Nuevos escenarios de la primera y segunda vuelta presidencial

Columna en Voces La Tercera

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Las elecciones presidenciales de este año se realizarán con dos novedades procedimentales importantes: las primarias simultáneas del 2 de julio y el sistema proporcional de elección de parlamentarios. Este segundo tema incide en el primero en tanto la mayor diversidad potencial de listas parlamentarias, especialmente en la actual Nueva Mayoría, alimentará, paradojalmente, la tendencia a que se use menos el sistema de primarias (ciertamente en el tema parlamentario) y más la primera vuelta presidencial. Este será el caso si prevalece la opción de que diversas fuerzas políticas decidan fortalecer su identidad particular y concurran en noviembre con un candidato/a presidencial de sus filas, con el efecto adicional de potenciar a su lista parlamentaria.

Es probable que la derecha, en tanto tiene muchas animadversiones personales y grupales en su seno pero poca diversidad política de fondo -defiende pocas ideas, la mayoría poco creíbles, y muchos intereses de las minorías privilegiadas- haga competir a todos sus candidatos presidenciales en las primarias de julio y se presente con un solo candidato en la primera vuelta. Salvo que Sebastián Piñera profundice sus diversos flancos judiciales al punto de inviabilizar su candidatura, lo que podría terminar abriendo la competencia en primera vuelta en la derecha.

En la actual coalición de gobierno, la nueva mecánica electoral estimulará, como se ha venido observando, que las corrientes democratacristianas más conservadoras o más proclives a la diferenciación con el progresismo y la izquierda gubernamental hagan una fuerte presión para que su partido se presente en el escenario presidencial de primera vuelta con candidata/o y una lista parlamentaria propia. Esto tendría para la DC un cierto costo electoral, salvo que logre perfilar una opción de centro que compita con éxito por el electorado moderado de la derecha, si es que éste existe, en una lista parlamentaria con aliados ideológicamente cercanos, que tampoco sobran. El resto de la Nueva Mayoría, en ese evento, concurriría a la primaria de agosto con Guillier, Lagos y el candidato que emerja de la definición socialista, y conformaría una o más listas parlamentarias.

En ese escenario, y con mayor razón si se mantiene unida, la actual Nueva Mayoría debería, a pesar de una dispersión inicial en primera vuelta, lograr con cierta probabilidad de éxito una victoria en la segunda vuelta presidencial frente a la derecha y conformar un segundo gobierno. El tema es si quien parece tener mayores probabilidades de encabezar esa opción en segunda vuelta, Alejandro Guillier, está dispuesto a dirigir un nuevo gobierno con una nueva coalición incoherente. De la actual administración han formado y forman parte ministros claves que han boicoteado la acción presidencial y sus compromisos programáticos ante la opinión pública. Sin ir más lejos, el actual ministro de Hacienda en muchos temas ha estado a la derecha del ministro de Hacienda de Piñera.

Así, Chile se encaminaría a una regresión conservadora con la vuelta de la derecha al gobierno, o bien a un nuevo gobierno seudo-progresista incoherente y con agenda variable al son de las presiones de los diversos poderes fácticos, que en Chile, como sabemos, son muy poderosos. Y con un resultado ya de sobra conocido: no avanzar ni en crecimiento sustentable ni en equidad, con la persistencia del deterioro del sistema político y de la legitimidad de las instituciones democráticas por carecer de capacidades de representar y de hacer realidad -al menos en una razonable proporción- las aspiraciones mayoritarias. Esperemos que ese poder oligárquico disminuya en el futuro cercano en beneficio de la mayoría social y que al menos en esta elección se haga efectiva la prohibición del financiamiento empresarial, de modo que el próximo parlamento no esté capturado por el poder económico corporativo como lo está hoy.

Un escenario distinto podría crearse con un parlamento en el que esté presente una corriente de izquierda y progresista seria, articulada y autónoma, sin compromisos con la derecha, el centro conservador y el poder empresarial. Si esa corriente hace el esfuerzo de dejar su tendencia al ensimismamiento y se lanza a la acción política de verdad –aquella que busca incidir en el curso de los acontecimientos- entonces podría disputar el próximo gobierno. O al menos lograr que el próximo gobierno eventualmente encabezado por Sebastián Piñera tenga una oposición consistente con anclas en la sociedad. O que un eventual gobierno de Alejandro Guillier tenga un interlocutor necesario y exigente en el parlamento. Incluso, por qué no,  para conformar mayorías parlamentarias que empujen los cambios institucionales (asamblea constituyente y descentralización), económicos (control público y tributación efectiva de las rentas de los recursos naturales, acción antimonopólica, política contracíclica y redistributiva, expansión de la inversión en infraestructura y compromiso con un modelo de desarrollo sustentable e innovador) y sociales (renacimiento de la educación estatal, pilar de reparto en las pensiones, ingresos básicos para los excluidos, fortalecimiento de la salud pública, transporte público y urbanismo integrador, negociación colectiva supraempresa) que la mayoría social necesita y reclama.

El desafío es simple pero exigente: que la democracia chilena sea gobernada por una mayoría parlamentaria y gubernamental representativa de la mayoría social. ¿No es precisamente aquello en lo que consiste la democracia? No faltarán quienes califiquen esta posición como “populista”, pues para ellos la democracia consiste en gobernar haciendo lo contrario de las preferencias mayoritarias de los electores, en lo que hasta aquí han tenido en Chile un resonante éxito. Al precio, claro, de un inmenso desgaste de la legitimidad de las instituciones democráticas, desgaste que abre las puertas al populismo de verdad, el que se construye con promesas fáciles e irrealistas de progreso social y halaga sentimientos antiélite, racistas y xenófobos. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.

El refichaje y la vida de los partidos

Columna en Voces La Tercera

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En estos días se discute sobre los plazos para el refichaje de los partidos políticos constituidos y la desigualdad de trato con los partidos en formación. Tal vez vale la pena poner este tema en perspectiva.

Al producirse la transición a fines de los años ochenta del siglo pasado, se autorizó con ocasión del plebiscito de 1988 –que la dictadura intentó fuera una suerte de legitimación luego de tres lustros en el poder y abordó con el exceso de confianza que le fue fatal en la etapa final del régimen autocrático, sin medir el inmenso desgaste que le había significado la represión de las protestas populares de 1983-86 – el funcionamiento de nuevos partidos políticos, dotados de ciertos derechos de control electoral y expresión pública. Pero, claro, siempre que no estuvieran fueran de la ley en virtud del ignominioso artículo octavo de la constitución de 1980, que establecía una discriminación ideológica en contra de los partidos políticos de izquierda, como fue el caso del Partido Socialista, impedido por entonces de organizarse legalmente.

En esa ocasión la dictadura estableció la afiliación de un cierto porcentaje de los electores por región como condición para la legalización de los partidos políticos. En la oposición de entonces, fue pionero el Partido Humanista, que tomó con éxito el desafío, y luego le siguieron el PPD, constituido a la sazón por diversas fuerzas -entre ellas una parte del socialismo- como paraguas instrumental para el control plebiscitario y el acceso a la televisión, y la Democracia Cristiana, que no quiso sumarse a la iniciativa común.

Los afiliados de entonces -¡hace treinta años!- y que no han fallecido o renunciado permanecen como tales en los partidos que no fueron objeto de disolución por haber obtenido un mínimo de representación parlamentaria en las sucesivas elecciones. Pero lo que es peor, diversos partidos –y entre ellos el PS reunificado y el PPD- fueron constituyendo mecanismos de elección interna de autoridades en base a afiliados a los cuales solo se les pedía el voto de vez en cuando, incentivando una afiliación clientelar, con poco o nulo trabajo de formación ideológica y cultural ni militancia en función de algún proyecto colectivo en alianza con las diversas expresiones organizadas de la sociedad. En algunos casos, grupos internos de poder, parlamentarios o representantes municipales, con el poder institucional respectivo, logran afiliar masivamente a personas que en realidad no son militantes, sino votantes de tal o cual caudillo.

