociales eliminando más exenciones injustificadas y subiendo el impuesto a la renta y al patrimonio al 1% más rico de la población, junto a cobrar lo que corresponde por el uso privado de los recursos de propiedad común. Pero avanzar conceptualmente hacia una pensión universal, aunque sea de un monto aún bajo, es un logro que se debe consolidar de inmediato por el actual Parlamento.

La elección presidencial y el centro

En La Mirada Semanal

Si entre las opciones en disputa hay quienes rechazan la democracia, la equidistancia es complicidad con el autoritarismo. Es lo que les ocurre hoy en Chile a los que llaman a abstenerse en nombre de la moderación centrista en la segunda vuelta presidencial: se transforman en cómplices de la extrema derecha cuyo compromiso con la democracia es de fachada.

Tanto la proximidad de una segunda vuelta presidencial incierta como el empate en el Senado que enfrentará el próximo gobierno, vuelven a poner en el tapete el tema del “viraje hacia el centro”. Se trata del antiguo aserto según el cual “las elecciones se ganan en el centro” (está demostrado al menos desde Margaret Thatcher que no siempre es así y que lo central es la capacidad de movilización alrededor de un líder y su propuesta según las demandas de la sociedad) y que en todo caso “se debe gobernar en el centro”,  porque eso expresa prudencia, el mayor valor en política según algunos. La prudencia, no obstante, no debe dar lugar a mantener el statu quo, en nuestro caso un orden social estructuralmente desigual. 

Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, distingue en este sentido el centrismo zombi, el centrismo procedimental y el centrismo posicional, El primero es uno “que ya no ofrece ninguna orientación política genuina a sus adherentes”, pues es un remanente de la guerra fría y de la equidistancia de los extremos ideológicos. Constata Mueller que ese centro zombi acaba de ser derrotado en Alemania con los temas de siempre, como la denuncia de que la izquierda se aliará a los herederos del comunismo y llevará el país por caminos sombríos. Esto simplemente no calzó con la imagen de seriedad del socialdemócrata ministro de Finanzas Olaf Scholz, que ganó la primera mayoría. Lo propio ocurrió en Chile en la primera vuelta con el discurso de Yasna Provoste, según el cual Gabriel Boric sería una figura débil manipulada por los comunistas, y obtuvo una baja votación, a pesar del apoyo de los partidos de la ex Concertación.

El centrismo procedimental es el que emana de las realidades parlamentarias: “los políticos están obligados a practicar el arte de la concesión, sobre todo en una era en la que las mayorías claras en las cámaras legislativas se han vuelto infrecuentes. La fragmentación (sea institucional o política) obliga a los políticos a adoptar lo que el filósofo neerlandés Frank Ankersmit califica como una escrupulosa falta de principios (principled unprincipledness), para que la democracia funcione”. Pero el tema es cómo se construyen los pactos parlamentarios y si dan lugar o no a gobiernos incoherentes que terminan perdiendo todo apoyo. Advierte Mueller que el centrismo procedimental no tiene sentido cuando los adversarios políticos no respetan los procedimientos. Y tampoco los aliados, como ha sido el caso en Chile, cuando no respetan los pactos de gobierno. Ahora, el resultado de la reciente elección parlamentaria llevará inevitablemente, en el caso en que gane Gabriel Boric la elección presidencial del 19 de diciembre, a un pacto parlamentario -y eventualmente de gobierno- entre Apruebo Dignidad y la ex Concertación. Este ejercicio, que se hace indispensable dado el resultado parlamentario en las urnas, puede realizarse sobre bases bastante sólidas dada la similitud en muchos aspectos de los programas de Jadue, Narváez y Provoste con el de Boric, que tiene ahora la responsabilidad de sintetizarlos.

Por su parte, sostiene Mueller ,“para los centristas posicionales la equidistancia entre los extremos políticos es prueba de pragmatismo y «no ideología»(…) Su postura de «ni a la izquierda ni a la derecha» implica una forma de gobierno abiertamente tecnocrática. El supuesto es que para todo desafío político siempre hay una respuesta racional excluyente, lo que por definición permite tildar de irracional a cualquier crítico”. Pero la negación del pluralismo democrático implícita en esta postura puede provocar una contrareacción social intensa. Concluye Mueller que “el centrismo procedimental y el posicional dependen del buen funcionamiento de la democracia, y ambos pueden ser peligrosos en países que padecen una polarización política asimétrica (…) Si un partido rechaza la democracia, la equidistancia es complicidad.”

