Años atrás me llamó la atención la lectura de una noticia en la prensa internacional. El ministro del Interior alemán dimitía de su cargo luego de un grave error en un procedimiento policial.
Y su explicación fue que no era culpable del error policial, pero sí responsable del mismo, porque la actividad en cuestión estaba en su ámbito de competencia.
En la lógica democrática, la participación personal en un hecho grave que merezca el reproche público es una cosa. La responsabilidad política cuando ese hecho reprochable se produce en el área de acción de una autoridad, aunque realizado por terceros subordinados, es otra, y debe tener como consecuencia la dimisión del cargo si es de suficiente relevancia.
El cambio de gabinete del miércoles 19 de octubre ha sido inédito, por cuanto se produjo a pocos días de una elección. Los ministros son secretarios de Estado, tanto en los regímenes presidenciales como los parlamentarios, y por tanto son “fusibles” o “variables de ajuste” en función del interés general de largo plazo asociado a la gestión del presidente(a) o del jefe(a) de gobierno apoyado por una determinada coalición. No tiene nada de extraño que se produzcan cambios de ministros en los regímenes democráticos.
Pero es muy poco usual que ocurra a días de una elección. Como también era inédito que se pidiera a un parlamento en receso que legislase precipitadamente a días de unos comicios sobre un cambio de reglas del juego electoral. Y no es de extrañar que se termine retirando un martes un proyecto de ley que se presentó un lunes, en medio de una gran confusión.
Al parecer la Presidenta decidió el miércoles 19, siguiendo lo que parece ser la adecuada doctrina en la materia antes aludida, hacer efectiva la responsabilidad política de la ministra de tutela de la entidad que parece estar en el origen del problema mencionado, el Registro Civil, que envió al Servel cambios de domicilio no autorizados para fines electorales. La removió del cargo, aparentemente para que los ciudadanos supiesen que, con rapidez y antes de la elección inminente del 23 de octubre, ha existido una reacción presidencial a la altura de la alarma provocada por cambios no autorizados del lugar de votación de un cierto número de ciudadanos.
Lo que se entiende menos es que el principio de responsabilidad política no se haya hecho extensivo a los ministros que evaluaron tan mal la necesidad de legislar a última hora, con un remedio que podía ser peor que la enfermedad. Y tampoco se entiende mucho el reemplazo en simultáneo de ministros que van a reforzar candidaturas presidenciales a más de un año de los comicios. ¿No era que estábamos en la peor crisis del siglo, situación que bien merecía seguir aportando a la gestión gubernamental? O bien el nombramiento de ministros parientes de parlamentarios, sin perjuicio de los méritos de los unos y los otros.
La doctrina del “cada día puede ser peor” parece estar en plena aplicación. Las buenas cosas que ha hecho esta administración, demuestran que se puede avanzar temas importantes, incluso con una coalición de apoyo no muy coherente y con una administración pública afectada en su eficiencia por el clientelismo y la partidización. Existe más de un año para seguir demostrándolo, pues no es bueno para nadie que el actual gobierno fracase en seguir avanzando en una agenda que apunte a resolver problemas que afectan a las mayorías que necesitan de buenas políticas públicas.