Propuestas constitucionales

Texto redactado para Chile 21 en junio de 2016.

 

La nueva Constitución debe ser un texto que defina los grandes principios de la convivencia de la comunidad política chilena, los principios de ciudadanía y soberanía, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos, así como sus deberes, junto a la organización y definición de las potestades de los poderes públicos. Debe establecer que corresponde a la ley, los reglamentos y los decretos, y por tanto a los poderes colegisladores constituidos mediante elecciones periódicas sujetos al principio de mayoría, la formulación, administración y evaluación de las políticas públicas. En lo que sigue se pone énfasis en los principales aspectos que deben modificarse respecto del actual orden constitucional.

Fundamentos

·       Los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas. La nueva Constitución debe hacer suya la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”.

 

·       Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción arbitrarias basadas en el género que tengan por objeto o por resultado, menoscabar, o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considerarán discriminación.

 

·    Salvo en lo que respecta a los derechos y deberes fundamentales, que deben tener mayor estabilidad en su vigencia (con la ratificación de la modificación  de sus normas por dos legislaturas sucesivas, sin quórums supra-mayoritarios de aprobación), ningún órgano del Estado debe impedir que prevalezca el principio de mayoría en la definición de los asuntos públicos.

Área  de Derechos Civiles y Políticos Fundamentales

• Chile es una República laica, democrática y social en la que la soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de representantes elegidos mediante voto universal, igual y secreto o del plebiscito. Ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán arrogarse el ejercicio de la soberanía.
• Los órganos del Estado respetan y promueven los derechos y deberes garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados y vigentes.

·     La República garantiza la igualdad ante la ley sin distinción de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, patrimonio, nacimiento, discapacidad, religión, opinión, edad u orientación sexual.

• La dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o a realizar un trabajo forzado ni podrá ser sometido a tortura o a trato inhumano o degradante.
• Toda persona tiene derecho a la vida y a su integridad física y síquica.
• Se prohíbe que el cuerpo humano o partes del mismo se conviertan en objeto de lucro, así como la clonación reproductora de seres humanos.

·       Toda persona tiene derecho a la libertad, la seguridad y al respecto de su vida privada y familiar y a una vida libre de violencia física, psicológica, moral y sexual, tanto en el ámbito público como privado.

 

·      La ley establecerá las normas necesarias para prevenir y sancionar toda forma de violencia de género, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como la explotación sexual.

 

·       Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. La ley favorecerá el igual acceso de mujeres y hombres a los cargos de elección popular, así como a las responsabilidades profesionales y sociales, y deberá establecer las medidas de acción positiva que permitan alcanzar la paridad en los cargos de representación popular. La ley establecerá las condiciones de ejercicio de la igualdad de género en la conformación de directorios y cuerpos directivos en las empresas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

• Toda persona adulta tiene derecho igualitario a contraer matrimonio y fundar una familia, en base a la corresponsabilidad y reciprocidad en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La ley  concederá a la familia la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. Se reconoce el derecho de toda persona a la protección en caso de despido por razones de maternidad y la protección social a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar.

·    Toda persona tiene derecho a la intimidad, a la elección de la pareja, a la orientación sexual y a ser protegida de toda actividad sexual coercitiva, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas.

 

·       Toda persona tiene derecho a conocer y rectificar sus datos recogidos por alguna autoridad. Estos datos se tratarán para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley.

·    Toda persona tiene derecho a la tutela judicial y garantía del debido proceso, tanto civil como penal, la presunción de inocencia, no ser juzgado por la misma causa y la prohibición de declarar contra sí mismo por parte del imputado.

 

·      Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos con igualdad de trato para todas las iglesias, aunque  sin referencia a creencias, juramentos, libros o símbolos de índole religiosa en el ejercicio de las potestades de los órganos del Estado.

 

·      Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, asegurando a todas las personas la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin censura previa, así como el derecho de acceso a la información pública. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

 

·   Los medios de comunicación son libres y pluralistas. La ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la distribución del avisaje público, de modo de garantizar el libre acceso a la información.

 

·       Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico. Los partidos políticos contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos.

 

·  El Estado garantizará el derecho de asilo, en las condiciones establecidas por las convenciones internacionales suscritas por Chile.

 

 

Área Político-institucional

 

·    El Estado es democrático, unitario, con administraciones desconcentradas y descentralizadas  territorialmente.

 

·       Los pueblos originarios son parte integrante de la Nación, la que reconoce su existencia y valor. El Estado es plurinacional en tanto garantiza los derechos colectivos de los pueblos originarios para conservar y fortalecer su identidad y patrimonio cultural y religioso y sus lenguas, para tener instituciones políticas autónomas y el dominio de recursos de tierra y agua,  además de la participación en todos los niveles de la vida institucional mediante el ejercicio de la consulta indígena, en las condiciones que determinará la ley. 

 

·       La ley garantizará las expresiones pluralistas de las opiniones y la participación equitativa de los partidos y agrupaciones políticas en la vida democrática de la Nación.

 

·    La ley determinará las normas y requisitos para el registro legal y las formas específicas de intervención de los partidos políticos, en tanto instituciones de interés público, cuyo fin es promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, asegurando la transparencia, las prácticas democráticas y la representación equilibrada de mujeres y hombres en su vida interna.

 

·     El Presidente de la República es el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas, que son esencialmente obedientes y no deliberantes, profesionales, jerárquicas y disciplinadas.

 

·       El Presidente de la República velará por el respeto de la Constitución, el normal funcionamiento de los poderes públicos y la supervigilancia del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es elegido por sufragio universal por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, en su caso en una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías emanadas de una primera vuelta electoral, sufragio al que tiene derecho todo ciudadano.

 

·       El período presidencial es de cuatro años, con posibilidad de sólo una reelección consecutiva por otro período de cuatro años.

 

·       El Presidente de la República nombrará al Primer Ministro y a su propuesta nombrará y cesará a los demás miembros del gobierno y al personal civil y militar del Estado de su exclusiva confianza. Firmará los decretos acordados en el Consejo de Ministros, que presidirá. El Presidente, en consulta con el Primer Ministro y el presidente de la Cámara de Diputados, podrá disolver la Cámara de Diputados y convocar a nuevas elecciones en un plazo de entre 30 y 60 días, por una vez durante su periodo.