Poco tiene todo esto que ver con un régimen moderno y democrático de constitución y desarrollo de partidos políticos, capaces de generar ideas y proyectos sobre el destino del país y de representar de manera genuina y transparente intereses colectivos y voluntades de cambio.

En la mayoría de los partidos políticos europeos, por ejemplo, se produce una reafiliación anual, en tanto acto de adhesión activa periódica, junto a algún tipo de actividad militante como condición para ejercer derechos de ciudadanía partidaria. En el caso del partido socialdemócrata de Suecia, caso que conocí personalmente, se trabaja contra la tendencia a la estatización del partido político –ha gobernado durante más de siete décadas- bajo el lema de “partido de gobierno, pero en oposición ante todas las injusticias”, mientras un año antes de cada elección general se instruye a dirigentes y militantes a volver a la sociedad y ponerse a la escucha de las aspiraciones y quejas de los ciudadanas, junto a un nexo orgánico tradicional con el movimiento sindical y diversas expresiones de la sociedad civil.

En Chile, y a pesar de los esfuerzos de unos pocos, las encuestas y algún “focus group” ocasional han reemplazado la realimentación periódica del nexo orgánico con la sociedad, mientras vivimos una personalización creciente de la política alrededor de caudillos. En el caso de varios de los partidos tradicionales de izquierda, su estatización progresiva llevó al fin de toda idea de militancia activa y a la consolidación de la organización interna, con honrosas pero minoritarias excepciones, como mera masa de maniobra electoral interna y externa, que requiere de bastante dinero para funcionar, el que hasta ahora era provisto por el mundo empresarial.

Ya no se trata de partidos “de vanguardia”, con alguna ideología, o siquiera programáticos, que elaboran con mayor o menor suerte alternativas de acción en la esfera pública. Ya no se ve partidos que alimenten la deliberación colectiva, formen masivamente sus militantes para ampliar y difundir sus ideas, promueven proyectos políticos más o menos definidos, y al hacerlo ilustren a los ciudadanos sobre las opciones políticas alternativas presentes en la sociedad. Se trata de la consolidación de lo que la literatura especializada llama “catching all parties”, partidos “atrápalo todo”, usualmente vinculados a algún líder con arrastre electoral y mediático de tipo emocional en la sociedad líquida en la que vivimos, en palabras del recientemente fallecido Zigmunt Bauman.

La Comisión Engel hizo una reflexión importante en la materia y recogió opiniones, que se tradujeron en parte en nuevas normas legales más bien frustrantes para el propósito de una reforma de raíz del régimen de partidos. Lo del refichaje, cuyo plazo vence el 14 de abril y tiene en dificultades a muchos de los partidos tradicionales, quedó como apenas una actualización ante lo evidente de la inadecuación de la definición de la legislación pinochetista respecto a quien y como se transforma en miembro de un partido y los deberes cuyo ejercicio dan eventualmente derecho a elegir autoridades internas y definir políticas y candidatos que las defiendan. Y, de paso, se reforzaron diversas barreras a la entrada para nuevas organizaciones políticas, varias de ellas absurdas, como que la persona que desea afiliarse a un partido deba concurrir personalmente ante un notario –con un costo pecuniario a veces elevado- o ante oficiales civiles, incluso para hacer el trámite por Internet, proceso para el cual la persona deberá ir, según una reciente normativa, al Registro Civil a obtener una clave. Simplemente digno de Kafka. En la inscripción de 1986-87, en plena dictadura, la presencia personal no se exigía, pues parecía un exceso evidente. Hoy a nuestros legisladores ya no les parece tal cosa con tal de dificultarle la vida a nuevas expresiones políticas.

Varias organizaciones políticas emergentes no van a poder concursar en las próximas elecciones. Esto va a ser especialmente el caso en la izquierda, sector político en el que desde 2011 han proliferado nuevas expresiones ante el agotamiento de sus expresiones tradicionales.

Una legislación democrática moderna simplemente no debiera poner mayores obstáculos para que se forme y se mantenga vigente un partido político y este pueda presentar candidatos a cargos de elección popular, pues al final es el pueblo en elecciones el único soberano para elegir a los/las gobernantes y los cuerpos de representación. Si es que creemos en la democracia, claro.

Guillier supera a Piñera

Columna en Voces La Tercera

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La más reciente encuesta Gfk-Adimark (con datos recogidos en enero) registra que frente a la pregunta de quién le gustaría que fuera presidente, los que la responden espontáneamente -sin una lista de nombres que les haya sido presentada previamente- indican, a razón de 28%, que prefieren al senador independiente de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, antes que al ex presidente de derecha Sebastián Piñera, que reúne un 27% de las  preferencias de los encuestados. El tercero en liza, el ex presidente Ricardo Lagos, reúne un 5% de las preferencias expresadas, y los que siguen marcan magnitudes marginales. Esto se viene reflejando, con pocas variaciones sustanciales, en las diversas encuestas publicadas.

Parece ser que la condición de ex presidente ya no resulta ser necesariamente un activo, sino antes bien un lastre.

El ex presidente Piñera cae poco a poco en las encuestas -el sondeo mensual Gfk-Adimark no es una excepción- en circunstancias que en algún momento parecía tener la reelección asegurada. Esto ocurre porque, tal vez, a pesar de su irrefrenable y hasta simpático dinamismo, su pertenencia a la clase de los privilegiados y todo lo que ello significa ancestralmente para la mayoría social –y electoral- se ha hecho demasiado presente, incluyendo la compañía de la señora Van Rysselberghe y su impresionante, por lo desembozada, sumisión a los intereses del gran capital pesquero, entre otros de esa índole. Y sobre todo por los personales impulsos incontenibles y éticamente reprochables con el dinero del ex presidente, a pesar de su gran fortuna, a estas alturas demasiado visibles.

Por su parte, el expresidente Lagos nunca despegó en esta campaña presidencial, tal vez porque cada época tiene sus liderazgos y buscar repetirlos no parece tener mucho sentido hoy para los ciudadanos y ciudadanas que en su momento lo apoyaron con entusiasmo, más allá de los incuestionables méritos de la persona del ex presidente.

Todo esto augura al senador Guillier un recorrido relativamente despejado hacia la presidencia, salvo error, omisión o bien algún accidente de esos que nunca en la actividad política pueden descartarse.

Alejandro Guillier tendrá que decidir si su liderazgo sigue el derrotero de la actual presidenta, un gran fenómeno político contemporáneo en materia de liderazgo empático. Pero la empatía tiene sus luces y sus sombras, especialmente si se pone al servicio de la realpolitik malentendida y no de la representación de los intereses de la mayoría social. Guillier tendrá que ver si reproduce una coalición de gobierno incoherente, una parte de la cual se dedicó permanentemente a boicotear a la presidenta Bachelet, sin que ésta actuara en consecuencia. Guillier tendrá que asumir que los representantes de los grandes intereses económicos en la Nueva Mayoría no dudarán en hacer lo mismo con él si llega a ser presidente, pues son ya parte orgánica del maridaje entre intereses económicos y representación política en esa coalición.  

Las señalizaciones hacia un lado –en favor de promover los intereses de la mayoría social- y luego los virajes prácticos en el sentido contrario –en favor de preservar los intereses del 1% que controla un tercio de los flujos económicos del país, según el Banco Mundial- configuran inevitablemente un recorrido inconsistente pero con un resultado inequívoco: terminar con una amplia decepción popular y con un apoyo minoritario, que refuerza el reflejo de la élite partidaria de someterse, con más o menos elegancia (usualmente con bastante poca), a los intereses del capital corporativo y sus redes de influencia en el sistema político. El senador -o quien termine siendo en definitiva el contendor de la derecha en la segunda vuelta presidencial-  tendrá también a mano, claro está,  la opción de inscribirse en un proyecto de cambio progresista consistente, capaz de sobreponerse al escepticismo y la desesperanza aprendida, y que finalmente represente a la mayoría social en materia educativa, de relaciones laborales, de salud, de pensiones – y de nueva Constitución que haga posibles los cambios en los dominios mencionados- dejando atrás el lastre neoliberal que mantiene una economía estancada y desigual, incapaz de innovar.

