¿Vaso medio lleno o medio vacío?

En El Mostrador

En estos días de fin de año se discuten balances en diversos tópicos. Dos de ellos son los tributarios y las pensiones. A la vez, permanece el debate sobre cuán neoliberal y libremercadista sigue siendo Chile desde que los Chicago Boys y el gran empresariado iniciaron una refundación de la economía y la sociedad chilenas en 1974 bajo una dictadura militar, y cuyo redireccionamiento sus representantes resisten tenazmente desde la recuperación de las libertades democráticas. Ese redireccionamiento ha sido excesivo para algunos e insuficiente para otros, entre los que me cuento, pero convengamos en que al menos ha sido parcialmente logrado en varios de sus ejes principales: los impuestos y gastos públicos y las regulaciones han aumentado, mientras el rol de las empresas públicas permanece en las áreas estratégicas, a pesar de los intentos por privatizarlas (lo que lograron con tres sanitarias durante Frei Ruiz-Tagle, pero no mucho más), con una falta de avance socialdemócrata suficiente en materia de negociación colectiva equilibrada de las condiciones de trabajo y de rol de los sindicatos y el diálogo social y de avance ambiental en la preservación suficiente de los ecosistemas.

La falta de envergadura comparativa de la carga tributaria y las desigualdades de su composición persisten en Chile, por lo que se debe seguir bregando en la materia. Pero no se debe olvidar algunos datos que denotan progresos. Según la OCDE, en 1990 los ingresos tributarios del Estado representaban un 16,8% del PIB, mientras en 2022 alcanzaron un 23,8% del PIB, 7 puntos porcentuales más, aunque lejos del 34% de promedio en la OCDE. En 2023 bajaron a un 20,6% del PIB por la caída coyuntural de la tributación al ingreso y la minera, y aumentará en 2024. El incremento ha tenido como contrapartida más gastos en pensiones, salud, educación, vivienda e infraestructura, entre otros temas sociales y productivos que han sido reforzados a lo largo del tiempo fuera de la lógica neoliberal.

Esa carga tributaria mayor se explica en buena medida por aumentos en la suma de los impuestos al ingreso, a las utilidades y a las ganancias de capital de personas y corporaciones. En 1990, este conjunto representaba un 3,9% del PIB, mientras en 2022 alcanzó un 10,4% del PIB, unos 6,5 puntos porcentuales adicionales. En 2023, la cifra bajó a un 7,2% del PIB, por las caídas coyunturales mencionadas. 

Por su parte, los impuestos indirectos a las transacciones (IVA y otros) son pagados en mayor proporción de sus ingresos por los sectores de rentas más bajas, pues no tienen capacidad de ahorro, aunque la tasa que se aplique sea pareja. En 1990, los ingresos del Estado por impuestos a los bienes y servicios representaban un 10,6% del PIB, y en 2023 llegaron a un 11,2%. Es un aumento marginal, a pesar de una tasa de IVA que pasó de 14% a 19%, pero que se acompañó, entre otras cosas, de bajas en los aranceles externos.

En materia de pensiones, cuya reforma se discute en estos días en su fase final, el logro principal es el paso de la cobertura de la pensión garantizada del 60% al 90% del universo de mayores de 65 años logrado en 2022 y ampliado en 2023 al 90% de la población en su conjunto, después de su establecimiento inicial en 40% durante el gobierno de Bachelet I. Esta pensión experimentará un incremento real de cerca de 17% de su valor por beneficiario entre febrero de 2022 y febrero de 2025, cuando subirá a 250 mil pesos. Esto ayudará a sacar de la pobreza a los mayores de 65 años si se considera la línea de pobreza por persona equivalente, concepto siempre discutible pero útil para evaluar algunas situaciones, la que alcanza hoy a 233 mil pesos en la actualidad, a comparar con el valor actual de la PGU de 214 mil pesos. La pensión garantizada debiera acercarse progresivamente al menos al 80% del salario mínimo (500 mil pesos), que es una de las razones por las cuales se requiere de una reforma tributaria progresiva más amplia, aquella que la oposición neoliberal y sus aliados en la Cámara rechazaron en marzo de 2023 votando en contra de la idea de legislar, paralizando al gobierno en la materia. 

El aumento del 6% de la cotización salarial y del tope de cotización para aumentar en el largo plazo las pensiones, que se viene planteando desde el gobierno de Bachelet II, es una respuesta a otro problema: un sistema de capitalización privada -el emblema del neoliberalismo chileno- que otorga muy bajas pensiones autofinanciadas, especialmente a las mujeres, y permite que todos los años los dueños privados de las AFP extraigan rentas improductivas de cientos de millones de dólares de las cotizaciones. Las AFP funcionan con del orden de un 100% de margen entre ingresos por cotizaciones y costos y una rentabilidad sobre activos de 33% anual, una de las actividades más privilegiadas en el país, mientras financian campañas publicitarias millonarias con las comisiones de los cotizantes para intentar quedarse con la mayor ampliación posible de su negocio en el proceso de reforma en curso.

El recaudador único de cotizaciones para ahorrar costos, como ya ocurre en el seguro de desempleo, y dejar en competencia amplia solo la función de inversión de los fondos, es parte de lo más importante en juego. También lo es el uso parcial de la cotización adicional para aumentar las pensiones contributivas actuales, compensar a las mujeres por su mayor esperanza de vida y asegurar un mínimo de pensión contributiva a los participantes del sistema de pensiones. Esto ahora se rechaza, aunque había sido propuesto en una distribución de 3% a cuentas individuales y un 3% a compensaciones por el gobierno de Piñera. Se ha abierto una pequeña puerta con la extravagancia de proponer un préstamo de largo plazo de los actuales cotizantes, planteada por la oposición. Esta se aferra en declarar un "cáncer" el pago de las pensiones actuales por los cotizantes actuales, incluso parcial, lo que no solo existe en sistemas de pensiones como el estadounidense y el de la mayoría de los países europeos, sino que es el mismo mecanismo de pago de impuestos mes a mes para financiar la PGU mes a mes. Dicho sea de paso, la generalización de este mecanismo haría imposibles los retiros desde cuentas individuales como los que conocimos durante la pandemia, pero el dogma es el dogma. 

Todo esto es lo que bloquea la derecha en su larga resistencia en todos los temas para mantener el enfoque neoliberal, en este caso tanto para defender el interés corporativo de las AFP como por ideologismo puro y simple, acompañado de la voluntad de negarle todo éxito al gobierno, aunque sea a costa de los pensionados actuales y futuros y de las familias que podrían ver aumentados sus ingresos.

Fin de año en medio de un genocidio

El viernes 27 de diciembre, "el ataque al hospital Kamal-Adwan dejó fuera de servicio este último gran centro de salud del norte de Gaza", anunció la Organización Mundial de la Salud: "las primeras informaciones indican que servicios clave fueron incendiados y destruidos durante el ataque. Sesenta miembros del personal sanitario y veinticinco pacientes están en estado crítico". El ejército israelí informó haber llevado a cabo una operación contra combatientes de Hamás cerca de este hospital ubicado en Beit Lahya. Por su parte, el movimiento palestino acusó a los soldados de haber asaltado el hospital. Esta operación ocurrió un día después de que el director del establecimiento anunciara la muerte de cinco miembros del personal en un bombardeo israelí. En su comunicado del viernes, el ejército israelí calificó el hospital como un "bastión de las organizaciones terroristas (...) utilizado como escondite".

El problema es que atacar objetivos civiles y asesinar personal sanitario en nombre de operaciones militares es calificado como crimen de guerra por el derecho internacional, que el ejército de Israel viola sin tapujos. Desde octubre de 2023, han sido asesinados en Gaza 146 médicos y más de 400 miembros del personal sanitario. Además, han sido asesinados 201 periodistas.

La pasividad internacional frente a la masacre en Gaza sostenida por el gobierno de Israel durante ya más de un año, y que suma 45 484 muertes violentas, la mayoría mujeres y niños, es impactante. Tal vez se explica, pero no justifica en absoluto, por el rechazo a las acciones criminales de Hamas contra civiles el 7 de octubre de 2023 y el secuestro de rehenes, así como por la larga lista previa de atentados criminales contra inocentes realizados por fundamentalistas islámicos radicales en Estados Unidos, Europa (y Argentina) en los últimos decenios. Existe, además, el trasfondo del justificado sentimiento de culpa occidental respecto al terrible genocidio de que fue objeto el pueblo judío por los nazis y el antisemitismo histórico, una herida indeleble en la historia moderna, y también está presente un tinte adicional de racismo respecto a los árabes. Cabe reiterar que nada de lo anterior justifica lo que sigue sucediendo día tras día en Gaza: un crimen de guerra es un crimen de guerra y un genocidio es un genocidio.

Reproduzco una entrevista a Béligh Nabli, profesor de derecho público en la Universidad París Este Créteil en el diario en Libération, que constata un consenso entre juristas, historiadores, ONG y agencias de la ONU sobre lo que ocurre en Gaza, lo que contrasta con la «creciente pasividad, casi asumida» de los Estados occidentales frente al crimen más grave definido por el derecho internacional.

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P: Numerosos juristas y ONG acusan a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. ¿Comparte usted esta afirmación?

R: Racionalmente, es una conclusión que se puede extraer, en la medida en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha reconocido un riesgo plausible de genocidio en Gaza, estipulando que eran necesarias medidas cautelares para prevenir este crimen, como el levantamiento del bloqueo, el acceso a la ayuda humanitaria y la garantía de las necesidades esenciales para la supervivencia. Es evidente que estas medidas no han sido respetadas. Por lo tanto, se puede deducir que el genocidio se está llevando a cabo. Además de los juristas, historiadores israelíes especialistas en el Holocausto, como Omer Bartov y Amos Goldberg, también respaldan la idea de que está en curso un genocidio, lo que refuerza la base jurídica e histórica de esta acusación.

P: Sobre todo porque la situación ha empeorado aún más en los últimos meses, particularmente en el norte...

R: Absolutamente. No solo no se han respetado las obligaciones definidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —ya sea por parte de Israel o de sus aliados—, sino que la situación humanitaria se ha deteriorado considerablemente. El patrón destructivo continúa, con bombardeos indiscriminados de edificios civiles y la falta de acceso a recursos vitales para los habitantes de Gaza. El último informe de Human Rights Watch subraya que estas condiciones no solo evidencian un empeoramiento de la situación, sino que también alcanzan un nivel de gravedad que lleva a calificar estos actos como genocidio.

