La reforma de la educación: fines y medios

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Como señala con pertinencia el filósofo italiano Salvatore Veca en un texto de 2014, "hemos simplemente perdido de vista el espacio de los fines”. Nos concentramos en los medios y en la mera practicidad de las cosas. Y agrega Veca: “Pero es en ese espacio (de los fines) en el que se definen los lineamientos esenciales, los rasgos de los modos de convivir, el lugar de las instituciones, de las prácticas sociales que coinciden con un proyecto, con diversos proyectos. Y que responden a la demanda esencial: ¿qué idea del futuro es meritoria y por qué?”.

Estamos en Chile en un proceso de reformas de la educación y el tema de los medios de acceso a ella prácticamente ha monopolizado la discusión en la esfera pública. Ha quedado a un lado el tema de los fines del sistema educativo y de los méritos respectivos de las alternativas para alcanzarlos. Lo más probable es que esto haya terminado ocurriendo porque para el sentido común dominante la respuesta es evidente y no admite más disquisiciones: la educación formal es una inversión rentable para los individuos. Se trata de acceder a ella en las mejores condiciones posibles, ojalá gratuitamente. Y punto. Es el utilitarismo en acción. Pero en  algún momento habrá de ser abordado el tema del sentido de la educación en nuestra sociedad.

¿Es pertinente, en primer lugar, preguntarse sobre por qué es tan importante el avance en la educación inicial?

En abril de 2015  se creó la Subsecretaría de Educación Parvularia, estableciéndose la obligatoriedad de contar con la autorización del Ministerio de Educación para que salas cunas y jardines infantiles puedan funcionar. Se agrupa en una sola institución a funcionarios de la Subsecretaría de Educación y la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Esta  nueva institucionalidad apoyará la ampliación de la cobertura preescolar, hoy sustancialmente inferior a la de la escuela, y el control de las entidades privadas que funcionan en esta área. La meta del Ministerio de Educación para la educación parvularia –niños y niñas de cero a seis años– es avanzar a los estándares de la OCDE (en torno al 60%) con un aumento de 140 mil plazas. El salto más fuerte se espera en el nivel de salas cuna de cero a dos años, pasando de la cobertura actual cercana al 17% a un 30%. En el nivel medio –jardín infantil– la meta es subir de un 43% a un 50% de cobertura, mientras que en prekínder y kínder se proyecta pasar del 90% al 95% en 2018.

Ahora bien, avanzar en estas coberturas no es un fin en sí mismo, sino que se vincula al hecho de que la primera prioridad de la política educacional debe estar en la infancia temprana.

Según recalca la literatura especializada, las capacidades no cognitivas, como el control de sí mismo, la aptitud a cooperar con otros y a evolucionar en la sociedad, se determinan antes del ingreso a la escuela básica. Estas aptitudes no cognitivas afectan significativamente, a su vez, las de tipo cognitivo, que se traducen en posteriores resultados escolares, en la probabilidad de avanzar hasta estudios de nivel universitario y en el desempeño en ellos (Heckman, J.J.;  Moon, S.H.; Pinto, R.; Savelyev, P.A.& Yavitz, A. “The rate of return to the Highscope  Perry Preschool Program”, Journal of Public Economics, 94-1-2, 2010).

Evidencia reciente obtenida mediante resonancias magnéticas de individuos de 4 a 22 años sugiere que la situación económica parental opera sobre el rendimiento de los niños a través de un mecanismo neurobiológico, con estructuras específicas del cerebro vinculadas al funcionamiento del aprendizaje y de la educación (atención sostenida, planificación y flexibilidad cognitiva) que son vulnerables al entorno de la pobreza, como el estrés, la estimulación limitada y la nutrición.

El potencial de los niños para el éxito académico se reduce a edades tempranas por estos factores. Un 20% de la brecha en los test de desempeño podría explicarse por retrasos de maduración en los lóbulos frontal y temporal. Mientras más tiempo viven los niños en la pobreza, mayores son sus déficits académicos. Estos patrones persisten hasta la adultez (Hair, N.L.; Hanson, J.L.; Wolfe, B.L.; Pollak, S.D. “Association of Child Poverty, Brain Development, and Academic Achievement”, JAMA Pediatr. Julio 20, 2015). Además de las políticas contra la exclusión social propiamente tales, son indispensables las intervenciones que mejoren los entornos y cuidados de los niños para alterar positivamente el vínculo entre pobreza infantil y los déficits cognitivos y de rendimiento académico que tan pesadamente observamos en Chile vinculados al nivel de ingreso familiar y tipo de establecimiento escolar.

¿Es pertinente, por otro lado, preguntarse por qué la escuela es obligatoria y, por tanto, el Estado se obliga a financiarla? ¿Cuál es su función? En el proceso de reforma no se ha enfatizado lo suficiente la necesaria rediscusión de los fines de la escuela. El punto de partida debe ser atribuirle a la escuela obligatoria el deber de “formar ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos”, en palabras de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum.

¿No habrá llegado el momento en que la sociedad chilena formalice su propósito colectivo de que todos sus miembros cuenten con los medios para adquirir un núcleo común de conocimientos, de capacidades y de cultura que permita su integración en la vida en común mediante la continuidad de estudios que mejore su futuro personal y profesional y refuerce el ejercicio de la ciudadanía? Para este fin, parece pertinente que la escuela se proponga formar  siete competencias básicas: a) el dominio de la lengua materna, la comprensión y redacción de textos y la expresión escrita y oral; b) la práctica de otras lenguas; c) el dominio de los principales elementos de las matemáticas y de la cultura científica y tecnológica; d) el dominio de las técnicas de la información y la comunicación; e) el dominio de la cultura humanista, de la historia, la geografía, la literatura y las artes; f)  la práctica de las reglas cívicas; g) la práctica de la autonomía y la iniciativa para concebir, crear y realizar.

En las condiciones de desigualdad prevalecientes en Chile, un desafío adicional es que los niños que viven en condiciones de pobreza y marginalidad puedan ser parte del proceso de integración a la sociedad a través de la escuela mediante un trabajo persistente de los equipos docentes y los padres y apoderados que permita la adquisición efectiva del tipo de competencias mencionadas.

La llamada Ley de Inclusión, publicada el 8 de junio de 2015, asegura que a fines de 2017 todos los sostenedores de colegios que deseen permanecer en el sistema subvencionado deberán estar organizados como entidades sin fines de lucro y que todos los recursos destinados a la educación deberán ser usados en los proyectos educativos.

A partir de 2016, los colegios que hoy son gratuitos y sin fines de lucro –todos los públicos y muchos particulares subvencionados– y aquellos particulares subvencionados que se transformen en corporaciones sin fines de lucro y vayan abandonando el financiamiento compartido, comenzarán a recibir el nuevo Aporte de Gratuidad y la nueva Subvención Escolar Preferencial para estudiantes preferentes.

Además, aquellos colegios con convenio SEP verán reajustada esta subvención en un 20%. Como efecto de estos nuevos aportes, en los dos primeros años de vigencia de la ley más de 730 mil estudiantes podrán acceder a una educación gratuita. Se espera que en 2018 el 93% de los estudiantes  que asistan a escuelas que reciben aportes públicos lo hagan gratuitamente. El mayor gasto público alcanzará 1130 millones de dólares anuales.

A partir de 2017 todos los colegios que reciben aportes del Estado deberán aceptar a todos los postulantes en tanto dispongan de vacantes. Si la demanda excede las vacantes existentes, deberán usar un sistema de selección aleatoria, aunque con preferencia a los hermanos de alumnos que ya estudian en el establecimiento e hijos de los trabajadores del mismo. Este procedimiento va a asegurar una mayor integración social en las escuelas, pero no considera a los colegios particulares pagados (un 8% de la matrícula de hijos e hijas de las familias de más altos ingresos), ni asegura la continuidad de la educación pública.

Los establecimientos con proyectos educativos artísticos, deportivos y/o de alta exigencia académica podrán –previa acreditación ante el Ministerio de Educación y aprobación del Consejo Nacional de Educación– establecer procesos de selección de hasta un 30% de su matrícula en función de las características particulares de cada proyecto, exceptuando cualquier tipo de selección académica. El proceso de readecuación de los actuales establecimientos que practican procedimientos de selección por rendimiento tomará cinco años. La ley impide la cancelación de matrícula por rendimiento y permite repetir un curso en la enseñanza básica y otro en la enseñanza media.

Este proceso de reforma tiene una gran significación. Pero falta un paso decisivo: la escuela pública debe desmunicipalizarse porque la desigualdad y fragilidad de la administración comunal reproducen y amplifican la polarización educativa existente, donde la clase social y el lugar en que se nace siguen marcando los destinos y proyectos de vida. Y no parece una buena idea crear un centenar de nuevas administraciones educativas autónomas complejas de diseñar, y difíciles y lentas de poner en marcha.

Este proceso de reforma tiene una gran significación. Pero falta un paso decisivo: la escuela pública debe desmunicipalizarse porque la desigualdad y fragilidad de la administración comunal reproducen y amplifican la polarización educativa existente, donde la clase social y el lugar en que se nace siguen marcando los destinos y proyectos de vida. Y no parece una buena idea crear un centenar de nuevas administraciones educativas autónomas complejas de diseñar, y difíciles y lentas de poner en marcha.

¿Por qué no transferir progresivamente las escuelas municipales a servicios de educación con base regional? La fragmentación y carencia de adscripción a un escalón administrativo constituido y formal puede hacer fracasar, por ausencia de responsables claros y pertinentes, la reforma de la escuela pública y llevarla a su definitiva marginalización en entidades de las que nadie se hace cargo, frente a un sistema escolar particular subvencionado fortalecido, aunque en adelante sin fines de lucro.

Un sistema escolar público que solo se hace cargo de los niños con más problemas formativos y que nadie más recibe está condenado al fracaso y a la consagración de la discriminación social en la escuela, incapaz de formar las competencias para las que el sistema escolar debe existir en las sociedades modernas. Para evitar que la educación escolar sea en Chile un sistema de guetos separados, la educación pública no debe ser financiada por subsidio a la demanda, sino por subsidio a la oferta, es decir, a los gastos de inversión y funcionamiento de establecimientos bien equipados, situados en todo el territorio y en los lugares de mejor acceso, con docentes suficientemente formados y remunerados, para permitir la integración social y la formación de competencias para todos.