Es lo que les ocurre hoy en Chile a los que llaman a abstenerse en nombre de la moderación centrista en la segunda vuelta presidencial: se transforman en aliados de la extrema derecha, cuyo compromiso con la democracia es manifiestamente de fachada. Su candidato intenta en la segunda vuelta presidencial borrar con el codo parte de lo que escribió con la mano en su programa en la primera vuelta, especialmente lo más impopular. Esto no obsta respecto a lo principal: Kast, que cultiva formas afables, es expresamente un ultraderechista misógino (“la ideología de género” es “maléfica” y “más perversa que el comunismo”), homofóbico (se opone al matrimonio igualitario), clasista (defiende bajar los impuestos a los ricos y mantener relaciones del trabajo desiguales), discriminador respecto a los derechos de los pueblos indígenas (se opone a su reconocimiento constitucional) y defensor de las peores violencias en la historia de Chile y de la dictadura de Pinochet (niega, sin ir más lejos, la culpabilidad judicial del asesino en serie Krassnoff y disculpa abiertamente las violencias represivas durante la rebelión social de 2019), mientras promueve y justifica tanto la represión de la protesta popular como la radicalización ultraliberal del funcionamiento económico. Es un fiel representante de una oligarquía que no trepida en basar su poder en el abuso sistémico sobre la mayoría. Por obtener unos votos más, llegó incluso a relativizar las resoluciones de la justicia sobre los deberes económicos de los padres con sus hijos, como si no se tratara de una obligación a cumplir sin más discusión en cualquier sociedad decente.

Después de cuatro años de Piñera, en los que estalló la olla a presión social, la pandemia se abordó privilegiando la continuidad de los negocios y el presidente terminó imputado por cohecho, el azaroso camino democrático de Chile y la lucha por una sociedad y una República decentes debe seguir su curso. No debe retroceder en nombre del restablecimiento de un orden arbitrario y autoritario, que no es sino el orden de los cementerios que Chile conoce bien.

Para las fuerzas que se oponen al giro hacia la extrema derecha, lo pertinente es situarse en el centro de los problemas de la sociedad a la hora de construir respuestas políticas de amplio espectro. Y no buscar una supuesta equidistancia respecto a esos problemas, como la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la equidad social y de género y de la sostenibilidad ambiental, donde no caben posiciones “intermedias”. Los arcoiris y los matices son relevantes en múltiples aspectos de la vida social y política, pero hay determinadas cuestiones fundamentales que no admiten indefiniciones. Salvo que se tenga una posición que no se quiera asumir como tal y se recubra de equidistancia, centrismo y moderación, pero que no es sino complicidad.

Sobre el pueblo y las élites

 En La Mirada Semanal

No se debe descalificar a nadie por sus percepciones, enojos y reproches a la política tal como existe hoy. Al contrario, se debe acoger a todo el que quiera un cambio sobre la base de convicciones democráticas y libertarias.

Se ha producido un cierto debate sobre las razones del voto popular hacia la extrema derecha, que con Kast expresa lo peor del dominio oligárquico de hoy y de las violencias de la dictadura en el pasado. Y hacia un candidato como Franco Parisi, que no estuvo en el territorio nacional en la campaña, pidió asilo político en Estados Unidos y debe enfrentar impagos por paternidad y una querella por asuntos inmobiliarios nada edificantes.

Hay un voto popular conservador, anclado en tradiciones religiosas de distinto tipo o bien en la adhesión al autoritarismo y a la dictadura militar, que persiste en el tiempo y que Kast recompuso. Tiene más relevancia en ciudades pequeñas y entornos rurales, especialmente en el sur. Y hay un voto de protesta, predominantemente masculino y del norte, que adhiere al discurso anti-partidos y a un cierto desenfado antisocial, que ha canalizado Parisi.