P: ¿Qué elementos o pruebas permiten calificar las acciones de Israel como genocidio en el marco del derecho internacional?

R: En primer lugar, recordemos que existe un debate entre los responsables políticos e intelectuales sobre la existencia de un genocidio en la Franja de Gaza. Algunos actores ignoran deliberadamente la definición jurídica del genocidio, reduciendo este concepto a una percepción subjetiva o política. Este enfoque, ilustrado por las posturas de ministros franceses de Asuntos Exteriores o figuras como François Ruffin, no corresponde al razonamiento propio de un Estado de derecho democrático. Francia, como signataria de la Convención de 1948 sobre el Genocidio [la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en la ONU] y del Estatuto de Roma de 1998 [de la Corte Penal Internacional], está jurídicamente obligada por estas definiciones. La definición derivada de estos tratados se basa en dos elementos. El primero es material, e incluye actos como asesinatos, bombardeos indiscriminados o la destrucción sistemática de los medios de supervivencia, que se observan actualmente en Gaza. El segundo es intencional y supone la voluntad de destruir a un grupo, total o parcialmente, debido a su identidad étnica, racial o nacional.

P: Israel justifica sus acciones en el derecho a la legítima defensa. ¿Es ilimitado este derecho?

R: En la medida en que Israel fue agredido y parte de su población civil fue víctima de masacres masivas, el Estado hebreo tenía derecho a reaccionar para proteger su territorio y a sus habitantes. Sin embargo, este derecho a la legítima defensa no es absoluto. Está regulado por las normas del derecho internacional, especialmente el principio de proporcionalidad, que exige que la respuesta sea adecuada y medida en relación con la amenaza sufrida. En este contexto, el carácter claramente desproporcionado de las acciones militares israelíes plantea cuestiones fundamentales. Incluso un ejército que actúa en el marco de la legítima defensa no puede eludir sus obligaciones jurídicas internacionales, incluida la prohibición de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.

P: ¿Pueden considerarse cómplices de crímenes internacionales los Estados occidentales que continúan su ayuda militar y financiera a Israel?

R: La pregunta es legítima en la medida en que los aliados de Israel tienden a ignorar las obligaciones derivadas de la orden de la CIJ del 26 de enero de 2024, que reconoció el «riesgo plausible de genocidio», así como de las Convenciones de Ginebra de 1949 [que regulan el derecho internacional humanitario]. A riesgo de hacerse cómplices de los crímenes internacionales cometidos por el ejército israelí en Gaza, no solo deben cesar de transferir armas (municiones, piezas de repuesto y licencias), sino que también tienen la obligación de hacer que su aliado israelí respete el derecho internacional, tanto humanitario como penal.

P: Sin embargo, la mayoría de los Estados permanecen pasivos…

R: Una pasividad aún más impactante si se considera que contrasta con el consenso emergente entre numerosos expertos internacionales, incluidos responsables de la ONU y las ONG más importantes, para reconocer la comisión de un genocidio en Gaza por parte del ejército israelí. Se trata de un hecho histórico excepcional y de una calificación jurídica extremadamente grave, acompañado de un silencio diplomático ensordecedor. Además de la cuestión de su posible complicidad en el sentido jurídico, cuya responsabilidad podría plantearse, la responsabilidad política de las potencias occidentales, en particular de Estados Unidos, no se limita a su apoyo incondicional a Israel. Estos Estados están desmantelando y desacreditando la letra y el espíritu del sistema jurídico internacional moderno que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que ellos mismos ayudaron a construir. Ciertamente, la violación manifiesta del derecho internacional por parte de potencias occidentales tiene una serie de precedentes —el más desestabilizador fue la invasión de Irak en 2003—. Pero, en este caso, las potencias occidentales actúan casi en bloque en una postura de desafío al derecho internacional.

P: Francia ha causado estupor al afirmar que el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, sujetos a una orden de arresto de la CPI, podrían beneficiarse de una inmunidad…

R: Según Francia, las órdenes de arresto emitidas contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant no pueden ejecutarse debido a las inmunidades que les corresponderían como miembros de un gobierno de un Estado que no reconoce a la CPI. Esta posición carece de fundamento jurídico. La jurisprudencia de la CPI es clara al respecto: los Estados parte tienen la obligación de arrestar y entregar a las personas buscadas por la Corte, incluso si tienen el estatus de jefe de Estado o de gobierno de un país no parte de la CPI (como Israel), que no reconoce su competencia. La postura de Francia, por lo tanto, la coloca en contradicción con sus obligaciones internacionales y con una de las razones de ser de la CPI: evitar que las inmunidades de los gobernantes obstaculicen la justicia y el enjuiciamiento de los crímenes más graves.

P: ¿El derecho internacional ya no tiene ningún valor?

R: Se observan dos dinámicas preocupantes. La primera es el debilitamiento de las potencias occidentales, que durante mucho tiempo se han atribuido un magisterio moral basado en sus valores democráticos. Al asumir su pasividad, o incluso su complicidad, frente a la comisión del peor de los crímenes internacionales, el genocidio, bajo el pretexto de un apoyo incondicional a Israel, están socavando su propia credibilidad. Esta pérdida de legitimidad es aún más inquietante porque tiende a fortalecer el discurso de potencias autoritarias como Rusia y China, que denuncian la hipocresía de un Occidente que instrumentaliza el derecho internacional según sus intereses. El segundo punto es aún más alarmante: si el derecho internacional ya no desempeña su función de regulador de las relaciones internacionales, ¿qué queda? La fuerza, la relación de poder y, por ende, la ley del más fuerte. Parece que estamos entrando en una fase de regresión histórica en términos de los principios y valores consagrados por la Carta de la ONU. Esta deriva que cuestiona el Estado de derecho también se observa en el orden político interno de las democracias. El impacto del conflicto israelí-palestino se traduce en medidas liberticidas, como restricciones a la libertad de expresión y manifestación, así como en el aumento del racismo y el antisemitismo, alimentado por mentalidades débiles. Por un lado, la esencialización de los judíos los asimila a Israel; por otro, el silencio y la indiferencia hacia el trágico destino de los palestinos reflejan su deshumanización y una jerarquización implícita de la humanidad.

La xenofobia y las próximas elecciones

La posición de las derechas en materia migratoria está, en variados casos, inspirada directamente por la xenofobia, una de la peores pasiones tristes, como diría Spinoza. Pero esto ha ido más allá en el espectro político, en una especie de efecto dominó. Por ejemplo, recientemente el liberal Vlado Mirosevic expuso sobre la regularización de personas extranjeras que llevan años en Chile -planteada recientemente por el gobierno- una postura francamente demagógica: "me preocupa la utilización de esta información que van a hacer las bandas de crímenes organizados que transforman esto en un negocio y que tienen un modelo, una industria del tráfico de personas y que frente a eso lo que perfectamente podrían decir es 'miren, vengan a Chile porque después de esto el Gobierno los va a regularizar'". Precisó que "lo que me preocupa es la señal general, esto puede producir un efecto Cúcuta, y eso puede ser muy malo porque Chile ya copó la capacidad de recepción de migrantes". 

Lo más paradojal es que estas frases suelen ser expresadas por descendientes de inmigrantes que fueron objeto de los mismos comentarios sobre la capacidad de recepción de migrantes cuando llegaron sus antepasados, en este caso croatas, lo que las hace todavía más incomprensibles. 

El racismo y la xenofobia existen en segmentos más o menos significativos de las sociedades y han derivado a genocidios y masacres a lo largo de la historia -siendo la más dramática, por su extensión y modalidades, la Shoa de los nazis contra los judíos y siendo la más reciente la terrible masacre indiscriminada de palestinos en Gaza por el gobierno israelí y el sometimiento por hambre de millones de personas, todas inaceptables- pero no por eso son emociones y prejuicios menos primitivos. Más aún si se considera, en nuestro caso, la gran cantidad de familias chilenas que tienen miembros emigrados fuera del país por una u otra razón, y no quisieran verlos maltratados o expulsados en los países de acogida como proponen hacerlo con los que vienen del extranjero a Chile. En estos temas, como en tantos otros, debe prevalecer al menos un cierto sentido de la reciprocidad y de la decencia.

Por lo demás, todos los seres humanos que vivimos en Chile somos de origen inmigrante en algún punto del tiempo, incluso los pertenecientes a los sucesivos pueblos originarios que en determinados momentos de la historia humana vinieron de más al norte. También lo son los que vinieron de Europa, colonizadores o no, en distintas etapas y oleadas. La única diferencia sustancial es que unos han llegado antes que otros. Todos los que habitamos Chile somos parte de la conformación de la cultura que da lugar a la identidad nacional, hecha de diversidades y mestizajes en esta suerte de isla de confines desérticos y australes del mundo, que concentra minerales y es cruzada por valles fértiles regados por las aguas de la imponente cordillera, acompañada por "ese mar que tranquilo te baña", aunque muy tranquilo no sea. El hecho es que la nación chilena suma y mestiza poblaciones de distintos orígenes y culturas desde siempre.

Por lo demás, desde un punto de vista estrictamente pragmático, la inmigración es necesaria para el futuro del país. En la actualidad, Chile vive una baja acelerada de la tasa de fecundidad, por múltiples razones vinculadas al modo de vida y sus restricciones, incluyendo la precarización de las condiciones sociales para tener hijos de los que viven de su trabajo. Según la última estimación del INE, la tasa de fecundidad alcanza a 1.2 hijos por mujer, una de las más bajas de América Latina y del mundo (el promedio global era de 2.25 en 2023). Chile está cerca de los de menos fecundidad como Singapur, Taiwan y Corea del Sur y su tasa es inferior a la de Perú y Bolivia (2.1) y a la de Argentina (1.9). 

La tasa requerida para mantener los niveles de población es de 2.1 hijos por mujer (suponiendo que no haya migración neta y que la mortalidad no cambie). En 1955-60 la tasa de fecundidad en Chile alcanzó la impresionante cifra de 5.5 hijos por mujer, entre las más altas del mundo, mientras en 1970-75 había descendido a 3.6. En 2000-05 ya lo había hecho a 2 hijos por mujer, como fruto de la extensión de la anti-concepción y de las transformaciones culturales y socio-económicas del país. 

El hecho es que un 17,4% de los nacimientos ocurridos en Chile en 2023 correspondieron a madres de origen extranjero, por lo que sin la mayor tasa de fecundidad de esas mujeres la caída de la natalidad sería aún mayor. 

