El agotamiento del modelo económico y las opciones alternativas

En Cooperativa.cl

Parece haber terminado la ilusión del actual gobierno de lograr un buen crecimiento por el solo hecho de hacerse cargo de la administración con una orientación pro-empresarial. Se suponía que ese crecimiento facilitaría, además, la gobernabilidad. Y una suerte de proyección automática en el poder frente al fin de la coalición mayoritaria que gobernó en el pasado, hoy dividida y sin capacidad de proponerle al país reformas institucionales, económicas y sociales creíbles y que inspiren una oposición constructiva. 

Por la fuerza de los hechos, sin embargo,  la idea según la cual los mercados resuelven los principales problemas de las sociedades humanas se encuentra en retroceso.

Sin control democrático, los mercados agravan hoy tres de los problemas sociales básicos: la incapacidad de creación de empleo suficiente y decente en contextos de cambios tecnológicos acelerados, las desigualdades injustas que llevan a que muchos vivan en medio de grandes carencias evitables, y la depredación de los ecosistemas. 

No obstante, el neoliberalismo se ha arraigado en Chile desde los años setenta de un modo inusual, al punto que en la derecha todavía persiste la idea de Von Hayek según la cual lo único que vale es liberalizar los mercados, para lo cual incluso las dictaduras se justificarían. El mantra es la libertad económica, aunque sea al precio de la desigualdad, la concentración y la depredación, es decir la pérdida de la libertad real.

Una música de fondo de ese tipo es la que se ha escuchado en los alegatos empresariales  frente al no avance en el parlamento de la contra-reforma tributaria y laboral o del proyecto de fortalecimiento de las AFP.  

Otros, que adhirieron en el pasado a modelos económicos no liberales, hoy piensan que no hay mucho que hacer frente al capitalismo, es decir la acumulación privada ilimitada de capital como motor económico. Supuestamente no habría otras alternativas. En la historia contemporánea, a partir de la extensión de la economía de guerra previa a la revolución rusa de 1917, sí ha existido una alternativa al capitalismo consistente en la estatización generalizada de los medios de producción y la fijación centralizada de precios y cantidades a producir. Algunos aún denominan ese esquema como socialismo y otros como autoritarismo de economía centralizada. Esa fue - todavía sobrevive marginalmente en algunas partes o intenta instaurarse en otras - una organización económica dominada por una clase burocrática con algunos resultados sociales pero con nuevos privilegios y una notoria falta de dinamismo económico. Demostró no tener una vocación socializadora, pues no otorgó a los trabajadores poderes de decisión en la gestión de las empresas y en la orientación general de la economía. Por eso es impropio otorgarle el nombre de socialismo a los regímenes de centralización burocrática. Estos demostraron, además, no tener ninguna vocación ecológica: la matanza generalizada de ballenas en la URSS para cumplir el plan en materia de pesca o el fin del mar de Aral  para producir algodón fueron emblemáticas. Esos regímenes deben ser desechados como alternativa deseable. Con ellos en el siglo XX se pasó de una opresión a otra, de una destrucción a otra. 

Pero también emergieron compromisos socialdemócratas que moderaron las crisis y disminuyeron las desigualdades mediante diversas formas de Estado de bienestar, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de 1929. Aunque con importantes resultados en una primera etapa, no lograron contrarrestar los efectos de la globalización capitalista acelerada a fines del siglo XX y la irrupción de las economías emergentes asiáticas, el gran fenómeno de la economía contemporánea.

Los proyectos progresistas del siglo XXI deben ir más allá, dado el actual contexto global y las nuevas amenazas, y propiciar una amplia transformación social y ecológica. Deben insistir en construir espacios regionales protectores con más integración de las políticas comerciales y de inversión para ganar autonomía relativa y defender estándares sociales y ambientales en la globalización. Y proponerse emancipar a la mayoría social de las tres estructuras principales que la oprimen o amenazan: la de la dominación política de un grupo o clase minoritaria sobre el resto, la de la dominación del capital sobre el trabajo y la del uso indiscriminado por el capital de los recursos de la naturaleza. 

Una primera gran tarea es que la democracia no retroceda ante la ola autoritaria que utiliza los temores y la inseguridad que crea el propio liberalismo globalizador.

El progresismo y la izquierda deben reafirmar el principio de igualdad efectiva de oportunidades y el de reciprocidad más allá del mercado “según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón” (Gerald Cohen).

Para volver a ganar legitimidad, las instituciones deben avanzar en calidad y probidad y descentralizarse con más democracia territorial. Y producir mejores resultados sociales.

El progresismo debe promover la igualdad de género y encabezar la construcción de mecanismos de seguridad económica con derechos laborales efectivos y una fuerte protección social basada en compensaciones suficientes ante el desempleo, la enfermedad, la vejez y la pobreza. Y favorecer una inmigración ordenada y con derechos. 

Lo anterior supone más dinamismo y avanzar a una economía mixta innovadora. Se debe estimular la investigación y el desarrollo tecnológico y la creación generalizada de empleos decentes. En las actividades lucrativas, el capital privado debe ser gobernado social y ecológicamente por instituciones democráticas efectivas en materia de diversificación y desconcentración productiva, de negociación colectiva, de participación laboral en la empresa y de redistribución del ingreso.

Y también de transición a una economía circular, con resiliencia ecosistémica y un consumo funcional y responsable. Para avanzar a la economía circular, cada tipo de actividad debe pagar el costo efectivo del tratamiento y reciclaje de sus desechos. Pero se debe partir por el principio: cambiar el actual modelo de consumo, con alimentos industriales, embalajes plásticos generalizados, automóvil individual en ciudades segmentadas y extendidas, obsolescencia programada de los equipamientos. Todo esto es dañino para la salud humana y destructor de los ecosistemas. Para avanzar a un modelo de consumo funcional es cada vez más imperativo  actuar contra la epidemia de obesidad infantil dificultando el acceso y encareciendo la comida chatarra a través de un impuesto especial que se use para subsidiar parte de una alimentación institucional (Junaeb y casinos de empresas) basada en alimentos saludables y ecológicos. La información no basta.

A la vez se requiere ampliar las alternativas al automóvil individual mediante un transporte público de calidad basado en la electricidad. Se avanza en la materia, pero a paso muy lento, mientras las ciudades son cada vez más invivibles, el aire más irrespirable y los tiempos de transporte cotidiano más largos. Como parte de una política territorial de efectos de largo plazo, es necesario estimular una mayor cercanía física de vivienda familiar, escuelas, servicios públicos y trabajo, disminuyendo además la segmentación social de las ciudades y ampliando el trabajo domiciliario con uso intensivo de tecnologías de la información al menos algunos días de la semana.

Esto requiere de autoridades metropolitanas fuertes ("alcaldes mayores" con competencias de ordenamiento urbano y territorial) al menos en Santiago, Valparaíso-Viña, Concepción-Talcahuano y otros lugares del país. En paralelo y en el corto plazo, se debe realizar una mayor inversión en sistemas de transporte rápido urbano y suburbano. Un dato: un tren de 150 metros puede transportar 3.000 personas, lo mismo que 2.600 automóviles, equivalentes a un taco de 11,5 kilómetros. La meta debe ser construir vías exclusivas reales para buses eléctricos, tranvías y metros en las principales aglomeraciones, de modo que ningún habitante urbano esté a más de 500 metros de un paradero o estación.

Esto tiene un costo, financiable con impuestos (el impuesto especial a los combustibles debiera aumentarse en el caso del diesel y destinarse íntegramente a estos fines), tarifas y endeudamiento de largo plazo, pero el esfuerzo vale la pena (y es además en la mayoría de los casos "socialmente rentable" en términos de evaluación de proyectos) si se considera que lo que está en juego es la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. 

La economía lucrativa debe entonces limitar con el interés general y coexistir con agencias estatales proveedoras de servicios públicos fortalecidos y no disminuidos, con empresas públicas estratégicas y con un amplio tejido de economía social y solidaria.

Un Estado democrático probo y profesional, no capturado por los intereses corporativos, debe ampliar los tributos redistributivos y regular más precios y tarifas claves tanto para asegurar la sostenibilidad como evitar la generación de rentas ilegítimas.  

Las alternativas al neoliberalismo existen, aunque las corporaciones privadas dominantes y sus representantes políticos pongan el grito en el cielo. Y en Chile no se harán efectivas si persiste el limbo programático que se ha generalizado en la actividad política - y especialmente en el campo progresista, pues para la derecha los programas nunca tuvieron demasiada importancia frente a los intereses a defender - para supuestamente seducir electorados múltiples con un discurso plano.

El resultado ha sido otro: la generalizada pérdida de credibilidad de los ciudadanos que no adhieren a la sociedad del privilegio que ofrece la derecha, pero que observan que sus representantes políticos parecen estar más al servicio de si mismos y no confluyen ni defienden suficientemente los valores, ideas e intereses de la mayoría social.

Sobre las reformas tributaria y previsional

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Dado que están activamente en curso sendas negociaciones sobre impuestos y sobre el sistema de pensiones entre el gobierno y parte de la oposición, tal vez tenga sentido contrastar sus posibles resultados con lo que podría ser un mejor sistema tributario y un mejor sistema previsional.

En materia de impuestos, lo razonable sería que se separara integralmente, como en Estados Unidos, la tributación de las utilidades (devengadas) de las empresas - necesaria para financiar las infraestructuras y las capacidades humanas sin las cuales no hay actividad productiva de empresa alguna - de la tributación de los ingresos personales provenientes de utilidades retiradas desde las empresas por sus dueños.