Y también quien termine contendiendo en segunda vuelta con el representante de la derecha tendrá que asumir sin demagogia el decrecimiento de la depredación ambiental y de las actividades contaminantes y lesivas para las nuevas generaciones, acelerando con decisión una reconfiguración del uso del territorio –como ha demostrado con creces la terrible ola de incendios del actual verano- y una transición energética en base a la impresionante dotación de la que Chile dispone en materia de energías renovables no convencionales, impulsando una economía basada en la innovación y no en la mera extracción de recursos naturales en beneficio de unos muy pocos.

Recordemos que estamos a nueve meses de la elección presidencial de noviembre de 2017, el tiempo de una gestación humana, y que lo único claro es que nada parece estar predeterminado, salvo, en principio, los nombres de los dos principales competidores, es decir los que tienen más chances de disputar una segunda vuelta presidencial en diciembre. Además, nada menos que un 75% de los encuestados aparece expresando preferencias presidenciales en la encuesta Gfk-Adimark, contrastando con el 65% de abstención en las elecciones municipales. Esto resulta bastante sorprendente, dado el clima de profunda animadversión hacia toda forma de representación política tradicional. Esto puede deberse a un error, que no sería de extrañar, de la metodología de la propia encuesta –que tiene muchas deficiencias en la composición de su muestra y en la capacidad de determinar quienes irán a votar- o bien al hecho de que una gran mayoría de chilenos y chilenas quiere en definitiva pronunciarse respecto a su futuro gobierno.

A los que les corresponde un liderazgo político natural para hacer emerger nuevas alternativas, la generación de 2011, les debiera llamar la atención el hecho de que están, por propia voluntad o por un atraso inexcusable, fuera de las opciones que se presentan a la opinión pública en el actual escenario político. Tal vez prefieren interactuar entre sí al margen de la sociedad tal como está constituida, que incluye a jóvenes y pero además a muchos y muchas que no lo son y que muy mayoritariamente viven de su trabajo como asalariados (a razón de 70%, con mujeres que participan menos del llamado mercado de trabajo y que reciben entre 20 y 30% menos remuneraciones) o en trabajos por cuenta propia precarios e informales, y muchos y muchas que viven con pensiones miserables, de nuevo especialmente las mujeres jubiladas en el sistema de AFP.

Tal vez prefieren incluso disputar liderazgos presentes y futuros entre sí, en familia generacional, con sus propios códigos poco comprensibles para la sociedad, más allá de la simpatía que les manifiesta, pues es diversa y plural. ¿No tendrá más sentido mirar la sociedad tal cual es, insertarse en ella con todas sus contradicciones y matices  y proponerse representar a sus mayorías favorables al cambio? Esto incluye reconocer el hecho que el cuerpo electoral se compone básicamente aún por personas cuyo clivaje esencial es el de dictadura-democracia, dados los profundos traumas históricos que todavía marcan a la sociedad chilena, y en algún sentido, como trasfondo político y cultural, el clivaje izquierda-derecha del siglo XX. Esto por supuesto no excluye los nuevos clivajes del siglo XXI, como los de modernidad-conservadurismo cultural, productivismo-ambientalismo, y así sucesivamente, pero los sobre-determina aún. Nadie viene de la nada, incluyendo las sociedades, que están siempre históricamente constituidas, con sus continuidades y rupturas, y no como algún grupo hiper-ideologizado quisiera.

Esto lo entendió bien Jorge Sharp en Valparaíso en la reciente elección municipal, y un poco menos su colega de generación Gabriel Boric, secundado al parecer  por Giorgio Jackson, que se ha visto más dedicado a vetar y ponerle ultimátums a quienes desean apoyar su esfuerzo disruptivo y potencialmente creativo y ser sus eventuales aliados antes que a sumar democráticamente –aceptando el juicio de los ciudadanos movilizados para dirimir los dilemas políticos y de liderazgo en todos los planos de una futura fuerza alternativa- a todos los que desean trabajar por hacer emerger una nueva opción política.

Sin embargo, esta nueva opción sigue siendo indispensable si no se quiere mantener a la sociedad chilena prisionera del pasado reciente y del empate catastrófico –especialmente porque preserva desigualdades y privilegios moral y políticamente inaceptables, permite la compra del sistema político por el poder económico y produce el alejamiento radical de los ciudadanos más jóvenes del sistema político- entre la derecha y la llamada “centroizquierda”.

Esta última fue en realidad en origen, en los años ochenta, una necesaria alianza entre el centro tradicional y la izquierda democrática para salir de la dictadura, pero devino con el tiempo en una cómoda combinación –para sus miembros- de acceso al poder estatal a cambio de preservar el status quo económico con reformas menores. A esta combinación de “centroizquierda” puramente pragmática hay que reemplazarla, pues no le queda casi nada de los valores y políticas de izquierda, y le queda además bastante poco de los de centro (especialmente los que inspiraron el espíritu reformador de tipo social-cristiano). En esencia, la coalición de gobierno que busca proyectarse tal cual es hoy conglomera a los aspirantes a mantener o acceder a privilegios burocráticos, aunque sea al precio de aceptar sin chistar el dominio de las oligarquías económicas en lo que verdaderamente importa: la distribución del ingreso y la riqueza y la preservación de la naturaleza para las nuevas generaciones.

Pero no hay que desesperarse, pues la inexperiencia e intolerancia juvenil, que todos hemos vivido, tienen un remedio inexorable: el paso del tiempo. Y frente al mal tiempo, o a tiempos de incertidumbre, siempre buena cara.

“No creemos en la igualdad”

Columna en El Mostrador

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La nueva presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe –imputada por la justicia, pero así y todo elegida en una votación del partido de derecha en que participaron unos siete mil miembros- se va constituyendo en emblema, junto a Sebastián Piñera, de la representación directa del poder económico en el sistema político y del uso de dinero ilegal en campañas. Pero además nos acaba de notificar con toda claridad el 16 de diciembre que entre los valores que inspiran su acción política no está la igualdad y que, más aún, “no creemos en la igualdad”.

No obstante, la igualdad es un valor esencial en la vida social y democrática moderna, empezando por la igualdad ante la ley, que es el fundamento de la acción contra toda discriminación arbitraria. También lo es la promoción de la igualdad justa de oportunidades en determinadas esferas (como en el acceso a la educación que no debe depender del dinero ni de las desventajas iniciales sino del mérito) y la de la igualdad de resultados en otras esferas (como las atenciones de salud, cuyo acceso no debe limitarse por nada que no sea pertenecer al género humano). El mundo de las discriminaciones arbitrarias, que se alimenta de múltiples factores pero sobre todo del predominio del poder económico, es el de las actitudes y de los intereses que representa la derecha. Ahora parece querer defenderlas ideológicamente de manera abierta, empezando por su condena de la idea de igualdad, aunque para ser justos esta condena se extiende mucho más allá de la derecha dura. Es compartida por el sentido común neoliberal que se ha extendido en la sociedad chilena.

La idea de igualdad ante la ley y de oportunidades y de resultados merece ser defendida en la sociedad chilena.

Un proyecto progresista transformador no incluye naturalmente sólo el valor de la igualdad. Pero es uno de sus componentes principales. Este proyecto y sus lineamientos programáticos para el próximo período político (que requerirán de amplios desarrollos participativos para su definición –todos ellos necesitan de discusiones en profundidad- y para la elaboración de la secuencia de puesta en aplicación, incluidos cronogramas y costos presupuestarios) se inspiran en una visión que es a la vez democrática, igualitaria y ecologista y sin duda se planteará terminar con el Estado subsidiario y establecer en plazos breves un Estado inversor, activo frente a los riesgos y solidario para disminuir las brechas sociales y territoriales que fracturan a Chile.

