martes, 21 de febrero de 2017

El refichaje y la vida de los partidos


Columna en Voces La Tercera
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En estos días se discute sobre los plazos para el refichaje de los partidos políticos constituidos y la desigualdad de trato con los partidos en formación. Tal vez vale la pena poner este tema en perspectiva.

Al producirse la transición a fines de los años ochenta del siglo pasado, se autorizó con ocasión del plebiscito de 1988 –que la dictadura intentó fuera una suerte de legitimación luego de tres lustros en el poder y abordó con el exceso de confianza que le fue fatal en la etapa final del régimen autocrático, sin medir el inmenso desgaste que le había significado la represión de las protestas populares de 1983-86 – el funcionamiento de nuevos partidos políticos, dotados de ciertos derechos de control electoral y expresión pública. Pero, claro, siempre que no estuvieran fueran de la ley en virtud del ignominioso artículo octavo de la constitución de 1980, que establecía una discriminación ideológica en contra de los partidos políticos de izquierda, como fue el caso del Partido Socialista, impedido por entonces de organizarse legalmente.

En esa ocasión la dictadura estableció la afiliación de un cierto porcentaje de los electores por región como condición para la legalización de los partidos políticos. En la oposición de entonces, fue pionero el Partido Humanista, que tomó con éxito el desafío, y luego le siguieron el PPD, constituido a la sazón por diversas fuerzas -entre ellas una parte del socialismo- como paraguas instrumental para el control plebiscitario y el acceso a la televisión, y la Democracia Cristiana, que no quiso sumarse a la iniciativa común.

Los afiliados de entonces -¡hace treinta años!- y que no han fallecido o renunciado permanecen como tales en los partidos que no fueron objeto de disolución por haber obtenido un mínimo de representación parlamentaria en las sucesivas elecciones. Pero lo que es peor, diversos partidos –y entre ellos el PS reunificado y el PPD- fueron constituyendo mecanismos de elección interna de autoridades en base a afiliados a los cuales solo se les pedía el voto de vez en cuando, incentivando una afiliación clientelar, con poco o nulo trabajo de formación ideológica y cultural ni militancia en función de algún proyecto colectivo en alianza con las diversas expresiones organizadas de la sociedad. En algunos casos, grupos internos de poder, parlamentarios o representantes municipales, con el poder institucional respectivo, logran afiliar masivamente a personas que en realidad no son militantes, sino votantes de tal o cual caudillo.

Poco tiene todo esto que ver con un régimen moderno y democrático de constitución y desarrollo de partidos políticos, capaces de generar ideas y proyectos sobre el destino del país y de representar de manera genuina y transparente intereses colectivos y voluntades de cambio.

En la mayoría de los partidos políticos europeos, por ejemplo, se produce una reafiliación anual, en tanto acto de adhesión activa periódica, junto a algún tipo de actividad militante como condición para ejercer derechos de ciudadanía partidaria. En el caso del partido socialdemócrata de Suecia, caso que conocí personalmente, se trabaja contra la tendencia a la estatización del partido político –ha gobernado durante más de siete décadas- bajo el lema de “partido de gobierno, pero en oposición ante todas las injusticias”, mientras un año antes de cada elección general se instruye a dirigentes y militantes a volver a la sociedad y ponerse a la escucha de las aspiraciones y quejas de los ciudadanas, junto a un nexo orgánico tradicional con el movimiento sindical y diversas expresiones de la sociedad civil.

En Chile, y a pesar de los esfuerzos de unos pocos, las encuestas y algún “focus group” ocasional han reemplazado la realimentación periódica del nexo orgánico con la sociedad, mientras vivimos una personalización creciente de la política alrededor de caudillos. En el caso de varios de los partidos tradicionales de izquierda, su estatización progresiva llevó al fin de toda idea de militancia activa y a la consolidación de la organización interna, con honrosas pero minoritarias excepciones, como mera masa de maniobra electoral interna y externa, que requiere de bastante dinero para funcionar, el que hasta ahora era provisto por el mundo empresarial.

Ya no se trata de partidos “de vanguardia”, con alguna ideología, o siquiera programáticos, que elaboran con mayor o menor suerte alternativas de acción en la esfera pública. Ya no se ve partidos que alimenten la deliberación colectiva, formen masivamente sus militantes para ampliar y difundir sus ideas, promueven proyectos políticos más o menos definidos, y al hacerlo ilustren a los ciudadanos sobre las opciones políticas alternativas presentes en la sociedad. Se trata de la consolidación de lo que la literatura especializada llama “catching all parties”, partidos “atrápalo todo”, usualmente vinculados a algún líder con arrastre electoral y mediático de tipo emocional en la sociedad líquida en la que vivimos, en palabras del recientemente fallecido Zigmunt Bauman.

La Comisión Engel hizo una reflexión importante en la materia y recogió opiniones, que se tradujeron en parte en nuevas normas legales más bien frustrantes para el propósito de una reforma de raíz del régimen de partidos. Lo del refichaje, cuyo plazo vence el 14 de abril y tiene en dificultades a muchos de los partidos tradicionales, quedó como apenas una actualización ante lo evidente de la inadecuación de la definición de la legislación pinochetista respecto a quien y como se transforma en miembro de un partido y los deberes cuyo ejercicio dan eventualmente derecho a elegir autoridades internas y definir políticas y candidatos que las defiendan. Y, de paso, se reforzaron diversas barreras a la entrada para nuevas organizaciones políticas, varias de ellas absurdas, como que la persona que desea afiliarse a un partido deba concurrir personalmente ante un notario –con un costo pecuniario a veces elevado- o ante oficiales civiles, incluso para hacer el trámite por Internet, proceso para el cual la persona deberá ir, según una reciente normativa, al Registro Civil a obtener una clave. Simplemente digno de Kafka. En la inscripción de 1986-87, en plena dictadura, la presencia personal no se exigía, pues parecía un exceso evidente. Hoy a nuestros legisladores ya no les parece tal cosa con tal de dificultarle la vida a nuevas expresiones políticas.

Varias organizaciones políticas emergentes no van a poder concursar en las próximas elecciones. Esto va a ser especialmente el caso en la izquierda, sector político en el que desde 2011 han proliferado nuevas expresiones ante el agotamiento de sus expresiones tradicionales.

Una legislación democrática moderna simplemente no debiera poner mayores obstáculos para que se forme y se mantenga vigente un partido político y este pueda presentar candidatos a cargos de elección popular, pues al final es el pueblo en elecciones el único soberano para elegir a los/las gobernantes y los cuerpos de representación. Si es que creemos en la democracia, claro.