Las tasas de estos ingresos personales deben ser siempre más altas tanto para estimular que las utilidades se reinviertan y no se retiren para fines de consumo como para redistribuir los ingresos, en tanto los ingresos salariales bajos no sean tributables.

Las tasas planas a todos los ingresos a lo Milton Friedman no permiten ni estimular la inversión ni redistribuir ingresos.

La tasa aplicada a las utilidades devengadas debiera ser menor que la actual para aquella parte que sea reinvertida en capacitación y en actividades de economía circular -especialmente en los territorios más desfavorecidos - y en innovación energética renovable, para así aumentar la inversión y al mismo tiempo estimular un crecimiento sustentable y con valor agregado basado en conocimiento, mayores capacidades humanas e innovación mejor distribuidos social y territorialmente. Lo mismo debe ocurrir con la depreciación acelerada, que debiera ser selectiva y solo aplicable a las inversiones mencionadas.

Las regalías (royalty) mineras y las aplicadas sobre los recursos naturales debieran subir sustancialmente cuando el margen de explotación aumente más allá de 10%, para evitar utilidades sobrenormales que no tienen justificación productiva alguna y que constituyen un renta no empresarial que pertenece a los dueños de los recursos, es decir todos los chilenos/as.

La tasa marginal del impuesto a la renta personal sobre 10 millones de pesos mensuales debiera subir al 50% (nivel de 1989) y al 65% (nivel que no desestimula la actividad según economistas como Krugman y Diamond y Sáez) sobre 20 millones al mes, para contribuir a una mayor equidad distributiva en uno de los países más desiguales del mundo.

Se debe fortalecer las capacidades tributarias y la autonomía de regiones y comunas para fijar tasas y ampliar la base tributable en materia de impuesto territorial de bienes raíces y de patentes mineras, industriales y comerciales, compensando más a los territorios más pobres con los recursos de los más ricos en un país con enormes desigualdades territoriales que se agregan a las desigualdades sociales.

En materia previsional se discute introducir mecanismos de solidaridad, pero sin claridad suficiente respecto de quién la realiza y quién la recibe. Si es una solidaridad de todos los cotizantes (ingresos provenientes de la planilla de salarios) hacia otros asalariados, deja afuera el aporte de los ingresos del capital, hoy por hoy recaudados, aunque insuficientemente, por el sistema tributario. Sería una solidaridad entre trabajadores solamente.

Es más lógico que la solidaridad intrageneracional se produzca a través de la Pensión Solidaria y los Aportes Previsionales Solidarios financiados por impuestos, con aportes de los ingresos del trabajo y también del capital.

En un enfoque de solidaridad sustancial de ese tipo, la pensión básica debiera aumentar progresivamente y alcanzar un gasto presupuestario de hasta un 5% del PIB, como en Nueva Zelandia.  

Dicho sea de paso, hoy en Chile el gasto en pensiones de las fuerzas armadas es de 0,9% del PIB y el de pensiones solidarias de 0,8 % del PIB. La reforma tributaria debiera contemplar el financiamiento de un aumento mayor que el previsto de la pensión básica aumentando la tributación a los ingresos del capital en los términos reseñados.

La clave es que la recaudación para pensiones no es propiamente solidaria, en las condiciones de la distribución del ingreso en Chile, si solo la financian las cotizaciones salariales, además con un tope, y no se agrega una contribución de los ingresos de capital, como es el caso de la Contribución Social Generalizada existente en Francia.

Por otro lado, si además se quiere establecer un mecanismo de solidaridad intergeneracional entre cotizantes, ésta puede operar con fórmulas como la sueca, a través de cuentas individuales en las que se registra el historial de cotizaciones de cada trabajador.

La suma da derecho al jubilarse a una pensión financiada por la recaudación en cada período proveniente de las cotizaciones salariales obligatorias. Esta indexación de los derechos adquiridos por cotizar en el pasado con la masa salarial en el presente, constituye una solidaridad entre generaciones que, al mismo tiempo, evita desequilibrios por el envejecimiento futuro. Nada impide que el 4% adicional se pueda utilizar para este fin con un mecanismo de reparto como el mencionado.

Está sobre la mesa la idea de un “ente público” que mantenga la capitalización del 4% adicional de cotización salarial imputada al empresario, administrados por privados distintos de las AFP.

Se plantea, además, una especie de extensión del seguro de invalidez y sobrevivencia y del seguro en caso de pérdida de autonomía que propone el gobierno. para aumentar la pensiones de las personas de más edad.

Eso sería socialmente muy regresivo, pues pagarían la misma prima personas que vivirán más y otras menos, casualmente las más pobres. Estudios para comunas de Santiago indican un diferencial de esperanza de vida de unos 8 años, lo que es enorme.

Y si no hay margen para otra cosa con el actual gobierno, entonces al menos la entidad pública debiera poder optar a administrar directamente el 4% y también el 10% hoy existente, junto a las Cajas de Compensación y otras entidades propuestas por el gobierno para el 4%, y así incentivar una mayor competencia que pudiera bajar las comisiones.

Se establecería de ese modo una alternativa pública que terminaría con el monopolio de las AFP, la que se prolonga desde 1981 con pésimos resultados en materia de tasa de reemplazo de ingresos previos por pensiones.

Tal vez tenga sentido que al menos se concrete en esta reforma un nuevo servicio público que cumpla con la tarea de bajar las comisiones en el 14% de cotización obligatoria, realizar una atención preferente de los grupos vulnerables y fiscalizar las cotizaciones para aumentar la protección de todos en la vejez.

El actual gobierno no está, al parecer, en condiciones de aprobar su proyecto original y debiera aceptar una institucionalidad pública que en el futuro pudiera hacerse cargo de la solidaridad intergeneracional en materia de pensiones.

Lecciones autocríticas

En Cooperativa.cl

Milité en el Partido Socialista desde 1985 a 2016. Fui partícipe del proceso de renovación de ideas, de la reorganización para la lucha social y política contra la dictadura y de la reunificación en 1989. Fui miembro de su dirección en los ochenta y noventa y presidente en 2003-2005.

A ese título conocí al PS en profundidad y estaré siempre agradecido de una militancia que me permitió convivir con muchas personas nobles y comprometidas de todos los rincones de Chile, muchas de las cuales sufrieron enormemente por ese compromiso durante la dictadura y sobrellevaron con dignidad sus secuelas. Y estaré siempre agradecido del honor de haber ejercido responsabilidades partidarias en su nombre. 

Renuncié hace tres años porque terminé de convencerme que el sistema de generación de autoridades y la transformación del PS en una plataforma burocrática despolitizada y sin proyecto lo hacían irreformable en las condiciones actuales e inservible para las causas socialistas de igualdad y justicia social, de libertad real y ahora también de preservación de los ecosistemas para las nuevas generaciones. 

Por un lado, se produjo la progresiva descomposición de una parte de sus élites, que decidió hacer de la realpolitik de corto plazo su práctica política y abandonó todo proyecto de cambio de la sociedad.

Esa parte de la dirigencia aceptó la cercanía, la influencia y el financiamiento del poder económico corporativo a sus campañas, como es de público conocimiento, incluso cuando se estableció el financiamiento público de la actividad política (la situación previa en algún sentido obligaba a buscar financiamientos donde se pudiera), e hizo del acceso a cargos públicos para sus clientelas su razón de ser.

Otros decidieron adoptar lisa y llanamente el modelo del cacicazgo de las oligarquías tradicionales para mantener el control de todo lo que se moviera en sus territorios electorales, utilizando desde la influencia en el nombramiento de jueces a la connivencia con la derecha empresarial, incluso promoviendo amnistías a los evasores tributarios.

Otros se transformaron en lobistas de intereses empresariales. Estos fenómenos no son para nada exclusivos del PS, sino una expresión generalizada de la decadencia de nuestra muy imperfecta democracia, pero nunca debieron llegar al PS. 

Por otra parte, se produjo la descomposición de una parte de su dirigencia intermedia y de base. En nombre de una proveniencia popular (lo que es bastante relativo en muchos casos, pues se trata de gente con formación universitaria), todo valía para hacerse un lugar en el poder partidario, con la idea cada vez más extendida de desplazar a las "élites de Plaza Italia para arriba", como si Allende y muchos de sus dirigentes no tuvieran un origen social privilegiado, como si la mayoría de los dirigentes no fuera de sectores medios y como si no hubiera habido siempre dirigentes de proveniencia popular, haciendo del PS un espacio de los "trabajadores manuales e intelectuales" como señala su Declaración de Principios de 1933.

Fueron aceptando y, en algunos casos, desarrollando como método de acumulación de poder, transgresiones a la ética pública de diversa índole, que algunos reivindican todavía como parte de su "lucha contra las élites".

Esto fue incluyendo la inscripción de cualquier persona como afiliado con derecho a voto para controlar elecciones internas, el acarreo organizado y masivo e incluso la falsificación de resultados electorales partidarios.

Este proceso de descomposición se fue agravando hasta hacer un uso local intensivo del clientelismo abierto por diversos dirigentes nacionales, utilizando los órganos del Estado de distinto nivel, con la consecuencia de una multiplicación de corruptelas variadas y, en algunos casos extremos, la connivencia con el narcotráfico.