Si en el corto plazo esto tiene como consecuencia muchos menos alumnos por profesor en las escuelas públicas, bienvenido sea para aumentar la “calidad” del proceso educativo, si es que esta noción tiene algún sentido, pues lo pertinente es fortalecer los insumos del proceso docente y mejorar los climas escolares con proyectos de establecimiento pertinentes basados en conductas cooperativas y dirigidos por equipos de gestión motivados.

La nueva escuela pública debe construirse con equipamiento de excelencia y una  carrera docente que cuente con el compromiso de los profesores y su voluntad de ser evaluados por sus pares y por la sociedad mediante procedimientos objetivos, del mismo modo que ellos deben evaluar a sus alumnos. La escuela es por esencia una cultura de la evaluación permanente para procurar con tenacidad alcanzar el logro de las competencias mencionadas más arriba.

Y, finalmente, ¿no habrá llegado la hora, a semanas de que se presente el proyecto de ley respectivo, de debatir acerca del sentido de la educación superior en nuestro país?

La educación superior no es obligatoria, contrariamente a la escuela, y se dirige a personas adultas. La finalidad básica de la educación superior es permitir a las personas insertarse activa y creativamente en la sociedad y permitir su creciente desarrollo.

Pero la educación superior no es solo la universidad. Cuatro de cada diez jóvenes egresan de la enseñanza media desde la educación técnico profesional y más de la mitad de quienes ingresan a la educación superior optan por  planteles técnico-profesionales. Mejorar el desempeño de la educación superior técnica será central para invertir la pirámide educativa basada en el privilegio de la universidad  en el imaginario social.

En los nuevos 15 Centros de Formación Técnica estatales, bajo tuición de universidades públicas, y en las entidades privadas sin fines de lucro selectivamente acreditadas, debe llegarse a la brevedad a la gratuidad completa en la mayoría de las carreras. Los CFT estatales permitirán crear una red con capacidad de articularse con los liceos técnicos profesionales y, es de esperar, con una inexplicablemente postergada redefinición del sistema de formación continua, que permita a quienes debieron insertarse tempranamente en una actividad laboral seguir estudios, incluso superiores.

La universidad, por su parte, no debe seguir siendo una mera plataforma de oferta de estudios para una demanda desinformada de estudiantes-consumidores que buscan primordialmente obtener buenos ingresos futuros. Su finalidad debe definirse como la de conservar, acrecentar y transmitir los saberes y la herencia cultural con espíritu crítico y creativo y fomentar la agregación de conocimiento y la libre expresión de ideas y de la creatividad humana, excluyendo toda forma de discriminación arbitraria.

Ninguna universidad propiamente tal puede ser solo docente. Toda universidad, para ser calificada como tal (“acreditada”), debe realizar investigación en las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías promoviendo el pluralismo y la libertad de pensamiento, con lealtad a los principios democráticos y a los derechos fundamentales de los ciudadanos; solo en ese contexto es posible formar humanistas, científicos, profesionales y técnicos de alta capacidad académica con respeto a la libertad de cátedra y de acuerdo con las necesidades del desarrollo sustentable del país, consolidando los valores éticos y cívicos y las actitudes de responsabilidad y solidaridad social; finalmente, la universidad debe extender sus servicios a la comunidad.

Para que esto pueda ocurrir, debe en primer lugar otorgarse expresamente roles públicos como los mencionados a las universidades estatales, hoy carentes paradójicamente de toda misión por una supuesta autonomía malentendida, y financiarlas en función de esos roles.

Un nuevo mecanismo debe incluir una dotación de investigación, una de extensión y una de docencia por alumno por tipo de carreras que asegure a la brevedad posible una amplia gratuidad en  pregrado –no completa, en ausencia de un sistema tributario que asegure una mayor progresividad en el impuesto a la renta, es decir, con un arancel graduado por ingresos familiares–, con una duración de carreras que en muchos casos debe disminuir a cuatro años y con un límite de tiempo para terminar la carrera con subsidio, con una combinación de becas y crédito subsidiado en los postgrados.

Estas dotaciones deben fijarse –al menos en sus pisos– en convenios de programación de al menos tres años concordados por cada universidad estatal con la nueva Subsecretaría de Educación Superior que el Gobierno ha planteado crear. Estos convenios deben incluir objetivos de matrícula por área del conocimiento y tipo de formación profesional y prioridades de investigación.

Las universidades estatales regionales deben ser dotadas de roles específicos en conexión con las estrategias regionales de desarrollo. La acreditación de las universidades estatales debe ser parte de los convenios de programación, en los que el Estado asuma una responsabilidad con sus universidades y estas con el servicio público educativo, de generación de conocimiento y de extensión de este a las comunidades sobre la base de objetivos transparentes, explícitos y periódicamente evaluados. Las universidades estatales y sus facultades y centros de investigación y extensión no deben ser feudos y subfeudos apropiados para fines privados por sus miembros y responsables directos, como en algunos casos ocurre en la actualidad, sino que deben actuar de acuerdo a las directrices de quien les da origen y las financia, la comunidad nacional. Su autonomía debe situarse en la esfera de la puesta en aplicación de esas directrices y orientaciones. Deben contar, en sus Juntas Directivas, con representantes de las entidades especializadas de gobierno encargados de velar por los fines públicos establecidos en los convenios de programación, y no ser, como hoy, parte de la repartición clientelar de granjerías, con nombramiento de personas que nada tienen que ver con la educación.

Una segunda categoría debe ser la de universidades de propiedad no estatal con fines públicos, acreditadas en materia de docencia (incluyendo la exigencia de pluralismo de la enseñanza y no discriminación arbitraria), investigación (sin limitaciones extracientíficas financiadas con recursos públicos) y extensión (sin proselitismo de credo o ideología). La gratuidad debe asegurarse en este espacio para los estudiantes de menos ingresos y complementarse con créditos subsidiados para el resto, hasta que no se establezca una progresividad tributaria que haría justificable la extensión a todos, con regulación de los aranceles máximos y con fondos concursables de investigación y extensión.

Una tercera categoría, la de universidades privadas sin fines públicos, debe ser también regulada con estricta acreditación periódica. Estas universidades deben transparentar sus fines, no recibir subsidios públicos ni tener fines de lucro, y ser obligatoriamente propietarias de los inmuebles que usan, junto con prohibir la terciarización de servicios pedagógicos o de cualquier servicio orientado a sustraer utilidades encubiertas o desviar recursos a fines distintos de los educativos.

La gratuidad completa sin redefiniciones institucionales y sin marco regulatorio puede abrir la puerta a un despilfarro gigantesco de recursos públicos y a más subsidios regresivos sin contrapartida que terminen beneficiando a intereses privados y aumentando la desigualdad de oportunidades. El Estado no debe dilapidar recursos transfiriéndolos a entidades privadas sin finalidad pública o a entidades públicas sin control que presten un servicio mediocre y desvíen recursos para sus propios fines. Ni menos debe financiar con recursos de todos los chilenos a familias de altos ingresos que pagan pocos impuestos, dada la estructura regresiva del sistema tributario, al menos hasta que este llegue a tener un carácter progresivo, en el que los más ricos paguen proporcionalmente a sus ingresos más impuestos que los más pobres. Hoy día esto no ocurre.

La presión por más transferencias a entidades educativas privadas sin fines públicos o a entidades públicas feudalizadas no contribuye a la adecuada asignación de los recursos escasos de todos los chilenos que administra el Estado ni es equitativa, aunque se haga falazmente en nombre de los más pobres.

Nueva Mayoría: incoherencias y problemas de fondo

Publicado en El Mostrador

Chile enfrenta hoy un problema creciente de incoherencia de la coalición de gobierno, en un trasfondo de crisis larvada de las instituciones políticas y de desestabilizadora desigualdad de ingresos y patrimonios que el funcionamiento económico vigente reproduce y amplía, con una fuerte captura del poder político por el poder económico.

Las reformas impulsadas por la presidenta Bachelet son objeto de una controversia frontal de los poderes económicos y sus representantes que mantienen el extendido argumento introducido en Chile con gran éxito por los seguidores de Milton Friedman desde los años cincuenta del siglo pasado, según el cual serían antieconómicos tanto un sistema tributario progresivo (en el que los más ricos sostengan el gasto público con sus impuestos proporcionalmente más que los más pobres) como una negociación colectiva equilibrada de los salarios y las condiciones de trabajo en las empresas. Argumento que es además contrario a una seguridad social que proteja del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos básicos y a un sistema de ingresos básicos universales para enfrentar la pobreza y la exclusión social.

La argumentación contra el Estado Social no tiene fundamento analítico y empírico alguno que no sea la ideología libremercadista. Frente al modelo de capitalismo salvaje norteamericano –que en todo caso incluye elementos de regulación de mercados y de redistribución del ingreso y seguridad social más importantes que los existentes en el Chile de hoy– existen en el mundo múltiples modelos de economía de mercado con altos niveles de PIB por habitante y –todavía más importante– elevados niveles de bienestar, libertades y democracia, que introducen acciones públicas sustanciales en favor de la disminución de la desigualdad.

En efecto, los niveles de corrección de las desigualdades de los ingresos de mercado –salarios brutos, ingresos por autoempleo, ingresos de capital y retorno sobre ahorros– mediante impuestos y gasto público siguen siendo muy elevados allí donde los Estados de bienestar se mantienen fuertes. Más aún, a pesar de la crisis, en la mayoría de los países de la OCDE la extensión de la redistribución de ingresos se ha incrementado en el último quinquenio. Las transferencias monetarias públicas, la tributación sobre los ingresos y las cotizaciones obligatorias, que configuran el ingreso disponible de las familias, disminuyen en conjunto las desigualdades en la población activa en un promedio de 25%. A esto se agregan los servicios públicos gratuitos o subsidiados. Este efecto es más amplio en los países nórdicos, Bélgica y Alemania, y más limitado en Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En Chile es casi nulo.

Si se trata de mirar modelos dignos de inspiración, sigue destacando el “modelo escandinavo”, que se adaptó a las nuevas circunstancias económicas globales para mantener un Estado de bienestar que logra, en medio de las turbulencias de la globalización y de la precarización salarial generalizada, las más altas capacidades redistributivas, aunque menores que en el pasado reciente.