La inmigración irregular masiva y sin derechos es un problema, evidentemente. Su origen, no lo olvidemos, es en buena medida la catástrofe venezolana y sus 8 millones de emigrantes, concentrados en Colombia (3 millones), Perú (1,5 millones), Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Chile, entre otros. En cambio, la inmigración regulada y con derechos enriquece la cultura y aporta, además, voluntades adicionales de búsqueda de una vida más digna y próspera en nuestro territorio.  

Chile hoy tiene el más alto nivel de restricciones a la inmigración irregular en su historia, por lo que la situación nada tiene que ver con la insinuación a inmigrar a los venezolanos que hizo Piñera en Cúcuta por razones políticas (se supone que los extranjeros latinoamericanos votan en Chile más por la derecha) y económicas (más oferta de fuerza de trabajo presiona a la baja los salarios), desde su perspectiva. Y el gobierno actual, del que se supone Mirosevic forma parte, no tiene en absoluto la intención de favorecer el tráfico de "las bandas de crímenes organizados" sino que los persigue con resultados crecientes día a día, que el diputado liberal, hoy precandidato presidencial, debiera saludar. Y el gobierno ahora busca regularizar a un cierto número de personas por razones de seguridad y otorgamiento de derechos básicos, que les permita contribuir al desenvolvimiento nacional. 

Los que piden expulsar a los extranjeros no se detienen siquiera en pensar hacia dónde. En el caso de Venezuela,  Maduro y su gobierno rompieron relaciones con Chile, se han desentendido de sus connacionales y no les prestan siquiera servicios consulares. Menos están dispuestos a recibir expulsados desde Chile. Ya vendrán momentos mejores para Venezuela, en los que muchos volverán a su patria, y otros se quedarán aportando al país, como ya lo hacen peruanos, argentinos, bolivianos, uruguayos o brasileños, y de muchas otras nacionalidades de origen, enriqueciendo a Chile, como lo hizo en su momento Andrés Bello, el venezolano.

Es de esperar que no entremos por cálculo en la próxima etapa electoral en un festival de demagogia anti-inmigración y de asociación de los extranjeros con la delincuencia (cuya proporción no es mayor a la de los nacionales), en la búsqueda poco honorable de votos motivados por la xenofobia.

Los debates sobre el nuevo financiamiento para estudiantes de educación superior

En LT Digital

En la etapa final del actual gobierno será debatido con intensidad el proyecto de ley que crea un nuevo mecanismo de financiamiento de estudiantes de la educación superior. Éste establece descuentos en la deuda acumulada con el esquema de crédito vigente, y en diversos casos la lleva a cero, y premios y beneficios tributarios para quienes han pagado. Para el futuro, permitirá que quienes no sean beneficiarios de la gratuidad hoy existente cuenten con una alternativa para acceder a la educación superior. No deberán pagar aranceles (excepto el décimo decil de ingresos, con copagos adicionales) bajo la obligación de retribuir el aporte estatal con un porcentaje de sus rentas posteriores, una vez se inserten en el mercado laboral. 

Este nuevo sistema ya no incluirá a la banca -que obtiene hoy utilidades completamente injustificadas  a partir de un subsidio público, en un ejemplo más de “capitalismo subsidiado”- y sin tasa de interés, con un reembolso posterior. Los ingresos anuales de hasta 7,5 UTA (unos $500.000 mensuales) estarán exentos. Para los ingresos superiores a ese monto, se contempla una tasa marginal de contribución progresiva de 13% para rentas hasta 11,2 UTA y de 15% para las que las superen. La retribución no podrá exceder el 7% de los ingresos anuales, o el 8% en el caso de personas con rentas anuales iguales o superiores a 45 UTA, con suspensión en situaciones de cesantía y un tope de pago por 20 años.

Este esquema es un evidente progreso respecto al sistema hoy existente. Pero no faltan los reproches. Hay uno que es nominalista y escasamente relevante: se trataría de “un impuesto”, aunque se trata esencialmente de la devolución de un subsidio por parte del beneficiario a lo largo del tiempo. El nuevo esquema no es un impuesto a la renta, pues por definición este no está asignado a ningún fin específico, como ocurre en este caso con la devolución, aunque bajo algunos supuestos en las carreras con mayores ingresos futuros el pago sería eventualmente superior al subsidio. Esto provoca escándalo, pero se trata de reemplazar un esquema que, como el actual, aplica el cobro de un interés de 2% que encarece la devolución a todos y hace difícil el pago a los que siguieron carreras menos remuneradas. El nuevo esquema beneficia a unos más que a otros y eso se llama progresividad.

Hay quienes consideran los impuestos como una especie de pecado, más aún si son progresivos, es decir cuando paga proporcionalmente más el que tiene ingresos más altos. Pero ese es un asunto de doctrina que solo atañe a los que la defienden. El hecho es que la educación superior tienen un costo, que pagan las familias o bien el Estado a través de impuestos en el caso de la gratuidad, o a través de un fondo para los estudiantes de familias de más altos ingresos que optan por asumir en el futuro un pago diferido y con elementos de progresividad, que se retroalimentará generación tras generación. Lo que importa es si este esquema ayuda o no de manera justa a los estudiantes que opten por él.

¿Cómo se sigue?

 En La Nueva Mirada

No son pocas las dificultades, traspiés y conductas a veces erráticas de los actores políticos progresistas. Pero no deben llevar a la resignación a quienes consideran necesario mejorar el presente en lo que sea posible y procurar legar a las nuevas generaciones, con el realismo y la voluntad necesarios, una sociedad políticamente democrática, culturalmente libertaria, económicamente próspera e innovadora, socialmente equitativa y ambientalmente resiliente. Esta combinación está lejos de ser fácil de alcanzar, pero constituye uno de los horizontes posibles que vale la pena perseguir para la sociedad chilena.

Junto a diversos avances significativos, la configuración actual del gobierno no logró el cambio constitucional requerido, mantuvo una política económica innecesariamente restrictiva (con una caída de 7% del PIB del gasto público en 2022), manejó mal el reequilibrio de las tarifas eléctricas y la devolución de cobros ilegales por las Isapres, mientras fracasó en diversos temas por carecer de una capacidad de articulación social y política más efectiva y de mayoría parlamentaria. Se agregó una postura en ocasiones errática y siempre defensiva en seguridad e inmigración, asumiendo argumentos conservadores, y corruptelas y abusos de autoridad puntuales pero lógicamente rechazados por la ciudadanía. Esto se tradujo en una sanción electoral en el plebiscito de 2022, en la elección de miembros del consejo constitucional de 2023 y en las elecciones de alcaldes, concejales y consejeros regionales de 2024, con la excepción del rechazo plebiscitario a la propuesta constitucional de la derecha en diciembre de 2023 y de la segunda vuelta de gobernadores en noviembre de 2024. 

¿Estamos, en consecuencia, en presencia de un retroceso de largo plazo de las fuerzas progresistas en Chile en el nuevo escenario del cuerpo electoral, lo que auguraría una nueva alternancia en favor de la derecha en la elección presidencial de 2025?

Nada de esto está escrito de antemano. En la segunda vuelta de gobernadores de noviembre de 2024, en 9 regiones las candidaturas conservadoras agregadas reunieron solo un 48,8% del voto válido, mientras se manifestó un apoyo de 51,2% del voto para las diversas candidaturas de centro y de izquierda. Mantener este resultado, que incluye las tres principales regiones del país, permitiría un eventual desenlace positivo para las fuerzas progresistas en la segunda vuelta presidencial de 2025.  Para eso tendría que pasar agua bajo los puentes y producirse muchas articulaciones políticas y bastantes mejorías en la gestión de gobierno y en los mensajes hacia el voto nulo y blanco, pero ese escenario no parece ser completamente irrealista.

La actual coalición de gobierno acaba de comprometerse a una proyección en la etapa siguiente, de preferencia con un solo candidato en primera vuelta elegido en primarias a mitad de año y con una sola lista parlamentaria, lo que es más difícil de lograr. Ha dado un paso unitario significativo, aunque la Democracia Cristiana ha planteado que no está dispuesta a ser parte de ninguna coalición que incluya al Partido Comunista y llamado al Partido Socialista a una “coalición chica”. Este rechazó esa opción y se mantiene en la lógica de una agrupación progresista amplia. 

La proyección de la actual coalición de gobierno, además de hacer emerger un liderazgo presidencial en primarias, debe favorecer una reforma política que consolide el principio de mayoría, fortalezca el rol de partidos debidamente institucionalizados y dé espacios a la democracia directa y al autogobierno de los territorios, incluyendo los de los pueblos originarios en el espacio nacional. Debe plantear que se restrinja los monopolios mediáticos y establezca normas más fuertes para erradicar las discriminaciones y los abusos, vengan de donde vengan y trátese de quién se trate. Y promover una mayor seguridad ciudadana basada no en la retórica vacía sino en más eficiencia contra el crimen organizado con cuerpos especializados mejor dotados y una policía de proximidad que aumente la seguridad colaborativa en los barrios, sin dejar de actuar contra las causas de la delincuencia. En estos temas posiblemente tendrá un acuerdo amplio.

Pero debe resolver dos problemas. El primero tiene que ver con la tendencia a subordinarse a la ortodoxia económica conservadora. Sus resultados en crecimiento han sido escasos, por no decir nulos, aunque se supone es su prioridad, por adherir a una política anti-inflacionaria que no consideró el carácter básicamente externo del brote de 2021-2022 y a una política de ajuste presupuestario radical antes que de aterrizaje suave que ha afectado el empleo y la informalidad. Los resultados sociales han sido más bien extra-presupuestarios, como  los positivos avances en el salario mínimo, la disminución progresiva de la jornada laboral a 40 horas y las cobranzas de pensiones alimenticias,  pero sin mayores impulsos a la negociación colectiva y a la diversificación económica (con el cierre de Huachipato como una herida y el acuerdo del litio con una excesiva prolongación del rol de SQM como otra herida), a la reforma de los seguros de salud (con el salvataje a las Isapres como una herida adicional) y un posible acuerdo muy rebajado en materia de pensiones (inferior al aceptado por Piñera en su segundo gobierno). 