Frente a la expansión histórica de la desigualdad en las sociedades dominadas por el capitalismo global,  la agenda igualitaria  consiste en crear las condiciones para extender normas de igualdad de oportunidades justas y de comunidad, con reducción de la brecha de ingresos y de condiciones de vida entre las posiciones sociales, en que todos gozan de derechos fundamentales y de las mismas oportunidades de prosperar,  con la condición de que contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen reduciendo el principio del mercado basado en la codicia y el temor- acrecienta su vigencia, junto a la agenda de sustentabilidad ambiental. Para ello debe establecer límites y deberes colectivos contrarios al mero libre mercado que ha defendido la UDI con tanto éxito en Chile, consagrando por el contrario derechos civiles y políticos extendidos y el mandato al sistema político para hacer realidad derechos  económicos, sociales, culturales y ambientales de todos los ciudadanos.

“No creer en la igualdad” no es sino la defensa de la prolongación y reproducción de la concentración de la riqueza y del poder. Esto es lo que se propone la nueva presidenta de la UDI. Y en especial el que las políticas públicas no persigan un orden social en el que los ciudadanos comunes puedan no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de la decisión humana.  Ya lo decía Rousseau en un pasaje de su Contrato Social: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.

Siguiendo a Gerald A. Cohen (2009), uno de los principales pensadores igualitarios modernos, ya fallecido, todo mercado, aunque sea necesario para asignar recursos descentralizadamente en diversas esferas,  es un sistema depredador en tanto está basado en la codicia de los participantes y en el temor (los demás son una amenaza al propio éxito). La genialidad del mercado según Cohen “reside en que 1) recluta motivaciones bajas para 2) fines deseables; pero 3) también produce efectos no deseados, incluida una significativa e injusta desigualdad”.  Para superar estos efectos, este pensador igualitario moderno propone  concebir a la sociedad como una red de provisión mutua y la aspiración igualitaria como la extensión de lo que llama el  principio de comunidad, es decir el de la reciprocidad comunitaria en tanto “principio antimercado según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”.

Propone Cohen que este principio prevalezca sobre la simple igualdad de oportunidades. Distingue tres tipos de igualdad de oportunidades: la burguesa, que procura eliminar las restricciones de estatus socialmente construidas, como las del feudalismo o el racismo, causadas por asignaciones de derechos y/o prejuicios sociales intolerantes; la liberal de izquierda, que apunta a remover las restricciones provenientes de la cuna y de la educación, que implican desventajas de condiciones de trabajo y de vida, de modo que solo el talento natural y las opciones personales determinen la suerte de cada cual;  finalmente, la igualdad de oportunidades socialista, busca corregir todas las desventajas no elegidas, de las que razonablemente no se puede responsabilizar al agente mismo, ya sea de tipo social o natural: las diferencias en el resultado solo deben reflejar diferencias de elección (por ejemplo en los gustos de consumo o entre trabajo y ocio), es decir las preferencias individuales, y de elecciones entre estilos de vida cuando su satisfacción lleva a un comparable disfrute agregado de la vida. Estas diferencias no constituyen desigualdades condenables desde el punto de vista de la justicia.

Pero para Cohen debe prevalecer el principio de comunidad en una organización social justa. Este incluye que a las personas les importen los demás y que siempre que sea necesario y posible cuiden de ellos, y que además se preocupen de que a los unos les importen los otros. Así, ciertas desigualdades que no pueden restringirse o prohibirse en nombre de la igualdad socialista de oportunidades si debieran serlo en nombre del principio de comunidad, como la acumulación de unos en presencia de la deprivación de otros, aunque la primera no sea necesariamente injusta en tanto haya respetado la igualdad socialista de oportunidades. Para Cohen, hacer realidad estos principios choca con el poder capitalista establecido y con la propensión egoísta (postula que en casi todos la hay junto a la propensión a la generosidad) y requiere de la acción política, aunque según Cohen “ahora no sabemos cómo hacerlo”.

Pero afirma, lo que compartimos, que es necesario mantener el horizonte de estos principios como un ideal a alcanzar, mientras “en un sistema económico en el que la elección motivada por el propio interés de todas maneras sigue en vigor -aunque ahora con un alcance restringido- hay formas de introducir elementos fuertes de los conceptos de comunidad e igualdad. Una manera posible de hacerlo que nos resulta conocida es mediante la institución de un Estado de bienestar, que saca del sistema de mercado muchos bienes para satisfacer necesidades.”

Michael Walzer (2001), otro de los principales pensadores igualitarios modernos, sostiene con pertinencia que existen diversas “esferas de justicia”. Defiende una concepción de igualdad compleja que supone se preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de esas esferas. Así, el peso igual de cada ciudadano en el proceso de decisión política, el derecho igual de cada trabajador a participar en las decisiones de su empresa, el acceso al éxito escolar según el solo criterio del mérito o el acceso a las atenciones de salud en función solo de las necesidades y no del ingreso de cada cual, son diversos criterios de igualdad relevantes en su esfera pero irreductibles el uno al otro. Siguiendo el criterio de Walzer, en la configuración global de una situación de igualdad compleja el criterio de igualdad de resultados y de reducción de la brecha de posiciones puede ser pertinente si se aplica a determinados dominios específicos, como la seguridad  humana, la atención de salud o el derecho a ingresos básicos, y el de igualdad de oportunidades a otros dominios, como el de la actividad económica lucrativa. Este enfoque de diversas esferas permite discutir sobre los criterios igualitarios pertinentes para unas y otras políticas públicas susceptibles de ser aplicadas por los organismos internacionales, los gobiernos y las entidades administrativas sub-nacionales.

De estas argumentaciones podemos retener en términos de acción política que avanzar a una sociedad justa “implica tanto una condena de la explotación capitalista -por basarse en una injusta desigualdad en la distribución de los medios de producción-, como un apoyo al Estado de bienestar” (Roemer, 1995) para redistribuir recursos al margen del mercado y disminuir las brechas en los activos, los ingresos y las posiciones sociales.

Nada que pueda gustarle a la presidenta de la UDI. Pero tal vez iniciar un debate político en profundidad en la materia pudiera cambiar la actual mediocridad de la deliberación pública, hoy inmersa sólo en discusiones sobre medios parciales para resolver problemas inmediatos, abandonando la indispensable discusión sobre los fines de la acción política y los proyectos de sociedad posibles y sus méritos respectivos.

Perspectivas presidenciales a un año de la elección

En Voces La Tercera

La más reciente encuesta Gfk-Adimark revela que la cuestión presidencial permanece abierta como nunca antes a un año del evento electoral principal del proceso democrático en Chile.

Dado el alto desgaste del gobierno de Michelle Bachelet (24% de aprobación y 70% de rechazo en noviembre para la Presidenta y 18% y 79% respectivamente para su gobierno) y la incoherencia programática y política persistente de la coalición Nueva Mayoría (un 19% la apoya, mientras un 22% apoya a la derecha), el ex presidente Sebastián Piñera recoge por el momento la mayor intención espontánea de voto. Éste marca un 24% de preferencias y, lo que es más importante, un 45% cree que el ex presidente, que combina su acción política -incluso cuando ejerció el más alto cargo del Estado- con la de exitoso especulador bursátil desde paraísos fiscales, será otra vez presidente.

Primera digresión: las encuestas tienen un creciente problema de respuesta no veraz –el fenómeno del “voto oculto” de distinto signo ha crecido en todas partes- mientras en Chile las muestras son cualquier cosa menos representativas del universo de votantes. Para que lo fueran debieran ser aleatorias, o bien cuidadosamente construidas mediante la aplicación de cuotas por género, edad, nivel de ingreso y ubicación geográfica, método empírico eficaz pero que no permite calcular márgenes de error. Estos sólo se pueden establecer para muestreos aleatorios, cómo lo enseña cualquier curso de estadísticas que incluya teoría de muestreo, lo que impropiamente se nos presenta en las encuestas con muestras no aleatorias en Chile. Además, muchas de éstas usan métodos de recolección de las preferencias de los entrevistados que incrementan los sesgos y que llegan incluso a mezclar consultas a teléfonos fijos y móviles, como la de Gfk-Adimark, lo que no pasaría test metodológico alguno en aquellas partes del mundo en las que las encuestas están bien reguladas.