Recientes críticas al actual gobierno desde supuestos partidarios suyos le atribuyen una supuesta preferencia por el “Estado por sobre los organismos intermedios y las personas” y privilegiar “expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que se enfrentan y de gestionar solo desde la cúpula burocrática”. Esa no es sino la misma vieja idea según la cual el impacto de las políticas públicas debe ser de baja escala y solo proponerse en cada área de actividad asegurar un mínimo para que todos compitan en una supuesta cancha económica igualada, idea que desconoce cómo funcionan las sociedades contemporáneas y que, en el mejor de los casos, está construida por la obsesión miope con la eficiencia abstracta en la asignación de recursos. Igualar el gallinero para que compitan el zorro con las gallinas conduce a un solo resultado: el zorro se come sistemáticamente a las gallinas.

Los mercados globalizados en los que se desenvuelven la economía y la sociedad chilenas no son la abstracción del modelo de la competencia perfecta sino construcciones dominadas por grandes empresas que evolucionan en estructuras de poder que les permiten producir economías de escala, sustraerse con frecuencia de toda competencia y concentrar los ingresos en el proceso económico. Esto es lo que se constata en Chile de manera generalizada frente a la escasa relevancia de los poderes públicos para atacar los abusos del poder económico y el cada vez menor profesionalismo y eficiencia de la administración pública.

Para que el capital concentrado no domine irremediablemente a la sociedad, los poderes públicos globales (cuasiinexistentes) y los gobiernos nacionales no disponen de opciones muy distintas –excluyendo la solución estatizadora autoritaria que no produce ni democracia ni prosperidad– que la de hacer funcionar economías mixtas con: a) un sector de bienes públicos al margen de los mercados que provea infraestructura, ciencia y tecnología, educación, salud y urbanismo integrador; b) un sector de economía mercantil con empresas privadas que se desenvuelvan con regulaciones que minimicen las rentas monopólicas, que maximicen las externalidades positivas (con una fuerte política industrial), minimicen las externalidades negativas locales y globales (con una fuerte política ambiental) y con reglas laborales que creen empleos y cautelen la dignidad, creatividad y cooperación en el trabajo (con una fuerte política laboral y de formación continua) y que provea las condiciones de financiamiento de ingresos básicos y educación para todos los miembros de la sociedad y la cobertura del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos (seguridad y protección social); c) un sector de empresas públicas selectivas y estratégicas; y d) un sector de empresas sin fines de lucro de economía social que produzca integración y actividad económica al margen del mercado, especialmente de servicio a las personas vulnerables.

Lo que no tiene ningún sentido es incorporar a fuerzas políticas al gabinete que después condicionan, ya sea desde el Parlamento o desde el propio gobierno –como hemos visto en el tiempo reciente– lo comprometido ante los electores. Una lógica de este tipo implica que los que se oponen al gobierno en el Parlamento no estén al mismo tiempo en la administración central en cargos de confianza.

Se trata de construir un proyecto de democracia social responsable de incluir a todos y de legar una economía sustentable a las nuevas generaciones, que debe sustraerse tanto de la adoración al mercado como de idolatrar a las burocracias, sometiendo a ambos a un control democrático y social. Es el proyecto de hacer prevalecer un principio de comunidad, un principio de responsabilidad con las nuevas generaciones y un principio de igualdad justa de oportunidades, proyecto que es efectivamente alternativo al de la sociedad de mercado. Salir de la democracia protegida y del libremercadismo que concentra el poder y la riqueza requiere reformar y transformar el orden existente en Chile y establecer una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad que fortalezca al primero para hacer posible un mejor funcionamiento de los segundos, con más equidad, eficiencia y humanización de la vida colectiva.

Así, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet enfrenta un problema político cada vez mayor con una parte de su coalición que no quiere enfrentar la insuficiencia democrática de las instituciones, la reproducción de las desigualdades y la carencia de una estrategia de crecimiento social y ambientalmente sustentable. Esto se expresa en la renuencia a una asamblea constituyente, en la defensa de los subsidios a la demanda en las políticas sociales o en la negativa a fortalecer la capacidad negociadora del mundo del trabajo y se mezcla con muy concretos intereses instalados en la “provisión privada de bienes públicos” establecida por la dictadura militar y solo parcialmente revertida desde 1990.

La gran duda en materia de escenarios políticos es saber si en el futuro próximo podrá seguir habiendo configuraciones de gobierno como la actual Nueva Mayoría. En mi opinión eso es posible, pero de una manera radicalmente diferente que la actual, si es que se quiere evitar la incoherencia de la gestión gubernamental en curso, con un programa comprometido ante la opinión pública pero al mismo tiempo con fuerzas de la coalición que lo “mejoran” en sentido contrario a sus fundamentos. Lo sensato parece ser no seguir conformando coaliciones que no comparten casi nada en lo programático y mucho en el mero interés de ocupar posiciones burocráticas en el Estado, formato que es parte de la creciente crisis de legitimidad del sistema político.

El cambio al sistema binominal debiera permitir que las fuerzas políticas se agrupen de acuerdo a sus posiciones de principios y programáticas y las ofrezcan al electorado, junto a un candidato presidencial que las exprese en primera vuelta. De esa manera, los electores podrán tener a la vista un debate transparente sobre las opciones que el país enfrenta y votar de modo informado en un contexto deliberativo. Las elecciones no debieran ser un mercado en el que cada candidato se vende como producto. Hay de por medio opciones de sociedad que merecen ser enunciadas, transparentadas y debatidas.

El sistema de segunda vuelta vigente permite, aunque en plazos muy breves, concordar eventualmente el apoyo de las fuerzas que no obtuvieron los votos suficientes en primera vuelta a alguno de los dos candidatos en la segunda. Esto debiera ocurrir previo acuerdo formal para toda la legislatura respecto a las tareas de gobierno, incluyendo los contenidos específicos de las leyes a aprobar para cuatro años, y de ese modo estabilizar una gestión con mayoría parlamentaria que a su vez se refleje en el gabinete. Esto supone, también, salir del cesarismo presidencial que desconfía de los partidos y del Parlamento, para no hablar de la sociedad civil organizada.

Lo que no tiene ningún sentido es incorporar a fuerzas políticas al gabinete que después condicionan, ya sea desde el Parlamento o desde el propio gobierno –como hemos visto en el tiempo reciente– lo comprometido ante los electores. Una lógica de este tipo implica que los que se oponen al gobierno en el Parlamento no estén al mismo tiempo en la administración central en cargos de confianza. Los ciudadanos tienen toda la razón en considerar que es una suerte de fraude que se les ofrezca una visión y una serie de medidas que derivan de ella en la elección presidencial que luego no se concretan o se diluyen sin que nadie se haga responsable. En vez de un sistema político que dirime democrática y periódicamente opciones de sociedad y de políticas públicas que determinan la vida cotidiana de los ciudadanos, terminamos con que estos perciben que solo eligen a tales o cuales miembros de una “clase política” indiferenciada, que defiende intereses propios al margen de las mayorías, y además suelen estar coludidos con el poder económico que financia sus campañas.

Una lógica alternativa es, entonces, la de la competencia con ideas perfiladas en una primera vuelta presidencial y de conformación de coaliciones en segunda vuelta (en caso de que no se produzca una mayoría en primera vuelta), pero con un programa de acción común pactado con transparencia y con validez para cuatro años. Este esquema es factible de ser utilizado en el sistema vigente, pero a mediano plazo debiera consagrarse en una nueva Constitución que establezca un sistema semipresidencial. Es decir, una configuración del poder político en que el presidente se apoya en un gobierno encabezado por un primer ministro que responde ante el Parlamento, con parlamentarios sujetos a disciplina partidaria para evitar la incoherencia actual de las coaliciones y con una administración profesionalizada que evite el actual clientelismo, junto a un control severo de la corrupción y del financiamiento empresarial y de grupos de interés de las campañas electorales.

Y que además establezca con claridad las fronteras de la administración central y de la administración territorial descentralizada para permitir una mayor participación de los ciudadanos en la resolución de los problemas que pueden ser enfrentados desde la esfera pública. Difícil tarea, pero indispensable si lo que se quiere es volver a prestigiar el sistema democrático en Chile.

Pasiones e incongruencias en la política chilena

En Voces La Tercera

Algo está  pasando en la política chilena que está llevando la racionalidad en la esfera pública a niveles insospechadamente bajos. Los diputados de la UDI Hasbún, Ulloa y Urrutia han presentado un proyecto de ley el 5 de enero que pretende sancionar al que”públicamente niegue, enaltezca o minimice los hechos de gobiernos que a lo largo de la historia hayan trasgredido la constitución política y las leyes (…) con la pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales”. Tal extraña propuesta de restricción a libertades básicas como la de opinión y expresión podría pensarse que se refiere a regímenes como la dictadura de Pinochet, que como es bien sabido tomó el poder a sangre y fuego, violó expresamente la Constitución de 1925 al punto de derogarla mediante un acto de fuerza pura y simple, se arrogó por sí y ante sí el poder constituyente, declaró enemigos a los partidarios de un gobierno electo en la urnas que respetó escrupulosamente todas y cada una de las libertades básicas de los ciudadanos, dictadura que por 17 años torturó, vejó, violentó y asesinó con escarnio, impunidad e inhumanidad inusitados a miles de compatriotas, e incluso llegó al extremo de hacer desaparecer masivamente sus cuerpos, para no hablar de las decenas de miles de encarcelados y exiliados.

Pero, fíjense ustedes, los señores diputados de la UDI se refieren a los partidarios del Presidente Salvador Allende, para supuestamente empatar otro proyecto de ley, también discutible, pero que en todo caso busca sancionar la apología del crimen. Francamente insólito, sobre todo por parte de diputados de un partido que  apoyó, y sigue apoyando según se lee en su declaración de principios, a un gobierno basado en el crimen y que incluyó entre sus mandamases a criminales, por lo demás a la postre perseguidos y algunos condenados por la justicia. Y cuyos líderes históricos están actualmente dando cuenta ante los tribunales, aunque lo justifiquen de nuevo sin sonrojarse, del masivo, sustancial y sistemático financiamiento ilegal de sus campañas políticas por grandes grupos financieros con el objeto de defender sus intereses en las instituciones legislativas y gubernamentales, en tanto agentes activos y directos de la subordinación del poder político al poder económico.