Las restricciones presupuestarias no han impedido, por su parte, aumentos de la pensión garantizada universal (aunque en términos reales inferiores a las programadas), activar planes de vivienda y formular la propuesta de financiamiento de estudiantes de educación superior y saldar la deuda de los años 1980 con el profesorado. Pero con estas restricciones, junto a los traspiés en la reforma tributaria (con la aceptación de una regalía minera insuficiente,  la caída del impuesto a las grandes fortunas y un plan de aumento del impuesto a la renta a los más ricos limitado a compensar una baja de la tributación a las utilidades de las empresas), no se ha avanzado en los aportes a través de mecanismos como el “bolsillo electrónico”, una buena idea del actual gobierno que no ha quedado como mecanismo permanente de apoyo a la compra de alimentos por las familias de menos ingresos, ni en las inversiones necesarias en salud para terminar con las listas de espera, ni tampoco mayormente en el subsidio del cuidado, una vasta tarea. 

Todo esto en parte tiene que ver con la ausencia de mayoría parlamentaria y en parte con la ausencia de convicción de un sector de las fuerzas de gobierno para avanzar en estas materias. La proyección a futuro requerirá persistir unitariamente y con un mensaje fuerte en la defensa de los intereses de la mayoría social, lo que no puede dejar de incluir:

– una política económica orientada a fortalecer la inversión pública sostenible y a crear más empleos formales mejor remunerados, mediante la diversificación industrial, el uso de la inteligencia artificial para apoyar los empleos antes que sustituirlos, el fortalecimiento de las empresas públicas, la innovación en las cadenas de la transición energética y el apoyo a las empresas mipymes viables, en medio de un vasto cambio en la economía mundial que puede ofrecer oportunidades a Chile y sus regiones en las cadenas globales de transición energética si se promueven con ambición estratégica, con el ejemplo a seguir del plan del hidrógeno verde;

– una política presupuestaria que contenga el aumento de la deuda pública en base a un aumento de los impuestos a las grandes fortunas, a los altos ingresos y a la renta minera;

– una nueva fase de disminución sustancial de las desigualdades y de la pobreza, mediante una ampliación de la negociación colectiva de los trabajadores, programas especiales reforzados para los jóvenes que no estudian ni trabajan y una redistribución que parta por una devolución del IVA a los bienes básicos a las familias más necesitadas;

– un reforzamiento de la seguridad social en pensiones y desempleo, reponiendo los proyectos originales del actual gobierno, y un aumento de la cobertura y productividad de hospitales y servicios de salud primaria financiado con un fondo universal de cotizaciones que deje a las Isapres solo como seguros complementarios;

– un mejoramiento sustancial del acceso a la vivienda y al transporte público, junto a mayores equipamientos urbanos sostenibles que aumenten la calidad de vida en los barrios y avancen en la erradicación de campamentos precarios;

– una ampliación de los derechos de las mujeres, en especial en materia de aborto, de derechos reproductivos, de igualdad de remuneración y de representación en las instituciones públicas y privadas;

– una política migratoria acorde con la capacidad de integración con derechos y la expulsión sistemática de los delincuentes y traficantes venidos de otros países.

El segundo problema en la proyección de la coalición tiene que ver con los sectores de izquierda ortodoxa en los temas internacionales. La política gubernamental es la de promoción del interés nacional, de la integración latinoamericana y la no alineación respecto a los bloques que pugnan por la hegemonía mundial, junto a la activa defensa del multilateralismo y  la autodeterminación en el marco del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esta política choca con la actitud de adhesión persistente del PC chileno a la política de la Rusia de Putin, que incluye el no rechazo a la invasión a Ucrania y a la defensa de dictaduras como la de El Asad en Siria, posición muy distinta a la de la izquierda social-democrática en el mundo y también a la de los PC francés, español o kurdo, sin ir más lejos. Y choca con la defensa inexplicable de regímenes autoritarios como los de Ortega y de Maduro (el de Cuba es un caso que debe considerar las décadas de bloqueo norteamericano). El régimen de Maduro, por lo demás, no solo desconoce las elecciones sino que persigue hasta al PC venezolano, sin que el chileno diga nada. En temas internacionales, tal vez la única concordancia es la condena a las masacres de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino, que en el caso de la izquierda no alineada incluye también una firme condena al antisemitismo y a las matanzas indiscriminadas de los fundamentalistas de Hamas y asociados. En los temas nacionales y de coyuntura, en cambio, la concordancia del PC con el resto de la coalición es bastante amplia y suficiente. 

Son las paradojas de la vida política, con las que sus actores deben convivir de la mejor manera posible, aplicando un método en el que no se deje de expresar las posiciones de unos y otros -pues la izquierda en Chile es necesariamente plural- pero sabiendo manejar las diferencias en el marco de un propósito común. Este existe, pues hay tareas y desafíos que convocan y deben seguir convocando al conjunto en la etapa siguiente. Se trata nada menos que de hacer avanzar la democracia y crear un nuevo modelo económico-social de prosperidad compartida y sostenible.

La proyección de largo plazo de una alianza de izquierda, sin descuidar la capacidad de articularse a los movimientos sociales y de abrirse al centro sin subordinación a los poderes fácticos, supondrá entonces debatir para acercar posiciones o bien constatar diferencias, las que, hasta donde se puede observar, no debieran impedir lograr un amplio acuerdo progresista sobre un programa de gobierno para 2026-2030. 

¿Anticomunismo?

Hablar de si mismo no tiene mayor interés, pero en debates y posteos hay quien me señala como "cada día más anticomunista, de apoyar a Daniel Jadue a volver al PS y a la socialdemocracia". Lo que hace necesario, por aquello de "quien calla otorga", aclarar un par de cosas.

Comunista no he sido nunca y anticomunista tampoco. En la etapa final de la lucha contra la dictadura y en la transición no había acuerdo posible entre el conjunto de los socialistas y el PC, embarcado en la lucha armada, y en las mismas circunstancias sostendría la misma postura que entonces para recuperar la democracia. En una etapa ya muy diferente, al estancarse prolongadamente la transición, en 2022 apoyé a Daniel Jadue (creo que, dicho sea de de paso, Daniel ha sido víctima de un ensañamiento judicial injusto por el tema de la cuestionada administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares), y lo volvería a hacer si el mismo contexto se repitiera. En ese momento, mi partido, el socialista, al que me vinculé desde 1980 con la Convergencia Socialista, y de cuya dirección fui parte por 20 años desde 1985, estaba en una posición adaptativa e inconducente (se llegó a decir que una asamblea constituyente era "fumar opio"), privilegiando mantener posiciones en el Estado antes que hacer avanzar un proyecto político de cambios, que es su razón de ser. Había que construir una alternativa con el resto de la izquierda que acelerara la tarea inconclusa de salir de la democracia semi-interdicta de la transición y representara abiertamente los intereses de la mayoría social, empezando por persistir en la lucha por reducir sustancialmente las desigualdades y los abusos empresariales y públicos, ampliar la protección social, los derechos laborales y el control nacional sobre los recursos naturales, así como hacer avanzar la agenda feminista y el autogobierno sostenible de los territorios. Para alentar ese diseño en lo que se pudiera, renuncié al PS en 2016, con gran pesar pero considerando que ya no tenía sentido estar en un partido casi sin otro programa que permanecer en el poder.

Después de los quiebres sociales agudos de 2019, se logró una primera alianza de izquierda de cierta significación. El proceso culminó en una primaria presidencial de Chile Digno con el Frente Amplio en 2021, en la que Gabriel Boric resultara vencedor en buena lid, y luego fuera elegido jefe de Estado en la segunda vuelta presidencial. Era lo que había que hacer para evitar que la derecha siguiera en el poder o bien fuera reemplazada por una edición desmejorada de la Concertación, que ya había cumplido su rol histórico en la transición y había terminado tanto en un estancamiento clientelista y pro-empresarial como en un pragmatismo de corto plazo sin horizonte. Que, junto a diversos avances significativos, no se lograra el cambio constitucional requerido, se mantuviera una política económica ultra-restrictiva y se fracasara en diversos temas, es ya harina de otro costal y de otra evaluación.

El programa de Jadue, del que fui parte, fue una propuesta institucional y social transformadora y, a la vez, económicamente consistente. Si se quiere, incluyó rasgos "socialdemócratas" y fue en buena medida integrado en el programa de Boric. La política exterior definida fue de independencia de los bloques internacionales. Participamos en esa construcción quienes no hubiéramos aceptado aventuras económicas o la alineación con la Rusia de Putin o los caudillismos latinoamericanos, lo que, por su obviedad, no se planteó por nadie. Y, por supuesto, tampoco la alineación con los intereses imperiales de Estados Unidos (en mi libro de 2023 sobre los 50 años del golpe volví, dicho sea de paso, a describir detalladamente la repudiable, artera y documentada intervención del gobierno de Nixon-Kissinger en Chile). 

Hoy, la convicción de siempre de tomar partido por los derechos de los pueblos y la no alineación latinoamericana respecto a los bloques que pugnan por la hegemonía mundial, junto a la activa defensa del multilateralismo, de la autodeterminación soberana con respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, hace que no se pueda sino criticar la actitud de adhesión persistente del PC chileno a la Rusia de Putin, del mismo modo como en el pasado el PS de Allende, González y Ampuero se opuso a la ausencia de democracia y a las invasiones de países por la URSS. Esto incluye ahora el rechazo a la invasión a Ucrania y a la defensa de aliados como la dictadura de El Asad en Siria, posición muy distinta a la de la izquierda social-democrática en el mundo y también a la de los PC francés, español o kurdo, sin ir más lejos.

Mi partido había aceptado integrar una coalición de izquierda en 2022, junto a participar en el gobierno de Boric. Por ello me reintegré al PS en el congreso de 2023 para procurar la proyección de largo plazo de la alianza de izquierda lograda, sin descuidar la capacidad de abrirse al centro y a los movimientos sociales, siempre sin subordinación a los poderes fácticos. Era también necesario marcar distancia con un PC que acentuó su alineación internacional y la defensa inexplicable de regímenes autoritarios como los de Ortega y de Maduro. Este último, por lo demás, no solo desconoce elecciones sino que persigue hasta al PC venezolano, sin que el PC chileno diga nada. Hoy no son posibles mayores entendimientos sobre temas internacionales, salvo tal vez en la condena a las masacres de Israel y la solidaridad con el pueblo palestino, que en nuestro caso incluye también una condena al antisemitismo y a las matanzas indiscriminadas de los fundamentalistas de Hamas. Todo esto no es un detalle, pues marca diferencias sobre el proyecto de sociedad que se aspira a construir.