Así se llega a la crisis actual, provocada por reportajes televisivos que algunos consideran una conspiración, cuando en realidad se trata de una información con ribetes de escándalo que iba a emerger a la luz pública de un modo u otro. 

Ya no me corresponde opinar sobre las salidas de crisis de un partido al que no pertenezco, pero lo que pasa en el PS interesa a la sociedad en su conjunto y al conjunto del progresismo.

Creo que un Congreso Extraordinario debiera refundarlo, con una organización interna basada en la adquisición del derecho a voto mediante una participación efectiva en actividades militantes por al menos tres años y una formación obligatoria en sus principios. Y elegir una nueva directiva en ese Congreso para encabezar el saneamiento del PS y su reanclaje en un proyecto de transformación social situado en la izquierda del espectro político. 

Pero muchos se preguntarán, con razón, y usted qué hizo o no hizo en todo esto que señala. Yo tengo responsabilidades personales en todo ese proceso, y las asumo. 

Me auto-critico por haber concebido por 1987, junto a otros compañeros, el sistema de elección de dirigentes basado en afiliados y no en militantes y sus delegados reunidos en congresos deliberativos, a pesar de la reforma de estatutos cuando fui secretario general del PS unificado que ponía condiciones de militancia, pago de cotizaciones y renovación periódica del carnet partidario, pero que no fueron suficientes y se abandonaron.

La idea era introducir más democracia y terminamos facilitando un sistema de control de afiliados clientelares por caciques locales y dirigentes intermedios, que en principio trabajaban para liderazgos nacionales y luego para sí mismos.

Se equivocan los que sostienen que este es un tema de tendencias políticas internas, cuya necesidad siempre he defendido para mantener la pluralidad, sino de grupos despolitizados de control de clientelas. 

Me auto-critico por haber promovido con insistencia en el PS una "cultura de gobierno" sin darme cuenta que se reemplazaba una indispensable "cultura de militancia social".

El resultado fue en definitiva legitimar la transformación del PS en una mera plataforma de acceso a posiciones burocráticas. El boicot a organizar la formación política de los militantes fue permanente, incluso en mi presidencia.

Yo rompí con la corriente interna de la renovación a la que pertenecía, que creo hizo una gran contribución de ideas al socialismo, y me acerqué a la supuesta izquierda partidaria porque pensé que con ellos podíamos armar un campo de resistencia ante la deriva hacia la renuncia a la justicia por las violaciones de los derechos humanos y hacia la connivencia con el mundo empresarial.

La idea era retomar la militancia social y un proyecto transformador que guiara nuestros pasos. Pero combatir internamente esas derivas y plantear un proyecto de cambio no era lo que interesaba a esa supuesta izquierda, sino solo sus propios espacios de poder personal.

Promoví entre tanto la salida del PS de los lobistas, que derivó en la renuncia de Enrique Correa y la suspensión de militancia de Eduardo Loyola. El que terminó saliendo fui yo, en un congreso que perdí por muy pocos votos en 2005. Isabel Allende, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier, Camilo Escalona, Mahmud Aleuy y Osvaldo Andrade, la derecha y la izquierda partidaria unidas, terminaron después aplaudiendo el retorno del lobista Enrique Correa al PS, aunque tengo entendido que no sometieron su reincorporación a un congreso partidario. Hicieron girar al PS hacia el centro político, el acomodo al modelo económico liberal y, finalmente, la irrelevancia. 

Me auto-critico por no haber controlado directamente las decisiones de la Comisión Patrimonio - que decidimos administrara la indemnización de los bienes expropiados por la dictadura - cuando fui presidente del PS, que fue una idea mía y de otros para asegurar la independencia financiera y política del PS frente al empresariado, y establecido de modo tajante que solo invirtieran en instrumentos públicos y empresas con sello social y ambiental, aunque la rentabilidad fuera menor, en vez de en SQM y otras empresas que estaban corrompiendo el sistema político, lo que nunca pensé los miembros de la comisión harían. 

Me auto-critico por no haber sido más tajante frente a Miguel Ángel Aguilera, aunque fue Alcalde después de haber yo dejado todo cargo partidario. Nunca acepté en el grupo interno de la renovación sus pujas desembozadas por posiciones de poder, porque su estilo intuitivamente no me gustaba y me parecía brutal y oscuro. Nunca acepté un solo voto de él y de su gente. Nunca.

No sé si Miguel Angel Aguilera utilizó vínculos con el narcotráfico para acumular afiliados. Cuando una persona me advirtió, en un encuentro casual hace más de una década, haber observado a traficantes de San Ramón movilizando gente en las elecciones internas, no puse el grito en el cielo por la ausencia de pruebas. Denunciar algo sin pruebas no es correcto. Pero, dada la gravedad del hecho, debí haber pedido una investigación exhaustiva.

Al cabo del tiempo, y con el aparataje municipal detrás, aseguró una vicepresidencia perenne en el PS (alternada con su hermana). Ahora la contratación de personas en el municipio de San Ramón vinculadas el narcotráfico, mostrada en reportajes televisivos, es objeto de investigación judicial y no es solo parte de rumores, como los hay tantos en toda organización política.

Hasta ahí mis auto-criticas y sus matices, dado que tuve responsabilidades en todo este proceso, cuya degradación logré tal vez retrasar pero no evitar, y las asumo en lo que me cabe.

Este proceso, por otro lado - y a pesar de lo descrito - produjo importantes resultados positivos para la mayoría social, pero eso es harina de otro costal. La esperanza es que se aprenda las lecciones para que los partidos políticos se fortalezcan y ojalá nunca se repitan estos hechos en ningún espacio en el futuro. Y que lo acontecido no afecte el ideario socialista y su proyección en la sociedad chilena para hacerla más justa, y por eso más libre y más sostenible. 

A esas prácticas hay que contraponer, en las antiguas y en las nuevas organizaciones de izquierda, la reconstrucción y creación de otras prácticas que contribuyan a la transformación social porque a) son probas (es decir tienen siempre límites éticos y no sirven intereses particulares sino el interés general) y b) están inspiradas en valores e ideas propias de un proyecto de cambio social emancipador, diverso y tolerante en su seno, pero capaz de representar los intereses de la mayoría social.

Esto requiere del difícil ejercicio político cotidiano de subordinar los intereses específicos al interés general y de articular las acciones del presente con el horizonte del proyecto político que se defiende.

Medidas económicas tardías

En Voces de La Tercera

En el primer trimestre de este año la economía se estancó, medida por el Producto Interior Bruto (PIB) corregido de efectos estacionales y en comparación al trimestre anterior. Según el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) más reciente, en los cuatro primeros meses de 2019 la economía creció en 1,7% respecto al mismo período de 2018. En los dos próximos cuatrimestres la economía debiera aumentar sustancialmente su crecimiento para llegar al 3-3,5% promedio anual, que estableció como meta el presidente Piñera en la cuenta pública del 1 de junio. Esta es una cifra que el contexto internacional no permite seriamente proyectar.

El gobierno decidió el jueves 6 de junio adelantar obras públicas por unos mil millones de dólares en inversiones que se iniciarían en 2019 y 2020 “a través de hacer más expedito el proceso de autorización presupuestaria necesarias para sacar adelante esas obras”. Esto representa un volumen de gasto adicional pequeño con efectos macroeconómicos mínimos, pero cuya “agilización” probablemente incluirá la enésima iniciativa para disminuir los estándares ambientales en los proyectos de inversión.

Por su parte, luego de meses de inacción, porque supuestamente todo iba más o menos bien, el 7 de junio el Consejo del Banco Central por fin se decidió a bajar de la tasa de interés de referencia. Esta pasó a 2,5% desde el 3% vigente desde enero, lo que se explica por los malos datos de la actividad económica y especialmente de la inversión, cuya dinámica el Banco Central ha sobreestimado en el período reciente, así como una caída de las exportaciones mineras e industriales.

Entre tanto, los desocupados sumaron 626 mil personas en el trimestre febrero-abril, un aumento de 3,4% respecto a los 605 mil del mismo período del año pasado, según la encuesta del INE. El empleo creció en 1,4% en doce meses, un buen ritmo. Los cotizantes dependientes (con contrato formal de trabajo) en las AFP aumentaron en el trimestre diciembre 2018-febrero 2019 en 3,3% en doce meses, según la Superintendencia de Pensiones, lo que indica una tendencia a la formalización del empleo. Pero el 28,5% del empleo es informal, una cifra muy alta en el contexto de los países de la OCDE, aunque baja en el contexto latinoamericano. Las remuneraciones reales crecieron, de nuevo según el INE, en 2,6% en 12 meses en abril de 2019.

Este crecimiento del empleo y de las remuneraciones es el que sostiene el consumo y el que ha permitido que la actividad económica no haya entrado en recesión, en un contexto de caída en la inversión y de las exportaciones.

Esto explica la decisión reciente del Banco Central, pero no explica su carácter tardío, la que viene además a compensar el error de haber subido a fines de 2018 y principios de 2019 esa tasa en 0,25 en cada ocasión, llevándola del 2,5% al 3% en medio de signos que no eran expansivos, especialmente por el contexto externo. Ahora el Banco Central reconoce que “a la luz de la actualización de los parámetros estructurales, la recuperación de la economía no ha sido suficiente para cerrar la brecha de actividad e impulsar la inflación. Por ello, estimó necesario recalibrar el impulso monetario”. La inflación está próxima a completar tres años bajo la meta de 3% anual, por lo que es urgente que el Banco Central revise su concepto de “impulso monetario”, basado en reglas obsoletas frente a una relación entre desempleo e inflación que ha cambiado sustancialmente en todo el mundo (en Estados Unidos el desempleo bajó desde la gran crisis de 2009 de 10% a menos de 4% pero la inflación, contrariamente a las previsiones de los economistas conservadores, ha permanecido en menos de 2% anual) y también en nuestro país.