En el terreno político-institucional, se ha llegado muy lejos en la ausencia de congruencia en las conductas. Después de décadas de haber usado trampas antidemocráticas como senadores designados, un sistema electoral que distorsionaba la voluntad popular y vetos de minoría en la formación de las leyes, la oposición se atrinchera ahora sin tapujos en una mayoría recientemente lograda en el Tribunal Constitucional como si se tratara de un centro de alumnos, con mucho respeto por los centros de alumnos. Sigue la lógica políticamente explosiva e irracional de contradecir la soberanía popular y a los representantes electos por el pueblo impugnando una decisión del parlamento en la aplicación de criterios de selectividad en una política pública en nombre del principio de “no discriminación arbitraria”. Nótese que este principio no tiene que ver con la espurea constitución del 80, pues toda Constitución democrática debe consagrar ese principio. Pero ese principio no consiste en prohibir toda discriminación positiva en las políticas públicas, pues muy pocas de ellas dejan de tener uno u otro criterio de selectividad que cabe determinar al legislador. Sostener lo contrario, como acaba de hacer la mayoría de este tribunal, es de una enorme gravedad, pues se trata de una mayoría que ha abandonado todo criterio jurídico elementalmente razonable por un criterio militante en favor de una oposición que es minoritaria en la sociedad, en las urnas y en la distribución de escaños parlamentarios. Llegó la hora de señalar con toda claridad que el Tribunal Constitucional mantiene, a pesar de la reforma de 2005, una composición contraria a los principios democrático-representativos -la Corte Suprema, que no es un órgano de representación, nada tiene que hacer en influir decisivamente en su composición- y que ha pasado a comportarse como un mero órgano partidista de sustitución al servicio de una fuerza política minoritaria que ha maniobrado en la Corte Suprema para obtener nominaciones militantes que obstruyen las decisiones legislativas. Oponerse a las políticas de gobierno y proponerse cambiarlas es enteramente legítimo, pero en las urnas y mediante la elección de representantes populares, no a través de órganos no democráticos.  

En un plano distinto, pero no menos significativo, hemos conocido el 4 de enero que la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, acusó al Ejecutivo de tener un estilo “totalitario y sectario”. Se puede decir muchas cosas del actual gobierno respecto a sus orientaciones y a su gestión, y es normal y saludable que así ocurra en democracia, incluso entre sus partidarios, pero acusarlo de tener un estilo totalitario excede toda racionalidad y sentido común. Se trata de una acusación gratuita y grave. Ningún gobierno desde 1990, y menos el actual,  ha tenido ese estilo y sostener lo contrario es simplemente un despropósito. La Democracia Cristiana, o una parte de ella, parece estar viviendo un proceso de descomposición que no le hace bien a nadie y que debiera incluir algún tipo de autolimitación en sus expresiones públicas.

Bienvenido sea el debate rudo y franco, que para eso es la democracia. Pero, ¿no habrá llegado el momento, al hacer votos por un buen año 2016, de poner un poco más de racionalidad y de resguardo del interés general y un poco menos de pasión y parcialidad particularista en las conductas de los actores políticos?

El legado de Douglas Tompkins

En Voces La Tercera

No todos los dueños de empresas se guían exclusivamente por el afán de lucro, o en todo caso algunos de ellos están dispuestos a canalizar sus ganancias o su patrimonio hacia fines distintos que la mera acumulación indefinida de capital. Por ejemplo, en estos días nos hemos informado que el joven dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, donará el 99% de sus acciones a una fundación cuya finalidad será “avanzar en el potencial humano y promover la igualdad del ser humano”. Sin perjuicio de la tarea de largo plazo de terminar con la insostenible concentración global del capital de la que somos testigos en la actualidad, tan bien descrita por Thomas Piketty en su libro “El Capital de Siglo XXI”, hay actores de esa concentración que actúan individualmente redistribuyendo su patrimonio para fines colectivos. Uno de los precursores de este enfoque fue Douglas Tompkins, fallecido recientemente en un accidente en el magnífico lago General Carrera.

En una reunión privada con funcionarios territoriales a fines de los años noventa, expresé lo que siempre ha sido mi opinión: no cabía sino saludar que un inversionista extranjero, como Douglas Tompkins, viniera a Chile no a depredar nuestros recursos naturales sino a conservarlos. Grande fue mi sorpresa cuando se produjo una reacción contraria bastante virulenta de algunos de los presentes, que yo pensaba compartían un enfoque que consideraba de sentido común, que la vida se encarga de enseñarnos que es el menos común de los sentidos. Eran autoridades de las regiones de Los Lagos y Aysén. Su argumento era que para Chile tenía poco sentido conservar el bosque nativo para placer estético de extranjeros ecologistas en vez de promover el empleo para los habitantes de las regiones involucradas. A las personas de que se trata les tengo aprecio y consideración, pero les argumenté que el suyo era un punto de vista respetable, aunque en mi opinión errado. Y así lo sigo pensando.

Que una persona ocupe su fortuna obtenida en una exitosa actividad comercial transnacional para proteger nuestros bosques nativos del sur, luego de haberse enamorado en su juventud de estos impresionantes parajes naturales, de los pocos cuasi impolutos que quedan el planeta tierra, y tenga la convicción de que deben conservarse para las nuevas generaciones, me parece encomiable. Y ciertamente mucho más respetable que destruir el bosque nativo y los paisajes naturales, y en general nuestros recursos naturales, por afán descarnado de lucro, oponiéndose en nombre de la sacrosanta inversión privada a aceptar siquiera una contrapartida tributaria razonable.

Tuve ocasión de conocer a Tompkins cuando el presidente Ricardo Lagos me encargó, siendo subsecretario de la presidencia, hacer avanzar la creación del Parque Nacional Corcovado. Lo recibí entonces en mi oficina de La Moneda con otras autoridades. Venía vestido informalmente con una mochila al hombro con sus materiales y mapas a defender sin pelos en la lengua (lo que seguramente irritaba a más de algún burócrata público) una donación al Estado que al Presidente Lagos le parecía digna de ser atendida. La discusión partió con gran rudeza, pues Tompkins se quejó de lo absurdo de las múltiples trabas de diversas autoridades administrativas, pensando que iba a encontrar una defensa de ellas. Se sorprendió al encontrarse con lo contrario, es decir la opinión formal del gobierno de buscar destrabar racionalmente los obstáculos para que se concretara la donación y se conformara el Parque Nacional Corcovado. Como seguía argumentando en contra de la hostilidad de la que había sido objeto, le relaté el encuentro en el que años atrás se había hablado negativamente de él y le señalé mi interpretación: un país que se construyó desde la etapa colonial en base a la depredación humana y ambiental iba a encontrar múltiples  resistencias a un enfoque de desarrollo sustentable y a la conservación del patrimonio natural. Y que se necesitaba un cambio cultural, pero que estos son siempre lentos. Le recalqué que si él quería persistir en su enfoque de proteger los ecosistemas asociados al bosque templado chileno, iba a tener que resignarse a encontrar muchos escollos y prejuicios. Pero no, en todo caso, en la cúpula del gobierno de la época.

Tompkins finalmente donó 84.363 hectáreas al Estado de Chile para, en combinación con otro inversionista ambiental estadounidense y con tierras fiscales y del Ejército, establecer en 2005 un parque público de acceso gratuito de una superficie de 209.623,84 hectáreas, en uno de los parajes más hermosos del planeta, el que quedará por su iniciativa y tenacidad -y la decisión del presidente Lagos- resguardado para las futuras generaciones.

Tiene razón el actual director de la Corporación Nacional Forestal, Aarón Cavieres, cuando señaló a raíz de la muerte de Douglas Tompkins que fue “una de las personas que más colaboró en los últimos años a aumentar la superficie destinada a la protección de la biodiversidad en Chile”, resaltando “que junto a las iniciativas privadas que tuvo, como el Parque Pumalín, se debe destacar su aporte a la creación, a través de donaciones de tierras, de dos parques nacionales del Estado, como son los Parques Nacionales Corcovado y Yendegaia”, pues “ambos parques nacionales son reservorios de biodiversidad de enorme valor, con especies de flora y fauna que están con problemas de conservación”. El Parque Nacional Yendegaia, en la Región de Magallanes se concretó también más tarde por la donación de la fundación de Tompkins de 38.780 hectáreas, lo que permitió conformar un espacio protegido total de 149.747 hectáreas.

En opinión de Tompkins, “los parques nacionales representan la cúspide de las áreas protegidas, entregando la garantía más sólida de una conservación a largo plazo. Ofrecen un conjunto incomparable de atributos ecológicos, valor cultural y beneficios económicos a las comunidades locales. Los parques son una de las herramientas de conservación más antiguas y duraderas, y definitivamente las más conocidas y queridas”.

Se criticó a Tompkins por supuestamente “atentar contra la soberanía”. Simplemente nunca fue cierto, pues su plan fue adquirir tierras, gestionar la creación de parques con primero modalidades privadas o a través de fundaciones sin fines de lucro, pero siempre con el objetivo final de entregarlas al Estado bajo el esquema de Parques Nacionales, en combinación con aportes de tierras fiscales por parte del gobierno. Se le criticó hostilizar a los pobladores locales o impedir la construcción de caminos, cuando en realidad buscaba comprar tierras para  proteger zonas lo más amplias posibles, lo que en su opinión era la única manera de proteger la biodiversidad que se despliega en superficies naturales extensas, procurando minimizar razonablemente la intervención humana. Recorrí hace dos años a título privado en vacaciones –con Tompkins sólo estuve en la ocasión relatada, pues mantengo la opción personal de no vincularme para ningún efecto que no sea institucional con grandes empresarios- el Parque Pumalín y el Valle de Chacabuco y me consta que él, Kristine McDivitt y su fundación han sostenido la reorientación del empleo de los habitantes originales hacia labores de conservación y no su desplazamiento.

CONAF, junto a otras entidades de Gobierno, estaba trabajando en la actualidad con Douglas Tompkins y su fundación para futuras donaciones de terrenos que permitieran la creación de nuevos parques nacionales que se integren al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En el corto plazo es posible que nuestro país no sepa reconocer su aporte decisivo a la preservación del patrimonio natural. Pero con seguridad lo harán las futuras generaciones.