.    El Presidente de la República, a propuesta del gobierno o a propuesta de la Cámara de Diputados, podrá someter a plebiscito cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a  la política económica, social y ambiental y a los servicios públicos que concurren a ella, o que proponga la ratificación de un tratado internacional. Un referéndum en los ámbitos mencionados podrá llevarse a cabo por iniciativa de una quinta parte de los miembros del parlamento apoyada por una décima parte de los electores. La iniciativa tomará la forma de un proyecto de ley y no podrá tener por objeto la derogación de una disposición legislativa promulgada desde hace menos de un año. Si el proyecto de ley es rechazado no podrá presentarse ninguna otro proyecto sobre el tema en un plazo de dos años.

 

·       El primer ministro determinará y dirigirá la política de la Nación y la acción del gobierno y será responsable ante la Cámara de Diputados. Ejercerá la potestad reglamentaria y dispondrá los nombramientos civiles y militares, en consulta con el Presidente de la Republica. Dispondrá de la administración y de la fuerza armada. La administración de la política gubernamental y de la agenda legislativa es responsabilidad de un primer ministro, que debe contar con la confianza de la mayoría parlamentaria.

 

·       El parlamento es unicameral y estará constituido por una Cámara de Diputados que votará la ley, controlará al gobierno y evaluará las políticas públicas. La Cámara de Diputados es elegida por sufragio universal. Los partidos políticos concurren a la expresión del sufragio universal. Los diputados podrán ejercer por un máximo de tres periodos. En el proceso de formación de la  ley no existe otro quorum distinto de la mayoría simple de los presentes o de la mayoría de los miembros del parlamento. No serán admisibles los proyectos de ley o indicaciones a la ley formuladas por los miembros del parlamento cuya aprobación tenga como consecuencia una disminución de los ingresos públicos o la creación o ampliación de un gasto público o de empleos públicos.

·       Todo ciudadano tiene derecho a la participar en la definición y aplicación de las políticas públicas.

 

·     Un Consejo Económico, Social y Ambiental reunirá a representantes de la sociedad civil para emitir opinión previa al envío de proyectos de ley que afecten los ámbitos mencionados.

 

·     Toda persona tiene derecho a que las instituciones traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa en plazos razonables y a ser reparada en caso de daño producido por la administración o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. La administración está obligada a establecer la motivación de sus decisiones y a permitir el acceso transparente a los actos y a la información administrativa, con las debidas excepciones por razones de seguridad y protección de las personas.

 

·     Con la excepción de los nombramientos realizados por el presidente de la República y otras autoridades del Estado, la administración pública nacional y territorial es de carácter profesional, con una carrera funcionaria que asegure su independencia de toda injerencia política, religiosa o de grupos de interés particular y a la que se accede mediante concursos objetivos y con una promoción exclusivamente basada en el mérito.

 

·       La Defensoría del Ciudadano acogerá las quejas de los administrados en relación a la mala administración o deficiente funcionamiento de los servicios públicos de la Administración del Estado o gestionados por empresas privadas, y que importen la lesión de derechos fundamentales, formulando recomendaciones y contribuyendo al control político y social de los gobernantes y de la administración del Estado.

 

·      El Poder Judicial es independiente y autónomo sus funciones jurisdiccionales, asegura la plenitud y unidad de la jurisdicción y el respeto de la garantía al debido proceso. La justicia militar sólo será aplicable a los militares y no a los civiles en tiempos de paz.

 

·       El Tribunal Constitucional realizará el control de constitucionalidad de las leyes por solicitud de al menos treinta parlamentarios. Se generará con seis miembros nombrados por la Cámara de Diputados (o tres, más tres por el Senado) y tres por el Presidente de la República, con miembros que cumplan requisitos de competencia jurídica e independencia de criterio. Los ex Presidentes de la República podrán integrarse al Tribunal Constitucional.  Tendrá competencia consultiva para examinar la adecuación del derecho interno en materia de tratados internacionales de derechos humanos.

 

·       Los gobiernos regionales son elegidos por sufragio universal de los ciudadanos de la región y son autónomos para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones y dispondrán de presupuesto, impuestos, personalidad jurídica y patrimonio propios en condiciones que establecerá la ley. Los intendentes y los consejos regionales  dirigen los gobiernos regionales y son electos democráticamente. Los delegados regionales y provinciales del gobierno, así como los secretarios regionales ministeriales, son nombrados por el poder ejecutivo.

 

·   Los municipios son elegidos por sufragio universal de los ciudadanos de la comuna y son autónomos para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones y dispondrán de presupuesto, impuestos, personalidad jurídica y patrimonio propios en condiciones que establecerá la ley. Los alcaldes y los concejos municipales  dirigen los gobiernos regionales y son electos democráticamente.

 

·       La ley determinará el funcionamiento de fondos de compensación territorial regional y municipal.

Área de Derechos Económicos, Sociales y Ambientales

 

• Toda persona tiene derecho, en la medida de la creación de condiciones que lo hagan posible, a un nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de sus condiciones de existencia, con una repartición equitativa y de carácter progresivo de las cargas públicas y de los impuestos.
• El pueblo de Chile dispondrá libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco. Se establece el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, del mar, mineros y del espectro radioeléctrico. La ley establecerá las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales. Las aguas se declaran bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares.
• Toda persona adulta tiene derecho a trabajar, a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren una remuneración que proporcione un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie.
• Toda mujer tiene derecho a condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual y condiciones de existencia dignas.
• Toda persona tiene derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo; a igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; al descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como a la remuneración de los días festivos.
• Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos en su trabajo y a afiliarse al de su elección para promover y proteger sus intereses económicos y sociales; los sindicatos podrán formar federaciones o confederaciones nacionales y éstas fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.
• Los sindicatos podrán funcionar sin obstáculos y ejercer el derecho de huelga sin otras limitaciones que las que prescriba la ley.
• Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a recibir una pensión por discapacidad o edad avanzada.
• La ley concederá una especial protección a las madres durante un período de tiempo antes y después del parto y protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes. 
• La ley establecerá los límites de edad por debajo de los cuales quedará prohibido y sancionado el empleo infantil.
• Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la prevención sanitaria, asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
• Toda persona tiene derecho a la educación, que debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe hacerse accesible a todos y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; se debe mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Se reconoce la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
• Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural; a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. La ley establecerá las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura, respetando la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

·       Toda persona tiene derecho a la libre iniciativa económica con límite en el interés general.

 

·   Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general.

 

·       La ley protegerá la propiedad intelectual.

 

·       La ley garantizará un alto grado de protección a los consumidores.

 

·      Las empresas públicas serán creadas por ley con la aprobación de la mayoría de los miembros del parlamento. El Estado podrá adquirir y mantener participaciones en empresas regidas por el derecho comercial en las condiciones previstas por éste.