Todo este episodio confirma el sesgo sistemáticamente recesionista de la política monetaria en Chile y la timidez contracíclica de la política fiscal. Este sesgo tuvo graves consecuencias en 1999 y 2008-9, cuando se aumentaron las tasas de interés en vez de disminuirlas, con sendas caídas evitables del PIB y fuertes aumentos del desempleo.

Los macroeconomistas convencionales en Chile siguen demostrando una gran impericia para manejar el ciclo económico, siempre inestable por la alta exposición a pocos bienes de exportación.

Por el momento, el gobierno y la autoridad monetaria no ofrecen una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo. Tampoco lo hizo el gobierno anterior, dicho sea de paso, cuyos economistas no pensaban de manera muy distinta que los del actual. Una respuesta que mantenga una mayor creación de empleo y aumente su calidad solo puede provenir de una política contracíclica más contundente en materia monetaria (bajando todavía más la tasa de interés en los próximos meses) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas mediante endeudamiento hoy disponible a bajo costo). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía probablemente languidecerá con tasas de crecimiento bajas. Es de esperar que la cantidad de desempleados no siga aumentando, pues son los que en definitiva sufren las consecuencias de las decisiones equivocadas de política económica y por los que casi nadie habla.

La insustancial cuenta de Piñera

En Observatorio de Medios

Después de la cuenta presidencial anual, queda en evidencia la ausencia de respuesta del actual gobierno a tres de los principales problemas que aquejan a la sociedad chilena.

El primero de ellos es la crisis institucional. No se observa en la cuenta nada sustantivo para mejorar el clima institucional después de lo visto en la apropiación de fondos públicos en Carabineros y el Ejército, las coimas de algunos jueces, la guerra entre los fiscales de la región de O´Higgins, la denuncia de manipulación del IPC en el INE y así sucesivamente. O para evitar con mejores sistemas de control nuevos brotes de corrupción y los conflictos de interés entre funcionarios de gobierno y actividades privadas. Parece ser que para Piñera estos simplemente no importan, visto lo del viaje a China de sus hijos empresarios, la reacción posterior y el silencio frente al no pago de contribuciones en propiedades del actual presidente.

Parece ser que para Piñera estos simplemente no importan, visto lo del viaje a China de sus hijos empresarios, la reacción posterior y el silencio frente al no pago de contribuciones en propiedades del actual presidente.

Crear una comisión dirigida por el ministro del Interior para buscar un nuevo “acuerdo nacional” no hace más que dilatar medidas drásticas contra la corrupción y los conflictos de interés, por un lado, y el rediseño global de las instituciones políticas, por el otro.

Una Contraloría General en crisis debilita el control de la legalidad de los actos de los órganos administrativos, y especialmente la ejecución presupuestaria. No se necesita una comisión para enviar con urgencia un proyecto de ley que dote a la Contraloría General de capacidades de control de todo tipo de gastos reservados y de los sistemas de compras públicas, donde se concentra la corrupción, y termine con la crisis de mando de la institución. A su vez, la sanción frente a conflictos de interés que permiten, por ejemplo, a familiares ser parte de las actividades de altas autoridades, debe aumentar drásticamente y a la brevedad.

Piñera decidió, por otro lado, dar una respuesta absurda a la caída de la legitimidad de los órganos de representación. Disminuir el número de parlamentarios suena bien a los oídos de los que, por diversas razones, aborrecen de su rol, y de paso permitiría disminuir la diversidad de la representación y favorecer a la UDI, que nunca aceptó el cambio del sistema electoral hacia una mayor proporcionalidad. Un pequeño cuerpo parlamentario aumenta las posibilidades de captura del sistema político por los intereses de las grandes corporaciones empresariales.

Las claves están más bien  en la disminución de la remuneración desmedida de los parlamentarios, la profesionalización de los sistemas de asesoría (creando en especial una oficina parlamentaria de presupuesto que sea una contraparte seria del ministerio de Hacienda para aumentar la calidad de la discusión de las leyes), el límite real a la reelección y la pérdida inmediata del cargo y del derecho a ser elegido a quienes financian ilegalmente sus campañas.

Pero lo principal es que no se aborda el problema central: Chile no posee instituciones dotadas de suficiente legitimidad, por lo que su futura prosperidad y estabilidad democrática requieren ineludiblemente de un cambio constitucional.

Pero lo principal es que no se aborda el problema central: Chile no posee instituciones dotadas de suficiente legitimidad, por lo que su futura prosperidad y estabilidad democrática requieren ineludiblemente de un cambio constitucional.

Ello fue muy mal manejado por el gobierno anterior, sin lograrse ningún avance, pero con el actual el tema simplemente desapareció de la agenda. Instituciones como los quorum calificados de aprobación de leyes y un Tribunal Constitucional activista que interfiere en las decisiones del parlamento y del poder judicial no merecieron ninguna mención en el mensaje presidencial, mientras no hubo un compromiso claro con mantener la fecha de la elección de gobernadores regionales el año próximo. La derecha en el gobierno está al debe en materia de reforma democrática a las instituciones.  Y esto tiene una explicación: su compromiso con las instituciones democráticas es en esencia débil e instrumental.

Ello fue muy mal manejado por el gobierno anterior, sin lograrse ningún avance, pero con el actual el tema simplemente desapareció de la agenda.

El segundo gran problema del país es la pérdida de dinamismo económico. Si se mide la actividad económica más reciente a través del PIB ajustado por factores estacionales, se constata que se estancó en el primer trimestre de 2019. Cayeron las exportaciones y la inversión. Solo mantuvo un cierto crecimiento el consumo, empujado por mejores remuneraciones reales promedio por la baja de la inflación, de acuerdo a los datos del Banco Central, lo que aún sostiene la demanda interna y no ha deteriorado el empleo.

En el presente año, el PIB no crecerá más de 2 a 3%, por lo que Piñera no tuvo más remedio que rebajar la proyección gubernamental de crecimiento y de paso hacer desaparecer la promesa de tiempos mejores. El hecho es que el gobierno no ofrece una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo, lo que solo puede provenir de una política contra cíclica contundente en lo monetario (disminuyendo la tasa de interés) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía languidecerá.

El hecho es que el gobierno no ofrece una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo, lo que solo puede provenir de una política contra cíclica contundente en lo monetario (disminuyendo la tasa de interés) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía languidecerá.

El tercer gran problema de Chile, y este es de carácter estructural pero no por eso menos acuciante, es la persistencia de las desigualdades, tema que apenas fue mencionado en la cuenta presidencial. En cambio, Piñera ha intentado conectar con la idea de representar a la clase media. La derecha, que representa de manera directa a las oligarquías económicas que concentran el poder en Chile, necesita dotarse de alguna legitimidad y conseguir adhesiones y votos, y hoy privilegia la idea de representar a la clase media aspiracional.

Sin embargo la realidad esencial es que los sectores medios se encuentran sometidos a relaciones laborales asimétricas y precarias en el contexto de una economía menos dinámica. Con alto costo de la educación, como en el gasto de las atenciones de salud a través de seguros privados, bajas pensiones que provee el sistema de AFP y altas tarifas que protegen a monopolios empresariales y no a los usuarios, como es el caso de los peajes de vías concesionadas y diversos servicios básicos. El programa de clase media recientemente anunuciado y reiterado en el mensaje no actúa de manera significativa en ninguno de estos aspectos.

Sin embargo la realidad esencial es que los sectores medios se encuentran sometidos a relaciones laborales asimétricas y precarias en el contexto de una economía menos dinámica. Con alto costo de la educación, como en el gasto de las atenciones de salud a través de seguros privados, bajas pensiones que provee el sistema de AFP y altas tarifas que protegen a monopolios empresariales y no a los usuarios, como es el caso de los peajes de vías concesionadas y diversos servicios básicos.

Peor aún, el compromiso adquirido con la Democracia Cristiana de permitir la cotización salarial adicional de 4% por un órgano público fue relativizado, evidenciando la incapacidad del gobierno para lograr la aprobación de sus iniciativas legales. La rebaja tributaria a los más ricos fue reiterada, lo que no contó siquiera con el apoyo del presidente de Renovación Nacional.

 La rebaja tributaria a los más ricos fue reiterada, lo que no contó siquiera con el apoyo del presidente de Renovación Nacional.

Junto a una conducción errática y acciones que evidencian una y otra vez una lógica de preservación de privilegios, estos factores son los que explican la sustancial pérdida de popularidad del actual gobierno, que la cuenta presidencial no parece haber contribuido a revertir.

Más sobre la reforma de pensiones

En Voces La Tercera

Diversas personas han vuelto a sostener en estos días que los sistemas de pensiones de reparto serían inviables, sumándose al coro neoliberal que viene diciendo lo mismo desde 1981. Esto simplemente no es cierto.