Coalición y presupuesto

Publicado en voces.latercera.com

El presupuesto es la expresión práctica de las opciones y prioridades de la política gubernamental. El síntoma más nítido de que una coalición de gobierno no está funcionando adecuadamente es cuando los parlamentarios oficialistas no aprueban el presupuesto o partes sustanciales del presupuesto que presenta el gobierno al que pertenecen al parlamento, y más aún cuando esta conducta responde a la actitud oficial de algún partido y no sólo a las relativamente inevitables indisciplinas individuales.

Las dificultades en la aprobación de los no poco importantes presupuestos de salud y de educación superior que se evidencian en la actualidad tienen dos orígenes.

El primero parece ser el excesivo peso del enfoque tecnocrático que se ha adueñado del ministerio de Hacienda en la elaboración del presupuesto y la pretensión de extender su campo de acción a la definición de la totalidad de las políticas públicas. Le corresponde al ministerio de Hacienda establecer los límites del gasto público global (aunque el monto definido para 2016 sea discutible, pues debiera ser mayor dada la debilidad de la actividad económica de modo de ampliar y no inexplicablemente restringir su carácter contra-cíclico) y de las grandes líneas de su composición (aunque, por ejemplo, la decisión de Hacienda de hacer caer el gasto en inversión pública en 2016 no parece la más adecuada cuando la inversión privada se mantiene débil). Aunque todo presupuesto es en este aspecto y en todos los aspectos debatible –por eso se discute anualmente en el parlamento- es razonable que el poder ejecutivo, como es el caso en Chile desde los años treinta del siglo pasado, tenga la exclusividad en la determinación de los topes de gasto para asegurar una política económica coherente.

Otra cosa bastante menos razonable es que el ministro de Hacienda ostente una voluntad mesiánica de determinar por su cuenta y riesgo de manera restrictiva el gasto global por razones ideológicas, provocándole al gobierno perjuicios políticos y un daño a la recuperación económica. Y tampoco es razonable que además pretenda determinar en el detalle las opciones de política de cada ministerio y programa público. Hoy en Chile muchos ministros son solo voceros de políticas que se deciden en Teatinos 120, cuyos habitantes no están tocados por ninguna varita mágica que los haga portadores de la eficiencia en la asignación de recursos, pues suelen remitirse más al statu quo que a innovar, lo que es un problema para un gobierno que se declara reformista. El problema en salud no parece ser tanto de montos como la intención del ministro de Hacienda de imponer la discutible modalidad de concesión de hospitales antes que su administración directa, que es con buenas razones la opción de las autoridades sectoriales de salud. A varias de ellas parece no haberles quedado otra opción que renunciar frente a la pretensión de imponerles una política que no comparten, entre otras cosas porque saben que incendiaría el sector. El problema parece estar signado por el tema de a quien responden los actores de la política pública (su “constituency” como dirían los anglosajones): en este caso los unos a los usuarios de los sistemas de salud pública, es decir los ciudadanos, el segundo a los dogmas de los organismos de los que proviene y a los que seguramente se reintegrará una vez terminado su paso por el gobierno.

El segundo origen del actual problema de aprobación parlamentaria es la verdadera compulsión de una parte del PDC, y en ocasiones de otros partidos, por hacer notar lo que denominan su “aporte”, que suele tener que ver en algunos casos con intereses corporativos empresariales. La defensa a ultranza de los subsidios a la demanda en las políticas sociales o la negativa a fortalecer la capacidad negociadora del mundo del trabajo, que recordemos es la esencia del enfoque neoliberal en la materia, no es sólo una opción intelectual: se mezcla con muy concretos intereses instalados en la “provisión privada de bienes públicos” o en los directorios de los que forman parte sus cercanos. Si esos intereses privados logran transformarse en política oficial de un partido, entonces no es de extrañar que surja un problema severo para el gobierno. El PDC representa no más de un cuarto de la actual coalición de gobierno, y hay entre sus representantes quienes quisieran hacer valer esa proporción como si fuera mayoritaria y establecer un poder de veto sobre el gobierno. Y algunos llegaron a hablar imprudentemente de “liderazgo ministerial”, aludiendo al ministro del Interior, alternativo al liderazgo presidencial.

Así, el tema se origina tanto en el interior del gobierno -y en la falta de aptitud de algunos de sus principales miembros para el diálogo constructivo conducente a acuerdos sociales y parlamentarios- como en la pretensión de un sector minoritario de la coalición de imponer sus puntos de vista al resto. Como no existen los mecanismos propios de los sistemas parlamentarios que resuelven estas crisis disolviendo el parlamento y convocando nuevas elecciones, entonces sólo cabe para salir del embrollo el ejercicio legítimo de la autoridad presidencial.  Esta debe poner tanto límites a las pretensiones de su tecnocracia de reemplazar al gobierno y cercenar sus capacidades de construir gobernabilidad a los procesos de gestión pública, como al mismo tiempo indicar al sector minoritario de su coalición que no tiene un poder de veto y que en el extremo esa pretensión puede inevitablemente y por la fuerza de las cosas conducir a su salida de los cargos del ejecutivo, pues no se puede querer estar simultáneamente dentro del gobierno y votar en contra de sus legislaciones principales comprometidas ante la opinión pública y además en contra de su presupuesto.

El precio de la inacción

Publicado en El Mostrador

La actual orientación ortodoxa de la política económica plantea dos problemas con el crecimiento.

En primer lugar, deja de poner énfasis en el esfuerzo de inversión pública. Esto disminuirá el crecimiento de corto plazo y el crecimiento potencial. En economía hay muchos debates, pero nadie sostiene que la expansión de la infraestructura no sea un factor importante en el crecimiento –incluso economistas muy conservadores como Robert Barro presentan cálculos favorables de esta variable sobre el crecimiento en el largo plazo–. El esfuerzo público en investigación y desarrollo sigue además languideciendo, en un contexto en que el gasto en I+D total apenas alcanza el 0,4% del PIB –contra un 3% en Japón, por ejemplo–, concentrado pasivamente en una I+D pública frecuentemente alejada de la innovación en procesos y productos y de la diversificación productiva, ni se prevén cambios a la facilidad tributaria que permite a las empresas descontar impuestos por este concepto en una modalidad que no hace sino sustituir gasto privado por público.

La literatura económica reciente subraya –como Mariana Mazzucato en su texto El Estado emprendedor de 2014–que las nuevas tecnologías de mayor impacto en diferentes sectores –desde Internet hasta el sector farmacéutico– tienen su origen en una inversión de un Estado activo y que asume riesgos. Nada de esto se escucha en el discurso de las actuales autoridades económicas y, sin embargo, es decisivo para estimular el crecimiento en las nuevas condiciones de un tipo de cambio competitivo para exportaciones y actividades sustituidoras de importaciones. Nada se escucha, por ejemplo, sobre un fuerte plan que acelere la transición energética hacia energías renovables no convencionales competitivas, que tienen en Chile un reconocido potencial, salvo referencias genéricas para el 2050. Para el consenso económico ortodoxo actual en Chile, el Estado debe ser “realista”, es decir, pasivo y punto.

Las grandes inversiones innovadoras requieren tiempo y paciencia, y no miradas centradas en el corto plazo y en temores infundados, que llevan a la ceguera de la política económica unidimensional consistente en “bajar las expectativas”. Con este enfoque, no nos extrañemos de que el crecimiento sea crecientemente mediocre en Chile, poco diversificado y ambientalmente poco sustentable. Sin políticas activas, seguirá, sin más, sujeto al ciclo del cobre.

En segundo lugar, incluso con “expectativas rebajadas”, la economía crece en el corto plazo actualmente menos que su potencial –definido por el Banco Central como el crecimiento compatible con la ausencia de presiones inflacionarias– y que su nivel de tendencia, que a su vez ha sido recientemente recalculado a la baja. El Banco Central revisó en su Informe de Política Monetaria de septiembre de 2015 su estimación de crecimiento del PIB de mediano plazo de la economía chilena (cinco años) a 3,5%, inferior al 4-4,5%% de hace un año y al 5% en los años previos. El panel de expertos del Ministerio de Hacienda también revisó bruscamente a la baja el producto tendencial para los próximos cinco años –de 5,0% en el presupuesto de 2013 a 4,8% en el de 2014, 4,3% en el de 2015 y 3,7% en el de 2016–, aunque las diferencias varían entre 0,9% y 1,4%, según los años entre el valor menor y el mayor proyectado por los 16 economistas consultados. Los valores extremos son a su vez desechados. No parece ser este un procedimiento demasiado científico, pero es sabido que tanto la meteorología como las proyecciones económicas no son una ciencia muy exacta. La economía no lo será nunca porque evalúa fenómenos de alta complejidad que no admiten modelaciones simplificadoras.

El hecho es que la economía chilena ha estado creciendo en los últimos dos años por debajo del nivel de tendencia, lo que no es precisamente una constatación de pericia de los conductores económicos, a los que al menos les es exigible no hundir a la economía en una larga secuencia de crecimiento inferior al que permiten los recursos disponibles. Así, dado el crecimiento proyectado de 2,25% para este año y si se considera el nuevo PIB tendencial, la brecha de producto de 2015 sería de 2,0%, en vez de la 4,1% que se obtenía al utilizar el PIB Tendencial estimado por el Comité reunido en 2014. Una brecha de ineficiencia de la política económica reducida a la mitad mediante bastante artilugio estadístico, pero de todos modos demasiado alta para un país que necesita crecer, y además hacerlo en condiciones de redistribución del ingreso y de sustentabilidad ambiental.

Las grandes inversiones innovadoras requieren tiempo y paciencia, y no miradas centradas en el corto plazo y en temores infundados, que llevan a la ceguera de la política económica unidimensional consistente en “bajar las expectativas”. Con este enfoque, no nos extrañemos de que el crecimiento sea crecientemente mediocre en Chile, poco diversificado y ambientalmente poco sustentable. Sin políticas activas, seguirá, sin más, sujeto al ciclo del cobre.