 

·       La ley determinará las condiciones de funcionamiento de la propiedad cooperativa y sin fines de lucro.

 

·       Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y respetuoso de la salud y a la protección de la naturaleza que provee los servicios eco-sistémicos fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo.

 

·       Toda persona tiene el deber de participar en la protección y mejoría del medio ambiente y el deber de contribuir a la reparación de los daños que cause al medio ambiente.

 

·       El Banco Central, el Consejo para la Transparencia, el Servicio Electoral y las instituciones fiscalizadoras estarán exentas de recibir instrucciones jerárquicas del gobierno. La ley establecerá la medida de la autonomía y de la configuración de sus funciones y atribuciones.

Comentarios sobre las memorias de Ricardo Lagos

En La Mirada Semanal

Las memorias políticas suelen resultar bastante tediosas y, en ocasiones, irritantes. Están por definición inspiradas por dosis de autoestima más o menos elevadas de sus autores y de autoatribución de roles protagónicos más allá de la cuenta. No obstante, he disfrutado de la lectura de memorias políticas de buena factura, con la referencia de Mi Vida de León Trotski como un clásico insoslayable, así como de las que han sido escritas por testigos involucrados en los acontecimientos de su época con alguna capacidad de distanciamiento. Me impresionaron las de Jorge Semprún (Autobiografía de Federico Sánchez y Federico Sánchez se despide de ustedes) y de Sergio Ramírez (Adiós Muchachos), probablemente porque su condición de consagrados novelistas, además de actores políticos, facilitó ese distanciamiento.

El segundo tomo de las memorias del ex presidente Ricardo Lagos tiene una factura clásica. Son unas memorias serias y bien hechas, bien acompañadas por el equipo de Alfredo Riquelme en el rigor de las fechas y la documentación de respaldo. Será sin duda un texto de referencia para calibrar el inicio del siglo XXI en Chile y el hito que significó que un gobernante con referencias en la izquierda volviera a gobernar en Chile después del golpe de 1973.

El texto recoge bien las dificultades y complejidades de la época, que Lagos denomina “democracia transicional”. Hay un hecho básico, que hoy muchos olvidan - o quieren olvidar para difundir sus simplificaciones y descalificaciones livianas- que la victoria de Lagos fue muy estrecha, en medio de una crisis económica mal manejada por Aninat-Marfán y Massad, y con un marco constitucional completamente desfavorable (con senadores designados, binominal y superquórums incluidos). Hay en las Memorias de Lagos, en este sentido, un tono de franqueza en el juicio sobre la derecha que resulta muy saludable para el balance histórico. También hay temas que merecen algunos comentarios y aclaraciones.

La referencia al debate económico en su gobierno es más bien somera. Ese debate partió con cierta vehemencia exactamente el primer día, cuando el ministro de Hacienda recién nombrado se opuso a la idea de legislar sobre un seguro de desempleo, sosteniendo que los Estados de bienestar estaban quebrados. El candidato Lagos había comprometido esta iniciativa como la primera de su mandato, para enfatizar su promesa de “crecimiento con igualdad”. Por supuesto, el proyecto se envió y Chile cuenta con este dispositivo desde 2002. La controversia se mantuvo al menos en la primera mitad del gobierno, en especial respecto al tipo de política contracíclica frente a la recesión heredada y respecto a la conformación de mecanismos de bienestar. Desde el ministerio de Hacienda se proponía rebajas de impuestos en vez de incrementos de gastos en programas de empleo y en bonos compensatorios frente al alza de los combustibles, como se hizo. Convencer al ministro de Hacienda desde los equipos de La Moneda que el programa AUGE era un esbozo equitativo, eficiente y progresivo de seguridad social en salud tomó bastante tiempo, incluyendo empujar el 3% de cotización para un fondo único solidario, que la derecha a la postre no aprobó en el parlamento.

La salida del Ministerio de la Presidencia de Alvaro García, que había coordinado el programa presidencial y con quien yo había colaborado en esa tarea y en el ministerio, es tratada de manera abrupta. Señala Lagos que “aquella reestructuración permitió solucionar un conflicto interno: la tensión que existía entre Álvaro García y Nicolás Eyzaguirre —ambos PPD—, que implicaba gastar tiempo y esfuerzos. El concepto de un Gobierno que combinaba crecimiento y credibilidad era un elemento central y ya estaba consolidado. Su ejecutor era Eyzaguirre. Dado el contexto económico que se vivía, yo necesitaba un comité político alineado que presentara alternativas de solución a los conflictos y donde no tuviera que perder tiempo en estos pleitos”. En realidad, Lagos se inclinó poco a poco por una política económica de menos profundidad socialdemócrata, sobre todo después del acoso judicial y mediático por los casos de sueldos complementarios en el MOP que debilitaron su gobierno. Pero no se trataba de un “pleito”, sino de la orientación de la tarea gubernamental.

Otra dimensión que Lagos trata de manera somera es la relación entre partidos y gobierno en el régimen presidencial. En su caso, su distancia con los partidos políticos viene desde sus tiempos nóveles en el Partido Radical. Los debates entre “autocomplacientes” y “autoflagelantes” durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle son tratados con distancia y calificados como “división”, en circunstancias que fueron propios del debate democrático, aunque decisivos para sellar la estrategia conservadora, a la postre victoriosa, y el progresivo debilitamiento “autoflagelante”. Este sector de la coalición buscaba mantener una orientación transformadora a la acción de gobierno, como planteaba el programa fundante de 1989, lo que las nuevas generaciones políticas de izquierda no se toman la molestia, tampoco, de considerar como parte de la historia reciente. Prefieren los relatos lineales para sostener una política de base generacional.

La reflexión de Lagos sobre la unificación del PS en 1989 -a la que se opuso- y su relación con el PPD, creado como partido instrumental en 1987, no ha cambiado. Sostiene que “el almeydismo era una fracción menor en su interior, esencialmente formada por personas de antiguos conceptos ideológicos. Sin embargo, esta «unificación» socialista se hacía en torno al viejo tronco histórico, desestimando a la sangre nueva que surgió como un núcleo diverso en la lucha contra la dictadura. Pienso que este proceso fue un profundo error. A Cloro lo entendía, pero no a Arrate. Almeyda era socialista por antonomasia, de las antiguas filas, pero Arrate en ningún caso. Nunca supe qué pretendía llevando a cabo ese proceso —donde se trataban de ensamblar dos posturas bastantes distintas respecto de lo que era el socialismo a fines del siglo XX—, justo en ese momento, si con el PPD tenía un buen lugar que le permitía llevar adelante sus ideas. Con esta forma de rearticulación, nunca más pudimos tener un solo techo para el socialismo democrático en Chile y se facilitó que ganaran los más chauvinistas de cada partido”. Lagos, en rigor, nunca quiso esa unificación, pues pensaba que limitaba su estrategia presidencial. Y el almeydismo era por lejos mayoritario en el PS, por lo que desde el inicio varios buscamos una transversalidad interna para enfrentar la nueva etapa. Pensábamos que sería justamente un PS unificado lo que permitiría la llegada de Lagos al gobierno encabezando la coalición con el centro, al cerrar el espacio a una alternativa de izquierda ortodoxa y ultramontana que podría haber emergido.