Se alude por los que argumentan esta supuesta inviabilidad que el cambio demográfico lleva inevitablemente a que menos activos deban sostener a cada vez más pasivos. Eso es cierto, pero lleva a distintas conclusiones. Los sistemas de reparto, en el que los que hoy trabajan sostienen a los que ayer trabajaron, es decir los hijos/hijas a sus padres, están obligados a ajustarse a ese cambio, como todo sistema de pensiones, por lo demás. Pero es absurdo sostener que deban inevitablemente desaparecer. Es como decir que dado que habrá más personas de edad que se enferman, entonces no debería haber más hospitales y servicios médicos para todos porque no son sostenibles para tanta gente.

Lo que habrá que hacer es invertir más en pensiones y en salud. O vivir en sociedades basadas en la ley de la selva y en el abandono de las personas más frágiles.

En el caso de las pensiones, si menos personas que trabajan producen más (es decir aumentan su productividad), entonces pueden financiar a más jubilados con la misma proporción de sus ingresos. Si la productividad no aumenta lo suficiente, deberá aumentarse esa proporción de los ingresos o deberán aumentar menos las pensiones en el tiempo o retrasar la edad de jubilación. Ajustes, desde luego. De inviabilidad, nada. De paso, señalemos que los que defienden desde distintos horizontes ampliar sustancialmente la pensión básica están defendiendo un esquema de reparto (“pay as you go”, en su denominación en inglés), solo que en vez de financiarse por cotizaciones se financia con impuestos, lo que es una buena idea, como veremos.

Los neoliberales debieran partir por constatar que hay numerosos países que o bien están locos por no hacerles caso o bien piensan que sus sistemas de pensiones con componentes de reparto son viables, sostenibles y preferibles al libremercadismo de los ahorros o a cotizaciones obligatorias y pensiones administradas por privados con fines de lucro. Para empezar, este es el caso de Estados Unidos, país que mantiene un sistema de reparto, el Old-Age, Survivors, and Disability Insurance (OASDI), creado por Roosevelt en 1935 y que los republicanos no han logrado echar abajo, por mucho que lo hayan intentado. En opinión del Nobel Paul Krugman, en Estados Unidos “la Seguridad Social no enfrenta una crisis financiera; su disminución de financiamiento de largo plazo puede fácilmente cerrarse con un modesto incremento en los ingresos”. Y así, diversos países van modulando sus beneficios de pensiones y edades de jubilación a los ingresos actuales y futuros, haciendo lo que en la jerga económica se denomina cambios paramétricos, como Canadá, Alemania, Dinamarca y una larga lista, mientras otra lista de países volvió del sistema de capitalización individual a uno predominantemente de reparto, encabezados por Polonia, o bien el caso de Suecia, que pasó a un sistema de reparto pero basado en las cotizaciones a lo largo de la vida registradas en cuentas individuales.

Sin embargo, no parece recomendable volver al sistema antiguo chileno de reparto, porque más de 20 cajas distintas que se fueron creando inorgánicamente a lo largo del tiempo no aseguraban el mismo trato a los pensionados, creando privilegios financiados por el resto de ciudadanos (como ocurre hoy con el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que cuesta un 0,9% del PIB, más que el sistema de pensiones solidarias). Y porque la cotización obligatoria basada en el salario no permite integrar a los trabajadores informales (un 30% del total) y tampoco hacer contribuir equitativamente a las personas con altos ingresos de capital. Además, la esperanza de vida de los jubilados más pobres es inferior a la de los de más altos ingresos. No existen cifras oficiales al respecto, lo que es una carencia inaceptable del sistema estadístico chileno, pero se ha estimado diferencias de hasta siete años en la esperanza de vida al nacer en comunas pobres y ricas de Santiago. Por ello, las cotizaciones de los más pobres que viven menos terminan pagando de manera desproporcionada las pensiones de los que viven más y son más ricos. Por ello estos deben contribuir más.

Un nuevo sistema debiera basarse en ingresos que financien en primer lugar una pensión básica universal que sea progresivamente equivalente a una canasta promedio de consumos de mínima dignidad para los mayores (con un gasto que pase del actual 0,7% del PIB para financiar la pensión básica y los aportes solidarios a un objetivo en una década de un gasto en pensión ciudadana de 5% del mismo, como en Nueva Zelandia). Estos ingresos deben provenir no solo de aportes salariales sino también de los otros ingresos que tributan en el impuesto a la renta. Por eso es un error solo subir, como propone el proyecto del gobierno, las cotizaciones basadas en salarios, que aunque las paguen nominalmente los empleadores en definitiva las pagan los trabajadores, especialmente los nuevos contratados, pues forman parte del costo salarial. En segundo lugar, se debe reestructurar un sistema de incentivos para ahorros para la vejez en diversos instrumentos, que incluya una entidad estatal que también pueda administrar ahorros voluntarios, terminando con el monopolio del ahorro forzoso administrado por las AFP para beneficio de sus dueños.

Así se configuraría un nuevo sistema con, en primer lugar, una pensión ciudadana universal y complementos de las actuales pensiones más bajas, financiados con el aporte obligatorio de una proporción de todos los ingresos generados en la economía. De este modo se lograría mejoras de pensiones que entren en vigencia a partir de ahora y no en 40 años más. Y, en segundo lugar, una nueva entidad estatal debiera estar habilitada, además de entidades privadas debidamente reguladas, para gestionar en condiciones competitivas los ahorros complementarios que las personas quieran realizar para mejorar sus ingresos más allá de la pensión universal, con costos de administración razonables, de acuerdo al esfuerzo de ahorro de cada cual y con premios tributarios equitativos.

Carlos Altamirano, el protagonista controvertido

En The Clinic

Lo vi por última vez hace unos meses, en un encuentro para recordar a un cercano. Ahí estaba este hombre sencillo, siempre dialogante y afectuoso al modo de los hombres de su época, en ese momento expresando amistad por el que había partido. Estaba acompañado del hijo de su mujer ya fallecida, mi coetáneo de generación, colegio, exilio, universidad y de amistades de la vida a través del cual conocí a lo largo de los años, más allá de la política, a una persona que aprendí a querer y respetar: Carlos Altamirano. Su edad avanzada no lo hacía menos lúcido en la conversación en ese encuentro, compartiendo con sentido del humor y siempre con su inteligencia desbordante.

Ese hombre ya era desde hace muchos años un mito viviente, el que tantos quisieron ver muerto y otros tantos descalificaron y siguen descalificando con odiosidad. Si, Carlos Altamirano fue tal vez la persona más odiada por las oligarquías de Chile en el siglo XX, junto a Salvador Allende y a Jacques Chonchol. Porque fue parte del más importante proceso de cambio que viviera la sociedad chilena, aquella signada por la herencia colonial y por la cultura de la hacienda, aquella a la que la generación de Carlos Altamirano puso fin, aunque lo haya hecho en medio de una tragedia seguida de una gran contrarevolución. El venía familiarmente del mundo oligárquico, con el que en algún momento de su vida rompió por la convicción que se formó de que la sociedad chilena no podía seguir siendo dominada por tan pocos privilegiados que poseían tanto en desmedro de todos. Y lo odiaron no solo por sus ideas, sino además por esa proveniencia social y por su inteligencia y capacidad polémica, siempre puesta al servicio de un proyecto de cambio hacia una sociedad más igualitaria, siempre reflexionando sin ilusiones sobre la dificultad de esa tarea a la que a sus ojos, sin embargo, no se debía jamás renunciar.

Carlos Altamirano fue un hombre íntegro, firme defensor de sus ideas igualitarias y progresistas, brillante y polémico, protagonista de una época trágica en la que se enfrentó a la derecha sin dudarlo y que supo defender siempre el carácter libertario del socialismo para reconstruirlo como opción democrática después de la derrota catastrófica de 1973 y también para criticar lo que llamó el acomodo de aquellos de sus líderes que se mostraron propensos a abandonar el proyecto de cambio en beneficio de espacios de poder.

Desde alguna izquierda se le reprocha haber tenido discrepancias con Allende, y algunos odiosos lo acusan de “haberlo traicionado”. Las discrepancias entre ambos existieron, pero desde el mismo campo político. Siempre escuché a Altamirano referirse a Allende con enorme respeto, como los amigos personales que fueron. Altamirano creía que no sería posible tener éxito en el camino de avanzar en el programa de la Unidad Popular por la resistencia implacable de una derecha oligárquica que quería una salida violenta y un enfrentamiento inexorable. Allende pensaba que ese quiebre era posible de evitar sin renunciar al programa o que, en todo caso, el no haría otra cosa que intentarlo contra viento y marea. No nos olvidemos que Allende quiso que Altamirano dirigiera el PS a partir de 1971, y no Aniceto Rodríguez, con el que tenía más cercanía política pero en el que confiaba menos. Al llegar el momento crucial de la tensión extrema de 1973, al borde del golpe, Allende tomó la opción de una salida política que implicaba llamar a un plebiscito que pensaba perdería, por lo que renunciaría y llamaría a nuevas elecciones apoyando a una figura como el general Prats, representando a un campo popular ampliado (véase al respecto la entrevista a Joan Garcés publicada en septiembre de 2018 en The Clinic). Altamirano no estuvo de acuerdo, y mandó a su segundo Adonis Sepúlveda a la reunión del viernes 7 de septiembre de 1973 en que se quebró la coalición de gobierno al no darle el apoyo al presidente parte de ella (el PS, el Mapu Garretón y la Izquierda Cristiana). Pero Altamirano testimonia que si llamó telefónicamente en las horas posteriores a Allende para manifestarle que en definitiva lo apoyaría. También Miguel Enríquez le manifestó a Allende en los días previos que no se cruzaría en ese camino. Pero todo fue demasiado tarde. Así de difícil y compleja fue la historia del mayor intento de transformaciones que viera la historia del Chile contemporáneo, con un presidente Allende a cargo del gobierno democrático y buscando a toda costa una salida política -y en la hora cúlmine prefiriendo dar su vida antes que entregarse a los golpistas- y un Altamirano que buscaba preparar a la izquierda para el embate norteamericano, de la derecha y del golpismo DC que se traduciría en la destrucción del régimen democrático, como efectivamente ocurrió. Su denuncia el 9 de septiembre de los preparativos golpistas en la Armada le son hasta hoy reprochados, cuando lo reprochable era la participación del grupo golpista de la Armada (con la muy honorable excepción de su Comandante en Jefe, el Almirante Montero) en la preparación del fin violento de la democracia chilena. Y más allá de su análisis de la situación, tampoco Altamirano, el PS y la izquierda estaban en condiciones de construir capacidades de resistencia militar contra fuerzas armadas cohesionadas en un golpe militar.