Cada cual tiene el legítimo derecho a hacer los juicios morales que le parezca al respecto. Personalmente me atengo al principio de Vox Populi, Vox Dei. Si muchos votantes adhirieron a la derecha o a opciones volátiles, es porque en la izquierda no logramos/pudimos/supimos llegar a ellos, representar sus esperanzas y conectarlas con nuestro proyecto de sociedad.

Lo que cabe es hacer, eso si, una referencia a las consecuencias de la conducta de una parte de las élites de izquierda, que se supone representan los anhelos populares por mayor justicia e igualdad en una sociedad fuertemente desigual. ¿Qué se puede pensar cuando una parte minoritaria pero significativa de ellas simplemente se cambió de bando en nombre de los cambios efectivamente exprimentados por la sociedad y que harían que ahora todo fuera distinto y que la izquierda es un concepto obsoleto? ¿O cuando otra parte se acomodó al poder del dinero y se transformó en su servidor y/o buscó financiamientos electorales o medios de vida en la gran empresa, aún cuando se estableciera el financiamiento público de las campañas? ¿O cuando otra parte de ellas pasó de ideas progresistas a ideas neoliberales y a la defensa del orden existente, calificando los cambios necesarios como “fumar opio“? ¿O cuando hay partidos que fueron condescendientes con la influencia local del narcotráfico? ¿O cuando se observa una sobrecarga de narcisismo que se acomoda a las posturas e impulsos emocionales del momento con tal de estar en la escena mediática y política?

Parte del distanciamiento del pueblo con las élites y las representaciones de la izquierda y su refugio en el abstencionismo o en fórmulas rayanas en el desparpajo se explica por el comportamiento descrito.

Por supuesto han permanecido fieles a sus convicciones y honorables en sus conductas la gran mayoría de las elites y militancias políticas, sociales y culturales de la izquierda en su amplio sentido, es decir el de individuos y grupos sociales que consideran que la sociedad debe ser más justa y no basarse en la preservación de privilegios oligárquicos, en el sometimiento de los que viven de su trabajo, en el patriarcado y en la expoliación de la naturaleza. Pero su tarea se ha visto cuestionada por las conductas mencionadas. La apelación a la memoria de las luchas de otras épocas y a un proyecto de cambio con otros valores que los del mercado y el individualismo sigue presente, con nuevas identidades colectivas y otras estructuras sociales subyacentes. Pero siempre postulando que la solidaridad y la justicia, plasmadas en instituciones y prácticas sociales que hagan posible reproducirlas establemente, son indispensables en toda sociedad decente.

«No fundamos el Estado con el objetivo de que una sola clase de ciudadanos sea excepcionalmente feliz, sino de que lo sea al máximo toda la sociedad.» ¿Es esta otra frase polémica más para situar lo que está en juego en la segunda vuelta del 19 de diciembre? No, es una cita de Platón en su texto “La República”, en el año 370 antes de nuestra era. Las sociedades desde siempre enfrentan el dilema de una acción pública destinada a favorecer el dominio de oligarquías, casi siempre patriarcales, recubierto de tradición y orden, o bien el interés general, que incluye el de la mayoría social y el de las mujeres. También es hoy, efectivamente, el dilema crucial de Chile.

No hay sociedades perfectas, pero si unas más justas que otras, o al menos unas más decentes que otras. La nuestra definitivamente debe encaminarse a ser más justa y más decente, es decir una en la que las retribuciones para vivir provengan del trabajo y no de los privilegios o del abuso, en que nadie quede desprotegido en el camino y se respeten universalmente los derechos, por difícil que sea la tarea en cada etapa.

Una vasta alianza plural se está ahora conformando, en buena medida auto- organizada, para que triunfe Gabriel Boric frente a Kast en la elección crucial del 19 de diciembre, es decir la continuidad democrática sobre una extrema derecha desenfadada, que busca hacer regresar al país al autoritarismo para mantener los privilegios, las discriminaciones y el dominio oligárquico sobre los intereses de la mayoría. Luego se verá como esa alianza se tranforma en capacidad de gobernar de manera seria, responsable y dialogada los cambios indispensables que el país requiere.

Pero esa acción colectiva no debe descalificar a nadie por sus percepciones, enojos y reproches a la política tal como existe hoy. Al contrario, debe acoger a todo el que quiera un cambio sobre la base de convicciones democráticas y libertarias, liderado ahora por una nueva generación.