Sus referencias al rol de Jorge Arrate son agrias. Le atribuye “haber conseguido” el financiamiento compartido en el sistema escolar en 1993, en circunstancias que fue una exigencia de la derecha para renovar la reforma tributaria concedida por Alejandro Foxley a Sebastián Piñera. Arrate fue decisivo para que en el PS no se produjera, lo que me consta, la inviabilización del liderazgo de Lagos, aunque no fuera de su simpatía. Arrate sí creía, como yo mismo que lo acompañaba como colaborador, en la necesidad de un partido de izquierda fuerte pero con una organización coherente con el proyecto socialista democrático. La idea era tener un liderazgo nacional y un partido amplio, diverso y cohesionado detrás, para además asegurar la continuidad del proyecto transformador de largo plazo más allá de personas. El propio Lagos comenta en sus Memorias que en los sistemas europeos como el español, que siempre fue su referencia salvo en este aspecto, “el poder del partido es sorprendente”. En realidad, es el que corresponde a una izquierda moderna en una democracia moderna, alejada de los caudillismos. Pero en Chile estamos aún muy lejos de una cultura política de ese tipo.

El ex presidente hace referencias poco amables respecto a mi rol en estas materias. Comenta que hacia la mitad de su gobierno “el Partido Socialista, partido clave del Gobierno, entró en un camino difícil. Como ya se explicó, Gonzalo Martner renunció a su cargo como subsecretario de la Segpres para irse a la presidencia del PS. Eso lo hizo por su cuenta, sin conversarlo con nosotros. Solo me comunicó su decisión y yo no lo podía retener, aunque me daba cuenta de que la dupla Gonzalo Martner-Camilo Escalona era muy extravagante en el socialismo. De hecho, como mencioné, poco después se distanciaron, aunque hasta hoy desconozco cuál fue el motivo”.

La reticencia del expresidente a prestar atención a los asuntos partidarios le lleva probablemente a no recordar que en 2001 me pidió, siendo coordinador interministerial de su gobierno, que explorara la posibilidad de conducir el PS. Esto suponía un acuerdo con Escalona, con el que yo tenía un acuerdo de trabajo luego de que la renovación socialista tomara un rumbo de pragmatismo y desideologización. En una primera instancia, ese acuerdo se produjo pero no prosperó, porque Escalona no suele cumplir demasiado sus compromisos, y prefirió repostular él mismo a la dirección del PS. Terminó siendo elegido Ricardo Núñez. En coordinación con el presidente, seguí trabajando el tema. Lagos me mencionó en un momento la idea que José Miguel Insulza partiera desde el gobierno a dirigir el PS, lo que apoyé. El ministro del Interior aceptó la idea inicialmente, pero se arrepintió bastante rápido. La otra parte del diseño presidencial era que el entonces senador Fernando Flores dirigiera el PPD, lo que Guido Girardi no aceptó ni Flores valoró demasiado. De paso, Guido Girardi y Adolfo Zaldívar son también objeto de un trato no muy amable en las Memorias, lo que revela que la controversia normal y la relación con los líderes de partido nunca fue la especialidad de Lagos.

En el PS la idea de que yo presidiera el principal partido presidencial se fue abriendo camino. Esto ocurrió frente la perspectiva de una victoria de la derecha, eventualidad ante la cual Núñez y Escalona preferían que asumiera otra persona. Como los temas internos en los partidos toman tiempo, cuando ya era viable una presidencia mía del PS el calendario no coincidió con la idea que se estaba haciendo el ex presidente del tema hacia enero de 2003. Yo ya no podía sustraerme, aunque hubiera sido muchísimo más cómodo para mi seguir en el gobierno, a los compromisos contraídos en el PS. “Hasta hoy”, la idea que uno de sus colaboradores decidiera dejar un cargo de la presidencia para hacer efectivo el diseño de dos años para dirigir el principal partido de gobierno, con el objeto de asegurar el apoyo a su gestión no le gustó al ex presidente. De paso, aclaro que el distanciamiento al cabo de dos años con Escalona (y Núñez) no tuvo nada personal, como se lo he relatado al ex presidente pero sin convencerlo: el éxito de su gobierno y la emergencia de Michelle Bachelet llevó a un acuerdo entre ambos jefes de grupos internos para retomar el control del PS. Decidieron incumplir sus compromisos conmigo -yo no tenía ningún problema en retirarme de la presidencia, pero me instaron a que siguiera- y provocaron en un Congreso una confrontación interna a meses de la elección presidencial, que perdí por muy pocos votos (hay quienes dicen que además fueron mal contados). Un clásico asunto de poder, al que no presté atención suficiente, confiando en las palabras empeñadas. Al cabo del tiempo, la desideologización y la descarnada lucha de poder supuso el inicio de la pérdida de confianzas en el PS y con la sociedad y la pérdida de sentido de proyecto transformador y de coherencia política en la izquierda. Al punto que el PS actual, cuando yo ya no pertenecía a ese partido, le dio la espalda a Ricardo Lagos de mala manera en 2017.

El hecho es que pude darle estabilidad al PS, colaborar junto a Victor Barrueto para mantener a Adolfo Zaldívar y a la DC en la coalición de gobierno, darle sustento al gobierno de Lagos en el parlamento en todo tipo de temas difíciles, evitar las conductas “díscolas”, lograr un pacto municipal que revirtió la derrota de cuatro años antes y preparar una victoriosa continuidad de la coalición con Michelle Bachelet. Todo esto supuso mucho trabajo, que el expresidente no vio sino de lejos (las cosas que funcionan, como es sabido, no llaman la atención de nadie). La segunda fase de su gobierno no incluyó iniciativas transformadoras, mientras la preparación por el ex presidente, en cambio, de su propia sucesión fue eficaz y bien llevada, en buena coordinación con el PS (en contraste con la de Patricio Aylwin, que fue problemática, y con las dos de Michelle Bachelet, que fracasaron), lo que curiosamente apenas menciona en las Memorias. Pero esa ya es harina de otro costal.