Otros criticaron a Altamirano por haber sobrevivido. O no haber muerto con Allende. Lo que Altamirano hizo fue intentar el 11 de septiembre coordinar una resistencia junto a Arnoldo Camú, Miguel Enríquez y otros en Indumet en el cordón Vicuña Mackenna, sin apoyo comunista, donde fueron cercados y debieron dispersarse hacia las poblaciones cercanas. La voluntad inicial de resistencia física al golpe fue barrida en pocas horas, no habiéndose producido una fisura militar y en condiciones en que la izquierda no tenía ya por entonces una sólida mayoría social que acompañara una huelga general de resistencia que pudiera volcar la situación. Se inició así una larga tragedia de 17 años. Altamirano tuvo que pasar a la clandestinidad después de consumado el golpe e iniciada una persecución implacable en su contra cuyo objetivo era uno solo: matarlo. Después de tres meses en una muy precaria situación de seguridad y pasando de casa en casa, hubiera sido un grave error de Altamirano tomar la decisión de seguir y quedarse hasta morir, porque eso era ofrecer un trofeo gratuito a un dictador que buscaba aniquilar a sangre y fuego a los líderes sobrevivientes de la izquierda, como ocurriría en octubre de 1974 con Miguel Enríquez y luego con las direcciones clandestinas del PS y el PC en los años posteriores. Que Altamirano muriera no tenía ningún sentido, salvo agravar la derrota y la desolación. Altamirano hizo bien en ponerse fuera del alcance de la dictadura, que de todos modos intentó matarlo no una sino varias veces en el exilio, sin lograrlo, como si fue el caso del general Prats y de Orlando Letelier, y casi el de Bernardo Leighton.

En el exilio, Altamirano fue objeto de reproches crecientes y mantuvo una relación políticamente distante con la dirección clandestina y con los llamados “elenos” asociados a Clodomiro Almeyda que fueron tomando el control del PS. En un documento de marzo de 1974, esa dirección dio un vuelco hacia un acercamiento ideológico y político con el Partido Comunista. Altamirano vio, con razón, que se ponía en juego la autonomía histórica del socialismo chileno, cuyos dirigentes, él incluido, debieron replegarse para sobrevivir a la Alemania del Este bajo influencia soviética. Finalmente, el quiebre se produjo en 1979, y Altamirano abandonó la RDA y decidió entregar la conducción del socialismo autónomo de los soviéticos a nuevas figuras, en especial a Jorge Arrate y Ricardo Núñez. Se retiró del primer plano, consciente de que su figura contribuía ya más a la polémica que a la reconstrucción de una alternativa de izquierda después de una derrota tan profunda. Fue muy consistente con esa postura en las décadas que siguieron. Pero no es justo decir que se le debe admirar por retirarse del primer plano, sino por la persistencia de sus ideas antioligárquicas y de búsqueda de una sociedad igualitaria y libertaria, como las que expresó en su carta al congreso de unificación de 1990. Fue uno de los primeros dirigentes de la izquierda chilena, y ciertamente el primero de su generación, en manifestar la necesidad de adherir a la causa feminista, de respetar la diversidad sexual y de tomar en serio el tema de la destrucción del medioambiente. Altamirano siguió influyendo para que el socialismo definiera a la democracia como el espacio y límite de su acción y siempre se mantuvo vinculado a la conversación política con diversas figuras del socialismo y de la política chilena. Nunca abandonó sus lances polémicos y en un evento en Rancagua en mayo de 2011 en el que lo acompañé, ante la pregunta de “qué es el socialismo hoy”, contestó: “todo lo contrario de lo que hacen los socialistas hoy en Chile”.

Altamirano, a pesar de su avanzada edad, seguía participando en algunas actividades, especialmente con sus compañeros de 1971-1973 (en estos días había aceptado feliz una invitación a un asado por parte de Hernán Coloma, que no alcanzó a concretarse) aunque siempre se mantuvo reacio a asistir a eventos partidarios. En uno de ellos, citado para otro propósito, tuve la ocasión, en 2004, como presidente del PS, de rendirle un homenaje en la sala de la ex Cámara de Diputados, resaltando su rol en la historia del socialismo chileno y su coraje político y personal. Fue un momento de emoción para él, creo, y para todos los presentes en la sala, que le brindaron un prolongado aplauso. Y para mí también fue un privilegio haber podido, en un rol institucional de representación de los socialistas, hacer un reconocimiento que Altamirano ya no esperaba, como me lo dijo.

Valgan estas palabras escritas al calor de la emoción en el momento de su partida como una reiteración del reconocimiento a un hombre que marcó su época y nos deja el legado, más allá de las circunstancias trágicas que le tocó vivir, de un ejemplo de entrega, que nunca abandonó, a la causa de una sociedad más justa. Este hombre del siglo XX, preocupado por los temas del siglo XXI, manifestó al final de su vida, en lo que muchos nos reconocemos, que “el movimiento de izquierda no puede ni debe morir. La izquierda ha sido y es la manera social y humanista de hacer historia, de mirar el mundo, de orientarse hacia el futuro”.

La discusión de fondo: el modelo de sociedad

En Voces La Tercera

El gobierno de Sebastián Piñera logró la aprobación de la idea de legislar en materia de pensiones, como antes pudo hacerlo en materia de contrarreforma tributaria. Pero no está en condiciones de obtener la aprobación de muchos de los contenidos específicos de esas legislaciones. A la vez, no parece estar verdaderamente dispuesto a pactar contenidos que satisfagan a las partes de manera formal. Prefiere, por lo que se observa, regatear cada coma, enrareciendo todavía más el clima político y también el económico. Es cierto que con esto logra dividir a la oposición en el día a día, lo que no es poca cosa, pero los actores de la política, la sociedad y la economía no pueden recibir señales gubernamentales de tergiversación e improvisación permanentes. A esto se agregan una y otra vez señales de confusión de la función presidencial y gubernamental con los negocios, en medio de la impresionante serie de descubrimientos de actos de corrupción en casi todos los cuerpos del Estado. El gobierno debiera asumir que hay una crisis de las instituciones y de la ética pública. Y al mismo tiempo hacer una contribución definiendo qué va a hacer para detener la sangría del prestigio de las instituciones y en qué puede hacer avanzar su agenda y en qué no, dadas las realidades parlamentarias y sociales que enfrenta. Y así procurar no exacerbar el clima de conflicto y tergiversación que ha creado por sus idas y venidas en materia económico-social y por su ausencia de postura firme y clara en materia de desvíos de fondos del Estado y de conflictos de interés.

En vez de eso, el gobierno trata de convencer a la opinión pública que sus opositores en el parlamento y la sociedad a sus reformas son obstruccionistas e incluso, lo que es un despropósito manifiesto, poco patriotas. Debiera reconocer que simplemente la oposición cumple su función en una democracia al representar a quienes los eligieron para legislar y defender sus ideas e intereses. El ejecutivo fue electo por los ciudadanos y legítimamente trata de empujar su programa de liberalización económica y educacional, tributaria y laboral. Ese es su credo, el del Estado mínimo y el mercado máximo y supuestamente el de la libertad de opción (salvo poder autodeterminar su propia conducta en tanto no se dañe a los demás y escoger el tipo de régimen político y económico en el que queremos vivir, eso si que no, lo que es una bomba de tiempo que la derecha no quiere asumir). Pero se olvida el gobierno que también los parlamentarios fueron elegidos y que no cuenta con una mayoría automática entre ellos. Así funciona ese antiguo invento institucional que se llama la separación de poderes, que se traduce en que el que gobierna no puede hacer lo que quiera, lo que siempre será una buena noticia. En eso estamos.

Más allá de la contingencia, existe una discusión de fondo no resuelta y un dilema político de envergadura. La mayoría social, contrariamente a lo que muchos quisieran creer, no parece estar dispuesta a adherir a un sistema de pensiones que funciona como un negocio privado y entrega muy bajas jubilaciones. Aspira más bien a uno que permita una tasa de reemplazo razonable de los ingresos de la vida activa previa a la jubilación y un ingreso básico en la vejez para los que han estado desconectados total o parcialmente del empleo formal y continuo, con ingresos bajos e irregulares. Tampoco la mayoría parece adherir a seguros privados de salud que “no se pueden dar el lujo” de hacerse cargo de la enfermedad y hacen imposible un seguro público bien financiado, ni a relaciones laborales precarias y asimétricas en jornadas extenuantes, ni a ciudades y comunas sin bienes públicos suficientes ni al deterioro del aire que respiramos y al desarreglo del clima y de los diversos ecosistemas.