En los temas nacionales y de coyuntura, en cambio, la concordancia con el PC es bastante amplia y suficiente.

Son las paradojas de la vida política, con las que hay que convivir de la mejor manera posible, aplicando un método en el que no se deje de expresar las posiciones de unos y otros -pues la izquierda en Chile es necesariamente plural- pero sabiendo conducir los debates y manejar las diferencias en el marco de un propósito común. Este existe, lo que no siempre ha sido el caso, pues hay tareas y desafíos que convocan y deben seguir convocando. Se trata nada menos que de hacer avanzar la democracia y crear un nuevo modelo económico-social de prosperidad compartida y sostenible, lo que aún no emerge dada la ausencia de mayorías parlamentarias y de voluntad política suficiente, lo que requiere persistir unitariamente en una defensa sistemática de los intereses de la mayoría social. 

Del fracaso del boicot tecnológico a China a los anuncios proteccionistas de Trump

Estados Unidos logró una industrialización rápida en el siglo XIX, combinando el proteccionismo con la expansión de los intercambios a partir de recursos naturales abundantes y una inmigración creciente. Se transformó en la economía dominante en el siglo XX, mientras después de la segunda guerra mundial fue artífice y beneficiaria del proceso de aceleración del comercio y de la internacionalización de las finanzas y las inversiones, en lo que se conocería como la globalización de la economía.

El resto de las periferias de la era de los imperios coloniales permaneció en el siglo XX en el rol de abastecedora de materias primas a los centros, siendo la del bloque soviético una realidad de otro orden, aunque una parte de la acumulación de capital se realizó, con el avance del transporte y las comunicaciones, mediante cadenas de producción internacionalizadas que incluyeron actividades en países que más tarde fueron llamados "emergentes". Estas cadenas, dominadas por empresas situadas en Estados Unidos, Europa y Japón, deslocalizaron parte de su actividad hacia lugares de menores costos, regulaciones más laxas y accesos directos a mercados internos de cierta importancia. Entre tanto, se produjo un impulso industrializador por sustitución de importaciones en diversas periferias, pero también exportador desde los años 1960 en el caso de los llamados "tigres asiáticos" (Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Hong-Kong), territorios inicialmente marginales y pobres.

Por su parte, China, el país más poblado del mundo y la economía más importante antes de la revolución industrial, dejó atrás las convulsiones de la revolución iniciada en 1949 y logró planificar desde los años 1980 la instalación en su territorio de manufacturas de ensamblaje simple con inversión extranjera y orientación exportadora. Luego la expandió hacia la producción amplia de insumos y productos en cadenas de valor más cercanas a la frontera tecnológica de alta rentabilidad, con empresas mixtas o propias. Esto permitió a su economía lograr una mayor competitividad sistémica y disputar progresivamente en lo que va de siglo XXI la hegemonía industrial más avanzada a las empresas basadas en Estados Unidos, Europa y Japón.

En la etapa más reciente, nuevas fábricas con costos competitivos han ayudado a impulsar las ventas chinas de productos vinculados a la transición energética y a dominar esos mercados en el mundo. Los dispositivos fotovoltaicos, las baterías y los vehículos eléctricos son, en el lenguaje oficial chino, las “tres novedades” que dejan atrás a las “tres antigüedades”, es decir la producción textil y la ropa, los muebles y los electrodomésticos de baja gama. Para impulsar esas nuevas cadenas de producción, es esencial para China no quedar atrás en las tecnologías de la información, los microprocesadores y la inteligencia artificial, áreas en las que el gobierno y las empresas estatales y mixtas invierten en gran escala. India está recorriendo un camino semejante en materia tecnológica, con un sector de inteligencia artificial que aumenta en cerca de un 40% anual, para lo que cuenta con 5,4 millones de ingenieros especializados en desarrollo de software, soluciones en la nube, tecnologías emergentes y robótica. India aspira a convertirse en el mayor productor de semiconductores y otros chips, país en el que se está construyendo la primera fábrica de semiconductores de última generación, valorada en 15,2 mil millones de dólares.

Entre 2015 y 2023, tanto el PIB de India como el de China crecen a un promedio de 5,8% anual, expandiendo su capacidad tecnológica. La producción china representó en 2023 un 19% de la economía mundial a paridad de poder de compra, y la de India un 8%, mientras la de Estados Unidos representó un 15% y la de la Unión Europea un 14% (más un 2% de Reino Unido). La de América Latina y el Caribe sumó un declinante 7% del total mundial y Chile un 0,3%.

La reacción del gobierno de Estados Unidos en los últimos años ha sido intentar evitar que las empresas chinas tengan acceso a los chips más avanzados, piezas diminutas de silicio con miles de millones de circuitos grabados en su superficie que alimentan desde iPhones hasta autos eléctricos y son esenciales para los sistemas de inteligencia artificial y las aplicaciones militares modernas. Partió bloqueando el suministro a Huawei de las aplicaciones de Google desde 2019, afectando sus mercados, incluyendo los de telecomunicaciones (lo que también ocurrió en Chile con el proyecto de cable submarino suspendido por Piñera). Se prohibió a las estadounidenses Qualcomm e Intel proveer sus mejores semiconductores a Huawei, así como la venta de chips para inteligencia artificial de Nvidia a China.

Según reseña The New York Times, en octubre de 2023 el gobierno de Estados Unidos también impuso restricciones de venta de chips avanzados de TMSC a China, la empresa tecnológica taiwanesa que provee la mayoría de esos chips de computadora en el mundo. Gran parte de los ingresos de la tecnológica taiwanesa provienen de las compras de las norteamericanas Apple y Nvidia. Sin embargo, empresas chinas como Baidu, un gigante tecnológico que desarrolla sistemas de inteligencia artificial, y Horizon Robotics, especializada en software para conducción autónoma, también compran chips a TSMC. Las regulaciones no lo prohíben completamente, pero los clientes chinos no deben acceder a chips avanzados. El descubrimiento reciente de uno de esos chips en un dispositivo de la tecnológica Huawei llevó a un nuevo plan para detener y revisar pedidos de compradores chinos. Los ingresos de TSMC provenientes de esas ventas se han reducido casi a la mitad desde que el gobierno de los Estados Unidos comenzó a restringir las exportaciones de chips a China.

En abril, TSMC recibió ayudas por 6,6 mil millones de dólares para terminar una fábrica en Arizona, según el plan del gobierno de Biden de instalación subsidiada de empresas tecnológicas en Estados Unidos. Lo propio hizo el gobierno de Alemania con TSMC para un proyecto de 10 mil millones de euros, subsidiado a la altura de 5 mil millones. Pero Trump declaró antes de ser elegido que los subsidios estadounidenses para empresas taiwanesas eran una mala idea, ya que Taiwán domina la industria de chips supuestamente a expensas de sus rivales estadounidenses. Se propone eliminar parte de los subsidios internos a la electromovilidad y establecer altos aranceles de importación.

El gobierno de Estados Unidos ha buscado, además, hacer imposible el desarrollo de la producción de chips avanzados en China y ha intentado que no se venda maquinaria relacionada para evitar que la empresa china SMIC, especializada en chips y parcialmente estatal, reemplace sus herramientas más obsoletas y fabrique el tipo de chip que Huawei ahora necesita. Ha presionado a empresas japonesas y neerlandesas, como ASML, para que detengan la venta de maquinaria necesaria para fabricar estos chips.

Pero esto aumentó el volumen de pedidos a empresas chinas como SMIC, que ha acelerado sus innovaciones. Huawei logró el año pasado liderar el mercado de teléfonos inteligentes en China al lanzar Mate 60 Pro, un dispositivo que incluye un chip de computadora más sofisticado que cualquier otro producido anteriormente por una empresa china. Ahora ha dado un paso adicional y lanzará Mate 70, diseñado para competir con el iPhone de Apple. Este dispositivo funciona con el sistema operativo desarrollado por Huawei, que conecta el teléfono con otros productos de la marca como autos eléctricos, altavoces inteligentes y relojes, lo que ha reforzado su imagen de líder nacional triunfante frente a las restricciones impuestas por Estados Unidos. Huawei destina un cuarto de sus ventas a la innovación, ha ampliado su gama de productos, desarrollado tecnologías de inteligencia artificial y trabajado durante años para posicionarse como sinónimo de la industria tecnológica de China, como Apple lo es de Silicon Valley. Los chips utilizados en los smartphones de Huawei se han convertido en un símbolo de la lucha entre China y Estados Unidos por el control de la tecnología avanzada. Los consumidores en China se han mostrado proclives a adquirir un teléfono con componentes de última generación fabricados completamente en el país. Huawei logró atraer a clientes que probablemente habrían optado por comprar iPhones, afectando así al mercado más importante de Apple fuera de Estados Unidos. Según un informe de Canalys, en 2022 tres cuartas partes de los teléfonos inteligentes de gama alta vendidos en China eran iPhones. Este año, esa cifra se redujo a la mitad, mientras que la participación de Huawei se duplicó. En adelante, siempre según The New York Times, el éxito comercial del Mate 70 dependerá de la capacidad de Huawei y SMIC para garantizar un suministro constante de chips. SMIC abastece también a las empresas competidoras de Huawei, las también chinas Xiaomi y Oppo, lo que pondrá una gran presión sobre su capacidad de sostener la provisión de chips de última generación, desafío que las prohibiciones estadounidenses no hicieron más que acelerar.

El avance tecnológico en China ya no consiste solo en asimilar propiedad intelectual extranjera. Las principales universidades chinas publican artículos de investigación de alto impacto al nivel de las estadounidenses, y lo mismo ocurre con sus registros de patentes. En algunos campos están por delante, como en ciencia de los materiales. China no solo produce los paneles solares más baratos, sino también los más eficientes, y su industria automotriz lidera la transición hacia el modo de transporte del futuro, con modelos que superan en tecnología y costos, por ejemplo, a los fabricantes alemanes. Volkswagen, el mayor productor de automóviles en el mundo, está invirtiendo en sus fábricas de autos eléctricos instaladas en China, incluyendo la introducción de al menos ocho nuevos modelos eléctricos hacia 2030, y disminuyendo su producción local.