La grave crisis del empleo y sus salidas

En La Tercera Digital

Unos tres millones de personas están desempleadas o disponibles para trabajar en Chile, según la última encuesta de empleo del INE (abril-junio). Las personas desocupadas que buscan trabajo alcanzaron 997 mil personas y los "inactivos potencialmente activos" sumaron otras 2,02 millones de personas. Recordemos que se considera desocupados a aquellas personas que no tuvieron una actividad remunerada en la semana anterior a la encuesta del INE y que además buscaron un puesto de trabajo durante las últimas cuatro semanas. Otra categoría es la de los que están disponibles para trabajar, pero no buscan activamente empleo.

La crisis se expresa en que en el segundo trimestre de 2020 hay 1,78 millones de puestos de trabajo perdidos respecto al mismo trimestre del año pasado (y 1,83 millones respecto al promedio de ocupados en 2019). Además, la figura de la suspensión de contrato de la reciente ley de “protección del empleo” mantiene con un vínculo laboral pero sin trabajar a más de 700 mil trabajadores, los que aparecen en la categoría de “ocupados ausentes” en la encuesta del INE. La gravedad de la recesión asociada a la crisis del coronavirus se confirma con la caída de 32% del número total de horas trabajadas.

La “tasa de desempleo abierto” alcanzó un 12,2% de la fuerza de trabajo. Si se considera a los ocupados y los que buscan empleo y también a los mencionados inactivos potencialmente activos -categoría que ha aumentado en 1,32 millones de personas en un año-, la “tasa de desempleo efectiva” sube a 29,8%, siempre según el INE.

¿Qué se puede hacer frente a un deterioro tan brusco y extenso de la situación del empleo? Si se volviera a crear puestos de trabajo al mejor ritmo anual reciente (200 mil en 2017), se necesitaría cerca de una década para recuperar lo perdido, lo que no es socialmente aceptable.

La construcción es el primer candidato a la reactivación cuando las condiciones sanitarias lo permitan, con un margen de recuperación de 230 mil empleos perdidos. Colmatar la brecha de los 312 mil empleos menos en la agricultura, minería e industria manufacturera estará, por su parte, condicionada por el mismo efecto, pero también por reestructuraciones de procesos y automatizaciones adicionales.

Pero el grueso del empleo en Chile, dada la estructura productiva existente y la baja incidencia industrial y de producción de bienes, está en los servicios a las personas y a la producción y representan nada menos que dos tercios de las ocupaciones.

La recuperación del comercio y servicios de alojamiento y comidas, cuya pérdida de empleos suma 650 mil, dependerá de la demanda agregada y de la capacidad de consumo de las familias, mientras en ellas muchas empresas y trabajos por cuenta propia dejaron de existir. Además, las nuevas condiciones sanitarias cambiaron las condiciones de oferta y distribución y los hábitos de los consumidores, con consecuencias estructurales en el empleo que aún no podemos calibrar. El transporte perdió 120 mil empleos y su recuperación es también incierta.

En el área de los servicios sociales, la recuperación de los 120 mil empleos perdidos en la enseñanza no será fácil. Muchas personas han pospuesto planes formativos frente a las restricciones de ingresos que enfrentan, en un contexto en que la educación pública es débil y la privada suele reaccionar disminuyendo puestos de trabajo. La caída en salud y asistencia social fue, a pesar de la emergencia sanitaria, de 40 mil empleos y debiera poder recuperarse con políticas directas de ampliación de estos servicios.

Los anunciados subsidios al empleo por 2 mil millones de dólares no cambiarán demasiado el panorama descrito. En muchos casos (cuatro de cada cinco según algunas estimaciones europeas), constituirán un simple subsidio público a las utilidades empresariales aplicados a empleos que se crearán de todas maneras.

La política adecuada está en otro ámbito. Solo ocurrirá una significativa creación de empleo si se recupera la capacidad de consumo de las familias en el corto plazo y la inversión a mediano plazo, junto a un tipo de cambio favorable que acompañe una posible redinamización de los grandes mercados de exportación.

El subsidio a los puestos de trabajo sujeto a decisiones empresariales no será el camino, sino la creación directa de empleos por el sector público, en alianza con la sociedad civil en los territorios, a la espera de la mencionada reactivación del consumo y la inversión, a la que a su vez contribuirá. La mayor parte de los subsidios debiera orientarse a sostener el trabajo por cuenta propia o a programas de servicio comunitario y ambiental adecuadamente remunerados.

Esta política alivia a los desempleados y tiene efectos multiplicadores sobre la demanda agregada. Además, si se quiere evitar la prolongación de la crisis social y los efectos de la crisis sanitaria en las familias más vulnerables, será indispensable crear un ingreso mínimo universal, refundiendo diversos subsidios existentes. Y se deberá de una buena vez aumentar sustancialmente la pensión básica solidaria.

Aunque suene mal para los oídos ortodoxos, el mercado no nos hará salir de la más grave crisis económica global en noventa años y menos de sus traumáticos efectos en el empleo.

¿Hay salidas a la crisis?

En La Mirada Semanal

En 2017, los chilenos eligieron un gobierno de derecha con solo un 27% de los votos de los mayores de 18 años. También eligieron un parlamento en el que la anterior coalición gobernante, más las nuevas expresiones políticas, es mayoría. 

Chile enfrenta otra vez en la historia las consecuencias de haber adoptado en los albores de la República, imitando a Estados Unidos, un régimen político presidencial. Como ya lo advirtió el cientista político Juan Linz en los años setenta, el choque entre el gobierno y el parlamento que éste régimen permite es una fuente de inestabilidad política que emerge con virulencia en situaciones de crisis. 

La primera etapa del segundo gobierno de Sebastián Piñera pudo desenvolverse sin grandes incidentes gracias al fin de la coalición de centro-izquierda, que permitió que el gobierno avanzara en legislaciones importantes para su programa con el apoyo de parlamentarios de centro y la (auto)anulación del resto. 