La mayoría social aspira, como en todas las sociedades contemporáneas, a tener un trabajo decente y recibir retribuciones que le permitan consumir bienes y servicios al menos suficientes y en condiciones de cierta igualdad de acceso. Así, un primer clivaje que persiste y viene de muy atrás -lo que no tiene nada que ver con el relato de la “modernización capitalista” que la izquierda no entendería-es que los que viven de su trabajo aspiran a condiciones laborales estables, no arbitrarias y equitativamente remuneradas, lo que supone limitar el poder económico para que ellos y los que sobreviven en los márgenes de la sociedad puedan alcanzar niveles básicos y decentes de consumo. En Chile lo nuevo es que ese consumo ha aumentado conforme han aumentado los ingresos, aunque mal distribuidos, a lo que se agrega que ese consumo no debe ser incompatible con la propia salud y sobre todo con la del planeta, lo que supone políticas de intervención para estos fines que los defensores del liberalismo económico no aceptan sino a regañadientes. 

Además, y aquí está el segundo clivaje fundamental, las mayorías aspiran a un sistema de protección social que cubra los principales riesgos y logre una disminución general de las desigualdades de derechos y oportunidades y de la precariedad de los que viven de su trabajo. Esta es la base económica y sociológica de las transformaciones que, con mayor o menor pericia y logros de largo plazo, defienden la izquierda y el progresismo de distintas maneras en todas partes. Y en Chile de manera bastante confusa de un buen tiempo a esta parte, lo que da un aire a un gobierno de Sebastián Piñera que de modernizador no tiene nada.

El capitalismo hoy globalizado reproduce todos los días los mencionados clivajes con sus secuelas de desigualdad y depredación de los ecosistemas y por la misma vía recrea las condiciones para su posible superación. En tanto haya, claro, alternativas políticas creíbles para hacerse cargo de esa superación, lo que por el momento no parece estar demasiado a la vista y le permite a la derecha seguir con la ilusión de que ganar tiempo en su pretensión de mantener privilegios insostenibles es lo mismo que resolver los problemas de fondo de la sociedad chilena.

La reforma a los seguros de salud se queda a medio camino

En Voces La Tercera

Chile vive una importante paradoja: los indicadores comparativos de la salud de su población son muy buenos, y al mismo tiempo las encuestas reflejan un alto descontento con los sistemas de acceso a la atención sanitaria pública y privada. Esto probablemente explica que todos los gobiernos recientes hayan debido poner en agenda reformas a las políticas de salud, ya sea en materia de seguros públicos y privados, de construcción de infraestructura hospitalaria y primaria y de dotación de personal en el sector público. El actual gobierno no es la excepción y ha presentado su propio plan, centrado en los seguros, en contraste con el anterior gobierno, centrado en la construcción de hospitales. Pero no debe olvidarse que las claves son de largo plazo: las políticas de salud primaria y la acción contra la desnutrición infantil y las enfermedades infecciosas desde los años 1950 y 1960, los sustanciales avances en las condiciones sanitarias de las viviendas desde 1990 y los reforzamientos sistemáticos de los equipos de salud y sus condiciones de trabajo en los diversos niveles de atención desde entonces.

Si se considera la esperanza de vida al nacer en el continente latinoamericano, que es el más importante indicador sintético del estado de salud de la población, tres países destacan sobre el resto, según los datos para 2018 de la Organización Mundial de la Salud: Costa Rica (80,2 años), Cuba (80,1 años) y Chile (79,9 años). Es importante subrayar que el ingreso por habitante de estos tres países es muy diferente, es decir, respectivamente, de 14.6 mil, 7.5 mil y 21.9 mil dólares por habitante a paridad de poder de compra en 2017, según los datos del PNUD. Siguen en la lista Panamá (78,4 años) y México (77,5 años) y más atrás, pero con dos y tres años menos que Chile, Uruguay (77,8 años), Argentina (76,9 años) y Ecuador (76,8 años).

Que el ingreso promedio vaya de uno a tres en los tres países más exitosos en materia de salud en el continente pone en evidencia la importancia de las políticas para hacer la diferencia en este importante aspecto del bienestar humano y de la prosperidad efectiva de las sociedades. Un ejemplo inverso es el del país de mayor PIB por habitante del continente, dada su riqueza en hidrocarburos, Trinidad y Tobago, que ostenta una de las más bajas esperanzas de vida al nacer (70,9 años). La conclusión es clara: los recursos son importantes, pero más importante es cómo se utilizan y distribuyen y qué políticas prevalecen.

Es importante destacar lo que viene ocurriendo con uno de los países más ricos del mundo en términos de PIB por habitante. En Estados Unidos, caso único entre los países de altos ingresos, la esperanza de vida al nacer ha empezado a declinar en los últimos tres años, luego de un incremento sistemático desde 1918. El indicador alcanzó en 2018 solo 79,7 años, una cifra inferior a la de Chile, pero con un PIB por habitante que más que duplica el nuestro. Las “muertes por desesperación” en Estados Unidos, como las califica el Nobel de economía Angus Deaton, es decir la epidemia de aumento de los suicidios y de las muertes por sobredosis de drogas, explican esta situación, en un contexto en que la cobertura de seguros sigue dejando fuera a millones de norteamericanos. El contraste con el vecino Canadá (82,7 años de esperanza de vida al nacer) es notorio, país en el que la desigualdad es menor y existe un seguro universal de salud para los tratamientos médicamente necesarios, para no hablar de los sistemas públicos de salud de Europa, con resultados mucho mejores que los de Estados Unidos. Es ahora también el caso de Chile.

Pero nuestro país debe seguir avanzando hacia las mejores prácticas, porque todavía estamos lejos de ellas. La reforma recién anunciada lo hace, pero demasiado poco. Esta define, junto a un incremento de algunas coberturas de Fonasa de libre elección, un plan único de plazo fijo y copago de 20% en todas las prestaciones de las Isapres. Se avanza en regular algunos aspectos de un mercado discriminador, opaco y con asimetrías de información sistemáticas en detrimento de los usuarios, regulaciones a las que hasta aquí la derecha parlamentaria (y los diversos defensores de los seguros privados más allá de ella, pues no olvidemos que las Isapres también han tenido un sistema de cooptación de ex funcionarios de la Concertación), se había opuesto en las diversas reformas previas. En efecto, se propone terminar con la declaración previa de salud y se establece tanto un esquema de compensación de riesgo como un sistema de techo de pago familiar anual máximo de 40% del ingreso, cuya articulación con el sistema AUGE-CES habrá que conocer con más detalle.

El problema principal es que se seguirá diferenciando el precio del nuevo plan único por edad y enfermedades previas y seguirán pagando más los que más necesitan atenciones de salud. Esto desde luego mantendrá los litigios judiciales a propósito de lo justificado o no de las alzas del plan. En suma: nada de salir del principio de que quien se enferma asume la mayor parte del costo de su enfermedad, o bien no recibe atención adecuada en un sistema público que seguirá concentrando la mayor parte de población con mayores riesgos (personas de edad y/o con enfermedades previas) y con menos recursos, aunque como vimos el sector público produce buenos resultados acumulados atendiendo al 80% de la población gracias a sus mal pagados equipos de salud. En los países que garantizan la atención de salud es al revés: opera el principio de solidaridad a lo largo del tiempo según el cual todos, mediante las cotizaciones e impuestos, empezando por los más sanos y más jóvenes, financian a los que en un momento dado están enfermos.

¿Será mucho pedirle a la oposición que proponga un seguro común para cubrir financieramente las prestaciones de ese plan único de atenciones médicamente necesarias para toda la población y sin discriminaciones, como propusimos parcialmente en el gobierno de Lagos solidarizando el 3% de la cotización obligatoria y que el parlamento dominado por la derecha echó abajo? ¿Y que los copagos de bolsillo sean solo para algunas prestaciones y contingentes al 10% del ingreso? ¿Y que los seguros privados sean solo complementarios y no reciban cotizaciones obligatorias sino que estas vayan al seguro común universal, y no solo al de las Isapres? ¿Y que el conjunto del sistema privilegie la prevención y la detección temprana con exámenes periódicos obligatorios y se promueva las conductas y la alimentación saludables, que son la clave para contener la carga de enfermedades en una población sedentaria y que envejece?

Esto supone buscar nuevas formas de financiamiento, como extender la cotización salarial del 7% al resto de los ingresos para financiar adecuadamente el seguro común, en un país en el que el 30% del trabajo asalariado es informal y en el que los ingresos del capital superan con creces los del trabajo. Un buen sistema de salud universal no es gratis, más aún es bastante caro, pero vale la pena avanzar (por ejemplo tomando lo mejor de esquemas como el británico, el francés o el español), especialmente si la contribución de cada cual es equitativa y si las prestaciones van a todos quienes las necesitan. No hay nada que iguale más a los seres humanos que la enfermedad y el acompañamiento médico, frente a la cual todos merecen, independientemente de su condición social y en el contexto de los recursos de los que dispone la sociedad, una atención digna.