Dada la profunda integración de la economía chilena a la economía mundial en el plano comercial, financiero y de inversiones, el sector externo, y especialmente las exportaciones de cobre, seguirá impactando negativamente en dos de las tres fuentes de dinamización de la economía por el lado de la demanda, es decir, la inversión –por la relevancia de la inversión minera, que representa directamente un tercio de la inversión total– y las exportaciones, siendo la tercera el consumo público y el de los hogares. En efecto, la situación internacional mantiene fuertes elementos de incertidumbre y son más débiles las compras de cobre por China, mientras el consumo interno viene cayendo en los últimos dos años. Reactivar la inversión y el consumo es una tarea crucial de la política económica.

Pero los datos coyunturales no repuntan. El segundo y tercer trimestre de 2015 han sido de estancamiento económico. La serie desestacionalizada del Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del Banco Central, mostró una caída de -1% en agosto, luego de un flojo 0,1 % en julio. Los dos trimestres finales de 2014 y el primer trimestre de 2015 habían presentado una tendencia a la recuperación de la economía que dio pie a una percepción de que la política monetaria de rebaja de tasas hasta 3%, la devaluación que favorece al sector exportador y sustituidor de importaciones y la política fiscal expansiva estaban logrando un manejo del ciclo y detener la desaceleración. Los resultados del Imacec desestacionalizado en el segundo y tercer trimestre –hasta agosto, último dato disponible– muestran un deterioro de la actividad productiva, empujada a la baja por la industria manufacturera y la minería. El consumo interno tiende a su vez a estancarse y la inversión no repunta. Esta evolución aún no registra efectos en el empleo, aunque sí en los salarios reales, lo que contribuye adicionalmente a enfriar la demanda interna.

La tendencia que marca la coyuntura es entonces una demanda interna sin dinamismo, con una paridad peso/dólar al alza que ha encarecido la inversión, impactado en la inflación y en los salarios reales, a lo que se suma una caída de las exportaciones que aún no reaccionan ante el aumento de la competitividad cambiaria en un contexto internacional incierto.

Entre enero y septiembre, el peso se ha depreciado en relación con el valor promedio del dólar en 2014 en 12,2%. Respecto al año 2011, el año de mayor sobrevaluación del peso por el alto precio del cobre, la caída es de 32,2%. El impacto de la devaluación sobre los precios ha sido importante pero parece atenuarse. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en 0,5% en septiembre, menos que el 0,7% de agosto, y en 4,5% en ritmo anual, medio punto porcentual menos que el ritmo anual de agosto. El menor ritmo de actividad ha actuado como moderador del traslado a precios internos del aumento de los precios de los bienes importados en pesos. La baja de la inflación anual debiera inducir al Banco Central a no endurecer su política monetaria en los próximos meses, lo que comprometería la recuperación de la actividad económica. Esperemos que la ortodoxia no cometa nuevas insensateces en materia monetaria.

El Presupuesto 2016 presentado el 30 de septiembre por el Gobierno al Congreso está inspirado en la idea de generación de confianza empresarial sin mantención del impulso fiscal. El Gobierno optó por no utilizar más intensamente las reservas fiscales de que dispone y por disminuir la intensidad de la política contracíclica, mientras el Banco Central aumentó en 0,25% la tasa de interés de referencia en octubre. El gasto público crecerá en 2016 un 4,4% respecto a lo que se estima será el gasto en 2015, cerca de la mitad del incremento de 2015 y menos que el crecimiento previsto de los ingresos (4,8%). El Gobierno prevé que el déficit efectivo será de un -3,2% del PIB –con un componente cíclico de -2% del PIB– y el déficit estructural de un -1,3% del PIB en 2016.

El crecimiento del gasto público debe ser congruente con un déficit estructural del presupuesto razonablemente sostenible para mantener la estabilidad fiscal de largo plazo y permitir a la vez financiar un fuerte plan de inversiones en infraestructura. El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés se propone bajar el déficit estructural en 0,25% por año en los próximos tres, para alcanzar hacia el final de la administración actual en 2018 un déficit estructural de 0,8% del PIB, lo que hace que el déficit efectivo compatible con una meta inferior de déficit estructural sea más bajo. El ministro Valdés cree que de esta manera da señales de austeridad que aumentan la confianza de los agentes económicos, con el costo de hacer operar con menos intensidad el rol contracíclico de la política fiscal y comprometer el esfuerzo de inversión del Gobierno.

El gasto en inversión va a caer en -4,7%. El presupuesto de 2016 no ayudará a mantener un fuerte programa de infraestructura que incida en la reactivación de la economía en el corto plazo y aumente el crecimiento potencial en el mediano y largo plazo. La gran preocupación de la actual autoridad económica no es alcanzar rápidamente el crecimiento potencial sino el deterioro eventual de los coeficientes de endeudamiento neto fiscal, que sin embargo tienen aún importantes holguras que se cuentan entre las mayores del mundo. Si esas holguras se usaran en mejorar el potencial de la economía, mediante inversión física y en capacidades humanas, no solo no generan un problema de estabilidad fiscal sino que permiten el estímulo sustentable del crecimiento. Este presupuesto no contribuye a ese fin al descuidar la inversión en infraestructura y al no impulsar el crecimiento del gasto en investigación y desarrollo.

Una triple inconsistencia democrática

En Voces La Tercera

En la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet se advierte un acertado diagnóstico y una triple inconsistencia democrática. El acertado diagnóstico es que la actual constitución ”tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre una mayoría, por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”.

Uno esperaría una respuesta acorde con el diagnóstico. Pero desgraciadamente se observan importantes inconsistencias democráticas.

Se advierte una primera inconsistencia democrática en el proceso propuesto de elaboración de una nueva Constitución. La Presidenta Bachelet plantea realizar entre marzo y octubre de 2016 diálogos ciudadanos en las comunas, pero no se sabe convocados por quién, ni para discutir qué ni decidir sobre qué asuntos constitucionales. Pero apliquemos al máximo el principio de la buena fe y supongamos que todo esto se resuelve y se realiza un rico proceso de debate en la base. Cabría entonces preguntarse: ¿cuál sería el paso siguiente? Respuesta de la Presidenta Bachelet: “partiremos por las comunas, seguiremos por las provincias y regiones, para terminar con una síntesis a nivel nacional. Y el resultado de estos diálogos serán las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución que me serán entregadas en Octubre del 2016”. ¿Quién va a hacer la síntesis y con qué criterios? ¿Aplicando el principio de mayoría, mayoría conformada de qué manera y dándole qué destino a las posiciones de minoría? En suma, ¿cómo se procesarán las diferencias? Al parecer eso lo determinará un Consejo Ciudadano de Observadores que “acompañe el proceso y dé garantías de transparencia y equidad”. Eso sí, nombrado por la Presidenta.

Se trata de un ejemplo de lo que el politólogo Pierre Rosanvallon llama “cesarismo presidencial”, contradictorio con lo que desde la Grecia antigua se ha inventado para hacer vivir la democracia y los principios del autogobierno, mediante los mecanismos de la democracia directa (en términos modernos, en ausencia de posibilidad práctica de reunir una asamblea de todos los ciudadanos,  con el pronunciamiento libre de cada ciudadano a través de referendum) o la democracia representativa (eligiendo representantes que merezcan confianza a los ciudadanos en condiciones de pluralidad), aplicando en ambos casos el principio de mayoría. Ninguno de estos probados mecanismos democráticos será empleado, de acuerdo a la propuesta de la presidenta Bachelet, sino un misterioso proceso aparentemente a cargo del mentado “Consejo Ciudadano de Observadores” compuesto por “un grupo de ciudadanos y ciudadanas de reconocido prestigio, que permita dar fe de la calidad del proceso”. Se nos propone que las bases de una nueva Constitución emanen de un procedimiento indefinido a cargo, no ya de un grupo elegido por los ciudadanos en virtud del libre pronunciamiento democrático, sino de personas de “reconocido prestigio” que aseguren “la calidad del proceso”. Por mucho que uno trate de encontrarle el sentido democrático a semejante fórmula, es difícil encontrárselo. Y es difícil no confirmar una percepción: sigue rondando el viejo elitismo oligárquico que desconfía de la capacidad de decisión del pueblo. Conclusión: se nos propone un mecanismo no democrático designado desde arriba para nada menos que elaborar las “Bases Ciudadanas” que se transformen “en un proyecto de nueva Constitución”.

Pero no nos equivoquemos: todo esto tendría unos límites, pues se plantea que el proyecto de nueva Constitución deberá recoger “lo mejor de la tradición constitucional chilena” y “estar acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”. ¿Incluye “lo mejor de la tradición constitucional chilena” la defensa del derecho ilimitado de propiedad, como han insinuado los grandes empresarios que estuvieron con la Presidenta en el CEP?

En suma, la Presidenta va a presentar un proyecto de nueva Constitución al Congreso “a inicios del segundo semestre de 2017” con un mecanismo cesarista dirigido desde arriba que no incluye democracia directa ni democracia representativa. ¿No hubiera sido más simple, transparente y legítimo comunicar que la Presidenta, que proviene de la soberanía popular y de las urnas, luego de un amplio proceso de consulta sobre el que sin embargo mantiene la responsabilidad, le propondrá al Congreso una nueva Constitución? El Gobierno se haría, como corresponde, directamente responsable de un proyecto constitucional, en vez de convocar a un proceso supuestamente participativo a cargo de terceros nombrados desde arriba, es decir algo así como la externalización de la responsabilidad propia ante los ciudadanos.

La segunda inconsistencia democrática es que la Presidenta plantea, en vista que el Congreso no tiene previsto en su normativa la tramitación de una nueva Constitución, sino sólo reformas con un quórum de dos tercios,  enviar al Congreso a fines de 2016 (¿antes o después de la elección municipal?) un proyecto de reforma de la actual Constitución que modifique los procedimientos de reforma. Pero no para que el próximo Congreso, por primera vez electo sin sistema electoral binominal, decida qué hacer en materia constitucional, incluyendo el proyecto de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet, sino para que decida sólo entre cuatro alternativas predefinidas. ¿Es consistente con los principios democráticos que una Presidenta y un Congreso que ya no van a estar en ejercicio condicionen una reforma constitucional que decida un parlamento recientemente emanado de las urnas? Claramente no lo es. No se observa por qué razón el próximo Congreso debiera decidir en base a criterios del ejecutivo y parlamento que ya no ejercen un mandato de los ciudadanos, que en democracia simplemente cesan al cumplirse sus períodos de vigencia.