Sin embargo, no se quiso ver que se fraguaba el agotamiento de un esquema de gobernabilidad que había funcionado por mucho tiempo. Este había permitido una transición pactada más o menos defectuosa, pero conducente a una estabilidad de 20 años provista por una coalición amplia pero sin mayoría parlamentaria (1990-2010) y que por tanto no podía hacer avanzar su programa. Este proceso fue acompañado de una renuncia pura y simple a ese programa original por una parte creciente de la coalición. Y luego, el esquema de gobernabilidad permitió alternancias no traumáticas (2010-2018). El fraccionamiento de los partidos de centro e izquierda se acentuó y contribuyó al acceso al poder en dos ocasiones de un líder de origen democratacristiano, pero de proveniencia financiero-empresarial asociado a la oligarquía económica y a la derecha dura, Sebastián Piñera. 

El esquema de gobernabilidad post-90 fue dando cada vez menos cuenta del descontento social progresivo. Este fue fruto de una concentración económica creciente, de la precariedad resentida por una creciente “clase media”, de la postergación de las expectativas del mundo popular y de una vida urbana segmentada y polarizada. Los sectores medios se expandieron sustancialmente desde 1990 por la salida de la condición de pobreza de millones de familias, pero sin la consolidación de una nueva posición social estable. La situación típica de un hogar medio es un empleo asalariado mal pagado y distante del domicilio o un empleo por cuenta propia precario, en medio de un creciente endeudamiento para adquirir bienes durables y acceder a servicios de educación superior y salud. La condición de “clase media” no fue percibida como la conquista de una nueva estabilidad sino como una posición permanentemente amenazada por la ausencia de dispositivos sólidos para enfrentar el riesgo de desempleo, de enfermedad y de vejez sin ingresos. A la vez, persistió un núcleo duro de marginalidad que abarca al menos un quinto de la población (la “pobreza multidimensional”). 

El innegable progreso social del país en indicadores de ingreso, salud y educación -que llegaron a ser en diversos ámbitos los mejores de América Latina- no bastó para consolidar la legitimidad del sistema político y económico híbrido que resultó de la transición post-90, en el que el veto oligárquico se mantuvo contra viento y marea, más allá de las intenciones de los actores reformistas. Más aún, se produjo una caída en picada de la legitimidad del sistema político por la asimilación de unos y otros a un mismo esquema de poder basado en la alta concentración económica, un Estado de bienestar de bajo impacto y una integración social a través de ocupaciones inestables y de ingresos inciertos. 

La ausencia de voluntad suficiente de cambio terminó por deslegitimar a la centro-izquierda, lo que culminó en el gobierno de Michelle Bachelet II. Este había prometido atacar el tema de la desigualdad y de la ilegitimidad constitucional y terminó renunciando a ambas dimensiones, como ya lo habían hecho gobiernos previos en diversos aspectos. Pero estos no contaban con mayoría parlamentaria, lo que ya no era el caso. Quedó en evidencia que la nueva mayoría no era tal, pues carecía de consensos básicos para avanzar en los temas tributarios, laborales y constitucionales y que el centro tenía más acuerdos fundamentales con la derecha que con la izquierda. Ésta, puntos más puntos menos, demostró tener una aproximación socialdemócrata de los cambios necesarios pero no la voluntad suficiente de llevarla a la práctica. Todo este proceso se agravó cuando se evidenció que gran parte de la centro-izquierda recibió financiamiento ilegal de campañas del gran empresariado. La percepción de que “todos los políticos son lo mismo” se extendió, al punto que la abstención del electorado jóven -que se había iniciado ya en 1997- alcanzó ribetes generalizados, permitiendo el retorno de la derecha al gobierno.

Pero la derecha no supo diagnosticar esta situación y pensó que podía proyectar hacia el poder político su dominio del poder económico y mediático, incluyendo sus métodos y su distancia con la sociedad. El choque de la rebelión social de octubre de 2019 y meses siguientes fue enorme. Pero la derecha quiso interpretarla no como una crisis social y política sino como un“estallido” circunstancial que se debe abordar con firmeza como problema de orden público, con las consecuencias represivas y de violaciones a los derechos humanos que se produjeron. Y permitir un nuevo esquema de cambio institucional en el que la derecha mantiene el poder de veto, lo que fue -increíblemente- aceptado por la mayoría de la oposición en nombre de un azaroso veto mutuo. 

Pero la convicción de la derecha en este punto es mínima. La ceguera de la no aceptación de un orden estructural de la sociedad que hizo crisis la ha llevado finalmente a atrincherarse en la mantención de la actual constitución, en medio de una lamentable gestión de la crisis sanitaria y económica. Esta conducta es un factor de agravamiento impredecible de la crisis social y política que sigue su curso más allá o al costado de la pandemia .

El gobierno se ha negado a aplicar una lógica de régimen parlamentario, y no ha planteado reconformar su coalición de gobierno con partidos de centro o de la oposición pactista, lo que parecería aconsejable frente a la magnitud de la crisis a los ojos de cualquier analista con enfoque racional. La coalición conservadora ha privilegiado mantener la continuidad de las políticas de sesgo pro-oligárquico para enfrentar la crisis social y luego sanitaria. El resultado es un aislamiento político creciente de la figura presidencial y un derrumbe de la coherencia de la derecha, tal como se expresó en el episodio del retiro del 10% de las cuentas de AFP. 

Pero la situación no se puede congelar y el calendario electoral tiene una fecha clave: en octubre de 2020 se realizará el plebiscito (salvo un agravamiento de la crisis sanitaria) sobre la convención constitucional pactado en noviembre pasado. Todo indica que el gobierno lo perderá de manera abrumadora, en medio de la grave crisis económica y del empleo en curso. Luego vendrá la vorágine: en abril de 2021 se producirán las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales y la eventual elección de convencionales constituyentes, y en noviembre y diciembre de 2021 la elección presidencial y de diputados y senadores y de consejeros regionales.

¿Qué resultará de todo este proceso?

La protesta social aguda pero sin proyecto del escenario de octubre de 2019 probablemente se canalizará ahora en buena medida hacia los hitos electorales. La oposición permanece fragmentada en al menos cuatro sectores (la democracia cristiana; el bloque de socialistas, partido por la democracia y radicales; el bloque emergente y juvenil del frente amplio; el bloque que reune a comunistas, regionalistas y progresistas), cada uno de ellos, además, con problemas de cohesión interna. Esto dará a la derecha oportunidades de conquistar gobernaciones regionales importantes y mantener alcaldías. Y, lo más grave, de lograr el tercio de bloqueo en la Convención Constitucional y buenas probabilidades de mantenerse en el poder gubernamental ante la incapacidad de ponerse de acuerdo de los partidos de izquierda entre sí y de éstos con los partidos pactictas y de centro. 