¿Qué efectos tendrán los recientes anuncios proteccionistas de Trump? Estos incluyen a los tres principales actores del comercio exterior de Estados Unidos que son China, Canadá y México (en el caso de estos últimos dos países para evitar una mayor instalación de empresas chinas en las fronteras con cero arancel). Es posible que fortalezcan el empleo en una parte de la industria local, pero aumentarán los costos de la que usa insumos externos y pondrán en entredicho el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que beneficia a muchos otros sectores de la economía de Estados Unidos. Este tratado fue renegociado en 2020 y se debe revisar en 2026, en un contexto en el que un 16% de los vehículos vendidos en Estados Unidos provienen de México y el 7% de Canadá. La industria automotriz estadounidense depende en gran medida, a su vez, de los insumos y los repuestos originados en los dos países fronterizos: cualquier imposición de aranceles, y más aún si llegan al anunciado monto de 25%, afectaría rápidamente los precios de venta, como también lo haría el incremento de 10% adicional a los aranceles de bienes provenientes de China.

Trump ha insistido en que las empresas extranjeras pagarán los nuevos aranceles, pero en realidad estos son pagados por las empresas que importan los productos. Cuando la situación de mercado se lo permite (dependiendo de la elasticidad-precio de la demanda) estos costos se transfieren a los consumidores y no son absorbidos por las empresas mediante disminuciones de utilidades, lo que ocurre en la mayoría de los casos. Trump ya impuso aranceles altos en 2017, incluidos gravámenes de hasta 25% sobre el precio del acero y el aluminio y de 15% a una variedad de productos provenientes de China. Un estudio gubernamental encontró que los aranceles sobre el acero y el aluminio aumentaron la producción estadounidense de esos metales en 2,2 mil millones de dólares en 2021, pero las manufacturas estadounidenses que los utilizan para fabricar autos, empaques de alimentos y electrodomésticos tuvieron que asumir costos más altos y terminaron con una reducción de 3,5 mil millones de dólares en su valor de producción.

Si las nuevas medidas proteccionistas se concretan, se producirán represalias. Durante el primer mandato de Donald Trump, la Unión Europea, China, Canadá y otros gobiernos respondieron imponiendo aranceles a productos estadounidenses como soja, whisky, jugo de naranja y motocicletas, lo que llevó a que algunas exportaciones de Estados Unidos se desplomaran. Es probable que escenarios similares vuelvan a ocurrir en mayor escala si se implementan nuevas tarifas. Esto le podría servir a China, además, de justificación para devaluar su moneda y mejorar su posición comercial. Durante los años 2018 y 2019, China ya permitió que el renminbi se debilitara como respuesta a las políticas comerciales de Trump.

Estas medidas no impedirán que China siga aumentando su capacidad de producción interna con tecnologías avanzadas y fortalezca su competitividad, a pesar de sus recientes problemas en el sector financiero e inmobiliario, el lento crecimiento de su consumo interno y el aumento del desempleo juvenil. Perder parte del mercado de Estados Unidos llevará a China a derivar más productos al resto del mundo y a desplazar más industrias en muchas partes, en especial en Europa, aunque los países se beneficiarán de bienes tecnológicos más baratos para su transición energética. El World Economic Forum subraya que China, como principal socio comercial de más de 140 países, es uno de los mejor situados para definir el ritmo y la velocidad de la transición verde de las cadenas de suministro mundial. Esto aumentará su poder económico, y también en algún grado su influencia política en el mundo, mientras no es muy probable que la de Estados Unidos aumente demasiado.

La segunda vuelta en gobernaciones: un balón de oxígeno para las fuerzas de gobierno

La política de la confrontación aguda practicada por la derecha opositora salió derrotada en la segunda vuelta de la elección de gobernadores. 

En la primera vuelta se había cerrado la elección (lo que ocurre cuando un candidato obtiene más de 40% de los votos válidos) en 5 regiones. Los candidatos de las fuerzas de gobierno habían ganado con al menos ese porcentaje en Tarapacá, Ñuble, Los Ríos y Magallanes, mientras la oposición lo había hecho en Aysén. 

En la segunda vuelta del 24 de noviembre, realizada en 11 regiones entre las dos primeras mayorías, las fuerzas de gobierno sumaron otras 4 victorias (Antofagasta, donde no pasó a segunda vuelta ninguna candidatura de oposición, además de Atacama, Valparaíso y O'higgins), mientras vencieron en otras 2 regiones fuerzas de centro independiente apoyadas por el oficialismo (Región Metropolitana y Araucanía, la única ganada por la derecha en 2021), totalizando 10 de las 16 regiones. Las fuerzas de la oposición de derecha ganaron otras 5 gobernaciones (Arica, Coquimbo, Maule, Bío-Bío y Los Lagos, donde no había contendor oficialista en la segunda vuelta), sumando 6 regiones con Aysén. Pero la derecha no logró ganar donde podría haberlo hecho en el papel, si sumaba todos los votos expresados de su sector detrás de quien pasó a la segunda vuelta, especialmente en Santiago. 

Hubo una participación de un 83% de los habilitados para votar, solo un 2% menor que la de hace un mes. Los votos nulos y blancos sumaron un 11%, a comparar con el 18% en las elecciones de gobernadores en la primera vuelta. Sigue siendo una cifra especialmente alta. Los votos nulos y blancos habían sumado también un 11% en la elección de alcaldes, por lo que ese porcentaje parece ser el de una posición de rechazo anti-sistémico de variadas inspiraciones. La cifra había sido de 20% en concejales y 25% en  consejeros regionales en octubre, pero en esa ocasión parece haber influido que pocas personas conocían a los candidatos. Los que marcaron una preferencia lo hicieron probablemente por identificación con algún partido o bloque político.

¿Qué se puede conjeturar para 2025? El antecedente es que la derecha y la ultraderecha habían obtenido solo el 31% del voto en la elección de concejales de 2021, lo que auguró su derrota en la elección presidencial de ese año, que ganó Gabriel Boric con un 56% de los votos. En cambio, estas fuerzas reunieron el 62% de los votos válidos en la elección de consejeros constitucionales de mayo de 2023, después del rechazo por 62% de la propuesta de la Convención Constitucional en septiembre de 2022, en un cambio radical del electorado en medio de una baja popularidad del gobierno y de la introducción del voto obligatorio. Adquirió entonces relevancia la hipótesis según la cual estos resultados expresaban un retroceso de más largo plazo de las fuerzas progresistas en Chile en el nuevo escenario del cuerpo electoral, lo que auguraría una alternancia en favor de la derecha en la elección presidencial de 2025. 

No obstante, en la elección, siempre con voto obligatorio, de concejales y consejeros de octubre de 2024, la derecha agregada ya sumó menos que el año anterior, con el 53% de las preferencias, lo que todavía constituyó una clara mayoría absoluta. Pero se constató un desgaste de casi 10 puntos porcentuales de los conservadores respecto a la elección del fallido Consejo Constitucional, aunque las fuerzas de gobierno reunieron solo un 34% de las preferencias en la elección de consejeros regionales y un 36% en la de concejales. Si a este poco más de un tercio se le agrega el 5% de la izquierda radical y de las fuerzas ecologistas, se llega a un 42% en el voto de consejeros regionales. Con la DC, el "total progresista" subió a un 46%, todavía lejos de la mayoría absoluta, pero en medio de un 25% de votos nulos y blancos que expresa un voto de rechazo que no se canaliza hacia la derecha. 

El resultado de la segunda vuelta de gobernadores de noviembre de 2024 resultó ser más positivo para las fuerzas de gobierno y de centro, en especial si se toma en cuenta las expectativas previas en medio del caso Monsalve. A pesar que el candidato comunista en Coquimbo y el de izquierda cercano a Maduro en Biobío tuvieron un desempeño que estuvo lejos de reunir el electorado de centro e izquierda, se constató globalmente que bajaron los votos nulos y blancos y que la declinación de la derecha se acentuó cuando existió  un formato de opciones políticamente binarias. Este fue el caso en 9 de las 11 regiones en que hubo segunda vuelta (se excluye Antofagasta, donde no pasó nadie de derecha a segunda vuelta, y Los Lagos, donde no lo hizo nadie de izquierda o de centro). Las candidaturas conservadoras agregadas reunieron solo un 48,8% del voto válido, mientras se manifestó un apoyo de 51,2% del voto para las diversas candidaturas de centro y de izquierda. 

Aunque puede parecer una conjetura aventurada, tiene sentido preguntarse si el resultado en estas regiones, que incluyen las tres principales del país, augura un eventual desenlace negativo para la derecha en la segunda vuelta presidencial de 2025.  Tendría que pasar bastante agua bajo los puentes y producirse muchas articulaciones políticas y bastantes mejorías en la gestión de gobierno y en los mensajes hacia el voto nulo y blanco, pero ese escenario no parece ser completamente irrealista.

Actualizando el análisis sobre la victoria de Trump

En La Nueva Mirada

Interpretar las causas de la popularidad persistente de un personaje como Donald Trump en el electorado de Estados Unidos, así como la caída de la votación demócrata en un contexto de dificultad universal de los gobiernos desde la pandemia de Covid 19 para reelegirse (con las notorias excepciones de Suiza, España y México) y de debilitamiento de las democracias, será materia de estudios y controversias por bastante tiempo.

La caída de los demócratas

La victoria de Donald Trump en el colegio electoral y en el voto popular, en este caso por un 49,85% contra 48,25% de Kamala Harris, se explica en primera instancia por el hecho que más de un 70% de la población de Estados Unidos se declaró insatisfecha o muy insatisfecha en el momento de votar. Nunca en la historia de Estados Unidos un partido ha ganado la reelección cuando la aprobación del presidente de sus filas es baja (40%) y cuando tantas personas consideran que el país va en la dirección equivocada bajo su liderazgo. El 5 de noviembre de 2024 no fue la excepción.

Trump obtuvo 76,9 millones de votos, menos que los 81,3 millones obtenidos por Joseph Biden en 2020, mientras Harris sumó solo 74,5 millones, con 4 millones de votantes habilitados adicionales. Trump aumentó en 2,8 millones sus 74,2 millones de votos de 2020, mientras Harris sufrió una caída de unos 6,8 millones de votos en comparación a Biden cuatro años antes. Harris superó por 8 millones los 65,8 millones de sufragios obtenidos por Hillary Clinton en 2016, año en el que Trump obtuvo solo 63,0 millones de votos, aunque ganó el colegio electoral. Solo dos presidentes ganaron el colegio electoral mientras perdían el voto popular: el segundo presidente Bush en 2000 y Trump en 2016.