En la coyuntura, el apoyo constatado al líder de la derecha, más allá de las mencionadas deficiencias de las encuestas, no es de extrañar, sobre todo si se considera que es natural que la oposición recoja parte del descontento con el gobierno en ejercicio, en el contexto más amplio de desprestigio global del sistema de representación. Este ha decepcionado y alejado, en Chile y muchas partes del mundo, a quienes –trabajadores, jóvenes, grupos discriminados- mantenían esperanzas en su capacidad de producir resultados favorables a la mayoría social.

Segunda digresión: personalmente prefiero la expresión “gobierno en ejercicio” a la bastante despectiva de “gobierno de turno” que suele utilizarse en el debate político chileno; a mis interlocutores que la emplean siempre les digo que menos mal que los gobiernos son de turno en Chile, porque sería dramático que no lo fueran, como ya fue el caso durante 17 años en el siglo pasado.

Lo importante a recalcar es que, además del mucho tiempo que falta para la elección presidencial y la aún retardada emergencia de figuras que seguramente participarán en una primaria de un Frente Amplio alternativo a los dos bloques tradicionales, la suma de adhesiones a Piñera, Ossandón y Kast no les asegura, en la mejor de las circunstancias generales para su opción, una mayoría clara. Los candidatos de derecha suman sólo un 29% de preferencias, contra un 30% de preferencias que van a alguno de los cuatro candidatos de la Nueva Mayoría con más de 1% de mención espontánea, es decir Guillier (21%), Lagos (7%), Insulza (1%) y Goic (1%). Nada está dicho aún en materia presidencial, pues no hay hoy mayorías contundentes, como había solido ocurrir a estas alturas del calendario político desde 1990.  

Por otro lado, los que no marcan preferencia presidencial alguna en la encuesta Gfk-Adimark de noviembre suman sólo un 31% del electorado potencial, lo que permite conjeturar, con toda la prudencia que corresponde, que la elección de 2017 tendrá probablemente una participación mayor que la registrada en la elección municipal de 2016, que marcó un trágico nivel de abstención que es de esperar no vuelva a repetirse en nuestro país, para bien de la salud democrática de Chile.

Una falta política y un error económico

En Voces La Tercera

La más reciente encuesta Gfk-Adimark revela que la cuestión presidencial permanece abierta como nunca antes a un año del evento electoral principal del proceso democrático en Chile.

Dado el alto desgaste del gobierno de Michelle Bachelet (24% de aprobación y 70% de rechazo en noviembre para la Presidenta y 18% y 79% respectivamente para su gobierno) y la incoherencia programática y política persistente de la coalición Nueva Mayoría (un 19% la apoya, mientras un 22% apoya a la derecha), el ex presidente Sebastián Piñera recoge por el momento la mayor intención espontánea de voto. Éste marca un 24% de preferencias y, lo que es más importante, un 45% cree que el ex presidente, que combina su acción política -incluso cuando ejerció el más alto cargo del Estado- con la de exitoso especulador bursátil desde paraísos fiscales, será otra vez presidente.

Primera digresión: las encuestas tienen un creciente problema de respuesta no veraz –el fenómeno del “voto oculto” de distinto signo ha crecido en todas partes- mientras en Chile las muestras son cualquier cosa menos representativas del universo de votantes. Para que lo fueran debieran ser aleatorias, o bien cuidadosamente construidas mediante la aplicación de cuotas por género, edad, nivel de ingreso y ubicación geográfica, método empírico eficaz pero que no permite calcular márgenes de error. Estos sólo se pueden establecer para muestreos aleatorios, cómo lo enseña cualquier curso de estadísticas que incluya teoría de muestreo, lo que impropiamente se nos presenta en las encuestas con muestras no aleatorias en Chile. Además, muchas de éstas usan métodos de recolección de las preferencias de los entrevistados que incrementan los sesgos y que llegan incluso a mezclar consultas a teléfonos fijos y móviles, como la de Gfk-Adimark, lo que no pasaría test metodológico alguno en aquellas partes del mundo en las que las encuestas están bien reguladas.

En la coyuntura, el apoyo constatado al líder de la derecha, más allá de las mencionadas deficiencias de las encuestas, no es de extrañar, sobre todo si se considera que es natural que la oposición recoja parte del descontento con el gobierno en ejercicio, en el contexto más amplio de desprestigio global del sistema de representación. Este ha decepcionado y alejado, en Chile y muchas partes del mundo, a quienes –trabajadores, jóvenes, grupos discriminados- mantenían esperanzas en su capacidad de producir resultados favorables a la mayoría social.

Segunda digresión: personalmente prefiero la expresión “gobierno en ejercicio” a la bastante despectiva de “gobierno de turno” que suele utilizarse en el debate político chileno; a mis interlocutores que la emplean siempre les digo que menos mal que los gobiernos son de turno en Chile, porque sería dramático que no lo fueran, como ya fue el caso durante 17 años en el siglo pasado.

Lo importante a recalcar es que, además del mucho tiempo que falta para la elección presidencial y la aún retardada emergencia de figuras que seguramente participarán en una primaria de un Frente Amplio alternativo a los dos bloques tradicionales, la suma de adhesiones a Piñera, Ossandón y Kast no les asegura, en la mejor de las circunstancias generales para su opción, una mayoría clara. Los candidatos de derecha suman sólo un 29% de preferencias, contra un 30% de preferencias que van a alguno de los cuatro candidatos de la Nueva Mayoría con más de 1% de mención espontánea, es decir Guillier (21%), Lagos (7%), Insulza (1%) y Goic (1%). Nada está dicho aún en materia presidencial, pues no hay hoy mayorías contundentes, como había solido ocurrir a estas alturas del calendario político desde 1990.  

Por otro lado, los que no marcan preferencia presidencial alguna en la encuesta Gfk-Adimark de noviembre suman sólo un 31% del electorado potencial, lo que permite conjeturar, con toda la prudencia que corresponde, que la elección de 2017 tendrá probablemente una participación mayor que la registrada en la elección municipal de 2016, que marcó un trágico nivel de abstención que es de esperar no vuelva a repetirse en nuestro país, para bien de la salud democrática de Chile.

Y ahora: ¿hacia dónde queremos que vaya Chile?

Columna en El Mostrador

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Parte del problema de la crisis del sistema de representación, cuyas expresiones más nítidas son el aumento de la abstención en las elecciones y la dificultad creciente de hacer funcionar de manera coherente al gobierno y su coalición, es la ausencia de hojas de ruta consistentes en la acción pública. La acción pública – la que realizan los órganos del Estado, los partidos políticos que gobiernan o se oponen al gobierno, las organizaciones sociales y de la sociedad civil que promueven intereses particulares o más o menos generales- es la única que permite incidir en el devenir de la sociedad para los que no poseen un poder autónomo, económico o de otra índole.

Cuando no existe diferenciación de las opciones  en la arena pública y la función de representación en las instituciones deviene en mera lucha por el acceso a la “clase política”, percibida por el mundo popular como grupo privilegiado sólo preocupado de sus propios intereses de casta, entonces no hay agenda pública creíble y decae la acción pública en manos de la expansión del mercado y de la ley del más fuerte, es decir del poder económico oligárquico. Termina por romperse el vínculo entre la esfera pública y la condición individual de ciudadano y/o la pertenencia a un grupo social capaz de realizar acciones colectivas. La mayoría de los individuos se retraen a la esfera privada y al discurso descalificador de toda élite. Es lo que ha pasado progresivamente en Chile y se ha acelerado en al menos los tres últimos gobiernos.

Superar esta dinámica no es ni será fácil, pero al menos requiere reanimar el debate deliberativo sobre hacia dónde debe dirigirse la sociedad y qué dilemas debe resolver. Este debate, a pesar de la proximidad de la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales, está bastante poco presente.