El nuevo relato de la derecha

En Voces La Tercera

Se ha conocido una reseña de un texto de Andrés Allamand sobre el porvenir de la derecha y la necesidad para ese sector político de tener un nuevo relato. Desgraciadamente Allamand sigue forzando el trazo con las ideas del progresismo cuando afirma que este “combat(e) los establecimiento emblemáticos" o bien pretende que "se obligue a (los) hijos a asistir a colegios con insuficientes recursos" y otras afirmaciones de evidente mala fe, sin ánimo de ofender a la fe. El mundo progresista, con mayor o menor pertinencia, no ha hecho sino constatar cosas como que las desigualdades de ingresos han disminuido muy poco y que permanecen entre las mayores del mundo. Y también constatar discriminaciones sociales, de género, de orientación sexual y étnicas que configuran una ausencia generalizada de igualdad de oportunidades en la sociedad chilena. El privilegio de la cuna o del acceso sigue determinando las historias de vida de la mayoría. Las vidas cotidianas están marcadas por la precariedad de los empleos, el sobre-endeudamiento, servicios públicos infra-financiados y discriminaciones constantes. Este es un diagnóstico de falta de oportunidades objetivas, que produce un malestar subjetivo, a pesar de los esfuerzos realizados, los que por tanto deben ampliarse. Y señalar que la falta de avance se debe en gran parte a una democracia limitada. De muestra un botón: el despliegue de una mayoría de derecha en un Tribunal Constitucional militante que no solo se impone sobre los legisladores sino también ahora sobre la Corte Suprema. Inaceptable para cualquier demócrata, como la persistencia de los quórum de aprobación de leyes orgánicas y reformas constitucionales. Dicho sea de paso, el malestar con el gobierno actual, a un año de su exitosa elección y de la división y derrumbe del progresismo, es creciente. 

Da la impresión que esta dimensión es lo que preocupa a Andrés Allamand, que aboga por una nueva empatía de la derecha "con la clase media" para asegurar su futuro político. Postula que debiera ser el adalid de la igualdad de oportunidades para seducir a la clase media y llevar la bandera de la “ampliación de oportunidades”. 

Lo primero lleva a esta idea torpe de "emparejar la cancha", a la que entran actores desnutridos a competir con agentes económicos y sociales de gran poder. Con la consecuencia que a la mayoría le va bastante mal. El progresismo y la izquierda son históricamente en esto más creíbles, pues proponen cambiar de cancha. La idea alternativa de la igualdad efectiva de oportunidades (apoyada en una sólida literatura contemporánea en materia de criterios de justicia,) va mucho más allá y propone cambiar la cancha neoliberal del mercado máximo y del Estado mínimo. 

Este enfoque postula, en primer lugar, un cambio radical en la condiciones de inicio de la vida y una educación universal, no sexista e inclusiva en vez del elitismo de clase para que al menos la aspiración a la autonomía y al acceso a diferentes posiciones sociales se acompañe de herramientas. En segundo lugar, postula una economía desconcentrada con más bienes públicos, que preserve y amplíe los bienes comunes y una más equitativa y eficiente distribución del ingreso entre trabajo y capital, junto a una redistribución de los riesgos que cubra las principales precariedades de las clases medias y populares (desempleo, enfermedad, accidentes, vejez). A nada de esto ha estado dispuesta la derecha en Chile y ahora busca un sistema de “clase media protegida”. ¿Y los demás qué? Un verdadero enfoque de seguridad económica tiene, para simplificar, componentes socialdemócratas, pero va más allá y reflexiona hoy sobre lo indispensable de un ingreso básico universal, que empiece con los jóvenes para que puedan formarse adecuadamente y las personas de edad para una vejez digna. Y que en futuras etapas, frente a los cambios que se avecinan en el mundo del trabajo, se extienda al resto de los ciudadanos. Los recursos hoy permiten plantearse este objetivo de igualdad de condiciones básicas de existencia, con la debida prudencia, gradualidad y consideración de nuestra situación de país periférico e inestable. Pero cabe indicar cómo válido un proceso que amplíe la igualdad efectiva de oportunidades a una esfera de derechos comunes garantizados. Por su parte, la derecha no hace más que ofrecer algo de políticas sociales que no contradigan la concentración del capital, por la sencilla razón de que es su directa representación política. En Chile, llega a niveles extremos, que un par de leyes antimonopolio no va a revertir. Solo lo podrá hacer una regulación apropiada en una economía mixta sostenible y competitiva, basada en el conocimiento y la diversificación productiva. Y desde luego sin Isapres ni AFPs que tengan el monopolio estatal de las cotizaciones ni evaluaciones ambientales de proyectos concebidas para eliminar molestos “lomos de toro”. El economicismo de la derecha y el medioambiente nunca han ido muy de la mano. Allamand no menciona el tema, al menos en el resumen. Dicho sea de paso, ¿alguien se ha preguntado cuántos atropellos adicionales habría sin lomos de toro? 

La derecha no es tampoco creíble en el segundo tema, el de "la ampliación de oportunidades" en el mundo económico incierto de hoy. Políticas económicas basadas en choques de oferta desreguladores, con la presunción de que los empresarios invertirían más y crecerían mágicamente el empleo y el bienestar, no son más que quimeras ("economía vudú"). Véase como va la economía en Chile hoy. La política de oferta que importa es la política industrial, como la que permitió aumentar sustancialmenye su prosperidad a diversos países asiáticos, junto a formar a su gente en tecnologías avanzadas y en especializaciones con alto valor agregado, junto a promover masivamente la investigación y desarrollo y la innovación. En Chile, la obviedad de promover activamente y con sentido estratégico las nuevas energías renovables y la electro-movilidad encuentran, por ejemplo, la oposición de una élite política y económica dogmática e incompetente para una tarea de este tipo, que mantiene el ridículo 0,36% de gasto en I+D sobre el PIB (¿Israel?: 4,5% del PIB; ¿Corea del Sur?: 4,6%). Es cierto que este dogmatismo también logró ser parte de gobiernos de centro-izquierda, con muy malos resultados en Bachelet I y II. Una recomposición del progresismo tiene como tarea impostergable dejar atrás la penetración de ideas neoliberales y reemplazarlas por las de crear un Estado estratégico competente y activo, que promueva la innovación sostenible y mantenga mercados competitivos donde corresponde pero restrinja su ámbito de incidencia en la vida social. Y alejado también de la quimera de la centralización económica, que tampoco es una política que conduzca a ninguna parte, en este caso a la prosperidad compartida y sustentable. 

La derecha, por último, tampoco tiene mucho que mostrar en su relato sobre la lucha contras las discriminaciones y por los derechos de la mujer, aunque se haya producido la evolución de algunos desde el conservadurismo cerril, porque simplemente no está en su ADN autoritario y patriarcal. Basta recordar su conducta en el tema del aborto por tres causales y tantas otras batallas culturales.

Pero, en definitiva, el texto de Andrés Allamand termina apelando a lo de siempre, a aquello en lo que la derecha si es creíble y competente: azuzar las pulsiones autoritarias de los individuos, sus fobias contra la diferencia y el miedo al desorden. Ese sí es su ADN, y logra resultados, como recientemente en Brasil en una versión muy extrema. De ahí la frase en el texto de Allamand: las personas "están incluso dispuestas a renunciar a sus prerogativas personales para que las políticas públicas antidelincuencia sean efectivas". Esto es, debe uno entender, limitar las libertades, incluso a los menores de edad. Otra vez la derecha retratándose a sí misma, aunque haga esfuerzos “de relato” en un sentido contrario.

Posteo sobre la reforma tributaria

Fui crítico de la reforma tributaria de 2014, porque iba a recaudar poco, no tocaba la recaudación minera, recargaba y complicaba la tributación de las empresas y aliviaba la de sus dueños, lo que es una mala lógica económica, y aumentaba primero que nada impuestos a consumos masivos. Pero la contrarreforma es peor.

Aplicando su mayoría, sería razonable que la oposición condicionara la idea de legislar, como lo ha venido haciendo con variados argumentos, si en especial:
- se vuelve a la reintegración total de la tributación de las empresas como crédito en el impuesto a la renta pero se aumenta la tasa marginal del impuesto global complementario (volviendo al 50% de 1990 desde el 35 actual, cuya rebaja sucesiva nunca tuvo justificación y fue aumentando la regresividad del sistema), se tributa las ganancias de capital y no se aplica la depreciación;
- se alivia el impuesto a las herencias de las clases medias en activos productivos y se aumenta sustancialmente el de las grandes fortunas en vez de excluir los activos en el exterior;

- se mantiene el límite de 2 mil UF para el cobro de IVA a la compra de viviendas, se alivia el IVA a medicamentos, alimentos sanos y cultura y se amplía la tributación a las emisiones contaminantes móviles y fijas;
- no se diluye las normas antielusión;
- se aumenta impuestos locales y regionales como las patentes mineras y el impuesto territorial a las propiedades de muy alto valor, aliviando el cobro a personas de edad de bajos ingresos, junto a la tasa de la patente industrial y comercial a las empresas de muy alto capital.

Si el gobierno insiste en aliviar la tributación de los ricos, entonces no quedará sino votar en contra de la idea de legislar. ¿Por qué razón la oposición debiera aprobar reformas tributarias que significan un retroceso? Eso no es obstrucción, es claridad de propósitos e independencia del poder económico representado por el actual gobierno.