La doble victoria en el voto popular y en el colegio electoral consagraron la legitimidad de la segunda elección de Trump, junto a la conquista por los republicanos de la mayoría del Senado y la retención de la Cámara de Representantes. Pero la diferencia de 1,6% del voto popular a favor de Trump no es una marea: Lyndon Johnson obtuvo en 1964 una ventaja de 22,6%, Richard Nixon en 1972 una de 23,2% y Ronald Reagan en 1984 una de 18,2%. Aunque es la primera vez en 20 años que un republicano gana el voto popular, la victoria de Trump es menor que la de todos los presidentes ganadores desde 1888, excepto la de John Kennedy en 1960 y la de Richard Nixon en 1968. Por otro lado, el margen de Trump en los tres estados clave de Michigan, Wisconsin y Pennsylvania fue mayor que el que logró en 2016, pero ligeramente menor que el que Joe Biden logró en su estrecha victoria de 2020 en esos estados.

Las encuestas a pie de urna mostraron una persistencia de la polarización del voto por segmentos del electorado. La de NBC indicó que Harris obtuvo un apoyo de 60% en las áreas urbanas (el 29% del voto), 47% en las suburbanas (52%) y 34% en las rurales (19%). La de CNN mostró que un 56% de los votantes sin estudios superiores (el 57% del voto) lo hizo por Trump, aunque entre los no blancos y no graduados (un 18%) Harris se impuso por un 64%, mientras un 55% de los votantes con estudios universitarios (43% del total) se inclinó por Harris. Los votantes que declararon ganar menos de 30 mil dólares anuales (el 12% del total) se inclinaron en un 50% por Harris y en un 46% por Trump. Los que declararon ganar entre 30 y 100 mil dólares anuales (el 48% del total) votaron a razón de 52% por Trump y de 46% por Harris, mientras los votantes con ingresos mayores a 100 mil dólares anuales (el 40% del total) se inclinaron en un 51% por Harris y en un 46% por Trump.

Entre las mujeres (53% del voto), Harris obtuvo un 53% de las preferencias y Trump solo un 45%. Entre los hombres (47% del voto), las cifras fueron de 55% para Trump y 42% para Harris. Entre los votantes blancos, el electorado más numeroso (71% del total), Trump obtuvo un 57% de apoyo (un 60% en los hombres y un 53% en las mujeres). En cambio, el voto a Harris se impuso con el 85% entre los votantes negros (11% del total) y obtuvo un respaldo del 52% de los votantes latinos (12% del total) y del 54% de los votantes asiáticos (3% del total). Entre los votantes de 18 a 29 años (14% del total), el apoyo a Harris fue de 54% (un 49% del voto entre los jóvenes blancos, un 83% entre los jóvenes negros y un 51% entre los jóvenes latinos según NBC) y de un 51% entre los de 30 a 44 años (23% del total). Trump, en cambio, obtuvo un apoyo de 54% de los votantes de 45 a 64 años (35% del total) y un 50% de los de más de 65 años (28% del total).

Los demócratas deben evaluar por qué en 2020 Biden perdió por 4 puntos porcentuales entre los votantes sin título universitario, mientras Harris lo hizo en 2024 por 14 puntos. Y por qué Harris disminuyó respecto a Biden en unos 4 puntos entre las mujeres, 13 entre los votantes latinos, 2 entre los votantes afroamericanos y 6 entre los menores de 30 años. En las últimas seis elecciones presidenciales, los demócratas ganaron cuando capturaron el 60% del voto juvenil con Barack Obama en 2008 y 2012 y con Biden en 2020. Entre los jóvenes jugó un rol la falta de intervención del gobierno de Biden para impedir las masacres de civiles palestinos y libaneses por el gobierno de Israel.

Según estimaciones de The New York Times, Trump logró desde 2016 mayores avances entre los votantes negros, hispanos, asiáticos y jóvenes que entre los votantes blancos sin título universitario. Su avance se produjo primero en la clase trabajadora blanca del norte, luego en 2020 entre los votantes hispanos y asiáticos, mientras en 2024 entre los votantes jóvenes y, en menor medida, los votantes negros.

Harris fue afectada, en la contingencia, por su falta de distancia con la impopular presidencia de Biden, ya con una edad avanzada, y de explicación sobre cómo su administración sería diferente, detallando pocas propuestas y centrando su discurso en los derechos de la mujer, la personalidad de Trump y sus amenazas a la democracia, lo que hizo sentido a una parte importante del electorado, pero no a la mayoría. El rechazo a Biden terminó extendiéndose a una persona que, como Kamala Harris, encarnaba el "sueño americano" por su origen de clase media y raíces afro-asiáticas. Pero se trataba de la vicepresidenta, por lo que recayó inevitablemente sobre ella la impopularidad del gobierno.

Esto facilitó la elección por segunda vez de un personaje cuya agresividad fue vista por la mayoría de los votantes como una virtud para "mejorar la economía" y "poner orden" en lo interno y externo. Trump ha terminado por superar ante el electorado la desventaja de una vida marcada por escándalos, dos juicios políticos, cuatro imputaciones penales, múltiples sentencias civiles y una condena por 34 cargos por delitos de falsificación. Intentó, además, subvertir mediante la violencia el resultado de la elección de 2020 y no fue apoyado, por considerarlo un peligro, por la mitad de quienes fueron parte de su gabinete cuando fue presidente entre 2016 y 2020. Como señala The New York Times, Trump "demostró que más estadounidenses estaban de acuerdo con su visión de una nación distópica en crisis y estaban dispuestos a aceptar a un delincuente condenado como su líder, en lugar de considerarlo la amenaza fascista e inclinada al autoritarismo que sus oponentes describían".

En la mirada más larga, Nate Cohn subraya que "durante un siglo, los demócratas fueron considerados el "partido del pueblo", el partido opuesto a los intereses poderosos y a favor del cambio. Estas ideas atrajeron a millones de votantes de clase trabajadora hacia los demócratas. Donald Trump dio la vuelta a todo esto. Su discurso populista privó a los demócratas de su papel tradicional en la política estadounidense, debilitando gradualmente sus vínculos con los votantes de clase trabajadora, así como con los no blancos y los jóvenes. Trump se postuló contra el “establishment” y prometió “drenar el pantano”. Criticó un sistema “amañado” y afirmó que una élite global privilegiaba sus valores e intereses por encima de los estadounidenses comunes. Se comprometió a poner a “America First” y proteger los empleos estadounidenses". Entre tanto, "durante las dos décadas previas, los demócratas adoptaron posiciones centristas y favorables a las empresas en temas clave. Hillary Clinton apoyó el tratado NAFTA (promovido por su esposo) y el acuerdo de Asociación Transpacífico, además de haber respaldado inicialmente la invasión de Irak en 2003. Estas posturas dividieron al Partido Demócrata durante las primarias de 2016 y facilitaron que Trump los retratara como el partido de las élites y el sistema amañado”. Concluye Cohn: "los demócratas se convirtieron en el partido de las instituciones, del aparato de seguridad nacional, de las normas y, en última instancia, del statu quo, no del cambio".

La reacción masculinista y contra los inmigrantes

En palabras de Patrick Sabatier, Trump logró interpretar el temor de los que "no conciben otra 'lucha de clases' que la que pueda preservar, o aumentar, el 'poder adquisitivo' que es su carta de presentación a la 'sociedad de consumo' del país más rico que la humanidad haya conocido. No los motivan tanto los fines de mes, aunque sean más difíciles, ni las desigualdades, sino el gran temor del fin del mundo, su mundo. Aunque estén frustrados porque el sueño americano no tenga, para la mayoría de ellos, nada en común con su realidad cotidiana, y que sospechen que es una gran ilusión, aún desean creer en él. Para ellos es una cuestión de identidad (ciudadanos del imperio más poderoso de la historia), de economía (accionistas de una sociedad de consumo que gran parte de la humanidad solo puede soñar), y de cultura (miembros de una tribu que tiene a "Dios a su lado" mientras obedezca a los valores de la religión cristiana). Aterrados por el posible colapso de este mundo, han apoyado a quien les promete preservarlo tras los muros que les protegerán de las amenazas que hacen pesar las mutaciones del planeta: el cambio climático, la evolución demográfica, los desplazamientos de población, el agotamiento de los recursos, las reivindicaciones de igualdad de las minorías, sin hablar de las de las mujeres".

Influyó en la consolidación de un clima social y cultural a favor de Trump la orquestación por la ultraderecha de una "masculinidad hegemónica", que reivindicó contra viento y marea el modelo del hombre fuerte en las jerarquías de poder y estatus y cuya dominación se entiende como el orden natural y lo mejor para todos. Esta voluntad de dominación no solo se expresa respecto a las mujeres sino que se extiende a todos los grupos con menos poder y hacia la hostilidad con las minorías étnicas y la diversidad sexual. En palabras de Elizabeth Spiers, Trump "ofreció una visión regresiva de la masculinidad, en la que el poder sobre las mujeres se considera un derecho de nacimiento. Que esto atrajera especialmente a los hombres blancos no es una coincidencia, ya que se entrelaza con otros tipos de privilegio, incluyendo la idea de que los blancos son superiores a otras razas y más calificados para ocupar cargos de poder, y que los logros de mujeres y minorías se deben injustamente a programas de diversidad, acción afirmativa y ayudas gubernamentales. Para hombres insatisfechos con su estatus, esta perspectiva ofrece un grupo al cual culpar, algo que parece más tangible que responsabilizar problemas sistémicos como la creciente desigualdad económica y los desafíos de adaptarse a los cambios tecnológicos y culturales". La mayor incidencia de este conservadurismo cultural se produjo entre el grupo más afectado por la globalización desigual del último medio siglo, aquel de los hombres blancos sin educación superior (su voto por Trump fue de 66%), que resiente una pérdida progresiva de su rol tradicional, lo que se extendió a los hombres latinos (su voto por Trump fue de 55%) e incluso a una parte de los afroamericanos (un 21% votó por el republicano).

En esta elección, se dio rienda suelta, además, al racismo y la xenofobia. Trump y su desparpajo tuvieron éxito en trasladar una supuesta responsabilidad de los demócratas en haber "permitido la invasión" de Estados Unidos por delincuentes asimilados a la inmigración. El 40% de los votantes es partidario de la expulsión de los inmigrantes indocumentados, que son ahora amenazados por deportaciones masivas, en circunstancias que no solo no dañaron la economía ni se comieron perros y gatos, sino que han sido un factor importante de su desempeño a lo largo de la historia norteamericana, incluyendo la etapa más reciente.