Esto tiene una explicación. La derecha no hace sino defender los intereses de las minorías económicamente privilegiadas, mientras la que se supone debía ser una alternativa a la derecha, antes la Concertación y hoy la Nueva Mayoría en el gobierno, mantiene una retórica de reformas en un contexto de vetos y bloqueos que termina por no cambiar nada sustancial en materia de estructuras políticas, económicas, sociales y de género, más allá de las intenciones de sus sectores proclives al cambio. Estas coaliciones han terminado invariablemente siendo subordinadas a los intereses económicos oligárquicos o bien adaptándose a su poder y a sus reglas y límites. Los arbitrajes se han realizado, en lo fundamental, en favor de la mantención del orden de cosas vigente, en el mejor de los casos con algunos retoques (ha ocurrido desgraciadamente en materia constituyente, tributaria, educacional, laboral, en pensiones, salud y desarrollo de las ciudades) y en el peor con un fortalecimiento de los subsidios públicos a prestadores privados.

Es por ello que algunos hemos terminado por formarnos la convicción -otros lo hicieron mucho antes- que el desafío de lograr una democracia legítima, prosperidad compartida, igualdad de oportunidades y consagración de derechos, y más respeto de la naturaleza y compromiso con las futuras generaciones, no puede descansar en las fuerzas que hoy dominan el sistema de representación.

Se requiere de nuevas fuerzas políticas que se constituyan en alternativa de gobierno que no renuncien, en nombre de la amplitud de su convocatoria y de la necesidad abstracta de acuerdos,  a luchar por los valores de la libertad real, de la igualdad de oportunidades sin discriminaciones y de la igualdad de resultados en materia de derechos y mínimos sociales compartidos a los que todos los miembros de la sociedad accedan. En el contexto de esos valores, una nueva alternativa política debe discutir una plataforma programática para el período 2018-2022, la que debe admitir de modo pluralista en su seno diversas inspiraciones ideológicas e incluir un cierto número de definiciones fundamentales en al menos cinco grandes temas.

En primer lugar, la necesidad de persistir en la voluntad de dotar a Chile de una nueva Constitución, la que para que sea tanto suficientemente legítima como institucional debe realizarse recurriendo a una asamblea constituyente elegida y que sesione en 2019, aprobada por el pueblo a través de un plebiscito convocado por el gobierno y el parlamento en 2018. La nueva Constitución no debe consagrar ningún modelo económico-social particular –que debe ser materia de deliberación periódica y ser definido en el ámbito de la ley y de la gestión pública- y en cambio debe consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”). La nueva constitución debe consagrar  la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. Se debe avanzar de una vez al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, incluyendo su autonomía política. La nueva Constitución también debe consagrar el derecho a trabajar, a la educación y a la salud públicas, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile, con reconocimiento del derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general y con  indemnizaciones en caso de expropiación, junto a la creación de empresas públicas por ley y el derecho a la propiedad social y cooperativa. Se debe consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto a la consagración del carácter público del agua, de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico. Debe reconocer la libertad de cátedra y de investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas. Estos derechos y deberes fundamentales deben tener mayor estabilidad en su vigencia con la ratificación de eventuales modificaciones  de sus normas por dos legislaturas sucesivas, pero sin reglas supra-mayoritarias de aprobación.

La nueva Constitución debe establecer, a su vez, la representación proporcional en todas las instituciones electivas y el fin a los quórum que dan derecho a veto a la minoría. Debe reformar las instituciones con un régimen semi-presidencial, una convocatoria no restrictiva a referéndums en la definición de las políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales.

En segundo lugar, una nueva coalición debe, frente al ya largo estancamiento desde el fin del ciclo del boom minero, poner en práctica una nueva estrategia de desarrollo basada en la diversificación productiva sustentable. Esto requerirá un fuerte impulso a la innovación y a la investigación y desarrollo (al punto de alcanzar un 1,5% del PIB hacia 2022 desde el 0,4% actual) en los programas productivos estratégicos, incluyendo la universalización de la banda ancha y del acceso a las nuevas tecnologías de la información. La banca pública debe fomentar sistemáticamente el ahorro de las familias y ampliar el acceso al financiamiento de las pymes y de los proyectos innovadores sin historia, acompañada de una regulación prudencial que asegure el cese de los abusos crediticios a los consumidores y la estabilidad financiera. Más ampliamente, políticas antimonopólicas enérgicas deberán proteger a los consumidores en todos los mercados, incluyendo la banca, mientras la tarificación de los servicios básicos debe eliminar las rentas monopólicas indebidas hoy frecuentes.

Las políticas fiscales deben ser activamente contracíclicas y pro-crecimiento sustentable, con un horizonte de déficit fiscal estructural no superior a -1% del PIB en 2022 (desde el -1,7% actual). La tributación de los ingresos personales debe volverse más progresiva, volviendo a la tasa marginal de 50% vigente hasta 1994 –cuando se inició una injustificada rebaja de esa tasa en cada reforma tributaria, primero al 45% en la de 1993, luego al 40% en la de 2001 y al 35% en la de 2014, reflejando la creciente captura del parlamento y el gobierno por los más ricos en Chile- para los tramos de ingresos más altos. Pero a la vez debe terminarse con la extrema complejidad de la tributación a las utilidades de las empresas de la reforma de 2014 e incluir mayores incentivos a la reinversión sustentable y al gasto en capacitación. Un programa de disminución de las desigualdades hace imprescindible establecer, además, un impuesto patrimonial (como el de 1967) en este caso focalizado en la extrema riqueza y que contribuya a financiar un esquema de ingresos básicos garantizados, junto a un sustancial aumento de las regalías mineras, pesqueras y forestales que contribuyan a financiar la diversificación productiva territorial y un impulso a la expansión de Codelco y la creación de una Empresa Nacional del Litio.

Un especial énfasis debe ser puesto en el impulso a la transición a un nuevo modelo energético. Las fuentes renovables no convencionales deben constituirse en la base del crecimiento de la generación eléctrica –junto a un decrecimiento de las energías fósiles- para introducir una fuerte restricción a la huella de carbono, con la meta de alcanzar un 50% de energía limpia en 2022. La ENAP debe transformarse en la Empresa Nacional de Energía y ser parte de la diversificación. Complementariamente debe impulsarse una decidida protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, que distinga a Chile en el mundo y valorice su territorio sobre una base distinta a la depredación de sus recursos, con una nueva planificación de la especialización territorial que incluya una ampliación del sistema de áreas silvestres protegidas y el incentivo a las donaciones privadas en ellas.

La nueva estrategia debe incluir un amplio plan cuatrienal de inversiones adecuadamente evaluadas en infraestructuras productivas y sociales, incluyendo nuevos sistemas de transporte público, el desarrollo del transporte ferroviario y un plan de urbanismo integrador que dote a los 200 barrios más desfavorecidos con equipamiento urbano, social y cultural y avances efectivos en la seguridad ciudadana. Los pueblos originarios deberán poder desarrollar sus territorios con capacidades propias en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que incluya en primer lugar un plan especial de inversiones indígenas para 2018-2020.

En tercer lugar, se debe establecer una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación  obligatoria y a  programas de empleo temporal. Hacia 2022, el salario mínimo debe alcanzar al menos 400 mil pesos en un programa de incremento progresivo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concurso anónimo y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en los despidos y el sistema de honorarios sin derechos para funciones permanentes en el sector público.

En cuarto lugar, se debe reorientar la reforma educacional hacia un desarrollo decidido de la educación pública, avanzando con rapidez a la gratuidad en el acceso a ella, con efectiva prohibición del lucro en todos los niveles así como de la selección socialmente sesgada. Se requiere fortalecer con urgencia la atención de la infancia vulnerable y separar en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada y los jóvenes infractores de ley, La desmunicipalización de la educación escolar pública debe asociarse a nuevas entidades regionales de educación articuladas con el Ministerio de Educación, con un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo de los establecimientos y sus proyectos educativos.