La realidad política es la de una derecha agotada pero unida en el atrincheramiento frente a un centro débil y una izquierda fragmentada. El resultado más probable será entonces que seguirá gobernando la derecha y el poder oligárquico, pero con una parte de la sociedad en rebelión más o menos permanente y en medio de una periódica inestabilidad. 

Salvo que -la esperanza es lo último que se pierde- las oposiciones tengan la mínima sensatez de pactar a) un esquema de primarias y omisiones para gobernadores y alcaldes; b) a lo más dos listas para bajar a la derecha del tercio en la Convención Constitucional; c) trabajar para una Constitución progresista y moderna a partir de 2022, y d) logren un acuerdo presidencial de segunda vuelta pre-establecido y con bases programáticas mínimas compartidas de salida a la crisis y de reformas estructurales, de modo de impedir una guerra mundial en la primera vuelta. Finalmente, la competencia de proyectos y de ambiciones entre partidos y bloques es también indispensable, pero debe circunscribirse a la primera vuelta presidencial de manera regulada y a las elecciones de concejales, consejeros regionales y parlamentarios. Como se observa, no se pierde nada con soñar.

1,8 millón de empleos menos y una tasa de desempleo efectiva de 30%

Primera versión en Crónica Digital

1. De acuerdo a la encuesta del INE del trimestre abril-junio, el total de ocupados bajó en -20,0% respecto al mismo período del año anterior. Esto significa 1,78 millones de empleos perdidos en doce meses (y 1,83 millones respecto al promedio de ocupados en 2019). Los ocupados en abril-junio alcanzaron 7,14 millones de personas, en contraste con los 9,12 millones de personas ocupadas en el trimestre móvil noviembre-enero de 2019, el trimestre de más alto nivel de empleo agregado registrado hasta ahora.

2. Las mayores disminuciones absolutas de empleo en doce meses se produjeron en los sectores del comercio (-414 mil, con 1,33 millón de empleos que permanecen en abril-junio), la construcción (-239 mil, con 527 mil empleos actuales) y el alojamiento y servicio de comidas (-224 mil, con 228 mil empleos actuales). Hay -312 mil empleos perdidos en la agricultura, minería e industria manufacturera (sectores que suman 1,4 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre), -120 mil en la enseñanza (704 mil actuales), -119 mil en transporte (446 mil actuales), -75 mil en actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas (quedan solo 55 mil empleos en abril-junio en este sector, un verdadero colapso), -49 mil en servicios profesionales (142 mil actuales). Los sectores que ganaron algunos empleos fueron las actividades financieras (23 mil adicionales, sumando 196 mil) y el suministro de electricidad, gas y agua (11 mil adicionales, sumando 108 mil).

3. Por categoría ocupacional, las mayores caídas absolutas se registraron en los trabajadores por cuenta propia (-34,7%) y los asalariados formales (-10,0%), seguidos por los asalariados informales (-29,1%) y el personal de servicio doméstico (-47,8%). La caída porcentual del empleo fue mayor en mujeres (-23,5%) que en hombres (-17,3%). Por tramo de edad, la caída porcentual en los segmentos de 25-49 años (-15,9%) y 50-64 años (-19,4%) fue menos significativa que la de los segmentos de jóvenes de 15-24 años (-40,3%) y de adultos de 65 y más años (-35,8%).

4. Los desocupados que buscan trabajo sumaron 996,91 mil personas. Recordemos que se considera desocupados a aquellas personas que no tuvieron una actividad remunerada en la semana anterior a la encuesta del INE y que además buscaron un puesto de trabajo durante las últimas cuatro semanas. No incluye a los que están dispuestos a trabajar de inmediato, pero que no buscan activamente empleo. Como señala el INE: "esta categoría está compuesta por personas que en su mayoría no estaban buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar, por tanto se convierten en potenciales entrantes a la fuerza de trabajo si es que las restricciones de movilidad debido a la pandemia se levantan o las expectativas de las personas por encontrar una ocupación mejoran." Así, los "inactivos potencialmente activos" sumaron otras 2,02 millones de personas.

5. La suma de los que buscan trabajo sin conseguirlo o bien están disponibles para trabajar pero no tienen empleo, que cabe denominar "desempleados efectivos", alcanza nada menos que a 3,02 millones de personas en el segundo trimestre del año 2020.

6. La "tasa de desempleo abierto" registrada alcanzó solo un 12,2% de la fuerza de trabajo, aunque es 4,9 puntos porcentuales más alta que hace un año. Pero esta cifra es incompleta. Si se considera no solo a los ocupados y los que buscan empleo, sino también a los inactivos potencialmente activos, categoría que ha aumentado en 1,32 millones de personas en un año, la "tasa de desempleo efectiva" sube a 29,8%, a comparar con el 18,4% registrado en el trimestre diciembre-febrero.

7. Además, la figura de la suspensión de contrato de la reciente ley de "protección del empleo" mantiene con un vínculo laboral a más de 700 mil trabajadores, los que aparecen en la categoría de “ocupados ausentes” en la encuesta del INE. Estos suman 801,8 mil trabajadores. Para ser considerados ausentes, los ocupados deben mantener un vínculo con el trabajo, seguir percibiendo algún ingreso por este concepto o volver a trabajar dentro de cuatro semanas o menos.

8. La gravedad de la recesión asociada a la crisis del coronavirus se expresa en que el número total de horas efectivas trabajadas por los ocupados cayó un -32,0% en doce meses. El promedio de horas trabajadas alcanzó solo a 32,3 horas semanales, lejos de las 45 horas legales del trabajo asalariado.

9. Si se volviera a crear empleo al ritmo del mejor año reciente (2017), se necesitaría 9 años para recuperar los puestos de trabajo perdidos. Si el ritmo fuera el del peor año (2016), se necesitaría 18 años

Efectos inesperados: un nuevo error de la ortodoxia

Una primera versión en La Mirada

“Hoy día somos más pobres como país y tenemos que ajustar los gastos” ha dicho en repetidas ocasiones el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el que resultó menos dialogante y más ortodoxo que la imagen que proyectó a su llegada al cargo en octubre pasado.

La respuesta al choque de oferta provocado por la crisis sanitaria desde marzo -que se agregó al provocado por la rebelión social del último trimestre de 2019, pero del que se venía saliendo- no debía ser una búsqueda artificial de retorno a la normalidad (lo que tiene a Chile como unos de los países con más contagios y muertes por COVID-19 en el mundo), sino evitar un choque de demanda que agravara la situación y la llevara a una depresión económica. Los economistas no ortodoxos de distinta orientación hemos insistido desde marzo que se debía sostener los ingresos de las familias, establecer un seguro de desempleo amplio que incluyera a los sectores medios y otorgar créditos y subsidios para mantener el vínculo de empleo en las empresas y evitar los despidos masivos. El gobierno hizo poco y tarde, con la consecuencia de 1,5 millones de empleos perdidos hasta mayo. Una catástrofe.