La importancia de la economía

En la pérdida de voto demócrata hay aspectos, más allá de los socio-culturales, que tienen que ver específicamente con los conflictos de interés en la economía. Debido a las decisiones del Congreso, algunos beneficios que redujeron la desigualdad bajo Trump desaparecieron en la administración Biden. Las ambiciones de la campaña de Biden de expandir históricamente la red de seguridad social nunca se concretaron por falta de mayoría en el Congreso y quedaron relegadas en la campaña de Harris, en la que solo sobrevivieron el crédito fiscal por hijos y una modesta expansión de los beneficios de Medicare, el seguro gratuito para las personas de más edad, y medidas para facilitar el acceso a la vivienda y vigilar aumentos de precios. En palabras de John Della Volpe, de la Universidad de Harvard, "la ansiedad económica nunca desapareció: la era de Trump se percibía como más segura financieramente, mientras que un futuro con Harris parecía incierto. Cuando las mujeres jóvenes tomaron finalmente su decisión en las últimas semanas de la campaña, muchas eligieron a regañadientes su estabilidad económica por encima de los derechos reproductivos".

David Wallace-Wells señala que "Harris propuso un plan nacional de cuidado para personas mayores sorprendentemente ambicioso, pero no pareció tener un efecto significativo en la contienda. Presentó créditos fiscales para compradores de vivienda por primera vez y destacó la necesidad de construir más viviendas. También sugirió controles de precios para limitar la inflación, aunque luego retiró la propuesta. En un momento de descontento vago pero generalizado, es difícil ganar cuando uno se parece al símbolo del sistema y se presenta como su defensor". La incógnita es si el resultado hubiera sido diferente con un programa demócrata que comprometiera, como señala Naomi Klein, "un sistema de salud pública similar al que existe en la mayoría de los países industrializados, eliminar las deudas estudiantiles, que han alcanzado un nivel astronómico en Estados Unidos, y hacer de la vivienda un derecho fundamental. La campaña de Kamala Harris fue financiada por algunos de los individuos más ricos del planeta, quienes no quieren otorgar un salario decente a todos sus empleados ni pagar más impuestos para financiar un sistema de salud pública".

El avance del trumpismo en el mundo del trabajo y su consolidación en los espacios rurales se vio favorecido por el hecho que una parte de la elite demócrata mantiene un vínculo estrecho con el mundo financiero y tecnológico rentista, que la aleja de toda plataforma política que recoja con consistencia y continuidad las aspiraciones de los trabajadores no calificados y precarios, que han terminado por encontrar refugio en la demagogia anti-elite de la extrema derecha.

Aunque el presidente Biden había conducido con bastante éxito la recuperación de la pandemia de Covid-19, se vio confrontado a una inflación por las interrupciones en las cadenas de suministro, agravada por un aumento de la demanda de bienes sujetos a comercio internacional y por la guerra de Ucrania. Se produjo una percepción de pérdida de ingresos respecto a la era Trump que golpeó a los hogares y volvió impopular al presidente, lo que precipitó su retiro tardío de la carrera presidencial. No fueron suficientes la creación de 16 millones de empleos, el control progresivo de la inflación y la expansión de la inversión en infraestructuras y tecnología verde, además de la defensa de los derechos de la mujer. El brote de inflación dejó los precios en un umbral más alto y alimentó el descontento y la percepción de pérdida de ingresos, a pesar de la recuperación y aumento del salario real promedio y uno de los más bajos desempleos en el último medio siglo. Pero si se va más atrás, se fue creando en las últimas décadas una inestabilidad estructural en las posiciones sociales subordinadas, un deterioro de sus condiciones de vida y un incremento de las muertes por drogas, alcohol y suicidios, con una inusitada disminución de la esperanza de vida promedio en Estados Unidos. La radicalización de una parte de la población trabajadora hacia la ultraderecha refleja una reacción de desesperanza de más largo plazo frente a la globalización y los cambios tecnológicos que se remontan a los años 1970, cuando se inició el debilitamiento del peso de los trabajadores industriales de la posguerra y el fin de sus ingresos ascendentes y carreras más o menos estables (el llamado "fordismo"). Según los datos del Bureau of Labor Statistics, los trabajadores del sector privado con empleos manuales (blue-collar) en promedio ganaban más en 1972, ajustado por inflación, que en la actualidad. El bajo desempleo, el buen crecimiento del PIB, la inflación desacelerada y la bolsa en auge se acompañaron de un récord de personas sin hogar y aumentos en los desalojos, una disminución en el ingreso familiar medio y un incremento en la inseguridad alimentaria y la pobreza desde 2021, especialmente infantil. Para el reciente premio Nobel Daron Acemoglu, "esta no es una victoria de Trump. Son los demócratas quienes han perdido esta elección. Los demócratas dejaron de ser el partido de los trabajadores hace mucho tiempo (...). La transformación es realmente sorprendente, como he argumentado antes: ahora son los altamente educados, y no los trabajadores manuales, quienes votan por los demócratas. Si el centro-izquierda no se vuelve más pro-trabajador, él y la democracia sufrirán." Este economista escribió en 2023 que "los partidarios de Trump tienen quejas legítimas... Los ingresos reales (ajustados por inflación) de los hombres con solo un diploma de escuela secundaria o menos han disminuido desde 1980... Mientras tanto, los ingresos de los estadounidenses con títulos universitarios y habilidades especializadas (como programación) han aumentado rápidamente... Las razones de esta transformación del mercado laboral están arraigadas en tendencias económicas que los políticos del establishment y los medios vendieron como beneficiosas para los trabajadores. La globalización, que se suponía elevaría a todos, ha dejado a muchos varados. La automatización, que supuestamente haría la manufactura estadounidense más competitiva y ayudaría a los trabajadores, es el principal factor en la disminución de los ingresos de los trabajadores sin título universitario. Mientras tanto, los sindicatos, las leyes de salario mínimo y las normas de protección para trabajadores de bajos salarios se han debilitado." El ex subsecretario del Tesoro y economista de la Universidad de California-Berkeley, Brad DeLong, replica respecto a la automatización que "el debilitamiento de los sindicatos, salarios mínimos más bajos en términos relativos y la demanda limitada juegan roles mucho más importantes, incluso cuando limitamos nuestra atención a los salarios relativos (ya que los ingresos absolutos no han disminuido)" y que "siempre he visto los aranceles, las barreras no arancelarias y las garantías de empleo como medidas que, salvo en casos muy especiales y delicados, producen pocos beneficios distributivos a cambio de grandes pérdidas en productividad total", mientras logran redistribuciones las "políticas de transferencias como el EITC (crédito tributario a los bajos ingresos), la Seguridad Social, Medicare y Medicaid (seguros médicos para los pobres y los mayores)" junto "a impuestos sobre la renta personal, corporativa y la riqueza que sean fuertemente progresivos y altos".

Las consecuencias para el futuro

Este será el debate futuro más candente entre los demócratas. Ya en 2023, Kuziemko, Longuet y Naidu mostraban en un estudio que "los estadounidenses con menos educación demandan preferentemente políticas de 'pre-distribución' (como una garantía de empleo federal, salarios mínimos más altos, proteccionismo y sindicatos más fuertes), mientras que los estadounidenses con más educación prefieren la redistribución (impuestos y transferencias)...La oferta de políticas de pre-distribución de los demócratas ha disminuido desde los años 70, vinculado al surgimiento de una facción del partido, los 'New Democrats', quienes buscan atraer a votantes más educados y son explícitamente escépticos sobre la pre-distribución...Los estadounidenses con menos educación comenzaron a abandonar el Partido Demócrata en los años 70, después de décadas de ser su base. Aproximadamente la mitad del cambio total puede explicarse por su cambio de opinión sobre las políticas económicas".

El peso respectivo de los regímenes de distribución ex ante que inciden en las remuneraciones del capital y del trabajo a través de las políticas laborales y de empleo y también las de educación y salud, y de los regímenes de redistribución de ingresos ex post (a través del sistema de tributos-transferencias con impuestos a la propiedad y a la renta progresivos e impuestos al consumo con tasas diferenciadas dirigidos a suplementar los ingresos de los grupos sociales de menores rentas), ha sido calculado de manera exhaustiva por Blanchet, Chancel y Gethin (2022) para Estados Unidos y Europa. Su conclusión es que en Estados Unidos se redistribuye proporcionalmente más ex post, pero que la distribución primaria del ingreso ex ante es menos desigual en Europa para los trabajadores, con el resultado de una mejor distribución agregada de los ingresos en los países europeos y más tiempo libre. Esta reflexión sobre las alternativas al neoliberalismo es relevante para la reelaboración de las plataformas progresistas en Europa y América Latina.

Si la democracia estadounidense evidenciaba múltiples falencias, empezando por la ausencia de elección directa del presidente por el voto popular, el peso del dinero en las elecciones y de los lobbies corporativos en el ejercicio del gobierno, ahora se verán acentuadas por un segundo período de Trump con pleno control de la Corte Suprema, del Senado y de la Cámara de Representantes. Los derechos, como ya se ha visto con las mujeres y el aborto, retrocederán. Estados Unidos hacía gala de basar la legitimidad de su conducta internacional imperial en una supuesta expansión de la democracia y los derechos de la ciudadanía. En América Latina, las intervenciones norteamericanas han sido tradicionalmente para promover dictaduras cercanas a sus intereses, con pocas excepciones, desmintiendo la idea de un imperio "promotor de la libertad". En Chile entre 1970-73 se produjo una agresión norteamericana encubierta para derribar el gobierno elegido por el pueblo. En el siglo XXI, las invasiones a Afganistán e Irak no hicieron más que terminar de confirmar los desastres de esa conducta imperial.

Trump acentuará una visión internacional basada en el nacionalismo y el mercantilismo. Los instintos autocráticos de Trump harán ahora que se incline por un estilo de gobierno vertical y por alianzas con personajes autoritarios semejantes a él en el mundo, como Putin, Orban o Milei, aunque está menos dispuesto a pagar los costos de las guerras imperiales que favorecen los intereses del complejo militar-industrial. A menos que Trump busque iniciar su segundo período estabilizando los focos de guerra en Ucrania y Medio Oriente, la sobrevivencia será todavía más ruda para los pueblos que sufren los conflictos étnico-religiosos y las violencias integristas o los que se encuentran atrapados en las luchas militares violentas en que intervienen los bloques que se disputan la hegemonía mundial.