Se debe avanzar en 2018-2022 a la creación de un sistema de formación técnica estatal gratuita (incluyendo articular Inacap y nuevos Centros de Formación Técnica estatales en todas las provincias), sin subsidios a las entidades con fines de lucro, y al fortalecimiento de la educación superior estatal, que debe ser totalmente gratuita, vincularse mediante convenios trianuales a objetivos de desarrollo y ampliar su matrícula al 40% hacia el año 2022, sacando del sistema a las universidades con fines de lucro y las que no cumplan con requisitos de excelencia establecidos por una Agencia Estatal de Acreditación.

En quinto lugar, se debe reestructurar el sistema de protección social y terminar con su administración privada parasitaria. Esto supone ampliar el pilar solidario de pensiones (aumentando la pensión básica a 350 mil pesos en un plan progresivo equivalente a un 2% del PIB, desde el 0,7% actual) y crear a partir de 2020 un nuevo pilar público de pensiones contributivas de reparto que dé certeza a las jubilaciones y asegure en el corto plazo mayores tasas de reemplazo del salario, sacando a las AFP del sistema de cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas.  Se debe además crear un fondo solidario en salud con la cotización obligatoria desde 2020, hacer sólo optativos y complementarios los seguros privados y fortalecer la salud pública. Esta requiere de  inversiones hospitalarias estatales pero sin descuidar la primacía de la prevención y de un nivel primario de atención con mayor capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas, junto a un fuerte programa de contención de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria.

En suma, una nueva alternativa de gobierno debe poner por delante un proyecto de sociedad que se proponga afianzar los derechos fundamentales garantizados por nuevas instituciones democráticas, reducir la brecha de ingresos y de condiciones de vida, realizar una  transformación de las relaciones del trabajo y conducir una vasta transición energética y del consumo. La alternativa a la mediocridad inconsistente y al centrismo blando en que devinieron la Concertación y luego la Nueva Mayoría y a la regresión neoliberal de la derecha no es menos que un nuevo proyecto de regeneración democrática y social de Chile.

Decantamientos

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La suerte de pánico que invadió a la coalición gobernante  a partir del 23 de octubre por el incremento de la abstención y el mal resultado de muchos de sus candidatos a alcaldes (atribuibles en importante medida a las propias personas de los candidatos), no le permitió ver que mantenía una consistente mayoría relativa a nivel de voto por concejales, que es más político-partidario que de apreciación de atributos individuales. La derecha sumada obtuvo sólo un 41% del voto (a comparar con el 33% más el 8% del PRI de 2012, es decir lo mismo), las tres listas de la nueva mayoría un 47% (contra un 50% en 2012) y las otras expresiones  un 12% (contra un 9% en 2012). Lo que existió fue una impresionante abstención de 65% y un leve traslado porcentual de votos desde la Nueva Mayoría…pero no a la derecha sino a las expresiones que están fuera de los dos grandes bloques.

Este proceso se desplegó en medio de una crisis de cohesión en la coalición de gobierno, la que no tiene ahora acuerdo sobre lo que tiene que hacer en lo que le queda de administración, lo que ilustra bien la notable votación del 2 de noviembre en la Cámara en la que el ministro de Hacienda no logró un solo voto a favor del reajuste que propuso pues, por primera vez desde 1990, estanca las remuneraciones reales mientras el país crece, junto a dos años de caída de la inversión pública y ningún esfuerzo en I+D. ¿Es el país entero “populista” o no entiende el manejo de restricciones económicas, con excepción de la persona del ministro? Valdés está sobre ajustando la economía y eso es controvertido y controversial. Tampoco hay acuerdo sobre un candidato y programa presidencial  únicos en 2017.

No obstante, la derecha no debiera sacar cuentas alegres. La Nueva Mayoría cuenta con un candidato probado, como Ricardo Lagos (que seguramente logrará el apoyo de las directivas del PPD  y del PS luego del previsible retiro de Isabel Allende, aunque a  sus bases les gustaría tener algo que decir), y con un candidato emergente, como Alejandro Guillier. Pero también con un eventual candidato de la DC que llegue a la primera vuelta y que obligue a los dos primeros a medirse en primarias. Y existirán varias candidaturas de las fuerzas externas a los bloques tradicionales, con el eventual surgimiento de un Frente Amplio que exprese una refrescada vocación transformadora  y la hasta ahora persistente candidatura de Marco Enríquez-Ominami y Roxana Miranda, o equivalentes.  

Este espectro diverso bien puede, en la primera vuelta presidencial de 2017, dejar de nuevo a  la derecha en su 41% de 2016. Y en minoría en la segunda vuelta, especialmente si las fuerzas no derechistas concuerdan medidas programáticas serias de regeneración democrática, destinadas a ser efectivamente cumplidas. No está escrito que Sebastián Piñera volverá a ser presidente.

Lo que sí es abrumador es la carencia de debate programático. ¿Terminará éste por venir desde fueras de los bloques dominantes?

Promover debates ha sido siempre el rol de las fuerzas  críticas del  orden establecido. Frente al agotamiento de los partidos tradicionales, es posible que puedan emerger en los próximos meses nuevos consensos inesperados. Como, acaso, un nuevo consenso republicano más o menos en los términos de Andrés Rosler (en su libro Razones Públicas, 2016): “si usted está en contra de la dominación, no tolera la corrupción, desconfía de la unanimidad y de la apatía cívicas, piensa que la ley está por encima incluso de los líderes más encumbrados, se preocupa por su patria mas no soporta el chauvinismo, y cree, por consiguiente, que el cesarismo es el enemigo natural de la república, entonces usted es republicano, aunque usted no lo sepa”.

Ese republicanismo es   minoritario, pues sigue predominando el simple seguimiento a figuras empáticas o de gesto autoritario, el acomodo a lo existente, o bien la apatía individualista, y ciertamente el chauvinismo ramplón. Pero si llegara a conectar con las preocupaciones sociales, descentralizadoras y ecologistas que se expresan hoy de manera dispersa por el territorio, puede llegar a hacerse mayoritario a través de una plataforma electoral creíble en tanto sea programáticamente seria y autónoma de los poderes tradicionales.

Esos poderes están cada vez más cuestionados porque  mantienen un sistema de representación con un empate político caduco sometido en definitiva a los intereses de la gran empresa, una intolerable desigualdad social y de género, una centralización asfixiante, una discriminación étnica evidente y un gran deterioro de los ecosistemas. Nada de lo que regocijarse como para abstenerse de contribuir a nuevas alternativas republicanas de cambio “en vez de lo existente”.

Reajuste y presupuesto: error tras error

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Notable votación del 2 de noviembre en la Cámara en la que el ministro de Hacienda no logró un solo voto a favor del reajuste. Tienen razón los diputados, pues Valdés propuso, por primera vez desde 1990, estancar las remuneraciones reales de los trabajadores fiscales, mientras el país crecerá a 2%. Esto no tiene justificación alguna.
El gasto público crecerá en 2017 muy poco más que el PIB (el gobierno proyecta un incremento de 2,25%... en la ley de presupuestos), lo que es un error, con un déficit fiscal efectivo previsto de -3,3% del PIB. La inversión pública va a caer en un -2,6% (ya lo hará en un -0,5% en 2016) y las transferencias de capital un -5%, lo que implica un sacrificio adicional del potencial de crecimiento, agravado por la ausencia de políticas significativas de incremento del producto potencial, especialmente mediante un mayor y mejor gasto en Investigación y Desarrollo.
Un aumento del déficit fiscal a 4% del PIB, dadas las reservas fiscales disponibles, no provocaría ningún problema macroeconómico, sino que, al revés, estimularía el crecimiento y mejoraría la relación deuda pública/PIB en el mediano plazo.
Hemos llegado a un límite de la arrogancia y, a estas alturas, mero mesianismo, de algunos economistas ortodoxos, que suelen equivocarse en sus diagnósticos y más aún en sus recetas de política económica, pero que se permiten descalificar desde su incompetencia y ausencia de visión los planteamientos fundados de los que no concuerdan con ellos, como si fueran poseedores únicos de la verdad. Sin ir más lejos, estos economistas precipitaron a Chile inútilmente en recesiones en 1999 y 2009 al no hacer operar políticas contracíclicas pertinentes y a tiempo por dogmatismo ramplón puro y simple.
¿Es el país entero “populista” o no entiende el manejo de restricciones económicas, con excepción de la persona del ministro de Hacienda y sus acólitos de la cada vez más irrisoria tecnocracia gubernamental?