El ministro Briones simplemente cree que el Estado debe ajustarse a la caída de sus ingresos (“somos más pobres como país”) y no ser el gran impulsor del sostén de la demanda en el corto plazo (“no hay que gastar todos los cartuchos). Los indicadores parciales indican una disminución de la inversión pública este año en vez de su aumento sustancial, como indicaría la racionalidad macroeconómica. Briones parece estar mirando el indicador del déficit presupuestario y de la deuda pública bruta que resultará de la crisis de 2020 antes que la necesidad de sostener la actividad económica a través de una fuerte política monetaria y fiscal. Esta debe ser proporcional al choque que se está viviendo, entre otras cosas para evitar la destrucción de capacidades productivas y hacer posible una recuperación más rápida.

El retiro llamado del 10% de los fondos de pensiones -legislado en la precipitación con un consenso político inédito ante la ausencia de políticas suficientes de mantención de los ingresos- va a tener varios efectos inesperados. Sus promotores decidieron con razón que importaba más un alivio económico urgente de las familias que detalles de política económica. Pero deberá corregirse en algún momento el hecho que el costo fiscal de la medida usará potencialmente más recursos a favor de los sectores de más altos ingresos (1.372 millones de dólares en regalos fiscales si se retira recursos desde cuentas de AFP para transferirlos a Ahorro Previsional Voluntario y 754 millones de dólares de exenciones al impuesto a la renta si se retira todo lo autorizado), en contraste con los 355 millones de dólares que se gastarán desde el presupuesto si se produce un retiro masivo de los haberes en cuentas de AFP destinadas a la pensión con retiro programado. Y no habrá apoyo para los pensionados con renta vitalicia, los del sistema antiguo o los del sistema solidario. Y menos aún para los que apenas tienen ahorros en sus cuentas o no cotizan en AFP (del orden de un tercio de la población en edad de trabajar), salvo si han calificado para el Ingreso Familiar de Emergencia.

Un segundo efecto es que este retiro permitirá inyectar capacidades de compra que sostendrán de mejor manera el consumo de las familias y evitar una mayor caída del PIB y del empleo. Es un impacto del mismo tipo, pero más ordenado y equitativo, que el que hubiera tenido un Ingreso de Emergencia cercano al menos a la linea de pobreza, un subsidio de desempleo y créditos suficientes a las pymes de envergadura, financiados con reservas fiscales, endeudamiento y un aporte de los super ricos. La ortodoxia no ha querido escuchar nada de esto.

El hecho que un importante banco extranjero de la plaza alertara sobre el punto tal vez permitirá relanzar el debate sobre cómo mejorar la respuesta a la crisis. Para Scotiabank, ”la inyección a consumo neto que esto provocaría tendría un efecto positivo de alrededor de 3% en el crecimiento del país”, pues si "la inyección neta de pre-pago de deudas y ahorro es de US$10 mil millones, el impacto en el PIB se ubica entre 3 y 3,5%. Es decir, si se esperaba que la economía se contrajera 7% el 2020, al incorporar esta inyección neta por ese monto durante lo que resta del año, la economía terminaría con una contracción más cercana al 4%". Esta proyección, como las demás, tiene elementos discutibles, pero en el orden de magnitud está en lo cierto: la economía requiere de un fuerte impulso de demanda para evitar la depresión.

La ortodoxia económica tiene como componente principal la fe en que el funcionamiento sin trabas de los mercados asigna adecuadamente los recursos, lo que conduce a una aceptación solo puntual de la intervención del Estado en caso de “fallas de mercado”. En realidad, estas fallas son la situación más frecuente y en especial la ausencia de libre competencia y las asimetrías de información y poder entre agentes económicos, las que llevan a la inestabilidad y la concentración. Pero hay un corolario liberal especialmente dañino: la idea de que la oferta crea su propia demanda, que ésta no se puede estimular “artificialmente” y que el gobierno debe mantener siempre limitados sus desequilibrios entre ingresos y gastos.

En el largo plazo, la producción por trabajador es efectivamente el sustrato del consumo y de los niveles de vida, pero en el corto plazo las fluctuaciones económicas están determinadas por múltiples factores que llevan a que la situación más frecuente es que no todas la capacidades de producción se utilicen y que suela existir una brecha de demanda. La insistencia de la ortodoxia en que esa brecha se colmatará automáticamente si se deja el tiempo suficiente para que actúe el mecanismo de precios, llevó a uno de sus principales contendores, el británico John M. Keynes, a declarar que “en el largo plazo estaremos todos muertos”.

Keynes argumentó que una demanda global insuficiente da lugar a largos períodos de alto desempleo. El producto de bienes y servicios de una economía es la contrapartida de cuatro componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de alguno de ellos. La incertidumbre y el desempleo erosionan la confianza de los consumidores, que reducen sus gastos. Este es especialmente el caso en una crisis como la actual, que ha visto disminuir las ventas del comercio en cifras de dos dígitos desde marzo y en la que la demanda externa es incierta. La reducción del gasto de consumo y de las ventas al exterior llevan a las empresas a restringir su inversión. Así, la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado. Las variaciones de la demanda agregada tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, no en los precios. Si el gasto público aumenta, lo demás permaneciendo constante, el producto aumentará. Los modelos keynesianos de actividad económica sostienen que existe, además, un efecto multiplicador: el producto varía en algún múltiplo del aumento o disminución del gasto.

Los economistas de gobierno consideran estos argumentos como inconducentes. Debe tal vez citarse al profesor de Harvard Gregory Mankiw, con alguno de cuyos manuales seguramente estudiaron en algún momento: “si tuviéramos que recurrir a un único economista para comprender los problemas que enfrenta la economía, indudablemente ese economista sería John Maynard Keynes. Aunque Keynes murió hace más de medio siglo, su diagnóstico de las recesiones y depresiones sigue siendo la base de la macroeconomía moderna”.

El confuso proceso que terminó con el retiro de parte de los ahorros de los cotizantes en las cuentas de AFP, ha terminado siendo una intuición económica mucho más certera para atenuar la recesión en curso que el enfoque de la ortodoxia económica provinciana de las autoridades. Éstas han preferido aferrarse a supuestas verdades escritas en piedra antes que actuar de manera racional y decidida ante la magnitud de la crisis.