Se ha instalado entre nosotros una curiosa idea: los gobiernos actuales deciden lo que tienen que hacer los gobiernos futuros (por ejemplo en materia tributaria o educacional), lo que ahora se quiere extender al parlamento. Es necesario controvertir esa idea incongruente y afirmar que es del todo razonable que el parlamento que entre en funciones en marzo de 2018 pondere qué decide en materia constitucional, sujeto a los quorum exigidos por la normativa que se encuentre vigente, la actual o bien ojalá una modificada que permita que se exprese el principio de mayoría, que es lo único que puede establecer el actual parlamento para las legislaturas que le siguen.

La tercera inconsistencia es proponer que las reformas constitucionales se realicen con tres quintos de los votos del futuro parlamento, lo que la Presidenta Bachelet considera una “razonable mayoría”. El problema es que esta proposición es contradictoria con un principio democrático que, sin ir más lejos, estuvo vigente en Chile hasta la Constitución de 1925: no debe entregarse en democracia un poder de veto a una minoría y no se debe mantener normas supramayoritarias al margen de la soberanía popular. Otra cosa es procurar el más amplio consenso posible en materia de reglas del juego comunes a los actores políticos y otra es entregar un expreso poder de veto a una minoría, lo que es la esencia del proyecto constitucional de Jaime Guzmán. ¿La idea no era salir del dominio oligárquico consagrado constitucionalmente para establecer una democracia en forma?

Al parecer seguimos errando el camino por ausencia de convicción democrática sostenida, y por sometimiento inconducente a los dictados de la “realpolitik”. Y si algún partido de la Nueva Mayoría sostiene que debe mantenerse el veto minoritario sobre las instituciones, es bueno que lo diga abiertamente y asuma las consecuencias ante los ciudadanos de esa posición.

Un camino institucional coherente para una nueva Constitución es que el poder ejecutivo solicite al parlamento, poniendo a los ciudadanos como testigos cuantas veces sea necesario, acompañado de las fuerzas políticas que estén dispuestas a hacerlo, que traslade el poder constituyente que actualmente detenta – con el candado de una mayoría de dos tercios para las reformas a la Constitución actual – directamente al pueblo. Y que el pueblo se pronuncie sobre si quiere mantener la actual Constitución y sus mecanismos de reforma o bien prefiere elegir una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna, que sea luego sometida a plebiscito, o cualquiera otra fórmula digna de ser sometida al parecer de los ciudadanos.

El punto central que no se puede seguir escabullendo es la definición básica: ¿pertenece o no a los ciudadanos el poder constituyente?

Postura de Chile tras el fallo de La Haya

Hemos escuchado incansablemente, por parte de la mayoría de los analistas y juristas chilenos sobre los temas de las demandas peruana y boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que la mayor instancia jurídica internacional debe fallar en derecho -lo que es una obviedad (¿qué tribunal no falla a sus ojos en derecho?)-, y que por tanto sólo le cabe aceptar la posición chilena, lo que los hechos han desmentido una y otra vez. Tanto en el caso peruano sobre límites marítimos, como en el caso boliviano sobre admisibilidad de la demanda sobre obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar, la Corte no le ha dado la razón a la parte chilena.

Caben dos posibilidades: o la Corte no falla en derecho y mantiene una animadversión arbitraria hacia Chile –en cuyo caso hay que denunciar a la Corte Internacional y salirse del Pacto de Bogotá de 1949 que Chile suscribió y que compromete a los países suscriptores a que los diferendos de límites se diriman por la vía jurídica en la Corte Internacional de Justicia como alternativa a la guerra entre naciones- o los analistas y juristas chilenos de marras están equivocados.

El autor de estas líneas no es jurista, pero procura razonar más allá de lo que digan o  no las opiniones convencionales o las encuestas frente a los hechos de la esfera pública. Y el primer razonamiento que se le ocurre hacer es que el propio nombre de la Corte Internacional indica que está para impartir justicia, y no para aceptar sin más los argumentos de alguna parte demandada según la cual su posición sobre límites no admite controversia y es intangible, como ha sido invariablemente la posición chilena y que manifiestamente no convence a nadie. ¿Es menester recordar que este camino lleva sólo a una conclusión, la de terminar a la larga sustituyendo la diplomacia por la guerra? ¿Y que la Corte Internacional de Justicia procura establecer soluciones justas para las partes involucradas en controversias territoriales que eviten la solución de la guerra?

En el caso de los límites con Perú, Chile debe actuar -luego del fallo sobre límites marítimos- dando por cerrado el tema de la frontera norte, lo que Perú formalmente no cuestiona. Aparentemente sólo permanece una controversia sin resolver que involucra el llamado “triángulo terrestre” de 3,7 hectáreas de arena al borde del mar, aunque es posible que permanezca como trasfondo la conjetura según la cual la subyacente postura peruana es la de mantener conflictos de cualquier índole en vistas a procurar recuperar soberanía sobre Arica en algún momento en el futuro.

Esta postura no es expresamente formulada por la diplomacia peruana, aunque fue insinuada en su respuesta al acuerdo de Charaña de 1975 cuando puso como condición para aceptar un pacto entre Chile y Bolivia que permitiera a nuestro vecino acceder al mar en condiciones de soberanía en la frontera sur del Perú, que se estableciera un área territorial bajo soberanía compartida entre los tres países, aunque aceptaba la cesión de una franja desde la frontera boliviano-chilena hasta el tramo de la carretera Panamericana que une Tacna y Arica.

En el caso de Bolivia, lo sensato frente al reciente revés en la Corte, es tomar iniciativas unilaterales constructivas. En vez de denunciar el Tratado de Bogotá y poner todo tipo de dificultades, como les gustaría a los chauvinistas irredentos, nuestro país debe facilitar aceleradamente el libre tránsito establecido en los tratados entre Chile y Bolivia en todos los aspectos, lo que ayudaría grandemente a mejorar nuestra imagen internacional, hoy bajo la sospecha de ser un país militarista y obtuso.

Esa imagen que transmite Chile no predispone a juez o gobierno alguno a escuchar con benevolencia la posición chilena sobre intangibilidad eterna de los tratados emanados de guerras de conquista, y a poner el tema dónde debe estar: en la negativa de Perú de aceptar una presencia boliviana en su frontera sur. Recordemos lo señalado en el acuerdo de Charaña, en la versión del ex embajador Demetrio Infante: “la propuesta chilena era un corredor de aproximadamente siete kilómetros al sur del Punto de la Concordia y era un corredor que no solamente daba playa, costa, mar, sino que unía hasta Bolivia mismo. Además le entregábamos el aeropuerto de Arica, pues quedaba en la franja, pero bueno, se tasaba y se entregaba. También le entregábamos el ferrocarril Arica-La Paz, por lo que había que valorarlo y cobrar un justo precio por ello”. Esto se acompañaba de la construcción de un túnel para el tránsito de personas y mercancías entre Chile y Perú.

Si la dictadura de Pinochet estuvo dispuesta a hacer estas cesiones de territorios chilenos, con una  compensación equivalente de territorios bolivianos, la democracia chilena del siglo XXI debe estar dispuesta a entregar unilateralmente facilidades de libre tránsito mayores a las pactadas hasta ahora con Bolivia, aunque el tema de la soberanía quede en suspenso mientras el Perú se niegue a otorgársela a Bolivia por el único lugar por el cual es concebible una salida soberana al mar para este vecino país. Nadie debe tener dudas sobre el hecho que es impensable, y un eventual factor de permanente inestabilidad futura, cualquier partición del territorio chileno en dos a través del antiguo territorio boliviano, lo que seguramente Bolivia está en condiciones de admitir.

Chile no debe seguir en la ofuscación, la negación y el nacionalismo estrecho, sino manifestar claros signos y expresiones de voluntad de ayudar a Bolivia en todo lo que esté en sus manos para superar su situación de enclaustramiento y ser un factor de contribución a la integración latinoamericana, haciendo posible a la brevedad el más completo libre tránsito de los bolivianos, incluyendo nuevas facilidades de transporte y logística en la franja al sur de la línea de la Concordia.

Nuestros pueblos tienen muchos otros temas de los que preocuparse que de eternos conflictos de fronteras agitados por gobernantes preocupados de ganar popularidad interna antes que de avanzar en el desarrollo común, que es lo que debiera interesarnos como nación moderna con vocación de progreso.

Lecciones del caso Rossi

En Voces La Tercera

El senador Fulvio Rossi decidió suspender su militancia en el PS luego que reconociera que pidió a SQM que financiara candidaturas municipales de su preferencia. Esto admite al menos dos reflexiones.

La primera es que avanza en el PS la doctrina según la cual cuando uno de sus miembros es objeto de investigación judicial fundada, cabe suspenderle la militancia. Y si se establece una verdad judicial que pruebe la existencia de acciones reñidas con la ética pública, se debe proceder a la expulsión del partido de la persona involucrada. Desgraciadamente el Tribunal Supremo del PS no esperó en el caso de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos que se pronunciara la justicia y estableció un veredicto -sin publicidad- de expulsión del partido. En el caso de Rossi, el buen procedimiento debiera implicar ratificar la suspensión de militancia por el tribunal interno, sin pronunciarse sobre el asunto de fondo hasta que la justicia ordinaria dictamine si se ha cometido o no delitos o faltas contra la ética pública.

La segunda reflexión es de fondo. El senador ha declarado que pidió estos recursos a SQM porque esa era la regla del juego. Aunque la legalidad de la petición está siendo indagada por la fiscalía, la pregunta que los ciudadanos de a pie seguramente se hacen, porque es de sentido común, es si este tipo de financiamiento por empresas privadas (y en este sentido da lo mismo si se trata o no de un pariente de Pinochet, de empresas privatizadas durante Pinochet o de empresas nacionales o extranjeras sin ninguna de estas características) condiciona la conducta y el voto de parlamentarios o autoridades locales electos por el pueblo a la hora de tomar decisiones que involucren intereses de sus financistas.