Sobre el principio de responsabilidad política

Años atrás me llamó la atención la lectura de una noticia en la prensa internacional. El ministro del Interior alemán dimitía de su cargo luego de un grave error en un procedimiento policial.

Y su explicación fue que no era culpable del error policial, pero sí responsable del mismo, porque la actividad en cuestión estaba en su ámbito de competencia.

En la lógica democrática, la participación personal en un hecho grave que merezca el reproche público es una cosa. La responsabilidad política cuando ese hecho reprochable se produce en el área de acción de una autoridad, aunque realizado por terceros subordinados, es otra, y debe tener como consecuencia la dimisión del cargo si es de suficiente relevancia.

El cambio de gabinete del miércoles 19 de octubre ha sido inédito, por cuanto se produjo a pocos días de una elección. Los ministros son secretarios de Estado, tanto en los regímenes presidenciales como los parlamentarios, y por tanto son “fusibles” o “variables de ajuste” en función del interés general de largo plazo asociado a la gestión del presidente(a) o del jefe(a) de gobierno apoyado por una determinada coalición. No tiene nada de extraño que se produzcan cambios de ministros en los regímenes democráticos.

Pero es muy poco usual que ocurra a días de una elección. Como también era inédito que se pidiera a un parlamento en receso que legislase precipitadamente a días de unos comicios sobre un cambio de reglas del juego electoral. Y no es de extrañar  que se termine retirando un martes un proyecto de ley que se presentó un lunes, en medio de una gran confusión.

Al parecer la Presidenta decidió el miércoles 19, siguiendo lo que parece ser la adecuada doctrina en la materia antes aludida, hacer efectiva la responsabilidad política de la ministra de tutela de la entidad que parece estar en el origen del problema mencionado, el Registro Civil, que envió al Servel cambios de domicilio no autorizados para fines electorales. La removió del cargo, aparentemente para que los ciudadanos supiesen que, con rapidez y antes de la elección inminente del 23 de octubre, ha existido una reacción presidencial a la altura de la alarma provocada por cambios no autorizados del lugar de votación de un cierto número de ciudadanos.

Lo que se entiende menos es que el principio de responsabilidad política no se haya hecho extensivo a los ministros que evaluaron tan mal la necesidad de legislar a última hora, con un remedio que podía ser peor que la enfermedad. Y tampoco se entiende mucho el reemplazo en simultáneo de ministros que van a reforzar candidaturas presidenciales a más de un año de los comicios. ¿No era que estábamos en la peor crisis del siglo, situación que bien merecía seguir aportando a la gestión gubernamental? O bien el nombramiento de ministros parientes de parlamentarios, sin perjuicio de los méritos de los unos y los otros.

La doctrina del “cada día puede ser peor” parece estar en plena aplicación. Las buenas cosas que ha hecho esta administración, demuestran que se puede avanzar temas importantes, incluso con una coalición de apoyo no muy coherente y con una administración pública afectada en su eficiencia por el clientelismo y la partidización. Existe más de un año para seguir demostrándolo, pues no es bueno para nadie que el actual gobierno fracase en seguir avanzando en una agenda que apunte a resolver problemas que afectan a las mayorías que necesitan de buenas políticas públicas.

¿Se puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo?

En El Mostrador

El 23 de octubre se realizarán las elecciones municipales e inmediatamente después comenzará a conformarse el escenario presidencial y parlamentario para las elecciones de 2017. El país va a definir un nuevo curso político, aunque la abstención masiva parece ser la tónica, luego de la crisis de legitimidad en que ha caído el sistema de representación con la puesta en evidencia de su captura por el poder económico, mediante –entre otros mecanismos– el financiamiento ilegal de campañas. Pero definición habrá, por amplia que llegue a ser la abstención este 2016 y el 2017.

Se puede discutir mucho sobre la transición iniciada en 1990, pero la alineación de fuerzas para salir de la dictadura y avanzar a la democracia en pasos sucesivos ya no tiene vigencia. Los desafíos de 1988 hace rato ya no son los mismos. Tampoco tienen ya vigencia, aunque hayan permitido avances parciales positivos para la sociedad chilena, gobiernos moderados encabezados por personalidades carismáticas de origen en la izquierda del espectro ideológico para volver a darle credibilidad gubernamental a este sector político.

Menos la puede tener una coalición como la Nueva Mayoría, convocada por la Presidenta Bachelet para dotar al país de una nueva Constitución y realizar reformas políticas, económicas y sociales que, entendía, debían ser profundas.

La mera suma de la ex Concertación más el Partido Comunista dio lugar a una coalición incoherente e ineficaz, en particular porque en su seno predominaron los conservadores activamente opuestos a toda reforma relevante y en especial a las reformas propuestas por el propio programa de Gobierno, junto a fuerzas políticas ocupadas primordialmente de la ocupación clientelística del aparato del Estado.

Una parte decisiva de la actual coalición de Gobierno no quiere una nueva Constitución –la vigente le acomoda perfectamente y combate con vehemencia una asamblea constituyente y toda descentralización efectiva del poder– y cree en “la teoría del derrame” en materia económica y social. En palabras de Jorge Burgos, entiende “el crecimiento como principal instrumento de mayor equidad”, lo que se saluda como clarificación, pero es una manifiesta falsedad: el principal instrumento de mayor equidad es un conjunto coherente de políticas redistributivas, que los conservadores combaten, políticas que de paso suelen contribuir al crecimiento si están bien concebidas y puestas en práctica. Para no hablar de las brutales consecuencias ambientales del crecimiento descontrolado que defienden los partidarios del actual modelo económico y a las que son indiferentes.

El dilema para 2017 es que habrá quienes reiterarán el propósito de dejar atrás el orden neoliberal y sus consecuencias directas, una de las más altas desigualdades del mundo y una depredación ambiental generalizada, y su soporte institucional en la Constitución de 1980. Y, por otro lado, habrá quienes querrán seguir conservando el orden existente o bien se acomodarán una vez más a él a cambio de granjerías burocráticas.

Chile requiere en la próxima etapa de una nueva democracia emanada de la soberanía popular, una economía que se expanda con mayor diversificación productiva e innovación para un mayor dinamismo con respeto al medio ambiente y disminución de la huella de carbono, junto a una reducción sustancial de la brecha distributiva, aquella que la encuesta CASEN 2015 muestra que persiste sin modificaciones significativas.

Decía Einstein que era una locura esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Cualquier fórmula de coalición sin coherencia programática transformadora no hará sino mantener los privilegios existentes sin tocar las estructuras políticas y económico-sociales vigentes que reproducen desigualdad, depredación y concentración del poder.

Estructurar otra vez las decisiones políticas con las actuales coaliciones de Gobierno y oposición será evidentemente garantía de que nada cambie en Chile en materia de democracia, de innovación económica y ambiental y de equidad social y territorial. Las dos coaliciones predominantes mantendrán a Chile en un empate crecientemente catastrófico y profundizarán la peligrosa anomia social que avanza cotidianamente en nuestro país, en buena medida alimentada por la incoherencia entre dichos y hechos de demasiadas autoridades del Estado y del sistema de representación.

El desafío de los que queremos cambios será agruparse con amplitud, generosidad y sobre todo coherencia entre discurso y práctica, de modo de terminar con la actitud de señalizar para un lado y virar para el contrario. Acaso una nueva alternativa de cambio coherente y consistente, y por tanto diferente de la derecha y la Nueva Mayoría, contribuirá a disminuir el actual desprestigio generalizado de las instituciones políticas, sin cuyo fortalecimiento en todo caso no podrá haber mayor prosperidad compartida ni mayor bienestar para todos.