La respuesta obvia es que se debe presumir que  nunca una empresa privada otorga donaciones por  amor al arte. O lo hace para influir en las decisiones públicas a su favor, o para mejorar su reputación frente a interlocutores críticos. Las empresas privadas no son la Cruz Roja. Y menos si la donación es a un parlamentario en particular, para fines particulares. Distinto es si un partido político pide financiamiento a empresas para financiar sus campañas, pero a la larga el partido en cuestión también puede quedar condicionado por intereses particulares, salvo que las donaciones sean muy diversificadas y provengan de entidades con intereses contradictorios. Pero esta puede ser una figura muy poco frecuente y difícil de establecer.

Para todos estos temas existe una solución: construir una muralla china entre el financiamiento de la política y el dinero empresarial. La legislación debe avanzar a la brevedad en este sentido, de modo que en 2016 ya esté plenamente vigente la prohibición absoluta del financiamiento de campañas electorales o de partidos por empresas y la pérdida inmediata del escaño por quien o quienes se hayan beneficiado de financiamientos de este tipo. La ley debe calificarlos como tramposos y contrarios al ordenamiento democrático, pues en las decisiones de los órganos públicos debe prevalecer el interés general por sobre el interés de toda corporación económica.

El clientelismo

Entrevista en CNN Chile
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/09/03/martner-por-rossi-lo-podriamos-denominar-la-practica-del-clientelismo-politico

Comedia de equivocaciones

En Voces La Tercera

¿Por qué destituyó el gobierno a Francisco Huenchumilla?¿Para dar una señal desde la autoridad a los dueños de camiones y terratenientes de que se actuaría con “mano dura” frente a las acciones de violencia contra propiedades y medios de transporte atribuidas a grupos mapuche en La Araucanía? Si esa fuera la interpretación adecuada, no sirvió de mucho. Escuchar a los dirigentes “multigremiales”de La Araucanía y ver los tuits de Andrés Allamand y las declaraciones de Hernán Larraín nos terminaron trasladando igual, por momentos, al pasado conflictivo del Chile de décadas atrás.

La historia de la República es, contrariamente a la leyenda, una historia con muchos componentes de violencia, incluyendo guerras civiles sangrientas y guerras étnicas aún más sangrientas. Las clases terratenientes tradicionales se constituyeron en base a la ocupación por la fuerza de territorios que no les pertenecían, ya sea por ser parte ancestral de los espacios en que evolucionaron por siglos las etnias originarias o bien por haber sido reconocidos como tierras indígenas mediante títulos otorgados por el Estado de Chile en el siglo XIX, y luego desconocidos o expoliados. Ese es el origen de la violencia actual en La Araucanía: la extrema violencia fundacional del Estado de Chile al servicio de minorías privilegiadas que ocuparon y recibieron tierras para una explotación económica en propio beneficio. Que algunos aún pretendan que la actual violencia atribuida a grupos mapuche -centrada en provocar perjuicios económicos antes que personales, aunque algunos episodios han afectado a personas de un modo que sólo merece una inequívoca condena- se origina en las políticas de restitución de tierras aplicadas desde 1990, es una grave ceguera intelectual y una actitud racista de violencia pura y simple contra los pueblos originarios.

Cuando la Presidenta Bachelet nombró intendente a Francisco Huenchumilla no estaba simplemente nombrando a un “agente natural e inmediato” del gobierno central, como señala la Constitución. Estaba también nombrando a un líder regional representativo, controvertido como todo líder. Al cabo de un año y medio, el gobierno y el nuevo ministro del Interior prefirieron, al parecer, volver a nombrar a un intendente que sea exclusivamente un agente del gobierno central. Es evidente que la destitución de Huenchumilla va a enervar todavía más a aquel segmento juvenil radicalizado del pueblo mapuche que reivindica la creación de una nación que los represente. En suma, un error político de la dupla Burgos-Aleuy.

Ahora bien, no resultó muy edificante la tragicomedia gubernamental de ayer, con un gobierno que amanece con gran dureza contra trece camiones en vez de garantizar su derecho de manifestación pacífica de manera racional, pero que termina diluida en un retroceso total en la noche. ¿Será mucho pedir al Ministerio del Interior un poco de equilibrio entre la mantención del orden público y el derecho a manifestarse, que se podría haber traducido simplemente en autorizar desde el inicio el paso de los famosos 13 camiones, y atenerse a esa regulación legítima en vez de idas y venidas que no ayudan mucho a prestigiar al gobierno? La esperanza es lo último que se pierde.

Un presidencialismo que no funciona

En Voces La Tercera

La discusión sobre el régimen político que nos rige gira alrededor de un equívoco sobre lo que sería su antítesis, el régimen parlamentario. En nuestra historia se conoce como tal a aquel régimen que funcionó entre la guerra civil de 1891 y la puesta en vigencia de la constitución de 1925, que daba al Congreso facultades para aprobar “leyes periódicas” y censurar ministros, en un juego de influencias de los caciques oligárquicos y sus intereses particulares, condicionando el voto de cada ley en el parlamento. Se trataba más bien de un presidencialismo clientelizado antes que un verdadero régimen parlamentario, que terminó en una crisis política y sucesivos golpes de Estado.

Este modelo tiene poco que ver con los regímenes parlamentarios propiamente tales. En ellos, más allá de sus diversas variantes, cuando un partido tiene mayoría en el parlamento, nombra al primer ministro y debe sostener sus proyectos de ley, especialmente el presupuesto,  bajo pena de que el gobierno caiga en caso de indisciplina de voto y se deba llamar a nuevas elecciones. Es lo que está ocurriendo con Syriza en Grecia en la actualidad, partido que probablemente se dividirá y pondrá al primer ministro Tsipras en minoría en el parlamento griego, que deberá llamar a nuevas elecciones. Cuando se trata de coaliciones, pactan su programa de acción y el contenido específico de los cambios legales que promoverán en la legislatura que es objeto de pacto de gobierno. Si el ejecutivo no reúne mayorías para aprobar las legislaciones pactadas, el gobierno cae, con eventual recomposición de la anterior coalición, la configuración de una nueva o bien la realización de elecciones anticipadas. El parlamentarismo (o el semi-parlamentarismo, con un presidente que puede o no tener mayoría en el parlamento, pero en este segundo caso debe nombrar un primer ministro del partido o coalición mayoritaria en el parlamento, aunque no sea la suya) no es sinónimo de inestabilidad política o de ingobernabilidad. Todo lo contrario.

El régimen presidencial fue criticado hace algunas décadas desde la ciencia política (Linz y otros) como potencial factor de crisis cuando difieren las orientaciones del presidente y del congreso. Hoy se puede mencionar que ese funcionamiento no necesariamente produce crisis sistémicas, pero si crecientemente parálisis gubernamental, especialmente cuando se amplía la distancia en las orientaciones de política del presidente y de la oposición mayoritaria en el congreso, como es el caso de Estados Unidos hoy, que produce frecuentes crisis presupuestarias y parálisis de políticas sectoriales de diversa índole.

En el Chile de hoy la presidenta Bachelet en la práctica no cuenta con una mayoría en el congreso para sus políticas. Una parte de la Democracia Cristiana no comparte ni la filosofía general ni las políticas específicas que la presidenta comprometió realizar en su segundo gobierno. Este grupo ha girado hacia una defensa de enfoques conservadores en la agenda pública y de aproximaciones sistemáticas con la derecha, que producen muy malos resultados de política pública. El ejemplo paradigmático ha sido la reforma tributaria aprobada en el parlamento prácticamente por unanimidad en septiembre pasado, y que hoy no recibe la defensa de nadie, por lo incongruente de la combinación de cuatro sistemas de impuestos a la renta de las empresas y su insuficiente recaudación.

El grupo DC conservador, que entre otras cosas le encuentra grandes méritos a la constitución de 1980, parece tener  la pretensión, como en el seudo parlamentarismo oligárquico de antaño, de determinar con un puñado de parlamentarios la orientación del gobierno y someter a sus socios de coalición y a la institución presidencial a una suerte de interdicción. Esto obligó a la presidenta a señalar en su entrevista del domingo pasado en La Tercera nada menos que “si la lectura hubiera sido que los nuevos ministros llegaron para cambiar el rumbo que la Presidenta defina, hubiera sido una lectura equivocada” y “yo creo que decir que aquí había un giro al centro del gobierno era lo más parecido a un wishful thinking”. Fuertes palabras.

Se ha desatado así una suerte de mini crisis que pudiera escalar, pues se trata de una situación insostenible: o los DC antireformistas se pliegan a lo definido en el pacto original de 2013 o la presidenta renuncia a concretar sus compromisos, con una ruptura más o menos lenta o rápida de su coalición, pero ciertamente con una irritación adicional hacia la dirigencia política de la Nueva Mayoría y de paso hacia el sistema de representación en su conjunto, ya deslegitimado lo suficiente por el financiamiento ilegal de campañas y la pérdida de popularidad de la presidenta.

Hace un año escribíamos aquí que la Nueva Mayoría era una coalición “en el gobierno” pero no “de gobierno”, pues no tiene reglas de funcionamiento que aseguren la estabilidad y coherencia de la acción gubernamental. Es una coalición con pequeñas y grandes discrepancias no zanjadas y acuerdos que no se sabe hasta dónde llegan y si son o no de verdad. En estas semanas hemos visto que ahora incluso se tolera que haya ministros que maniobran día a día contra las orientaciones de la presidenta a vista y paciencia de todo el mundo. Pero este método de gestión política sigue siendo inevitablemente fuente de anomia social y de explosiones disruptivas.

La gran reforma de la política chilena debe de una vez tener como prioridad terminar con el ejercicio de aprobar programas sin intención de cumplirlos porque son inviables, porque no se cree en ellos o porque se declina la voluntad política de llevarlos a cabo en nombre de la resignación seudo realista. El presidencialismo chileno sin un pacto preciso y detallado de gobierno ya no funciona. En vez de cónclaves que no resuelven nada, el gobierno y su coalición debieran abocarse a construir un nuevo pacto hasta 2018 antes de que crezca todavía más el deterioro del sistema político. Porque el nuestro no tiene las válvulas regulatorias propias de los regímenes parlamentarios, como la conformación de una nueva coalición mayoritaria en el parlamento o la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas. Mecanismos que una nueva constitución debiera incorporar para una mejor gestión de los asuntos públicos.